El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la nueva regulación de jubilación flexible aprobada esta semana por el Gobierno, que entrará en vigor dentro de tres meses. En concreto, el 28 de agosto. Entre los cambios más destacados figuran el acceso de los autónomos a esta fórmula de complementariedad del trabajo y el cobro de pensión, antes solo accesible para los asalariados, así como un aumento del porcentaje de pensión que se puede cobrar en algunos casos y la mejora de la pensión futura de los jubilados forzosos, entre otras.

La jubilación flexible es una fórmula por la que una persona que se ha jubilado vuelve a trabajar a tiempo parcial, cobrando el salario y parte de la pensión. Ahora, además de los asalariados con contratos a tiempo parcial, también podrán acceder a ella personas autónomas.

La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, destacó el martes su carácter voluntario. “Esta es la muestra de que estamos creando un marco más amplio y más atractivo, más adaptado a los tiempos modernos para trabajadores y trabajadoras, que no expulsa el talento senior que quiera seguir aportando –insisto– desde la voluntariedad”, argumentó Saiz.

El real decreto especifica que las pensiones de jubilación flexible iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva regulación se seguirán rigiendo por la normativa que les fuera aplicable anteriormente.

Entre las novedades también figura que no será necesario esperar un periodo mínimo desde la jubilación para solicitar la jubilación flexible. Se podrá acceder en cualquier momento, una vez reconocida la pensión.

“Finalizada la relación laboral por cuenta ajena o el trabajo por cuenta propia, se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación”, recoge el real decreto.

Quiénes tienen derecho

La jubilación flexible “será de aplicación a todos los regímenes del sistema de la Seguridad Social”, especifica el decreto, excepto “al Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, al Régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y al Régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia”.

Asalariados a tiempo parcial y autónomos

Esta fórmula está disponible para aquellas personas jubiladas que vuelvan a trabajar con un contrato a tiempo parcial. Para estas personas también hay novedad: la horquilla para la realización de esta jornada sube del 33% al 80%. Antes, el jubilado podía realizar una jornada de entre el 25% y el 75% respecto a un horario a tiempo completo.

A partir de ahora también podrán acceder a ella quienes decidan volver a trabajar con una actividad por cuenta propia, aunque con una considición: “Siempre que, en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión de jubilación, la persona pensionista no hubiera estado en alta en un régimen de la Seguridad Social como persona trabajadora por cuenta propia”.

Mejora en el porcentaje de pensión a percibir

La cuantía de la pensión, con relación a la de un trabajador a tiempo completo, se reducirá en proporción inversa a la disminución de la jornada de trabajo.

Con el objetivo de incentivar el retorno al mercado de trabajo, cuando se acceda a la jubilación flexible por primera vez y pasados al menos 6 meses desde la jubilación, el pensionista percibirá un porcentaje adicional de pensión.

– En las jornadas a tiempo parcial que se encuentren entre el 55 y el 80%, se incrementará el importe de la pensión en un 25% adicional;

– En las jornadas parciales que las que sean igual o superior al 33%, pero inferiores al 55%, subirán un 15% adicional.

En aquellos supuestos en que se compatibilice la pensión de jubilación con una actividad por cuenta propia, el importe de la pensión a percibir se corresponderá con un porcentaje del 25%.

Durante el periodo de jubilación flexible, el trabajador seguirá teniendo la condición de pensionista a efectos de asistencia sanitaria y protección social.

El importe de la pensión de jubilación compatible con la actividad por cuenta ajena o por cuenta propia incluirá el complemento por maternidad o para la reducción de la brecha de género, cuando se perciba. “Este se reducirá y, en su caso, se aumentará en la misma proporción que el importe de la pensión” que se perciba en esta modalidad flexible.

Además, “la persona pensionista no tendrá derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con el trabajo”.

Mejora de pensión futura solo a jubilados forzosos

Además, el pensionista que haya accedido de forma involuntaria a una jubilación anticipada, cuando regrese a la jubilación plena desde la jubilación flexible, verá mejorada su pensión inicial al recalcularse su base reguladora y el porcentaje aplicable, según el periodo de cotización acreditado.

En el resto de casos, “la cotización efectuada durante la situación de jubilación flexible no surtirá efectos para la mejora de la pensión que se tenga reconocida, ni tampoco incrementará el complemento económico de demora que hubiera correspondido”.

Incompatible con el plus de jubilación demorada

La norma declara incompatible la jubilación flexible con el percibo del complemento económico por jubilación demorada. Así, se aplicarán estas reglas en caso de ya percibir este plus:

a) Cuando se hubiese optado por percibir el complemento bajo la modalidad de porcentaje adicional en la pensión, “su percibo quedará suspendido durante el tiempo en que se aplique el régimen de compatibilidad del trabajo con la pensión de jubilación flexible”.

b) Cuando se hubiese optado por percibir el complemento bajo la modalidad de cantidad a tanto alzado, o bajo la opción mixta (porcenatje adicional y a tanto alzado), “no será posible aplicar el régimen de compatibilidad del trabajo con la pensión de jubilación flexible”.

Mejoras pendientes en la jubilación demorada

Además, el real decreto incluye algunos cambios ya anunciados en la jubilación demorada, como la compatibilidad del cobro del plus con la jubilación activa.

Hay un periodo transitorio para ello, por el que “se seguirá aplicando la incompatibilidad de la percepción del complemento por demora con el acceso al envejecimiento activo”, conforme a lo establecido en la regulación contenida en dichos artículos vigentes a 31 de marzo de 2025, “a las personas que en esa fecha estuvieran compatibilizando la pensión con un trabajo por cuenta ajena o propia conforme a dicho régimen, en tanto no se produzca la baja en el régimen de la Seguridad Social correspondiente por haber finalizado la citada relación laboral o actividad por cuenta propia”

Además, se modifican los términos para acceder a este plus de jubilación demorada, para el que “se tomarán años y semestres completos”.

Todos los detalles de la regulación son accesibles en este enlace del Boletín Oficial del Estado.

Los casi diez millones de pensionistas en España tienen muy presente la primera semana de julio. No es para menos, está previsto que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) abone la paga extraordinaria de verano de 2026 entre el miércoles 1 y el viernes 3 de julio. Otros beneficiarios también tienen subrayado en su calendario la última semana de junio, en previsión de recibir antes el dinero gracias al adelanto habitual de las entidades bancarias. Se trata de un año especial, en el que la paga extraordinaria vendrá con subida incluida. Muchos jubilados recibirán una cuantía superior en la paga extraordinaria. El motivo reside en que las pensiones contributivas se han revalorizado un 2,7%, tal y como establece el Real Decreto 39/2026.

De acuerdo con el artículo 46 de Ley General de la Seguridad Social, el sistema de pensiones contempla 14 pagas anuales, doce correspondientes a cada mes del año y dos extraordinarias. De acuerdo con la norma, “estas últimas se devengarán en los meses de junio y noviembre”. No se trata de un complemento adicional al importe mensual, sino parte de una fracción del cálculo total de la pensión. Del mismo modo, el importe a recibir por los pensionistas es equivalente al recibido mes a mes. La peculiaridad de la paga extraordinaria reside en que se abona a mes vencido, por lo que los bancos deberán haber recibido la transferencia por parte de la Seguridad Social a principios de julio. En definitiva, queda poco más de un mes para que los pensionistas reciban su paga extra.

Los pensionistas que hayan comenzado a percibir la pensión después del periodo de devengo —que abarca desde el 1 de diciembre al 31 de mayo— no recibirán la totalidad de la paga extra de verano. En su lugar, recibirán el importe proporcional a lo cotizado. Si, por ejemplo, un usuario es pensionista desde el 31 de mayo, cobrará la mitad de la paga extra, puesto que solo habrá generado tres de los seis meses del periodo. En ese mismo escenario, un pensionista que percibe 1.600 euros recibirá solo 800 euros de paga extraordinaria de verano.

Por su parte, aquellos que empezaron a recibir la pensión después del 31 de mayo de 2026 tendrán que esperar al próximo año para cobrar la paga extraordinaria. Lo mismo ocurrirá con los que la hayan tenido suspendida durante el periodo de devengo en su totalidad.

Por otro lado, existen pensiones en las que, en lugar de contar con paga extraordinaria, el importe está prorrateado. Es el caso de aquellas prestaciones por incapacidad permanente derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional.

Cuándo se cobra la paga extra en cada entidad bancaria

No todos los bancos efectúan el ingreso de la paga extra el mismo día. Muchas entidades financieras adelantan el ingreso, por lo que el día de cobro depende de dónde tengan los pensionistas domiciliada su pensión. En general, los bancos que anticipan el ingreso lo suelen hacer entre los días 22 y 25 de junio:

Si antes del 3 de julio el pensionista no ha recibido la paga extraordinaria de verano, lo recomendable es que contacte con su banco y consulte si existe una orden de pago pendiente. En caso contrario y si no consta a la entidad financiera el abono, deberá presentar una reclamación ante la Seguridad Social mediante uno de estos dos cauces:

El Consejo de Ministros aprueba este martes la reforma pendiente para impulsar más la jubilación flexible, fórmula por la que una persona que se ha jubilado vuelve a trabajar a tiempo parcial, cobrando el salario y parte de la pensión. Entre las novedades, se permitirá acogerse a esta modalidad a los autónomos, hasta ahora solo disponible para los asalariados, hay un incremento en el porcentaje de pensión que se puede cobrar en algunos casos, y solo podrán recalcular su pensión a futuro los jubilados forzosos.

Los cambios, que entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha adelantado El Periódico y confirman a elDiario.es fuentes conocedoras, se incluyen en un real decreto que el Gobierno aprueba este martes –y que por tanto no tiene que pasar por el Parlamento– y que estaba comprometido con los agentes sociales en la última reforma de pensiones para incentivar fórmulas voluntarias de trabajo y pensión.

La intención de estas últimas reformas es hacer “más flexible” el paso entre el trabajo y la jubilación, siempre de manera “voluntaria”, ha explicado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz. Las medida “ya están dando sus frutos”, ha sostenido la también ministra portavoz, con un retraso de la edad efectiva a la que la población se jubila en los últimos años. En abril, ha alcanzado los 65,5 años, mientras en 2019 era de 64,4 años.

“Esta es la muestra de que estamos creando un marco más amplio y más atractivo, más adaptado a los tiempos modernos para trabajadores y trabajadoras, que no expulsa el talento senior que quiera seguir aportando –insisto– desde la voluntariedad”, ha argumentado Saiz, que ha destacado la “escucha” al diálogo social en su diseño.

La jubilación flexible ofrece la posibilidad, a los jubilados que voluntariamente lo deseen, de reincorporarse a la actividad y compatibilizar el cobro de parte de su pensión con las ganancias de un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o, ahora como novedad, con la realización de una actividad por cuenta propia. Eso sí, hay una condición: siempre que la persona no haya estado dada de alta como autónoma en los tres años anteriores a la fecha de jubilación, precisan fuentes conocedoras del real decreto.

Además, no será necesario esperar un periodo mínimo desde la jubilación para solicitar la jubilación flexible. Se podrá acceder en cualquier momento, una vez reconocida la pensión, añaden estas fuentes.

Aumenta el porcentaje de pensión que se puede cobrar

Otra de las novedades relevantes es que se modifican, tanto las jornadas de trabajo que se pueden realizar en jubilación flexible (aumentándolas), así como también se incrementa el porcentaje de pensión que se puede percibir en determinados casos.

Así, los trabajos a tiempo parcial por cuenta ajena podrán situar las jornadas en la horquilla del 33% al 80%. Hasta ahora, el jubilado podía realizar una jornada entre el 25% y el 75%.

La pensión que se puede cobrar, con relación a la de un trabajador a tiempo completo, se reducirá en proporción inversa a la disminución de la jornada de trabajo. Por tanto, si la jornada es de un 80%, la cuantía de la pensión a percibir es de un 20%.

Pero, como novedad, aumentarán los porcentajes de pensión que se pueden cobrar cuando se acceda a la jubilación flexible pasados al menos 6 meses desde la jubilación. En este caso, el beneficiario de jubilación flexible percibirá un porcentaje adicional de pensión:

– En las jornadas a tiempo parcial que se encuentren entre el 55 y el 80%, se incrementará el importe de la pensión en un 25% adicional;

– En las jornadas parciales que las que sean igual o superior al 33%, pero inferiores al 55%, subirán un 15% adicional.

En el caso del trabajo autónomo, el pensionista podrá percibir “hasta 25% de la pensión mientras desarrolla la actividad compatible”, indican estas fuentes conocedoras del decreto.

Recálculo de la pensión solo para jubilados forzosos

Los aumentos en la cuantía de la pensión a percibir durante la jubilación flexible van acompañados de otro cambio: el nuevo periodo trabajado ya no se tendrá en cuenta para recalcular la pensión de jubilación, salvo en el caso de las personas que accedieran a la jubilación de manera involuntaria.

Aunque en un inicio el Gobierno pretendió que la pensión no se recalculara en ningún caso con los nuevos periodos trabajados, los sindicatos insistieron en exceptuar a los llamados jubilados forzosos, quienes se hayan tenido que jubilar de manera forzosa a través de la jubilación anticipada involuntaria, principalmente fruto de despidos y ERE.

Finalmente, el decreto reconoce que el pensionista que haya accedido de forma involuntaria a una jubilación anticipada, cuando regrese a la jubilación plena desde la jubilación flexible, “verá mejorada su pensión inicial al recalcularse su base reguladora y el porcentaje aplicable, según el periodo de cotización acreditado”, explican estas fuentes.

La nueva regulación, que mejora las condiciones para las jubilaciones demoradas, se aplicará a todos los regímenes de Seguridad Social, a excepción de los regímenes especiales de los funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

La recta final de mayo vuelve a poner el foco en el calendario de las pensiones. Aunque estas prestaciones siguen unas reglas generales de pago, el día en el que el dinero aparece en la cuenta puede cambiar según la entidad bancaria. La diferencia se debe a que muchos bancos adelantan el ingreso respecto al plazo ordinario, lo que permite a buena parte de los beneficiarios recibir la mensualidad antes de que empiece junio.

La Seguridad Social abona las pensiones a mes vencido y el pago ordinario se sitúa en los primeros días del mes siguiente. En concreto, el ingreso debe realizarse desde el primer día hábil y siempre antes del cuarto día natural. Sin embargo, como las entidades ya disponen de la información necesaria para tramitar el abono, lo habitual es que anticipen el dinero a sus clientes durante la última semana del mes.

En mayo de 2026, las fechas previstas se mueven principalmente entre el viernes 22 y el martes 26, aunque en algunos casos pueden acercarse al día 27. Por eso, que unos pensionistas cobren antes que otros no implica necesariamente una incidencia con la prestación. La clave está en comprobar el calendario de cada banco y tener en cuenta que el ingreso puede seguir teniendo lugar dentro del plazo habitual de la entidad.

Cuándo paga cada banco la pensión en mayo de 2026

El calendario de pagos arranca este mes con Bankinter, que tiene previsto ingresar las pensiones el viernes 22 de mayo de 2026. Los clientes con la prestación domiciliada en esta entidad serán, en principio, los primeros en recibir la mensualidad en su cuenta. Después aparece CaixaBank, que sitúa el abono el domingo 24 de mayo. Al tratarse de un día no laborable, la disponibilidad efectiva del dinero puede variar ligeramente según la operativa de cada cuenta o la forma en la que el banco refleje los movimientos.

La mayoría de entidades concentra los pagos el lunes 25 de mayo. Ese día está previsto que cobren los pensionistas de Abanca, BBVA, Ibercaja, ING, Kutxabank, Sabadell y Santander. Lo habitual es que el ingreso esté disponible desde primera hora de la semana, aunque pueden existir pequeñas diferencias dependiendo de los horarios internos de actualización de cada banco. En el caso de Caja Rural, el margen es algo más amplio y el pago podría realizarse entre el lunes 25 y el martes 26 de mayo.

En conjunto, el calendario vuelve a reflejar una práctica ya habitual: la mayoría de bancos adelanta el ingreso de las pensiones antes de las fechas ordinarias de la Seguridad Social, que suelen situarse en los primeros días del mes siguiente. Aun así, conviene recordar que cada entidad aplica su propio calendario y que no existe un único día de cobro común para todos los pensionistas.

Qué hacer si no has recibido el pago de la pensión

Cuando el ingreso no aparece en la fecha esperada, lo primero es comprobar si la entidad ya ha alcanzado su día previsto de abono. No todos los bancos pagan al mismo tiempo, por lo que el hecho de que otros pensionistas hayan cobrado no significa que exista un problema. En muchos casos, el pago puede seguir dentro del calendario habitual de la entidad correspondiente.

También conviene recordar que el adelanto aplicado por los bancos no funciona como una obligación uniforme para todas las entidades. El pago ordinario puede realizarse dentro del margen establecido para los primeros días del mes siguiente, mientras que el ingreso anticipado depende de la práctica comercial de cada banco. Por eso, una pequeña diferencia respecto a otros meses no tiene por qué suponer una incidencia.

Si transcurren varios días y el abono continúa sin reflejarse, la primera comprobación debería hacerse con la entidad financiera. El banco puede revisar si el movimiento está pendiente de contabilización, si existe algún retraso puntual o si se ha producido una incidencia asociada a la cuenta. Esta revisión resulta especialmente útil cuando ha habido cambios recientes en la domiciliación o modificaciones de datos.

Si la entidad no localiza el ingreso o no ofrece una explicación suficiente, el siguiente paso es contactar con la Seguridad Social para comprobar el estado del pago. A través de sus canales de atención se puede verificar si la prestación se ha emitido correctamente y si los datos bancarios asociados al expediente están actualizados. Para hacer esta consulta, resulta recomendable tener a mano la documentación personal, la información de la cuenta y cualquier comunicación reciente relacionada con la pensión.

Hay lugares que no se miden en metros cuadrados, sino en vida compartida. El Hogar del Pensionista de Almorox (Toledo) es uno de ellos: un espacio que hoy late como el corazón de sus jubilados y que demuestra, cada día, que la soledad no tiene cabida cuando existe comunidad.

Conocer el Hogar del Pensionista de Almorox desde dentro me otorga una perspectiva única sobre lo que significa, de verdad, 'hacer pueblo'.

Tras haber pasado por su secretaría hace años, observo hoy con una mezcla de orgullo y asombro cómo este centro se ha convertido en un organismo vivo, un ejemplo de resistencia y alegría que demuestra que, cuando hay voluntad, entrega y una gestión honesta, la soledad no tiene ninguna oportunidad.

Una revolución de manos y corazones

Hace poco más de una década, cruzar el umbral del Hogar era entrar en un feudo de silencios masculinos y fichas de dominó. Hoy, la fotografía es otra, radicalmente distinta y mucho más humana.

Nada de esto sería posible sin el trabajo constante, discreto y absolutamente imprescindible de la Junta Directiva, con su presidenta actual, Soledad García Parro, y Antonio de Gregorio Sen anteriormente a la cabeza; así como de todos los componentes de estas Juntas, los que ya no están y los que continúan. Su dedicación diaria, su capacidad de escucha y su compromiso firme han sido el eje sobre el que ha girado esta transformación. No hablamos de una labor puntual, sino de una entrega continuada que sostiene cada actividad, cada decisión y cada avance del Hogar.

Junto a esta dirección ejemplar, la realidad es que el centro vibra gracias a una red de socios y socias que son el verdadero cimiento del proyecto. Es de justicia destacar el papel de las mujeres, que hemos pasado de ser meras espectadoras a convertirnos en motor activo de la vida del centro. Pero no estamos solas: existe un auténtico ejército silencioso de colaboradores que siempre está dispuesto a arrimar el hombro, colocar sillas, recoger mesas o resolver cualquier imprevisto.

Aquí no solo se participa: se construye comunidad. Donde otros verían problemas, este grupo encuentra soluciones. Y ante cada dificultad —como las surgidas con la barra del bar u otros retos— siempre ha prevalecido la unión y el sentido del bien común.

La contabilidad de la ilusión

Sostener un calendario tan intenso exige algo más que buena voluntad: requiere una gestión impecable. Y ahí, nuevamente, la Junta Directiva demuestra su valía. Con recursos limitados —cuotas mínimas de los asociados y subvenciones de la Diputación y alguna otra ayuda— realizan un auténtico ejercicio de equilibrio para que no falte nada y para que cada socio sienta que forma parte de algo valioso.

Se organizan excursiones culturales y de playa, celebraciones de Reyes, Día del Padre, Día de la Madre, Carnavales o una Feria de Abril que desborda color y alegría. En muchas de estas ocasiones, los socios reciben pequeños obsequios que, más allá de su valor material, son un gesto de cuidado y cercanía.

La oferta es tan amplia como viva: concursos, meriendas, excursiones y bingos sociales en los que los premios consisten en alimentos, productos de limpieza y objetos variados, útiles para el día a día y especialmente valorados por todos. Y, por supuesto, esos bailes de los sábados con cantantes estupendos que ya son un orgullo para Almorox.

El buen hacer del Hogar ha despertado el interés de otros pueblos, hasta el punto de que las Juntas Directivas de otros Hogares del Pensionista se acercan para conocer de primera mano su funcionamiento y poder trasladar este modelo a sus localidades. No es casualidad: la organización, la participación y el ambiente que aquí se vive nos han convertido, sin exagerar, en un referente y en la sana envidia de muchos pueblos cercanos.

Mientras tanto, cada tarde, en las mesas del Hogar, se sigue “arreglando lo humano y lo divino”, compartiendo conversaciones, viendo los toros o el fútbol o ayudando a salvar la brecha digital con paciencia y compañerismo, como sucede muchas veces.

El éxito que exige respuestas: ya no cabemos

Pero todo este éxito tiene una consecuencia que ya no se puede ignorar: el Hogar se ha quedado pequeño. El espacio actual es claramente insuficiente para las aproximadamente 600 personas, socios y socias, que forman parte de este proyecto.

No estamos ante una incomodidad puntual ni ante una queja menor. Estamos ante una realidad evidente y constante. Hay sábados en los que simplemente no se puede estar, no se puede bailar con comodidad, no se puede disfrutar como se merece con unos 140 personas juntas.

Este problema no nace de la casualidad, sino del éxito de una gestión ejemplar. Cuando un proyecto funciona, crece. Y cuando crece, necesita que las instituciones respondan. Por eso, ya no basta con reconocer la labor del Hogar: es imprescindible actuar.

El Ayuntamiento debe dar un paso al frente y ofrecer una solución real y digna. No es un capricho, es una necesidad urgente. Este centro no es un local cualquiera: es un espacio de vida, de salud emocional, de convivencia y de dignidad para muchas personas.

Limitar su crecimiento por falta de espacio sería, sencillamente, dar la espalda a una de las iniciativas más valiosas del pueblo.

Un agradecimiento necesario

Gestionar todo esto sin recibir nada a cambio, robando tiempo a la familia y enfrentándose a la burocracia, es un acto de generosidad que Almorox debe reconocer sin reservas.

Aunque, como bien se dice, “nunca llueve a gusto de todos”, la inmensa mayoría del pueblo sabe que detrás de este éxito hay un trabajo titánico, encabezado por unas Juntas Directivas ejemplares cuyo compromiso ha sido clave.

Valorar el Hogar es entender que es el corazón que mantiene joven a la población jubilada de Almorox. Es el lugar donde cada céntimo se convierte en una sonrisa y donde cada mesa compartida es una victoria contra el tiempo.

Porque cuando un pueblo se une para vivir mejor, lo mínimo que merece es un espacio a su altura.

La pensión media aumentó un 4,7% en Canarias en abril con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar un total de 1.249 euros, casi nueve puntos menos que la media nacional, ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En Canarias hay un total de 379.852 pensiones en abril, un 2,6% más que el año anterior, las más numerosas las de jubilación, con un total de 215.391 a razón de 1.452,61 euros al mes.

Le siguen las de viudedad (83.772 por 918,50 euros); incapacidad permanente (61.767 y 1.197,91 euros); orfandad (16.266 y 523,43 euros) y en favor de familiares (2.656 y 800,63 euros).

En el conjunto del país, la Seguridad Social destinó en el presente mes de abril la cifra récord de 14.336,2 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,07% más que en igual mes de 2025.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

La Seguridad Social ha abonado este mes 10.476.332 pensiones a 9,47 millones de personas, de las que 6,68 millones son pensiones de jubilación; 2,3 millones son pensiones de viudedad; más de un millón son pensiones de incapacidad permanente; más de 336.000 son de orfandad y 46.768 en favor de familiares.

Según el Ministerio, la pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en abril en 1.368,4 euros mensuales, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas), alcanzó a 1 de abril los 1.569,7 euros mensuales, un 4,4% más que en abril de 2025.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.729,6 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.058,5 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 2.998,3 euros, y de 1.734,2 euros en el Régimen del Mar.

En cuanto a la pensión media de viudedad, en abril alcanzó los 973,9 euros al mes.

De su lado, la cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.653,6 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de marzo.

Crecen las jubilaciones demoradas

En los tres primeros meses de 2026, se registraron 96.612 nuevas altas en pensiones de jubilación, casi un 13% fueron jubilaciones demoradas voluntarias (12,7%), lo que supone casi dos puntos porcentuales más que al cierre de 2025 y 8 puntos por encima de las registradas en 2019

Como consecuencia del retraso voluntario del momento del retiro y la menor anticipación, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,2 años, cuando en 2019 era de 64,4. Hay que recordar que en 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para la demora en el acceso a la jubilación y se reconfiguró el marco legal para la jubilación anticipada.

Además, el 66,1% de los nuevos jubilados accedieron con edad ordinaria (64.160).

La media de tiempo de resolución de los expedientes en marzo (último dato disponible) fue de 11,7 días en el caso de la pensión de jubilación. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos es de 90 días en la prestación de jubilación.

En abril, 1.463.374 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que en un 75% de sus titulares son mujeres (1.097.463). El importe medio mensual de este complemento de la pensión es de 76,92 euros.

Del total de pensiones complementadas, el 24% corresponde a pensionistas con un hijo (350.538); el 50% a beneficiarios con dos hijos (731.223); cerca de un 17,7% lo perciben con tres hijos (259.235) y, por cuatro hijos, el 8,4% (122.375).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 36,9 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2026. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.

Clases pasivas

Por otra parte, la Seguridad Social ha informado de que la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.776,9 millones de euros en el mes de marzo (último dato disponible). Esta cifra supone un aumento de 108,7 millones de euros respecto a la del año anterior, un 6,5% más.

El número de pensiones en vigor fue de 738.790, que son 14.475 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (2% de variación anual). Este tipo de pensión lo reciben 718.840 pensionistas.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

El ingreso de las pensiones vuelve a situarse en el tramo final del mes de abril, como viene siendo habitual en los últimos meses. Aunque el calendario oficial establece un margen más amplio para efectuar estos pagos, la mayoría de entidades financieras opta por adelantar el abono, lo que permite a los pensionistas disponer del dinero antes de que termine el mes.

Este adelanto no responde a una única fecha común a todas las entidades bancarias. Cada banco fija su propio día dentro de un periodo relativamente concentrado, lo que provoca que haya diferencias entre clientes en función de la entidad con la que operan. Esa diferencia, que puede ser de varios días, es una de las principales causas de duda entre quienes esperan el ingreso.

Para abril de 2026, las fechas ya están definidas y siguen esa misma lógica: pagos distribuidos entre mediados y finales de la última semana del mes, con algunos bancos adelantando más que otros. Conocer este calendario resulta clave para evitar incertidumbre y saber cuándo se recibirá la prestación.

Cuándo se cobran las pensiones en abril

El calendario arranca el miércoles 22 de abril, día en el que Bankinter tiene previsto realizar el ingreso a sus clientes. En esa misma jornada también se sitúa Unicaja, que adelanta el abono respecto a la mayoría de entidades. A partir de ahí, el grueso de los pagos se concentra en el viernes 24 de abril.

Ese día está fijado como referencia para CaixaBank, Banco Santander, Banco Sabadell, Ibercaja y Caja Rural. Se trata de la fecha en la que más pensionistas recibirán el ingreso. El sábado 25 de abril será cuando BBVA e ING lleven a cabo el abono de las prestaciones, aunque al coincidir con fin de semana no se descarta que el ingreso pueda reflejarse el lunes 27 en algunos casos. En el caso de Kutxabank, el pago se sitúa en ese mismo entorno, con previsión de realizarse entre el 25 y el 27 de abril.

El calendario se cierra el lunes 27 de abril, cuando Abanca comenzará a ingresar las pensiones a sus clientes. De este modo, el conjunto de pagos queda distribuido en un margen de cinco días, en línea con lo que ocurre de forma habitual. En términos generales, todas las fechas se sitúan antes de que finalice el mes, aunque con diferencias claras entre entidades. Esta dispersión es la que explica que no todos los pensionistas cobren al mismo tiempo, pese a tratarse de una misma prestación.

Qué hacer en caso de que no hayas recibido el pago de la pensión

Cuando el ingreso no se ha producido en la fecha en la que normalmente se espera, lo más útil es empezar por situarlo dentro del calendario real de pagos de ese mes. Dado que las entidades no actúan todas a la vez, es posible que el abono aún esté dentro del plazo habitual aunque otros beneficiarios ya lo hayan recibido.

Otro aspecto a tener en cuenta es que estos adelantos no forman parte de una obligación fija. El sistema permite que las pensiones se abonen algo más tarde, por lo que pequeñas variaciones en el día de ingreso pueden darse sin que exista un problema real. Si pasan varios días y el saldo sigue sin actualizarse, lo razonable es consultar directamente con el banco. Las entidades pueden comprobar si el movimiento está en proceso o si se ha producido algún retraso puntual en la contabilización.

También es recomendable revisar la información asociada a la cuenta en la que se recibe la prestación. Cambios recientes o incidencias técnicas pueden influir en el momento en el que el dinero queda disponible. Cuando no se obtiene una aclaración suficiente o la demora se alarga más de lo habitual, el siguiente paso es dirigirse a la Seguridad Social. A través de sus canales de atención es posible confirmar si el pago se ha emitido correctamente y descartar errores en la tramitación.

En la práctica, este tipo de situaciones suele resolverse en poco tiempo y sin necesidad de realizar gestiones complejas. Por eso, antes de iniciar cualquier reclamación, conviene comprobar bien el calendario de la entidad y tener en cuenta el margen en el que se concentran los ingresos cada mes.

En Castilla-La Mancha, los centros logísticos automatizados ya no son una promesa de futuro, sino una realidad palpable. En ellos, la tecnología no solo aumenta la productividad: también reduce de forma significativa el número de trabajadores necesarios. Donde antes hacían falta cientos de empleados, hoy bastan decenas apoyados por robots, algoritmos y sistemas inteligentes. Este nuevo paisaje económico, que convive con nuestros campos y molinos, nos plantea una pregunta inevitable: ¿Quién pagará las pensiones dentro de veinte o treinta años?

El debate suele presentarse como un enfrentamiento entre generaciones. Por un lado, los jubilados, que reclaman pensiones dignas tras toda una vida de trabajo y cotización —porque su pensión no es un regalo, sino el fruto de haber contribuido durante toda su vida laboral—. Por otro, los jóvenes, que perciben cómo su salario soporta una creciente presión fiscal mientras su futuro resulta incierto. Sin embargo, este conflicto es, en gran medida, un espejismo. Enfrentar a un joven mileurista con un jubilado es discutir por las migajas, mientras el verdadero problema sigue sin resolverse.

Una trampa fiscal compartida

La situación actual refleja una contradicción evidente. Las pensiones suben para mantener el poder adquisitivo, pero un sistema fiscal que no se ajusta a la inflación provoca que parte de esa mejora se diluya. Al mismo tiempo, muchos trabajadores jóvenes sienten que su esfuerzo fiscal es cada vez mayor, sin que ello se traduzca en una mejora real de su capacidad de ahorro o acceso a la vivienda.

El problema no es que unos reciban demasiado o que otros aporten demasiado. El problema es que el sistema sigue dependiendo casi exclusivamente del trabajo humano en una economía que ya no funciona así.

Cuando la riqueza ya no depende solo del trabajo

La automatización ya está transformando sectores enteros en Castilla-La Mancha. Lo vemos en la logística, pero también en otros ámbitos donde la tecnología permite producir más con menos empleo directo.

Esto genera una paradoja: aumenta la productividad y la riqueza, pero la base tradicional que financia el sistema —las cotizaciones sobre el trabajo— pierde peso relativo. Aquí surge una idea cada vez más presente en el debate económico: si las máquinas generan valor, ¿por qué no contribuir también al sostenimiento del sistema público?

Silicio y pensiones: ampliar la base del sistema

No se trata de frenar la innovación, sino de adaptarse a ella. Igual que en su día se construyó el Estado del bienestar sobre las cotizaciones del trabajo, hoy podría incorporarse una nueva vía: captar parte de la riqueza generada por la automatización y la inteligencia artificial. Podríamos llamarlo, de forma sencilla, una “cuota de solidaridad tecnológica”. Una forma de que el silicio —la base de los microchips que hacen posible esta revolución— también contribuya al contrato social.

Las consecuencias de un enfoque así serían relevantes:

Cambiar el enfoque para evitar el conflicto

Cuando se amplía la base de financiación, el debate deja de centrarse en cuánto debe aportar cada generación. Ya no se trata de enfrentar a jóvenes y jubilados, sino de adaptar el sistema a una economía que ha cambiado profundamente.

En ese contexto, medidas como ajustar el IRPF a la inflación dejarían de ser una amenaza para las cuentas públicas y pasarían a ser una cuestión de sentido común y equidad.

El verdadero reto

El desafío no es menor. Se trata de actualizar un modelo diseñado en el siglo XX para una economía que ya pertenece al siglo XXI. La tecnología no es solo una herramienta de producción: es también una fuente de riqueza que debe formar parte del sostenimiento colectivo.

Enfrentar generaciones es un error. Es discutir por el último vaso de agua en medio del desierto. La solución no es repartir mejor la escasez, sino encontrar una nueva fuente.

Esa fuente puede estar en la fiscalidad tecnológica. Solo incorporando al sistema la riqueza generada por la automatización podremos garantizar algo esencial: que los jóvenes de hoy lleguen a ser los jubilados dignos de mañana.

Quizá el futuro del contrato social no se escriba únicamente con el esfuerzo humano, sino también con el silicio de las máquinas que ya están transformando nuestra economía.

La pensión media por jubilación se situó en Asturias en marzo en 1.835,89 euros, el segundo mayor importe entre las comunidades autónomas tras el País Vasco, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La pensión por jubilación, que en la comunidad perciben 187.922 personas, es un 17,1% superior a la media nacional, que ascendió a 1.568,46 euros.

La tercera más alta del país

La pensión media en Asturias -incluidas las de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente y en favor de familiares- ascendió a 1.575,83 euros, un 3,72 % más que hace un año.

La pensión media asturiana, que es un 15,24 % superior a la media de España (1.367,38 euros), es la tercera más alta de entre las comunidades autónomas, por detrás del País Vasco y Madrid.

Por tipo de pensiones

El número total de pensiones en Asturias ascendió en marzo a 303.051, un 0,43 % más que hace un año.

Por tipo de pensiones en Asturias, además de la de jubilación, la de viudedad se situó en una media de 1.110,67 euros, con 75.746 beneficiarios, y la de orfandad, en 665,44 euros, con 8.630 beneficiarios.

La pensión de incapacidad permanente, que en Asturias cuenta con 28.701 beneficiarios, fue de 1.409,68 euros, y la de favor de familiares, con 2.052 pensionistas, de 1.082,91 euros.

La revalorización

En todo el país, la Seguridad Social ha abonado este mes 10,46 millones de pensiones a 9,5 millones de pensionistas, lo que ha supuesto un desembolso de 14.307,7 millones de euros, un 6,04 % más que en marzo de 2025-, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Seguridad Social.

Este incremento recoge la revalorización de las pensiones aprobada para este año, con una subida del 2,7 % con carácter general, tasa que asciende al 7 % en el caso de las mínimas y al 11,4 % en el de las no contributivas.

La pensión media

Del total de la nómina, 10.474,4 millones de euros van destinados a las pensiones para los jubilados, 2.280,4 millones para la pensión por viudedad, 1.329,8 millones para las incapacidades permanentes, 184,7 millones para la orfandad y 38,3 millones para las prestaciones en favor de familiares.

La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de los pensionistas (6,7 millones de personas), se sitúa en 1.568,5 euros mensuales, un 4,4 % más que el mismo mes del año pasado.

Por regímenes

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del régimen general es de 1.728,7 euros mensuales, mientras que la del régimen especial de trabajadores autónomos es de 1.057,6 euros.

Además, en el régimen de la minería del carbón fue de 2.997,6 euros mensuales y en el régimen del mar fue de 1.733,4 euros.

La pensión media de viudedad alcanzó los 973,4 euros mensuales.

La brecha de género

La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.726,3 euros de media, siendo superior la del régimen general, que se situó en 1.856,15 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de febrero.

En marzo, 1.413.697 pensiones reciben el complemento para reducir la brecha de género, de las cuales el 76,4 % son mujeres (1.079.933) con un complemento medio de 76,95 euros al mes.

Complemento por hijos

El 24,1 % de los beneficiarios tiene un hijo, el 49,7 % dos hijos, el 17,8 % tres y el 8,4 % cuatro, con un complemento de 36,9 euros mensuales por hijo, tras la revalorización de este año, que se solicita al pedir la pensión.

Además, la nómina de las pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.765,4 millones de euros en febrero (último dato disponible), un 5,9 % más, al abonarse 738.008 prestaciones, un 2 % más, a 718.105 pensionistas.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas. 

El calendario de pago de las pensiones vuelve a situarse entre las principales preocupaciones de millones de beneficiarios a medida que avanza el mes. Saber con antelación el día en el que se recibirá el ingreso permite organizar gastos básicos. Aunque existe una referencia general fijada por la Seguridad Social, en la práctica el momento exacto del abono depende de la entidad bancaria en la que esté domiciliada la prestación.

El sistema establece que las pensiones se abonan a mes vencido, con un marco que sitúa el pago entre los primeros días del mes siguiente. Sin embargo, la mayoría de bancos adelanta ese ingreso a los últimos días del mes en curso. Este funcionamiento se ha consolidado y, salvo excepciones puntuales, se repite de forma bastante estable mes a mes, lo que permite anticipar con cierta precisión cuándo se cobrará en función de la entidad.

Fechas de abono en marzo de 2026 según cada banco

En marzo de 2026, los pagos volverán a concentrarse en la última semana del mes, principalmente entre el lunes 23 y el miércoles 25. Las primeras entidades en realizar el ingreso serán Bankinter y Unicaja, que prevén abonar la pensión el lunes 23 de marzo. Este adelanto las sitúa, como es habitual, entre los bancos que más pronto ingresan la prestación.

El martes 24 de marzo será el turno de CaixaBank y Banco Santander, junto con otras entidades asociadas a sus grupos. A partir de ahí, el miércoles 25 se concentrará la mayor parte de los pagos, con ingresos previstos en BBVA, Banco Sabadell, Abanca, ING, Ibercaja, Kutxabank, Cajamar y Openbank, entre otros. Este último día reúne a la mayoría de entidades y, por tanto, a un volumen significativo de pensionistas.

Este reparto responde a la operativa interna de cada banco. Aunque la Seguridad Social fija el marco general, son las entidades las que deciden cuándo hacen efectivo el ingreso una vez disponen de la información necesaria. Por eso, dos personas con la misma prestación pueden cobrar en días distintos si tienen su pensión domiciliada en bancos diferentes. Aun así, el patrón es claro: los abonos se concentran en un margen reducido de días al final de cada mes.

Qué hacer si no te han ingresado la pensión

Si el ingreso no aparece en la cuenta en la fecha habitual, lo primero es comprobar el día concreto en el que suele abonar la pensión la entidad bancaria correspondiente. No todos los bancos pagan el mismo día y puede haber diferencias de hasta dos jornadas dentro de ese calendario concentrado en la última semana del mes.

También conviene tener en cuenta que, aunque los bancos adelantan el pago, la referencia oficial permite que el abono se realice dentro de los primeros días del mes siguiente. Esto significa que un retraso puntual no implica necesariamente una incidencia grave, sino que puede deberse a cuestiones operativas o a la forma en la que cada entidad procesa los ingresos.

Si tras esperar ese margen el dinero sigue sin reflejarse en la cuenta, el siguiente paso es contactar con el banco para verificar el estado del pago. La entidad puede confirmar si el ingreso está pendiente de contabilización o si existe alguna incidencia concreta. En paralelo, es recomendable revisar que los datos bancarios estén actualizados, ya que cambios recientes en la cuenta pueden afectar al proceso.

En caso de que no haya una explicación clara o el problema persista, el pensionista puede acudir a la Seguridad Social para comprobar si el pago se ha tramitado correctamente. A través de sus canales de atención es posible verificar la situación y detectar posibles errores administrativos. En la mayoría de los casos, los retrasos se resuelven sin necesidad de gestiones complejas y dentro de los plazos previstos.

Ya hay fecha para hacer efectiva la marcha atrás en el recorte “de golpe” en la pensión máxima por jubilación anticipada que la Seguridad Social está aplicando desde el pasado 1 de enero, en lugar de las penalizaciones progresivas pactadas en la reforma de 2021. Como adelantó elDiario.es, el Ministerio de Elma Saiz decidió revertir este criterio tras las quejas de sindicatos, con el apoyo de la patronal, aunque hasta el momento no había aclarado cuándo estaría en vigor. Fuentes del Ministerio responden a este medio que trabajan para que esté listo este mes de marzo.

“Estamos terminando el análisis jurídico sobre este asunto y esperamos que esté resuelto lo antes posible”, afirman en la Seguridad Social. “Nuestra intención es que esté en este mismo mes”, indican a preguntas de este medio.

La cuestión afecta a las penalizaciones (o coeficientes reductores) que se aplican a los trabajadores que se jubilan de manera anticipada y que tienen derecho a recibir la pensión máxima. En la reforma de pensiones de 2021 se pactó que esta penalización aumentara, dado que era en la práctica inferior respecto a los empleados con salarios más bajos, y se acordó un incremento progresivo de 2024 a 2033.

Sin embargo, a finales de año, la Seguridad Social comunicó de manera sorpresiva en la página web de su Simulador de la pensión que a partir del 1 de enero dejaban de ser de aplicación estos coeficientes progresivos. Desde esa fecha, el organismo público está aplicando las penalizaciones previstas para 2033 “de golpe”, como denunciaron varios trabajadores afectados por el cambio a este medio.

En la práctica, esto puede significar un gran —y repentino— aumento de las penalizaciones por retiro anticipado para quienes cobran la pensión máxima. En el caso más extremo, el recorte puede alcanzar un extra de 400 euros al mes. “En mi caso pueden ser 300 euros menos de pensión al mes”, denuncia Íñigo Pastor, que tiene que jubilarse en los próximos meses, cuando cumpla los 63 años, fruto de una prejubilación acordada en su empresa.

Fuentes sindicales esperan también que el nuevo criterio de la Seguridad Social esté listo de manera inminente, antes de que termine marzo. CCOO y UGT exigieron al Ministerio de Elma Saiz que solucionara esta cuestión, además del desbloqueo de la jubilación parcial para los empleados públicos, para seguir negociando cualquier otra cuestión en la mesa de diálogo de la Seguridad Social.

Un nuevo criterio para volver a aplicar los recortes progresivos

La solución por el momento se concretará en un nuevo criterio interno de la Seguridad Social que corrija la instrucción previa que se está aplicando en estos momentos, explican fuentes del diálogo social. Es decir, no tiene que pasar por el Parlamento y puede aplicarse de manera inmediata una vez se dicte.

El foco del conflicto es la interpretación de la Seguridad Social de la ley pactada con los sindicatos y los empresarios en 2021 sobre estos coeficientes reductores. En la disposición transitoria 34 de la Ley de la Seguridad Social se plasmó el periodo transitorio para elevar, poco a poco, estas penalizaciones. Sin embargo, se incluyó un 'pero'.

En el apartado uno se contempló —en un artículo de difícil comprensión— que estos coeficientes “solo resultarán de aplicación” cuando la pensión reconocida no resultase en ningún caso inferior a la que habría correspondido con la aplicación de las normas vigentes en 2021.

La Seguridad Social había interpretado que esta condición ya se había superado. Es decir, que la pensión máxima ya era en todo caso superior a la de 2021, debido a su aumento en los últimos años de elevada inflación. Ahora, el organismo público trabaja en la argumentación jurídica para justificar que se vuelva a aplicar el recorte progresivo.

Quejas por la “incertidumbre” y las pensiones ya recortadas

Varios trabajadores y pensionistas afectados por esta situación han denunciado a elDiario.es la gran “incertidumbre” y la “ansiedad” que están viviendo en relación a la cuantía de sus pensiones. “Que es para siempre”, subraya Íñigo Pastor.

Primero, por un cambio de criterio sin apenas antelación ni comunicación a los afectados por parte de a Seguridad Social, que supone diferencias sustanciales en las cuantías de las prestaciones. Y, después, una vez el Ministerio afirmó a este medio que daba marcha atrás en este recorte de golpe, por la falta de respuestas en este sentido en las oficinas y otros canales de información de la Seguridad Social, donde han seguido diciendo a los afectados que las penalizaciones progresivas ya no son de aplicación.

“La opacidad no puede ser una política pública. Quienes cumplimos los requisitos legales para una jubilación anticipada voluntaria tenemos derecho a que una decisión del tal calado como el cese de la vida laboral pueda tomarse con confianza basada en información veraz y transparente del órgano gestor, tal y como marca la ley y nuestra Constitución”, dice Juan (nombre ficticio), en una queja presentada a la Seguridad Social.

Varios afectados están demorando la jubilación unos meses, hasta que se solucione esta situación. En los sindicatos recuerdan que la pensión se puede pedir con efecto retroactivo de 90 días, por lo que estaban recomendando por el momento aplazar las citas con la Seguridad Social hasta que se aclare este aspecto.

Pero hay algunas personas que no han tenido opción —o suficiente información— y se han jubilado desde el 1 de enero con este mayor recorte en su pensión. Por ejemplo, es el caso de las personas que tenían salidas pactadas en procesos de ERE y prejubilaciones, explica Íñigo Pastor, como algunos de sus compañeros, que tenían que jubilarse cuando cumplieran los 63 años de manera obligada.

Para estas personas que ya se han jubilado durante este primer trimestre, fuentes sindicales indican que han exigido al Ministerio “que puedan revisar la cuantía de su pensión”, algo sobre lo que son optimistas. Eso sí, por el momento no saben qué solución dará el departamento de Saiz: si una revisión de oficio de la Seguridad Social de las pensiones aprobadas en este lapso de tiempo o si las personas afectadas tendrán que pedir de manera proactiva que se les revise su prestación.

La Coordinadora Cantabria de Pensionistas se manifestará el lunes 23 de febrero en en Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Astillero, Camargo y Cabezón de la Sal por el “escudo social”, dentro de las movilizaciones de las coordinadoras de pensionistas en todo el Estado.

La Coordinadora ha recordado que el 27 de enero, PP, Vox y Junts impidieron aprobar en el Congreso el denominado Decreto Ómnibus que contenía, además de la revalorización de las pensiones, el llamado “escudo social”, que incluye medidas como como el bono social energético o la prohibición de cortar el suministro de agua, gas y electricidad.

El Congreso someterá la próxima semana a convalidación los decretos de revalorización de pensiones y del “escudo social” y la Coordinadora Cántabra de Pensionistas ha exigido que sean apoyados por todos los partidos.

“No podemos consentir que los intereses y las políticas partidistas jueguen con la necesidad de las personas. Entendemos, a la vez que lamentamos, que el Gobierno se vea obligado a rebajar, aunque sea puntualmente, la protección de las personas más vulnerables para conseguir los apoyos necesarios con los que salgan adelante las medidas sociales propuestas”, ha manifestado la Coordinadora.

Igualmente el colectivo de pensionistas ha exigido al Gobierno y “a cualquiera que se llame a sí mismo progresista” que “la necesaria protección de las personas vulnerables sea cada vez mayor, que no se conforme con parches o pequeñas medidas, sino que vaya a la raíz del problema, empezando por una reforma fiscal profunda” para una “más justa distribución de la riqueza”.

El inicio de cada mes despierta especial atención entre millones de pensionistas en España, ya que conocer la fecha en que se percibirán los ingresos resulta fundamental para organizar gastos y compromisos financieros. En febrero de 2026, esta planificación vuelve a cobrar relevancia, dado que los hogares dependen de estas prestaciones para afrontar pagos corrientes y garantizar la estabilidad económica personal y familiar.

El calendario de cobro se basa en la planificación establecida por la Seguridad Social, que sitúa el pago de las pensiones entre los días 1 y 4 de cada mes. Sin embargo, el ingreso puede variar según la entidad bancaria en la que se tenga domiciliada la prestación, ya que muchas entidades adelantan el abono para que los beneficiarios dispongan de los fondos antes del inicio formal del mes. Esta combinación entre el calendario oficial y la operativa interna de los bancos determina la distribución de los pagos durante los últimos días de febrero.

Fechas de abono en febrero de 2026 según cada banco

El calendario de febrero de 2026 no presenta festivos nacionales que alteren el patrón habitual de adelantos, por lo que las entidades han organizado los ingresos entre el viernes 20 y el miércoles 25 de febrero, siguiendo su operativa interna. Como ocurre cada mes, el grueso de pagos se concentra en los últimos días laborables previos al cierre del mes.

Las primeras entidades en abonar la pensión serán Bankinter y Unicaja, que efectuarán el ingreso el viernes 20 de febrero. El lunes 23 de febrero está previsto el pago por parte de Banco Santander. El martes 24 de febrero se realizará el abono en CaixaBank e Ibercaja, mientras que el miércoles 25 de febrero concentrará la mayor parte de los ingresos, con los pagos previstos en BBVA, ING, Banco Sabadell, Abanca, Caja Rural y Laboral Kutxa.

Qué hacer si la pensión no se ha depositado en la cuenta

Cuando la pensión no se refleja en la fecha prevista por la entidad financiera, lo primero es verificar cuál es el día concreto fijado por el banco en el que está domiciliado el cobro. En febrero de 2026 los ingresos anticipados se distribuyen entre el 20 y el 25 de febrero, por lo que puede haber diferencias de varios días entre entidades. Además, si la fecha coincide con un fin de semana o con el cierre de la operativa diaria, el movimiento puede mostrarse en la cuenta en la siguiente jornada hábil.

Si tras comprobar el calendario de la entidad el ingreso sigue sin aparecer, es recomendable contactar directamente con el banco para solicitar información sobre el estado de la transferencia. La entidad puede confirmar si el pago está pendiente de contabilización, si existe alguna incidencia técnica o si el retraso responde a un procedimiento interno de validación.

En caso de que el banco indique que no ha recibido la orden de pago, el siguiente paso es acudir a la Seguridad Social para comprobar que la prestación ha sido tramitada correctamente. A través de sus canales de atención, el organismo puede revisar el expediente y verificar que no existe ningún error en los datos bancarios o en la emisión de la orden. Este procedimiento permite determinar si el retraso se debe a la operativa financiera o a una incidencia administrativa.

Como toda gran mentira, la narrativa que asegura que estamos viviendo una guerra intergeneracional contiene elementos ciertos que conviene reconocer. La desigualdad entre generaciones en lo referido a la renta y, sobre todo, a la riqueza, existe y genera una fotografía estática donde ciertos grupos de edad disponen de más recursos que otros. Sin embargo, es completamente injustificado derivar de esa fotografía una causalidad según la cual la pobreza relativa de los jóvenes se debe a la mayor riqueza relativa de los mayores. Ese salto argumentativo ilegítimo permite que se extienda la idea de que el foco debe situarse en la “injusta generosidad” de las fuentes de recursos de las generaciones mayores —como las pensiones—.

La mayoría de los análisis convencionales que abundan en este error carecen tanto de una perspectiva internacional como histórica, algo que lastra su capacidad de entender el fenómeno que aparentemente quieren explicar. El error les conduce a una posición conservadora que es perfectamente funcional al desmantelamiento de las conquistas sociales, lo que paradójicamente agrava el problema que en algunos casos dicen querer resolver.

La historia importa

Desde hace unos 300.000 años los seres humanos vivimos en comunidades que se organizan colectivamente a través de instituciones históricamente específicas. Es de sentido común que nuestro perímetro de posibilidades no es el mismo según seamos miembros de una sociedad de cazadores-recolectores, de una sociedad agraria de la Edad Media o de una sociedad capitalista moderna. Pero tampoco dentro del capitalismo las condiciones han sido las mismas todo el tiempo: no viviríamos igual en la Inglaterra industrial del siglo XIX, en Estados Unidos de posguerra del siglo XX o en la España contemporánea. Entender el tipo de instituciones es central para comprender en qué “mundo” se inserta cada generación y cada individuo.

Esas instituciones cambian con el tiempo, y la sociología ha dedicado mucha atención a las razones que explican esas mutaciones. Una de las explicaciones más potentes es la que se refiere a la lucha política entre grupos sociales, y que en el ámbito laboral es obvia. En el incipiente capitalismo industrial británico no existía lo que hoy llamaríamos derecho laboral, de modo que las condiciones de trabajo eran de explotación severa y venían marcadas más por el límite de los organismos biológicos que por las leyes. Pero las luchas políticas en la sociedad y en el parlamento fueron imponiendo límites a esa explotación, conduciendo a normativas y leyes que protegían de los abusos y excesos más brutales. La lucha política fue construyendo un marco institucional históricamente específico, pero a un coste muy elevado porque la represión siempre fue violenta e implacable: aquellas primeras normativas fueron conquistas devenidas tras miles de muertes por los accidentes laborales y por la represión sindical.

Esa lucha política no se detuvo en aquellas primeras victorias. A lo largo de las siguientes décadas nuevas conquistas fueron ampliando el abanico de protección de la clase trabajadora, hasta que a finales del siglo XIX se fueron condensando en muchos países occidentales en lo que se ha llamado Estado Social o Estado del Bienestar, es decir, en un conjunto de instituciones pensadas para frenar los abusos que la parte más fuerte —el capital— lleva a cabo contra la parte débil —el trabajo—. La especificidad histórica la determina el hecho de que no hay dos Estados Sociales iguales, ni en el espacio —cada país dispone de una versión propia— ni en el tiempo —sus contenidos son continuamente objeto de disputa y redefinición—. Por esa razón es correcto afirmar que las conquistas sociales que encarnan las instituciones siempre son contingentes y nunca definitivas: nunca están garantizadas para siempre.

Los teóricos han tratado de ofrecer una periodización coherente para situar estos cambios a lo largo de la historia reciente, siendo la más fecunda y conocida la que distingue entre el capitalismo salvaje del siglo XIX, el período keynesiano-fordista que se fue desplegando tras la II Guerra Mundial y el período neoliberal que a partir de los años ochenta fue desmantelando las conquistas sociales. Incluso las lecturas más simples de esta clasificación permiten comprender que las instituciones —particularmente las referidas a los derechos laborales— cambian a lo largo del tiempo y afectan desigualmente entre generaciones. 

Es lógico llegar a la conclusión de que un individuo crecido en una sociedad fordista, con sus grandes fábricas y alta afiliación sindical, y protegido por un Estado Social fuerte, no disfruta de los mismos derechos que otro individuo crecido décadas después en una sociedad posfordista o neoliberal donde el trabajo habitual es precario y flexible y se encuentra altamente expuesto a los caprichos de los empleadores. Indudablemente, ambos individuos pensarán la sociedad de forma distinta. Sin embargo, es este tipo de enfoque el que está completamente ausente entre los analistas de la “guerra intergeneracional”. Para ellos es como si los individuos se insertaran siempre en el mismo lugar, vacío de historia y cambio social.

El caso de España

España es un país que tuvo que construir su Estado Social a contramano del resto de Europa, pues justo cuando aquí la recuperación de la democracia impulsaba su construcción en el resto de Europa comenzaba su desmantelamiento. Las bases económicas, además, tampoco eran las más apropiadas para sostener el Estado Social. España transitó hacia la industrialización moderna a finales de los años 50 del siglo XX, pero en los años 70 ya comenzaba la desindustrialización. Durante los años ochenta ese proceso se aceleró, junto con un proceso de desagrarización y el crecimiento del sector servicios (particularmente importante en turismo y servicios inmobiliarios).

El principal efecto de estos cambios fue la caída de los empleos en el sector industrial, que pasaron de representar el 23% en 1980 a caer por debajo del 10% en la actualidad. Esta transformación supuso la desaparición progresiva del obrero de mono azul, que se ubicaba en medianas y grandes empresas con alta presencia sindical, y su sustitución por trabajadores menos cualificados en sectores de baja intensidad sindical. Se desplegaba así una flexibilización e individualización de las relaciones laborales, lo cual dejaba al trabajador en una situación más vulnerable ante el empleador.

Esto no solo iba a tener consecuencias políticas —los obreros organizados tendían a ser la base social de los partidos de izquierdas— sino también económicas. La participación de los salarios en la renta ha ido disminuyendo sistemáticamente y manteniendo una evolución pareja al declive de peso del empleo industrial, como se puede ver en el siguiente gráfico. Eso quiere decir que, de la tarta total del valor monetario de la producción, cada vez una menor parte iba dirigida a los salarios —pero mayor hacia los beneficios empresariales—.

Estos datos sugieren que la desindustrialización ha sido el factor estructural clave en el hundimiento de la participación salarial en España. La industria genera empleos con mayor productividad, mayor poder negociador (concentración en fábricas, sindicatos de rama) y mayor capacidad de captura de rentas por parte de los trabajadores. Así, la terciarización de la economía española —sobre todo hacia servicios de bajo valor añadido, como turismo y construcción— ha debilitado la posición estructural del trabajo frente al capital.

Conviene, sin embargo, evitar lecturas monocausales. Al fin y al cabo, la desindustrialización no ha operado en el vacío. El proceso ha estado acompañado por una creciente financiarización de la economía española y por la inflación persistente del precio de los activos inmobiliarios. Como ya he resaltado en otras ocasiones, la vivienda se ha convertido en un mecanismo central de acumulación patrimonial para las cohortes que accedieron a la propiedad en décadas de precios relativamente bajos y crédito expansivo. Esa dinámica ha amplificado la divergencia patrimonial entre generaciones, pero no porque los mayores “extraigan” recursos de los jóvenes, sino porque el modelo de crecimiento ha desplazado la generación de renta desde el trabajo productivo hacia la revalorización de activos. Es una transformación estructural del régimen de acumulación, no un conflicto entre edades.

En estos cambios institucionales cabe resaltar el papel de las reformas laborales. Particularmente importantes fueron las de 1984 y 1997, pero también las de 2010 y 2012. Todas ellas han tenido como objetivo mermar la capacidad de negociación de la clase trabajadora, lo que se ha traducido en condiciones de trabajo más precarias y salarios relativamente más reducidos. El modelo laboral neoliberal se justificaba en aras de una supuesta mayor capacidad de adaptación de la mano de obra a una estructura productiva desindustrializada y crecientemente dependiente de sectores precarios. Esto fue generando lo que técnicamente se llama un mercado laboral segmentado, donde los individuos de generaciones anteriores tendían a disfrutar de derechos laborales que ya eran inexistentes para las nuevas generaciones.

Este patrón no es exclusivo de España. Todas las economías occidentales han atravesado la misma senda, resultado de los efectos de la globalización neoliberal, pero aquellas que han sufrido procesos más intensos de terciarización y debilitamiento sindical —como Estados Unidos o el Reino Unido— muestran trayectorias más similares de caída en la participación salarial. Por el contrario, países que han preservado un mayor peso industrial y una arquitectura institucional más robusta —como Alemania o algunos países nórdicos— han registrado dinámicas distributivas relativamente más equilibradas. Ello sugiere que el problema no radica en la edad de los ciudadanos, sino en el tipo de estructura productiva e institucional que enmarca sus trayectorias vitales. El hecho de que en todos los países las diferencias de rentas sean más acusadas entre trabajadores jóvenes y trabajadores mayores que entre trabajadores y pensionistas subraya este punto, un aspecto también deliberadamente ignorado por los apologetas de la crítica a los “boomers”.

Hace una década la propuesta de los economistas convencionales fue la del “contrato único”, que era un subterfugio con el que se pretendía homogeneizar las condiciones laborales a la baja: retirando las protecciones-conquistas de los grupos mayores. Actualmente los discursos de la “guerra intergeneracional” son un eco de esas propuestas, aunque de una manera más naif: se argumenta que es el peso de las conquistas de las generaciones anteriores lo que lastra la posibilidad de desarrollo de las conquistas de las generaciones siguientes, centrado habitualmente en el caso de las pensiones.

Conclusión

El énfasis recurrente en las pensiones como supuesto obstáculo para el progreso de las generaciones jóvenes incurre además en un error de perspectiva macroeconómica. El sistema de pensiones no es un mecanismo autónomo que compita con los salarios de los jóvenes, sino una institución que depende estructuralmente de la masa salarial y del nivel de empleo. Cuando la participación del trabajo en la renta se reduce y la estructura productiva se orienta hacia sectores de bajo valor añadido, se deteriora simultáneamente la base financiera del Estado Social. El problema, por tanto, no es la “generosidad” de las pensiones, sino el debilitamiento de la capacidad productiva y distributiva del conjunto de la economía. El problema no son los boomers, sino que el mundo donde se insertaban ha sido sustituido por otro con una fracción de sus derechos y oportunidades laborales.

En realidad, hay que darle la vuelta al argumento: ha sido la incapacidad histórica de defender las conquistas anteriores frente al avance brutal del neoliberalismo lo que ha llevado a las nuevas generaciones a una situación de enorme vulnerabilidad. Por lo tanto, son las instituciones y la lucha política —de clases, más específicamente— las que explican fundamentalmente las diferencias intergeneracionales de renta y riqueza. Un corolario de este argumento es que la solución pasa por más conquistas sociales, y no menos —como plantean los analistas conservadores— y una profunda reestructuración de la economía que pase por la reindustrialización de la economía, el final de la dependencia sobre sectores de bajo valor añadido y la excesiva capacidad de poder de los empleadores privados.

En definitiva, no estamos ante un enfrentamiento entre jóvenes y mayores, sino ante un conflicto más profundo entre rentas del trabajo y rentas del capital en un régimen de acumulación que ha debilitado sistemáticamente la posición estructural del primero. Las diferencias intergeneracionales son la expresión demográfica de esa transformación institucional. Pretender resolverlas erosionando las conquistas sociales existentes equivale a profundizar la lógica que generó el problema, un aspecto de máxima satisfacción para el capital. La salida no pasa por redistribuir escasez entre cohortes, sino por reconstruir poder social, reorientar el modelo productivo y ampliar las instituciones que protegen al trabajo.

No existe el conflicto generacional. Es un invento del capital para facilitar el negocio de las pensiones privadas. Nadie va a decir abiertamente que quiere recortar las pensiones porque quiere quedarse con ese pastel, tiene que venderlo como una necesidad imperiosa por el equilibrio de las cuentas, y para llevarlo a cabo necesita aliados dentro de la sociedad. Los principales objetivos para ejercer como quintacolumnistas dentro de la clase trabajadora son los jóvenes que ven muy lejano el momento en el que se harán beneficiarios de una pensión, quien tiene difícil el presente es imposible que piense en el futuro lejano.  

Cada vez que escuches a alguien hablar de Zeta, X, Millenial, Boomer, Alfa o categorizaciones similares basadas únicamente en el año en el que naciste para hablar de política económica échate la mano al bolsillo porque quiere robarte. A veces dirán que lo hacen porque eres víctima, pero solo es una estrategia para instaurar otro inmenso expolio de clase y fomentar una nueva etapa de acaparamiento de capital por parte de las capas más privilegiadas de la estratificación social. No es difícil saber quiénes son: los mismos que para solucionar el problema de la vivienda tienen como única medida relajar los impuestos para construir más sin poner límites a la especulación. 

Todo discurso que niega el conflicto de clases para sustituirlo por el conflicto generacional tiene como objetivo ser funcional a una futura rebaja de las pensiones. Es normal que este debate sea liderado por esas personas que forman parte del colectivo en el que se quiere instaurar el estado de agravio y que sin verse afectados por tener una posición de clase favorable busca el favor del capital para mejorar en esa estratificación de clase. Su actitud es en sí misma una evidencia de que el conflicto es de clase y no generacional. 

No es un discurso que tenga ninguna base intelectual seria ni deba tenerse en cuenta desde el punto de vista narrativo, es una retórica que tiene como objetivo mejorar su propia situación personal ayudando a los que quieren que las pensiones públicas desaparezcan para ser sustituidas por el jugoso negocio de las pensiones privadas. De forma paradójica la negación del conflicto de clases es una manera de confirmarlo porque buscan mejorar su situación profesional y aumentar su capital. Por eso serán acogidos con alborozo por todo el sistema extractivista para usarlo en su beneficio dando unas cuántas migajas al colaboracionista. 

A los jóvenes de clase trabajadora que se sientan cercanos a este mensaje solo lanzarles una advertencia: te están usando para joder a tu abuelo. Es lo único que les interesa, y si eso no te convence porque solo piensas en tu presente, que sepas que un mensaje así no va a mejorar tu presente, pero sí ten claro que va a hipotecar tu futuro. La clase trabajadora que se siente atraída por el discurso de la lucha generacional perderá su juventud antes de que mejore su situación convirtiéndose antes de que se dé cuenta en el enemigo de ese mismo discurso que antes defendía. Los años pasan más rápido que los cambios estructurales a mejor mientras que los recortes de derechos son casi inmediatos.  

Es lamentable asistir a discursos completamente desinformados sobre la estratificación social y que tengan espacio privilegiado en el debate publicado. No pido que desaparezcan los adanistas que se creen que inventan conceptos y relatos, pero al menos que tengan un mínimo de sentido del ridículo y lean lo que se ha escrito antes de provocar bochorno. No es posible hablar de clases sociales o negar las clases sociales sin atender todo lo teorizado por Karl Marx, Max Weber, Talcott Parsons, Ralph Dahrendorf, Pierre Bourdieu, Erik Olin Wright o Michael Savage. Al menos hay que tener un poco de vergüenza y no querer pontificar ante quienes sí los conocen y los han estudiado porque se os ven todas las costuras. 

Personalmente siento un desprecio profundo por esa degeneración individualista que encabeza discursos lesivos para el colectivo solo para el beneficio propio. Es propio de trepas y advenedizos y es muy fácil identificarlos porque van buscando aquellos mensajes que favorecen a las elites para poco a poco adaptarlos y encabezarlos para lograr su favor. No es difícil hacer una leve prospección por los espacios mediáticos para identificarlos. 

El carnet de pensionista de la Seguridad Social se ha consolidado como una herramienta clave para garantizar una jubilación activa y facilitar el acceso a numerosos beneficios en España. En 2026, estos descuentos y ventajas se renuevan y amplían, permitiendo que los mayores optimicen su presupuesto mientras disfrutan de ocio, cultura, transporte y servicios de salud.

El llamado carnet de pensionista o de jubilado es en realidad un documento público que se puede obtener gratuitamente a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El documento acredita que la persona puede acceder a los beneficios y descuentos destinados a la tercera edad, por lo que conocerlos se vuelve esencial para aprovechar al máximo todas las oportunidades.

Más allá de su carácter económico, este carnet representa un apoyo importante para mejorar la calidad de vida de los jubilados, fomentando su participación en distintos ámbitos de la sociedad y su integración en actividades .

A medida que cambian las políticas y se actualizan los programas disponibles, resulta clave que los pensionistas estén informados sobre los beneficios vigentes. De esta forma, pueden planificar mejor su día a día y aprovechar los recursos que les permiten mantener autonomía, bienestar y un envejecimiento activo.

Cómo obtener el carnet de pensionista

El documento que acredita que un ciudadano está jubilado y recibe una pensión se puede obtener tanto en las oficinas de la Seguridad Social como a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, siempre que la persona cuente con un DNI electrónico o esté dado de alta en el sistema Cl@ve PIN.

Una vez dentro de la web, se debe acceder a la sección 'Informes y certificados' y seleccionar la opción 'Certificado integral de prestaciones'. Tras presentar las credenciales digitales necesarias (Clave Permanente, Cl@ve PIN, DNI electrónico o certificado), el usuario puede descargar el documento oficial y gratuito que acredita su condición de pensionista.

Descuentos y beneficios del carnet de pensionista

Entre los principales beneficios se encuentran los programas turísticos gestionados por el IMSERSO, que ofrecen viajes a destinos nacionales a precios reducidos. Estas ofertas incluyen estancias en hoteles, rutas culturales y actividades recreativas, especialmente durante la temporada baja, y buscan promover la participación de personas mayores en experiencias turísticas y culturales a lo largo del país. Asimismo, algunos centros de termalismo, balnearios y estancias de bienestar ofrecen descuentos específicos para pensionistas, orientados a mejorar su salud y bienestar físico.

Las agencias de viajes privadas también incluyen ventajas para jubilados, con descuentos aplicables en paquetes nacionales e internacionales. Esto permite que los beneficiarios accedan a opciones de viaje más variadas, tanto dentro de España como en el extranjero, a precios reducidos respecto al mercado general.

El transporte constituye otro ámbito con beneficios significativos. Compañías como Alsa aplican reducciones en billetes y abonos que pueden llegar hasta el 40 %. Renfe ofrece la Tarjeta Dorada con descuentos en sus servicios ferroviarios, mientras que las aerolíneas incluyen ofertas especiales para personas mayores de 65 años. A estas ventajas se suman los programas autonómicos de transporte, que aplican tarifas reducidas en autobuses, metro y trenes de cercanías, e incluso pueden ofrecer abonos gratuitos o con descuentos superiores al 50 %.

El acceso a servicios culturales, deportivos y comerciales también está contemplado. Los pensionistas pueden beneficiarse de descuentos en museos, teatros, cines, conciertos y actividades recreativas. Del mismo modo, instalaciones deportivas municipales, como gimnasios y piscinas, aplican tarifas reducidas o gratuitas en algunas localidades, promoviendo la actividad física entre los mayores.

Por último, el carnet de pensionista y jubilado facilita el acceso a ciertos servicios de salud, incluyendo descuentos en clínicas, farmacias y tratamientos asociados. Esta característica contribuye a la planificación y gestión de la salud en la tercera edad, permitiendo que los pensionistas mantengan controles médicos y tratamientos a menor coste.

En conjunto, los beneficios vinculados a este certificado abarcan distintos sectores de la vida cotidiana, y aunque pueden variar según la comunidad autónoma, constituyen un recurso relevante para mejorar la calidad de vida y garantizar un envejecimiento activo y seguro.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este miércoles en el bulo que vincula la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno con un falso incremento del censo electoral, como dando a entender que si Pedro Sánchez accede a esa legalización es en busca de votos. “Usted no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la ley de nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de la inmigración irregular de más de 800.000 personas”, le ha espetado a Sánchez durante una declaración ante los medios en un acto de la campaña aragonesa. En realidad la cifra que maneja el Ejecutivo es que la medida pactada con Podemos beneficiará a cerca de 500.000 personas pero el PP eleva la cifra en otros 300.000 al considerar que podrían beneficiarse también sus familiares. Además, la regularización no supone que esas personas tengan la nacionalidad española y, por tanto, puedan votar en las elecciones. Únicamente se les otorga el permiso de residencia para poder trabajar de forma legal.

Para Feijóo, “la regularización masiva e improvisada” del Gobierno es “para desviar la atención del accidente ferroviario en el AVE y en la Rodalies de Catalunya”. “Esto es una cortina de humo y, por lo tanto, es inhumano e indecente. Les da igual todo. Les da igual que esta regularización masiva vaya en contra de la normativa europea, vaya en contra de la legitimidad que tiene el Congreso y las Cortes Generales para debatirlo y aprobarlo y conlleve, por lo tanto, el efecto llamada que se está produciendo con esta aparente regularización masiva de la inmigración irregular en España”, ha añadido, en un discurso muy similar al de Vox.

“El Gobierno no puede regalar la residencia legal a cualquier persona en nuestro país. Las regularizaciones han de ser individualizadas caso a caso y condicionadas caso a caso y no una alfombra roja para convertir la ilegalidad en una forma de residir en nuestro país”, ha señalado.En su opinión, “dar vía libre a esto en este contexto es una irresponsabilidad.

Además, Feijóo ha exigido al Gobierno que presente un decreto que solo incluya la subida de las pensiones menos de 24 horas de que su partido, junto con Vox y Junts, tumbara en el Congreso el texto que ya incluía esa revalorización por incorporar además otras medidas del escudo social. “Si el PSOE quiere revalorizar las pensiones, lo votamos mañana. Si el PSOE lo que pretende es arreglar sus problemas con sus socios, lo que pretende es aprobar un real decreto ley para que pueda continuar en el Gobierno aunque no tenga presupuestos generales, otro año más que no cuente con el PP. Si le preocupan los pensionistas, revalorizamos las pensiones mañana mismo. Si lo que le preocupan son los okupas, comprenderá que para esto no va a contar con el PP”, ha llegado a afirmar durante una declaración ante los medios en un acto de la campaña aragonesa.

Feijóo ha considerado que la del martes fue “la última derrota del Gobierno” y evidencia su “debilidad parlamentaria” aunque en el mismo Pleno el Ejecutivo sí consiguió convalidar otro decreto, el que incluía las ayudas al Transporte, con una amplia mayoría parlamentaria. “El Gobierno ayer volvió a perder una votación con la que pretendía modificar y tomar decisiones en 21 cuestiones distintas, utilizando a los pensionistas como rehenes de sus 21 decisiones que metía en el real decreto ómnibus”, ha remarcado. A su juicio, el Gobierno volvió “a quedar en minoría y, por lo tanto, los socios del Gobierno le han abandonado”. “Eso significa que el Gobierno no tiene mayoría para seguir gobernando en nuestro país”, ha enfatizado.

Feijóo ha añadido que “conociendo las malas artes” del Ejecutivo el PP registró una proposición de ley en el Parlamento para revalorizar las pensiones de forma automática a partir del 1 de enero. “Quiero decirle a todos los pensionistas que el Partido Popular tiene un compromiso inexcusable con la revalorización de las pensiones, que desde que hicimos el Pacto de Toledo hace décadas hasta hoy, vamos a seguir garantizando la revalorización de las pensiones conforme al índice de precios”, ha dicho.

Sin mencionarlo directamente, Feijóo ha hecho mención a una de las medidas incluidas en el decreto social que decayó en el Congreso y que tiene que ver con la prohibición de los desahucios. Para el líder del PP, “la política de vivienda es una política muy seria” y “una persona que tiene su vivienda tiene su derecho a poseerla pacíficamente” y “a cobrar su renta pacíficamente”. “Y por supuesto, a las familias vulnerables las hemos de atender, pero no a través de los propietarios, si no a través de las políticas sociales adecuadas”, ha dicho.

Para el PP todo pasa por la construcción de nuevas casas y no por limitar precios de los alquileres o gravar a los multipropietarios o a quienes tengan viviendas vacías. Para Feijóo, “las personas con rentas modestas, sobre todo a los jóvenes de hasta 40 años, necesitan el auxilio del gobierno y no la okupación o la inquiokupación de personas a cambio de que los propietarios se queden sin vivienda o se queden sin sus rentas”. “Eso no es política de vivienda, eso simplemente es romper y seguir haciendo el muro de la convivencia en paz que pretenden todos los españoles”, ha zanjado.

El real decreto que se votará este martes en el Congreso de los Diputados, mantendría suspendidos unos 70.000 desahucios de familias vulnerables en todo el país, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero todo apunta a que fracasará. Ante esta “situación límite”, según el Sindicato de Inquilinas, tanto este colectivo como la PAH han anunciado futuras acciones: “Si este real decreto cae, va a haber concentraciones, va a haber movilizaciones y vamos a responder”, ha asegurado Valeria Racu, portavoz del sindicato este martes frente al Congreso de los Diputados.

La medida se votará este martes en el Congreso de los Diputados dentro de un decreto ómnibus aprobado en el último Consejo de Ministros de 2025 que llevará, entre otras propuestas, la revalorización de las pensiones. El PP ha anunciado que no lo apoyará, a pesar de que que ha asegurado que estaría dispuesto a llevar adelante esta última por separado. El rechazo por parte de la oposición viene del resto de elementos de este “escudo social”, como lo califica el Gobierno, entre los cuales se encuentran esta moratoria de desahucios o la prórroga de la prohibición del corte de suministros básicos a hogares vulnerables. Junts no ha aclarado si votará en contra o si se abstendrá, pero en ambos casos, el decreto no saldría adelante y los miles de hogares que se habían beneficiado de la moratoria entre abril de 2020 y diciembre de 2025, verían su desahucio reactivado.

“Que hoy caiga este real decreto, no implica simplemente 70.000 desahucios, una oleada que es totalmente inasumible, sino que implica que somos incapaces de proteger el derecho a la vivienda”, ha denunciado Racu, que ha señalado a los grupos que, previsiblemente, no aprobarán estas políticas: “Vamos a ver una vez más cómo la derecha parlamentaria, representada por PP, Vox y sorprendentemente Junts, que también se alinea ahí, a pesar de que Cataluña es líder en desahucios, van a ser una vez más los secuaces de la patronal inmobiliaria y del negocio de la vivienda”. Paco Morote, de la PAH, se ha dirigido también al PP, al que ha reprochado su inacción para regular la vivienda en las comunidades donde gobierna así como de “haberse arrojado en brazos de la especulación y la construcción”.

Valeria Racu ha acusado también al Gobierno de ser “incapaz” de “sacar una única medida que nos proteja a las que más lo necesitamos en este momento”, apuntando a una situación de “emergencia habitacional” que va más allá de este decreto. A las 70.000 familias que podrían verse expulsadas de su casa, se sumarían además los “más de 600.000 que es posible que ocurra en este año”, según ha indicado la portavoz.

Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, su portavoz, Damián Rodríguez, se ha referido al “chantaje” de la derecha, que amenza con tumbar el decreto por el resto de medidas que lo engloban y ha apuntado que los pensionistas “también están afectados” por la situación de la vivienda.  “El año pasado se votó - el decreto ómnibus- en su conjunto. ¿por qué este año se tiene que separar? La única razón es electoralista”, ha añadido.

Llegar a fin de mes es ya una odisea para muchos. Lo complica el aumento del precio de la vida, que afecta a miles de hogares en España, en los que hay que mirar cada número para que salgan las cuentas. En casa, en el supermercado, en la farmacia… los más mayores también sufren esta realidad, que azota con gran intensidad a quienes ni siquiera cobran de pensión el Salario Mínimo Interprofesional (1.184 euros mensuales brutos). 

Este año las pensiones contributivas subirán un 2,7%, por lo que más de nueve millones de personas verán incrementada su pensión en 2026. Eso sí, las mínimas crecerán más de un 7% y las de viudedad con cargas familiares o el Ingreso Mínimo Vital se incrementarán en un 11,4%. Aun así, para mucho no alcanza.

En Cintruénigo (Navarra), vive Mercedes, una mujer de 83 años que comenzó a trabajar desde muy joven. Cuando se casó, formó una familia, tuvo cinco hijos, y dejó la fábrica en la que trabajaba. Mientras tanto, desde casa cosía alpargatas, muñecas de tela, de todo, cuenta. Mercedes es viuda desde hace 26 años, su marido enfermó y se tuvo que dar de baja hasta jubilarse. Hoy cobra una pensión por el trabajo que realizó él: “Gano 874 euros al mes, pero pago 620 por el centro de día”. 

La historia de Mercedes es una realidad que afecta especialmente a las mujeres, que durante su vida profesional han compaginado la crianza de los hijos con trabajos que en ocasiones estaban mal pagados y en otras ni siquiera cotizaban. Ellas siguen siendo las que mayoritariamente cobran pensiones contributivas que no derivan de un vínculo propio e individual con el mercado laboral: “Tuve que trabajar de seis de la mañana a ocho de la tarde hasta los 70 años como limpiadora, y no estaba dada de alta en la Seguridad Social”, cuenta Mercedes. 

Las mujeres siguen siendo, en su mayoría, las que desarrollan actividades vinculadas con el cuidado o la limpieza, trabajos tradicionalmente caracterizados por su precariedad en el mundo laboral. Esta realidad marca la vejez: las pensiones de las mujeres son un 31% más bajas que las de los hombres. Mientras ellos cobraban de media en 2025 una pensión de 1.564,53 euros al mes, ellas 1.071,76 euros. Así lo recoge el último informe elaborado por el Instituto de las Mujeres, un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad.

La historia se repite

En la otra punta de España, en Jerez de la Frontera (Cádiz) vive Javier (nombre ficticio) de 82 años, junto a su hija y sus cuatro nietos. Entre su pensión, 870 euros, y lo que gana su hija apenas llegan a los 1.200 euros al mes. A esto se suma un gasto fijo, la vivienda, por la que pagan 463 euros mensuales de alquiler. Con esto queda poco margen de maniobra, y a la hora de hacer la compra tienen que mirar cada producto: “Compramos alimentos baratos, macarrones, arroz… pero a veces las cuentas no salen, y tengo que pedir ayuda a mis otros hijos”, explica. 

Durante la crisis económica del 2008 muchos pensionistas se convirtieron en la principal fuente de ingresos de sus familias, que perdieron el trabajo o la vivienda. Hijos en paro que pidieron ayuda a sus padres, y pensionistas que sostuvieron familias enteras. Más de una década ha transcurrido de aquellos años, pero esta situación aún se produce. Los pensionistas sufren las consecuencias de un contexto marcado por el aumento de los precios de la energía, la alimentación o la vivienda. Y la preocupación económica vuelve de nuevo.

Con apenas 15 años, Javier comenzó a trabajar repartiendo periódicos en su ciudad. Más tarde, se mudó a Madrid donde trabajó en una fábrica de cemento en Alcalá de Henares. Después de 20 años viviendo en la capital, regresó a Jerez y allí se jubiló como administrativo, trabajo al que ha dedicado gran parte de su vida profesional. 

El casero del piso en el que vive desde hace 13 años quiere vender la casa, mientras está buscando donde irse, pero con sus ingresos es muy complicado, cuenta, ya que le piden 700 u 800 euros de alquiler por una vivienda similar a la suya: “Creo que el casero no quiere venderla, sino alquilarla a alguien que le dé más por ella”. 

Javier explica que, a pesar de haber trabajado durante toda su vida, en el cálculo de la pensión, al tenerse en cuenta los últimos 15 años cotizados, no salió beneficiado porque tuvo trabajos más precarios en ese tramo: “Vivía mejor cuando trabajaba que ahora que estoy jubilado”, cuenta.

Ser “mileurista” no es suficiente 

José (nombre ficticio) tiene 74 años y vive en un pueblo de Zamora con poco más de 200 habitantes. En el municipio ya no queda ningún bar, y para hacer la compra tiene que desplazarse más de 35 km, que es donde está la tienda más cercana. Vive con su mujer, que le ha ayudado a lo largo de su vida en varios de sus trabajos, pero los únicos ingresos que entran en casa es su pensión, que ronda los 1.000 euros: “Hay que echar cuentas, de eso se encarga mi mujer que es muy buena administradora”.

José ha trabajado durante toda su vida. Comenzó con veintipocos años en una fábrica en Villaverde (Madrid), pero, tras su cierre tres años más tarde, regresó a su pueblo, donde ha trabajado en el régimen agrario como agricultor. Cuando se jubiló, a los 65, tenía cotizados más de 40. Aunque José no tiene hijos explica que llevan una vida muy sencilla, no pueden permitirse grandes lujos. El año pasado se fueron a La Manga con el Imserso, “es el único viaje que hacemos al año”, cuenta. Aunque reconoce que vive en un pueblo, y la vida es más barata que en la ciudad, los excesos son impensables: “Algo se puede ahorrar, pero llevando una vida muy muy metódica”, recalca.

El calendario de cobro de las pensiones es una de las principales preocupaciones para millones de personas en España al inicio de cada mes. En enero, esa atención se intensifica. El comienzo del año suele coincidir con un mayor volumen de gastos fijos y con la necesidad de reorganizar las finanzas personales y familiares. Por ello, conocer con antelación el día en que la pensión estará disponible en la cuenta bancaria resulta clave para planificar pagos y evitar imprevistos.

Aunque la Seguridad Social garantiza el abono mensual de las pensiones, el ingreso efectivo no se produce el mismo día para todos los beneficiarios. La fecha concreta depende de la entidad bancaria en la que esté domiciliada la prestación y de cómo cada banco gestiona los pagos cuando el día habitual coincide con fines de semana o jornadas no laborables. En enero de 2026, este factor vuelve a condicionar el calendario, dando lugar a ingresos repartidos a lo largo de varios días.

Fechas de abono en enero de 2026 según cada banco

El calendario de enero de 2026 viene marcado por el hecho de que el día 25 cae en domingo. Ante esta circunstancia, las entidades financieras han organizado los pagos de forma escalonada durante los últimos días del mes, con adelantos o retrasos en función de su operativa interna.

Las primeras entidades en abonar la pensión lo harán el jueves 22 de enero. Ese día está previsto el ingreso para los clientes de Bankinter, Unicaja y Caja Ingenieros. El viernes 23 de enero se concentrará buena parte de los pagos, con el abono por parte de Santander, Sabadell, Ibercaja y Cajamar. El sábado 24 de enero, CaixaBank tiene previsto realizar el ingreso. El domingo 25 de enero figura como fecha de cobro para BBVA, ING y Kutxabank, mientras que Abanca retrasará el abono hasta el lunes 26 de enero, primer día laborable tras el fin de semana.

Qué ocurre si la pensión no llega el día previsto

En condiciones normales, el abono de las pensiones se realiza conforme al calendario previsto por cada entidad bancaria. No obstante, si llegada la fecha indicada el ingreso no aparece reflejado en la cuenta, lo primero que conviene considerar es si el día de pago coincide con un sábado o un domingo. En esos casos, es habitual que el movimiento no se muestre de forma efectiva hasta el siguiente día laborable, cuando se reanuda la operativa bancaria.

Si tras esperar al siguiente día hábil el ingreso sigue sin aparecer, el siguiente paso es contactar con la entidad bancaria. El banco puede confirmar si el pago se encuentra en proceso, si existe algún retraso técnico o si se ha producido una incidencia puntual relacionada con la cuenta del beneficiario. En la mayoría de los casos, estas situaciones se deben a cuestiones operativas y se resuelven sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Solo cuando la entidad confirma que no ha recibido la orden de pago o que no consta el abono, es recomendable dirigirse a la Seguridad Social para comprobar el estado de la pensión. Este organismo puede verificar si la orden se ha emitido correctamente o si existe algún problema administrativo que esté impidiendo el ingreso. Seguir este orden de actuación permite aclarar la situación con mayor rapidez y evitar gestiones innecesarias.

Conocer las fechas de cobro y los pasos a seguir en caso de retraso permite a los pensionistas afrontar el inicio del año con mayor previsión. En un mes en el que la planificación económica adquiere especial importancia, disponer de esta información facilita la organización de los gastos y aporta mayor tranquilidad a los hogares que dependen de estos ingresos.