El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales levanta la suspensión cautelar del procedimiento de contratación que privatiza el servicio de la Devesa-Albufera, a cargo de la concejalía dirigida por Vox. El órgano administrativo, que depende del Ministerio de Hacienda, desestima el recurso interpuesto por un concejal de Compromís contra el proceso al considerar que el edil no tiene legitimidad para presentar este recurso.

En concreto, el edil de la oposición presentó un escrito contra los pliegos del procedimiento para la licitación del contrato “servicio de gestión y comunicación ambiental que se presta desde el Servicio Devesa-Albufera”, al considerar que el contrato impulsado por la delegación de José Gosálbez “es una infamia”, que busca “un servicio paralelo” e “incumple la ley de contratos públicos”. La coalición optó por acudir directamente al órgano de administrativo, mientras que el sindicato Comisiones Obreras recurrió la decisión al consistorio.

El tribunal estimó en primer momento la petición de medidas cautelares del recurso y decidió una suspensión cautelar del procedimiento, sin entrar a valorar el fondo. En esta resolución, que es definitiva en la vía administrativa, el órgano de Hacienda tampoco valora el proceso de contratación, solo que el edil no puede presentarlo.

Señala que no concurren las condiciones establecidas legal y reglamentariamente, para que el recurrente esté legitimado para interponer recurso especial en materia de contratación, pues no ha formado parte del órgano de contratación y por consiguiente no ha podido votar en ningún sentido respecto del acuerdo recurrido. Caso distinto hubiera sido que el edil hubiera participado en el proceso y hubiera votado en contra.

Señala la resolución: “Procede inadmitir el presente recurso por falta de legitimación activa del recurrente”, “dado que el concejal recurrente no ha formado parte del órgano de contratación y no ha podido votar en contra de los pliegos; carece de la legitimación prevista [en la ley]”, concluye.

L'Oceanogràfic de València ha acogido este viernes la presentación de la 'Alianza por el Petxinot', una acción liderada por la Fundación Oceanogràfic, la Fundación Aguas de Valencia y la Conselleria de Medio Ambiente, un proyecto orientado a la protección y recuperación del petxinot (Anodonta anatina y Unio mancus), un molusco de agua dulce en peligro de extinción que está estrechamente vinculado al equilibrio ecológico de l’Albufera.

Se trata de un esfuerzo compartido que desarrollan organismos científicos, técnicos y administraciones públicas con el objetivo de avanzar en la cría, reproducción y reintroducción de esta especie en su medio natural y destacar su función como sistema natural de filtración del humedal y su contribución a la mejora de la calidad del agua en uno de los ecosistemas más valiosos de la Comunitat Valenciana.

El petxinot, también conocido como náyade, ha sido durante décadas una especie habitual en l’Albufera y en la red de acequias que abastecen el Parque Natural. Sin embargo, en la actualidad, su presencia es residual y se limita a algunos tramos concretos de estos canales y surgencias de agua (ullals). La degradación progresiva del hábitat, la pérdida de la calidad del agua, las alteraciones de los caudales y la presencia de especies invasoras han provocado un descenso de sus poblaciones, hasta situarlo entre los moluscos más vulnerables del territorio valenciano.

Pese a su discreta presencia, el petxinot desempeña una función ambiental determinante, ya que cada ejemplar adulto es capaz de filtrar hasta 50 litros de agua al día. Hace unas décadas, se documentaron densidades de entre 500 y 700 náyades por metro cuadrado en algunas zonas del humedal. Solo esa superficie era capaz de filtrar en un solo día un volumen de agua equivalente al de un camión cisterna, lo que da una idea del enorme papel que desempeñaba el petxinot como infraestructura natural al servicio del ecosistema

Además de esta labor, el petxinot contribuye a estabilizar el sustrato, reduce la suspensión de sedimentos y facilita el asentamiento de otros organismos acuáticos, generando microhábitats que favorecen el aumento de la biodiversidad.

Esta capacidad de filtrar el agua, mantenida de forma continua en el fondo del humedal, favorece el equilibrio biológico del ecosistema. Por ello, la pérdida de poblaciones de petxinot implica la desaparición de una especie y la pérdida de un proceso natural y fundamental para la salud de l’Albufera.

Investigación aplicada y cooperación territorial

La 'Alianza por el Petxinot' se articula en un modelo de cooperación ya consolidado. Desde 2021, la Fundación Oceanogràfic trabaja de forma continuada con la Piscifactoría del Palmar, dependiente de la Generalitat Valenciana, en programas de conservación de la especie, colaboración que ha permitido lograr con éxito su reproducción en condiciones controladas, y que abre la puerta a nuevas fases del proyecto.

Para Beatriz Dominguez, coordinadora de la Fundación Oceanogràfic, este recorrido pone en relieve el compromiso de nuestra Fundación con la protección de organismos menos visibles, pero esenciales para la salud del ecosistema“, y añadía: ”Nuestra voluntad junto a la Fundación Aguas de Valencia es poner el conocimiento científico al servicio de la sociedad ante desafíos ambientales que requieren respuestas coordinadas“.

Esta iniciativa reconoce el trabajo esencial de las administraciones, los agentes medioambientales, las asociaciones y los colectivos locales, regantes y cofradías que desarrollan su labor diaria en el entorno del humedal. Su experiencia evidencia que la recuperación de la especie es viable a través de un trabajo en red, estrechamente vinculado al territorio y a quienes gestionan y conviven con el agua de l’Albufera.

Proyección social y educativa

A lo largo del año, la 'Alianza por el Petxinot' desplegará diversas acciones de divulgación y sensibilización con las administraciones y con los trece municipios de l’Albufera con el objetivo de acercar la figura del petxinot a la ciudadanía y crear conciencia para su protección. Del mismo modo, se habilitará un laboratorio en el Oceanogràfic (Ciudad de las Artes y las Ciencas – Generalitat Valenciana), para que el visitante pueda conocer de primera mano el trabajo científico que se desarrolla en el centro marino valenciano.

La presentación de esta alianza coincide, además, con la participación de la Fundación Oceanogràfic en el Comité Nacional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), donde se ha puesto en valor el papel del petxinot bajo el lema “Colaborar para conservar”, un principio que resume el espíritu de este proyecto.

L’Oceanogràfic de València ha acollit divendres la presentació de l’Aliança pel Petxinot, una acció liderada per la Fundació Oceanogràfic, la Fundació Aigües de València i la Conselleria de Medi Ambient, un projecte orientat a la protecció i la recuperació del petxinot (Anodonta anatina i Unio mancus), un mol·lusc d’aigua dolça en perill d’extinció que està estretament vinculat a l’equilibri ecològic de l’Albufera.

Es tracta d’un esforç compartit que desenvolupen organismes científics, tècnics i administracions públiques amb l’objectiu d’avançar en la cria, la reproducció i la reintroducció d’aquesta espècie en el seu medi natural i destacar la seua funció com a sistema natural de filtració de l’aiguamoll i la seua contribució a la millora de la qualitat de l’aigua en un dels ecosistemes més valuosos de la Comunitat Valenciana.

El petxinot ha sigut durant dècades una espècie habitual a l’Albufera i en la xarxa de séquies que proveeixen el Parc Natural. No obstant això, en l’actualitat, la seua presència és residual i es limita a alguns trams concrets d’aquests canals i ullals. La degradació progressiva de l’hàbitat, la pèrdua de la qualitat de l’aigua, les alteracions dels cabals i la presència d’espècies invasores han provocat un descens de les seues poblacions, fins a situar-lo entre els mol·luscos més vulnerables del territori valencià.

Malgrat la seua presència discreta, el petxinot exerceix una funció ambiental determinant, ja que cada exemplar adult és capaç de filtrar fins a 50 litres d’aigua al dia. Fa unes dècades, es van documentar densitats entre 500 i 700 petxinots per metre quadrat en algunes zones de l’aiguamoll. Només aquesta superfície era capaç de filtrar en un sol dia un volum d’aigua equivalent al d’un camió cisterna, cosa que dona una idea de l’enorme paper que exercia el petxinot com a infraestructura natural al servei de l’ecosistema

A més d’aquesta tasca, el petxinot contribueix a estabilitzar el substrat, redueix la suspensió de sediments i facilita l’assentament d’altres organismes aquàtics, generant microhàbitats que afavoreixen l’augment de la biodiversitat.

Aquesta capacitat de filtrar l’aigua, mantinguda de manera contínua en el fons de l’aiguamoll, afavoreix l’equilibri biològic de l’ecosistema. Per això, la pèrdua de poblacions de petxinot implica la desaparició d’una espècie i la pèrdua d’un procés natural i fonamental per a la salut de l’Albufera.

Investigació aplicada i cooperació territorial

L’Aliança pel Petxinot s’articula en un model de cooperació ja consolidat. Des del 2021, la Fundació Oceanogràfic treballa de manera continuada amb la Piscifactoria del Palmar, dependent de la Generalitat Valenciana, en programes de conservació de l’espècie, col·laboració que ha permés aconseguir amb èxit la seua reproducció en condicions controlades, i que obri la porta a noves fases del projecte.

Per a Beatriz Domínguez, coordinadora de la Fundació Oceanogràfic, “aquest recorregut posa en relleu el compromís de la nostra Fundació amb la protecció d’organismes menys visibles, però essencials per a la salut de l’ecosistema”, i afegia: “La nostra voluntat juntament amb la Fundació Aigües de València és posar el coneixement científic al servei de la societat davant desafiaments ambientals que requereixen respostes coordinades”.

Aquesta iniciativa reconeix el treball essencial de les administracions, els agents mediambientals, les associacions i els col·lectius locals, regants i confraries que desenvolupen la seua tasca diària al voltant de l’aiguamoll. La seua experiència evidencia que la recuperació de l’espècie és viable mitjançant un treball en xarxa, estretament vinculat al territori i a qui gestionen i conviuen amb l’aigua de l’Albufera.

Projecció social i educativa

Al llarg de l’any, l’Aliança pel Petxinot desplegarà diverses accions de divulgació i sensibilització amb les administracions i amb els tretze municipis de l’Albufera amb l’objectiu d’acostar la figura del petxinot a la ciutadania i crear consciència per a la seua protecció. De la mateixa manera, s’habilitarà un laboratori en l’Oceanogràfic (Ciutat de les Arts i les Ciències – Generalitat Valenciana), perquè el visitant puga conéixer de primera mà el treball científic que es desenvolupa en el centre marí valencià.

La presentació d’aquesta aliança coincideix, a més, amb la participació de la Fundació Oceanogràfic en el Comité Nacional de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), on s’ha posat en valor el paper del petxinot sota el lema “Col·laborar per a conservar”, un principi que resumeix l’esperit d’aquest projecte.

El Ayuntamiento de València defiende que el contrato de gestión para el servicio de l'Albufera es solo una asesoría específica y que tiene vocación de mejora del servicio. El consistorio niega la externalización del servicio Devesa-Albufera, dependiente de la concejalía que dirige el portavoz de Vox y que costará un millón de euros para dos años, y lo justifica en la falta de medios propios.

La Junta de Gobierno Local publicó en noviembre en la plataforma de contratación la propuesta para la gestión del servicio Devesa-albufera, por valor de medio millón de euros -IVA incluido- con carácter plurianual. Compromís recurrió al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC), considerando que es una privatización encubierta, y el órgano administrativo acaba de paralizar cautelarmente el procedimiento.

En el informe remitido al TARC, donde propone que se desestime el recurso de Compromís, el consistorio defiende la necesidad de un contrato externo y su legalidad. El Servicio de Contratación, que dirigía entonces el concejal José Marí Olano, trasladó que las consideraciones del concejal Sergi Campillo son meras suposiciones políticas y no tienen fundamento alguno. Con todo, el edil, que es un abogado experimentado, realizó algunas consideraciones ante el supuesto de que el Tribunal considerara conveniente resolver sobre las cuestiones de fondo planteadas.

Marí Olano expone que se trata de un contrato de “asesoramiento específico” e incluirá “propuestas de mejora” e “informes puntuales”. “El contrato que se licita es precisamente para la consecución más eficiente de los objetivos del Servicio Devesa-Albufera, como elaborar planes concretos e informes técnicos que los avalen”, dice la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es. Lo justifica dada la insuficiencia de medios del Servicio de Devesa-Albufera, materializada en un informe del propio servicio, bajo la concejalía de Vox. “Los recursos humanos de que dispone el servicio no son suficientes para la elaboración específica de lo que se pretende y para la carga de trabajo que todo ello implica”, defiende el edil de contratación, que recalca que solo disponen de un profesor y tres técnicos para la gestión del servicio.

El consistorio niega que se vaya a emplear a una empresa para resolver expedientes: “En ningún momento se indica en el PPT que se realizarán informes para el ejercicio de potestad pública reservada a los funcionarios como es la resolución de expedientes administrativos”. La propuesta, continúa la resolución, “es solo eso, una propuesta de un programa para gestión, una planificación que solo se desarrollarán lógicamente si así son aprobadas por los órganos que las tienen atribuidas Junta de Gobierno y Delegación y con crédito presupuestario y con los informes correspondientes de los técnicos municipales y por los servicios de fiscalización requeridos, lo demás son presunciones de carácter político pero sin fundamento alguno”, censura en el escrito Marí Olano.

Lo que se contrata es un servicio de asesoramiento que se reflejará en esa propuesta de PGA lógicamente fundamentado con informe técnico por el contratista, que se incorpora en el objeto del contrato, subraya el responsable de Contratación, aunque reconoce que el objeto principal es el servicio de formación en materia medioambiental.

Resalta el edil, en un extenso escrito, que “es un asesoramiento específico administrativo, por ello se determina la necesidad de un programa capaz de dar respuesta a los objetivos y contenidos del mismo acompañado de los análisis, estudios o informes técnicos que las avalen, modelización de escenarios futuros para la planificación ambiental así como en su caso evaluación seguimiento y medición de las intervenciones en el medio natural, e incluirá propuestas de mejora en la gestión ambiental del Parque así como emisión de informes puntuales”. Y recuerda que hasta la fecha las actividades de educación o sensibilización se realizan a través de contratos menores o mediante convenio con entidades sin publicidad.

El concejal Campillo recurrió al TARC considerar que pretende una externalización del servicio y que se incumple la ley de contratos. Optó por el tribunal especial porque el contrato supone un montante importante de recursos públicos, que presenta defectos sustanciales y que causa perjuicio institucional y funcional concreto, pues altera la forma en que el Ayuntamiento ejecuta las políticas públicas sobre las que el concejal tiene derecho y deber de intervenir. El Ayuntamiento consideró que el concejal no estaba legitimado para interponer recurso, aunque el TARC ha admitido su solicitud y ha paralizado el procedimiento de forma cautelar.

L’Ajuntament de València defensa que el contracte de gestió per al Servei de l’Albufera és només una assessoria específica i que té vocació de millora del servei. El consistori nega l’externalització del Servei Devesa-Albufera, dependent de la regidoria que dirigeix el portaveu de Vox i que costarà un milió d’euros per a dos anys, i ho justifica en la falta de mitjans propis.

La junta de govern local va publicar al novembre en la plataforma de contractació la proposta per a la gestió del Servei Devesa-Albufera, per valor de mig milió d’euros –IVA inclòs– amb caràcter pluriennal. Compromís va recórrer en contra al Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals (TARC), considerant que és una privatització encoberta, i l’òrgan administratiu acaba de paralitzar cautelarment el procediment.

En l’informe remés al TARC, en què proposa que es desestime el recurs de Compromís, el consistori defensa la necessitat d’un contracte extern i la seua legalitat. El Servei de Contractació, que dirigia llavors el regidor José Marí Olano, va traslladar que les consideracions del regidor Sergi Campillo són meres suposicions polítiques i no tenen cap fonament. Amb tot, l’edil, que és un advocat experimentat, va fer algunes consideracions davant el supòsit que el Tribunal considerara convenient resoldre sobre les qüestions de fons plantejades.

Marí Olano exposa que es tracta d’un contracte d’“assessorament específic” i inclourà “propostes de millora” i “informes puntuals”. “El contracte que es licita és precisament per a l’assoliment més eficient dels objectius del Servei Devesa-Albufera, com elaborar plans concrets i informes tècnics que els avalen”, diu la resolució, a què ha tingut accés elDiario.es. Ho justifica atesa la insuficiència de mitjans del Servei de Devesa-Albufera, materialitzada en un informe del servei mateix, sota la regidoria de Vox. “Els recursos humans de què disposa el servei no són prou per a l’elaboració específica del que es pretén i per a la càrrega de treball que tot això implica”, defensa l’edil de contractació, que recalca que només disposen d’un professor i tres tècnics per a la gestió del servei.

El consistori nega que s’haja d’emprar una empresa per a resoldre expedients: “En cap moment s’indica en el PPT que es faran informes per a l’exercici de potestat pública reservada als funcionaris, com és la resolució d’expedients administratius”. La proposta, continua la resolució, “és només això, una proposta d’un programa per a gestió, una planificació que només es desenvoluparan lògicament si són aprovades així pels òrgans que les tenen atribuïdes –Junta de Govern i Delegació– i amb crèdit pressupostari i amb els informes corresponents dels tècnics municipals i pels serveis de fiscalització requerits; la resta són presumpcions de caràcter polític, però sense cap fonament”, censura en l’escrit Marí Olano.

El que es contracta és un servei d’assessorament que es reflectirà en aquesta proposta de PGA fonamentat lògicament amb informe tècnic pel contractista, que s’incorpora en l’objecte del contracte, subratlla el responsable de Contractació, encara que reconeix que l’objecte principal és el servei de formació en matèria mediambiental.

Ressalta l’edil, en un escrit extens, que “és un assessorament específic administratiu, per això es determina la necessitat d’un programa capaç de donar resposta als objectius i els continguts d’aquest acompanyat de les anàlisis, els estudis o els informes tècnics que les avalen, modelització d’escenaris futurs per a la planificació ambiental així com, si escau, avaluació, seguiment i mesurament de les intervencions en el medi natural, i inclourà propostes de millora en la gestió ambiental del Parc així com emissió d’informes puntuals”. I recorda que fins a la data les activitats d’educació o sensibilització es duen a terme a través de contractes menors o mitjançant conveni amb entitats sense publicitat.

El regidor Campillo va recórrer al TARC per considerar que pretén una externalització del servei i que s’incompleix la llei de contractes. Va optar pel tribunal especial, perquè el contracte suposa un muntant important de recursos públics, que presenta defectes substancials i que causa perjudici institucional i funcional concret, perquè altera la manera com l’Ajuntament executa les polítiques públiques sobre les quals el regidor té dret i deure d’intervindre. L’Ajuntament va considerar que el regidor no estava legitimat per a interposar recurs, encara que el TARC ha admés la seua sol·licitud i ha paralitzat el procediment de manera cautelar.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales paraliza el contrato de privatización del servicio de l'Albufera impulsado por Vox en el Ayuntamiento de València. El órgano adscrito al Ministerio de Hacienda estima la petición de Compromís contra los pliegos del procedimiento de gestión y comunicación ambiental que se presta desde el servicio devesa-albufera y acuerda una suspensión cautelar hasta que se resuelva el fondo del asunto.

El órgano considera que “los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación, son de difícil o imposible reparación” y estudiará con más profundidad el recurso del concejal de Compromís Sergi Campillo. La coalición optó por acudir directamente al órgano de administrativo, mientras que el sindicato Comisiones Obreras recurrió la decisión al consistorio. Campillo considera que el contrato “es una infamia”, que busca “un servicio paralelo” e “incumple la ley de contratos públicos”, y celebra que el TARC apruebe una paralización cautelar.

La resolución, ya publicada en la Plataforma de Contratación del Estado, no afectará al plazo concedido para la presentación de ofertas o proposiciones por los interesados.

La Junta de Gobierno local publicó el pasado 11 de noviembre un anuncio de licitación para el servicio de gestión ambiental y comunicación, encargado de los informes técnicos del parque natural, que condicionan decisiones clave para el paraje protegido, por un valor estimado de un millón de euros. El servicio depende de la concejalía de Devesa-Albufera que dirige José Gosálbez, portavoz de Vox y segundo teniente de alcalde. Gosálbez también es abogado en un despacho propio y acaba de suscribir un contrato de asesoramiento al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI) para temeas de urbanismo, como informó elDiario.es.

Tanto Compromís como el sindicato CCOO y las entidades Ecologistes en Acció del País Valencià, Xúquer Viu, Per l’Horta y Acció Ecologista-Agró consideran que la decisión abre la puerta a la privatización del servicio y a la creación de una administración municipal paralela; la empresa podría dar órdenes sobre la gestión y, según los pliegos, elaborar una estrategia de comunicación.

El edil de Compromís ya denunció que “es un contrato en el que el gobierno de María José Catalá pretende privatizar la propia gestión técnica del servicio, el trabajo que están haciendo los funcionarios. Una empresa no puede dar la misma garantía que los funcionarios”, recalcó.

El Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals paralitza el contracte de privatització del Servei de l’Albufera impulsat per Vox en l’Ajuntament de València. L’òrgan adscrit al Ministeri d’Hisenda estima la petició de Compromís contra els plecs del procediment de gestió i comunicació ambiental que es presta des del Servei Devesa-Albufera i acorda una suspensió cautelar fins que es resolga el fons de l’assumpte.

L’òrgan considera que “els perjudicis que podrien derivar-se de la continuació pels seus tràmits del procediment de contractació són de reparació difícil o impossible” i estudiarà amb més profunditat el recurs del regidor de Compromís Sergi Campillo. La coalició va optar per acudir directament a l’òrgan d’administratiu, mentre que el sindicat Comissions Obreres va recórrer contra la decisió al consistori. Campillo considera que el contracte “és una infàmia”, que busca “un servei paral·lel” i “incompleix la llei de contractes públics”, i celebra que el TARC aprove una paralització cautelar.

La resolució, ja publicada en la Plataforma de Contractació de l’Estat, no afectarà el termini concedit per a la presentació d’ofertes o proposicions pels interessats.

La junta de govern local va publicar l’11 de novembre passat un anunci de licitació per al servei de gestió ambiental i comunicació, encarregat dels informes tècnics del parc natural, que condicionen decisions clau per al paratge protegit, per un valor estimat d’un milió d’euros. El servei depén de la Regidoria de Devesa-Albufera que dirigeix José Gosálbez, portaveu de Vox i segon tinent d’alcalde. Gosálbez també és advocat en un despatx propi i acaba de subscriure un contracte d’assessorament al Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials de València (Cogiti, pel nom en castellà) per a temes d’urbanisme, com va informar elDiario.es.

Tant Compromís com el sindicat CCOO i les entitats Ecologistes en Acció del País Valencià, Xúquer Viu, Per l’Horta i Acció Ecologista-Agró consideren que la decisió obri la porta a la privatització del servei i a la creació d’una administració municipal paral·lela; l’empresa podria donar ordres sobre la gestió i, segons els plecs, elaborar una estratègia de comunicació.

L’edil de Compromís ja va denunciar que “és un contracte en què el govern de María José Catalá pretén privatitzar la pròpia gestió tècnica del servei, la faena que fan els funcionaris. Una empresa no pot donar la mateixa garantia que els funcionaris”, va remarcar.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha activado un envío extraordinario de caudal desde la presa de Tous hacia el Parque Natural de l’Albufera con el objetivo de mejorar la calidad del agua y frenar la expansión de las aguas negras detectadas en las últimas semanas. La medida se adopta en un momento de especial vulnerabilidad para el humedal, que atraviesa un episodio de degradación asociado a procesos de anoxia.

El organismo regulador estima que podrán derivarse hasta cuatro hectómetros cúbicos antes del 1 de diciembre a través de la red de riego de la Acequia Real del Júcar, según la solicitud trasladada por la Dirección General de Medio Natural y Animal de la Generalitat. La CHJ ha pedido a los gestores del parque que concreten el punto de entrega más adecuado para coordinar los desembalses y ajustar los volúmenes al caudal que puede transportar la infraestructura de riego.

La Confederación recuerda que las obras de emergencia en el Canal Júcar-Turia impiden el uso de esta infraestructura para el envío de agua, ya que sus caudales están destinados a garantizar el abastecimiento del área metropolitana de València. Por este motivo, la derivación hacia l’Albufera se realizará desde el histórico azud de Antella, que permite controlar la operación y asegurar la gestión hidráulica con garantías ambientales. Según la CHJ, los aportes no generarán afecciones significativas aguas abajo del río Júcar, ya que estarán sometidos a control permanente.

La Generalitat alerta del deterioro en la zona sur del parque

El desembalse extraordinario responde a la petición de la Generalitat y el Ayuntamiento de València, que desde octubre observan un empeoramiento de la situación en la zona sur de l’Albufera. Las intensas lluvias registradas ese mes impidieron retirar adecuadamente la paja del arroz en las áreas más deprimidas del humedal, lo que provocó un proceso de descomposición anaerobia que redujo drásticamente los niveles de oxígeno en el agua. Las consecuencias se concentraron en los canales próximos a El Palmar, donde se detectaron aguas negras y síntomas de anoxia.

Los análisis realizados indican que el cuerpo central del lago no presenta daños graves, aunque existe un riesgo real de que el deterioro se extienda si no se adoptan medidas preventivas. La Generalitat considera que el envío extraordinario de agua es clave para diluir los compuestos responsables de la anoxia y estabilizar el ecosistema. Este aporte se suma a las actuaciones impulsadas durante el último año tras la dana de 2024, que han incluido la retirada masiva de residuos, el refuerzo del control ambiental y la instalación de un colector provisional para evitar vertidos.

Compromís advierte de un deterioro estructural y señala falta de planificación

En paralelo a la activación del desembalse, Compromís ha denunciado que la situación actual responde a una falta de planificación y recursos por parte de las administraciones responsables. La diputada Isaura Espinosa sostiene que la gestión inadecuada de la paja del arroz y la ausencia de un seguimiento técnico han contribuido a los episodios de aguas negras y a la pérdida masiva de peces registrada recientemente. A su juicio, la inactividad de la Conselleria de Agricultura y la falta de coordinación con agricultores y gestores del parque han agravado una problemática que ya mostraba signos de deterioro en los últimos años.

El concejal Sergi Campillo también critica la falta de inversión municipal y autonómica en tareas de recuperación tras la dana, recordando que aún permanecen áreas del parque sin una limpieza completa. Además, acusa a la CHJ de incumplir el plan de cuenca y reclama una mayor colaboración entre administraciones para garantizar que l’Albufera reciba los aportes hídricos y el apoyo técnico necesarios para evitar su degradación progresiva.

Un aporte determinante para estabilizar el ecosistema

Con el envío extraordinario de caudal, la CHJ busca blindar la salud ecológica de l’Albufera en un momento crítico y avanzar en la restauración de los parámetros de calidad del agua. El éxito de la medida dependerá de la coordinación entre la Confederación, la Generalitat, el Ayuntamiento de València y los agricultores que gestionan la Acequia Real del Júcar.

Las administraciones coinciden en que el refuerzo hídrico es esencial para reducir la presencia de aguas negras, recuperar los niveles de oxígeno y evitar que el deterioro alcance zonas del lago que aún mantienen una relativa estabilidad. La actuación pretende servir como punto de inflexión para proteger uno de los humedales más valiosos del Mediterráneo y un enclave fundamental para la biodiversidad y la identidad valenciana.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Sara Aagesen, ha presentado este viernes en València el ‘Plan de actuaciones para la recuperación y mejora de la resiliencia de l’Albufera’ con una inversión de 56,3 millones de euros.

Según han informado fuentes ministeriales, las actuaciones previstas por el Miteco pasan por una restauración integral más allá del propio lago, interviniendo también en las cuencas y humedales con los que está vinculado este espacio natural y que también se han visto afectados por el evento catastrófico del 29 de octubre de 2024: “Nos proponemos crear una red de infraestructuras verdes que conecte los elementos naturales del territorio, mejore el funcionamiento hidrológico y refuerce su capacidad de resiliencia ante fenómenos extremos”, ha explicado la vicepresidenta.

Los objetivos principales que persigue el plan presentado este viernes son por una parte, mitigar los efectos de futuros eventos climáticos extremos, aumentando la capacidad natural de retención de agua y sedimentos mediante restauración hidrológico-forestal y soluciones basadas en la naturaleza. Además, se pretende restaurar y mejorar la orla vegetal de l’Albufera, para que actúe como filtro verde y barrera natural ante nuevos episodios extremos. El plan persigue también reforzar su papel en la adaptación al cambio climático, considerando los escenarios que se prevén para las cuencas de la zona y mejorar los flujos y procesos ecohidrológicos, así como la conectividad ecológica entre cuencas, zonas costeras y marinas.

Las nuevas actuaciones suponen 40,8 millones, que se suman a los 15 millones destinados a la restauración hidrológico-forestal, fundamentales para renaturalizar la cabecera y recuperar los equilibrios de este espacio único, así como a los 0,4 millones de euros que supone el programa de seguimiento de contaminantes emergentes ya iniciado.

Además, según las mismas fuentes, ya existe una inversión de 76,1 millones en obras de la Confederación Hidrográfica del Júcar que tienen un impacto en l’Albufera. En total, el ministerio asegura que invertirá 132,5 millones para conservar este espacio único. Además, el lunes se publicará una convocatoria de ayudas de 5 millones a través de la Fundación Biodiversidad, para restaurar y recuperar áreas urbanas, rurales y naturales en los municipios afectados por la catástrofe. De estas ayudas también se verá beneficiada l’Albufera.

En su intervención, la vicepresidenta también ha explicado que el ministerio está desarrollando la línea de ayudas directas para los municipios afectados por la DANA con mayor riesgo de inundación, dotada con 60 millones de euros. Esta línea tiene como objetivo adaptar al riesgo de inundación viviendas, comercios, zonas industriales o instalaciones ganaderas. Además, también permitirá que los municipios puedan desarrollar sus planes municipales de adaptación al riesgo de inundación. “El Real Decreto que regula estas ayudas ha superado ya su periodo de audiencia, y aceleraremos los trámites para que los fondos empiecen a llegar a los ayuntamientos en el plazo de un mes”, ha asegurado. Puedes consultar el ‘Plan de actuaciones para la recuperación y mejora de la resiliencia de L’Albufera’ en el siguiente enlace.

Acció Ecologista-Agró pide más concreción

Sobre el plan presentado por la ministra Aagesen, la portavoz de Acció Ecologista-Agró, Eva Tudela, ha valorado positivamente que se plantee “unir en un documento todas las actuaciones que están en torno a la Albufera” así como que el discurso se centre en términos como “adaptación y resiliencia”, aunque ha puntualizado que algunas de las inversiones que figuran “ya están en marcha” y otras que ya están “realizadas”.

Por otra parte, ha comentado que una de las cuestiones más importantes que es saber qué cantidad de agua va a llegar, por qué vías y qué calidad debe tener y en este sentido, ha destacado que “es determinante la parte que habla de saneamiento, que son actuaciones que ya están en marcha de reparación de canalizaciones y depuradoras afectadas por la dana y que era uno de los puntos que nos parecían críticos y muy interesante que se hagan los trabajos, así como evitar las aguas residuales que aún llegan a la Albufera para que no lleguen contaminantes orgánicos”.

Tudela ha añadido que el documento se refiere a la puesta en marcha de los tanques de tormentas de Acuamed que hace años que se estaban ejecutando y que faltaban algunas actuaciones para ponerlos en marcha, pero no se concreta un plazo para su puesta en marcha: “En general todo el documento está muy bien pero necesitamos más concreción en algunos temas”.

Por último, la representante de la entidad ecologista ha considerado “muy interesante que se considere toda la orla más allá de los límites establecidos del parque natural para hacer actuaciones desde las cabeceras de las cuencas del Magro y del Poyo, así como los trabajos en las orlas vegetales de protección del parque que bloquee futuros vertidos por avenidas”.

Les tres goles de l’Albufera, les comportes que controlen el cabal del llac, podran obrir-se a qualsevol hora a partir del pròxim dilluns. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana recull ja el decret d’urgència aprovat per la Conselleria de Medi Ambient per a garantir la qualitat de les aigües de la llacuna, fortament afectada per la DANA i pels efectes de la calor. El llac ha arribat a 32 graus de temperatura en algunes jornades d’un estiu que no té l’aire de donar treva, i pot provocar problemes greus a l’ecosistema.

L’objectiu de la norma, que permet l’obertura sense marc temporal durant l’estiu, és afavorir la renovació i millorar la qualitat de les aigües del Parc Natural de l’Albufera per a evitar un risc ecològic. La Junta de Desguàs podrà obrir les comportes, que van a parar a la mar, de dilluns a divendres a qualsevol hora. La mesura s’ha introduït com a disposició addicional en un decret sobre els ports de la Generalitat Valenciana, i estableix la suspensió temporal de l’ordre sobre la regulació del nivell i la comunicació amb la mar del Parc Natural de l’Albufera.

El departament que dirigeix Vicente Martínez Mus indica en el text: “Al llarg del període estival de l’any 2025, com a mesura excepcional i urgent per a minimitzar els efectes de la contaminació de l’aigua del llac de l’Albufera provocada pels efectes de la depressió aïllada en els nivells alts (DANA), esdevinguda el 29 d’octubre de 2024, hauran de mantindre’s, si ho requereix així el control de nivells del llac, obertes les comportes de les goles de desguàs durant les 24 hores del dia, de dilluns a divendres (els dos inclusivament)”.

La resta dels dies de la setmana, prossegueix el decret, “es mantindrà el règim de desguàs que indica l’Ordre 5/2018, de l’1 de febrer, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, relativa a la regulació del nivell i la comunicació amb la mar del Parc Natural de l’Albufera”; és a dir, desguassar a partir de les 19 i preferiblement a la nit, quan les platges estan més buides. El decret també preveu que puga prorrogar-se aquesta mesura: “Mitjançant la resolució de l’òrgan competent en matèria de gestió d’espais naturals protegits i Xarxa Natura 2000 es podrà prorrogar el canvi proposat a futures campanyes, atesos els informes tècnics relatius a la qualitat de l’aigua”, conclou.

L’Advocacia de la Generalitat Valenciana ha emés un informe pel que fa a la modificació, en què reclama a la Generalitat que delimite l’obertura de comportes. L’anàlisi jurídica indica que la mesura excepcional s’estableix al llarg del període estival de l’any 2025 i apunta: “Seria recomanable determinar les dates concretes que comprén aquest període estival”. Així mateix, recalca que “la redacció no coincideix amb la proposada en l’informe de necessitat de l’expedient que no es refereix al període estival, sinó ‘Al llarg de la campanya arrossera del 2025’”. Els advocats de la Generalitat demanen que es matise aquesta mesura, que ha generat una certa controvèrsia.

Qüestiona la urgència

Els lletrats de la Generalitat també qüestionen la fórmula adoptada, el decret de mesures urgents, cosa ja habitual en l’Advocacia: “Més que introduir mesures urgents, l’objecte de la norma és modificar la Llei 2/2014, de ports de la Generalitat”. “L’extraordinària i urgent necessitat ha d’afectar tot l’articulat del decret llei i ha d’interpretar-se necessàriament de manera restrictiva”, recorden els advocats de la Generalitat, que insisteixen: “No pot simplement identificar-se amb l’existència d’un interés públic a regular, preveure o aprovar determinades institucions jurídiques o mesures públiques, ja que aquest interés públic concorre en l’elaboració de qualsevol norma i instrument que continga mesures jurídiques de caràcter públic o simplement administratives. Dels arguments exposats hem de concloure que pel Consell de la Generalitat s’ha de dur a terme el judici polític o d’oportunitat degut que constitucionalment i estatutàriament li competeix, i ha d’identificar els pressupostos de fet habilitants per a l’aprovació d’un instrument normatiu tan excepcional”.

En el cas de les comportes, apunten els lletrats, “per a aquesta modificació de l’Ordre sí que estaria justificada la necessitat i possiblement també la urgència, però no el recurs a l’aprovació d’un decret llei per a modificar una norma reglamentària, en la qual seria una ordre dictada per l’òrgan competent, és a dir, el conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori. Que hi haja una necessitat urgent no exigeix acudir a la figura del decret llei en els casos en què siga necessari perquè no hi haja una reserva de llei

Els lletrats recorden al Consell la denominació dels òrgans d’autogovern: “En el títol, hauria d’utilitzar-se la denominació correcta del conjunt d’institucions d’autogovern, que no és la de Generalitat Valenciana, sinó simplement la Generalitat, després de la seua modificació per llei orgànica”, diu l’informe.

Las tres 'goles' de l'Albufera, las compuertas que controlan el caudal del lago, podrán abrirse a cualquier hora a partir del próximo lunes. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana recoge ya el decreto de urgencia aprobado por la Conselleria de Medio Ambiente para garantizar la calidad de las aguas de la laguna, fuertemente afectada por la dana y por los efectos del calor. El lago ha alcanzado los 32 grados de temperatura en algunas jornadas de un verano que no tiene visos de dar tregua, y puede provocar serios problemas al ecosistema.

El objetivo de la norma, que permite la apertura sin marco temporal durante el verano, es favorecer la renovación y mejorar la calidad de las aguas del Parque Natural de l'Albufera para evitar un riesgo ecológico. La Junta de Desague podrá abrir las compuertas, que van a parar al mar, de lunes a viernes a cualquier hora. La medida se ha introducido como disposición adicional en un decreto sobre los puertos de la Generalitat Valenciana, y establece la suspensión temporal de la orden sobre la regulación del nivel y la comunicación con el mar del Parque Natural de la Albufera.

El departamento que dirige Vicente Martínez Mus indica en el texto: “A lo largo del periodo estival del año 2025, como medida excepcional y urgente para minimizar los efectos de la contaminación del agua del lago de la Albufera provocada por los efectos de la depresión aislada en los niveles altos (DANA), ocurrida el 29 de octubre de 2024, tendrán que mantenerse, si así lo requiere el control de niveles del lago, abiertas las compuertas de las gargantas de desagüe durante las 24 horas del día, de lunes a viernes (los dos inclusivamente)”.

El resto de días de la semana, prosigue el decreto, “se mantendrá el régimen de desagüe que indica la Orden 5/2018, de 1 de febrero, de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, relativa a la regulación del nivel y la comunicación con el mar del Parque Natural de la Albufera”; es decir, desaguar a partir de las 19 horas y preferiblemente por la noche, cuando las playas están más despejadas. El decreto también prevé que pueda prorrogarse esta medida: “ Mediante la resolución del órgano competente en materia de gestión de espacios naturales protegidos y Red Natura 2000 se podrá prorrogar el cambio propuesto a futuras campañas, atendidos los informes técnicos relativos a la calidad del agua”, concluye.

La Abogacía de la Generalitat Valenciana ha emitido un informe respecto a la modificación, donde reclama a la Generalitat que acote la apertura de compuertas. El análisis jurídico indica que la medida excepcional se establece a lo largo del período estival del año 2025 y apunta: “Sería recomendable determinar las fechas concretas que comprende este período estival”. Asimismo, recalca que “la redacción no coincide con la propuesta en el informe de necesidad del expediente que no se refiere al período estival, sino 'A lo largo de la campaña arrocera del 2025'”. Los abogados de la Generalitat piden que se matice esta medida, que ha generado cierta controversia.

Cuestiona la urgencia

Los letrados de la Generalitat también cuestionan la fórmula adoptada, el decreto de medidas urgentes, algo ya habitual en la Abogacía: “Más que introducir medidas urgentes, el objeto de la norma es modificar la Ley 2/2014, de Puertos de la Generalitat”. “La extraordinaria y urgente necesidad debe afectar a todo el articulado del decreto-ley y debe interpretarse necesariamente de manera restrictiva”, recuerdan los abogados de la Generalitat, que inisten: “No puede simplemente identificarse con la existencia de un interés público en regular, prever o aprobar determinadas instituciones jurídicas o medidas públicas, ya que dicho interés público concurre en la elaboración de cualquier norma e instrumento que contenga medidas jurídicas de carácter público o simplemente administrativas. De los argumentos expuestos debemos concluir que por el Consell de la Generalitat se debe llevar a cabo el debido juicio político o de oportunidad que constitucional y estatutariamente le compete, debiendo identificar los presupuestos de hecho habilitantes para la aprobación de tan excepcional instrumento normativo”.

En el caso de las compuertas, apuntan los letrados, “para esta modificación de la Orden sí estaría justificada la necesidad y posiblemente también la urgencia, pero no el recurso a la aprobación de un decreto-ley para modificar una norma reglamentaria, en la que bastaría una orden dictada por el órgano competente, es decir, el Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. Que haya una necesidad urgente no exige acudir a la figura del Decreto-ley en los casos en que sea necesario porque no haya una reserva de ley

Los letrados recuerdan al Consell la denominación de los órganos de autogobierno: “En el título, debería utilizarse la denominación correcta del conjunto de instituciones de autogobierno, que no es la de Generalitat Valenciana, sino simplemente la Generalitat, tras su modificación por Ley Orgánica”, dice el informe.

Ocho meses después del inicio de las obras de la ampliación norte del Puerto de Valencia, la Autoridad Portuaria (APV) ha iniciado la instalación de barreras antiturbidez ante la exigencia de la Demarcación de Costas, tras haberse detectado problemas al sur del recinto, en aguas de las playas del Parque Natural de la Albufera, cuyo litoral forma parte de la Red Natura 2.000 y, por tanto, cuentan con una protección ambiental adicional.

Esta fue una de las 20 exigencias que el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica impuso a la APV para dar el visto bueno al proyecto, las cuales vienen recogidas en el Informe de Compatibilidad con la Estrategia Marina. Según este documento, “tanto en el Puerto de Valencia como en el de Sagunto, para evitar el aumento de la turbidez durante las operaciones que pudiesen derivar en impactos ambientales, se dispondrán barreras anti-turbidez durante la ejecución de las operaciones de dragado, de construcción y de relleno”.

Sin embargo, tras las quejas de diversas entidades vecinales y ecologistas, Costas realizó diversas visitas a los trabajos y tras comprobar que no se había cumplido con su colocación, instó a la APV a que las instalara. Inicialmente, el Puerto alegó que no era necesario, puesto que “los valores detectados por los medidores de turbidez siempre han estado por debajo de los umbrales que conllevarían su uso”. El mencionado informe de compatibilidad, sin embargo, no habla de umbrales y fija su instalación en el momento en el que se inicien los dragados.

Con todo, Costas insistió en que la instalación de estas barreras era preceptiva a fin de que la dispersión de elementos pudiera afectar a las zonas de las playas protegidas. Ante esta situación, tal y como han informado fuentes de la APV a este diario, en un primer momento se colocaron barreras en las zonas de obra terrestres desde el inicio de los trabajos.

Respecto a la instalación de las barreras en las zonas de dragado de los puertos de Sagunt y de València, “se están colocando y reforzando en nuevas zonas adicionales a las inicialmente previstas”. Para su instalación, “se han recabado todas las autorizaciones pertinentes de las diferentes administraciones competentes desde el punto de vista de la señalización marítima con el fin de cumplir los requerimientos exigidos y garantizar la seguridad en la navegación”. Asimismo, insistieron en que “no se ha detectado el incumplimiento de los niveles de turbidez exigidos en ningún momento”.

Los trabajos de draga que se están realizando en el Puerto de Sagunto y de València para obtener el material de relleno que requerirán los nuevos muelles, así como la demolición de diversos elementos que se están acometiendo en el dique norte del Puerto de Valencia, principalmente el derribo del muelle que daba servicio a los cruceros, estarían detrás de la dispersión de sedimentos en las playas del sur.

El proyecto necesita 25,7 millones de metros cúbicos de material de relleno para las explanadas de los nuevos muelles, lo que supone 6 millones más de lo contemplado en la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007. De ellos, se prevé extraer 15,1 millones de dragados en el interior de la dársena del Puerto de València, otros 7,1 de dragados en el interior del Puerto de Sagunto y los mencionados 2,6 millones del banco de arena de Cullera, del que desde Costas se solicitó a la APV que no se hicieran extracciones.

El tema de los dragados es, además, uno de los temas que apunta el informe pericial encargado por el juzgado por el que la DIA del año 2007 no sería válido para el nuevo proyecto. Según el perito que ha evaluado la actuación por orden del juez, las razones serían las siguientes: “Incremento de los volúmenes y áreas de actuación de los dragados necesarios; demoliciones de los actuales contradiques norte y muelles de cruceros; cambio de ubicación de las explanadas y muelle de atraque y es muy probable que se hayan conformado comunidades marinas en el nuevo hábitat de escolleras debido al tiempo transcurrido entre la primera fase del proyecto y la segunda”.

“El hotel Sidi Saler ya no tiene concesión y no ha lugar a una nueva, por eso se ha llegado hasta el límite de las sentencias judiciales”. El secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se ha mostrado así de contundente a preguntas de elDiario.es sobre la situación de la concesión administrativa del establecimiento, ubicado en el Parque Natural de la Albufera.

Su postura supone un claro choque con el de la alcaldesa de València, María José Catalá, quien hasta ahora se ha mostrado partidaria de su reapertura “como hotel sénior”. Y eso a pesar de las dos sentencias que avalan la denegación de licencias municipales para rehabilitar y reabrir el recinto hotelero decretada por el Ayuntamiento en la etapa de Joan Ribó (Compromís) como alcalde.

Estas resoluciones judiciales son, precisamente, el principal argumento de Morán para cerrar la puerta a una nueva concesión administrativa por parte del Ministerio de Transición Ecológica: “Los planes que tenemos es respetar lo que el procedimiento establece por seguridad jurídica a la finalización de la concesión y lógicamente cumplir con lo que las sentencias establecen, lo que me resulta asombroso es que el Ayuntamiento de València pretenda colocarse en rebeldía con respecto a resoluciones judiciales y frente a la regulación normativa que está vigente”.

Preguntado sobre si sería viable una nueva concesión, Morán ha comentado que “el Ayuntamiento podría, incumpliendo lo que las sentencias han dicho, promover la solicitud de una concesión que está abocada al fracaso” y ha comentado que “da la impresión de que se está tratando de construir un conflicto artificial respecto a un asunto que es cosa juzgada”. Así, ha insistido en que “en la situación actual lo único que procede en estos momentos es de lo que se deriva en la última sentencia, no hay más, y el ministerio no va a ir contra una sentencia firme”.

Detalles de la sentencia

El pasado mes de enero, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 de València desestimó el segundo recurso de las mercantiles Divarian y Coral Homes, propietarias del inmueble, y dio la razón a las resoluciones del Ayuntamiento durante la época de Joan Ribó como alcalde cuando se denegaron las licencias de obras y de actividad a principios de 2023 al estar el edificio en situación de fuera de ordenación. En la causa también se había personado Acció Ecologista-Agró, que se opone también a la concesión de los permisos.

El fallo concluye que “el edificio que la parte demandante pretende reformar para volver a poner en uso tiene seis plantas (planta baja + 5), según se indica a la misma memoria presentada por la parte demandante para pedir las licencias (hoja 280 del expediente administrativo), mientras que la normativa urbanística municipal prevé para esta parcela un máximo de dos plantas (planta baja + 1)”. La diferencia “entre el número de plantas que permite el planeamiento y el número de plantas total del edificio es, por lo tanto, de cuatro”. Por lo tanto, de conformidad con la letra f) de la disposición transitoria novena de las normas urbanísticas, “el edificio no puede quedar en situación de fuera de ordenación diferido, como argumentan las demandantes”.

La resolución añade que “se trata de un edificio que pertenece al dominio público-marítimo terrestre, respecto del cual las demandantes son titulares de una concesión para explotarlo como hotel, concedida en 2018, actividad que no se ha realizado desde hace más de 13 años aproximadamente, con incumplimiento del plazo de un año establecido al apartado 12 de las condiciones generales de la concesión, sin que consto que haya vigente ninguna prórroga de este periodo y, por lo tanto, de una concesión que está en la situación que, de conformidad con este apartado 12, obliga a la administración titular, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a incoar un expediente de caducidad de la concesión”.

En cuanto a la ubicación de la parcela y edificio en el Parque Natural de l'Albufera, de nuevo, los factores juegan en contra de las sociedades mercantiles demandantes: “El edificio se encuentra en la misma playa, con afectación de las dunas, un elemento significativo del parque, la protección y recuperación de las cuales es uno de los objetivos de la normativa que regula este espacio natural protegido. No todo edificio fuera de ordenación que esté dentro del Parque Natural constituye per se un atentado contra el espacio protegido, pero en estas circunstancias de ubicación y características del edificio, tenemos que concluir que sí”.

Catalá impulsa cambios urbanísticos

El Ayuntamiento de València, a través de la Delegación de Urbanismo, anunció el pasado viernes 10 de enero el inicio de los trámites para la revisión técnica de las normas urbanísticas con el fin de modernizar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de València, que fue aprobado definitivamente en 1988. 

Aunque no se ofrecieron muchos detalles de los cambios, el concejal de Urbanismo del PP, Juan Giner, comentó de forma genérica que entre otras cosas “se regula la realización de obras para la mejora de la accesibilidad, la eficiencia energética y las energías renovables de los edificios o se simplifica el régimen de las situaciones de fuera de ordenación de los edificios, dando una mayor seguridad jurídica a los propietarios”.

Este último aspecto, el de la simplificación del régimen de las situaciones de fuera de ordenación de los edificios, ha sido señalado por Compromís como una puerta abierta a la reapertura del hotel Sidi, ubicado en pleno Parque Natural de l'Albufera.

El Govern valencià i l’Ajuntament de València evidencien l’artificialitat de la seua guerra de l’aigua en retirar els recursos contra la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per l’aportació d’aigua a l’Albufera. Les dues administracions, dirigides pel PP, van ventar el Ministeri de Transició Ecològica des de la campanya electoral dels comicis europeus de juny del 2024, assegurant que el departament dirigit llavors per Teresa Ribera no complia les aportacions previstes. La ministra, hui comissària europea, ha sigut el blanc de les crítiques dels populars valencians, especialment bel·ligerants amb els transvasaments entre conques i la situació de l’aiguamoll valencià, ometent per complet qualsevol referència al canvi climàtic.

El juny del 2024, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, va anunciar un recurs contenciós administratiu contra el Govern central. A l’octubre, el dirigent popular va manifestar que es “desjudicialitzaria” l’assumpte si el Govern “complia” les aportacions d’aigua, després d’una reunió amb el president del Govern, Pedro Sánchez. En eixir d’aquesta trobada, Mazón va assegurar que retirarien el recurs si el govern es comprometia a fer les aportacions de 20 hectòmetres cúbics d’aigua que necessita el llac. L’Ajuntament de València, dirigit per María José Catalá, va fer el mateix per la falta de cabals, recurs que va ser acceptat pel Tribunal Superior de Justícia el 29 d’octubre. L’executiu central va assenyalar tant en les al·legacions al recurs com en declaracions prèvies que l’any anterior s’havien aportat al llac més de 100 hectòmetres cúbics d’aigua, tres vegades per damunt del que es preveia en els plans hidrològics.

Sis mesos més tard, l’executiu autonòmic i l’Ajuntament anuncien la retirada dels recursos després de subscriure un pacte amb els regants, que es comprometen a una aportació extraordinària de 24 hectòmetres cúbics en tres anys. L’acord, que els mandataris han promocionat com a històric, no compta amb la participació de la Confederació Hidrogràfica i s’emmarca com a part del pla de recuperació després de la DANA.

Les aportacions hídriques procedeixen de la modernització d’infraestructures, cabals nocturns que queden desaprofitats o d’aigües sobrants d’altres cabals. Segons l’acord, que inclou la firma de dos protocols amb els regants del Xúquer i del Túria, l’Albufera rebrà 11 hm³ del sistema Xúquer i 13,3 més del sistema Túria, en època prèvia al cultiu de l’arròs, en el període comprés entre el 15 d’octubre i el 15 de maig. Aquestes aportacions se sumaran als 14,51 hm³ estipulats en el Pla Hidrològic del Xúquer.

Les associacions ecologistes Agró i Xúquer Viu critiquen l’acord del Govern autonòmic i local, considerant que “no hi ha garanties d’efectivitat, ja que el màxim organisme de planificació hidrològica, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, no ha participat en l’acord”. Assenyalen que els 11 hectòmetres cúbics referits al Xúquer ja figuraven, quasi íntegrament, en el Pla Hidrològic i, per tant, “no suposen cap novetat”. També plantegen els seus dubtes sobre les aportacions procedents de les séquies del Túria, que no figuren en el Pla Hidrològic.

“Aquest pacte, més aïna sembla un acord polític per a reforçar la figura del president de la Generalitat, d’una banda, i per a justificar la retirada del recurs que la Generalitat havia interposat per les aportacions a l’Albufera que figuren en el Pla Hidrològic”, assenyalen les dues entitats, que insisteixen que la supervivència de l’aiguamoll no està garantida. “La solució implica fer aportacions directes d’aigua del Xúquer des de Tous, sense estar condicionada a la modernització de regadius, com hem demanat repetides vegades. Aquesta aportació ara és més urgent que mai. En una situació d’emergència, com l’actual, amb les reserves hídriques superiors al 60%, és perfectament possible garantir les aportacions d’aigua necessàries en quantitat i qualitat per a superar els efectes provocats per aquesta catàstrofe a l’Albufera i evitar més danys”, reivindiquen Acció Ecologista Agró i Xúquer Viu.

Quasi un any després del conflicte, amb Ribera a Brussel·les i sense eleccions a curt termini a la vista, els populars reculen en la seua guerra de l’aigua representant un acord que les entitats ecologistes consideren cosmètic. Mentrestant, la situació de l’aiguamoll després de la DANA continua sent preocupant.

L’Ajuntament retira 2.475 tones de residus

La riuada del 29 d’octubre passat va deixar en l’Albufera un escenari crític: tones de residus plàstics, material vegetal i deixalles perilloses van inundar un espai natural protegit. Dimecres, gràcies a una actuació coordinada, decidida i sense precedents, s’han retirat ja 2.475 tones de residus.

D’aquestes, 2.410 corresponen a material vegetal i 65 a residus plàstics i urbans, segons ha informat el regidor delegat de la Devesa-l’Albufera, José Gosálbez. “No parlem de promeses, parlem de fets. No parlem d’intencions, parlem de resultats. El nostre objectiu era clar: donar resposta a una emergència ambiental sense excuses, sense dilacions i amb tots els mitjans disponibles”, ha afirmat Gosálbez.

L’Ajuntament de València treballa a hores d’ara en projectes d’R+D+I per a la reutilització dels residus extrets. Com a primera fase, s’han arreplegat 50 kg de mostra mixta per a analitzar-ne la viabilitat com a matèria primera per a mobiliari urbà.

El Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de València evidencian lo artificial de su guerra del agua al retirar los recursos contra la Confederación Hidrográfica del Júcar por el aporte de agua a l'Albufera. Las dos administraciones, dirigidas por el PP, atizaron al Ministerio de Transición Ecológica desde la campaña electoral de los comicios europeos de junio de 2024, asegurando que el departamento entonces dirigido por Teresa Ribera no estaba cumpliendo las aportaciones previstas. La ministra, hoy comisaria europea, ha sido el blanco de las críticas de los populares valencianos, especialmente beligerantes con los trasvases entre cuencas y la situación del humedal valenciano, omitiendo por completo cualquier referencia al cambio climático.

En junio de 2024 el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno central. En octubre, el dirigente popular manifestó que se “desjudicializaría” el asunto si el Gobiero “cumplía” con los aportes de agua, tras una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Al salir de este encuentro, Mazón aseguró que retirarían el recurso si el gobierno se compromete a realizar las aportaciones de 20 hectómetros cúbicos de agua que necesita el lago. El Ayuntamiento de València dirigido por Maria José Catalá hizo lo propio por la falta de caudales, recurso que fue aceptado por el Tribunal Superior de Justicia el 29 de octubre. El Ejecutivo central señaló tanto en las alegaciones al recurso como en declaraciones previas que el año anterior se habían aportado al lago más de 100 hectómetros cúbicos de agua, tres veces por encima de lo previsto en los planes hidrológicos.

Seis meses más tarde, el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento anuncian la retirada de los recursos tras suscribir un pacto con los regantes, que se comprometen a una aportación extraordinaria de 24 hectómetros cúbicos en tres años. El acuerdo, que los mandatarios han promocionado como histórico, no cuenta con la participación de la Cofederación Hidrográfica y se enmarca como parte del plan de recuperación tras la DANA.

Las aportaciones hídricas proceden de la modernización de infraestructuras, caudales nocturnos que quedan desaprovechados o de aguas sobrantes de otros caudales. Según el acuerdo, que incluye la firma de dos protocolos con los regantes del Júcar y del Turia, la Albufera recibirá 11 hm3 del sistema Júcar y otros 13,3 del sistema Turia, en época previa al cultivo del arroz, en el período comprendido entre el 15 de octubre y el 15 de mayo. Estas aportaciones se sumarán a los 14,51 hm3 estipulados en el Plan Hidrológico del Júcar.

Las asociaciones ecologistas Agró y Xúquer Viu critican el acuerdo del Gobierno autonómico y local, considerando que “no hay garantías de efectividad, puesto que el máximo organismo de planificación hidrológica, la Confederación Hidrográfica del Júcar, no ha participado del acuerdo”. Señalan que los 11 hectómetros cúbicos referidos al Júcar ya figuraban, casi en su totalidad, en el Plan Hidrológico, y, por lo tanto, “no suponen ninguna novedad”. También plantean sus dudas sobre las aportaciones procedentes de las acequias del Turia, que no figuran en el plan hidrológico.

“Este pacto, más bien parece un acuerdo político para reforzar la figura del Presidente de la Generalitat, por un lado, y para justificar la retirada del recurso que la Generalitat había interpuesto por las aportaciones a la Albufera que figuran en el Plan Hidrológico”, señalan ambas entidades, que insisten en que la supervivencia del humedal no está garantizada. “La solución pasa para realizar aportaciones directas de agua del Júcar desde Tous, sin estar condicionada a la modernización de regadíos, como hemos pedido repetidas veces. Esta aportación ahora es más urgente que nunca. En una situación de emergencia, como el actual, con las reservas hídricas superiores al 60% es perfectamente posible garantizar las aportaciones de agua necesarias en cantidad y calidad para superar los efectos provocados por esta catástrofe a la Albufera y evitar más daños”, reivindican Acció Ecologista Agró y Xúquer Viu.

Casi un año después del conflicto, con Ribera en Bruselas y sin elecciones a corto plazo a la vista, los populares reculan en su guerra del agua perfomando un acuerdo que las entidades ecologistas consideran cosmético. Mientras, la situación del humedal tras la DANA continua siendo preocupante.

El Ayuntamiento retira 2.475 toneladas de residuos

La riada del pasado 29 de octubre dejó en L’Albufera un escenario crítico: toneladas de residuos plásticos, material vegetal y restos peligrosos inundaron un espacio natural protegido. Este miércoles, gracias a una actuación coordinada, decidida y sin precedentes, se han retirado ya 2.475 toneladas de residuos.

De ellas, 2.410 corresponden a material vegetal y 65 a residuos plásticos y urbanos, según ha informado el concejal delegado de Devesa-Albufera, José Gosálbez. “No hablamos de promesas, hablamos de hechos. No hablamos de intenciones, hablamos de resultados. Nuestro objetivo era claro: dar respuesta a una emergencia ambiental sin excusas, sin dilaciones y con todos los medios disponibles”, ha afirmado Gosálbez.

El Ayuntamiento de València está trabajando en proyectos de I+D+i para la reutilización de los residuos extraídos. Como primera fase, se han recogido 50 kg de muestra mixta para analizar su viabilidad como materia prima para mobiliario urbano.

Segundo varapalo judicial contra la propiedad del hotel Sidi, ubicado en pleno Parque Natural de l'Albufera, y también contra la alcaldesa de València, María José Catalá, quien hasta ahora se ha mostrado partidaria de su reapertura “como hotel sénior”. “No todo edificio fuera de ordenación que esté dentro del Parque Natural constituye per se un atentado contra el espacio protegido, pero en estas circunstancias de ubicación y características del  edificio, tenemos que concluir que sí”, sentencia el juez.

El juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de València ha desestimado el recurso de las mercantiles Divarian y Coral Homes, propietarias del inmueble, y ha dado la razón a las resoluciones del Ayuntamiento durante la época de Joan Ribó como alcalde cuando se denegaron las licencias de obras y de actividad a principios de 2023 al estar el edificio en situación de fuera de ordenación. En la causa también se había personado Acció Ecologista-Agró, que se opone también a la concesión de los permisos.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, las mercantiles expusieron que “el edificio no está en situación de fuera de ordenación sustantiva, sino diferida” y, en consecuencia, que las obras de rehabilitación y acondicionamiento sí que son autorizables en este régimen; y que la decisión de denegación de las licencias por parte del Ayuntamiento se efectuaron “con desviación de poder”, puesto que con esta decisión lo que persigue el Ayuntamiento es “la demolición del edificio”.

El fallo concluye que “el edificio que la parte demandante pretende reformar para volver a poner en uso tiene seis plantas (planta baja + 5), según se indica a la misma memoria presentada por la parte demandante para pedir las licencias (hoja 280 del  expediente administrativo), mientras que la normativa urbanística municipal prevé para esta parcela un máximo de dos plantas (planta baja + 1)”. La diferencia “entre el número de plantas que permite el planeamiento y el número de plantas total del edificio es, por lo tanto, de cuatro”. Por lo tanto, de conformidad con la letra f) de la disposición transitoria novena de las normas urbanísticas, “el edificio no puede quedar en situación de fuera de ordenación diferido, como argumentan las demandantes”.

Además de lo que se ha expuesto, que según el magistrado, “ya es un motivo suficiente para considerar el edificio en situación de fuera de ordenación sustantivo y, en consecuencia, donde quedan prohibidas unas obras de la magnitud que pretenden las partes demandantes”, si se diera por buena la interpretación de la disposición transitoria novena que contiene el artículo 3 de otra ordenanza aprobada en su día, la conclusión sería la misma: “El edificio atenta contra el Parque Natural de la Albufera y, por lo tanto, está en situación de fuera de ordenación sustantivo”.

Al respecto, añade el juez, “los elementos que tenemos en este sentido son tres: el edificio tiene seis plantas cuando el planeamiento solo contempla dos; está ubicado al dominio público marítimo-terrestre, en la misma playa de la Garrofera; y está dentro del Parque Natural de la Albufera”.

En cuanto a este segundo factor, según el fallo, “se trata de un edificio que pertenece al dominio público-marítimo terrestre, respecto del cual las demandantes son titulares de una concesión para explotarlo como hotel, concedida en 2018, actividad que no se ha realizado desde hace más de 13 años aproximadamente, con incumplimiento del plazo de un año establecido al apartado 12 de las condiciones generales de la concesión, sin que consto que haya vigente ninguna prórroga de este periodo y, por lo tanto, de una concesión que está en la situación que, de conformidad con este apartado 12, obliga a la administración titular, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a incoar un expediente de caducidad de la concesión”.

En cuanto a la ubicación de la parcela y edificio en el Parque Natural de l'Albufera, de nuevo, los factores juegan en contra de las sociedades mercantiles demandantes: “El edificio se encuentra en la misma playa, con afectación de las dunas, un elemento significativo del parque, la protección y recuperación de las cuales es uno de los objetivos de la normativa que regula este espacio natural protegido. No todo edificio fuera de ordenación que esté dentro del Parque Natural constituye per se un atentado contra el espacio protegido, pero en estas circunstancias de ubicación y características del  edificio, tenemos que concluir que sí”.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, en definitiva, afirma el juez que “este edificio, siguiendo los criterios que marca la letra d) de la disposición transitoria novena de las normas urbanísticas del PGOU (exceso de volumen o conformación de este y lugar donde está ubicado) atenta contra el espacio natural protegido del Parque Natural de la Albufera”.

Sobre la supuesta desviación de poder alegada por la propiedad por la idea del Ayuntamiento de derribar el edificio, afirma el juez que “aunque damos por válida que esta pretensión, la de conseguir derribar el edificio, es el objetivo que perseguía el órgano municipal que denegó las licencias, no podemos considerar que este objetivo supone un uso improcedente de la potestad de disciplina urbanística y, por lo tanto, una desviación de poder”.

Una enorme mancha de fuel invadió las playas de Pinedo, l'Arbre del Gos, El Saler y La Garrofera, en el Parque Natural de L'Albufera de València, el pasado 16 de julio, en plena temporada estival, lo que obligó a su cierre hasta el 19 de julio.

Un hecho que ha salido gratis al responsable del vertido, al que no se ha podido identificar. Así lo ha confirmado a elDiario.es la Fiscalía, que abrió una investigación tras el suceso para tratar de dar con el buque del que partió el fuel. Como informó este diario, el ministerio fiscal instó a Capitanía Marítima a elaborar un informe con las diferentes diligencias efectuadas hasta ese momento.

Así, desde Capitanía se procedió a analizar el contenido de las imágenes de las cámaras del Puerto de Valencia y del Club Náutico, así como los registros de entradas y salidas de buques en la fecha de la detección del vertido, al objeto de localizar buques sospechosos.

Con la lista elaborada, se trató de obtener muestras de sus sentinas, de cara a comparar los resultados con los procedentes del vertido, unas actuaciones que requieren que los buques escalen en puertos europeos o en otros puertos de España. También se interrogó a propietarios de embarcaciones menores que pasaron por la zona.

Sin embargo, el informe remitido por la Capitanía Marítima al ministerio fiscal con todos estos detalles no ha permitido finalmente identificar al responsable de la enorme mancha de chapapote.

El vertido afectó a un terreno de dos kilómetros, incluyendo las playas de El Saler, l'Arbre del Gos y La Garrofera, y se recogieron 35 metros cúbicos de residuos.

Decenas de personas convocadas por la Comissió Port Ciutat se concentraron en la playa del Saler en protesta contra el vertido y contra la amenaza de la ampliación del Puerto de València, cuyas obras ya están en marcha. A la concentración también se sumó la Federación de Asociaciones Vecinales de València y concejales de Compromís.

El Ayuntamiento de València, a través de la Delegación de Urbanismo, anunció el pasado viernes 10 de enero el inicio de los trámites para la revisión técnica de las normas urbanísticas con el fin de modernizar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de València, que fue aprobado definitivamente en 1988. 

Aunque no se ofrecieron muchos detalles de los cambios, el concejal de Urbanismo del PP, Juan Giner, comentó de forma genérica que entre otras cosas “se regula la realización de obras para la mejora de la accesibilidad, la eficiencia energética y las energías renovables de los edificios o se simplifica el régimen de las situaciones de fuera de ordenación de los edificios, dando una mayor seguridad jurídica a los propietarios”.

Este último aspecto, el de la simplificación del régimen de las situaciones de fuera de ordenación de los edificios, ha sido señalado por Compromís como una puerta abierta a la reapertura del hotel Sidi, ubicado en pleno Parque Natural de l'Albufera. Sobre esta denuncia, Giner negó este viernes supuestos beneficios por la modificación del PGOU y afirmó que “lo único que se hace con respecto al régimen de fuera de ordenación es adaptar las normas del Plan General a la actual legislación urbanística valenciana”.

Una ley urbanística, que sin embargo, está también en fase de revisión por parte del Gobierno valenciano de Carlos Mazón y que en lo referido a los hoteles en el litoral, ya se vio modificada el pasado mes de diciembre con la posibilidad de construirlos a 200 metros de línea de costa, cuando hasta ahora solo se podía a 500 metros y para tipologías muy concretas en cuando a dimensiones.

Además, está en tramitación una ley valenciana de costas y una revisión de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), que entre otras cosas, “medidas para favorecer la implantación de actividades terciarias y de ocio recreativas en el suelo no urbanizable” y “revisar los procesos de regularización de construcciones ilegales”. Precisamente, tras conocerse la última sentencia que avalaba la caducidad de la licencia del Sidi, Catalá afirmó que se había reunido con el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Vicente Martínez Mus, para abordar posibles soluciones que permitieran su reapertura y evitaran el derribo, en contra de lo que recomiendan los informes de los técnicos municipales.

Compromís denuncia que Catalá desprotege la Albufera

En este contexto, la portavoz de Compromís per València Papi Robles, junto al concejal Sergi Campillo, han denunciado lo que considera una “maniobra urbanística” de Catalá que desprotege a la Devesa-Albufera, “un patrimonio natural que es de todas y todos, y no de ninguna empresa privada ni de intereses privados”. Y es que, como ha explicado Robles, el Gobierno municipal del PP y Vox ha presentado una modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para dar cobertura legal a la reapertura del hotel Sidi Saler en este espacio protegido. “Es la primera vez en democracia que se impulsa un cambio regresivo para la defensa de la Devesa-Albufera. Si esto va adelante, Catalá será la primera alcaldesa que desprotegerá este espacio natural”, ha denunciado.

En este sentido, el concejal de Compromís Sergi Campillo ha recordado que el complejo hotelero Sidi Saler, propiedad de Divarian Propiedad SA y Coral Homes, terminó su actividad en 2011, después de más de 35 años abierto y ha destacado la lucha vecinal y ambiental la plataforma 'El Saler pel al Poble“ que logró afortunadamente parar ese destrozo. Campillo ha asegurado que ”hoy la Devesa es un ejemplo de restauración ambiental a nivel internacional. Entre otras cosas, por la protección municipal que impulsó el primer ayuntamiento democrático y que posteriormente se confirma con el Plan General de 1991, donde este edificio queda fuera de ordenación“.

El concejal valencianista ha destacado que “en el año 2022, con el Gobierno de Joan Ribó y en base a los informes técnicos, se declaró caducada la licencia de actividad por no cumplir con la normativa, en tanto que el hotel llevaba más de dos años sin actividad, y con una clara voluntad de continuar recuperando el Saler y la Devesa-Albufera para el pueblo, una decisión que ratificó la justicia, a pesar de la oposición de Catalá que hubiera querido una sentencia favorable a la reapertura y en contra de los intereses municipales”.

Sin embargo, Compromís ha denunciado que esta protección tiene los días contados con la modificación de las normas urbanísticas anunciada por el Gobierno del PP y Vox. Un cambio que, como señala Compromís, implica eliminar la referencia a la protección de los espacios naturales y, por tanto, el Sidi Saler dejaría de estar considerado “fuera de ordenación sustantiva” y se permitirá volver a construir allí. Además, cambian la definición de “obras de conservación”, que la normativa actual contempla para los edificios fuera de ordenación sustantiva, y con las modificaciones se amplía este concepto permitiendo que se pueda reconstruir el complejo hotelero.

“Con este cambio normativo, una vez aprobado si no lo impedimos, los titulares de la concesión hotelera podrán volver a pedir la licencia de actividades y el Ayuntamiento deberá concederlo”, ha asegurado el concejal Sergi Campillo. En definitiva, “es un cambio normativo para hacer un urbanismo a la carta exclusivamente para beneficiar a los intereses privados de unas empresas que quieren lucrarse de un espacio que debería ser para todos. Es un retroceso histórico”.

La portavoz de Compromís per València Papi Robles ha acusado a Catalá de querer reabrir “un hotel de lujo para los turistas ricos. Tras turistificar la ciudad, ahora quiere turistificar la Devesa-Albufera, con las consecuencias nefastas para la conservación del espacio”. En este sentido, ha calificado de “hipócrita” el viaje de la alcaldesa del PP a Bruselas para pedir que la Albufera sea declarada Reserva de la Biosfera.

Robles ha considerado que “Catalá utiliza este título para esconder sus verdaderas intenciones: desproteger a la Albufera para favorecer intereses económicos privados”. En este sentido, la portavoz valencianista ha avanzado que “desde Compromís haremos oír nuestra voz y la de los valencianos allá donde sea necesario para no permitir esta barbaridad. No dejaremos que destruyen lo nuestro y lo que amamos. La Devesa-Albufera no se toca”.

Arroceros de la Albufera de València han denunciado un agravio comparativo al asegurar que sus parcelas se han quedado fuera del plan de reconstrucción a pesar de los graves daños que han sufrido las motas que separan los campos del lago como consecuencia de la riada.

Así lo han trasladado una docena de agricultores de la zona de Pinedo, pedanía al sur de la ciudad que flanquea el lago, mediante un escrito que han remitido por registro de entrada al Ayuntamiento en el que denuncian esta situación. Según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es y que forma José Castelló en representación de todos los afectados, los 12 firmantes de la carta adjunta son representantes de agrupaciones de arroceros de 'tancats', “los campos de arroz colindantes con el lago de l’Albufera, que es una propiedad del Ayuntamiento de València”.

Las motas de tanca (diques de separación entre el lago y los arrozales) son “infraestructuras fundamentales para el control del nivel de inundación de los campos y, en consecuencia, para el cultivo”.

En las últimas décadas, según explica Castelló, “los recursos empleados por el Ayuntamiento de València para el mantenimiento de los muros de su lago han sido anecdóticos” y añade: “Cuando los propietarios hemos tenido que realizar actuaciones de refuerzo de motas con nuestro dinero, se nos han puesto trabas”.

Tras la DANA de 2020, comenta, las motas del sur del lago sufrieron gran una erosión: “Las últimas contratas y proyectos realizados por el Ayuntamiento de València ola Generalitat han sido insuficientes en alcance y de resultados de mala calidad. Antes de esta DANA muchas motas del sur de l’Albufera volvían a estar en mal estado”.

Además, “esta última DANA provocó de nuevo la sobre inundación del lago, su rebose hacia nuestros campos y una erosión grave de las motas de tanca” hasta el punto que “en estos momentos varios tramos de mota tienen un grosor de menos de 2 metros y un claro riesgo de derrumbe”.

Según afirma en la instancia presentada al Consistorio, “el Ayuntamiento de València, en su evaluación de daños causados por la DANA en l’Albufera, solo ha contemplado la zona norte del lago, aunque en teoría debería incluir la valoración económica de la totalidad de las actuaciones a ejecutar para la restauración a la situación previa a la DANA”. En el escrito reflejan que desde el Servicio Devesa-Albufera se les ha informado que la reparación de los daños causados por la DANA en sus campos ha quedado “fuera de los fondos de urgencia que han publicitado que iba a cubrir todas las actuaciones a ejecutar para la restauración a la situación previa a la DANA”.

Por este motivo, solicitan que les informen “bajo qué precepto técnico” se ha peritado que las motas de sus campos “no han sido afectadas por la DANA y, por lo tanto, han sido excluidas de los fondos publicitados para la restauración”.

Al mismo tiempo exigen que se realice “un completo estudio de todas las afecciones de la DANA en el entorno del lago, abriendo la posibilidad de que los propietarios puedan comunicar sus daños” y que se prepare “un completo proyecto de restauración inmediata y un plan de mantenimiento plurianual por el cual el Ayuntamiento de València garantice la estanqueidad integral (no con pequeñas actuaciones) del lago de su propiedad a largo plazo”.

El escrito fue presentado este miércoles y fuentes municipales consultadas por elDiario.es aseguraron no tener aún constancia del mismo, por lo que prefirieron no hacer valoraciones hasta conocerlo de primera mano y estudiarlo.

La fatídica DANA que arrasó el pasado 29 de octubre gran parte de la provincia de la Valencia dejó 224 fallecidos, miles de millones de euros en daños materiales, pero también un desastre ambiental de enormes dimensiones en el Parque Natural de l'Albufera, humedal integrado en la Red Natura 2000 y que cuenta con una importante protección.

El lago en el que desemboca el barranco del Poyo se convirtió en el destino de toneladas de residuos industriales de todo tipo, destrozando caminos rurales y campos de arroz, pero al mismo tiempo amortiguó el impacto de la riada gracias también a la apertura de compuertas de las golas que permitió desaguar en el mar y atenuar el impacto de las inundaciones.

Ante esta situación, el concejal de Compromís, Sergi Campillo, elevó una pregunta al pleno por la cual solicitó el detalle de “todas las reuniones de coordinación que se hayan realizado entre el servicio o la concejalía de Devesa-Albufera con los responsables técnicos o políticos del parque natural de la Generalitat, especificando qué han sido los temas tratados a cada reunión, el lugar y la fecha de las reuniones” habida cuenta de que, según Campillo, “la competencia ambiental corresponde a la Generalitat, que además es la titular de la gestión y conservación de todo el Parque Natural”.

Sin embargo, las respuestas aportadas desde el Ayuntamiento y desde la Conselleria de Medio Ambiente son contradictorias. Mientras desde el Consistorio respondieron que el primer encuentro se produjo el 25 de noviembre, desde Medio Ambiente han aportado documentación que acredita que la primera reunión entre el concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, y el director general de Medio Ambiente, Luis Gomis, se produjo el 15 de noviembre y añaden: “Además el director general tuvo dos o tres reuniones más en el vivero municipal del Ayuntamiento en la que había técnicos del Ayuntamiento. Desde la primera semana tras la DANA ha estado el subdirector general de Espacios Naturales protegidos trabajando destinado en la oficina del parque natural en El Palmar y acudiendo a las reuniones diarias de coordinación con el Ayuntamiento y las fuerzas de seguridad en el vivero municipal del Saler”. Este mismo martes, la Concejalía de devesa-Albufera ha remitido una ampliación de su respuesta en la que reflejan también que la reunión se produjo el 15 de noviembre.

En la primera respuesta por escrito aportada por el concejal responsable de Vox, José Gosálbez, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se afirma que “sin perjuicio de todas las conversaciones telefónicas, visitas y reuniones que hubo que convocar de urgencia desde el mismo día 30 de octubre, y referidas todas ellas a los niveles del lago así como a la apertura de las compuertas, las que a continuación se relacionan fueron las reuniones mantenidas con la Generalitat: con los responsables del Parque Natural de la Albufera (...) el 5 de diciembre de 2024”.

Los temas que se trataron fueron “niveles del lago y caudales ambientales” y “servicio de emergencia para la retirada de residuos sólidos, voluminosos y restos vegetales tras los efectos de la DANA en el lago de l‘Albufera y canales de titularidad municipal de Valencia”.

Esta primera respuesta añade que además la Concejalía ha mantenido con responsables técnicos o políticos del Parque Natural de la Generalitat las siguientes reuniones: “El día 25/11/2024, en la ciudad administrativa de la Generalitat Valenciana. Los temas a tratar fueron los relaciones con la recuperación de la Albufera; el día 29/11/2024, en los despachos del Grupo Político municipal VOX, en Casa Consistorial. Los temas a tratar fueron los relaciones con la recuperación de la Albufera; el día 09/12/2024, en la ciudad administrativa de la Generalitat Valenciana. Los temas a tratar fueron los relaciones con la recuperación de la Albufera; el día 11/12/2024, en el Servicio de Devesa-Albufera. Los temas a tratar fueron los relaciones con la recuperación de la Albufera; el día 18/12/2024, en el Servicio de Devesa-Albufera. Los temas a tratar fueron los relaciones con la recuperación de la Albufera. La previsión es que las reuniones continúen todos los miércoles”, finaliza.

Al respecto, el concejal de Compromís y exresponsable del área de l'Albufera, Sergi Campillo, ha comentado que este retraso en las reuniones de coordinación entre ambas administraciones es “una prueba más de la nefasta gestión que han hecho los gobiernos del PP y de Vox tanto en el Ayuntamiento de València como en la Generalitat Valenciana”. Según Campillo, “no solo la respuesta previa a la emergencia fue un desastre, no solo la respuesta después de la tragedia ha sido negligente por parte del Gobierno de la alcaldesa, María José Catalá, es que además ahora sabemos que las dos administraciones más importantes que gestionan el Parque Natural ni tan solo se hablaron durante un mes para coordinar los trabajos de recuperación de l'Albufera, cada administración ha ido por su lado; como siempre con el Gobierno de Catalá en todo lo que tiene que ver con la Dana, un auténtico despropósito”.

Por su parte, fuentes municipales de Vox, a preguntas de elDiario.es, han recordado que el 29 de noviembre, un mes después de la DANA, ya se aprobó un plan integral de regeneración de l’Albufera encaminado a la limpieza y retirada de residuos. Para gestionar este proceso de forma eficiente, se procedió a dividir los trabajos en siete áreas de actuación, en base a los criterios de facilitar el acceso por tierra y por agua de las labores de retirada de residuos y limpieza y a la disposición de áreas de operaciones en los puntos de trabajo establecidos. Los sectores son los siguientes: sector Poyo, sector Marta del Rei, sector La Vega, sector Catarno, sector Adela, Sector del Polaco, sector del Pasiego. La valoración de los trabajos de limpieza y recuperación de la Albufera asciende a 8,5 millones de euros.

Al mismo tiempo han comentado que fue el pasado 19 de diciembre cuando arrancaron los trabajos de limpieza de residuos sólidos voluminosos y de restos vegetales de l’Albufera en los sectores Adela-Catarno, uno de los pocos accesos terrestres disponibles actualmente para cargar y extraer los residuos depositados por la reciente riada. Gosálbez asegurói que más adelante comenzarían también las tareas de limpieza en la desembocadura de la Rambla del Poyo, otro de los puntos de acceso que actualmente permite el trabajo en la zona.

El plan integral de regeneración cubre una superficie de 170.000 metros cuadrados y se estima que se retirarán 87.000 metros cúbicos de residuos, con un espesor promedio de 50 centímetros.