En el siglo XXI es complicado ser original, a pesar de que muchas personas se precian de serlo tentados por las nuevas herramientas tecnológicas, o sus ideas, incluidos el presidente de los Estados Unidos de América y sus privilegiados asesores.

No pretendo ser más original que nadie, mis expectativas sobre la capacidad de lectura y/o concentración de las personas es limitadísima; por lo tanto, he centrado mi artículo en relacionar las nuevas -y antiquísimas, no nos engañemos- tácticas y políticas de Donald Trump, con el hecho de que un chico de Portillo, Toledo, llegue a su casa a las 8 de la mañana cuando su madre le especificó, clara y contundentemente, que no llegara más tarde de las doce de la noche.

Como punto inicial de mi alegato, encuentro una referencia clarísima a la desobediencia y la autoridad, puesto que la adolescencia es esa etapa en que, en términos generales, te sublevas, o te ciñes a las normas establecidas que marcarán tu futuro y te ubicarán como persona. Un perfil como el de Trump, persona y personaje, lleva años jugando con esa dualidad: desobediencia, autoridad. De hecho, en una época como la actual puede adoptar, sin recato alguno, el papel de adulto desobediente, malcriado y caprichoso, capaz de generar dinámicas de resistencia y contestación político social; generando, al mismo tiempo, miles de fanáticos y seguidores de esa tendencia, mientras que defiende el control y el orden más absolutos. Sus seguidores, por supuesto, se convencen de que pueden comportarse de esa misma manera: disponen de un modelo social y electoralmente aceptado. 

La velocidad del día a día actual, así como la general incapacidad de comprensión de la mayoría de los asuntos de actualidad, deriva en que muchos mensajes se limiten a frases hechas y mensajes brevísimos. Porque, ¿quién es capaz de entender el mundo actual? ¿Quién es capaz de tener argumentos propios sobre todas y cada una de las situaciones que vivimos a diario? Algunas nuevas herramientas tecnológicas favorecen esta tendencia, aunque no en exclusiva. Amarrarse a la agradable sensación adolescente de la desobediencia a la autoridad -elegida de manera interesada- es un almíbar suculento para cualquiera. 

Existe una similitud entre el comportamiento político de alta esfera, y el comportamiento de las personas, el comportamiento en familia. Es fácil relacionar la polarización de los partidos políticos con la polarización de la sociedad, por ejemplo, de una cena navideña en familia o de las relaciones entre grupos de iguales. Si nos centramos en que un adolescente flirtea con la posibilidad de no respetar las normas familiares y/o sociales, porque entiende que esas mismas normas no son legítimas, su pensamiento se reforzará si encuentra modelos adecuados que lo justifiquen. 

Los modelos de conducta político sociales del más alto nivel reconducen sus propias conductas y comportamientos, ¿por qué no deberían hacerlo los más jóvenes si quieren alcanzar las más altas cotas sociales, incluso políticas? Pregunta que me conduce al sobadísimo término de 'populismo' como reacción. Algunas ideas sobre el populismo: tiende a priorizar las emociones sobre la razón y los hechos; se suelen hacer promesas grandilocuentes y ofrecer soluciones simples a problemas complejos; carece de un conjunto de ideas complicadas y congruentes. Argumentos que pueden usar personas de cualquier posición en el espectro político, cualquier chaval con ganas de discutir o salirse con la suya.

El incumplimiento de normas familiares es un desafío, como desafío es ir contra las normas políticas establecidas. El desafío a la autoridad se refleja en actitudes rebeldes en la vida cotidiana; un presidente que desafía las normas es un modelo a seguir; un adolescente que desafía las normas encuentra en este modelo una justificación extra, además de las propias de su edad.

Otro nexo de unión conduce a la reconfiguración del contrato social tal y como lo conocíamos hasta ahora y los giros que está tomando a gran velocidad. La evolución social; desde el punto de vista occidental, claro; ha ido escalando en progresía, a pesar de los años de incertidumbre conservadora o ultraderechista que vivimos. La relación de los jóvenes con sus familias, como metáfora del contrato social entre gobernantes y gobernados, supone una buena materia para el estudio. ¿Acaso no es el incumplimiento de las normas un acto de renegociación o cuestionamiento del poder establecido? ¿Acaso no es esta sensación adolescente a la que se amarran algunos mandatarios, no solo Trump? 

Relacionado con la alternancia en el liderazgo y su impacto en los comportamientos, ¿afectan y son palpables esos cambios políticos, de manifestación de ideas, en el comportamiento de los individuos? Respondido en múltiples artículos: sí, influye. Sí, afecta. Las nuevas políticas de Trump y las decisiones de poder parental pueden influir en la percepción de lo que es permisible o prohibido. ¿Podría el adolescente de Portillo incluso insultar o amenazar a su madre, y así disponer de más tiempo para salir de farra los sábados por la noche? ¿Podría recurrir al argumento de que decenas de políticos de alto nivel recurren a las amenazas o insultos para derrocar el poder establecido, las normas que consideran inadecuadas o inválidas?

Concluyo mencionando los mecanismos de control y resistencia. Estas herramientas de dominio -social, familiar, y/o político- determinan cómo las personas reaccionan ante ellos. Nadie sabe por qué el presidente de los Estados Unidos de América hace lo que hace -algunos politólogos de más capacidad que la mía, o mejor inteligencia… artificial, sí-. Sus políticas, de carácter coercitivo, impositivo, amenazante, generan resistencias sí, a lo que él mismo entiende como imposiciones o amenazas tanto hacia él como hacia su país. Un giro curioso del acción-reacción, renovado en reacción-reacción.

Se acerca el fin de semana. El joven de Portillo busca la acción y la reacción, se resiste a la regla impuesta por su madre, como un alto mandatario se resiste a normas e imposiciones de otros gobiernos, otros presidentes, otros países. Aunque, en el caso de este joven, llamémosle Josemi, tenía un aliciente sencillo que, por motivos de seriedad politológica y miedo a la denuncia por filtración de datos personales, mantendremos en la intimidad del chico y su pareja esa madrugada.

Aunque evitaron el derramamiento de sangre, es difícil imaginar a Vladímir Putin y Yevgeny Prigozhin reconciliándose un día. El presidente de Rusia tiene motivos políticos para tratar con dureza a su caudillo inconformista: en la política del Kremlin, arriesgarse a parecer débil es pecado mortal y Putin no es precisamente conocido por ser alguien que perdona traiciones.

Los acontecimientos de las últimas 48 horas han sido extraordinarios: rebelión armada de Prigozhin, Putin hablando de represalias “bestiales”, y un acuerdo de paz de última hora. Podría pensarse que se han terminado resolviendo con la decisión del líder del grupo mercenario Wagner de poner fin a su rebelión armada y de detener su marcha contra Moscú a cambio, aparentemente, de un exilio con amnistía en Bielorrusia.

Prigozhin ya no está en camino hacia una guerra civil en Moscú pero casi nadie cree que este sea el final de la historia. En algún momento, Prigozhin tendrá que pagar la cuenta de su incursión en la política revolucionaria. Y Putin tiene que cumplir con las amenazas que pronunció por televisión nacional el sábado. Eso, o dar un embarazoso giro de 180 grados durante los días más peligrosos que ha vivido durante sus 23 años como líder supremo de Rusia.

Todavía se está valorando el coste real de la sublevación de Prigozhin pero ya se sabe que ha dañado gravemente el prestigio del ejército ruso, que inexplicablemente no logró detener la insurrección. También ha dejado sin sustento la idea de que Rusia podía permanecer estable mientras desataba la violencia diaria en la vecina Ucrania.

Los rebeldes armados de Prigozhin derribaron al menos dos helicópteros durante su campaña y mataron a unos quince militares rusos, muchos de ellos aviadores. Hubo mercenarios armados por el Kremlin ocupando durante un día una ciudad rusa de más de un millón de habitantes, entre los que muchos recibieron a Prigozhin como a un héroe. Una bienvenida espontánea y ruidosa que sin duda habrá envidiado Putin.

Las fuerzas armadas de Rusia cancelaron trenes y vuelos desde gran parte del sur del país, cerraron museos y parques, cavaron trincheras antitanque en las carreteras nacionales, y declararon el lunes festivo en Moscú a la vez que anunciaban una operación antiterrorista.

Según Baza, una agencia de noticias rusa que habló con miembros de las fuerzas del orden, Prigozhin había mandado hacia Moscú 1.000 tanques, vehículos de combate de infantería, piezas de artillería y otros equipamientos militares. Un convoy capaz de sumir en el caos a la capital rusa.

Los rusos de Moscú y de Rostov seguían el sábado con su vida cotidiana pero ya no había dudas de que la estabilidad del país era solo un espejismo, y que los moscovitas podían despertarse con soldados Wagner en el barrio de Arbat o disparos de tanques en las calles. Un recuerdo del caos de principios de los noventa. Haber perdido esa ilusión también tiene un precio.

Lo más revelador ha sido ver a Putin pronunciando su discurso en televisión a escala nacional, algo que durante esta guerra solo ha hecho en dos ocasiones, para decir públicamente que acabaría brutalmente con la “traición interna” del levantamiento de Prigozhin.

Desde entonces Putin ha guardado silencio y no ha cumplido con su promesa, permitiendo a Prigozhin llegar a un acuerdo mediante el presidente bielorruso Alexander Lukashenko y exiliándose fuera de Rusia.

A primera vista, el acuerdo parece absurdo. Prigozhin siempre ha sido una persona arriesgada, dicen los que lo conocen, y no alguien capaz de quedarse contemplando desde el exilio en Bielorrusia cómo se desmantela a su ejército mercenario. Tampoco está claro por qué aceptó garantías de seguridad de Lukashenko, un político astuto pero sometido a una gran presión de Moscú. ¿Y por qué permite Putin que un posible rival permanezca en un país vecino, cuando lo más sencillo es matarlo o encarcelarlo?

El líder ruso no tolera la traición y es conocido por dividir a los que se le oponen en solo dos categorías: enemigos o traidores. Algunos ex espías que desertaron a Occidente, como Sergei Skripal, han descubierto que Putin es capaz de esperar años para vengarse. Tampoco le gustan los rivales, como demuestran los asesinatos y encarcelamientos de una parte importante de la oposición rusa.

Putin debe de haber comprendido que la marcha de Prigozhin hacia Moscú sirvió para soltar algo de la ira contenida de muchos rusos. Aunque no se opongan a la guerra ni sientan ninguna simpatía por los ucranianos, están enfadados con sus propias élites y con las injusticias que sufren en su vida cotidiana.

Andrei Kolesnikov, columnista y analista de la Fundación Carnegie, escribió en un artículo de próxima aparición (también será publicado por The Guardian), que al salir de Rostov del Don Prigozhin fue escoltado como un héroe por gente “agradecida por el espectáculo en medio de una realidad aburrida”.

Es posible que la apuesta de Prigozhin fuera darle a Putin la opción de ponerse de su parte en la rebelión para atribuir a otras personas los fracasos de la guerra en Ucrania. Según el ex diplomático y actual analista de la Fundación Carnegie, Alexander Baunov, las denuncias que Prigozhin hacía sobre la guerra y sobre el ejército regular no eran sino una invitación a Putin para que se uniera a su marcha asumiendo una vez más el papel de alguien de fuera del sistema que se enfrenta con una corporación de generales ineficaces y corruptos. Si ese era el objetivo, fracasó.

Según Baunov, el antielitismo ocupó el centro de la indignación en las calles de Moscú, un tipo de rabia que Prigozhin podía aprovechar promoviendo un culto populista. “Prigozhin achacó a Shoigu y a otros funcionarios corruptos la responsabilidad de los fracasos y de las pérdidas, y hasta del mismo comienzo de la guerra de Putin”, escribió Baunov. “Como si estuviera invitando al presidente [Putin] a unirse a la marcha contra el ministerio de Defensa y, de manera más general, contra todo el sistema ruso, y hasta a liderar esa marcha”.

Pero en su fracaso, dijo Baunov, Prigozhin ha abierto una “herida incurable” en la élite rusa, con dos partes acusándose mutuamente de traición.

Traducción de Francisco de Zárate

Hace unos años hablábamos de urnas escondidas y de policías en barco, de contenedores ardiendo y de 155, de independencia unilateral y ruptura social… En 2022, el tablero de juego político es el código penal. 

Hacemos un repaso de las claves para entender todo lo que viene, con Neus Tomàs, directora de elDiario.es en Catalunya.

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El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el jueves a última hora la modificación del Código Penal que hace desaparecer el delito de sedición e integrarlo en el de desórdenes públicos. El documento del Ejecutivo de coalición, y al que ha tenido acceso elDiario.es, pasa de condenas que antes llegaban hasta los 15 años de prisión en los casos más graves a sanciones que pueden llegar a alcanzar los cinco años de cárcel y ocho de inhabilitación. Se trata del delito por el que, junto con el de malversación, fueron condenados los líderes del procés independentista catalán por parte del Tribunal Supremo.

Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos han presentado ya la versión definitiva de la reforma legislativa en el Congreso. El borrador al que ha tenido acceso este periódico castiga los nuevos desórdenes públicos graves con condenas desde seis meses hasta tres años de cárcel a quienes “actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios”.

El delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del procés a penas de entre nueve y trece años de cárcel es difícil de comparar con los países de nuestro entorno, tanto por las penas que tiene aparejadas como por la conducta que castiga. En España la sedición se castiga con entre ocho y diez años de cárcel para sus promotores y de 10 a 15 si son cargos públicos, frente a las penas más reducidas que imponen los estados europeos donde, a diferencia de España, se requiere el uso de la violencia para ser condenado por este delito.

El debate doctrinal sobre la reforma de los delitos de sedición y rebelión se había mantenido en los últimos años en círculos académicos, pero con la causa del procés en el Tribunal Supremo y su desenlace alcanzó una relevancia pública inédita. No son pocos los juristas y entidades como Amnistía Internacional los que han considerado que el Supremo aprovechó la vaguedad del actual redactado del delito de sedición para imponer penas desproporcionadas a los líderes soberanistas.

A nivel político, la reforma del delito de sedición ha estado sobre la mesa del Gobierno desde hace más de dos años. Los 'comuns' presentaron al PSOE en 2020 una propuesta de reforma del Código Penal. Ahora el Ejecutivo se ha abierto a una rebaja de penas en plena negociación presupuestaria con ERC, que de momento evita concretar su propuesta de modificación del delito.

Cabe resaltar que la reforma no traería automáticamente beneficios para los líderes soberanistas que siguen en el extranjero, habida cuenta de que en el caso de Carles Puigdemont también está reclamado por el delito de malversación, castigado en la causa del procés con penas de seis a doce años al sentenciar el Supremo este delito en su modalidad agravada.

Más allá del conflicto catalán, entre las razones del Gobierno para la reforma de la sedición destaca su acomodación con las definiciones y penas del delito en los países de nuestro entorno. En España la sedición apenas ha sufrido reformas en más un siglo, desde que fuera incluido en el Código Penal en tiempos de asonadas y golpes militares.

Una de las características del delito de sedición español es que no forma parte los delitos contra la Constitución –como la rebelión– sino contra el orden público. No obstante, su redactado decimonónico todavía lo asemeja a la denostada 'rebelión en pequeño' pese a proteger un bien jurídico distinto, pues no castiga el ataque a la Constitución o a la integridad territorial sino el “alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones”. En cambio lo más habitual respecto a la sedición en los países europeos es el castigo a la desobediencia y a la resistencia, cuya pena se va elevando en función de la violencia de la conducta o el uso de armas.

En Alemania, cuna del derecho penal moderno, el delito equivalente a la sedición era el 'Aufruhr' (tumulto o revuelta). Se derogó en 1970 ante las dudas de su encaje en la Constitución en un Estado moderno. Lo más parecido a la sedición en Alemania reside a día de hoy en el delito de quebrantamiento o perturbación de la paz pública y el de resistencia. Los tipos castigan el uso de violencia o amenaza de la misma para impedir la ejecución de las leyes o para poner en peligro la seguridad pública. Las penas de hasta tres años en su modalidad básica hasta los cinco años en su tipo agravado.

Igual que Alemania, la sedición en Suiza se asemeja a un delito contra la autoridad pública que castiga el uso de violencia, ya sea por un individuo o una multitud, o la amenaza de emplearla para impedir llevar a cabo el cometido de un funcionario público. La pena de prisión es de hasta tres años o una multa, y al igual que en Alemania la condena no comporta penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La sedición en Portugal tampoco tiene un equivalente exacto al tipo penal español sino que se redirige hacia dos delitos: la perturbación del funcionamiento de un órgano constitucional mediante “alboroto, desorden o algarada” y el delito de coacción contra un órgano constitucional, que sí recoge específicamente el uso de violencia o amenaza de la misma. El primero se castiga con un máximo de tres años de cárcel y el segundo con hasta ocho años en función del órgano de la República que se vea afectado. También comportan la inhabilitación para votar y ser cargo público entre dos y diez años.

En Francia la sedición castiga la “resistencia violenta” a una autoridad para impedir la ejecución de las leyes. Para su modalidad básica impone penas de dos años de prisión y multa de 3.000 euros, que se elevan a cinco años y 45.000 euros si se realizan en grupo y a diez años de cárcel y 150.000 euros de multa si se emplean armas. Además de las penas de prisión y multa se contemplan penas de inhabilitación. El Código Penal belga presenta un redactado similar al francés y sanciona el “atentado o resistencia” contra las autoridades públicas en la ejecución de una norma o resolución. La pena es de cinco años de prisión que asciende a diez si se usan urnas y el periodo de inhabilitación par cargos públicos va de cinco a diez años.

Tampoco existe como tal la sedición en Italia. Los delitos más parecidos son los delitos violentos contra órganos, autoridades o funcionarios públicos para “constreñirles a hacer algo concreto u obligarles o impedirles” realizar sus funciones así como las infracciones administrativas denominadas “expresiones y reuniones sediciosas”, que castigan las reuniones destinadas a “provocar una reacción popular contra los poderes u órganos del Estado”. Ésta última infracción comporta multas o una arresto no mayor de un año. Más castigo tienen los delitos contra funcionarios: una pena máxima de siete años de prisión que se eleva a 15 si se usan armas.

Rebelión, más parecidos

Más parecido tiene el tipo penal español de rebelión con sus homólogos europeos ya que, a diferencia de la sedición, nuestro Código Penal sí recoge el requisito de la violencia o el uso de armas. La rebelión en España, con un redactado propio de la época de los pronunciamientos militares, castiga el “alzamiento violento y público” para derogar la Constitución, destituir al rey o declarar la independencia de una parte del territorio, entre otros objetivos. Para los “promotores” de la rebelión la pena va de quince a veinticinco años de prisión, que se reducen a un máximo de quince y un mínimo de diez para los “mandos subalternos” y de cinco a diez para los “meros participantes”.

Al igual que la rebelión España, el delito de alta traición alemán castiga “el uso de violencia para perjudicar la existencia de la Federación o de sus Estados federales, separar una parte del Estado o cambiar el orden constitucional”. Las penas van de los diez años de cárcel hasta la cadena perpetua. En el caso suizo, la alta traición comporta penas de prisión como mínimo de año –antes iban de uno a cinco años– para los que empleen la violencia para cambiar la Constitución de la Confederación o de un cantón o rompan la integridad territorial.

Junto con Alemania, Francia e Italia llegan a prever la cadena perpetua como castigo para el tipo de rebelión más grave, la cometida con armas y en grupo. El Código Penal francés pena la rebelión con 30 años de prisión o la cárcel de por vida si el delito lo comete una autoridad pública para castigar los “actos de violencia” que pongan en peligro las instituciones de la República o la integridad del territorio. Y en Italia el equivalente a la rebelión son los delitos de atentado contra la Constitución y la insurrección armada contra los poderes del Estado, que comportan penas mínimas de 15 años.

En Portugal las penas máximas para la rebelión, que en el país vecino castiga el uso individual o colectivo de violencia o intimidación para “subvertir el estado de derecho”, van de ocho a diez años, que en Bélgica se elevan hasta los 30 años para el delito de atentado para “destruir o subvertir la monarquía o la forma de gobierno.

En el corazón de una húmeda montaña donde poco a poco resbala la niebla, entre pinos y ocotes, el perímetro de una cancha de baloncesto está tupido de jóvenes de rostro cubierto por pasamontañas negros. Es fácil saber que son jóvenes porque guardan un centelleo curioso en su mirada.

Lunita contempla, junto a su abuela, su madre y dos mujeres más de su familia, la puesta en escena con danza y ‘performance’ que montaron sus amigas del caracol de la Garrucha, zona de la selva tseltal de donde es originaria. Atestiguan en primera fila de un escenario con cuatro frentes. Es un festival de arte convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y llamado CompArte por la Humanidad. 

“Caracol” es el nombre que los zapatistas utilizan para nombrar en la actualidad los territorios recuperados en el levantamiento del año 1994. Fueron 38 municipios del Estado de Chiapas transformados en Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (Marez). Un caracol está integrado por varios municipios rebeldes.

Primero les llamaron aguascalientes, regentados por consejos (fundados hace 27 años), que en 2003 se conformaron en las Juntas de Buen Gobierno, como forma de autogobierno. Impulsan su justicia, educación, salud, alimentación, trabajo, cooperativas, arte, medios de comunicación, cuidado de la tierra y organización de la vida cotidiana propias. Y están en expansión. En 2019, el EZLN anunció la creación de siete nuevos caracoles, además de los cinco ya existentes.

Por eso este festival de arte en medio del verdor del paisaje húmedo boscoso no se parece a ningún otro. La obra que presentan las zapatistas tseltales es sobre esta historia de gobierno propio, frente a un público diverso: indígenas de todo México pertenecientes al Congreso Nacional Indígena, artistas, activistas y curiosos. Para llegar a este festival de arte, que convocaron en el caracol de Oventic, las participantes de la zona Selva se transportaron juntas hasta la zona boscosa de los Altos. 

“Otro mundo nuevo sí es posible”, porras, consignas en formaciones cambiantes, con acomodos performáticos a lo largo de la cancha, con vestidos creados por ellas mismas que evocan la naturaleza, aunque si hay que representar a un finquero o un empresario, también usan corbata o camisa. “Adelante, mujeres de la Tierra, luchemos por la liberación, unidas contra el neoliberalismo, unidas por la revolución”. Aplausos.

Raíces para el futuro

En cuanto terminan de presentar la obra, Lunita recorre aprisa el perímetro para ir a saludarlas. Aunque las mujeres de su familia portan bordados coloridos de punto de cruz, propios del pueblo tseltal, ella viste de mezclilla negra y una blusa verde estampada de flores. 

“Yo soy admiradora del Che Guevara”, dice Lunita sin titubear. No tiene más de 12 años, sin embargo confiesa que quiere estudiar medicina. Lo trae en la sangre. Procede de una familia de mujeres sanadoras. 

Su bisabuela era partera en su pueblo y trabajaba con plantas medicinales. Su abuela curaba a toda la familia con plantas y además fue miliciana en el levantamiento de 1994. Su mamá ha sido promotora de salud y ha capacitado a más mujeres del caracol de la Garrucha para que sepan tanto del uso de la medicina alópata como de las especies vegetales medicinales y la elaboración de remedios.

Lunita ha visto participar a su mamá en una cooperativa que hace medicinas con plantas. El proceso inicia con la siembra colectiva de las mujeres tseltales, que cuidan de las variedades medicinales que conocen en un huerto y las estudian hasta su distribución en clínicas autónomas de varios caracoles. Algunas llegan a la ciudad de San Cristóbal de las Casas. 

A Lunita le gusta aprender. Ha estudiado en la escuela autónoma y no descarta estudiar en la ciudad –dice con cierto tono de desafío– la carrera de Medicina. Todas las niñas, niños y jóvenes de las comunidades zapatistas estudian y tienen talleres de formación y capacitación de acuerdo con sus intereses propios. Muestra de ello son las obras que presentan hoy en la cancha de baloncesto. Aunque también se forman en documentación audiovisual, bordado, agricultura, deportes y hasta en técnicas navales. 

Lunita cuenta que su abuela le ha narrado historias de cómo, antes del levantamiento del ejército zapatista, los hijos se morían de enfermedades que podrían haberse curado. También, de cómo las mujeres juegan un papel fundamental en el proceso de construcción de una justicia en donde no haya feminicidios, como ocurre actualmente en territorio zapatista, que abarca cuatro pueblos indígenas: choles, tseltales, tojolabales y tsotsiles. 

Lunita, como le dice de cariño su mamá y así pide ser nombrada, cuenta que ella le enseña sobre el cuidado de la tierra, cómo hay plantas que, al sembrarlas juntas, ayudan a su mutuo crecimiento. Asegura que también le ha mostrado cómo las comunidades zapatistas se diferencian de las comunidades “partidistas” –como las llaman– que sí se rigen por las leyes del Estado mexicano, pues están taladas y sin siembra.  

Luchar por la tierra

“El cuidado de la tierra es muy importante, me dice mi mamá, pues hemos visto en otros lugares que hay mucha contaminación, mucha tala de árboles, y por eso hay que hablarlo: qué es lo que le hace daño a la tierra; por ejemplo, la tala de árboles le afecta al agua y sin agua no podemos tener plantas ni alimento. O los químicos que le echan para según fertilizar pero que matan a las plantas”, dice Lunita.

Llama la atención que el zapatismo raramente es relacionado con la lucha por el medio ambiente y la naturaleza o contra el cambio climático; pero en términos de acciones, desde el modo de siembra agroecológico que cuenta la joven zapatista hasta el modo en que impulsan su actividad productiva, desde las cooperativas, este movimiento tiene como base el cuidado de la tierra. 

Tienen cooperativas de café orgánico, por ejemplo, que podrían cumplir con todos los estándares de siembra y cosecha que marcan las certificadoras para que puedan tener el sello correspondiente, pero prescinden de él. Los consumidores del aromático rebelde saben el tipo de siembra que promueven las zapatistas en su territorio, y lo compran sin dudar.

De acuerdo con el historiador maya José Koyoc: “Fue una interpelación muy fuerte para los pueblos indígenas el levantamiento del año 1994. La propuesta política del zapatismo sigue permeando en muchos de los movimientos, sean o no de pueblos originarios. Es su huella más profunda, la de construir desde el anticapitalismo”. 

Koyoc se ha dedicado a estudiar movimientos sociales indígenas sobre todo en la región del sur peninsular, con influencia de la cultura ancestral maya. Esto lo llevó a estudiar la historia de la biodiversidad y su relación con los modos de ser de los pueblos a lo largo del tiempo.

“Los zapatistas fueron de los primeros movimientos indígenas en decir: ”Nosotros defendemos la vida y no mercantilizamos los bienes naturales de los pueblos“. Es una de las propuestas políticas más potentes con que cuenta el EZLN. Esta cuestión encuentra mucha resonancia en la actualidad”, asegura el historiador.

No se suele relacionar el zapatismo con la ecología, pero es un movimiento que tiene como base el cuidado de la tierra

Una delegación marítima zapatista llamada Escuadrón 421 recorría el océano Atlántico en el barco La Montaña para llegar al puerto de Vigo en España y hacer un recorrido por Europa. Al bajar, Marijose tiene la encomienda de renombrar Europa con esta frase: “A nombre de las mujeres, niños, hombres, ancianos y, claro, otroas zapatistas, declaro que el nombre de esta tierra, a la que sus naturales llaman ahora ”Europa“, de aquí en adelante se llamará Slumil K’ajxemk’op, que quiere decir ”Tierra insumisa“, o ”Tierra que no se resigna, que no desmaya“. Y así será conocida por propios y extraños mientras haya aquí alguien que no se rinda, que no se venda y que no claudique”.

Marijose es una de las siete integrantes del Escuadrón 421. En la ficha de presentación que hace el vocero del EZLN, el subcomandante Galeano (antes Marcos), describe que ha sido “milicianoa, promotoroa de salud, promotoroa de educación, y formadoroa de educación”. El uso del “oa” refiere que es una persona transgénero. Marijose también ha participado con puestas en escena en festivales de arte como aquel en el que se encuentra Lunita. 

El Escuadrón 421 tiene la encomienda de encontrar en Europa lo que nos hace iguales y compartir con los movimientos sociales, redes, colectivos u organizaciones los conocimientos que han adquirido en estos 27 años de existencia y 10 más de clandestinidad, anteriores al levantamiento. 

En este sentido, el escuadrón 421 debe compartir desde la recuperación del territorio, la construcción de los caracoles desde los pueblos que conforman el EZLN, la lucha de las mujeres contra la triple exclusión, debida a ser indígenas, pobres y mujeres, hasta las formas en que han actuado para cuidar la tierra, aunque no digan de manera explícita que su lucha es contra el cambio climático. 

Lunita y su familia están muy emocionadas desde su comunidad en la Garrucha por el viaje de sus compañeros. La madre de Lunita asegura que la delegación marítima son zapatistas que nunca han salido de su comunidad, pero ahora navegan rumbo a España. La emoción se ve en sus ojos, que es lo único que se ve con los pasamontañas.

Una delegación del EZLN navega hacia Vigo, para rebautizar Europa y difundir los conocimientos del zapatismo

Cabe resaltar que las redes de solidaridad europeas han estado presentes desde el levantamiento y que el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, conformado por la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, siempre se ha dirigido a los movimientos internacionalistas en sus comunicados y posicionamientos.  

“Los zapatistas han propuesto el construir toda esta casa común, de la cual es parte el Congreso Nacional Indígena en donde participan varios de los movimientos de los pueblos frente a la mercantilización de los bienes naturales –asegura el historiador maya José Koyoc–; los más radicales, de manera organizada, son los pueblos que participan en la red del CNI y están en constante diálogo y resonancia con el EZLN. La unión viene desde esta primera interpelación en 1994, es una caja de resonancia muy poderosa, 27 años de luchar juntos por la libre determinación”.

Esa inspiración del zapatismo se ve en la participación de integrantes de los pueblos del CNI en sus convocatorias, desde darle vida a un Concejo Indígena para lanzar a su vocera como candidata a la Presidencia hasta el festival CompArte y, también, hacer la gira por Europa para denunciar los megaproyectos y despojos que viven. 

El movimiento indígena en México está más vivo que nunca, y lo que busca hacer el EZLN en el mundo es avivar los movimientos con los que comparte una lucha anticapitalista. 

La mamá de Lunita asegura que el mejor modo de cuidar los saberes ancestrales zapatistas es compartirlos. “Compartir y buscar más experiencias que todavía están escondidas por ahí, para enseñarles a los jóvenes de ahora y que ellos lo vayan reproduciendo también. Y así lograr conservarlo. A mí me interesa mucho eso de capacitar a otras personas para que aprendan el saber, y que ellas vayan reproduciéndolo para que así no se desaparezca”, asegura con una sonrisa que se ve incluso a través del pasamontañas. “Yo nací siendo zapatista y cuando tuve conciencia, pues vi realmente por qué estábamos luchando”, dice Lunita, que regresa a la cancha a presenciar las obras de arte. 

El calvario judicial de Tamara Carrasco está a punto de terminar. La Audiencia de Barcelona ha confirmado la absolución de esta activista de los CDR al desestimar el recurso de la Fiscalía contra la sentencia de la jueza de lo Penal que ya exculpó a Carrasco de incitar a los desórdenes públicos. Carrasco llegó a ser detenida por terrorismo y desórdenes públicos y a no poder salir de su municipio durante un año por orden de la Audiencia Nacional. Casi tres años después, dos instancias judiciales han absuelto a Carrasco.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la sección 2a de la Audiencia de Barcelona concluye que el audio de Whatsapp sobre manifestaciones que envió Carrasco, la principal prueba de la Fiscalía, no incitaba a cometer desórdenes públicos, al contrario de lo que planteaba el Ministerio Público. “Remitir un audio a un grupo de amigos no entraña difusión de consignas de incitación a los desórdenes públicos”, zanjan los togados.

Pese a llega a la misma conclusión que la jueza que absolvió a Carrasco en primera instancia, los magistrados de la Audiencia de Barcelona evitan criticar la investigación de la Guardia Civil como hizo la magistrada. La Fiscalía tiene la opción de recurrir la nueva sentencia absolutoria en casación.

Es más, los togados que han reexaminado el caso consideran, al contrario que la jueza de lo Penal, que los altercados que hubo el 26 y 27 de marzo de 2018 debido a la detención de Puigdemont que la Fiscalía vinculaba al audio de Carrasco sí podrían resultar objeto de condena. Matizan sin embargo que la condena debería haberse producido en primera instancia y que no la puede decidir la Audiencia de Barcelona tras el recurso de apelación en los términos planteados por el fiscal.

“Arrojar aceite y quemar objetos en vías de circulación encierra actos de violencia, es patente que se creó un riesgo para la seguridad vial y se cercenó la libertad ambulatoria”, aseveran los magistrados, que también ven delictiva la manifestación que rodeó sin incidentes la estación de Sants porque el tipo de incitar a cometer desórdenes públicos “también abarca la violencia moral o compulsiva”.

Fue el mismo mensaje de audio de Whatsapp que a criterio de la Audiencia de Barcelona no merece reproche penal el que provocó la detención y el registro de la casa de Carrasco por presuntos delitos de terrorismo o rebelión. La Fiscalía de la Audiencia Nacional llegó a pedir prisión provisional para Carrasco. No obstante, el juez instructor rechazó de plano los presuntos delitos de terrorismo y rebelión y limitó la causa a unos desórdenes públicos.

El descarte de los delitos más graves no aparejó el levantamiento de la medida cautelar que impidió a Carrasco salir de Viladecans (Barcelona), con la excepción de acudir a su puesto de trabajo, durante trece meses. La Audiencia Nacional, antes de enviar la causa a los juzgados catalanes, argumentó que “la actividad de los CDR no había cesado” para mantener a Carrasco confinada en Viladecans, denegándole incluso un permiso para visitar a su madre cuando se rompió una pierna.

Adrià Carrasco ha vuelto a Catalunya. El joven de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que escapó de su detención por terrorismo y rebelión en abril de 2018 ha decidido regresar de Bélgica tras 1.000 días después de que la jueza lo haya exculpado y archivado su caso.

El joven catalán estaba investigado junto a Tamara Carrasco en la causa por terrorismo y rebelión que abrió la Audiencia Nacional en primavera de 2018 en relación con los cortes de carreteras que protagonizaron los CDR en protesta por el encarcelamiento de los líderes soberanistas. El caso ha quedado en nada: Tamara Carrasco fue absuelta el pasado mes de octubre, en una sentencia donde la jueza reprochó la investigación realizada por la Guardia Civil, y ahora el juzgado de Granollers que se hizo cargo de la causa contra Adrià Carraco ha archivado las pesquisas.

En un auto del pasado mes de noviembre, la jueza archiva la causa, que ya se había rebajado del inexistente delito de terrorismo a unos supuestos desórdenes públicos, al no resultar “debidamente justificada” la perpetración del delito. En otras palabras, que no hay siquiera los mínimos indicios para llevar a juicio a Adrià Carrasco, como sí ocurrió con Tamara Carrasco. Tras archivar el caso, la jueza también dejó en diciembre sin efecto la orden de detención en España que pesaba sobre Carrasco.

Adrià Carrasco huyó a Bélgica después de que la Guardia Civil se presentara en su casa la madrugada del 10 de abril de 2018 con la intención de arrestarlo por terrorismo y rebelión por haber participado en cortes de carretera y apertura de peajes de la anterior Semana Santa en protesta por la detención del expresident Carles Puigdemont en Alemania. El joven se escapó por una ventana de su casa cuando los agentes llamaron a la puerta. La Guardia Civil sí detuvo Tamara Carrasco, que fue absuelta dos años y medio después pero pasó más de un año confinada en su municipio como medida cautelar.

El joven nunca fue localizado por la Guardia Civil ni compareció ante el juzgado y se desconocía su paradero hasta que, en octubre de 2018, compareció en un acto en Bruselas acompañado por Christophe Marchand, uno de los abogados de Puigdemont en Bélgica. La operación de la Guardia Civil se ha saldado casi tres años después sin ninguna condena, aunque la Fiscalía tiene recurrida la absolución de Tamara Carrasco.

En una comparecencia este lunes en la que no se han aceptado preguntas de la prensa, Carrasco ha calificado la causa contra él de “un montaje policial más” cuyo único fin es “amedrentar a la clase trabajadora” y al independentismo. El activista ha reclamado el archivo del resto de investigaciones que afectan a independentistas que permanecen en el extranjero así como la amnistía para los investigados en España. “Decían que Tamara y yo éramos terroristas y hemos terminado libres de todas las acusaciones”, ha expresado Carrasco.

“Hoy más que nunca decimos que sí hay terrorismo, el de quien te acusa, y a pesar de todo seguiremos luchando y desobedeciendo”, ha sentenciado. Tras proclamar que “el único terrorista es el Estado capitalista”, Carrasco ha considerado “imprescindible” la disolución de la Audiencia Nacional y de “todos los cuerpos represivos del Estado”, al tiempo que ha exigido el cierre de los CIE y la derogación de “todas las leyes represivas, como la mordaza, la de partidos o la de extranjería”

“No me digan que ahora se ha hecho justicia, no creo en esta justicia a favor del fuerte y no de la verdad”, ha denunciado Nuria Tarrés, la madre de Adrià Carrasco, que también se ha dirigido a los cuerpos policiales: “Dais mucho miedo porque os sabemos capaces de todo, pero el miedo ya no nos paraliza”.

El delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del procés a penas de entre nueve y trece años de cárcel es difícil de comparar con los países de nuestro entorno, tanto por las penas que tiene aparejadas como por la conducta que castiga. En España la sedición se castiga con entre ocho y diez años de cárcel para sus promotores y de 10 a 15 si son cargos públicos, frente a las penas más reducidas que imponen los estados europeos donde, a diferencia de España, se requiere el uso de la violencia para ser condenado por este delito.

El debate doctrinal sobre la reforma de los delitos de sedición y rebelión se había mantenido en los últimos años en círculos académicos, pero con la causa del procés en el Tribunal Supremo y su desenlace alcanzó una relevancia pública inédita. No son pocos los juristas y entidades como Amnistía Internacional los que han considerado que el Supremo aprovechó la vaguedad del actual redactado del delito de sedición para imponer penas desproporcionadas a los líderes soberanistas.

El Gobierno se ha mantenido siempre en el respeto a la sentencia del procés, lo que no ha sido un obstáculo para que el Ejecutivo impulse este curso una reforma de la sedición que beneficiaría a los políticos y líderes sociales independentistas al acelerar su salida de prisión. Con este objetivo los 'comuns' ya han presentado al PSOE una propuesta de reforma del Código Penal. Más allá del conflicto catalán, entre las razones del Gobierno para la reforma de la sedición destaca la actualización de un tipo penal que apenas ha sufrido reformas en un siglo y su acomodación con el resto de países europeos.

Una de las características del delito de sedición español es que no forma parte los delitos contra la Constitución –como la rebelión– sino contra el orden público. No obstante, su redactado decimonónico todavía lo asemeja a la denostada 'rebelión en pequeño' pese a proteger un bien jurídico distinto, pues no castiga el ataque a la Constitución o a la integridad territorial sino el “alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones”. En cambio lo más habitual respecto a la sedición en los países europeos es el castigo a la desobediencia y a la resistencia, cuya pena se va elevando en función de la violencia de la conducta o el uso de armas.

En Alemania, cuna del derecho penal moderno, el delito equivalente a la sedición era el 'Aufruhr' (tumulto o revuelta). Se derogó en 1970 ante las dudas de su encaje en la Constitución en un Estado moderno. Lo más parecido a la sedición en Alemania reside a día de hoy en el delito de quebrantamiento o perturbación de la paz pública y el de resistencia. Los tipos castigan el uso de violencia o amenaza de la misma para impedir la ejecución de las leyes o para poner en peligro la seguridad pública. Las penas de hasta tres años en su modalidad básica hasta los cinco años en su tipo agravado.

Igual que Alemania, la sedición en Suiza se asemeja a un delito contra la autoridad pública que castiga el uso de violencia, ya sea por un individuo o una multitud, o la amenaza de emplearla para impedir llevar a cabo el cometido de un funcionario público. La pena de prisión es de hasta tres años o una multa, y al igual que en Alemania la condena no comporta penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La sedición en Portugal tampoco tiene un equivalente exacto al tipo penal español sino que se redirige hacia dos delitos: la perturbación del funcionamiento de un órgano constitucional mediante “alboroto, desorden o algarada” y el delito de coacción contra un órgano constitucional, que sí recoge específicamente el uso de violencia o amenaza de la misma. El primero se castiga con un máximo de tres años de cárcel y el segundo con hasta ocho años en función del órgano de la República que se vea afectado. También comportan la inhabilitación para votar y ser cargo público entre dos y diez años.

En Francia la sedición castiga la “resistencia violenta” a una autoridad para impedir la ejecución de las leyes. Para su modalidad básica impone penas de dos años de prisión y multa de 3.000 euros, que se elevan a cinco años y 45.000 euros si se realizan en grupo y a diez años de cárcel y 150.000 euros de multa si se emplean armas. Además de las penas de prisión y multa se contemplan penas de inhabilitación. El Código Penal belga presenta un redactado similar al francés y sanciona el “atentado o resistencia” contra las autoridades públicas en la ejecución de una norma o resolución. La pena es de cinco años de prisión que asciende a diez si se usan urnas y el periodo de inhabilitación par cargos públicos va de cinco a diez años.

Tampoco existe como tal la sedición en Italia. Los delitos más parecidos son los delitos violentos contra órganos, autoridades o funcionarios públicos para “constreñirles a hacer algo concreto u obligarles o impedirles” realizar sus funciones así como las infracciones administrativas denominadas “expresiones y reuniones sediciosas”, que castigan las reuniones destinadas a “provocar una reacción popular contra los poderes u órganos del Estado”. Ésta última infracción comporta multas o una arresto no mayor de un año. Más castigo tienen los delitos contra funcionarios: una pena máxima de siete años de prisión que se eleva a 15 si se usan armas.

Rebelión, más parecidos

Más parecido tiene el tipo penal español de rebelión con sus homólogos europeos ya que, a diferencia de la sedición, nuestro Código Penal sí recoge el requisito de la violencia o el uso de armas. La rebelión en España, con un redactado propio de la época de los pronunciamientos militares, castiga el “alzamiento violento y público” para derogar la Constitución, destituir al rey o declarar la independencia de una parte del territorio, entre otros objetivos. Para los “promotores” de la rebelión la pena va de quince a veinticinco años de prisión, que se reducen a un máximo de quince y un mínimo de diez para los “mandos subalternos” y de cinco a diez para los “meros participantes”.

Al igual que la rebelión España, el delito de alta traición alemán castiga “el uso de violencia para perjudicar la existencia de la Federación o de sus Estados federales, separar una parte del Estado o cambiar el orden constitucional”. Las penas van de los diez años de cárcel hasta la cadena perpetua. En el caso suizo, la alta traición comporta penas de prisión como mínimo de año –antes iban de uno a cinco años– para los que empleen la violencia para cambiar la Constitución de la Confederación o de un cantón o rompan la integridad territorial.

Junto con Alemania, Francia e Italia llegan a prever la cadena perpetua como castigo para el tipo de rebelión más grave, la cometida con armas y en grupo. El Código Penal francés pena la rebelión con 30 años de prisión o la cárcel de por vida si el delito lo comete una autoridad pública para castigar los “actos de violencia” que pongan en peligro las instituciones de la República o la integridad del territorio. Y en Italia el equivalente a la rebelión son los delitos de atentado contra la Constitución y la insurrección armada contra los poderes del Estado, que comportan penas mínimas de 15 años.

En Portugal las penas máximas para la rebelión, que en el país vecino castiga el uso individual o colectivo de violencia o intimidación para “subvertir el estado de derecho”, van de ocho a diez años, que en Bélgica se elevan hasta los 30 años para el delito de atentado para “destruir o subvertir la monarquía o la forma de gobierno.

El 20 de abril de 2018 se produjo una protesta en los

alrededores de la Catedral de Managua que marcó mi vida para

siempre. Era viernes y llegué a dejar medicinas que luego serían

enviadas a los universitarios que se mantenían atrincherados en los

recintos de la capital. Como yo, había ahí centenas de adolescentes y

jóvenes que pensábamos que los últimos días de Daniel Ortega y su

mujer Rosario Murillo estaban contados.

En las primeras horas de ese día todo era solidaridad y empatía por los

universitarios que hicieron despertar de la apatía a toda una nación.

Estábamos ahí los hijos de hombres y mujeres que defendieron el

proyecto revolucionario de Daniel Ortega en la década de los 80.

Pasada las 12 del mediodía empezó el ataque, a sangre y fuego, de la

dictadura contra los jóvenes que sólo ejercíamos el derecho a la

manifestación y a la protesta, consignado en la Constitución.

Llegaron primero paramilitares a asaltar, golpear y disparar. Luego

llegaron policías con bombas lacrimógenas y francotiradores. Ambas

fuerzas letales sitiaron la Catedral y la Universidad Nacional de

Ingeniería, que se encuentra una frente a otra, divididas solo por una

avenida. Tras varias horas de ataque, empezaron a contarse los

heridos, y lo más grave, los muertos, abatidos por certeros tiros en

cuello, pecho y cabeza.

Ese día murió el adolescente Álvaro Conrado, símbolo de la resistencia

cívica. Un francotirador le disparó en el cuello cuando se disponía a

dejar agua a los estudiantes de la universidad. “Mataron a un niño”,

gritó una joven médica que cruzó del recinto a la Catedral. Todos

estábamos nerviosos, todos estábamos con miedo por la brutal

respuesta de la dictadura a una manifestación cívica.

Horas después la Policía atacó con mayor crueldad. Los gases

lacrimógenos nos asfixiaban, las balas herían y mataban y pronto la Catedral dejó de ser un centro de acopio de víveres para convertirse en un hospital ambulante. Así estuvimos hasta las tres de la tarde, hasta que policías y paramilitares irrumpieron los patios del templo con cualquier tipo de arma.

Todos los que nos encontrábamos afuera del templo corrimos a

resguardarnos a la iglesia. Cerramos las inmensas puertas a como

pudimos, mientras las hordas represoras destruían vehículos a su paso

y se robaban motocicletas. Golpearon sin piedad a los jóvenes que no

pudieron entrar y robaron los equipos de mis colegas periodistas que

se encontraban cubriendo la represión.

Fueron tres horas de zozobra y miedo. Jóvenes se abrazaban entre sí, y

llamaban a sus padres como si sentían que ya no los verían más.

Después logramos calmarnos y reflexionamos en que Ortega se iría del

poder pronto. Era tanta la presión social, que mientras nos atacaban a

nosotros, ciudades bastiones del sandinismo se levantaban contra

Ortega: Masaya, León y Estelí.

Ya no sólo era los universitarios que exigían a Ortega su renuncia, eran

los empresarios, los campesinos, los jubilados, los médicos, los

profesores… La protesta que desató la crisis en abril de 2018, una

injusta reforma al sistema de Seguridad Social, derivó en el clamor

popular de justicia, democracia y libertad. El hartazgo por Ortega se

canalizó en ese estallido que pareció tumbar su gobierno tras 11 años

violando la Constitución y el Estado de Derecho.

A pocos meses de cumplir tres años de crisis, Ortega se mantiene

aferrado al poder sin inmutarse por las sanciones que han impuesto

Estados Unidos y Canadá, y por las que podría aplicar la Unión

Europea. El dictador, además, ha sido acusado por organismos

defensores de derechos humanos de cometer crímenes de lesa

humanidad.

Los nicaragüenses ya llevamos 21 meses con esta crisis que se puede

dimensionar desde los números: 325 muertos, entre ellos un

periodista, abatidos por policías y paramilitares; una cantidad

imprecisa de heridos en las manifestaciones que podría oscilar entre

3,000 y 4,000; 100,000 exiliados en Estados Unidos, Costa Rica y

España, principalmente; casi 1,000 presos políticos, la mayoría han

sido excarcelados; y dos medios confiscados 100 Noticias y

Confidencial, y otro, El Nuevo Diario, que dejó de circular porque la

dictadura bloqueó la importación de papel.

Pese a todos estos hechos, condenado por Naciones Unidas, la

Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, la Unión Europa,

y otras organizaciones y gobiernos del continente americano, Ortega y

Murillo quieren imponer una normalidad, basada en que Nicaragua

reina el amor y la paz. Ese es el discurso que vierten a sus bases, a los

opositores y a la comunidad internacional.

Pero lejos de ese discurso, la realidad es que Nicaragua se ha detenido

en ese abril de 2018, con la diferencia de que el régimen ha impuesto

un estado de sitio de facto para aniquilar cualquier intento de protesta.

Se ha auxiliado de la Policía, el principal brazo opresor, para intimidar

a los dirigentes de la oposición, aunque cada día los ciudadanos que

resisten en Nicaragua se las ingenian para expresar su inconformidad

con la dictadura.

Tampoco hay independencias de Poderes por lo que la Justicia, el

Parlamento y el Tribunal Electoral defienden los intereses de la

dictadura y no están al servicio de los ciudadanos. Los nicaragüenses,

los que resisten a Ortega en Nicaragua y los que resistimos desde el

exterior, seguimos en ese abril de 2018. Abril nos hará libre.

El lunes 31 de octubre de 2017 fue un día normal para Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat del Gobierno de Puigdemont. A pesar de que 48 horas antes el Senado había activado el artículo 155 de la Constitución que destituía a todo el gabinete, Rull acudió a su despacho situado en el número 2 de la avenida Josep Tarradellas de Barcelona y se fotografió delante de su ordenador con un ejemplar de El Punt Avui que titulaba 'A la feina' (al trabajo). A las diez y cuarto colgó la imagen en Twitter con el mensaje: “En el despacho, ejerciendo las responsabilidades que nos ha encomendado el pueblo de Catalunya”. A las once salió para acudir a una reunión del Comité Nacional del PDeCat y nunca más volvió.

El miembro del Gobierno de Puigdemont que más engañado podía sentirse por la actuación de su antiguo jefe, que a la hora en la que Rull aparentaba ser ministro de la nueva república ya estaba en Bruselas iniciando una estrategia de internacionalización del conflicto con la que los jueces han justificado su prisión provisional, tomó este miércoles la palabra para defender de forma vehemente sus convicciones independentistas. Apuntó que “la realidad institucional catalana existe antes de la Constitución” -la fijó en 1359 y en las Cortes de Cervera-, y se mostró seguro de que, detrás de los doce acusados, “siempre vendrán más”.

El juicio del procés ha terminado como empezó. Con Oriol Junqueras lanzando un mensaje de diálogo con el Estado que en realidad busca ensanchar la base del independentismo, con Jordi Cuixart proclamando que no se arrepiente de nada y con Santi Vila lamentando el estropicio que provocaron la DUI y el 155. Es decir, con la constatación del fracaso de la política, que descarriló en la vía unilateral de los secesionistas y la respuesta a porrazos del Gobierno de Rajoy.

Quienes piensan que la sentencia que el Supremo dictará en otoño pondrá fin a los anhelos del independentismo se equivocan tanto como quienes defienden que los magistrados deberían dictar una resolución que ayude a solucionar el conflicto. Porque ante el fracaso de la política solo queda el triunfo de la justicia y de la ley. La que impartirá el Supremo en otoño y la que el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tendrán ocasión de revisar en última instancia para analizar si lo ocurrido fue o no delito con el Código Penal vigente. Nada más y nada menos.

Si la sentencia estuviera escrita, como sostiene el independentismo más recalcitrante, los abogados de las defensas podrían haberse ahorrado las 12 horas de informes en las que intentaron desmontar la tesis de la rebelión posmoderna con la que la Fiscalía intenta identificar el procés con el golpe de Estado del 23-F. Pero no lo hicieron.

Rebatieron, en ciertos momentos con brillantez, los puntos más débiles de la instrucción del juez Pablo Llarena y de la acusación que pergeñó el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien, como destacó hábilmente el abogado Jordi Pina, dejó pasar los hechos del 20 de septiembre y el 1 de octubre y solo se querelló cuando el Parlament aprobó, medio en broma medio en serio y con cara de circunstancias de todos los presentes, la independencia de Catalunya. Esa que, en todos los despachos menos en el de Rull, fue rápidamente derogada sin que se llegara a arriar la bandera española y sin que mediara aviso al cuerpo diplomático para obtener algún reconocimiento internacional.

El gran reto que tendrá que afrontar el tribunal es cómo encajar en el actual Código Penal “un caso difícil de los que hacen malas sentencias”, como apuntó el abogado Javier Melero citando al padre del realismo jurídico, Oliver Wendell Holmes. Dicho en las palabras, siempre más militantes de Andreu Van den Eynde, “un caso difícil que creará Derecho” y que, según él, “fijará los límites del Código Penal que se aplicará a la disidencia política”.

El delito de rebelión que plantea la Fiscalía exigiría de la demostración de que los episodios aislados que se produjeron el 20 de septiembre o el 1 de octubre conforman la violencia idónea que fue necesaria e imprescindible para declarar la independencia. Si el tribunal opta por este tipo penal, como apuntó Pina, se acabaría castigando a los acusados con más dureza que a quienes, habiéndose alzado con armas, hubieran acabado deponiéndolas.

La sedición por la que apuesta la Fiscalía es un delito contra el orden público y acusaciones y defensas coinciden en que, en este caso, el bien jurídico protegido es el orden constitucional, que era el que se quiso derogar con la secesión. Sólo cabría una pirueta jurídica que ya utilizó la Fiscalía en 2015 para abrir diligencias en la Audiencia Nacional contra los alcaldes que apoyaban el referéndum y que consistió en considerar la sedición como una “rebelión en pequeño”, concebida para quebrantar el régimen constitucional.

Una condena por desobediencia, el único delito que admiten haber cometido los acusados, supondría equiparar el procés con la consulta inocua del 9-N, y aplicar el de la convocatoria ilegal de referendos es imposible porque fue despenalizado en 2005 por iniciativa del Gobierno de Zapatero.

Lo que sí parece claro es que, si la sentencia es condenatoria y las penas superan los diez años de cárcel, se utilizará, como ocurrió con la revisión del Estatut por parte del Constitucional, como un motivo de agravio. Lo dijo claramente Josep Rull tras sentirse orgulloso por poder trasladar a sus hijos Bernat y Roger “la dignidad de unas ideas legítimas y nobles”: “No existen suficientes cárceles para encerrar el anhelo de libertad de un pueblo”. Un pueblo al que sus dirigentes no dudarán en conducir a un segundo procés.

El duelo entre cuerpos policiales ha vuelto a emerger en el juicio del procés con la declaración como testigo del comandante de la Guardia Civil que, junto al teniente coronel Daniel Baena, comandó las investigaciones del 1-O como número dos de la Policía Judicial del Instituto Armado en Catalunya. El mando no ha dudado en señalar al major de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, del que ha afirmado que era “imprescindible en la estrategia independentista”.

El comandante ha implicado a Trapero de lleno en el plan soberanista después de que el major y el resto de jefes de los Mossos aseguraran en el juicio que lo rechazaron de plano. El investigador ha llegado a afirmar que en la carta que mandó Puigdemont a Trapero antes del 155 “se se ve la sinergia y la connivencia” entre el expresident y el major, momento en el que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha cortado la declaración por considerar una valoración que no corresponde a un testigo.

Tras las acusaciones de vigilancia y contravigilancia de las últimas sesiones, el comandante –absuelto de un delito de torturas, según ha explicado al inicio de su declaración– ha asegurado que los Mossos se avisaron por radio de que el Instituto Armado iba a intervenir el 1-O en el colegio de Sant Julià de Ramis (Girona) donde tenía previsto votar “Platino”, nombre en clave del expresident Carles Puigdemont.

En el caso de este colegio, además, el comandante ha señalado que desde la sala regional de control los mandos de los Mossos instaron a que “no se viera a ningún mossos en la imagen cuando empezara a intervenir la Guardia Civil”. De los audios de las nueve regiones policiales de los Mossos d’Esquadra analizados, el comandante de la Guardia Civil ha destacado que la policía autonómica mandó “avisos” de la llegada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y también de si en los centros de votación había observadores internacionales.

Asimismo, ha asegurado que en un correo electrónico incautado, dirigido el 23 de septiembre por César Puig al conseller Joaquim Forn, se exponen las consecuencias de la actitud de los Mossos en las reuniones de coordinación con el coronel Diego Pérez de los Cobos y la Fiscalía y el supuesto temor de los mandos a que Trapero sea inhabilitado. “Le podríamos perder”, ha sostenido el comandante que se expuso en el correo.

El mando de la Guardia Civil ha vinculado la aplicación del 155 con el cese de los problemas y las protestas que se sucedieron en septiembre y octubre durante las actuaciones que realizaban. La primera fase de protestas se convirtió en “hostigamiento” el 20 de septiembre, fecha a partir de la cual “toda operación tenía problemas” hasta que se aplicó el 155, y se produjeron un centenar de concentraciones en comisarías y cuarteles de Policía y Guardia Civil.

Por contra, en enero las entidades soberanistas lanzaron peticiones a través de las redes sociales para que no hubiera concentraciones en sus sedes mientras los agentes se hacían con los correos Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por orden del juez Pablo Llarena. Según el comandante, Sànchez recibió un correo electrónico sobre “cómo asegurar los colegios” el 1-O y otro sobre una “acampada en el Parlament”, mientras que Cuixart recibió otro “que habla de llevar niños y personas mayores a votar”, aunque a preguntas de las defensas deja claro que los líderes no respondieron a los correos.

Enfocats, la Moleskine y reuniones políticas

Sin emplear términos tan controvertidos como Baena, que tildó de “periodo insurreccional” y “polvorín” el otoño soberanista de 2017, el mando ha afirmado que el power-point 'Enfocats' y la Moleskine incautadas en casa del exnúmero dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, “objetivizan” y “conexionan” con los hechos sucedidos en Cataluna una idea común entre los independentistas para que el 1-O hubiera “un gran volumen de personas concentradas” en los colegios“, si bien ha matizado que no se puede definir como ”organizado“.

Asimismo, ha negado, a preguntas de Vox, que en los correos del Govern que analizó hubiera “instrucciones formales” del exconseller Forn hacia el major Trapero sobre el dispositivo del 1-O. Y a preguntas de la defensa de Jordi Sànchez, también ha limitado las conexiones entre Govern y entidades sociales a la Moleskine y al Enfocats –documentos que los acusados han negado conocer–, sin que del resto de correos electrónicos o documentos incautados en la investigación se aprecie una “vinculación” entre ellos.

“No hemos encontrado a nadie que esté por encima de otro. Los responsables civiles y políticos se juntan y toman decisiones. Dentro de 'Enfocats' hay un análisis de un grupo directivo y un grupo ejecutivo. Ese grupo directivo, según pone en el documento, incluye un presidente, vicepresidente, un responsable de acciones civiles; y el grupo ejecutivo donde hay consejeros, secretarios generales y puntualmente algún experto en una determinada ley”, ha aseverado el secretario de las diligencias.

En este sentido, el comandante ha calificado como “muy importante” para la investigación una reunión del 7 de enero de 2016 que aparece en la agenda Moleskine como “último intento”, y en la que según el comandante Convergència y ERC acordaron repartirse las conselleries del Govern (aunque CDC y ERC ya las tenían acordadas desde hacía varias semanas). El encuentro fue una de las últimas reuniones políticas entre los distintos actores soberanistas antes de que Artur Mas renunciara a la presidencia de la Generalitat ante la negativa de la CUP a investirle. El día 9 de enero Puigdemont sería investido president.

Menos precisión a preguntas de las defensas

La precisión en las respuestas del comandante de la Guardia Civil a las preguntas de las acusaciones se convierte en varios “no me acuerdo” y “no lo sé” a las preguntas de Andreu Van den Eynde, lo que ha provocado las quejas del letrado de Romeva y Junqueras. El comandante ha afirmado desconocer que Oriol Junqueras era vicepresident o “tenía algún cargo” en alguna conselleria cuando empezó a investigar las estructuras de estado en 2016 por orden de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. “Sé que era presidente de ERC”, ha puntualizado.

“¿Y entonces por qué ponían el nombre de Oriol Junqueras [en las diligencias]?”, ha inquirido Van den Eynde. El comandante ha indicado que las investigaciones “tienen que ver con personas que hacen cosas” y ha precisado que no se centraron en los cargos políticos o en el Govern sino en las empresas “que podían formar parte del desarrollo de estructuras de estado”.

A preguntas de Judit Gené, que defiende al exconseller Forn, el mando ha indicado que el exresponsable de la conselleria de Interior no contestó a los correos de Trapero sobre las instrucciones que la Fiscalía había ordenado a los cuerpos policiales para el 1-O.

Asimismo, a preguntas de Benet Salellas, el comandante ha dicho no recordar “exactamente” cuándo se aplicó el 155 después de haber afirmado que los actos de hostigamiento a Guardia Civil y Policía cesaron con la suspensión de la autonomía. La defensa intenta así constatar que las protestas y cortes de carreteras se produjeron tanto en la huelga del 3 de octubre como el 8 de noviembre, cuando en esta última fecha ya estaba en vigor el 155.

A cada jefe de los Mossos d'Esquadra desvinculando al cuerpo de los políticos independentistas le ha respondido un mando de Policía o Guardia Civil situando a la policía catalana como elemento clave para el 1-O. Esta dinámica del juicio del procés se ha repetido este martes con la declaración testifical de un comisario y un inspector del servicio de Información de la Policía Nacional presentes en Barcelona en los días previos y la jornada de la votación.

El comisario, que se ha definido como “los ojos del coordinador [el coronel Pérez de los Cobos] en la calle el 1 de octubre”, ha acusado acusa a los Mossos de “favorecer” la votación. El mando ha tildado el comportamiento de la policía catalana de “terrible”, “pasivo” y de “sin sentido”. También ha relatado algunas “actuaciones” de mossos que parecían ser “a título personal”, como agentes que iban “de un colegio a otro” para tratar de “entorpecer” la labor de Policía Nacional y Guardia Civil.

“Hubo actuaciones que sólo podían ser destinadas a facilitar la celebración del referéndum”, ha explicado al fiscal Javier Zaragoza, tras lo cual ha puesto varios ejemplos de mossos que a última hora del día se les vio “permitiendo el recuento” de la votación o “diciendo que se podían llevar las urnas a casa” para que no fueran incautadas.

Aunque ha reconocido que hubo “alguna excepción”, como un mosso que auxilió a un policía cuando salía de un colegio, ha afirmado que le parece “terrible” que algunas actuaciones de agentes del cuerpo autonómico “sólo podían responder al diseño del propio dispositivo”, que le hace “presuponer” que el objetivo de éste era “facilitar” la votación.

Dos inspectores, instructores de las actas de las intervenciones policiales en los distritos del Eixample y Sants, han apuntalado las tesis de colaboración de los Mossos con la votación y han explicado que en dos colegios vieron a los votantes dar las urnas a las patrullas de la policía catalana al finalizar la votación al grito de “hemos votado” y “esta es la nuestra policía”. En un colegio incluso un mosso advirtió a los votantes que “pronto iban a actuar las unidades intervención”, ha apostillado el inspector..

El mando también ha dado un dato desconocido hasta ahora, y es que su unidad recibió órdenes de realizar tan solo labores de información en los colegios ya que sus superiores le comunicaron a las 7:30h. del 1-O que no había “unidades disponibles” de antidisturbios en Barcelona para acudir al barrio de Sants.

El mismo día en que Trapero ha vuelto a cargar las tintas contra Pérez de los Cobos al asegurar que el coronel sí sabía el plan de los Mossos para el 1-O, los mandos han desmentido al major y han respaldado la versión del coronel. Así, han dicho desconocer antes del 1-O que el plan de las tres policías para impedir la votación pasaba por el denominado “binomio” (una pareja) de mossos en cada colegio que llamarían a los antidisturbios si no lograban cerrarlo por sí mismos.

“Me entero del binomio a las 6:30h. del 1-O”, ha dicho el comisario, que al igual que el resto de mandos ha negado conocer el supuesto plan conjunto de los tres cuerpos al que se refirió Trapero y que negó Pérez de los Cobos.

El resto de testigos que han abierto la jornada, todos ellos agentes de la Guardia Civil, han seguido la línea de las declaraciones de la semana pasada y han relatado que fueron insultados, escupidos, incluso agredidos, y que sufrieron contusiones, roces o esguinces. Uno de ellos ha afirmado que tuvo que salir corriendo una vez finalizada la intervención porque la “masa” de gente concentrada se les echaba encima o les perseguía.

El tribunal del juicio del procés, presidido por el magistrado Manuel Marchena, ha aplazado la decisión sobre si acuerda el careo entre el comisario de los Mossos d'Esquadra Ferran López y el coordinador del dispositivo policial para impedir el referéndum, Diego Pérez de los Cobos. La defensa del exconseller de Interior Joaquim Forn, que ejerce el penalista Xavier Melero, había pedido el careo para que los dos mandos policiales confrontaran sus versiones opuestas y contradictorias sobre el papel de los Mossos el 1-O.

En su declaración como testigo este miércoles en el juicio del procés, López, mano derecha del major Trapero en el cuerpo y luego jefe de la policía catalana bajo el 155, ha asegurado que Pérez de los Cobos “validó” el plan de los Mossos para impedir el 1-O: el dispositivo contemplaba en primer lugar que una pareja de mossos –el denominado “binomio” al que aludieron Trapero y otros mandos policiales– se personara en todos los colegios a primera hora del día de la votación para intentar cerrarlos. Si no tenían éxito, debían pedir apoyo de los antidisturbios de Mossos, Policía y Guardia Civil.

Por contra, en su declaración como testigo –y por lo tanto con obligación de decir verdad– Pérez de los Cobos no solo dijo desconocer cuál era el plan de la policía catalana para el 1-O, sino que negó que López le entregara el 29 de septiembre las pautas de actuación de los Mossos para cumplir con el auto del TSJC que instaba a los tres cuerpos a impedir la votación. Lo hizo precisamente a preguntas de Melero, que este miércoles ha pedido el careo. “No es cierto”, respondió Pérez de los Cobos el pasado 5 de marzo.

Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil y que el 1-O era director del gabinete de coordinación y estudios de la secretaría de Estado de Seguridad, llegó a tildar de “estafa” el dispositivo de los Mossos el 1-O. Sobre las pautas de actuación, concretó que no las tuvo hasta el 9 de octubre, cuando Trapero le remitió un informe sobre la actuación de los Mossos el 1-O. “Tengo pocas dudas de que si hubiera pedido las pautas no me las habrían entregado”, apostilló.

Según ha argumentado Marchena, tomar ahora una decisión “esencial y determinante” como es la del careo sería “prematuro” porque todavía no se ha “agotado el material probatorio”, esto es, las comparecencias de testigos y el análisis de documentos.

El teniente de la Guardia Civil al frente del registro en Economía el 20 de septiembre de 2017 ha ratificado este lunes la versión de las acusaciones sobre la responsabilidad de los acusados en los incidentes entorno a la conselleria. El hoy capitán ha sido especialmente concluyente sobre el entonces presidente de la ANC, Jordi Sànchez, al que ha atribuido “poder sobre la masa” concentrada. El testigo es el mando del instituto armado que mantuvo aquel día varias conversaciones con Sánchez y con la intendente de los Mossos Teresa Laplana, imputada en la causa de la Audiencia Nacional y de la que ha dicho “aceptaba todas las decisiones” del líder social del soberanismo.

La contundencia del relato del mando, desprovisto del dramatismo de otros compañeros que han declarado en sesiones anteriores, se ha tornado en dubitativo en el turno de las defensas. Hasta tal punto que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le ha recordado que declaraba bajo juramento. “Señor agente, intente responder con la misma seguridad que ha respondido al fiscal y a las acusaciones, la permanente coletilla de no lo recuerdo nos sitúa en obligación de recordarle que está usted bajo juramento”, le ha advertido Marchena.

El capitán ha afirmado que Jordi Sànchez se le presentó desde el primer momento como “interlocutor válido de la masa”. “La voz cantante de seguridad de lo que había fuera era el señor Sànchez”, ha declarado el capitán de la Guardia Civil. Según ha dicho, era el entonces líder de la ANC y no ningún responsable de los Mossos quien negó sus propuestas para que pudieran acceder a Economía tres de los detenidos de la jornada.

En este sentido, ha atribuido a Sànchez la propuesta de que los detenidos pudieran acceder al edificio por un cordón de un metro y medio de voluntarios de la ANC y también el rechazo a organizar un cordón de tres metros. También se negó, ha añadido, a apartar a los concentrados desde la calzada de Rambla Catalunya hacia el bulevar peatonal. “Él tenía ese poder sobre la masa y dijo que la masa no se lo iba a permitir”, ha rematado.

Sànchez y Laplana

Como testigo de su contacto con Jordi Sànchez, el capitán ha situado a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, quien se personó en la conselleria. La interlocución de Sànchez con dos uniformados –él y Laplana– derivó en una reunión que el capitán ha calificado de “esperpéntica”. Laplana está acusada de sedición en la Audiencia Nacional. La mando de los Mossos consideró ya por la mañana que el hecho de que los manifestantes cortaran la calle no era un problema de “orden público” para “indignación” del guardia civil, según él mismo ha relatado.

Esa “afectación del orden público” no es una consideración subjetiva, según el agente, que trataba de adelantarse al reproche de que estuviera dando su opinión y excediéndose en su condición de testigo. Su alusión al “elemento objetivo” surgió en otras ocasiones durante su declaración.

En esta línea, el capitán ha apoyado su testimonio en una afirmación de una agente de los Mossos d'Esquadra. Ha explicado que el jefe del GRS, el grupo de Guardia Civil encargado de la seguridad de la comisión judicial, le explicó que el plan era salir a través de un cordón de voluntarios de 200 metros, confundidos entre funcionarios del departamento y acompañados de Mossos.

Esta vía, a juicio del testigo, ofrecía el problema de que debían salir con “las cajas de evidencias”, el material requisado en la conselleria. Cuando expuso esto, una agente de los Mossos allí presente le dijo, según su testimonio: “Estáis locos, si salís con las cajas, os matan”. “Con esto quiero hacer ver que el elemento objetivo de riesgo no lo teníamos solo nosotros sino también estas compañeras”, ha continuado. 

Superioridad de “2.200 (manifestantes) a uno”

“No tuvimos la osadía de ejercer nuestro derecho ambulatorio o libertad de movimientos porque nos habrían machacado”, ha afirmado sobre la posibilidad de abandonar el edificio mientras continuaba la concentración. Y ha continuado: “Había un riesgo objetivo y evidente, no solo de que yo lo tuviera asumido sino que estas compañeras de Mossos así lo veían”, ha continuado.

En este punto también se ha referido a los acusados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart: “Me atrevo a decir que (ellos) creían que, uniformados y con cajas, había un riesgo de que nos atacaran”. Al comparar el número de manifestantes con el de guardias civiles, el mando ha dicho que había “una superioridad de 2.200 a uno”.

El capitán también se ha referido a un incidente ya de madrugada, con la letrada de la Administración de Justicia fuera del edificio. Según ha dicho, eran sobre las 2:30 de la mañana cuando algunos manifestantes “estaban echando abajo” la puerta del departamento. La puerta, de hierro y madera, era “maciza”, en palabras del agente. “La sujetamos porque se venía abajo”, ha añadido. Este incidente se produjo más de dos horas después de que Sànchez y Cuixart desconvocaran la concentración encima de los coches de la Guardia Civil aparcados frente a la conselleria.

Más adelante, a preguntas de la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, el capitán de la Guardia Civil ha dicho desconocer si la “avalancha” contra la puerta de Economía quedó recogida por las cámaras de seguridad. “No sé si existen imágenes de la avalancha”, ha indicado el agente, quien también desconoce el motivo por el que no constan las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio en tres informes de la Guardia Civil sobre el 20-S porque no participó en esa investigación.

En su interrogatorio, Roig ha vuelto a reclamar que se exhibieran al testigo los vídeos de las cámaras de seguridad, petición que se ha topado con nueva negativa del magistrado Marchena. El presidente ha recordado de nuevo a las defensas que el criterio del tribunal es dejar la exhibición de los vídeos para la fase documental del juicio y no para confrontar con los testigos, lo que no les quitará “valor probatorio”, ha añadido.

Por último, el capitán ha asegurado, a preguntas de Roig, que las armas de los coches dañados fuera de la conselleria eran “de munición real”, según lo que le trasladó el jefe del grupo encargado de la seguridad. El general de la VII Zona de la Comandancia de la Guardia Civil, Ángel Gozalo, dijo ante el mismo tribunal que se trataba de material antidisturbios, no de fuego.

El jueves fue un día intenso en el Tribunal Supremo. Aunque Josep Lluís Trapero no tenía obligación de declarar al estar pendiente de juicio en la Audiencia Nacional, este lo hizo con rigor, precisión y extensión. El testimonio, hasta el momento, ha sido el más largo. Su lógica argumental no era nueva, le habían precedido los comisarios Manuel Castellví y Emili Quevedo. No hubo contradicciones, todos remaron hacia el mismo sitio. Eso sí, Trapero lo redondeó, le dio empaque al relato. Con sus declaraciones, los altos mandos de la policía catalana defendieron la honorabilidad y profesionalidad del cuerpo de Mossos d'Esquadra. De sus palabras se desprendió sentido de Estado. Marcaron muy claramente la separación entre gobierno e institución.

Tres ideas importantes de la declaración del major. En primer lugar, dejó claro que no estaba de acuerdo con lo que hizo la dirección política. Irresponsables fue la palabra utilizada. Según sus explicaciones, en la reunión celebrada el 27 de setiembre entre la cúpula de la policía catalana y Puigdemont, Junqueras y Forn se insistió en la necesidad de respetar la ley, el 1-O y no solo ese día: “Les emplazamos a cumplir la legalidad y las órdenes judiciales. Les dijimos que, evidentemente, nosotros las cumpliríamos, que no se equivocasen con nosotros”. En segundo lugar, explicó que no sentaron bien las declaraciones a prensa del conseller de Interior y el de Presidencia en la recta final del 1-O: “Les dijimos que no acompañábamos el proyecto independentista”. En tercer lugar, declaró que los Mossos desde el 25 de octubre tenían preparado un dispositivo para detener al president y a los miembros del Govern si así lo requería la autoridad judicial.

Duras declaraciones contra los políticos que estaban en la sala. Y para los que se encuentran en Bruselas, sobre todo para Puigdemont. Pero, paradójicamente en estos momentos, se trata del testimonio más valioso para desmontar el tipo penal de rebelión en el Tribunal Supremo y, posteriormente, en la Audiencia Nacional. Según este relato, la policía catalana no fue un instrumento al servicio del proyecto independentista y, por lo tanto, no hubo 17.000 hombres armados acompañando la declaración de independencia. Que se produjeron errores en la gestión de los días más convulsos de la historia reciente catalana, puede. De hecho, el propio Trapero lo reconoció. Pero que exista el componente de violencia, no parece.

El rapapolvo del major sobre los políticos, de todas maneras, no dista mucho de lo que están intentando sacar a la luz algunas defensas. Que hubo mucha construcción de discursiva pero poca materialidad. Así pues, más de un acusado ha repetido en la sala que el 1-O fue una gran jornada de movilización, una demostración de fuerza, una jornada puesta en pie por una enorme capacidad de autoorganización. Pero fue eso. Ni referéndum ni consulta. La DUI fue una declaración política, sin efectos jurídicos ni administrativos. No había nada preparado para el día después, como así se vio. Y siguiendo con el argumento, los Mossos d'Esquadra fueron Estado, cumplieron con las obligaciones legales que la Constitución, el Estatuto y varias leyes les han encomendado.

Mientras pasan los días, y se suceden declaraciones en el Tribunal Supremo, la rebelión se deshace como un terrón de azúcar en una taza de café. Pero también lo hace la República imaginaria de Torra. Quizá un buen punto de partida para re-comenzar.

“Para nosotros el 20-S no tuvo nada de festivo”. La letrada de la administración de justicia (LAJ) del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Montserrat del Toro López, ha descrito la protesta del 20-S frente a la conselleria de Economía de forma opuesta a los acusados, que destacaron su carácter pacífico. La ha tildado de “tumulto”, ha dicho que sintió “miedo” y que sufrió por su “integridad física” porque “era imposible salir”. Sin embargo, ha entrado en varias contradicciones cuando ha sido sometido a las preguntas de las defensas.

Para la Fiscalía, el testimonio de Del Toro, junto al de los guardias civiles que participaron en el registro de Economía el 20-S, es clave para demostrar la supuesta inacción de los Mossos d'Esquadra para proteger a la comitiva y que la protesta de Òmnium y ANC no era tan solo para ejercer su derecho a la protesta contra los registros, sino que se enmarcaba en la estrategia para imponer la independencia de forma unilateral.

Respecto al supuesto asedio al departamento, Del Toro ha precisado que el registro iniciado a las 8:00h. se alargó hasta las 20:40h. no debido a los manifestantes, sino a que se entró en varios despachos de la conselleria. No obstante, ha agregado que ya desde el mediodía tuvo consciencia de que sería imposible salir por la puerta debido a la manifestación frente a las puertas del departamento. Durante todo el día oyó desde la conselleria “ruidos, murmullos y el ruido típico de un tumulto [palabra contenida en la definición del delito de sedición]”.

De ahí que a las 21:15, subiera a una azotea situada en la cuarta planta –de un edificio de seis– y viera por primera vez y fotografiara a “la masa” que se concentraba frente al departamento, desde donde pudo apreciar “capas de personas”. Allí pidió un helicóptero porque “no se podía salir por la puerta y solo quedaba salir por aire”. Pese a que la solicitud iba “en serio”, ha lamentado que los policías del registro se rieron de ella porque “pensaban que era una broma”.

Una vez descartado el helicóptero, rechazó las tres ofertas que le hicieron los Mossos d'Esquadra para salir del edificio. Según su relato, las tres ofertas se sucedieron entre las 21:30 y las 22:00h. Las descartó todas por “inadmisibles”, ya que no podían garantizar su “integridad física” ni las actas del registro que llevaba en una carpeta. Las ofertas consistían en que dos agentes de los mossos la acompañaran hasta el metro, que los concentrados formaran un pasillo o que el pasillo lo formaran antidisturbios de la policía catalana.

Las defensas han insistido en preguntarle por qué rechazó estas ofertas si no era persona pública que los concentrados pudieran reconocer y las actas del registro se podían llevar en una carpeta que no pesaba y no la identificaba como secretaria judicial. “La puerta no era una opción segura”, ha reiterado.

Asimismo, la letrada de Jordi Cuixart, Marina Roig, ha conseguido que la testigo admitiera que no hizo constar en el acta del 20-S una llamada del juez que le autorizaba a registrar más despachos de Economía de los cuatro inicialmente incluidos en el auto, lo que según Roig hizo alargar el registro. Del Toro ha explicado que una vez dentro de Economía, llamó al magistrado instructor, el fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer, y éste le indicó que debía registrar todos los despachos del área de procesos electorales (que no obstante no estaban incluidos en el auto).

A la pregunta de Roig de por qué no hizo constar esa llamada con el juez en el acta de entrada y registro del 20-S, Del Toro ha alegado: “No hice constar todas las incidencias dada la envergadura de la entrada y registro”

La azotea y el teatro

Del Toro llamó pasadas las 22:00h. entonces al juez instructor, el fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer, que, según su versión, instó al major Josep Lluís Trapero a sacarla de la conselleria. Los Mossos propusieron entonces que saliera por la azotea de Economía y el edificio contiguo del teatro Coliseum, idea que Del Toro ha lamentado “no poder tener ni un minuto para pensar ni aceptar”. Finalmente, pasadas las 23:00h., volvió a la azotea de la cuarta planta, saltó un “murete” de un metro ayudada por los agentes, entró en el teatro por el tejado y salió custodiada por ocho mossos de paisano.

En un escrito que mandó al juzgado 13 tras el registro, la secretaria aseguró que “jamás” había sentido “mayor vergüenza y humillación” que el 20 de septiembre, cuando tuvo que escapar cual delincuente“ trepando por la azotea”, ante su “absoluto abandono”. “Pongo de manifiesto la sensación de absoluto abandono que padecí y el terror de ver aquella cantidad de gente enardecida y fuera de control”, afirmó, sensación que ha reafirmado este miércoles: “Yo fui un auténtico fantasma. Nadie intentó ponerse conmigo para nada”.

Una semana, toda una semana he aguantado sin asomarme al juicio contra los independentistas catalanes, el tiempo necesario para que se me pasara el bochorno de hace siete días. Seguro que en esos días me he perdido momentos decisivos, fiscales con pistolas humeantes, testigos traumatizados al recordar la rebelión violenta, defensas enmudecidas ante la evidencia, y acusados que agachan la cabeza y a punto están de declararse culpables. Pero qué mala suerte la mía: otra vez me asomo al juicio, y me vuelve a pasar lo mismo: otro mal día para los partidarios de la acusación de rebelión. Seré yo, que soy gafe.

Tenía ganas de oír testigos, ya que después de la decepción de los interrogatorios a los acusados, se nos dijo que aquello era un mero trámite, la verdadera chicha del juicio estaría en los testigos y las pruebas. Pero me da que tras los testigos nos dirán que esperemos a las pruebas, que esas nunca fallan y ahí brillará por fin la rebelión violenta esa que justifique el año y pico que llevan nueve personas en la cárcel y las altas peticiones de penas a que se enfrentan.

Y mira que los testigos, de entrada, son convincentes. Cuando les interrogan la fiscalía, la abogacía del Estado y la acusación son tan convincentes, que si me dicen que lo han ensayado antes, me lo creo. Si solo escuchas esa parte, ya apenas necesitas más que un descomunal ejercicio de fe ciega para reconocer la violencia de aquellos días. Ahí está el estremecedor testimonio del exdelegado del gobierno, Enric Millo: amenazas, hostigamiento, ataques, artefactos incendiarios, chalecos antibalas rajados, karatekas y hasta la mítica trampa de Fairy, el milagro antigrasas. Al oírlo sentí miedo retrospectivo: el que no sentí en aquellos días, porque debía de estar yo muy ciego para no verlo.

Pero luego llega el turno de las defensas, y el azucarillo de la violencia se deshace entre imprecisiones, mala memoria y relatos de oídas. “No me acuerdo”, “No lo sé”, “Lo vi en la prensa”, “Lo oí contar”, “Leí un tuit”… De pronto los artefactos incendiarios se quedan en uno solo y dudoso, las amenazas no se saben de quién vienen, no hay informes, no hay detenidos, ni policías de baja.

Un ejemplo del intercambio de Millo y un abogado de la defensa:

“-¿Quién le dijo que en los CDR había gente violenta?

-Me lo dijo mucha gente.

-Diga nombres, y los traemos a declarar.

-Es que no fue una persona, fueron muchas.

-Pero diga algún nombre.

-Es que fueron muchos.“

Lo más sorprendente es que vayan como testigos quienes no vieron, no recuerdan, supieron de segunda mano o porque lo vieron en la tele. Por no ver, no vieron ni la violencia que sí vimos casi todos (algunos tan de cerca que se llevaron un porrazo), y que también ha visto la Audiencia de Barcelona.

Lo único que vieron los testigos fue lo evidente, lo que nadie niega, ni los propios acusados: que los mossos no impidieron el referéndum porque prefirieron mantener el orden antes que impedirlo con violencia, como sí intentaron policía y guardia civil. Algo innegable, y que tendrá o no consecuencias penales, pero que tampoco aporta mucho al casillero de la rebelión violenta si pensamos que aquel 1-O los palos cayeron todos del mismo lado.

Así que tras la primera tanda de testigos (la cúpula entera de interior nada menos), seguimos esperando la rebelión violenta. Hemos visto muchas cosas, sí, incluso cosas que pueden ser punibles. Pero violencia, poca. Si tampoco queda demostrada con los testigos, no desesperen: llegará con las pruebas. Yo estoy deseando ver el momento en que hacen la pericial del Fairy allí mismo, en la sala, con el fiscal ofreciéndose voluntario para hacer de policía que resbala al entrar, y el abogado de Vox como karateka.

La tesis de que la violencia ha impregnado el proceso rupturista en Catalunya hasta sostener una acusación por rebelión recibió este miércoles una contribución inesperada. Ocurrió durante las declaraciones como testigos de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría ante el tribunal del procés. En su interés por justificar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ambos coincidieron en describir un insoportable clima de violencia durante las cinco semanas previas a la suspensión de la autonomía. Violencia, sí. El ingrediente que la Fiscalía y Vox se esfuerzan por conseguir para dar con la pócima de una condena por rebelión, delito castigado con hasta 25 años de cárcel.

La insistente mezcla de los siete vehículos de la Guardia Civil dañados, con el pasillo menguante ante la Conselleria de Economia y el plan fantasma que incluía la violencia, pero solo como amenaza, cuenta desde ayer con el aliño de las declaraciones miméticas de Rajoy y Sáenz de Santamaría. Centradas como estaban Fiscalía y acusación popular en los acontecimientos del 20 de septiembre, ayer llegó el momento de la protesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, contra el registro de Unipost o ante los hoteles de los policías y guardias civiles de la Operación Copérnico, por citar los pocos ejemplos concretos que mencionaron los testigos sin entrar en detalle.

El fiscal Javier Zaragoza preguntó por la mañana a Soraya Sáenz de Santamaría si aquello del 20 de septiembre se reprodujo en las semanas que le siguieron. La respuesta encajó como un guante en la tesis del Ministerio Público sobre el carácter violento del procés. “Sí, prácticamente nos encontramos con imágenes en que en cualquier actuación judicial que se llevaba a cabo; registros, en domicilios, en naves, en detenciones... Se daban aglomeraciones con imágenes de naturaleza violenta”, le respondió la exvicepresidenta. El término “naturaleza violenta” acababa de presentar su firme candidatura a estar presente en el escrito de conclusiones de la Fiscalía.

“Pero además sufrimos mucho políticamente como consecuencia de que muchos alcaldes y concejales, en un clima de acoso masivo generalizado y sistemático, recibían amenazas y coacciones. Y yo hablé con alguno de ellos para transmitirle también mi apoyo porque es muy duro vivir lo que estaban viviendo en ese momento”. “Acoso masivo generalizado”, segunda expresión candidata a consagrarse en la petición de un cuarto de siglo de la cárcel de la Fiscalía para Oriol Junqueras y algunos años menos para el resto.

Los abogados de las defensas enseguida vieron la que se les venía encima y pidieron explicaciones. ¿De dónde procedía la información sobre esa violencia? Llegaban del Ministerio del Interior, de la Delegación del Gobierno, replicó Sáenz de Santamaría, y “las vimos en televisión, como toda España”. Planteamiento, nudo y desenlace sobre quiénes eran los responsables: los acusados. Ellos sabían que se podían “volver a encadenar situaciones violentas como la del 20 de septiembre” porque, según la exvicepresidenta, así se lo habían comunicado los Mossos d'Esquadra. Pese a ello siguieron adelante con el plan del referéndum.

A uno de los abogados de la defensa se le ocurrió plantear que podían tratarse de “escraches”. “Yo sé lo que es un sufrir un escrache y eso en Cataluña no fue. Fue un acoso violento”, afirmó Sáenz de Santamaría. La testigo a cuando la PAH fue a su casa a gritar contra la política de vivienda del Gobierno y su abogado acusó a los activistas de acoso y desobendiencia. La causa fue archivada.

Como cabía esperar de una intervención “mariana”, con Rajoy descendió el dramatismo y aún más el esfuerzo por el detalle. Era violencia, sí. Y sirve como argumento para eternas condenas de cárcel. También. Él estaba “francamente, seriamente, preocupado”. De los días anteriores al 20 de septiembre no recuerda ningún acto violento, confesó al letrado de Junqueras. Y en los días siguientes al 20 de septiembre se pronunció públicamente en cuatro ocasiones sobre asuntos que concernían a los consellers defendidos por Francesc Homs y en ninguna utilizó el término violencia, según le recordó el letrado.

Él, Rajoy, tiene “una idea general” de lo que pasó. Y esa idea es que se produjeron “acontecimientos que no son propios de un país como el nuestro”. ¿Cuáles eran? Pues la protesta ante la conselleria, ante el TSJ de Catalunya, en “domicilios particulares”...

“¿Y los alcaldes?”, le preguntó el abogado Jordi Pina, que defiende a Rull, Turull y Jordi Sánchez. “¿Cuántos alcaldes tenía el PP y Ciudadanos?”, insistió el letrado. Antes de que Rajoy pudiera contestar que ninguno, el presidente del tribunal cortó por improcedente la pregunta. “Muchos alcaldes socialistas, según tuvimos oportunidad de ver en los medios de comunicación. Decir que no hubo ningún acoso, ninguna crítica, contra ningún alcalde es estar ciego”, acertó a decir Rajoy. De esa clarividencia a una petición de 25 años de cárcel apenas hay un parpadeo.

Una defensa cerrada del pacifismo del proceso soberanista, buscando el cuerpo a cuerpo con el fiscal y sin olvidar alegatos de calado político. Así se desarrolla la declaración como acusado del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en el Tribunal Supremo. “En Catalunya el descontento se canaliza sin violencia y sin el 'a por ellos'”, ha proclamado Cuixart.

El interrogatorio del fiscal Jaime Moreno se ha centrado en la protesta del 20-S frente a Economía, uno de los ejes de la rebelión para las acusaciones. El presidente de Òmnium Cultural ha repelido las preguntas del fiscal con una defensa del “pacifismo” de la protesta. “Si hubiéramos visto indicios de violencia, el 20 de septiembre habríamos desconvocado”, ha afirmado.

Ha insistido Cuixart en que Òmnium y la ANC siguieron el plan previsto, esto es, desconvocar la protesta frente a la conselleria a media noche. “El 20-S no me sorprendió la actitud de la ciudadanía, estoy convencido de que si volviera a ocurrir pasaría lo mismo a excepción de los destrozos de los coches”, ha afirmado Cuixart, para a renglón seguido instar al fiscal, con ironía, a preguntarle “por los destrozos de la Policía el 1-O, porque los votantes no tiraron ni una papelera”.

No ha sido la única comparación con el 1-O lanzada por Cuixart para quitar hierro a los vehículos de la Guardia Civil destrozados. “Los daños están, pero son meramente anecdóticos y lo digo con todo el respeto, al igual que los daños que hicieron en los colegios el 1-O los policías y los guardias civiles”, ha aseverado.

Al igual que Jordi Sànchez, Cuixart ha lamentado los daños en los coches, pero se ha desvinculado de los mismos. “Que se rompa algo me molesta porque soy así, los coches de la Guardia Civil también son parte de la sociedad catalana y no me gusta ver daños”, ha lamentado.

“No hubo violencia, lo dijeron todos los medios de comunicación al día siguiente”, ha defendido. Ha alegado que su defensa ha presentado una pericial con medios de todo tipo de ideología que hablan únicamente, al día siguiente, “de una concentración muy grande”. “El 21 de septiembre, Jordi Sànchez y yo éramos dos perfectos desconocidos para la sociedad española. Son ustedes los que nos han hecho famosos encarcelándonos porque la gente por la calle no nos conocía”, ha remachado.

El fiscal ha preguntado a Cuixart si detectó algún “alborotado” en la manifestación y si cree que hubo pocos incidentes “por lo que podía haber pasado”. La respuesta de Cuixart vuelve a ser un alegato pacifista. “La actitud de la gente era pacífica, serena y cívica, pero con un descontento muy grande. En Catalunya el descontento se sabe canalizar sin violencia y sin el 'a por ellos'”, ha proclamado en referencia a los gritos con los que algunos policías desplazados a Catalunya fueron despedidos de algunas comisarías.

No se reconoce ante Llarena

Al igual que otros acusados como Oriol Junqueras o Jordi Sànchez, Cuixart se ha reivindicado como “preso político”. Sin embargo, Cuixart ha sido el primero en no reconocerse en las declaraciones que prestó en fase de instrucción ante el juez Pablo Llarena. Según ha argumentado Cuixart, su prioridad ante Llarena era “salir de la cárcel al precio que fuera”. De ahí que responsabilizara a un empleado de Òmnium como el encargado de tuitear el 20-S desde la cuenta oficial de la entidad un mensaje que llamaba a la movilización frente al departamento.

Pero en el juicio, tras permanecer en prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017, su objetivo es otro. “Ahora mi prioridad es denunciar vulneraciones de derechos y libertades en el conjunto de Estado español. Quier salir absuelto, pero mi prioridad también es la resolución del conflicto entre Catalunya y España”, ha explicado.

Este giro de Cuixart se explica por la convicción interna del presidente de Òmnium de que nada de lo que hizo en el otoño soberanista catalán es delito. Y en el banquillo del Tribunal Supremo no ha tenido problema para decir que lo volvería a hacer. “El 1-O es el ejercicio de desobediencia civil mas grande que ha habido nunca en Europa y todos tendríamos que estar orgullosos”, ha reivindicado.

Al igual que otros acusados como Jordi Turull, Josep Rull o Dolors Bassa, Cuixart ha reconocido el “dilema” del soberanismo el 1-O: acatar la suspensión del Tribunal Constitucional del referéndum o “ejercer derechos fundamentales”. Su elección es clara: “Òmnium va a ejercer siempre el derecho a manifestación y reunión. Nosotros asumimos el papel que tenemos el 1-O como agente movilizador en defensa de los derechos fundamentales, y nunca vamos a renunciar a ellos”.

Y citando al exsecretario general de CCOO Marcelino Camacho, quien dijo que el derecho a huelga se gana haciendo huelga, Cuixart ha reivindicado que el “derecho a votar se gana votando”.

Todo el soberanismo de público

Cuixart ha insistido, sin recibir ningún reproche por parte del tribunal, en enmarcar el 20-S no como un mero registro o protesta, sino como un fenómeno político de más profundidad que, a su juicio, ponía en cuestión el conjunto del autogobierno catalán. “El sentimiento a favor del autogobierno en Catalunya va más allá del soberanismo y el independentismo”, ha sostenido.

El propio Cuixart ha liderado desde prisión los esfuerzos de Òmnium para coser los distintos sectores del soberanismo, tal y como él mismo explicó en una entrevista en eldiario.es. En este sentido, el público que arropa a Cuixart en la sala de plenos del Supremo reúne a todos los partidos: están presentes el president de la Generalitat, Quim Torra (JxCat); la consellera de Salut, Alba Vergès (ERC), el diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera y el diputado de En Comú Podem en el Congreso, Joan Mena.