Calahorra busca administrativos. La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al proceso de selección de tres profesionales, dos de ellos de turno libre y uno de promoción interna. Las tres plazas pertenecen a la escala de administración general, subescala administrativa, grupo C y subgrupo C1. Están recogidas en la oferta de empleo público de los años 2023 y 2026 y el proceso será por oposición.

Las bases se publicarán en la web del Ayuntamiento de Calahorra, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) y en el Boletín Oficial de Estado (BOE). 

Al polígono en bici

Y además, el Ayuntamiento de Calahorra ha sacado a contratación la asistencia técnica para la redacción del proyecto de urbanización de infraestructura ciclista a los polígonos industriales de Calahorra por un tipo de licitación de 59.000,07 euros. Una actuación del Plan de Actuación Integrado ‘Calahorra impulsa: donde el pasado inspira al futuro’, cofinanciado por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el periodo de programación 2021-2027.

La urbanización del carril bici está incluida en el proyecto motor ‘Calahorra segura, accesible y digital’, que persigue mejorar la conexión del núcleo urbano con los polígonos industriales y los puntos de interés naturales y turísticos de la ciudad. También, reducir la dependencia del vehículo privado y la huella de carbono del transporte al trabajo.

Para ello, se habilitará una vía ciclable o vía pacificada, de 2,4 kilómetros, que conectará el núcleo urbano tanto con puntos de interés turístico como con los polígonos industriales de El Recuenco, Rifondo y Tejerías para impulsar una movilidad más sostenible, más baja en emisiones y menos dependiente del vehículo o transporte privado. Este nuevo carril bici transcurrirá próximo al río Cidacos y a otros edificios emblemáticos de la ciudad como la Catedral de Santa María y el Santuario del Carmen, hasta las zonas industriales de la ciudad.

Y por último, también se ha dado luz verde a los campamentos de verano. En total, serán 130 menores: 61 para los nacidos en los años 2014, 2015 y 2016; otras 61 para los jóvenes nacidos en los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Otras ocho plazas están reservadas a niños y niñas del programa municipal de atención al menor. Como el verano pasado, los dos campamentos tendrán lugar en Santander del 31 de julio al 7 de agosto. Concretamente, los jóvenes participantes se alojarán en el albergue Montecorona, situado en al barrio de Aviche a escasos 2 kilómetros de la plaza La Maruca.

El plazo de inscripción se abrirá el 4 de mayo y finalizará el 15 de mayo y se podrán realizar presencialmente en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) o telemáticamente en la sede electrónica del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es).El precio sigue siendo de 215 euros.

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander (CSIF, UGT, SIEP, APLB-USO y CCOO) ha denuncaido en un comunicado la falta de medios técnicos y humanos que, aseguran, “dificulta el desempeño de las funciones habituales del personal municipal”.

Según trasladan, la reciente tragedia ocurrida en El Bocal ha puesto de relieve una problemática que llevan años señalando las distintas secciones sindicales que integran este órgano de representación: la carencia de medios, formación específica y protocolos de actuación en todas las unidades administrativas municipales y, especialmente, en los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y en la Policía Local del consistorio santanderino.

En este sentido, señalan que debería llevar a una profunda reflexión en el equipo de gobierno municipal que agrupaciones no profesionales dispongan, como quedó de manifiesto, de mejores medios materiales que su propio personal.

Durante la reunión celebrada el pasado miércoles 15 de abril, los miembros de la Junta de Personal aseguran haber puesto de manifiesto tanto la inexistencia de medios idóneos (programas informáticos de gestión, intercomunicadores, torniquetes, desfibriladores externos semiautomáticos, conos de señalización iluminados, equipos para intervención en incendios forestales o matorrales, buzos, o señalización circunstancial retro iluminada, entre otros), como la escasez de otros de uso habitual (cinta policial, ropa de trabajo, etc.), así como la necesidad de sustituir material obsoleto como cuerdas de rescate y chalecos antibalas caducados o arneses sin homologar, entre otros.

A todo ello, la junta de personal subraya que hay que añadir la ausencia de protocolos de actuación ante las diversas situaciones a las que deben enfrentarse los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, así como los agentes de la Policía Local.

La denuncia se suma a la ya realizada el pasado mes de enero en rueda de prensa, respecto a las carencias en materia de recursos humanos, cuando la junta alertaba de la existencia de más de 400 vacantes sin cubrir de forma definitiva en la plantilla municipal, una cifra que consideraron “alarmante” y que, a su juicio, “agrava la sobrecarga de trabajo y merma la calidad del servicio público y más aún cuando dichas carencias atañen a servicios esenciales como son bomberos, servicios sociales o la policía local”.

Desde la Junta de Personal se reclama al equipo de gobierno local una respuesta urgente que pase por la dotación de recursos adecuados, la elaboración de protocolos de actuación y la cobertura de las plazas vacantes, con el objetivo de garantizar una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía.

Euskadi ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez modificaciones en la tasa de reposición del funcionariado y agilizar los procedimientos de las OPE para bajar la interinidad actual de los empleados públicos vascos. La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha mantenido este miércoles un encuentro con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, al que ha trasladado, además, la conveniencia de mantener una relación bilateral entre ambas administraciones para abordar cuestiones concretas relativas a los trabajadores públicos, entre ellas, las negociaciones relativas a la jornada laboral o las novedades normativas sobre la jubilación parcial y contratos de relevo del personal laboral.

Ubarretxena ha trasladado que la tasa de interinidad en la Administración general de Euskadi tras los procesos de estabilización “ha pasado de niveles cercanos al 50% a situarse en torno al 14%”, y que se mantiene el compromiso de seguir reduciéndola hasta aproximarse al 8% al final de la legislatura. Pero ha señalado que “para avanzar en ese objetivo” es necesario “adecuar o sustituir el modelo actual en lo relativo a la tasa de reposición del funcionariado, con el fin de facilitar una planificación de efectivos más ajustada a las necesidades reales de la administración, ya que el volumen actual de plantilla de funcionarios se queda corta para las necesidades de plantilla en la administración vasca”.

“De esta forma, el compromiso de reducir la tasa de interinos al 8% parece quedar en manos ahora de los acuerdos que se cierren con el Gobierno de Madrid. Ya en enero de 2025 con la tasa de interinidad en el 14% la propia Ubarretxena reconocía que el objetivo del 8% estaba todavía muy lejos. Para facilitar también la reducción del número de interinos ha planteado la conveniencia de agilizar los procesos selectivos de OPE mediante la reducción de plazos y la simplificación de procedimientos. Ha habido sintonía y se han comprometido a darle una vuelta y mirar cómo se puede hacer, a estudiar estos dos temas”, ha señalado la consejera tras la reunión.

En cuanto al tema de la jubilación parcial, Ubarretxena ha señalado que los cambios introducidos por el ministerio se había “dificultado mucho” acogerse al retiro parcial, aunque parece que “se abre un hilo de esperanza” y habrá modificaciones. La consejera ha señalado que se trata de una cuestión que preocupa a los sindicatos vascos. “El martes tenemos reunión de la Mesa General de la Función Pública y queríamos tratarlo con el ministro”, ha señalado la consejera.

También ha abordado con el ministro el futuro sistema europeo de identidad digital, y ha trasladado la petición de que se canalice en Euskadi a través de Izepe, que ya ha posibilitado que más del 60% de la población vasca disponga ya de sistemas de identificación digital, con más de un millón de usuarios reconocidos. Es decir, que sea una entidad reconocida de cara a “emitir la identidad digital y que Euskadi pueda tener su propio wallet digital”. Este planteamiento permitiría que cada ciudadano disponga, de forma segura, de su identidad y de otros acreditativos oficiales en la cartera digital de su dispositivo móvil, favoreciendo una gestión más ágil, accesible y centrada en la persona.

Elisa Carbonell es una de las cientos de personas en España que en los últimos años ha apostado por opositar como forma de encontrar un trabajo estable. Sabía que no sería un camino fácil. El primer escollo que encontró fue tener que pagar para acceder al temario del que se terminaría examinando. La recién creada biblioteca digital de temarios de la Escuela Ciudadana de Administración Pública (ECAP), una iniciativa altruista que ayuda a más de 6.500 opositores de todo el país, supuso un pequeño salvavidas para evitar un desembolso que, en su caso, ascendía a más de 400 euros. Atrás quedan los negocios con antiguos opositores que venden sus apuntes y la casi necesidad ineludible de apuntarse a una academia privada para conseguir estos contenidos.

La ECAP nació con el espíritu de democratizar el acceso a la función pública. Esta idea primigenia pasa por politizar este derecho para toda la ciudadanía que, sin embargo, no su totalidad tiene la posibilidad de disfrutar debido a barreras económicas y geográficas. Carbonell tiene 39 años y reside en Madrid, su ciudad natal. A día de hoy, se prepara para conseguir una plaza en la Administración General del Estado, en una categoría C1: “La Administración debería posibilitar la entrada de personas de todos los estratos sociales y orígenes, con formas distintas de entender y ver la vida. Es la única forma de conseguir una apertura muy necesaria”.

Procede del sector del desarrollo rural y sostenible, una parcela del medio ambiente cuya precariedad resquebrajaba por completo sus anhelos de una vida estable y segura para su futuro. Gracias a la ECAP, en la que se forma desde noviembre de 2025 y que a día de hoy oferta clases para 17 oposiciones diferentes, se presentará en mayo al examen. “Me animé al ver la filosofía que tienen, cómo se organizan. Si no hubiera encontrado esta academia, no hubiera tomado la decisión”, enfatiza con agradecimiento hacia sus impulsores.

Pagar antes de saber si quieres opositar

Rubén Tobajas, integrante de la junta directiva de la Escuela y preparador del Cuerpo Superior de la Administración Civil del Estado en la ECAP, explica que más allá de las barreras territoriales y económicas también intentan sortear la frontera sociocultural: “La ves cuando preguntas a una persona si piensa opositar. Hay gente con una idea muy concreta de lo que es, que sabe lo que conlleva, pero hay otra que ni siquiera se imagina la posibilidad”. Por eso, añade, es tan importante conocer el contenido del temario antes de tomar la decisión de enfrentar tamaña empresa.

El temario que proporcionan las academias puede alcanzar los 250 euros, aunque hay casos como el de Carbonell que la cifra aumenta varios cientos de euros. Además, algunas academias privadas lo facilitan con la matriculación. “Simplemente, tener que pagar para saber los contenidos de los que te examinarán es algo que puede echar para atrás a mucha gente”, subraya.

En este sentido, en la ECAP trabajan con el mantra de que el conocimiento para opositar no debería ser un privilegio. “Queremos que el temario sea un bien común para el opositor”, abunda Tobajas. Este ingeniero de caminos de 36 años, natural de Toledo pero vecino de Madrid, es administrador civil desde 2024. La preparación de su temario propio bebió del Boletín Oficial del Estado y la consulta y síntesis de numerosas fuentes públicas. Según una encuesta que respondieron 900 alumnos de la ECAP el pasado noviembre, un 80% de ellos afirmó sufrir una gran carencia en la publicación de temarios oficiales. “Es curioso porque la Administración está habilitando unos títulos cuyo contenido es muy abierto y sin dejar claro qué conocimiento exigen”, critica.

Un ejercicio colectivo de solidaridad

Tobajas es una de las decenas de personas que trabajan de forma desinteresada en la ECAP y que opinan que “no es razonable que el sistema haya normalizado tener que pagar por algo que debería ser público”, en sus palabras, y que “la igualdad real en una oposición empieza por garantizar el acceso a los contenidos”. Por eso, desde hace unos días, en su web hay habilitada una pestaña que redirige a los temarios confeccionados por los preparadores de la academia, ya funcionarios y especialistas en su terreno, que se pueden descargar de forma gratuita.

Por el momento, hay seis para su libre descarga, entre los que se encuentran los contenidos para el Cuerpo General Administrativo de la Seguridad Social (C1), el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2), el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (A1) y el Cuerpo de Administrativos de universidades (C1). En preparación están otros cinco temarios, como el del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social (A2), Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (C1) y Cuerpo de Auxilio Judicial (C2).

El ingeniero de caminos ha coordinado el temario del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, al que pertenece, con 114 temas. Ese tan solo es un ejemplo de este ejercicio colectivo en el que han participado medio centenar de preparadores y colaboradores de diferentes perfiles y especialidades. “Nos ha llevado más de un año tenerlo todo listo porque hemos querido asegurarnos de que cada tema escrito pasara por varios ojos que lo revisaran”, detalla. De todas formas, los temarios irán ampliándose a medida que nuevos colaboradores de la ECAP aporten su experiencia.

Más de 6.500 alumnos en la ECAP

Tobajas nunca pensó que algo así podría existir mientras se preparaba su oposición. “Es una iniciativa muy bonita y estamos muy ilusionados. Son procesos duros, que necesitan mucho esfuerzo para superarlos, y es muy gratificante entrar en la Administración y ver gente remando por una idea común”, remarca. El buen hacer ha tenido su recompensa. De los 1.500 alumnos que formaban la ECAP en septiembre de 2025, este marzo de 2026 han alcanzado los 6.600.

Una de estas nuevas alumnas es Teresa Moreno, quien a sus 30 años se prepara para opositar como técnica especializada de los Organismos Públicos de Investigación, un A2, justo ahora que está a punto de culminar su tesis doctoral. A pesar de que no se beneficia directamente de la liberación de temario que ha realizado la ECAP debido a la especialización de sus estudios, sí acude a sus clases desde el pasado diciembre, cuando se quedó en paro. “Tampoco sabía si podría invertir tantísimo tiempo en una oposición, y menos pagar una academia y el temario, así que encontrar la ECAP ha sido lo que necesitaba para animarme a intentarlo”, relata.

Este 18 de abril se enfrentará al examen. Moreno esgrime que está disfrutando del estudio, “aunque suene como una marcianada”, apuntilla con gracejo. Ha tenido la suerte de conseguir el temario por una conocida que ya se superó esta oposición. Como un hilo forjado en la solidaridad más desinteresada, ella es una de tantas que se planteará colaborar con la ECAP una vez consiga la plaza.

Contra toda barrera a la hora de opositar

La malagueña Elena Pinazo estudió Derecho y Empresariales en Sevilla. Ahora tiene 33 años, reside en la capital, integra el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y es una de las preparadoras de la ECAP: “La liberación de temario, dar la oportunidad a nuestro alumnado pero también a cualquier persona interesada en opositar para ver qué se va a encontrar, ha sido un hito para nosotros”.

Esta administradora civil recalca que la ECAP también lucha contra la barrera territorial, ya que Madrid concentra la gran mayoría de plazas ofertadas por la AGE. “Hacemos las clases virtuales por ese motivo, para que cualquier persona pueda acceder a ellas, aunque también tenemos sesiones presenciales”, apunta.

En este sentido, Carbonell agradece la flexibilidad que otorga el ser alumno de la ECAP. “Yo suelo ver las clases por la mañana, aunque las impartan por la tarde. Hay muchos profesores y en general son muy buenos, dan muchas claves”, abunda. Desde su punto de vista, otro de los puntos fuertes de esta academia tan peculiar son sus preparadores: “Suele ser gente más o menos joven, diversa, con pasión, y eso hace mucho a la hora de aprender cualquier cosa nueva. Se creen lo que hacen, que es lo importante”.

Por otro lado, la creación de esta biblioteca digital gratuita de temarios de oposiciones puede levantar las suspicacias de las academias habituales, que encuentran un negocio en la preparación al acceso a la función pública. La misma Carbonell defiende la gratuidad de los contenidos, “sobre todo por los precios por los que los venden”, aunque asegura que una academia seguirá siendo de gran ayuda a la hora de entenderlos e interiorizarlos.

En cuanto a la barrera sociocultural, desde la ECAP imparten charlas en institutos y universidades para intentar acrecentar la vocación del servicio público en la Administración como una salida laboral más. “La ciudadanía no conoce cómo funciona la Administración, que por otro lado debería estar a su servicio. Nosotros queremos poner nuestro granito de arena para cambiar eso”, agrega Pinazo, quien reconoce que su propósito es que el empleo público se parezca más a la sociedad a la que sirve. Tobajas concluye: “La ECAP no solo es una academia, sino una herramienta de justicia social para que el acceso a la función pública sea un derecho real y universal”.

La Oferta Pública de Empleo de La Rioja triplica el número de plazas. La Mesa General de Negociación Colectiva ha aprobado este lunes por unanimidad la OPE (Oferta Pública de Empleo) de La Rioja para este año, que incluye 1.580 plazas, 998 más que la del año pasado, lo que supone un incremento del 171,5 por ciento, casi el triple más que la de 2025.

La OPE de Servicios Generales convocará 241 plazas, que se suman a las 1.232 previstas en el SERIS y a las 107 en Educación. El acuerdo, que tiene como objetivo lograr una mayor estabilidad en las plantillas de la Administración Autonómica, será elevado al Consejo de Gobierno para su aprobación.  

En concreto, de las 241 plazas que se van convocar en Servicios Generales, 213 son de funcionario y 28 de personal laboral. Del global, 114 corresponden a turno libre, 107 a promoción interna y 20 se reservan a personas con discapacidad. Esta OPE destaca por haber incluido 50 plazas de Administrativo para la promoción interna desde el Cuerpo de Auxiliar Administrativo, facilitando de esta manera la promoción del personal funcionario de la Administración. Esta promoción conllevará la permanencia del trabajador en su puesto de origen, de manera que se trata de una reclasificación de plazas, convirtiendo 50 plazas de Auxiliar en Administrativo.

Por su parte, la OPE de Salud alcanza las 1.232 plazas, lo que supone un incremento del 349,6 por ciento sobre las 274 plazas convocadas el año pasado. Este importante aumento obedece, principalmente, a la posibilidad de incluir 956 plazas adicionales por encima de la tasa de reposición, que en este caso se sitúa en 226. Esta ampliación está permitida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 (prorrogados) con el objetivo de cumplir los compromisos establecidos en la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. El SERIS puede acogerse a esta medida al haber completado la totalidad de los procesos de estabilización del empleo temporal. Además, se contemplan 49 plazas para reclasificar mediante promoción interna.

La oferta se distribuye en 602 plazas de turno libre, 548 de promoción interna y 84 reservadas para personas con discapacidad, de las cuales 25 se destinan a personas con discapacidad intelectual. 

Entre las categorías profesionales con mayor número de plazas destacan Enfermería, con 365 plazas, así como 45 plazas de Facultativo Especialista de Área (FEA) en Medicina Familiar y Comunitaria, 15 plazas de Médico de Urgencia Hospitalaria y 7 plazas de Pediatra de Área. Además, se convocarán 50 plazas adicionales de promoción interna mediante convocatoria separada, destinadas a la reconversión de Auxiliares de la Función Administrativa en Administrativos de la Función Administrativa.

En el caso de Educación, la OPE de 2026 oferta 107 plazas pertenecientes a los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, especialistas en sectores singulares de FP y de Escuelas Oficiales de Idiomas. A través de esta oferta, el Gobierno de La Rioja continúa trabajando para reducir la tasa de interinidad y lograr una mayor estabilidad en la plantilla de docentes de La Rioja. 

Esta Oferta de Empleo, que se convocará en el año 2027, incluye 107 plazas resultantes de la tasa de reposición, que alcanza el 120%, de las que 8 (7 por ciento) se reservan para el turno de personas con discapacidad. A estas 107 plazas se suman las 50 que quedaron desiertas en la anterior convocatoria, alcanzando el total de 157. Las especialidades que más plazas ofertan son Lengua Castellana y Literatura, e Inglés (20 plazas en ambos casos), Matemáticas (17) y Física y Química, y Biología y Geología (11 plazas en ambos casos).

En las últimas horas, Por La Rioja ha hecho públicas sus sospechas ante un procedimiento que se está realizando en el Ayuntamiento de Nájera para cubrir una plaza pública. En concreto, los regionalistas hablan de “vulneración del principio de igualdad e imparcialidad” y señalan a un concejal del PP en activo en el “propio Consistorio najerino que figura como aspirante admitido en la convocatoria de dicha Administración para un puesto de carácter interino”. Y sus sospechas se centran en la composición del tribunal calificador designado para valorar a los candidatos, “un operario municipal que depende jerárquicamente del citado concejal y un hermano de la teniente de alcalde del mismo ayuntamiento que pertenece al mismo entorno político que el aspirante”. Circunstancias que el portavoz de la formación regionalista, Miguel Gómez Ijalba, son de “extrema gravedad”.

Asimismo, los regionalistas aseguran que “la plaza vacante se aprobó en una Junta de Gobierno a la que asistió el propio aspirante, incluso sin pertenecer a ella y por lo que estuvo cobrando dietas durante un tiempo”. Ijalba añade además que “esta situación representa un grave quebranto de los principios básicos del empleo público y vulnera frontalmente el ordenamiento jurídico español, afectando al sometimiento de la Administración a los principios de mérito y capacidad y el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas”.

En cuanto a la composición del tribunal, Ijalba explica que composición del tribunal y como está constituido “es contraria a la Ley Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público que, en su artículo 23 y 24, establecen la obligación de abstención cuando concurran relaciones de dependencia jerárquica; vínculos de parentesco y/o interés directo o indirecto en el procedimiento”.

“Que un concejal en activo del propio Ayuntamiento de Nájera figure como aspirante admitido en el proceso selectivo convocado por dicha Administración y, en el tribunal calificador en el que figuran un hermano de la teniente de alcalde y un operario dependiente del área de gobierno del propio aspirante, genera, como mínimo, una apariencia objetiva de falta de imparcialidad incompatible con el ordenamiento jurídico”.

A juicio de la formación regionalista, esta situación, aun cuando la plaza no fuese adjudicada al concejal, “puede afectar a todos los aspirantes, dado que por la irregularidad pudiera declararse una nulidad del proceso selectivo que perjudique a otras personas”. Y, por esto, desde la formación política exigen “la suspensión cautelar de los hechos así como la publicación íntegra y transparente del expediente administrativo, la revisión urgente de la composición del tribunal calificador y la abstención inmediata de los miembros afectados por conflicto de intereses”.

Salaverri desmiente a los regionalistas y defiende la legalidad del proceso

Por su parte, el alcalde de Nájera, Jorge Salaverri se ha mostrado rotundo. “El tribunal está compuesto por trabajadores municipales” y tilda de “envalentonamiento” las declaraciones de Por La Rioja. “No dudo de los trabajadores del Ayuntamiento de Nájera, ni de la imparcialidad de los miembros que forman dicho tribunal”. Además, Salaverri desmiente a los regionalistas y afirma que el aspirante a dicha plaza no asistió a la Junta de Gobierno. Y concluye defendiendo la legalidad del proceso porque dice “se ajusta a derecho”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha prometió “avances” en la recuperación de la carrera profesional sanitaria en la comunidad autónoma, suprimida hace 14 años por el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal. Y hoy ha hecho una primera propuesta a los sindicatos con los que el Servicio regional de Salud (SESCAM) se ha reunido: un procedimiento “extraordinario”, de carácter excepcional, que permitiría el acceso o progresión de grado en función de la experiencia profesional acreditada.

Con ello, la Administración regional ha iniciado el proceso de negociación con las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial para la reactivación de la carrera profesional del personal estatutario. La ha presidido el director general de Recursos Humanos del SESCAM, Íñigo Cortázar, en paralelo al debate que sobre este tema también se ha producido en las Cortes regionales.

Durante la reunión, ha trasladado a las organizaciones sindicales las líneas generales para abordar la recuperación de este sistema de desarrollo profesional, considerado “una herramienta relevante para reconocer la experiencia, la formación, la actividad investigadora y el compromiso de los profesionales sanitarios con la organización”.

Este proceso facilitará que los profesionales puedan situarse en el nivel que les corresponde conforme a su trayectoria

Íñigo Cortázar — Director general de Recursos Humanos del SESCAM

Según ha apuntado Cortázar, entre los aspectos abordados figura la propuesta de un procedimiento extraordinario, de carácter excepcional, que permitiría “el acceso o progresión de grado en función de la experiencia profesional acreditada”.

“Este proceso facilitará que los profesionales puedan situarse en el nivel que les corresponde conforme a su trayectoria, reforzando el reconocimiento al trabajo desarrollado en el sistema sanitario público de Castilla-La Mancha”, ha precisado.

Este enfoque se configura como una base inicial de trabajo sobre la que articular el proceso, cuyos criterios y desarrollo concreto deberán definirse “en el marco de la negociación con las organizaciones sindicales”. Asimismo, se ha planteado su aplicación al conjunto del personal estatutario del SESCAM, tanto fijo como temporal, en línea con los principios de igualdad en el acceso al desarrollo profesional.

Hacia un nuevo modelo de carrera profesional

Durante el encuentro también se ha abordado la previsión de avanzar hacia un nuevo modelo de carrera profesional adaptado a las necesidades actuales del sistema sanitario, cuyo diseño se desarrollará en una fase posterior.

En este sentido, el SESCAM ha trasladado a las organizaciones sindicales su voluntad de avanzar, de manera dialogada, en un modelo que “potencie el desarrollo del talento, incentive la formación, la investigación y la mejora continua, y contribuya a reforzar la calidad asistencial y la humanización de la atención sanitaria”.

Desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha se ha subrayado que este proceso se plantea “como un marco de trabajo abierto”, que marca el inicio de la negociación en la Mesa Sectorial. En este sentido, se ha reiterado a las organizaciones sindicales la voluntad de continuar avanzando desde el diálogo y la búsqueda de puntos de encuentro.

El proceso de acceso extraordinario debe ser más ambicioso respecto del número de grados al que se pueden acceder y de su fecha de efecto económico

Tras el encuentro, UGT ha sido de los primeros sindicatos en valorar esta propuesta. Según apunta, el acceso a un grado nuevo de forma extraordinaria no tendría efecto económico hasta marzo de 2027, por lo que considera “mejorable” esta propuesta.

“La paralización abarca un periodo de 14 años. Además, el proceso de acceso extraordinario debe ser más ambicioso respecto del número de grados al que se pueden acceder y de su fecha de efecto económico”, ha destacado.

Respecto a la negociación de un nuevo modelo, el sindicato defiende que hubiera sido “mucho más fácil volver a lo que teníamos”. “En todo caso los objetivos a cumplir del nuevo modelo deben ser objetivos alcanzables para todos los profesionales sea cual sea su categoría, fijos”, añade.

El Sindicato Médico pide más concreción

Por su parte el Sindicato Médico (CESM) de Castilla-La Mancha ha querido poner en valor su “papel determinante” en la apertura de este proceso. Recuerda que la carrera profesional, suspendida en 2012, ha sido una de las principales reivindicaciones “históricas” de los médicos y facultativos de Castilla-La Mancha, no solo como un derecho retributivo, sino como “un elemento esencial para reconocer la formación, la responsabilidad y el compromiso de los profesionales”. 

Por eso considera que el avance de hoy ha sido “consecuencia directa” de la presión ejercida por este sindicato, “el único que ha convocado dos huelgas autonómicas en Castilla-La Mancha”, situando la reactivación de la carrera profesional y el déficit estructural de médicos y facultativos como “ejes centrales del conflicto”.

Dicho esto, ha hecho una valoración positiva de las propuestas del Gobierno regional, si bien matizando que son “muy genéricas”. “Esperamos poder matizarlas en el transcurso de la negociación que el Sindicato Médico CESM-CLM a través de su Comité de Huelga mantiene con el SESCAM”.

CSIF quiere convocatorias “ordinarias”

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato que representa a todas las categorías del SESCAM, también valoran “voluntad negociadora” del Gobierno regional, pero lamentan que la propuesta solo contemple una convocatoria extraordinaria con el abono de las cuantías a partir de marzo de 2027, sin contar con fecha para convocatorias ordinarias.

Ha precisado que para acceder a los distintos grados en este proceso extraordinario, se requiere una antigüedad mínima ponderada a fecha de 31 de diciembre de 2025 de cinco años para el Grado I, 11 años para el Grado II, 18 años para el Grado III y 25 años para el Grado IV. “El SESCAM SOLO permitirá un nuevo grado independientemente de la antigüedad: por ejemplo, un trabajador que tuviera el Grado I y con 27 años de trabajo sólo podría pasar al Grado II cuando por experiencia debería contar con un Grado IV”, indica.

Por eso, CSIF censura que la recuperación sea “momentánea” y además critica el “sentido electoralista” de la medida. La presidenta del sector sanitario del sindicato en Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández, subraya que el restablecimiento de la carrera profesional “debe ser permanente y no promocionarse como un gesto, sino como una obligación pendiente con los profesionales de la sanidad, estamos cansados de que nuestros políticos lo midan todo bajo el prisma del rendimiento electoral y no pensar en la calidad y compromiso con nuestros servicios públicos”.

Es fundamental derogar en su totalidad la ley que suprimió la carrera profesional, para la recuperación de los derechos que se perdieron con ella

CCOO

En la misma línea, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Castilla-La Mancha considera prioritario en la negociación que el proceso extraordinario, que beneficiará a todo el personal (sanitario y no sanitario) tenga efecto retroactivo y que se compensen los 14 años sin carrera profesional.

“Valoramos de manera positiva esta primera reunión y la actitud dialogante y constructiva de la Administración. Pero la ley que en su día aprobó el gobierno del Partido Popular paralizó, entre otras cosas, el reconocimiento de nuevos grados de carrera y sigue vigente en este aspecto a día de hoy. Para CCOO es fundamental su derogación en su totalidad para la recuperación de los derechos que se perdieron con ella”, añade.

Este sindicato destaca que estudiará las propuestas presentadas entendiendo que son “mejorables” y que deben recoger las reivindicaciones de todos los profesionales del SESCAM que llevan 14 años esperando la reactivación de la carrera. “No podemos partir de cero en la negociación debiendo considerar todo el tiempo trabajado para este proceso extraordinario”.

El SESCAM ha emplazado a los sindicatos a una próxima reunión que tendrá lugar el 14 de abril.

Los cuatro sindicatos con representación en la función pública han alzado hoy la voz contra el Gobierno de Castilla-La Mancha por lo que consideran su última “cacicada”: suprimir la excedencia voluntaria en funcionariado interino y temporal.

CCOO, STAS, UGT y CSIF se han manifestado a las puertas de la Delegación de Función Pública en Toledo para protestar por esta medida, incorporada mediante una enmienda del Grupo Socialista a la conocida como ‘Ley de Acompañamiento’ de los Presupuestos regionales de 2026, que se aprueba hoy en el pleno de las Cortes regionales y que todos los años incorpora decenas de novedades en bloque.  

Concretamente, los sindicatos se refieren a la supresión de un párrafo en la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha. En el artículo 121 de esta normativa se establecía hasta ahora que puede declararse en “situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios” en el sector público el personal funcionario de carrera que se encuentre en situación de servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquier Administración pública.

Y esta misma posibilidad se contemplaba para el personal funcionario interino, personal estatutario temporal o personal laboral“. Es este último párrafo el que elimina la enmienda socialista. Los sindicatos conocieron esta decisión en la Mesa sectorial de la Función Pública celebrada a comienzos de semana. Y abandonaron la misma por este motivo, anunciado la protesta de hoy, en paralelo a su votación en el pleno.

Durante la movilización, los sindicatos han leído un manifiesto en el que acusan al Gobierno de Emiliano García-Pge de “volver a recortar derechos” al personal empleado público. “Y esta vez, sin negociación”, añaden. “Estamos ante una decisión unilateral que desprecia la negociación colectiva y a quienes representamos legítimamente al personal”.

Para los manifestantes, la modificación planteada supone “un ataque directo a las ya limitadas posibilidades de promoción profesional” del personal funcionario de la Administración regional. Consideran que implica menos oportunidades reales de avanzar en la carrera administrativa, “más bloqueo profesional” y “peores expectativas de estabilidad para miles de empleadas y empleados públicos”.

“Una vez más, se sustituye la negociación colectiva, ya de por sí efímera y repetidamente disfrazada de información, por la imposición. El ninguneo a la parte social alcanza un nuevo nivel: se legisla de espaldas a quienes sostienen los servicios públicos, ignorando deliberadamente cualquier posibilidad de acuerdo”, añaden en su manifiesto.

También claman por la carrera profesional

Además, también se han hecho eco de otro de los puntos que debate el pleno de las Cortes regionales: la carrera profesional, que “sigue sin desarrollarse por falta de voluntad política”.

“Para avanzar en derechos nunca hay tiempo; para recortarlos, toda la prisa y todo el rodillo. Lo que está en juego no es solo la excedencia por prestación de servicios en el sector público, sino el futuro de nuestras condiciones de trabajo”.

Para los sindicatos, no se trata de una concentración más: “Es una respuesta colectiva ante el desprecio. Si no respondemos ahora, vendrán más recortes. Si respondemos en unidad de acción, seremos más fuertes”, concluyen.

El Gobierno está ultimando con los sindicatos de empleados públicos la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE), que puede cerrarse el próximo viernes, según fuentes sindicales. Además, las organizaciones de trabajadores esperaban que el Ministerio de Función Pública presentara esta semana las cifras de la Oferta de Empleo Público del Estado correspondiente a 2026, pero finalmente lo hará más adelante, indican desde CCOO y UGT.

La jornada laboral de 35 horas semanales, pactada en el penúltimo Acuerdo Marco con los sindicatos, firmado en 2022, está pendiente de su aprobación, que se había anunciado para este mes de marzo.

El Ministerio de Función Pública, que lidera Óscar López, ha informado esta mañana que, “ante los avances producidos durante las reuniones técnicas celebradas con las organizaciones sindicales” el lunes y este miércoles, ha convocado “la Mesa General de negociación de la Administración General del Estado para el viernes día 27, con la jornada de 35 horas como punto principal en el orden del día”.

El Gobierno ha presentado este miércoles un nuevo documento sobre la aprobación de las 35 horas semanales para los empleados públicos del Estado, que UGT considera que “contempla mejoras suficientes para que el sindicato lo avale” y que en CCOO van a someter a consulta interna mañana jueves.

Por su parte, CSIF ya había afirmado tras la reunión del lunes que “previsiblemente” firmaría el acuerdo este viernes para aplicar de manera definitiva la jornada de 35 horas en la AGE.

A falta de los últimos detalles sobre las 35 horas

Lo que está pendiente es la aprobación de ese compromiso de la jornada de 35 horas pactada con los sindicatos en el acuerdo marco de 2022, para que por fin pueda hacerse efectivo en los horarios de los empleados públicos del Estado y con el detalle de a qué personal alcanzará finalmente la medida.

Uno de los debates principales con los sindicatos en estos días está siendo precisamente cómo incluir a ciertos trabajadores del Estado con mayor dificultad para cuadrar este nuevo horario, como el personal de Instituciones Penitenciarias, con turnos, así como los de jornadas de especial dedicación. Según UGT, estos últimos pasarán de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas a la semana.

Entre las mejoras alcanzadas este miércoles, UGT señala también que Función Pública se ha comprometido a “publicar la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública en un plazo máximo de 15 días”, donde se establecerá la entrada en vigor de la medida.

Se trata así de la aprobación formal de las 35 horas semanales, que permitirá por fin que los organismos públicos adapten sus horarios. La previsión es que en algunos organismos de la AGE esta reducción horaria sea muy rápida, casi inmediata, mientras que otros requieran de una negociación específica para poder adaptar sus cuadrantes y especificidades a este nuevo horario, indican los sindicatos.

“La implantación de esta jornada semanal de trabajo efectivo en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos, era uno de los compromisos adquirido en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI y ha sido impulsada ahora para modernizar la organización del trabajo, reforzar las condiciones de trabajo del personal empleado público y contribuir a la mejora de la organización del trabajo en las administraciones públicas”, ha destacado tras la reunión el Ministerio de Función Pública.

Las plazas de 2026, más adelante

Por otro lado, los sindicatos estaban pendientes de que el Gobierno les presentara también esta semana las cifras de la Oferta de Empleo Público en la Administración General del Estado (AGE) de 2026, cuya negociación se inició el lunes.

CSIF anunció tras este encuentro que Función Pública había afirmado que la oferta sería “similar a la de 2025”, cuando ascendió a 26.889 plazas, aunque no aportó todavía los datos de plazas ofertadas.

Finalmente, Función Pública no ha detallado estos números en la reunión de este miércoles y tampoco abordará el tema el viernes, explican a elDiario.es en CCOO y UGT. La OEP (Oferta Pública de Empleo ) de 2026 en la AGE queda así pendiente de futuras reuniones, indican con los sindicatos. Por su parte, el Ministerio de Óscar López no se ha pronunciado en estos días sobre este segundo asunto.

UGT Servicios Públicos ha expresado “la necesidad de una negociación más amplia” en relación a la Oferta de Empleo Público, “que aborde las necesidades específicas de cada sector tras la entrada en vigor de la jornada de 35 horas”. El sindicato ha insistido en que “solo respaldará una oferta pública de empleo que garantice la compatibilidad entre la implantación de la nueva jornada y la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía”, ha destacado en un comunicado.

En CSIF han reclamado “superar la OEP de 2025”, con el refuerzo especial de algunos organismos, como el SEPE, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias, Extranjería e Interior, ante el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha anunciado la convocatoria de una oferta de empleo público (OPE) con 5.425 plazas para este 2026. De esas plazas, 2.160 son de nueva creación. El llamamiento, según ha informado el Departamento de Salud en una nota, es para auxiliar administrativo, administrativo, enfermería, auxiliar de enfermería, operario de servicio, celador, fisioterapeuta, técnico de laboratorio y técnico superior de administración y gestión.

Las pruebas se celebrarán entre el 19 y el 21 de junio en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo, con un nuevo modelo que incluye un examen único con preguntas de tipo test. “Como novedad, las y los aspirantes podrán conservar la nota obtenida en esta prueba para la convocatoria inmediatamente posterior, y además habrá una única prueba tipo test, que aglutinará tanto la parte teórica como la práctica en el caso de aquellas categorías que la tengan”, se explica.

Estos son los detalles que se conocen de algunas de las categorías:

Enfermería

En el turno libre, son 1.056 plazas de acceso general y 81 para personas con discapacidad. Además, de promoción interna, hay 10 de acceso general y 2 para personas con discapacidad.

La prueba se celebrará el 21 de junio en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo.

Fisioterapia

En el turno libre, son 56 plazas de acceso general y 4 para personas con discapacidad.

La prueba se celebrará el 19 de junio en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo.

Plazos

Las solicitudes se pueden presentar entre este lunes, 23 de marzo, y el 22 de abril.

El Gobierno de La Rioja y todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Servicios Generales (CSIF, STAR, UGT y CCOO) han aprobado por unanimidad hoy, día 17, la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2026, que alcanzará las 241 plazas, 116 de ellas de turno libre. Junto a la OPE de este año, y con el apoyo unánime del Comité de Empresa, la Mesa Sectorial también ha desbloqueado la jubilación parcial del personal laboral. 

El director general de Función Pública, Ángel Sáinz Yangüela, tras subrayar ante los representantes de los trabajadores que el Ejecutivo regional mantiene un diálogo permanente a lo largo de la presente legislatura, ha presentado la propuesta de OPE para el presente ejercicio, que ha concitado el máximo consenso. En total, comprende 241 plazas, de las que 213 corresponden a funcionarios y 28 a personal laboral. Del global, 116 corresponden a turno libre, 107 a promoción interna y 18 se reservan a personas con discapacidad.

Esta OPE destaca por haber incluido 50 plazas de Administrativo para la promoción interna desde el Cuerpo de Auxiliar Administrativo, facilitando de esta manera la promoción del personal funcionario de la Administración. Esta promoción conllevará la permanencia del trabajador en su puesto de origen, de manera que se trata de una reclasificación de plazas, convirtiendo 50 plazas de Auxiliar en Administrativo.

Las categorías con mayor número de plazas son: Cuerpo Administrativo de Administración General (63); Cuerpo Auxiliar de A.G. (25); Cuerpo de Gestión de A.G. (22); Cuerpo Subalterno de A.G. (14); Cuerpo de Auxiliar de Enfermería (13); Cuerpo de Operario, personal laboral (12); Cuerpo de Ayudante Técnico en Educación Infantil (9); Cuerpo de Grado Medio de Trabajador/a Social (9); Enfermero/a (9) y Cuerpo Técnico de A.G. (7).

Este acuerdo se someterá al visto bueno de la Mesa General de Negociación, junto a las Ofertas de Empleo Público del SERIS (1.182 plazas, aprobada hace una semana) y de Educación, y posteriormente se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación.

Asimismo, otro punto que se ha acordado en la Mesa Sectorial, y que ha contado con el respaldo unánime del Comité de Empresa, es el que desbloquea la jubilación parcial del personal laboral, dado que el año pasado el Gobierno de España aprobó una modificación legislativa de la jubilación parcial incompatible con los principios constitucionales que regulan el acceso al empleo público: igualdad, mérito y capacidad. 

En concreto, y con el objetivo de garantizar y devolver a los empleados públicos de carácter laboral (no funcionarios) el derecho que tenían a disfrutar de una jubilación parcial, se ha consensuado que todas las plazas ofertadas para el personal laboral queden vinculadas a la jubilación parcial, de manera que se realicen procesos selectivos rápidos que posibiliten que el sustituto del jubilado (el relevista) pueda ser contratado de manera inmediata tras superar el proceso. Este relevista entrará a formar parte de la Administración riojana en el momento en el que sustituya de manera efectiva al jubilado. 

El PP i Vox han acordat rebaixar el requisit del català en diferents àmbits de la funció pública balear mitjançant diverses esmenes a la llei de projectes estratègics, una norma centrada en agilitzar inversions que no guarda relació alguna amb la política lingüística. El pacte permetrà ajornar l'acreditació de l'idioma per a docents en places de difícil cobertura i eliminar-lo en algunes categories laborals bàsiques de l'administració.

La portaveu de la formació d'extrema dreta al Parlament, Manuela Cañadas, ha anunciat aquest dilluns l'acord assolit amb els populars després de “llargues reunions i negociacions”. “No podem permetre que una aula es quedi sense professor perquè el candidat més qualificat no tingui un titolet excloent com és el català”, ha assenyalat en relació a la certificació que acredita el coneixement de la llengua pròpia de Balears.

Segons ha assenyalat, ambdues formacions introduiran tres esmenes que rebaixen o posposen l'exigència d'acreditar coneixements de català en diferents àmbits de l'administració. La primera de les mesures es refereix a les places docents catalogades com de molt difícil cobertura. En aquests casos, l'acord preveu que els aspirants puguin incorporar-se al lloc de feina encara que no acreditin el nivell de català requerit en el moment d'accedir a la plaça, amb l'obligació d'obtenir-lo posteriorment en un termini que podria situar-se entorn als dos anys.

La segona esmena planteja rebaixar o suprimir el requisit lingüístic en determinades categories laborals bàsiques de la funció pública, com zeladors, auxiliars, personal de neteja o manteniment, sempre que es tracti de llocs sense atenció directa al públic. A més, l'acord obre la porta a establir excepcions quan la falta d'aspirants “posi en risc el funcionament dels hospitals o altres serveis públics essencials”, segons ha assenyalat Vox en una nota de premsa.

La tercera modificació afectarà l'àmbit educatiu: conservadors i extrema dreta proposen rebaixar d'un 8 a un 7 la nota necessària per obtenir automàticament el certificat B2 o C1 de català en finalitzar l'ESO o el batxillerat. També preveuen garantir que l'alumnat que cursi un any a l'estranger pugui obtenir igualment l'acreditació si assoleix la qualificació exigida.

Cañadas ha emmarcat el pacte dins del que ha definit com “un bon acord” tenint en compte la representació parlamentària de Vox. “Som molt ambiciosos i ens encantaria anar més enllà, però tenim la força que tenim, de moment”, ha assenyalat.

Per la seva banda, la portaveu adjunta del PP, Marga Durán, ha defensat que el requisit no desapareix, sinó que s'ajorna per facilitar la cobertura de vacants. Duràn ha insistit que les esmenes seran registrades per Vox i que el PP les recolzarà si s'ajusten al que s'ha acordat.

L'acord se suma a una sèrie de decisions adoptades pel Govern de Marga Prohens des de l'inici de la legislatura que han anat rebaixant el pes del català en diferents àmbits institucionals i educatius, moltes d'elles fruit de la negociació amb Vox.

El principal àmbit en veure's afectat per les polítiques de la dreta en aquest sentit ha estat el sanitari: poc temps després d'arribar al poder, l'Executiu autonòmic del PP va aprovar un decret de mesures urgents perquè el català fos un mèrit i no un requisit a l'hora de treballar a la sanitat pública balear. Va ser, de fet, una de les grans promeses electorals de Prohens i del seu pacte de govern amb l'extrema dreta.

Segons els populars, l'objectiu era combatre l'històric dèficit de sanitaris que pateix l'arxipèlag -com també ho pateixen altres regions d'Espanya-, però va confessar que no disposa de les dades que avalarien, al seu judici, l'eliminació del català com a requisit laboral. La consellera de Salut, Manuela García, va admetre desconèixer quants professionals entren o surten del sistema sanitari per haver d'acreditar cert nivell de català, atès que quan un metge marxa el requeriment del català no es fa constar entre les causes d'abandonament, per la qual cosa va confessar que serà complicat avaluar l'impacte de la supressió com a mesura de captació de sanitaris.

Després d'això, PSOE i Sumar van portar al Tribunal Constitucional la decisió del Govern en considerar que vulnera “el principi d'igualtat i el de no discriminació per raó de llengua, reconegut en l'Estatut d'Autonomia” i “atempta contra el règim de cooficialitat lingüística vigent”.

A mitjans de 2025, els de Santiago Abascal van aconseguir introduir la supressió del català com a requisit laboral per accedir a la sanitat pública -tot i que aquesta mesura ja estava sent aplicada a través de l'anterior decret llei- via esmenes a una normativa que no té res a veure amb aquestes matèries: la aprovada per regular les explotacions ramaderes intensives d'aus de corral.

PP y Vox han acordado rebajar el requisito del catalán en distintos ámbitos de la función pública balear mediante varias enmiendas a la ley de proyectos estratégicos, una norma centrada en agilizar inversiones que no guarda relación alguna con la política lingüística. El pacto permitirá aplazar la acreditación del idioma para docentes en plazas de difícil cobertura y eliminarlo en algunas categorías laborales básicas de la administración.

La portavoz de la formación de extrema derecha en el Parlament, Manuela Cañadas, ha anunciado este lunes el acuerdo alcanzado con los populares tras “largas reuniones y negociaciones”. “No podemos permitir que un aula se quede sin profesor porque el candidato más cualificado no tenga un titulito excluyente como es el catalán”, ha señalado en relación a la certificación que acredita el conocimiento de la lengua propia de Balears.

Según ha señalado, ambas formaciones introducirán tres enmiendas que rebajan o posponen la exigencia de acreditar conocimientos de catalán en distintos ámbitos de la administración. La primera de las medidas se refiere a las plazas docentes catalogadas como de muy difícil cobertura. En estos casos, el acuerdo prevé que los aspirantes puedan incorporarse al puesto aunque no acrediten el nivel de catalán requerido en el momento de acceder a la plaza, con la obligación de obtenerlo posteriormente en un plazo que podría situarse en torno a los dos años.

La segunda enmienda plantea rebajar o suprimir el requisito lingüístico en determinadas categorías laborales básicas de la función pública, como celadores, auxiliares, personal de limpieza o mantenimiento, siempre que se trate de puestos sin atención directa al público. Además, el acuerdo abre la puerta a establecer excepciones cuando la falta de aspirantes “ponga en riesgo el funcionamiento de los hospitales u otros servicios públicos esenciales”, según ha señalado Vox en una nota de prensa.

La tercera modificación afectará al ámbito educativo: conservadores y extrema derecha proponen rebajar de un 8 a un 7 la nota necesaria para obtener automáticamente el certificado B2 o C1 de catalán al finalizar la ESO o el bachillerato. También prevén garantizar que el alumnado que curse un año en el extranjero pueda obtener igualmente la acreditación si alcanza la calificación exigida.

Cañadas ha enmarcado el pacto dentro de lo que ha definido como “un buen acuerdo” teniendo en cuenta la representación parlamentaria de Vox. “Somos muy ambiciosos y nos encantaría ir más allá, pero tenemos la fuerza que tenemos, de momento”, ha señalado.

Por su parte, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha defendido que el requisito no desaparece, sino que se aplaza para facilitar la cobertura de vacantes. Durán ha insistido en que las enmiendas serán registradas por Vox y que el PP las respaldará si se ajustan a lo acordado.

El acuerdo se suma a una serie de decisiones adoptadas por el Govern de Marga Prohens desde el inicio de la legislatura que han ido rebajando el peso del catalán en distintos ámbitos institucionales y educativos, muchas de ellas fruto de la negociación con Vox.

El principal ámbito en verse afectado por las políticas de la derecha en este sentido ha sido el sanitario: poco tiempo después de llegar al poder, el Ejecutivo autonómico del PP aprobó un decreto de medidas urgentes para que el catalán fuera un mérito y no un requisito a la hora de trabajar en al sanidad pública balear. Fue, de hecho, una de las grandes promesas electorales de Prohens y de su pacto de gobierno con la extrema derecha.

Según los populares, el objetivo era combatir el histórico déficit de sanitarios que sufre el archipiélago -como también lo padecen otras regiones de España-, pero confesó que no dispone de los datos que avalarían, a su juicio, la eliminación del catalán como requisito laboral. La consellera de Salud, Manuela García, admitió desconocer cuántos profesionales entran o salen del sistema sanitario por tener que acreditar cierto nivel de catalán, dado que cuando un médico se marcha el requerimiento del catalán no se hace constar entre las causas de abandono, por lo que confesó que será complicado evaluar el impacto de la supresión como medida de captación de sanitarios.

Tras ello, PSOE y Sumar llevaron al Tribunal Constitucional la decisión del Govern al considerar que vulnera “el principio de igualdad y el de no discriminación por razón de lengua, reconocido en el Estatut d'Autonomia” y “atenta contra el régimen de cooficialidad lingüística vigente”.

A mediados de 2025, los de Santiago Abascal lograron 'colar' la supresión del catalán como requisito laboral para acceder a la sanidad pública -a pesar de que esta medida ya estaba siendo aplicada a través del anterior decreto ley- vía enmiendas a una normativa que nada tiene que ver con estas materias: la aprobada para regular las explotaciones ganaderas intensivas de aves de corral.

El Área Pública de CCOO CLM ha denunciado “la arbitrariedad” de la Junta de Castilla-La Mancha en cada oferta de empleo público, ya que asegura que no está sacando todas las plazas vacantes, sino que se limita a sacar tantas plazas como personas han superado la fase de oposición.

Una situación que supone “en la práctica una restricción injustificada” de las posibilidades de elección de destino de las personas aspirantes que han superado el proceso, “suponiendo para ellas un perjuicio bastante grave y malestar”.

En rueda de prensa celebrada este lunes en Toledo, CCOO ha asegurado que, en la anterior oferta de empleo público la Junta sacó todas las plazas vacantes, mientras que en la oferta de 2023/24 solo se han sacado las plazas en cumplimiento de la Ley 20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Para el sindicato, esto supone una “vulneración del derecho a la movilidad” de los trabajadores y trabajadoras, que si aprueban y no sale vacante la plaza a la que quieren acceder, puede darse el caso que tengan que irse a otra provincia con lo que esto puede suponer para sus circunstancias personales.

“Restricción injustificada” de las posibilidades de elección de destino

Para el sindicato el cumplimiento de la citada ley no es incompatible con sacar todas las plazas vacantes. CCOO no está de acuerdo con que se oferte “solo el número justo de plazas” para reducir la interinidad. “Esta reducción no debe perjudicar al personal de nuevo ingreso obligándole a coger plazas que no desea cuando existen vacantes que sí les interesa. La intención de la Junta es ofertar únicamente un número de plazas equivalente al de personas que han superado la fase de oposición, dejando fuera el resto de plazas vacantes existentes en la región. Esta decisión supone en la práctica una restricción injustificada de las posibilidades de elección de destino de las personas aspirantes que han superado el proceso, suponiendo para ellas un perjuicio bastante grave y malestar”, afirman desde CCOO.

Por ello, el sindicato pide a la Junta que rectifique el criterio aplicado en la adjudicación de destinos y ponga a disposición de las personas que han superado los procesos selectivos la totalidad de las plazas vacantes existentes en la Administración, así como que esos criterios se negocien con la parte social.

En los últimos días se ha publicado la oferta de empleo público del SERIS pra 2026 que alcanza las 1.182 plazas. Una oferta “muy numerosa”, y que CSIF La Rioja tilda de “subsistencia” para la estructura sanitaria riojana “después de años de escasa oferta de plazas” por lo que “se cuelgan medallas y faltan a la verdad”.

La formación sindical el SERIS lleva años publicando ofertas de empleo “irrisorias, abusando de la interinidad con contratos vergonzosos de días, semanas y con peores salarios que comunidades limítrofes y dejando las plantillas de los centros sanitarios riojanos con el mínimo personal”. Hablan incluso de “fuga contante de profesionales”.

Aun así, CSIF celebra la oferta de empleo público del SERIS que esperan “alivien un poco la situación de extrema gravedad”. Y advierten que no van a permitir que no se cumplan los principios de “igualdad, mérito y capacidad” que requiere todo acceso a la función pública y denunciará las medidas específicas que el SERIS ha adoptado para favorecer la captación de profesionales en las que llama “plazas de difícil cobertura como las plazas de médico de urgencias hospitalarias del Hospital San Pedro, de médico de refuerzo de Atención Primaria y once especialidades médicas del Hopsital de Calahorra. Y es que consideran que ”no es de recibo que se convoquen estas plazas por concurso de méritos y no por el sistema legal de oposición“. El ”regalo“ para los profesionales que acepten estos puestos durante tres años ininterrumpidos es ”darles una plaza fija, facilitarles el acceso a la carrera profesional y mayor tiempo de formación, beneficios que no tienen personas que ya han aprobado una oposición o que lo están intentando y ya trabajan en esas plazas“.

Un “regalo” que consideran “ilegales y una falta de respeto y agravio comparativo para quienes llevan años trabajando en estas plazas” por lo que recomiendan al SERIS “negociar el Acuerdo donde se integran todas las condiciones laborales y retributivas del personal que caducó en el 2008”. Y además piden al Gobierno de La Rioja que deje de culpabilizar al Ministerio de Sanidad o al Estatuto Marco de medidas que debe tomar el gobierno autonómico y mejore las condiciones del personal del SERIS para retener y atraer talento y se deje de inventar nuevas fórmulas que como llevamos años padeciendo, no arreglan el gravísimo problema de falta de personal“.

Renfe incorporará a 550 maquinistas dentro de la Oferta Pública de Empleo (OPE) para 2026, que prevé aumentar la plantilla del grupo en más de 2.000 nuevos trabajadores. La nueva convocatoria, la primera para este año, forma parte del plan previsto para este ejercicio, que recoge la tasa de reposición ordinaria, la adicional autorizada y el acuerdo alcanzado hace un mes con los sindicatos para poner fin a la huelga, que había sido convocada tras los últimos accidentes ferroviarios.

Con el refuerzo de maquinistas, la operadora pública busca reforzar la plantilla de conducción, garantizar el relevo generacional y asegurar la prestación del servicio ferroviario “en condiciones de máxima seguridad y calidad”, todo ello en un contexto de crecimiento de la movilidad ferroviaria, según ha indicado en un comunicado.

El período de inscripción a esta oferta pública de empleo estará abierto hasta el 24 de marzo. Una vez superado el proceso selectivo, los maquinistas se incorporarán a Renfe. En cualquier caso, para acceder a las pruebas deberán contar con la licencia y el diploma de conducción de vehículos ferroviarios, que habilitan para el ejercicio de la profesión.

Asimismo, la compañía ha señalado que este mes de marzo participará en las dos ferias más importantes a nivel nacional en el sector de la educación: Aula, en Madrid, y el Saló de L’Ensenyament, en Barcelona. Ambos eventos, ha destacado, suponen una oportunidad para que los jóvenes estudiantes conozcan las profesiones ferroviarias, el catálogo formativo de Renfe y el acceso a los procesos de selección.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado esta semana la aprobación de la Oferta de Empleo Público 2026 del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil (CEIS Rioja). La oferta, que incluye un total de 7 plazas de bombero-conductor, permitirá continuar consolidando el proceso de fortalecimiento progresivo de la plantilla del CEIS Rioja.

Esta nueva Oferta de Empleo Público se enmarca, explican desde el Gobierno de La Rioja “en la apuesta por dar respuesta a las necesidades actuales del territorio”. El refuerzo del CEIS Rioja constituye una “línea estratégica para el Ejecutivo autonómico”, que viene impulsando en los últimos años diferentes iniciativas orientadas a la estabilización del empleo, la cobertura de vacantes y la incorporación de nuevos efectivos. “El objetivo es consolidar una estructura sólida que permita mantener altos estándares de calidad, seguridad y coordinación en la intervención ante incendios, rescates y situaciones de protección civil”

Con la aprobación de la OEP 2026 se avanza en la planificación responsable de los recursos humanos del Consorcio, facilitando la reposición de efectivos y contribuyendo a garantizar la continuidad y eficacia del servicio, especialmente en el ámbito rural, donde el CEIS desempeña un papel esencial en la protección de personas, bienes y entorno natural.

Los funcionarios de la Administración General del Estado verán cubierta en el próximo mes una de las reivindicaciones que los sindicatos del sector han puesto sobre la mesa una y otra vez en los últimos años. La jornada laboral de 35 horas, pactada en el penúltimo acuerdo marco, firmado en 2022, entrará en vigor previsiblemente en marzo, después de que el Gobierno iniciase los trámites a finales de enero. En la práctica, será una reducción de jornada para cerca de medio millón de empleados públicos.

En los últimos meses, los funcionarios han ido viendo resueltas algunas de las tensiones con el Ejecutivo, que elevaron la conflictividad en 2025. Ese año comenzó con la crisis de Muface abierta, una negociación salarial pendiente que afectaba a más de tres millones de empleados públicos y el objetivo de rejuvenecer las plantillas de la Administración General del Estado (AGE) ante el reto de una cascada de jubilaciones, que culminarán con el retiro de la mitad del personal en la próxima década.

Ahora la lista de tareas pendientes tiene que ver, sobre todo, con lo relativo al cumplimiento del acuerdo marco rubricado con los sindicatos a finales de noviembre, pero con los grandes temas que mantuvieron en vilo a miles de funcionarios resueltos, al menos de momento: la mutualidad garantizada y una subida de sueldo del 11% hasta 2028.

Uno de los grandes retos que afronta el Estado es la edad de las plantillas que trabajan para él. El Ejecutivo ha logrado revertir la tendencia de envejecimiento de su personal. La edad media de los trabajadores de la Administración General del Estado en el Gobierno Central ha descendido en los últimos seis años y se sitúa ya en los 49,9 años, frente a los 51,6 que registró en 2019 y 2020, según los datos del último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, publicado en diciembre.

Este descenso en la edad media de las plantillas de los empleados públicos del Estado viene acompañada de varias ofertas públicas de empleo cuantiosas en cuanto a incorporación de efectivos, después de los años de austeridad y recortes tras la crisis financiera. En total, desde 2023 se han convocado más de 100.000 plazas de nuevo ingreso, con un llamamiento récord en 2024, con 40.000 posiciones.

Estas ofertas de empleo no se traducen en incorporaciones inmediatas, que tienen cierto decalaje, en función de las administraciones y la organización y desarrollo de las oposiciones. De hecho, uno de los compromisos que el Ministerio adquirió con los sindicatos durante las negociaciones para el acuerdo fue la “agilización y mejora de los procesos selectivos”, que las organizaciones sindicales quieren limitar a un año de duración.

Con todo, como muestra el siguiente gráfico, el número de trabajadores públicos en España en el conjunto de las administraciones —Estado central, comunidades autónomas y entidades locales— ha aumentado notablemente en los últimos años. Según los últimos datos disponibles, hay 3,1 millones de empleados públicos, 136.632 más que en 2023, el año más antiguo con el que se pueden comparar. Entonces, el Ministerio realizó modificaciones metodológicas, con la inclusión de todos los contratos temporales, y no solo los que tengan una duración superior a seis meses; personal en formación o prácticas; se simplifican fuentes administrativas en lo relativo al personal de las universidades públicas; y se deja de publicar información desagregada del personal del Poder Judicial.

Pese a ese salto en el gráfico, por el cambio metodológico, la curva permite apreciar un cambio de tendencia claro, tras la caída en el número de trabajadores públicos desde la primera década de los 2000 y la estabilización entre 2013 y 2020, cuando se eliminó la tasa de reposición. El Gobierno se comprometió hace un par de años a eliminar para 2025 este mecanismo, que limita el lanzamiento de plazas en las ofertas de empleo público en función del número de bajas que se van a producir y que se actualiza en cada ley de Presupuestos Generales del Estado, pero que la debilidad parlamentaria del Ejecutivo ha dejado en pausa.

La eliminación de la tasa de reposición es una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales y una de las anotaciones en la lista de 'pendientes' del Ministerio de Función Pública, que hace unas semanas se comprometió a crear un mecanismo alternativo que sustituya de manera progresiva a esta herramienta.

Un análisis exhaustivo del Boletín Estadístico permite desgranar dónde trabajan los funcionarios. Al margen del detalle de los centros, instituciones, ministerios, provincias o administraciones, la mayor parte del personal que se dedica al sector público trabaja para las comunidades autónomas. No es casualidad que estas tengan transferidas las competencias en sanidad y en educación, dos partidas que agrupan a casi uno de cada dos trabajadores, con más de 1,4 millones de efectivos, según los últimos datos estadísticos del ministerio, de julio de 2025. De hecho, hace unos días, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) destacaba la contratación de 19.400 personas más para reforzar la sanidad en diciembre.

Los ayuntamientos contratan al 18% de los empleados públicos del Estado, más de medio millón, y las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil al 9%, unos 280.000 efectivos, a los que habría que sumar los 28.700 miembros de las policías autonómicas.

Al margen del personal funcionario de las corporaciones y entidades locales y las comunidades autónomas, la Administración General del Estado —a grandes rasgos, los trabajadores públicos que dependen de los ministerios— ha conseguido frenar la sangría de personal, que venía produciéndose desde hacía años, en una tendencia que se revirtió a partir de 2021, cuando el número de altas superó al de bajas. Si aquel año esta diferencia fue de apenas unos cientos, en 2024, los últimos datos disponibles, se incorporaron más de 18.000 nuevos empleados, frente a los 9.800 que se jubilaron o causaron baja.

Entre 2021 y 2024 hubo un total 36.423 salidas y 48.304 entradas, con un saldo positivo de 11.881 trabajadores en la Administración General del Estado. Unos datos que no incluyen al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Administración de Justicia, las entidades públicas empresariales y las universidades públicas no transferidas.

Según el Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado 2025 y proyección futura a 2035, en la próxima década se jubilarán la mitad de los funcionarios de carrera, un 49,53%. Son 67.488 efectivos, a los que habría que sumar otros 22.242 de personal laboral fijo. En total, 89.730. “Los colectivos que se verán más influenciados, con una estimación de que más del 50% de su plantilla actual estará jubilada en 10 años, son los subgrupos E, C2, B y C1. El más significativo por porcentaje y número de bajas el subgrupo C2, con un 74,92% y 15.979 bajas. Para los subgrupos superiores se estiman porcentajes de baja inferiores al 50%: el A2, con 12.439 bajas y un 36,51%; y el A1, con 9.574 que corresponden a un 33,57%”, indica el trabajo.

El proyecto de ley de Función Pública, que se cursa en el Congreso, contempla dos medidas relativas a la jubilación. Por un lado, recuperar la parcial anticipada que Rajoy eliminó en 2012 y, por otro, alargar la forzosa, que permite a los funcionarios que lo deseen seguir trabajando más allá de la edad ordinaria, hasta los 72 años. La primera, tras un pacto con los sindicatos y la segunda sin el apoyo de estos, pero ambas atascadas en el trámite parlamentario.

A julio de 2025, el porcentaje de trabajadores de la AGE que llegarán a la edad de jubilación en cinco años o menos había descendido. Fueron tan solo cuatro décimas, hasta el 18,6%, pero rompe una racha ascendente. Crecen, no obstante, quienes deciden alargar su vida laboral, hasta el 4,2%. Al otro lado de la tabla, aumentan los trabajadores jóvenes. Actualmente, el 21,7% tienen menos de 40 años, frente al 11,6% de hace cinco años.

Pese a la reducción de la edad media y la entrada de personal joven, en una comparativa con otros sectores o grupos de trabajadores, el personal de la AGE continúa siendo el más envejecido, con el 57% de las plantillas por encima de los 50 años. La mayor diferencia se da con los asalariados del sector privado, donde solo el 30,8% superan esa edad, seguido del 35,1% de la población activa en España o el 45% de los asalariados del sector público.

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha anunciado este miércoles que el sindicato convocará una ronda de contactos con los partidos políticos para tratar de alcanzar un “pacto social” en torno a los servicios públicos. El objetivo, ha explicado, es superar el contexto de “polarización” y el “nivel de discusión y crispación de todos con todos y por absolutamente todo”. De esas conversaciones, la organización sindical excluirá a “quienes defienden la motosierra”, ha matizado, en relación a Vox.

El objetivo de fondo es blindar el proceso de reforma y modernización en marcha de los servicios públicos y garantizar que los acuerdos que los sindicatos alcanzan con el Ejecutivo cristalicen en derechos y avances reales. “Nos dejamos el pellejo en las mesas de negociación”, ha defendido Araque, para alcanzar a acuerdos que, en muchos casos, terminan estancados en el trámite parlamentario. “Acabamos de firmar un acuerdo, pero tenemos la sensación de que esto no ha hecho más que empezar”, ha indicado, en relación al acuerdo marco rubricado en noviembre.

Ese acuerdo contemplaba una subida de sueldo acumulada del 11% hasta 2028, así como los ejes de trabajo en otras cuestiones, como la modernización de las administraciones públicas, la agilización de los procesos selectivos o la implementación de la jornada laboral de 35 horas semanales acordada en el pacto anterior. “Afortunadamente, la mayor parte de las medidas no necesitan un desarrollo legal, aunque si normativo”, señalan desde UGT.

Sí tuvo que pasar por el Congreso la subida salarial de los funcionarios para los años 2025 y 2026, que salió adelante pese al voto en contra de Vox y la abstención de Junts. Pero hay otras medidas que siguen atascadas, como la Ley de Función Pública, que incorpora un permiso retribuido de dos semanas para el cuidado de hijos y propone alargar la jubilación forzosa hasta los 72 años, para que quienes lo deseen puedan trabajar hasta esa edad, así como la jubilación parcial anticipada pactada con los sindicatos.

Araque lamenta que UGT está “esperando por esa ley desde 2007”. “Está acordado, nos dejamos el pellejo en la mesa de negociación, ¿por qué no se aprueba? Esto tiene que pasar por el Congreso, pero no puede meterse todo en el mismo saco”, reclama.

En este sentido, desde UGT consideran que, “evidentemente, quien más responsabilidad tiene son los partidos que conforman el Gobierno”, con quien, sin embargo, reconocen haber firmado “grandes acuerdos”. “¿Por qué sale la subida salarial? Porque se consigue que vaya [al Congreso] sin absolutamente nada más. Aquí no hubo problema, pero ¿por qué los partidos políticos que tienen responsabilidades de Estado en este país no tienen la capacidad de elevarse y hacer un pacto social? No estoy hablando de bipartidismo, sino de todos los partidos políticos que defiendan el estado social y democrático de derecho, el progreso y los servicios públicos”, ha exigido.

La jornada de 35 horas semanales, en marzo

Desde UGT han celebrado, no obstante, la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales a lo largo del próximo mes de marzo. Se trata de una medida pendiente del Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI, firmado en 2022, y para la que el Gobierno inició los trámites a finales del mes de enero. Esto supondrá, estiman desde el sindicato, que la orden esté dada durante el próximo mes y que las plantillas podrán adaptarse a los nuevos horarios, a la espera de implantar estas mejoras también para el personal de instituciones penitenciarias.

Esta reducción es, ha dicho Araque, la “punta de lanza” para rebajar las jornadas laborales y subir los salarios, tanto en las administraciones autonómicas y locales pendientes de esta mejora como en el sector privado. “Las 35 horas están prácticamente en toda la administración local, pero va a ser fundamental para la Comunidad de Madrid, porque su presidenta dijo que hasta que la Administración General del Estado no las asumiera, no las asumiría. Pues bienvenidas a las 35 horas”, ha señalado la representante sindical.

Veto a Seguridad Social

El sindicato ha insistido también en la idea de que vetará cualquier acuerdo o negociación con el Ministerio de Seguridad Social hasta que el departamento que dirige Elma Saiz no resuelva el bloqueo de la jubilación parcial anticipada de los empleados públicos. Este colectivo ya gozaba de ese derecho, pero quedó en el limbo con la reforma de las pensiones, que obligaba a contratar a un relevista de forma indefinida y a tiempo completo, algo que en la administración solo es posible a través de un proceso de oposición, que puede alargarse durante meses o incluso años.

“No se va a tocar absolutamente nada con Seguridad Social si esto no se arregla”, ha defendido Araque, que espera que esté “para salir” aunque “todavía no hay nada concreto”.

La gerente del área de salud de Cáceres, Encarnación Solís, no se presentará a las oposiciones de Enfermería para obtener una plaza fija en el Servicio Extremeño de Salud (SES). Las pruebas se celebrarán el 28 de febrero y, tal y como ha publicado elDiario.es Extremadura, su nombre figura en el listado definitivo de aspirantes, pero la Consejería de Salud y Servicios Sociales ha asegurado que Solís ha rechazado formar parte de este proceso selectivo.

Las oposiciones se convocaron en diciembre de 2024 y en junio de 2025 se hizo público el nombramiento de los miembros de los tribunales de selección firmado por el director gerente del SES, Jesús Vilés, es decir, designados directamente por el 'jefe' de Solís en la estructura de la sanidad extremeña.

Solís decidió inscribirse en dos pruebas selectivas de la sanidad pública extremeña siendo ya gerente del SES en Cáceres, según ha revelado la Junta en la respuesta dada a este periódico: enfermera de urgencias de atención primaria, cuya oposición se celebró el 9 de noviembre de 2025, y enfermera, cuyo examen tendrá lugar en 15 días. En el primer caso “no acudió al examen el día de su celebración” y, en el segundo “ha manifestado en diversas ocasiones su intención de no presentarse”, según la Consejería de Salud.

De hecho, fuentes de ese departamento apuntan a que precisamente el pasado lunes, Encarnación Solís y el director de Recursos Humanos del área de salud mantuvieron una reunión con el sindicato CSIF, por un motivo ajeno a esta cuestión, en la que la gerente “puso de manifiesto de forma contundente que no se presentaría al examen de Enfermería”.

Por otro lado, la Junta ha explicado que Extremadura “es la única comunidad autónoma que introduce limitaciones para que determinados cargos públicos puedan concurrir a procesos selectivos” por una ley de 2014 aprobada durante el Gobierno de José Antonio Monago. Esta Ley prohíbe, entre otros, que el presidente o presidenta de la Junta, los consejeros y los altos cargos se presenten a oposiciones convocadas por la Administración autonómica o por sus organismos dependientes mientras ejercen sus funciones. Sin embargo, la Consejería matiza que los gerentes de las áreas de salud no son altos cargos porque no son nombrados por el consejo de gobierno, sino que son “personal directivo” y, por tanto, “pueden presentarse a las oposiciones de acceso al Servicio Extremeño de Salud”.

Este periódico, que ha desvelado que Solís estaba inscrita para participar en la oposición con un tribunal nombrado por su 'jefe', también ha puntualizado que no se trata de una situación ilegal, pero sí ha cuestiones éticas y estéticas desde el punto de vista político que la Junta de Extremadura no ha valorado en su respuesta. Más bien al contrario: “No podemos dejar pasar esta situación sin recordar que existe una información de carácter público y es que con esta misma normativa en vigor, y siendo el PSOE el partido en el Gobierno, determinados cargos se presentaron a procesos selectivos y algunos de ellos obtuvieron plaza en propiedad”, asegura la Consejería de Salud, que da hasta ocho cargos directivos que participaron en procesos de estabilización, oposiciones de acceso al SES o a la Junta de Extremadura respetando la legislación autonómica.