El ingreso de las pensiones vuelve a situarse en el tramo final del mes de abril, como viene siendo habitual en los últimos meses. Aunque el calendario oficial establece un margen más amplio para efectuar estos pagos, la mayoría de entidades financieras opta por adelantar el abono, lo que permite a los pensionistas disponer del dinero antes de que termine el mes.

Este adelanto no responde a una única fecha común a todas las entidades bancarias. Cada banco fija su propio día dentro de un periodo relativamente concentrado, lo que provoca que haya diferencias entre clientes en función de la entidad con la que operan. Esa diferencia, que puede ser de varios días, es una de las principales causas de duda entre quienes esperan el ingreso.

Para abril de 2026, las fechas ya están definidas y siguen esa misma lógica: pagos distribuidos entre mediados y finales de la última semana del mes, con algunos bancos adelantando más que otros. Conocer este calendario resulta clave para evitar incertidumbre y saber cuándo se recibirá la prestación.

Cuándo se cobran las pensiones en abril

El calendario arranca el miércoles 22 de abril, día en el que Bankinter tiene previsto realizar el ingreso a sus clientes. En esa misma jornada también se sitúa Unicaja, que adelanta el abono respecto a la mayoría de entidades. A partir de ahí, el grueso de los pagos se concentra en el viernes 24 de abril.

Ese día está fijado como referencia para CaixaBank, Banco Santander, Banco Sabadell, Ibercaja y Caja Rural. Se trata de la fecha en la que más pensionistas recibirán el ingreso. El sábado 25 de abril será cuando BBVA e ING lleven a cabo el abono de las prestaciones, aunque al coincidir con fin de semana no se descarta que el ingreso pueda reflejarse el lunes 27 en algunos casos. En el caso de Kutxabank, el pago se sitúa en ese mismo entorno, con previsión de realizarse entre el 25 y el 27 de abril.

El calendario se cierra el lunes 27 de abril, cuando Abanca comenzará a ingresar las pensiones a sus clientes. De este modo, el conjunto de pagos queda distribuido en un margen de cinco días, en línea con lo que ocurre de forma habitual. En términos generales, todas las fechas se sitúan antes de que finalice el mes, aunque con diferencias claras entre entidades. Esta dispersión es la que explica que no todos los pensionistas cobren al mismo tiempo, pese a tratarse de una misma prestación.

Qué hacer en caso de que no hayas recibido el pago de la pensión

Cuando el ingreso no se ha producido en la fecha en la que normalmente se espera, lo más útil es empezar por situarlo dentro del calendario real de pagos de ese mes. Dado que las entidades no actúan todas a la vez, es posible que el abono aún esté dentro del plazo habitual aunque otros beneficiarios ya lo hayan recibido.

Otro aspecto a tener en cuenta es que estos adelantos no forman parte de una obligación fija. El sistema permite que las pensiones se abonen algo más tarde, por lo que pequeñas variaciones en el día de ingreso pueden darse sin que exista un problema real. Si pasan varios días y el saldo sigue sin actualizarse, lo razonable es consultar directamente con el banco. Las entidades pueden comprobar si el movimiento está en proceso o si se ha producido algún retraso puntual en la contabilización.

También es recomendable revisar la información asociada a la cuenta en la que se recibe la prestación. Cambios recientes o incidencias técnicas pueden influir en el momento en el que el dinero queda disponible. Cuando no se obtiene una aclaración suficiente o la demora se alarga más de lo habitual, el siguiente paso es dirigirse a la Seguridad Social. A través de sus canales de atención es posible confirmar si el pago se ha emitido correctamente y descartar errores en la tramitación.

En la práctica, este tipo de situaciones suele resolverse en poco tiempo y sin necesidad de realizar gestiones complejas. Por eso, antes de iniciar cualquier reclamación, conviene comprobar bien el calendario de la entidad y tener en cuenta el margen en el que se concentran los ingresos cada mes.

En Castilla-La Mancha, los centros logísticos automatizados ya no son una promesa de futuro, sino una realidad palpable. En ellos, la tecnología no solo aumenta la productividad: también reduce de forma significativa el número de trabajadores necesarios. Donde antes hacían falta cientos de empleados, hoy bastan decenas apoyados por robots, algoritmos y sistemas inteligentes. Este nuevo paisaje económico, que convive con nuestros campos y molinos, nos plantea una pregunta inevitable: ¿Quién pagará las pensiones dentro de veinte o treinta años?

El debate suele presentarse como un enfrentamiento entre generaciones. Por un lado, los jubilados, que reclaman pensiones dignas tras toda una vida de trabajo y cotización —porque su pensión no es un regalo, sino el fruto de haber contribuido durante toda su vida laboral—. Por otro, los jóvenes, que perciben cómo su salario soporta una creciente presión fiscal mientras su futuro resulta incierto. Sin embargo, este conflicto es, en gran medida, un espejismo. Enfrentar a un joven mileurista con un jubilado es discutir por las migajas, mientras el verdadero problema sigue sin resolverse.

Una trampa fiscal compartida

La situación actual refleja una contradicción evidente. Las pensiones suben para mantener el poder adquisitivo, pero un sistema fiscal que no se ajusta a la inflación provoca que parte de esa mejora se diluya. Al mismo tiempo, muchos trabajadores jóvenes sienten que su esfuerzo fiscal es cada vez mayor, sin que ello se traduzca en una mejora real de su capacidad de ahorro o acceso a la vivienda.

El problema no es que unos reciban demasiado o que otros aporten demasiado. El problema es que el sistema sigue dependiendo casi exclusivamente del trabajo humano en una economía que ya no funciona así.

Cuando la riqueza ya no depende solo del trabajo

La automatización ya está transformando sectores enteros en Castilla-La Mancha. Lo vemos en la logística, pero también en otros ámbitos donde la tecnología permite producir más con menos empleo directo.

Esto genera una paradoja: aumenta la productividad y la riqueza, pero la base tradicional que financia el sistema —las cotizaciones sobre el trabajo— pierde peso relativo. Aquí surge una idea cada vez más presente en el debate económico: si las máquinas generan valor, ¿por qué no contribuir también al sostenimiento del sistema público?

Silicio y pensiones: ampliar la base del sistema

No se trata de frenar la innovación, sino de adaptarse a ella. Igual que en su día se construyó el Estado del bienestar sobre las cotizaciones del trabajo, hoy podría incorporarse una nueva vía: captar parte de la riqueza generada por la automatización y la inteligencia artificial. Podríamos llamarlo, de forma sencilla, una “cuota de solidaridad tecnológica”. Una forma de que el silicio —la base de los microchips que hacen posible esta revolución— también contribuya al contrato social.

Las consecuencias de un enfoque así serían relevantes:

Cambiar el enfoque para evitar el conflicto

Cuando se amplía la base de financiación, el debate deja de centrarse en cuánto debe aportar cada generación. Ya no se trata de enfrentar a jóvenes y jubilados, sino de adaptar el sistema a una economía que ha cambiado profundamente.

En ese contexto, medidas como ajustar el IRPF a la inflación dejarían de ser una amenaza para las cuentas públicas y pasarían a ser una cuestión de sentido común y equidad.

El verdadero reto

El desafío no es menor. Se trata de actualizar un modelo diseñado en el siglo XX para una economía que ya pertenece al siglo XXI. La tecnología no es solo una herramienta de producción: es también una fuente de riqueza que debe formar parte del sostenimiento colectivo.

Enfrentar generaciones es un error. Es discutir por el último vaso de agua en medio del desierto. La solución no es repartir mejor la escasez, sino encontrar una nueva fuente.

Esa fuente puede estar en la fiscalidad tecnológica. Solo incorporando al sistema la riqueza generada por la automatización podremos garantizar algo esencial: que los jóvenes de hoy lleguen a ser los jubilados dignos de mañana.

Quizá el futuro del contrato social no se escriba únicamente con el esfuerzo humano, sino también con el silicio de las máquinas que ya están transformando nuestra economía.

La pensión media por jubilación se situó en Asturias en marzo en 1.835,89 euros, el segundo mayor importe entre las comunidades autónomas tras el País Vasco, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La pensión por jubilación, que en la comunidad perciben 187.922 personas, es un 17,1% superior a la media nacional, que ascendió a 1.568,46 euros.

La tercera más alta del país

La pensión media en Asturias -incluidas las de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente y en favor de familiares- ascendió a 1.575,83 euros, un 3,72 % más que hace un año.

La pensión media asturiana, que es un 15,24 % superior a la media de España (1.367,38 euros), es la tercera más alta de entre las comunidades autónomas, por detrás del País Vasco y Madrid.

Por tipo de pensiones

El número total de pensiones en Asturias ascendió en marzo a 303.051, un 0,43 % más que hace un año.

Por tipo de pensiones en Asturias, además de la de jubilación, la de viudedad se situó en una media de 1.110,67 euros, con 75.746 beneficiarios, y la de orfandad, en 665,44 euros, con 8.630 beneficiarios.

La pensión de incapacidad permanente, que en Asturias cuenta con 28.701 beneficiarios, fue de 1.409,68 euros, y la de favor de familiares, con 2.052 pensionistas, de 1.082,91 euros.

La revalorización

En todo el país, la Seguridad Social ha abonado este mes 10,46 millones de pensiones a 9,5 millones de pensionistas, lo que ha supuesto un desembolso de 14.307,7 millones de euros, un 6,04 % más que en marzo de 2025-, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Seguridad Social.

Este incremento recoge la revalorización de las pensiones aprobada para este año, con una subida del 2,7 % con carácter general, tasa que asciende al 7 % en el caso de las mínimas y al 11,4 % en el de las no contributivas.

La pensión media

Del total de la nómina, 10.474,4 millones de euros van destinados a las pensiones para los jubilados, 2.280,4 millones para la pensión por viudedad, 1.329,8 millones para las incapacidades permanentes, 184,7 millones para la orfandad y 38,3 millones para las prestaciones en favor de familiares.

La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de los pensionistas (6,7 millones de personas), se sitúa en 1.568,5 euros mensuales, un 4,4 % más que el mismo mes del año pasado.

Por regímenes

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del régimen general es de 1.728,7 euros mensuales, mientras que la del régimen especial de trabajadores autónomos es de 1.057,6 euros.

Además, en el régimen de la minería del carbón fue de 2.997,6 euros mensuales y en el régimen del mar fue de 1.733,4 euros.

La pensión media de viudedad alcanzó los 973,4 euros mensuales.

La brecha de género

La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.726,3 euros de media, siendo superior la del régimen general, que se situó en 1.856,15 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de febrero.

En marzo, 1.413.697 pensiones reciben el complemento para reducir la brecha de género, de las cuales el 76,4 % son mujeres (1.079.933) con un complemento medio de 76,95 euros al mes.

Complemento por hijos

El 24,1 % de los beneficiarios tiene un hijo, el 49,7 % dos hijos, el 17,8 % tres y el 8,4 % cuatro, con un complemento de 36,9 euros mensuales por hijo, tras la revalorización de este año, que se solicita al pedir la pensión.

Además, la nómina de las pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.765,4 millones de euros en febrero (último dato disponible), un 5,9 % más, al abonarse 738.008 prestaciones, un 2 % más, a 718.105 pensionistas.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas. 

El calendario de pago de las pensiones vuelve a situarse entre las principales preocupaciones de millones de beneficiarios a medida que avanza el mes. Saber con antelación el día en el que se recibirá el ingreso permite organizar gastos básicos. Aunque existe una referencia general fijada por la Seguridad Social, en la práctica el momento exacto del abono depende de la entidad bancaria en la que esté domiciliada la prestación.

El sistema establece que las pensiones se abonan a mes vencido, con un marco que sitúa el pago entre los primeros días del mes siguiente. Sin embargo, la mayoría de bancos adelanta ese ingreso a los últimos días del mes en curso. Este funcionamiento se ha consolidado y, salvo excepciones puntuales, se repite de forma bastante estable mes a mes, lo que permite anticipar con cierta precisión cuándo se cobrará en función de la entidad.

Fechas de abono en marzo de 2026 según cada banco

En marzo de 2026, los pagos volverán a concentrarse en la última semana del mes, principalmente entre el lunes 23 y el miércoles 25. Las primeras entidades en realizar el ingreso serán Bankinter y Unicaja, que prevén abonar la pensión el lunes 23 de marzo. Este adelanto las sitúa, como es habitual, entre los bancos que más pronto ingresan la prestación.

El martes 24 de marzo será el turno de CaixaBank y Banco Santander, junto con otras entidades asociadas a sus grupos. A partir de ahí, el miércoles 25 se concentrará la mayor parte de los pagos, con ingresos previstos en BBVA, Banco Sabadell, Abanca, ING, Ibercaja, Kutxabank, Cajamar y Openbank, entre otros. Este último día reúne a la mayoría de entidades y, por tanto, a un volumen significativo de pensionistas.

Este reparto responde a la operativa interna de cada banco. Aunque la Seguridad Social fija el marco general, son las entidades las que deciden cuándo hacen efectivo el ingreso una vez disponen de la información necesaria. Por eso, dos personas con la misma prestación pueden cobrar en días distintos si tienen su pensión domiciliada en bancos diferentes. Aun así, el patrón es claro: los abonos se concentran en un margen reducido de días al final de cada mes.

Qué hacer si no te han ingresado la pensión

Si el ingreso no aparece en la cuenta en la fecha habitual, lo primero es comprobar el día concreto en el que suele abonar la pensión la entidad bancaria correspondiente. No todos los bancos pagan el mismo día y puede haber diferencias de hasta dos jornadas dentro de ese calendario concentrado en la última semana del mes.

También conviene tener en cuenta que, aunque los bancos adelantan el pago, la referencia oficial permite que el abono se realice dentro de los primeros días del mes siguiente. Esto significa que un retraso puntual no implica necesariamente una incidencia grave, sino que puede deberse a cuestiones operativas o a la forma en la que cada entidad procesa los ingresos.

Si tras esperar ese margen el dinero sigue sin reflejarse en la cuenta, el siguiente paso es contactar con el banco para verificar el estado del pago. La entidad puede confirmar si el ingreso está pendiente de contabilización o si existe alguna incidencia concreta. En paralelo, es recomendable revisar que los datos bancarios estén actualizados, ya que cambios recientes en la cuenta pueden afectar al proceso.

En caso de que no haya una explicación clara o el problema persista, el pensionista puede acudir a la Seguridad Social para comprobar si el pago se ha tramitado correctamente. A través de sus canales de atención es posible verificar la situación y detectar posibles errores administrativos. En la mayoría de los casos, los retrasos se resuelven sin necesidad de gestiones complejas y dentro de los plazos previstos.

Ya hay fecha para hacer efectiva la marcha atrás en el recorte “de golpe” en la pensión máxima por jubilación anticipada que la Seguridad Social está aplicando desde el pasado 1 de enero, en lugar de las penalizaciones progresivas pactadas en la reforma de 2021. Como adelantó elDiario.es, el Ministerio de Elma Saiz decidió revertir este criterio tras las quejas de sindicatos, con el apoyo de la patronal, aunque hasta el momento no había aclarado cuándo estaría en vigor. Fuentes del Ministerio responden a este medio que trabajan para que esté listo este mes de marzo.

“Estamos terminando el análisis jurídico sobre este asunto y esperamos que esté resuelto lo antes posible”, afirman en la Seguridad Social. “Nuestra intención es que esté en este mismo mes”, indican a preguntas de este medio.

La cuestión afecta a las penalizaciones (o coeficientes reductores) que se aplican a los trabajadores que se jubilan de manera anticipada y que tienen derecho a recibir la pensión máxima. En la reforma de pensiones de 2021 se pactó que esta penalización aumentara, dado que era en la práctica inferior respecto a los empleados con salarios más bajos, y se acordó un incremento progresivo de 2024 a 2033.

Sin embargo, a finales de año, la Seguridad Social comunicó de manera sorpresiva en la página web de su Simulador de la pensión que a partir del 1 de enero dejaban de ser de aplicación estos coeficientes progresivos. Desde esa fecha, el organismo público está aplicando las penalizaciones previstas para 2033 “de golpe”, como denunciaron varios trabajadores afectados por el cambio a este medio.

En la práctica, esto puede significar un gran —y repentino— aumento de las penalizaciones por retiro anticipado para quienes cobran la pensión máxima. En el caso más extremo, el recorte puede alcanzar un extra de 400 euros al mes. “En mi caso pueden ser 300 euros menos de pensión al mes”, denuncia Íñigo Pastor, que tiene que jubilarse en los próximos meses, cuando cumpla los 63 años, fruto de una prejubilación acordada en su empresa.

Fuentes sindicales esperan también que el nuevo criterio de la Seguridad Social esté listo de manera inminente, antes de que termine marzo. CCOO y UGT exigieron al Ministerio de Elma Saiz que solucionara esta cuestión, además del desbloqueo de la jubilación parcial para los empleados públicos, para seguir negociando cualquier otra cuestión en la mesa de diálogo de la Seguridad Social.

Un nuevo criterio para volver a aplicar los recortes progresivos

La solución por el momento se concretará en un nuevo criterio interno de la Seguridad Social que corrija la instrucción previa que se está aplicando en estos momentos, explican fuentes del diálogo social. Es decir, no tiene que pasar por el Parlamento y puede aplicarse de manera inmediata una vez se dicte.

El foco del conflicto es la interpretación de la Seguridad Social de la ley pactada con los sindicatos y los empresarios en 2021 sobre estos coeficientes reductores. En la disposición transitoria 34 de la Ley de la Seguridad Social se plasmó el periodo transitorio para elevar, poco a poco, estas penalizaciones. Sin embargo, se incluyó un 'pero'.

En el apartado uno se contempló —en un artículo de difícil comprensión— que estos coeficientes “solo resultarán de aplicación” cuando la pensión reconocida no resultase en ningún caso inferior a la que habría correspondido con la aplicación de las normas vigentes en 2021.

La Seguridad Social había interpretado que esta condición ya se había superado. Es decir, que la pensión máxima ya era en todo caso superior a la de 2021, debido a su aumento en los últimos años de elevada inflación. Ahora, el organismo público trabaja en la argumentación jurídica para justificar que se vuelva a aplicar el recorte progresivo.

Quejas por la “incertidumbre” y las pensiones ya recortadas

Varios trabajadores y pensionistas afectados por esta situación han denunciado a elDiario.es la gran “incertidumbre” y la “ansiedad” que están viviendo en relación a la cuantía de sus pensiones. “Que es para siempre”, subraya Íñigo Pastor.

Primero, por un cambio de criterio sin apenas antelación ni comunicación a los afectados por parte de a Seguridad Social, que supone diferencias sustanciales en las cuantías de las prestaciones. Y, después, una vez el Ministerio afirmó a este medio que daba marcha atrás en este recorte de golpe, por la falta de respuestas en este sentido en las oficinas y otros canales de información de la Seguridad Social, donde han seguido diciendo a los afectados que las penalizaciones progresivas ya no son de aplicación.

“La opacidad no puede ser una política pública. Quienes cumplimos los requisitos legales para una jubilación anticipada voluntaria tenemos derecho a que una decisión del tal calado como el cese de la vida laboral pueda tomarse con confianza basada en información veraz y transparente del órgano gestor, tal y como marca la ley y nuestra Constitución”, dice Juan (nombre ficticio), en una queja presentada a la Seguridad Social.

Varios afectados están demorando la jubilación unos meses, hasta que se solucione esta situación. En los sindicatos recuerdan que la pensión se puede pedir con efecto retroactivo de 90 días, por lo que estaban recomendando por el momento aplazar las citas con la Seguridad Social hasta que se aclare este aspecto.

Pero hay algunas personas que no han tenido opción —o suficiente información— y se han jubilado desde el 1 de enero con este mayor recorte en su pensión. Por ejemplo, es el caso de las personas que tenían salidas pactadas en procesos de ERE y prejubilaciones, explica Íñigo Pastor, como algunos de sus compañeros, que tenían que jubilarse cuando cumplieran los 63 años de manera obligada.

Para estas personas que ya se han jubilado durante este primer trimestre, fuentes sindicales indican que han exigido al Ministerio “que puedan revisar la cuantía de su pensión”, algo sobre lo que son optimistas. Eso sí, por el momento no saben qué solución dará el departamento de Saiz: si una revisión de oficio de la Seguridad Social de las pensiones aprobadas en este lapso de tiempo o si las personas afectadas tendrán que pedir de manera proactiva que se les revise su prestación.

La Coordinadora Cantabria de Pensionistas se manifestará el lunes 23 de febrero en en Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Astillero, Camargo y Cabezón de la Sal por el “escudo social”, dentro de las movilizaciones de las coordinadoras de pensionistas en todo el Estado.

La Coordinadora ha recordado que el 27 de enero, PP, Vox y Junts impidieron aprobar en el Congreso el denominado Decreto Ómnibus que contenía, además de la revalorización de las pensiones, el llamado “escudo social”, que incluye medidas como como el bono social energético o la prohibición de cortar el suministro de agua, gas y electricidad.

El Congreso someterá la próxima semana a convalidación los decretos de revalorización de pensiones y del “escudo social” y la Coordinadora Cántabra de Pensionistas ha exigido que sean apoyados por todos los partidos.

“No podemos consentir que los intereses y las políticas partidistas jueguen con la necesidad de las personas. Entendemos, a la vez que lamentamos, que el Gobierno se vea obligado a rebajar, aunque sea puntualmente, la protección de las personas más vulnerables para conseguir los apoyos necesarios con los que salgan adelante las medidas sociales propuestas”, ha manifestado la Coordinadora.

Igualmente el colectivo de pensionistas ha exigido al Gobierno y “a cualquiera que se llame a sí mismo progresista” que “la necesaria protección de las personas vulnerables sea cada vez mayor, que no se conforme con parches o pequeñas medidas, sino que vaya a la raíz del problema, empezando por una reforma fiscal profunda” para una “más justa distribución de la riqueza”.

El inicio de cada mes despierta especial atención entre millones de pensionistas en España, ya que conocer la fecha en que se percibirán los ingresos resulta fundamental para organizar gastos y compromisos financieros. En febrero de 2026, esta planificación vuelve a cobrar relevancia, dado que los hogares dependen de estas prestaciones para afrontar pagos corrientes y garantizar la estabilidad económica personal y familiar.

El calendario de cobro se basa en la planificación establecida por la Seguridad Social, que sitúa el pago de las pensiones entre los días 1 y 4 de cada mes. Sin embargo, el ingreso puede variar según la entidad bancaria en la que se tenga domiciliada la prestación, ya que muchas entidades adelantan el abono para que los beneficiarios dispongan de los fondos antes del inicio formal del mes. Esta combinación entre el calendario oficial y la operativa interna de los bancos determina la distribución de los pagos durante los últimos días de febrero.

Fechas de abono en febrero de 2026 según cada banco

El calendario de febrero de 2026 no presenta festivos nacionales que alteren el patrón habitual de adelantos, por lo que las entidades han organizado los ingresos entre el viernes 20 y el miércoles 25 de febrero, siguiendo su operativa interna. Como ocurre cada mes, el grueso de pagos se concentra en los últimos días laborables previos al cierre del mes.

Las primeras entidades en abonar la pensión serán Bankinter y Unicaja, que efectuarán el ingreso el viernes 20 de febrero. El lunes 23 de febrero está previsto el pago por parte de Banco Santander. El martes 24 de febrero se realizará el abono en CaixaBank e Ibercaja, mientras que el miércoles 25 de febrero concentrará la mayor parte de los ingresos, con los pagos previstos en BBVA, ING, Banco Sabadell, Abanca, Caja Rural y Laboral Kutxa.

Qué hacer si la pensión no se ha depositado en la cuenta

Cuando la pensión no se refleja en la fecha prevista por la entidad financiera, lo primero es verificar cuál es el día concreto fijado por el banco en el que está domiciliado el cobro. En febrero de 2026 los ingresos anticipados se distribuyen entre el 20 y el 25 de febrero, por lo que puede haber diferencias de varios días entre entidades. Además, si la fecha coincide con un fin de semana o con el cierre de la operativa diaria, el movimiento puede mostrarse en la cuenta en la siguiente jornada hábil.

Si tras comprobar el calendario de la entidad el ingreso sigue sin aparecer, es recomendable contactar directamente con el banco para solicitar información sobre el estado de la transferencia. La entidad puede confirmar si el pago está pendiente de contabilización, si existe alguna incidencia técnica o si el retraso responde a un procedimiento interno de validación.

En caso de que el banco indique que no ha recibido la orden de pago, el siguiente paso es acudir a la Seguridad Social para comprobar que la prestación ha sido tramitada correctamente. A través de sus canales de atención, el organismo puede revisar el expediente y verificar que no existe ningún error en los datos bancarios o en la emisión de la orden. Este procedimiento permite determinar si el retraso se debe a la operativa financiera o a una incidencia administrativa.

Como toda gran mentira, la narrativa que asegura que estamos viviendo una guerra intergeneracional contiene elementos ciertos que conviene reconocer. La desigualdad entre generaciones en lo referido a la renta y, sobre todo, a la riqueza, existe y genera una fotografía estática donde ciertos grupos de edad disponen de más recursos que otros. Sin embargo, es completamente injustificado derivar de esa fotografía una causalidad según la cual la pobreza relativa de los jóvenes se debe a la mayor riqueza relativa de los mayores. Ese salto argumentativo ilegítimo permite que se extienda la idea de que el foco debe situarse en la “injusta generosidad” de las fuentes de recursos de las generaciones mayores —como las pensiones—.

La mayoría de los análisis convencionales que abundan en este error carecen tanto de una perspectiva internacional como histórica, algo que lastra su capacidad de entender el fenómeno que aparentemente quieren explicar. El error les conduce a una posición conservadora que es perfectamente funcional al desmantelamiento de las conquistas sociales, lo que paradójicamente agrava el problema que en algunos casos dicen querer resolver.

La historia importa

Desde hace unos 300.000 años los seres humanos vivimos en comunidades que se organizan colectivamente a través de instituciones históricamente específicas. Es de sentido común que nuestro perímetro de posibilidades no es el mismo según seamos miembros de una sociedad de cazadores-recolectores, de una sociedad agraria de la Edad Media o de una sociedad capitalista moderna. Pero tampoco dentro del capitalismo las condiciones han sido las mismas todo el tiempo: no viviríamos igual en la Inglaterra industrial del siglo XIX, en Estados Unidos de posguerra del siglo XX o en la España contemporánea. Entender el tipo de instituciones es central para comprender en qué “mundo” se inserta cada generación y cada individuo.

Esas instituciones cambian con el tiempo, y la sociología ha dedicado mucha atención a las razones que explican esas mutaciones. Una de las explicaciones más potentes es la que se refiere a la lucha política entre grupos sociales, y que en el ámbito laboral es obvia. En el incipiente capitalismo industrial británico no existía lo que hoy llamaríamos derecho laboral, de modo que las condiciones de trabajo eran de explotación severa y venían marcadas más por el límite de los organismos biológicos que por las leyes. Pero las luchas políticas en la sociedad y en el parlamento fueron imponiendo límites a esa explotación, conduciendo a normativas y leyes que protegían de los abusos y excesos más brutales. La lucha política fue construyendo un marco institucional históricamente específico, pero a un coste muy elevado porque la represión siempre fue violenta e implacable: aquellas primeras normativas fueron conquistas devenidas tras miles de muertes por los accidentes laborales y por la represión sindical.

Esa lucha política no se detuvo en aquellas primeras victorias. A lo largo de las siguientes décadas nuevas conquistas fueron ampliando el abanico de protección de la clase trabajadora, hasta que a finales del siglo XIX se fueron condensando en muchos países occidentales en lo que se ha llamado Estado Social o Estado del Bienestar, es decir, en un conjunto de instituciones pensadas para frenar los abusos que la parte más fuerte —el capital— lleva a cabo contra la parte débil —el trabajo—. La especificidad histórica la determina el hecho de que no hay dos Estados Sociales iguales, ni en el espacio —cada país dispone de una versión propia— ni en el tiempo —sus contenidos son continuamente objeto de disputa y redefinición—. Por esa razón es correcto afirmar que las conquistas sociales que encarnan las instituciones siempre son contingentes y nunca definitivas: nunca están garantizadas para siempre.

Los teóricos han tratado de ofrecer una periodización coherente para situar estos cambios a lo largo de la historia reciente, siendo la más fecunda y conocida la que distingue entre el capitalismo salvaje del siglo XIX, el período keynesiano-fordista que se fue desplegando tras la II Guerra Mundial y el período neoliberal que a partir de los años ochenta fue desmantelando las conquistas sociales. Incluso las lecturas más simples de esta clasificación permiten comprender que las instituciones —particularmente las referidas a los derechos laborales— cambian a lo largo del tiempo y afectan desigualmente entre generaciones. 

Es lógico llegar a la conclusión de que un individuo crecido en una sociedad fordista, con sus grandes fábricas y alta afiliación sindical, y protegido por un Estado Social fuerte, no disfruta de los mismos derechos que otro individuo crecido décadas después en una sociedad posfordista o neoliberal donde el trabajo habitual es precario y flexible y se encuentra altamente expuesto a los caprichos de los empleadores. Indudablemente, ambos individuos pensarán la sociedad de forma distinta. Sin embargo, es este tipo de enfoque el que está completamente ausente entre los analistas de la “guerra intergeneracional”. Para ellos es como si los individuos se insertaran siempre en el mismo lugar, vacío de historia y cambio social.

El caso de España

España es un país que tuvo que construir su Estado Social a contramano del resto de Europa, pues justo cuando aquí la recuperación de la democracia impulsaba su construcción en el resto de Europa comenzaba su desmantelamiento. Las bases económicas, además, tampoco eran las más apropiadas para sostener el Estado Social. España transitó hacia la industrialización moderna a finales de los años 50 del siglo XX, pero en los años 70 ya comenzaba la desindustrialización. Durante los años ochenta ese proceso se aceleró, junto con un proceso de desagrarización y el crecimiento del sector servicios (particularmente importante en turismo y servicios inmobiliarios).

El principal efecto de estos cambios fue la caída de los empleos en el sector industrial, que pasaron de representar el 23% en 1980 a caer por debajo del 10% en la actualidad. Esta transformación supuso la desaparición progresiva del obrero de mono azul, que se ubicaba en medianas y grandes empresas con alta presencia sindical, y su sustitución por trabajadores menos cualificados en sectores de baja intensidad sindical. Se desplegaba así una flexibilización e individualización de las relaciones laborales, lo cual dejaba al trabajador en una situación más vulnerable ante el empleador.

Esto no solo iba a tener consecuencias políticas —los obreros organizados tendían a ser la base social de los partidos de izquierdas— sino también económicas. La participación de los salarios en la renta ha ido disminuyendo sistemáticamente y manteniendo una evolución pareja al declive de peso del empleo industrial, como se puede ver en el siguiente gráfico. Eso quiere decir que, de la tarta total del valor monetario de la producción, cada vez una menor parte iba dirigida a los salarios —pero mayor hacia los beneficios empresariales—.

Estos datos sugieren que la desindustrialización ha sido el factor estructural clave en el hundimiento de la participación salarial en España. La industria genera empleos con mayor productividad, mayor poder negociador (concentración en fábricas, sindicatos de rama) y mayor capacidad de captura de rentas por parte de los trabajadores. Así, la terciarización de la economía española —sobre todo hacia servicios de bajo valor añadido, como turismo y construcción— ha debilitado la posición estructural del trabajo frente al capital.

Conviene, sin embargo, evitar lecturas monocausales. Al fin y al cabo, la desindustrialización no ha operado en el vacío. El proceso ha estado acompañado por una creciente financiarización de la economía española y por la inflación persistente del precio de los activos inmobiliarios. Como ya he resaltado en otras ocasiones, la vivienda se ha convertido en un mecanismo central de acumulación patrimonial para las cohortes que accedieron a la propiedad en décadas de precios relativamente bajos y crédito expansivo. Esa dinámica ha amplificado la divergencia patrimonial entre generaciones, pero no porque los mayores “extraigan” recursos de los jóvenes, sino porque el modelo de crecimiento ha desplazado la generación de renta desde el trabajo productivo hacia la revalorización de activos. Es una transformación estructural del régimen de acumulación, no un conflicto entre edades.

En estos cambios institucionales cabe resaltar el papel de las reformas laborales. Particularmente importantes fueron las de 1984 y 1997, pero también las de 2010 y 2012. Todas ellas han tenido como objetivo mermar la capacidad de negociación de la clase trabajadora, lo que se ha traducido en condiciones de trabajo más precarias y salarios relativamente más reducidos. El modelo laboral neoliberal se justificaba en aras de una supuesta mayor capacidad de adaptación de la mano de obra a una estructura productiva desindustrializada y crecientemente dependiente de sectores precarios. Esto fue generando lo que técnicamente se llama un mercado laboral segmentado, donde los individuos de generaciones anteriores tendían a disfrutar de derechos laborales que ya eran inexistentes para las nuevas generaciones.

Este patrón no es exclusivo de España. Todas las economías occidentales han atravesado la misma senda, resultado de los efectos de la globalización neoliberal, pero aquellas que han sufrido procesos más intensos de terciarización y debilitamiento sindical —como Estados Unidos o el Reino Unido— muestran trayectorias más similares de caída en la participación salarial. Por el contrario, países que han preservado un mayor peso industrial y una arquitectura institucional más robusta —como Alemania o algunos países nórdicos— han registrado dinámicas distributivas relativamente más equilibradas. Ello sugiere que el problema no radica en la edad de los ciudadanos, sino en el tipo de estructura productiva e institucional que enmarca sus trayectorias vitales. El hecho de que en todos los países las diferencias de rentas sean más acusadas entre trabajadores jóvenes y trabajadores mayores que entre trabajadores y pensionistas subraya este punto, un aspecto también deliberadamente ignorado por los apologetas de la crítica a los “boomers”.

Hace una década la propuesta de los economistas convencionales fue la del “contrato único”, que era un subterfugio con el que se pretendía homogeneizar las condiciones laborales a la baja: retirando las protecciones-conquistas de los grupos mayores. Actualmente los discursos de la “guerra intergeneracional” son un eco de esas propuestas, aunque de una manera más naif: se argumenta que es el peso de las conquistas de las generaciones anteriores lo que lastra la posibilidad de desarrollo de las conquistas de las generaciones siguientes, centrado habitualmente en el caso de las pensiones.

Conclusión

El énfasis recurrente en las pensiones como supuesto obstáculo para el progreso de las generaciones jóvenes incurre además en un error de perspectiva macroeconómica. El sistema de pensiones no es un mecanismo autónomo que compita con los salarios de los jóvenes, sino una institución que depende estructuralmente de la masa salarial y del nivel de empleo. Cuando la participación del trabajo en la renta se reduce y la estructura productiva se orienta hacia sectores de bajo valor añadido, se deteriora simultáneamente la base financiera del Estado Social. El problema, por tanto, no es la “generosidad” de las pensiones, sino el debilitamiento de la capacidad productiva y distributiva del conjunto de la economía. El problema no son los boomers, sino que el mundo donde se insertaban ha sido sustituido por otro con una fracción de sus derechos y oportunidades laborales.

En realidad, hay que darle la vuelta al argumento: ha sido la incapacidad histórica de defender las conquistas anteriores frente al avance brutal del neoliberalismo lo que ha llevado a las nuevas generaciones a una situación de enorme vulnerabilidad. Por lo tanto, son las instituciones y la lucha política —de clases, más específicamente— las que explican fundamentalmente las diferencias intergeneracionales de renta y riqueza. Un corolario de este argumento es que la solución pasa por más conquistas sociales, y no menos —como plantean los analistas conservadores— y una profunda reestructuración de la economía que pase por la reindustrialización de la economía, el final de la dependencia sobre sectores de bajo valor añadido y la excesiva capacidad de poder de los empleadores privados.

En definitiva, no estamos ante un enfrentamiento entre jóvenes y mayores, sino ante un conflicto más profundo entre rentas del trabajo y rentas del capital en un régimen de acumulación que ha debilitado sistemáticamente la posición estructural del primero. Las diferencias intergeneracionales son la expresión demográfica de esa transformación institucional. Pretender resolverlas erosionando las conquistas sociales existentes equivale a profundizar la lógica que generó el problema, un aspecto de máxima satisfacción para el capital. La salida no pasa por redistribuir escasez entre cohortes, sino por reconstruir poder social, reorientar el modelo productivo y ampliar las instituciones que protegen al trabajo.

No existe el conflicto generacional. Es un invento del capital para facilitar el negocio de las pensiones privadas. Nadie va a decir abiertamente que quiere recortar las pensiones porque quiere quedarse con ese pastel, tiene que venderlo como una necesidad imperiosa por el equilibrio de las cuentas, y para llevarlo a cabo necesita aliados dentro de la sociedad. Los principales objetivos para ejercer como quintacolumnistas dentro de la clase trabajadora son los jóvenes que ven muy lejano el momento en el que se harán beneficiarios de una pensión, quien tiene difícil el presente es imposible que piense en el futuro lejano.  

Cada vez que escuches a alguien hablar de Zeta, X, Millenial, Boomer, Alfa o categorizaciones similares basadas únicamente en el año en el que naciste para hablar de política económica échate la mano al bolsillo porque quiere robarte. A veces dirán que lo hacen porque eres víctima, pero solo es una estrategia para instaurar otro inmenso expolio de clase y fomentar una nueva etapa de acaparamiento de capital por parte de las capas más privilegiadas de la estratificación social. No es difícil saber quiénes son: los mismos que para solucionar el problema de la vivienda tienen como única medida relajar los impuestos para construir más sin poner límites a la especulación. 

Todo discurso que niega el conflicto de clases para sustituirlo por el conflicto generacional tiene como objetivo ser funcional a una futura rebaja de las pensiones. Es normal que este debate sea liderado por esas personas que forman parte del colectivo en el que se quiere instaurar el estado de agravio y que sin verse afectados por tener una posición de clase favorable busca el favor del capital para mejorar en esa estratificación de clase. Su actitud es en sí misma una evidencia de que el conflicto es de clase y no generacional. 

No es un discurso que tenga ninguna base intelectual seria ni deba tenerse en cuenta desde el punto de vista narrativo, es una retórica que tiene como objetivo mejorar su propia situación personal ayudando a los que quieren que las pensiones públicas desaparezcan para ser sustituidas por el jugoso negocio de las pensiones privadas. De forma paradójica la negación del conflicto de clases es una manera de confirmarlo porque buscan mejorar su situación profesional y aumentar su capital. Por eso serán acogidos con alborozo por todo el sistema extractivista para usarlo en su beneficio dando unas cuántas migajas al colaboracionista. 

A los jóvenes de clase trabajadora que se sientan cercanos a este mensaje solo lanzarles una advertencia: te están usando para joder a tu abuelo. Es lo único que les interesa, y si eso no te convence porque solo piensas en tu presente, que sepas que un mensaje así no va a mejorar tu presente, pero sí ten claro que va a hipotecar tu futuro. La clase trabajadora que se siente atraída por el discurso de la lucha generacional perderá su juventud antes de que mejore su situación convirtiéndose antes de que se dé cuenta en el enemigo de ese mismo discurso que antes defendía. Los años pasan más rápido que los cambios estructurales a mejor mientras que los recortes de derechos son casi inmediatos.  

Es lamentable asistir a discursos completamente desinformados sobre la estratificación social y que tengan espacio privilegiado en el debate publicado. No pido que desaparezcan los adanistas que se creen que inventan conceptos y relatos, pero al menos que tengan un mínimo de sentido del ridículo y lean lo que se ha escrito antes de provocar bochorno. No es posible hablar de clases sociales o negar las clases sociales sin atender todo lo teorizado por Karl Marx, Max Weber, Talcott Parsons, Ralph Dahrendorf, Pierre Bourdieu, Erik Olin Wright o Michael Savage. Al menos hay que tener un poco de vergüenza y no querer pontificar ante quienes sí los conocen y los han estudiado porque se os ven todas las costuras. 

Personalmente siento un desprecio profundo por esa degeneración individualista que encabeza discursos lesivos para el colectivo solo para el beneficio propio. Es propio de trepas y advenedizos y es muy fácil identificarlos porque van buscando aquellos mensajes que favorecen a las elites para poco a poco adaptarlos y encabezarlos para lograr su favor. No es difícil hacer una leve prospección por los espacios mediáticos para identificarlos. 

El carnet de pensionista de la Seguridad Social se ha consolidado como una herramienta clave para garantizar una jubilación activa y facilitar el acceso a numerosos beneficios en España. En 2026, estos descuentos y ventajas se renuevan y amplían, permitiendo que los mayores optimicen su presupuesto mientras disfrutan de ocio, cultura, transporte y servicios de salud.

El llamado carnet de pensionista o de jubilado es en realidad un documento público que se puede obtener gratuitamente a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El documento acredita que la persona puede acceder a los beneficios y descuentos destinados a la tercera edad, por lo que conocerlos se vuelve esencial para aprovechar al máximo todas las oportunidades.

Más allá de su carácter económico, este carnet representa un apoyo importante para mejorar la calidad de vida de los jubilados, fomentando su participación en distintos ámbitos de la sociedad y su integración en actividades .

A medida que cambian las políticas y se actualizan los programas disponibles, resulta clave que los pensionistas estén informados sobre los beneficios vigentes. De esta forma, pueden planificar mejor su día a día y aprovechar los recursos que les permiten mantener autonomía, bienestar y un envejecimiento activo.

Cómo obtener el carnet de pensionista

El documento que acredita que un ciudadano está jubilado y recibe una pensión se puede obtener tanto en las oficinas de la Seguridad Social como a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, siempre que la persona cuente con un DNI electrónico o esté dado de alta en el sistema Cl@ve PIN.

Una vez dentro de la web, se debe acceder a la sección 'Informes y certificados' y seleccionar la opción 'Certificado integral de prestaciones'. Tras presentar las credenciales digitales necesarias (Clave Permanente, Cl@ve PIN, DNI electrónico o certificado), el usuario puede descargar el documento oficial y gratuito que acredita su condición de pensionista.

Descuentos y beneficios del carnet de pensionista

Entre los principales beneficios se encuentran los programas turísticos gestionados por el IMSERSO, que ofrecen viajes a destinos nacionales a precios reducidos. Estas ofertas incluyen estancias en hoteles, rutas culturales y actividades recreativas, especialmente durante la temporada baja, y buscan promover la participación de personas mayores en experiencias turísticas y culturales a lo largo del país. Asimismo, algunos centros de termalismo, balnearios y estancias de bienestar ofrecen descuentos específicos para pensionistas, orientados a mejorar su salud y bienestar físico.

Las agencias de viajes privadas también incluyen ventajas para jubilados, con descuentos aplicables en paquetes nacionales e internacionales. Esto permite que los beneficiarios accedan a opciones de viaje más variadas, tanto dentro de España como en el extranjero, a precios reducidos respecto al mercado general.

El transporte constituye otro ámbito con beneficios significativos. Compañías como Alsa aplican reducciones en billetes y abonos que pueden llegar hasta el 40 %. Renfe ofrece la Tarjeta Dorada con descuentos en sus servicios ferroviarios, mientras que las aerolíneas incluyen ofertas especiales para personas mayores de 65 años. A estas ventajas se suman los programas autonómicos de transporte, que aplican tarifas reducidas en autobuses, metro y trenes de cercanías, e incluso pueden ofrecer abonos gratuitos o con descuentos superiores al 50 %.

El acceso a servicios culturales, deportivos y comerciales también está contemplado. Los pensionistas pueden beneficiarse de descuentos en museos, teatros, cines, conciertos y actividades recreativas. Del mismo modo, instalaciones deportivas municipales, como gimnasios y piscinas, aplican tarifas reducidas o gratuitas en algunas localidades, promoviendo la actividad física entre los mayores.

Por último, el carnet de pensionista y jubilado facilita el acceso a ciertos servicios de salud, incluyendo descuentos en clínicas, farmacias y tratamientos asociados. Esta característica contribuye a la planificación y gestión de la salud en la tercera edad, permitiendo que los pensionistas mantengan controles médicos y tratamientos a menor coste.

En conjunto, los beneficios vinculados a este certificado abarcan distintos sectores de la vida cotidiana, y aunque pueden variar según la comunidad autónoma, constituyen un recurso relevante para mejorar la calidad de vida y garantizar un envejecimiento activo y seguro.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este miércoles en el bulo que vincula la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno con un falso incremento del censo electoral, como dando a entender que si Pedro Sánchez accede a esa legalización es en busca de votos. “Usted no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la ley de nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de la inmigración irregular de más de 800.000 personas”, le ha espetado a Sánchez durante una declaración ante los medios en un acto de la campaña aragonesa. En realidad la cifra que maneja el Ejecutivo es que la medida pactada con Podemos beneficiará a cerca de 500.000 personas pero el PP eleva la cifra en otros 300.000 al considerar que podrían beneficiarse también sus familiares. Además, la regularización no supone que esas personas tengan la nacionalidad española y, por tanto, puedan votar en las elecciones. Únicamente se les otorga el permiso de residencia para poder trabajar de forma legal.

Para Feijóo, “la regularización masiva e improvisada” del Gobierno es “para desviar la atención del accidente ferroviario en el AVE y en la Rodalies de Catalunya”. “Esto es una cortina de humo y, por lo tanto, es inhumano e indecente. Les da igual todo. Les da igual que esta regularización masiva vaya en contra de la normativa europea, vaya en contra de la legitimidad que tiene el Congreso y las Cortes Generales para debatirlo y aprobarlo y conlleve, por lo tanto, el efecto llamada que se está produciendo con esta aparente regularización masiva de la inmigración irregular en España”, ha añadido, en un discurso muy similar al de Vox.

“El Gobierno no puede regalar la residencia legal a cualquier persona en nuestro país. Las regularizaciones han de ser individualizadas caso a caso y condicionadas caso a caso y no una alfombra roja para convertir la ilegalidad en una forma de residir en nuestro país”, ha señalado.En su opinión, “dar vía libre a esto en este contexto es una irresponsabilidad.

Además, Feijóo ha exigido al Gobierno que presente un decreto que solo incluya la subida de las pensiones menos de 24 horas de que su partido, junto con Vox y Junts, tumbara en el Congreso el texto que ya incluía esa revalorización por incorporar además otras medidas del escudo social. “Si el PSOE quiere revalorizar las pensiones, lo votamos mañana. Si el PSOE lo que pretende es arreglar sus problemas con sus socios, lo que pretende es aprobar un real decreto ley para que pueda continuar en el Gobierno aunque no tenga presupuestos generales, otro año más que no cuente con el PP. Si le preocupan los pensionistas, revalorizamos las pensiones mañana mismo. Si lo que le preocupan son los okupas, comprenderá que para esto no va a contar con el PP”, ha llegado a afirmar durante una declaración ante los medios en un acto de la campaña aragonesa.

Feijóo ha considerado que la del martes fue “la última derrota del Gobierno” y evidencia su “debilidad parlamentaria” aunque en el mismo Pleno el Ejecutivo sí consiguió convalidar otro decreto, el que incluía las ayudas al Transporte, con una amplia mayoría parlamentaria. “El Gobierno ayer volvió a perder una votación con la que pretendía modificar y tomar decisiones en 21 cuestiones distintas, utilizando a los pensionistas como rehenes de sus 21 decisiones que metía en el real decreto ómnibus”, ha remarcado. A su juicio, el Gobierno volvió “a quedar en minoría y, por lo tanto, los socios del Gobierno le han abandonado”. “Eso significa que el Gobierno no tiene mayoría para seguir gobernando en nuestro país”, ha enfatizado.

Feijóo ha añadido que “conociendo las malas artes” del Ejecutivo el PP registró una proposición de ley en el Parlamento para revalorizar las pensiones de forma automática a partir del 1 de enero. “Quiero decirle a todos los pensionistas que el Partido Popular tiene un compromiso inexcusable con la revalorización de las pensiones, que desde que hicimos el Pacto de Toledo hace décadas hasta hoy, vamos a seguir garantizando la revalorización de las pensiones conforme al índice de precios”, ha dicho.

Sin mencionarlo directamente, Feijóo ha hecho mención a una de las medidas incluidas en el decreto social que decayó en el Congreso y que tiene que ver con la prohibición de los desahucios. Para el líder del PP, “la política de vivienda es una política muy seria” y “una persona que tiene su vivienda tiene su derecho a poseerla pacíficamente” y “a cobrar su renta pacíficamente”. “Y por supuesto, a las familias vulnerables las hemos de atender, pero no a través de los propietarios, si no a través de las políticas sociales adecuadas”, ha dicho.

Para el PP todo pasa por la construcción de nuevas casas y no por limitar precios de los alquileres o gravar a los multipropietarios o a quienes tengan viviendas vacías. Para Feijóo, “las personas con rentas modestas, sobre todo a los jóvenes de hasta 40 años, necesitan el auxilio del gobierno y no la okupación o la inquiokupación de personas a cambio de que los propietarios se queden sin vivienda o se queden sin sus rentas”. “Eso no es política de vivienda, eso simplemente es romper y seguir haciendo el muro de la convivencia en paz que pretenden todos los españoles”, ha zanjado.

El real decreto que se votará este martes en el Congreso de los Diputados, mantendría suspendidos unos 70.000 desahucios de familias vulnerables en todo el país, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero todo apunta a que fracasará. Ante esta “situación límite”, según el Sindicato de Inquilinas, tanto este colectivo como la PAH han anunciado futuras acciones: “Si este real decreto cae, va a haber concentraciones, va a haber movilizaciones y vamos a responder”, ha asegurado Valeria Racu, portavoz del sindicato este martes frente al Congreso de los Diputados.

La medida se votará este martes en el Congreso de los Diputados dentro de un decreto ómnibus aprobado en el último Consejo de Ministros de 2025 que llevará, entre otras propuestas, la revalorización de las pensiones. El PP ha anunciado que no lo apoyará, a pesar de que que ha asegurado que estaría dispuesto a llevar adelante esta última por separado. El rechazo por parte de la oposición viene del resto de elementos de este “escudo social”, como lo califica el Gobierno, entre los cuales se encuentran esta moratoria de desahucios o la prórroga de la prohibición del corte de suministros básicos a hogares vulnerables. Junts no ha aclarado si votará en contra o si se abstendrá, pero en ambos casos, el decreto no saldría adelante y los miles de hogares que se habían beneficiado de la moratoria entre abril de 2020 y diciembre de 2025, verían su desahucio reactivado.

“Que hoy caiga este real decreto, no implica simplemente 70.000 desahucios, una oleada que es totalmente inasumible, sino que implica que somos incapaces de proteger el derecho a la vivienda”, ha denunciado Racu, que ha señalado a los grupos que, previsiblemente, no aprobarán estas políticas: “Vamos a ver una vez más cómo la derecha parlamentaria, representada por PP, Vox y sorprendentemente Junts, que también se alinea ahí, a pesar de que Cataluña es líder en desahucios, van a ser una vez más los secuaces de la patronal inmobiliaria y del negocio de la vivienda”. Paco Morote, de la PAH, se ha dirigido también al PP, al que ha reprochado su inacción para regular la vivienda en las comunidades donde gobierna así como de “haberse arrojado en brazos de la especulación y la construcción”.

Valeria Racu ha acusado también al Gobierno de ser “incapaz” de “sacar una única medida que nos proteja a las que más lo necesitamos en este momento”, apuntando a una situación de “emergencia habitacional” que va más allá de este decreto. A las 70.000 familias que podrían verse expulsadas de su casa, se sumarían además los “más de 600.000 que es posible que ocurra en este año”, según ha indicado la portavoz.

Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, su portavoz, Damián Rodríguez, se ha referido al “chantaje” de la derecha, que amenza con tumbar el decreto por el resto de medidas que lo engloban y ha apuntado que los pensionistas “también están afectados” por la situación de la vivienda.  “El año pasado se votó - el decreto ómnibus- en su conjunto. ¿por qué este año se tiene que separar? La única razón es electoralista”, ha añadido.

Llegar a fin de mes es ya una odisea para muchos. Lo complica el aumento del precio de la vida, que afecta a miles de hogares en España, en los que hay que mirar cada número para que salgan las cuentas. En casa, en el supermercado, en la farmacia… los más mayores también sufren esta realidad, que azota con gran intensidad a quienes ni siquiera cobran de pensión el Salario Mínimo Interprofesional (1.184 euros mensuales brutos). 

Este año las pensiones contributivas subirán un 2,7%, por lo que más de nueve millones de personas verán incrementada su pensión en 2026. Eso sí, las mínimas crecerán más de un 7% y las de viudedad con cargas familiares o el Ingreso Mínimo Vital se incrementarán en un 11,4%. Aun así, para mucho no alcanza.

En Cintruénigo (Navarra), vive Mercedes, una mujer de 83 años que comenzó a trabajar desde muy joven. Cuando se casó, formó una familia, tuvo cinco hijos, y dejó la fábrica en la que trabajaba. Mientras tanto, desde casa cosía alpargatas, muñecas de tela, de todo, cuenta. Mercedes es viuda desde hace 26 años, su marido enfermó y se tuvo que dar de baja hasta jubilarse. Hoy cobra una pensión por el trabajo que realizó él: “Gano 874 euros al mes, pero pago 620 por el centro de día”. 

La historia de Mercedes es una realidad que afecta especialmente a las mujeres, que durante su vida profesional han compaginado la crianza de los hijos con trabajos que en ocasiones estaban mal pagados y en otras ni siquiera cotizaban. Ellas siguen siendo las que mayoritariamente cobran pensiones contributivas que no derivan de un vínculo propio e individual con el mercado laboral: “Tuve que trabajar de seis de la mañana a ocho de la tarde hasta los 70 años como limpiadora, y no estaba dada de alta en la Seguridad Social”, cuenta Mercedes. 

Las mujeres siguen siendo, en su mayoría, las que desarrollan actividades vinculadas con el cuidado o la limpieza, trabajos tradicionalmente caracterizados por su precariedad en el mundo laboral. Esta realidad marca la vejez: las pensiones de las mujeres son un 31% más bajas que las de los hombres. Mientras ellos cobraban de media en 2025 una pensión de 1.564,53 euros al mes, ellas 1.071,76 euros. Así lo recoge el último informe elaborado por el Instituto de las Mujeres, un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad.

La historia se repite

En la otra punta de España, en Jerez de la Frontera (Cádiz) vive Javier (nombre ficticio) de 82 años, junto a su hija y sus cuatro nietos. Entre su pensión, 870 euros, y lo que gana su hija apenas llegan a los 1.200 euros al mes. A esto se suma un gasto fijo, la vivienda, por la que pagan 463 euros mensuales de alquiler. Con esto queda poco margen de maniobra, y a la hora de hacer la compra tienen que mirar cada producto: “Compramos alimentos baratos, macarrones, arroz… pero a veces las cuentas no salen, y tengo que pedir ayuda a mis otros hijos”, explica. 

Durante la crisis económica del 2008 muchos pensionistas se convirtieron en la principal fuente de ingresos de sus familias, que perdieron el trabajo o la vivienda. Hijos en paro que pidieron ayuda a sus padres, y pensionistas que sostuvieron familias enteras. Más de una década ha transcurrido de aquellos años, pero esta situación aún se produce. Los pensionistas sufren las consecuencias de un contexto marcado por el aumento de los precios de la energía, la alimentación o la vivienda. Y la preocupación económica vuelve de nuevo.

Con apenas 15 años, Javier comenzó a trabajar repartiendo periódicos en su ciudad. Más tarde, se mudó a Madrid donde trabajó en una fábrica de cemento en Alcalá de Henares. Después de 20 años viviendo en la capital, regresó a Jerez y allí se jubiló como administrativo, trabajo al que ha dedicado gran parte de su vida profesional. 

El casero del piso en el que vive desde hace 13 años quiere vender la casa, mientras está buscando donde irse, pero con sus ingresos es muy complicado, cuenta, ya que le piden 700 u 800 euros de alquiler por una vivienda similar a la suya: “Creo que el casero no quiere venderla, sino alquilarla a alguien que le dé más por ella”. 

Javier explica que, a pesar de haber trabajado durante toda su vida, en el cálculo de la pensión, al tenerse en cuenta los últimos 15 años cotizados, no salió beneficiado porque tuvo trabajos más precarios en ese tramo: “Vivía mejor cuando trabajaba que ahora que estoy jubilado”, cuenta.

Ser “mileurista” no es suficiente 

José (nombre ficticio) tiene 74 años y vive en un pueblo de Zamora con poco más de 200 habitantes. En el municipio ya no queda ningún bar, y para hacer la compra tiene que desplazarse más de 35 km, que es donde está la tienda más cercana. Vive con su mujer, que le ha ayudado a lo largo de su vida en varios de sus trabajos, pero los únicos ingresos que entran en casa es su pensión, que ronda los 1.000 euros: “Hay que echar cuentas, de eso se encarga mi mujer que es muy buena administradora”.

José ha trabajado durante toda su vida. Comenzó con veintipocos años en una fábrica en Villaverde (Madrid), pero, tras su cierre tres años más tarde, regresó a su pueblo, donde ha trabajado en el régimen agrario como agricultor. Cuando se jubiló, a los 65, tenía cotizados más de 40. Aunque José no tiene hijos explica que llevan una vida muy sencilla, no pueden permitirse grandes lujos. El año pasado se fueron a La Manga con el Imserso, “es el único viaje que hacemos al año”, cuenta. Aunque reconoce que vive en un pueblo, y la vida es más barata que en la ciudad, los excesos son impensables: “Algo se puede ahorrar, pero llevando una vida muy muy metódica”, recalca.

El calendario de cobro de las pensiones es una de las principales preocupaciones para millones de personas en España al inicio de cada mes. En enero, esa atención se intensifica. El comienzo del año suele coincidir con un mayor volumen de gastos fijos y con la necesidad de reorganizar las finanzas personales y familiares. Por ello, conocer con antelación el día en que la pensión estará disponible en la cuenta bancaria resulta clave para planificar pagos y evitar imprevistos.

Aunque la Seguridad Social garantiza el abono mensual de las pensiones, el ingreso efectivo no se produce el mismo día para todos los beneficiarios. La fecha concreta depende de la entidad bancaria en la que esté domiciliada la prestación y de cómo cada banco gestiona los pagos cuando el día habitual coincide con fines de semana o jornadas no laborables. En enero de 2026, este factor vuelve a condicionar el calendario, dando lugar a ingresos repartidos a lo largo de varios días.

Fechas de abono en enero de 2026 según cada banco

El calendario de enero de 2026 viene marcado por el hecho de que el día 25 cae en domingo. Ante esta circunstancia, las entidades financieras han organizado los pagos de forma escalonada durante los últimos días del mes, con adelantos o retrasos en función de su operativa interna.

Las primeras entidades en abonar la pensión lo harán el jueves 22 de enero. Ese día está previsto el ingreso para los clientes de Bankinter, Unicaja y Caja Ingenieros. El viernes 23 de enero se concentrará buena parte de los pagos, con el abono por parte de Santander, Sabadell, Ibercaja y Cajamar. El sábado 24 de enero, CaixaBank tiene previsto realizar el ingreso. El domingo 25 de enero figura como fecha de cobro para BBVA, ING y Kutxabank, mientras que Abanca retrasará el abono hasta el lunes 26 de enero, primer día laborable tras el fin de semana.

Qué ocurre si la pensión no llega el día previsto

En condiciones normales, el abono de las pensiones se realiza conforme al calendario previsto por cada entidad bancaria. No obstante, si llegada la fecha indicada el ingreso no aparece reflejado en la cuenta, lo primero que conviene considerar es si el día de pago coincide con un sábado o un domingo. En esos casos, es habitual que el movimiento no se muestre de forma efectiva hasta el siguiente día laborable, cuando se reanuda la operativa bancaria.

Si tras esperar al siguiente día hábil el ingreso sigue sin aparecer, el siguiente paso es contactar con la entidad bancaria. El banco puede confirmar si el pago se encuentra en proceso, si existe algún retraso técnico o si se ha producido una incidencia puntual relacionada con la cuenta del beneficiario. En la mayoría de los casos, estas situaciones se deben a cuestiones operativas y se resuelven sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Solo cuando la entidad confirma que no ha recibido la orden de pago o que no consta el abono, es recomendable dirigirse a la Seguridad Social para comprobar el estado de la pensión. Este organismo puede verificar si la orden se ha emitido correctamente o si existe algún problema administrativo que esté impidiendo el ingreso. Seguir este orden de actuación permite aclarar la situación con mayor rapidez y evitar gestiones innecesarias.

Conocer las fechas de cobro y los pasos a seguir en caso de retraso permite a los pensionistas afrontar el inicio del año con mayor previsión. En un mes en el que la planificación económica adquiere especial importancia, disponer de esta información facilita la organización de los gastos y aporta mayor tranquilidad a los hogares que dependen de estos ingresos.

En el transcurso de este recién estrenado mes de enero, millones de pensionistas van a encontrar en sus buzones una comunicación oficial remitida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta carta personalizada tiene como objetivo explicar detalladamente el impacto económico de la revalorización de las pensiones aprobada para el ejercicio de 2026, una medida que afecta de manera directa a más de 9,4 millones de ciudadanos, incluyendo a las personas jubiladas y beneficiarias de otras prestaciones. El envío de esta misiva se ha convertido en una práctica habitual de la administración, que trata de garantizar la transparencia informativa, permitiendo que cada beneficiario conozca el nuevo importe de su prestación sin necesidad de realizar cálculos complejos por su cuenta. 

A través de este documento, el Gobierno busca aclarar dudas y confirmar de forma oficial los cambios que entraron en vigor el pasado 1 de enero de 2026. La actualización general de las pensiones contributivas y de las pertenecientes al Régimen de Clases Pasivas se ha fijado en un 2,7 % para este año. Este porcentaje responde a una fórmula legal que vincula directamente las prestaciones a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) medio del año anterior, asegurando así que los pensionistas no pierdan valor real frente al aumento del coste de la vida.

Según los datos facilitados por el ejecutivo, esta revalorización beneficiará a una amplia mayoría de la población protegida, alcanzando a colectivos que reciben pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad y prestaciones no contributivas. En términos absolutos, el gasto en pensiones ha marcado un nuevo hito al alcanzar los 189.598 millones de euros en 2025. Para el pensionista medio, el impacto en sus finanzas personales será significativo, con un incremento que se sitúa en torno a los 500 euros adicionales al año. En el caso específico de quienes perciben la pensión media de jubilación, la subida anual ascenderá a unos 570 euros, una cantidad que se verá reflejada de manera prorrateada en las 14 pagas habituales que abona la Seguridad Social.

No obstante, el incremento no es uniforme para todos, ya que el Real Decreto-ley 16/2025 establece subidas reforzadas para los colectivos más vulnerables con el fin de reducir la desigualdad. Así, las pensiones mínimas experimentarán un aumento superior al 7%, mientras que en casos específicos, como las pensiones de viudedad con cargas familiares o el Ingreso Mínimo Vital, la revalorización alcanzará el 11,4 %. La carta enviada por la Seguridad Social contiene información clave, incluyendo el porcentaje exacto aplicado y, en muchos casos, una comparativa entre la cuantía percibida anteriormente y la nueva cifra tras la actualización. Aunque en ocasiones la misiva tiene un carácter más informativo sobre el marco legal, su fin primordial es detallar las mejoras aplicadas a las pensiones mínimas y no contributivas para evitar confusiones entre los beneficiarios.

El cálculo que sustenta esta subida se basa específicamente en la inflación media registrada entre los meses de diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Este mecanismo automático permite ajustar las prestaciones de forma anual basándose en el crecimiento de los precios, garantizando la protección del poder adquisitivo ante las fluctuaciones del mercado, tal como establece la normativa vigente. Es importante destacar que la aplicación de esta subida es completamente automática, lo que significa que los pensionistas no tienen que realizar ningún trámite ni solicitud previa para recibir el nuevo importe en sus cuentas. Aunque legalmente el pago se hace efectivo a finales de mes, la mayoría de las entidades bancarias suelen adelantar el ingreso entre los días 22 y 26 de enero, permitiendo que el aumento se perciba antes de que finalice el mes.

Para aquellos que deseen verificar el cálculo de su nueva mensualidad, la administración recuerda que basta con multiplicar el importe anual previo por el coeficiente de 0,027 en el caso de las contributivas. En el supuesto de que un ciudadano detecte que su nómina no refleja el cambio esperado, la Seguridad Social ofrece canales de revisión a través de su sede electrónica o de forma presencial en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esta medida de revalorización se enmarca en un esfuerzo continuo por modernizar el sistema público, asegurando que las prestaciones de especial protección social se actualicen de forma prioritaria. La comunicación anual mediante estas cartas reafirma el objetivo de mantener una relación directa y clara con los más de 9,4 millones de beneficiarios que componen el sistema de pensiones en España.

Alerta por fraude

Por otro lado, las autoridades han emitido una alerta sobre posibles intentos de fraude que aprovechan el envío masivo de las mencionadas cartas oficiales para suplantar la identidad de la institución mediante correos o mensajes falsos. De ahí que se recomiende desconfiar de cualquier comunicación que presente errores gramaticales o que solicite datos bancarios y documentación sensible, ya que la Seguridad Social nunca pide este tipo de información a través de estas cartas informativas. Por ello, la propia Tesorería General de la Seguridad Social ha emitido una alerta urgente ante el envío masivo de una carta fraudulenta que suplanta su identidad, aprovechando la vulnerabilidad de los jubilados en estas fechas clave. Aunque los fraudes digitales son comunes, los estafadores han recurrido en esta ocasión a métodos más rudimentarios, como el correo postal, para tratar de captar a sus víctimas mediante el envío de misivas físicas a sus domicilios.

En este caso se utiliza como pretexto una supuesta pérdida de datos personales provocada por la entrada en vigor de una nueva ley el mes pasado y un imaginario ataque informático que habría afectado a los sistemas de Hacienda y de la Seguridad Social. Con esta justificación alarmista, los estafadores instan a los ciudadanos a proporcionar información sensible de manera inmediata para supuestamente actualizar sus expedientes. El organismo oficial ha dejado claro que este contacto es completamente falso y que no se ha producido tal pérdida de información que requiera este tipo de procedimiento por parte de los ciudadanos.

Para consumar el fraude, los delincuentes solicitan el envío de documentación que incluye una fotocopia del DNI o NIE por ambas caras y una fotografía de un extracto bancario donde el beneficiario figure como titular o autorizado. Además, se requiere que el pensionista indique la última cantidad cobrada el mes anterior como una referencia adicional. Como cebo para incentivar la respuesta rápida, la carta promete un supuesto incremento adicional en las prestaciones que oscilaría entre los 75 y los 150 euros mensuales, dependiendo del caso particular de cada pensionista. Existen diversas señales de alerta que permiten identificar la falsedad de estas cartas, como la presencia de numerosas faltas de ortografía y diversas incoherencias en su redacción que no corresponden a un organismo oficial.

Aunque el documento intenta aparentar formalidad mediante un encabezado simulado e incluso la firma de la directora general de la Seguridad Social, la dirección de correo electrónico facilitada para el envío de los datos es falsa. La Seguridad Social ha utilizado activamente sus redes sociales para difundir imágenes de la carta y advertir a la población con un mensaje directo: “No piques”. El organismo estatal ha sido rotundo al afirmar que nunca solicita este tipo de datos personales o bancarios a través de estos canales de comunicación. Ante la circulación de esta estafa, las autoridades recomiendan encarecidamente a los ciudadanos no facilitar información confidencial a terceras personas y desconfiar de cualquier comunicación que no utilice los cauces administrativos y digitales oficiales.

Arranca el año 2026 y con él llegan novedades para quienes cobran una pensión o quienes pasen a hacerlo en los próximos meses. El Gobierno aprobó a final de año una subida general de las pensiones del 2,7%, para compensar las subidas de precios de los productos básicos, aunque las más bajas crecen más: las mínimas, entre un 7% y un 11,4%, y las no contributivas, un 11,4%. Entre los cambios que llegan con el nuevo año, destaca el inicio del nuevo periodo de cómputo opcional, que se reguló en la reforma de pensiones de 2023, pero que aún no había empezado a desplegarse.

A continuación, resumimos algunas de las novedades más importantes sobre las pensiones para 2026.

¿Cuánto suben las pensiones?

En 2026, las pensiones crecen en general un 2,7%, que es el dato de inflación media del año anterior y la referencia aprobada en la reforma de pensiones de 2021 para mantener el poder adquisitivo de sus beneficiarios. Hay más de 9,4 millones de pensionistas en España y, aunque la gran mayoría son jubilados, estas prestaciones incluyen más tipos: incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.

La subida del 2,7% supondrá, aproximadamente, “572 euros adicionales al año” para las personas con la pensión media de jubilación, que se sitúa alrededor de los 1.500 euros al mes. Son casi 41 euros más al mes, ya que las pensiones se abonan en 14 pagas, con la extra de verano y la de Navidad.

¿Cuánto aumentan las pensiones mínimas?

Más que el resto. Este año, el Gobierno ha aprobado un incremento del 7%, que en las “pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares” alcanza el 11,4%, según indica la Seguridad Social.

Por ejemplo, a partir de enero, la pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales aumenta en casi 62 euros al mes: queda fijada en 936,2 euros brutos al mes frente a los 874,4 euros mensuales de 2025. En el caso de la pensión mínima con cónyuge a cargo aumenta en 129 euros al mes, hasta situarse en 1.256,6 euros al mes (en 2025, ha sido de 1.127,6 euros al mes). Aquí se puede consultar el cuadro con todas las modalidades.

“Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizarán también en un 7,07% para 2026, lo que supone alcanzar los 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 582,10 euros mensuales para las concurrentes”, explicaba la Seguridad Social.

En la reforma de pensiones de 2023 se pactó una senda de incrementos independiente para estas prestaciones, las más bajas del nivel contributivo, y también para las pensiones no contributivas, con el objetivo de aproximarlas al umbral de la pobreza. Así se ha hecho desde 2023 y se mantendrá hasta 2027.

¿Y las no contributivas?

Las pensiones no contributivas crecen un 11,4%. Así, en 2026, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez íntegra, en su modalidad no contributiva, aumenta en 64 euros al mes y queda establecida en 629 euros mensuales, frente a los 564,7 euros al mes de 2025.

¿Cómo queda la pensión máxima?

La pensión máxima del sistema rozará los 3.360 euros al mes, en 14 pagas, o 47.034 euros anuales. Se trata de 92 euros más al mes que en 2025, un 2,815% más respecto a los 3.268 euros mensuales de este año.

El incremento de la pensión máxima es algo superior a la subida general (2,7%) porque en el segundo bloque de la reforma de pensiones se acordó que los sueldos más altos fueran cotizando más al sistema de la Seguridad Social y, en paralelo, las pensiones máximas también irían aumentando algo más. Así, su aumento es del IPC medio más un 0,115 puntos porcentuales cada año.

No obstante, este incremento del 2,815% solo se aplica a las nuevas pensiones máximas del sistema, ya que es una compensación por la mayor cotización que se está aplicando desde 2024 a los salarios más altos. Las pensiones máximas ya reconocidas aumentarán un 2,7%, como el resto de pensiones.

Además, puede haber algunas pensiones por encima del nuevo máximo del sistema, esos 3.360 euros mensuales: aquellas que perciban además el complemento contra la brecha de género en las pensiones cuyos cambios detallamos a continuación.

¿Y el complemento para reducir la brecha de género?

Aumenta un 2,7%, en un porcentaje similar al de la subida general de las pensiones. Se trata de un plus por hijo en las cuantías de las pensiones que fue regulado en 2021 —para sustituir al anterior de maternidad— y que se asigna principalmente a las mujeres, aunque también lo pueden percibir hombres. 

Este complemento aumenta en un euro al mes su cuantía respecto a 2025 y llegará a los 36,9 euros al mes por hijo en 2026. Este plus está ahora mismo siendo objeto de revisión por el Gobierno tras la sentencia europea que consideró que era discriminatorio para los hombres. Tras este fallo, el complemento se está reconociendo a más padres que a madres.

Arranca el nuevo periodo de cómputo opcional

A partir del 1 de enero se inicia el nuevo periodo de cómputo dual u opcional que reguló la reforma de pensiones de 2023. Este consiste en que, en los próximos años, los trabajadores podrán jubilarse teniendo en cuenta los actuales últimos 25 años de la carrera laboral para calcular su pensión o elegir los mejores 27 años dentro de los últimos 29, según cuál sea la más beneficiosa. Esta segunda opción se desplegará progresivamente a partir del año que ahora empieza y, desde 2044, el periodo que quedará será solo el segundo.

Este 2026, el periodo de cómputo se podrá calcular con los últimos 304 meses cotizados (25,33 años), de los que podrán descartarse dos meses, o seguir optando por los 25 años vigentes. La Seguridad Social aplicará de oficio la opción más beneficiosa para el pensionista.

¿Cuál será la edad de jubilación?

La edad legal para la jubilación ordinaria sube dos meses en este nuevo año, hasta los 66 años y diez meses cumplidos. Se trata del último paso del periodo de transición iniciado en 2013 para alcanzar la meta de los 67 años en 2027.

Las carreras más largas de cotización, de aquellas personas que hayan cotizado 38 años y 3 meses o más, se mantendrá en 65 años.

Así, en 2026 se puede acceder ya a la jubilación anticipada voluntaria a partir de los 64 años y 10 meses para aquellas personas que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses, y de los 63 años cuando hayan alcanzado este umbral. Es decir, dos años antes de la edad ordinaria y siempre que se cumplan el resto de requisitos.

¿Cómo quedan las penalizaciones por jubilación anticipada?

En el caso de las personas con derecho a la pensión máxima, desde 2024 —fruto de la reforma de pensiones de 2021— las penalizaciones (o coeficientes reductores) por jubilarse anticipadamente de manera voluntaria se van ampliando poco a poco.

En 2026, las penalizaciones máximas —por anticipar dos años la jubilación— irán del 9,1% al 6,7%, según los años cotizados.

Cada final de año, al anunciar el Gobierno una subida de las pensiones, saltan los ultraliberales defensores de la rapiña de unos pocos a quejarse del dispendio que supone cumplir los compromisos contraídos por el Estado para la jubilación de sus ciudadanos. Para devolver a los cotizantes durante décadas, los que costearon sanidad, educación y las pensiones a otros jubilados anteriores, lo que a ellos les corresponde. Rebuscan argumentos debajo de las piedras si se dedican aparentemente a la economía o se lanzan en plancha desde la bisoñez y el oportunismo a buscar un lugar al sol de los ultraliberales tiempos. Está cosechando grandes críticas -textualmente- el libro de una mujer de 35 años con el pelo de color rosa que, según la publicidad, “retrata a los nuevos jubilados españoles: Se están pegando la vida cañón”. De entrada, decirles que “los mayores” no lo vamos a consentir, pero también que somos testigos de un tiempo que los pazguatos y los fascistas directos dicen añoran. Porque, aunque son dos temas, están muy relacionados: la idealización ultra del franquismo y la tendencia ultra a mermar o suprimir los servicios públicos.

Aunque sin duda se ha disuadido a conciencia el estudio del franquismo en los colegios, a cierta edad todo ciudadano debe haber adquirido por sí mismo conocimientos básicos para vivir en una sociedad que ha sufrido una dictadura. Entiendo que a una serie de malnacidos les parezca estupenda la subordinación de la mujer al hombre a los niveles denigrantes de aquellos tiempos, respirar basura para no mermar los beneficios empresariales o una rebaja fiscal para restar servicios públicos que los ricos pueden en general pagarse. Es decir, una parte de lo que Vox pide a María Guardiola del PP para apoyar su presidencia en Extremadura. Pequeña, porque son 206 las exigencias. Puede entenderse para su mentalidad. El rechazo feroz a la emigración no, porque en el franquismo eran los españoles los que hacían la maleta. Y lo que no tiene el menor pase es decir que se vivía mejor entonces, que se adquirían pisos como en el supermercado las patatas. Es que no, que ni supermercados había hasta los años 70.

Una de las sensaciones a recordar del franquismo era física: el frío. Ahora 5º, como estamos teniendo estos días, incluso 0º se considera una ola gélida insoportable. Había inviernos bajo cero, azotados por el cierzo en Zaragoza que helaba los huesos, y la mayoría de las casas no disponía de calefacción, solo estufas y braseros, y el calor de la lumbre en la cocina. Y había gente a la que le faltaba hasta un abrigo.

La Fundación Foessa, de Cáritas española, hizo un primer informe esencial para radiografiar a la España ya de 1970, antes ni eso era posible hacer. Fueron 1.600 páginas elaboradas por cualificados profesionales. Lo consulté años después para diversos trabajos periodísticos. Nos definían como un país “semidesarrollado y capitalista”. A pesar de la explosión del consumo de los sesenta, el agua corriente no alcazaba a toda la población, sólo al 80%, y apenas un 60% disponían en su casa de baño o ducha –el resto tenía que lavarse con un barreño y agua calentada previamente en el fuego-. Frigorífico y lavadora alcanzaban a algo más de la mitad de los hogares. Los anuncios de la época nos contaban lo generosos que eran algunos maridos al regalarle a la mujer ese electrodoméstico. Menos mal, porque ellos, en casa, no se levantan del sillón y había mucho trabajo en el hogar.

Teníamos un crecimiento demográfico muy alto: más del 10%, como sucede en los países en desarrollo. Mucho más, si son católicos y está prohibida la píldora anticonceptiva. En España, lo estaba. Éramos 34 millones de habitantes y había sólo cuatro millones de teléfonos. Cuarenta automóviles por cada mil personas. Con un reparto profundamente desigual. Madrid, Barcelona -no Cataluña-, Baleares y País Vasco, copaban todas las mejoras al punto de alcanzar niveles europeos, y Galicia aparecía como la comunidad más subdesarrollada -casi el 90% de las casas de Orense, por ejemplo, no disponía de agua corriente-. Aunque también en Tenerife, en Canarias, no llegaban a la mitad las que contaban con luz eléctrica. 1970, faltaban 5 años solo para que muriera el dictador al que añoran.

La mitad de los edificios no disponían de ascensor, pero el 40% -cuando encontré este dato me pareció enormemente definitorio- tenía portero uniformado. Sin duda el poder adquisitivo también era diferente. La población activa rondaba los 13 millones de personas. Sólo el 4% utilizaba el coche para ir al trabajo -el resto únicamente sacaba el automóvil el domingo-, la mayoría se desplazaba en autobús, y un notable porcentaje, un 21%, se trasladaba a pie. A lo mejor por eso tenemos tantos ancianos, aceptablemente sanos y vitales muchos de ellos.

Un estudio de la revista de consumo Ciudadano añadía datos como el salario anual en 1976: 122.400 pesetas (menos de mil euros al año), de las cuales una familia de matrimonio y dos hijos dedicaba 107.000 a la alimentación y 26.000 a la vivienda en sus gastos fundamentales. Había que hacer malabares con esos sueldos. Muchas personas estaban pluriempleadas. 

Comenzó entonces también la obsesión por comprar viviendas, que tanto ha llenado, y llena, algunos bolsillos. La gente se quejaba de la escasez de la oferta o de que se hacían demasiados edificios de lujo y pocos modestos. Ya preocupaba el afán de lucro de los constructores, o la falta de aplicación rigurosa de las leyes.

Apenas en un quinquenio, cuando el 15 de Junio de 1977 votamos por primera vez, algunas cosas habían cambiado. Seguíamos siendo capitalistas pero ya habíamos entrado en el “umbral de la modernización”. Había un millón de parados, de los que muy pocos cobraban desempleo. Los créditos se establecían al 25% de interés -repito: al 25% de interés-, y la inflación, el alza de los precios, se situaba en el 27%.  Así que ese mito de que se compraban pisos como churros nada de nada.  Hubo además una devaluación que mermó en un 20% el valor de nuestro dinero. Las dictaduras -de todos los colores- suelen presentar balances económicos distorsionados que luego hay que enfrentar a la realidad y tambalean el sistema por un periodo indeterminado de tiempo.

Todo eso forma parte de la historia vivida de esos jubilados que tienen “una vida cañón,” O que “se han levantado” una pensión y la paga de Navidad en diciembre, como dice con todo cuajo un pepero, que con gusto les suprimiría.

Si uno no se informa, no deduce, no piensa, es un lastre para la sociedad en sus decisiones, y cuando son muchos, marcando tendencia, un auténtico problema. Y es el que estamos viviendo y nos lleva a este desastre donde, mientras una serie de políticos nos roban la sanidad, la educación, los servicios que hemos ido pagando para lucrarse ellos y su círculo, hay millones de imbéciles buscando culpables entre las víctimas. Un túnel del tiempo haría falta para hacer vivir a todos ellos lo que nosotros vivimos.

El franquismo no es el cuento de hadas en el que creen esos niñatos y esos adultos aprovechados con un guerrero del antifaz al mando, no había hadas para las mujeres quienes con algún hijo bajo el brazo, ponian el puchero en la cocina y la lavadora, siempre dispuestas a que el marido hiciera uso del matrimonio cuando le apeteciera. La involución que está provocando la estupidez es una auténtica tragedia. Y antes de llegar a mayores hará falta que tanto cretino mueva el culo para apañarse su propia vida sin fastidiar las de los demás.

Sí sé que buena parte de los jóvenes que vivimos aquella época -no todos-, teníamos otro espíritu, nos sentíamos actores y adultos, no pasivos espectadores infantilizados. Puede que por necesidad. Y sigo pensando que nada hay que se resista a ese empuje. Nosotros seguimos aquí por cierto.

A medida que se acerca el final de diciembre de 2025, millones de pensionistas en España se preparan para recibir la última mensualidad del año. Este ingreso tiene especial relevancia debido a que coincide con un periodo de mayor gasto familiar derivado de las festividades de Navidad y del cierre de compromisos financieros anuales. La fecha en la que el dinero llega a la cuenta se convierte, por tanto, en un elemento clave para planificar los pagos y garantizar la disponibilidad de los fondos.

El calendario de cobro de las pensiones se organiza según dos referencias principales. Por un lado, existe el pago oficial establecido por la Seguridad Social, que se realiza a mes vencido y establece fechas generales de abono. Por otro, las entidades financieras suelen adelantar los ingresos de forma voluntaria, para que los pensionistas dispongan de los fondos antes de las fechas festivas. Esta práctica ha sido constante en los últimos años y se mantiene también para diciembre de 2025.

Comprender cómo se distribuyen los pagos entre los distintos bancos y qué pasos seguir en caso de que la pensión no aparezca en la cuenta es fundamental para quienes dependen de esta prestación. La planificación anticipada permite organizar los gastos del mes, evitar retrasos en pagos programados y garantizar que los pensionistas puedan acceder a su dinero de manera segura y cuando mejor les convenga.

Fechas de abono en diciembre de 2025 según cada banco

Las diferentes entidades bancarias han establecido un calendario de pagos para diciembre de 2025 que concentra la mayoría de los ingresos entre los días 23 y 26 del mes. Bankinter y Unicaja iniciarán el abono el martes 23 de diciembre. El miércoles 24 de diciembre será la fecha prevista para el ingreso en CaixaBank, Cajamar, Ibercaja, Banco Sabadell y Santander. Por su parte, el jueves 25 de diciembre realizarán el pago BBVA, ING y Kutxabank, mientras que Abanca abonará la pensión el viernes 26 de diciembre.

Este calendario refleja el momento en que los bancos ponen en marcha las órdenes de pago, aunque la disponibilidad efectiva en la cuenta puede variar en función de la operativa interna de cada una de las entidades y del procesamiento de las transferencias. Los pensionistas pueden consultar sus canales habituales para confirmar el ingreso y organizar sus gastos con antelación.

Qué hacer si la pensión no llega a la cuenta

Si la pensión de diciembre de 2025 no se refleja en la cuenta en la fecha prevista, el primer paso es comprobar que los datos bancarios proporcionados a la Seguridad Social sean correctos y que la cuenta esté activa. Cambios recientes en la titularidad, el número de cuenta o la configuración de domiciliación pueden impedir que la transferencia se complete según lo esperado.

En caso de que la información de la cuenta sea correcta, se recomienda contactar con la entidad financiera para verificar el estado del ingreso. Los bancos pueden tener horarios internos de procesamiento distintos y, en ocasiones, retrasan la acreditación hasta recibir la confirmación completa de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Si después de varios días la pensión sigue sin aparecer, los pensionistas pueden dirigirse a la Seguridad Social para confirmar que el pago fue emitido y no existen incidencias administrativas. Esta verificación permite identificar si el retraso se debe a la operativa del banco o a algún trámite pendiente, y facilita la planificación del uso de los fondos de manera segura.

Más de un millón de personas mayores de 65 años residen en la Comunitat Valenciana, lo que representa el 20,14% de la población, y cerca del 40% de ellas se encuentra en situación de pobreza al no poder cubrir sus necesidades básicas con la pensión que perciben. La pensión media en el territorio valenciano se sitúa en 1.215 euros, frente a los 1.313 euros de la media estatal, mientras que la pensión de viudedad baja hasta los 877 euros. La desigualdad de género agrava esta situación: las mujeres cobran de media 814 euros, frente a los 1.216 euros de los hombres, y concentran la mayoría de las pensiones por debajo del umbral de pobreza y de pobreza severa.

Estas son algunas de las principales conclusiones del Observatorio Social de las Personas Mayores para un Envejecimiento Activo, presentado en València por los secretarios generales de la Federación de Pensionistas de CCOO, Juan Sepúlveda, y de Pensionistes PV, Juan Pradells, junto a la secretaria general de CCOO PV, Ana García. El informe es elaborado anualmente por la Fundación Primero de Mayo y la Federación de Pensionistas, y analiza las políticas públicas y las condiciones de vida de las personas mayores en ámbitos como la salud, la autonomía personal, la atención a la dependencia, el envejecimiento activo y las pensiones.

El análisis alerta de la falta de participación de las personas mayores en la toma de decisiones que afectan directamente a su vida, así como del aumento de la desigualdad social y la pobreza, una situación que deteriora gravemente la calidad de vida del colectivo. Ante el progresivo envejecimiento de la población, CCOO reclama un refuerzo urgente de los servicios públicos esenciales, especialmente de los servicios sociales.

Juan Sepúlveda ha advertido de que España es uno de los países más envejecidos de Europa, con una esperanza de vida de 81 años en los hombres y 86 en las mujeres. Sin embargo, ellas viven más tiempo en peores condiciones, por lo que considera imprescindible aplicar políticas sociales con perspectiva de género, planificación a largo plazo y recursos suficientes. En materia de dependencia, ha recordado que se trata de un derecho conquistado mediante la reivindicación sindical y desarrollado a través del diálogo social, y ha reclamado políticas públicas que cubran las carencias actuales y las futuras necesidades.

Por su parte, Juan Pradells ha detallado que en la Comunitat Valenciana existen 1.066.460 pensiones, con una cuantía media inferior a la estatal, y ha subrayado que, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, el 38,9% de las personas pensionistas se sitúa por debajo del umbral de pobreza, de las cuales un 17,1% se encuentra en pobreza severa, siendo alrededor del 70% mujeres.

Ana García ha puesto el acento en la brecha de género estructural en las pensiones, consecuencia de la brecha salarial, la precariedad laboral, el trabajo no cotizado, la parcialidad impuesta y la asunción mayoritaria de cuidados no reconocidos. Ha destacado también la situación de especial vulnerabilidad de las personas que perciben pensiones no contributivas, cuya media en 2024 se situó en 511 euros, mayoritariamente mujeres.

El informe señala además que el 66,8% de las mujeres pensionistas cobra por debajo del SMI y que el 83,1% percibe complementos de mínimos, frente al 16,9% de los hombres. En paralelo, la Comunitat Valenciana se sitúa en la parte baja en inversión sanitaria y plazas residenciales con financiación pública, con un 66,8%, lejos del 80% de otras comunidades.

Ante este escenario, CCOO reclama la aprobación de una ley integral de derechos de las personas mayores, que garantice su protección en ámbitos como la salud, la vivienda, la protección social y económica y la no discriminación por razón de edad o sexo. El sindicato defiende reforzar el sistema público de pensiones, mejorar la aplicación de la Ley de Dependencia —con 16.000 personas en lista de espera— y garantizar la accesibilidad, la autonomía y la seguridad de las personas mayores en los entornos urbanos y en el acceso a las nuevas tecnologías.

El Parlamento Vasco ha suspendido la grabación de EiTB Maratoia a favor del envejecimiento saludable que iba a tener lugar este jueves, 4 de diciembre en el salón de plenos a las 08.45 horas. No se ha dado explicaciones de la suspensión de la grabación, que se ha producido tras un acuerdo de la Mesa fuera del orden del día, pero esta coincide con las críticas de EH Bildu, quien ha anunciado que no va a participar este año en la iniciativa solidaria al considerar que “no es coherente” que la Cámara apoye el envejecimiento saludable, cuando recientemente ha rechazado la toma en consideración de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para establecer unas pensiones “dignas”.

Desde EH Bildu defienden que es “difícilmente comprensible” que el Parlamento “pretenda reivindicar un envejecimiento saludable en EiTB Maratoia, cuando hace apenas dos meses rechazó sin siquiera debatirla una iniciativa legislativa popular que reclamaba pensiones dignas”. “No es coherente rechazar esta iniciativa que se basaba en garantizar unas condiciones de vida dignas para las y los pensionistas, y a continuación bailar para reivindicar el envejecimiento activo”, defiende la coalición que manifiesta que “es responsabilidad de las fuerzas políticas hacer políticas públicas y, en este caso, garantizar unas condiciones de vida dignas para promover el envejecimiento activo”.

En este sentido, desde EH Bildu recuerdan que el Movimiento de Pensionistas “lleva años luchando por mejorar sus pensiones”. “Por el respeto que como representantes políticos se le deben tanto a la propia política como al conjunto de la ciudadanía”, ha anunciado que no participará en la grabación que horas más tarde ha quedado suspendida.

Este periódico ha consultado a EiTB si van a realizar declaraciones al respecto, pero no han ofrecido declaraciones.

EiTB Maratoia es una campaña solidaria anual organizada por el grupo de comunicación público vasco EITB (Euskal Irrati Telebista). Su doble objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre una causa social de gran calado y recaudar fondos para la investigación o apoyo a la misma. La iniciativa surgió en los años 2000 y el pasado 2024 celebró su 25 aniversario, en el que pusieron el foco en las enfermedades cardiovasculares. A lo largo de estas dos décadas han recaudado fondos para investigar enfermedades como el Alzheimer, el autismo o el cáncer infantil, pero el Parlamento Vasco participa en la iniciativa al menos desde el año 2019 a través de vídeos musicales solidarios.

En el 2019, los parlamentarios grabaron una versión de “Lau Teilatu” de Itoiz, por la investigación del cáncer infantil; en 2020, se adhirieron a la “cadena de bertsos” de ese año, destinada a la investigación de la COVID-19; en 2021, cantaron “Zeinen ederra izango den” del grupo Zetak por el Alzheimer; en el año 2022 la Cámara vasca cantó “Euritan dantzan” de Gatibu por la Esclerosis múltiple, mientras que en el año 2023 los parlamentarios y parlamentarias cantaron y bailaron al ritmo del grupo ETS la canción “Aukera berri bat” por la investigación del cáncer.

En esta ocasión, la iniciativa se centra en el envejecimiento activo y saludable. Bajo el lema “¡Larga vida a la buena vida!” (Bizi bedi bizipoza! en euskera), la campaña tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de no solo vivir más años, sino de vivirlos mejor, y recaudar fondos para la investigación e innovación en este ámbito. Para ello, estaba previsto que el Parlamento Vasco, además de otras instituciones y ciudadanía en general, canten y bailen el icónico tema “Euskal rock 'n' roll” de Niko Etxart, versionado por él mismo junto a Aurora Beltrán y Janus Lester para la campaña.