Un total de 57 plazas de promoción interna convocadas por el Gobierno de La Rioja han quedado sin cubrir en diversos cuerpos y escalas de la Administración autonómica. Tras estos resultados, el Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana (STAR) ha reclamado al Ejecutivo regional una revisión del actual modelo de selección al considerar que el sistema “no está cumpliendo adecuadamente” con la finalidad de incentivar la carrera profesional de los empleados públicos.

Los datos señalan que la mayor cifra de vacantes se registra en el Cuerpo Técnico, con 22 plazas desiertas, seguido del Cuerpo Auxiliar (21 plazas) y el Cuerpo de Gestión (6 plazas). La lista se completa con una plaza de Psicólogo sin cubrir y otras siete correspondientes a las especialidades de Trabajo Social e Ingeniería Técnica Agrícola.

Para el sindicato esta situación resulta “contradictoria” con el Acuerdo firmado el 14 de abril de 2025, cuyo objetivo era precisamente impulsar la promoción interna. Asimismo, argumentan que “no resulta razonable convocar reiteradamente plazas de promoción interna para que finalmente queden desiertas”.

Ante este escenario, STAR ha solicitado al Gobierno de La Rioja que analice las causas de este resultado y adecue las pruebas selectivas a las funciones y conocimientos realmente exigibles en cada puesto, “garantizando en todo momento los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

El Ayuntamiento de Guareña rastreará si los aspirantes a la plaza de gerente de dinamización comercial presentan memorias elaboradas mediante inteligencia artificial, según recogen las bases del proceso selectivo publicadas este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Badajoz.

La convocatoria contempla expresamente la revisión de la autenticidad de los trabajos con el fin de identificar “posibles textos generados a través de inteligencia artificial”. Sin embargo, el texto oficial no precisa qué herramientas o programas informáticos empleará el tribunal calificador para llevar a cabo esta verificación, ni detalla las penalizaciones o consecuencias jurídicas que conllevaría la detección de este tipo de contenidos.

Para optar a la plaza, los candidatos deben diseñar un plan anual destinado a reactivar el comercio local, con una extensión máxima de 30 páginas, y defenderlo posteriormente de forma oral durante un tiempo límite de media hora. El tribunal evaluará la calidad, viabilidad e innovación de las propuestas planteadas, además de la solvencia en la argumentación y la respuesta a las preguntas planteadas.

El puesto, convocado bajo la modalidad de concurso-oposición, se ofertará como funcionario interino a jornada completa, con una duración prevista de tres años y fecha de incorporación fijada para el 1 de octubre.

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto durante diez días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación en el boletín. El proceso servirá, asimismo, para la constitución de una bolsa de trabajo.

El Central Sindical y de Funcionarios (CSIF) ha vuelto a denunciar la política de personal de la Administración autonómica tras acusar a los responsables de Función Pública de“«faltar una vez más al compromiso adquirido” para mejorar la gestión de las bolsas de trabajo temporales en La Rioja.

Según expone la central sindical, la falta de personal y el rápido agotamiento de las listas de empleo en diversas categorías profesionales —especialmente en el grupo A1 de Técnicos de Administración General— es un problema recurrente desde hace años. Para cubrir estas vacantes urgentes, el Ejecutivo regional recurre directamente a las Oficinas de Empleo en busca de aspirantes, un método que, según el sindicato, genera un profundo malestar entre la plantilla y los opositores.

CSIF defiende que, antes de acudir al Servicio Riojano de Empleo, la Administración debería ofrecer estas oportunidades a los empleados públicos que ocupan plazas de menor categoría pero cuentan con la titulación exigida, o bien a los opositores que quedaron fuera tras haberse preparado el examen y haber realizado las pruebas. A juicio de la central, este criterio permitiría atender las necesidades de personal “de una manera más justa, transparente y objetiva”, respetando “los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

Desde la organización señalan que tanto el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital, Alfonso Domínguez, como el director general de Función Pública, Ángel Sáinz Yangüela, han mostrado reiteradamente su disposición a aplicar este sistema. Sin embargo, lamentan que sus palabras no se hayan traducido en hechos: “Muchos parabienes y compromisos para no confrontarse, pero al final nada cumplido”, denuncian, acusando al Ejecutivo de “ningunear y tratar con falta de empatía y respeto a los empleados públicos”.

Luis Cubría Falla ha sido nombrado nuevo director ejecutivo de operaciones y Talento de Cantur, la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, tras superar el proceso de selección convocado por la empresa pública el pasado 29 de julio -y para el que se abrió un plazo de presentación de candidaturas de tan solo seis días- para ocupar esta plaza directiva que “estaba vacante”, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Natural de Santander (1968), Luis Cubría es licenciado en Derecho y diplomado en la especialidad Jurídico-Económica por la Universidad de Deusto. Cuenta con un posgrado MBA en administración de empresas por el IESE de Barcelona. Hasta la fecha ha sido gerente del Plan de Sostenibilidad Turística del Ayuntamiento de Comillas.

El Ejecutivo destaca que Cubría es “un profesional de reconocido prestigio” en la planificación turística del sector público y que ha asesorado al Gobierno de Cantabria desde 2012 en varios proyectos en la materia, como el Plan de Marketing Turístico regional, la estrategia de España Verde o la hoja de ruta del Turismo de Cruceros.

Ha trabajado como asesor para otras administraciones regionales como las de Castilla y León y País Vasco, así como para entidades locales como los ayuntamientos de Santander, Bilbao, San Sebastián, Noja, Comillas o Liérganes.

Cuenta además con amplia experiencia en el sector privado, incluidos puestos de senior manager en PwC Consultants y Hicks Consulting Group, con más de 30 años en proyectos de transformación en sectores como la energía, telecomunicaciones, consumo, salud e implantación de software y nuevas tecnologías.

Cubría es a su vez colaborador en varios medios de comunicación y un “apasionado” del turismo de naturaleza y cultural. El nuevo alto cargo de Cantur ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Museo de la Real Fábrica de Artillería de la Cavada.

El Juzgado de lo Social número 5 de Santander ha respaldado el criterio de la Sociedad Regional de Educación para determinar que las vacaciones no disfrutadas por un trabajador o trabajadora debido a una situación de incapacidad temporal (IT) se disfruten durante el mes de agosto, periodo en el que la actividad lectiva permanece suspendida.

La sentencia resuelve la reclamación presentada por una empleada que, tras no haber podido disfrutar de sus vacaciones en julio por encontrarse de baja médica, solicitaba trasladarlas a un periodo lectivo del calendario escolar.

Frente a esta petición, la empresa pública defendió que dichas vacaciones debían disfrutarse durante el mes de agosto, al tratarse del periodo sin actividad ordinaria de verano.

El convenio colectivo de aplicación establece que las vacaciones se disfrutan preferentemente durante los meses de julio y agosto. Asimismo, contempla que agosto sea un mes sin actividad, si bien la empresa puede requerir a los trabajadores hasta un máximo de 40 horas para la realización de actividades no lectivas.

La resolución judicial considera “razonable y justificada” la decisión de la Sociedad Regional de Educación y concluye que la determinación de las fechas de disfrute de las vacaciones no puede realizarse unilateralmente por parte de la trabajadora. Asimismo, señala que no concurre ninguna circunstancia que justifique la negativa a disfrutar las vacaciones pendientes durante el mes de agosto.

“No hay una justificación”

“No hay una justificación ni razonabilidad de la actora para disfrutar los periodos de vacaciones coincidiendo con calendario escolar”, reza la resolución judicial, consultada por Europa Press, y en la que la magistrada suma que la concesión “no es automática”, pues es algo que debe ser pactado con la empresa y está determinado en el convenio que los periodos sean “preferiblemente” en julio y agosto, algo “razonable por la actividad que realizan”.

Durante el procedimiento, la empresa argumentó que su actuación respondía al cumplimiento de lo dispuesto en el convenio colectivo y a la necesidad de compatibilizar el derecho al disfrute de las vacaciones con las necesidades organizativas del servicio.

Asimismo, destacó que permitir que estas vacaciones se disfruten durante el periodo lectivo implicaría recurrir a sustituciones, con el consiguiente incremento del gasto público.

La sentencia también recoge que este criterio se aplica de manera general a todas las personas trabajadoras que se encuentran en circunstancias similares, por lo que no existe trato discriminatorio alguno.

La Sociedad Regional de Educación valora una sentencia que aporta “seguridad jurídica” sobre la aplicación de una medida organizativa que se viene desarrollando de forma “homogénea” para toda la plantilla y que contribuye a “evitar costes innecesarios” derivados de sustituciones durante el periodo escolar, “garantizando al mismo tiempo el disfrute efectivo de las vacaciones reconocidas a los trabajadores”.

CCOO Cantabria ha criticado la “arbitrariedad” con la que, a su juicio, la Consejería de Educación está gestionando la concesión de comisiones de servicio para el próximo curso escolar y ha exigido una “regulación clara” con “criterios objetivos y evaluables”.

En un comunicado, la Federación de Enseñanza del sindicato ha explicado que “se están rechazando solicitudes motivadas que sí se concedían en cursos anteriores” y “sin explicación clara ni criterio público que avalen el cambio de criterio” al tiempo que “se aceptan otras con menor justificación”.

Además, según CCOO, “se están aprobando comisiones de servicio para algunos puestos que se denegó a otros docentes en cursos anteriores”.

La Federación ha explicado que está recibiendo “numerosas quejas de docentes que han visto rechazada su solicitud pese a acreditar circunstancias personales, familiares o profesionales que tradicionalmente eran aceptadas por la Consejería”.

El sindicato ha detallado que entre los casos denegados figuran solicitudes de docentes cuyos cónyuges pertenecen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o a personal médico y sanitario destinado en Cantabria; situaciones familiares con personas dependientes o con hijos e hijas en edad escolar; personas reconocidas por el ICASS como cuidadoras de familiares con dependencia severa o gran dependencia, o comisiones de servicio vinculadas al impulso de proyectos de dirección en centros con características educativas complejas.

La Federación ha señalado que la Dirección General de Personal Docente ha remitido las denegaciones a perfiles docentes que habían solicitado y “justificado sobradamente” su petición de comisión de wervicio y que, en algunos casos, ya habían ocupado el mismo destino en cursos anteriores.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, ha opinado que “no es aceptable que docentes que llevan años obteniendo una comisión de servicio por circunstancias familiares o profesionales perfectamente acreditadas reciban ahora una denegación genérica sin ninguna explicación”.

“Si se han modificado los criterios qué menos que explicarlos, hacerlos públicos y aplicarlos de igual manera para todo el profesorado”, ha aseverado. Para el sindicato, esta situación se suma a una sucesión de decisiones que, a su juicio, evidencian “una preocupante forma de gestionar los recursos humanos de la educación pública”, después de denunciar durante las últimas semanas el recorte de más de 160 plazas docentes y la supresión de más de una treintena de unidades educativas.

“Es una Consejería que toma decisiones sin negociación y sin transparencia”, ha criticado Sánchez, que ha pedido a la Consejería que establezca “una regulación clara de las comisiones de servicio, con criterios objetivos y evaluables, tal y como están implantados en otras comunidades autónomas a modo de concursillo”.

El Ayuntamiento de Santander ha convocado los primeros ejercicios de los procesos selectivos para la cobertura de una plaza de Técnico Superior Especialista en Higiene Industrial y otra de Técnico Auxiliar de Oficina de Turismo, que se celebrarán en el Centro Municipal de Formación y Empleo (CEFEM), ubicado en la calle Marqués de la Ensenada, y en las que se han admitido a un total de 26 candidatos.

A la plaza de Técnico Superior Especialista en Higiene Industrial aspiran un total de ocho admitidos, que realizarán el primer ejercicio el día 3 de septiembre, a las 16.00 horas.

Por su parte, la primera cita del proceso selectivo para la cobertura de la plaza de Técnico Auxiliar de Oficina de Turismo se celebrará el 27 de agosto, a las 16.00 horas. A esta convocatoria concurren 18 aspirantes admitidos.

Los aspirantes deberán acudir provistos de su Documento Nacional de Identidad y bolígrafo azul para la realización de las pruebas.

El concejal de Recursos Humanos, Daniel Portilla, ha destacado que estos procesos selectivos forman parte del compromiso del Ayuntamiento con el refuerzo de la plantilla municipal y la incorporación de perfiles técnicos que contribuyan a seguir mejorando la calidad y la eficiencia de los servicios que se prestan a la ciudadanía.

CCOO en Correos ha denunciado que la empresa pública ha reducido en torno al 35% la contratación de verano en Cantabria respecto a la campaña estival de 2025, una decisión “especialmente grave” a juicio del sindicato por producirse en pleno periodo vacacional y en un contexto de creciente carga de trabajo para las plantillas.

Según los datos recopilados por CCOO, los mayores recortes se han producido en carterías, oficinas o localidades donde la cobertura de vacaciones y ausencias se encuentra “muy por debajo” de las necesidades reales del servicio. Así, entre las localidades especialmente afectadas están Santander, Torrelavega, Laredo, Castro Urdiales y Maliaño, en las que el recorte en la contratación supera el 40%.

Según la delegada de CCOO en Correos, Patricia Herrero, la entidad postal “pretende prestar más servicios con menos personas”. “Cada verano recorta la contratación mientras aumenta la población, crece la paquetería y se incorporan nuevas tareas a las ya existentes. Es una decisión exclusivamente económica que acaba pagando la plantilla y la ciudadanía”, ha lamentado.

CCOO ha considera que este recorte constituye el mayor ajuste de contratación estival registrado en la comunidad y responde a una política continuada de reducción de costes laborales que se viene aplicando en Correos desde hace años.

El sindicato ha criticado que la empresa utilice conceptos como eficiencia o productividad para justificar “una estrategia basada en la disminución de efectivos, el incremento de las cargas de trabajo y el deterioro progresivo del servicio postal público”.

También ha censurado que estos recortes resultan “especialmente contradictorios” por cuanto la dirección de Correos continúa presentando públicamente a la empresa como un instrumento esencial para la cohesión territorial y anuncia nuevos servicios públicos que requieren más recursos humanos.

El sindicato ha apuntado que el recorte en la contratación de verano se produce con la reciente publicación del Informe Anual 2025, en el que la empresa declara unos beneficios de 11,5 millones de euros. “No se puede presumir de beneficios cuando una parte importante procede de vender patrimonio y de recortar empleo. Si los resultados se consiguen reduciendo contratación y aumentando la carga de trabajo, quien está financiando esos beneficios es la propia plantilla”, ha afirmado la delegada sindical.

Para CCOO, no se puede hablar de éxito empresarial cuando ese resultado se obtiene a costa de reducir contratación, aumentar la presión sobre las plantillas y deteriorar las condiciones de trabajo, porque Correos “mantiene niveles de temporalidad incompatibles con una empresa pública, miles de puestos pendientes de estabilización, una elevada parcialidad y una oferta de empleo paralizada desde hace cuatro años”, ha denunciado.

Además, este verano presenta una situación “especialmente preocupante” según CCOO porque “nunca las personas que permanecen trabajando durante el periodo estival habían contado con tan poco apoyo de contratación adicional y nunca quienes aspiraban a acceder a una contratación temporal de verano habían encontrado tan pocas oportunidades laborales”.

El sindicato ha advertido que esta política repercute directamente en la ciudadanía, que sufre retrasos, acumulación de envíos y una peor atención, mientras la plantilla soporta una carga de trabajo cada vez mayor, con el consiguiente incremento de los riesgos psicosociales, del desgaste físico y emocional y del absentismo laboral.

Por todo ello, CCOO ha exigido a Correos la recuperación inmediata de los niveles de contratación necesarios para garantizar la cobertura de vacaciones, permisos y ausencias, reforzar las plantillas y asegurar la prestación de un servicio postal público de calidad en Cantabria.

El Gobierno regional ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en los 40 procesos selectivos en tramitación de las ofertas de empleo público de los años 2025 y 2026 para la cobertura de 282 plazas, de personal funcionario y laboral. Los exámenes de acceso tendrán lugar a partir del 1 de septiembre.

De esta forma, el Ejecutivo, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, continua con la ejecución de la oferta y se cumple el compromiso de la titular del área, Isabel Urrutia, de convocar estas plazas de “forma inmediata” y cubrir los puestos de mayor necesidad y urgencia para la Administración autonómica, según destaca en una nota.

El anuncio publicado hoy en el BOC recoge los aspirantes de los cuerpos de letrados; técnico superior rama jurídica, facultativo superior en las especialidades de ingeniero agrónomo, arquitecto, geografía, ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero industrial, ingeniero de telecomunicaciones, medicina -y familiar, comunitaria, del trabajo y veterinaria-.

También de los cuerpos de gestión, técnico de finanzas, de diplomados y técnicos medios en las especialidades de arquitecto técnico, enfermería, ingeniero técnico forestal, ingeniero técnico industrial, técnico de gestión de sistemas, terapia ocupacional y trabajo social y cuerpo técnico auxiliar en la especialidad de protección civil.

Asimismo, se incluye la relación de la agrupación profesional de subalternos, de las categorías profesionales pertenecientes a los grupos 1, 2 y 3 de la administración de la comunidad autónoma.

Según el Gobierno, se trata de una de las ofertas de empleo “más importantes de la última década en Cantabria”, tanto por su volumen como por su impacto en la modernización de la Administración regional, destaca la Consejería.

Las primeras pruebas se celebran este verano para aquellos cuerpos o categorías donde es más urgente su cobertura (103 plazas en total). Se trata de las 45 de bombero forestal, las 21 de operario de carreteras, 31 de auxiliar de enfermería, junto a las 3 de ingeniero técnico agrícola y otras tantas de técnico de prevención de riesgos laborales.

Junto a ese bloque y el publicado ahora, habrá un tercero que se anunciará en el BOC el 7 de septiembre y el plazo de solicitud finalizará el 28 de ese mes. Las pruebas para acceder a estas 206 plazas se celebrarán en este caso a partir del 1 de noviembre.

Las últimas pruebas en convocarse de ambas ofertas serán el 1 de octubre para acceder a un total de 127 plazas, tanto de personal funcionario como laboral. El plazo de solicitud finalizará el 21 de octubre y las primeras pruebas tendrán lugar a partir del 1 de enero de 2027.

El Congreso ha avalado este jueves el Real Decreto-Ley que permitía la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones públicas con los votos en contra de Vox, Junts y Podemos, cuyos cuatro diputados se han sumado a las derechas porque la norma no abordaba la situación de los interinos en el sector público. El PP finalmente se ha abstenido y ha permitido la convalidación.

La norma incluye dos medidas fundamentales. Por un lado, adapta la legislación para hacer efectiva la jubilación parcial anticipada del personal laboral de todas las Administraciones públicas, una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales. Y, por otro, actualiza el complemento de residencia que perciben los empleados públicos destinados en las Illes Balears.

El ministro de Función Pública, Óscar López, ha reclamado el apoyo de los grupos “por encima de colores políticos”, al considerar que se trata de una medida que “mejora la vida de mucha gente y no empeora la de nadie”. “Si un empleado del sector privado puede acudir a la jubilación parcial anticipada, ¿por qué no iba a hacerlo un trabajador de la Administración pública?”, ha defendido el ministro desde la tribuna del Congreso.

Cómo era la jubilación parcial prevista

La norma fija que el personal laboral podrá acceder a la jubilación parcial anticipada siempre que se formalice simultáneamente un contrato de relevo. Entre los requisitos figuran haber cotizado al menos 33 años, contar con una antigüedad mínima de seis años en el puesto y solicitarla hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación.

La reducción de jornada puede situarse entre el 25% y el 75%, percibiendo el trabajador un salario proporcional por el tiempo trabajado y la parte correspondiente de la pensión por las horas dejadas de desempeñar.

Apoyos y críticas de los grupos parlamentarios

En el debate parlamentario, Ione Belarra cargó contra el Gobierno por mantener una situación de “abuso de temporalidad”. La dirigente de Podemos acusó al Ejecutivo de incumplir las exigencias de la justicia europea y reclamó la “fijeza ya” para el personal interino, al considerar insuficientes los procesos de estabilización e indemnización. Belarra advirtió de que su formación solo apoyará una reforma del empleo público si antes se resuelve el problema de la temporalidad, pese a mostrarse favorable a medidas como el complemento de insularidad o la futura reforma de la función pública.

Las críticas más duras llegaron desde Junts per Catalunya. Su portavoz, Josep Pagès, denunció el “uso perverso” que, a su juicio, hace el Gobierno de la figura del real decreto-ley para sacar adelante iniciativas legislativas sin una mayoría parlamentaria estable. Aunque reconoció la necesidad de corregir el vacío legal sobre la jubilación parcial del personal laboral del sector público, cuestionó que el Ejecutivo considere urgente esta medida mientras mantiene sin resolver otros problemas del empleo público, como la situación de los trabajadores interinos.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular Ángel Ibáñez calificó el decreto como una “avería normativa” y criticó la forma “atropellada” de legislar del Gobierno. Los populares sostuvieron que la función pública necesita una estrategia mucho más amplia de relevo generacional y reprocharon al Ejecutivo que actúe cuando los problemas ya se han desbordado, en lugar de acometer una reforma integral del empleo público. Finalmente, han optado por la abstención.

Esquerra Republicana anunció su apoyo al decreto al considerar que cumple los acuerdos alcanzados con los sindicatos. Su portavoz, Pilar Vallugera, defendió las mejoras laborales en el empleo público y rechazó plantearlas como un conflicto entre trabajadores. También la portavoz de Coalición Canaria Cristina Valido, respaldó la norma, que calificó de “necesaria y de justicia” para facilitar el relevo generacional y una transición ordenada hacia la jubilación parcial.

EH Bildu también apoyó el decreto. Oskar Matute destacó que el contrato de relevo dignifica el final de la vida laboral y favorece la incorporación de nuevos empleados en condiciones estables. Asimismo, respaldó la actualización del complemento de residencia en Baleares y rechazó enfrentar las reivindicaciones de distintos colectivos del sector público.

El complemento de insularidad en Baleares

La propuesta incrementa estas indemnizaciones un 100% en Mallorca y más de un 300% en el resto del archipiélago, con carácter retroactivo desde el 1 de julio. El Ejecutivo calculaba que más de 11.000 empleados públicos se beneficiarían de esta mejora, equiparando las compensaciones económicas a las existentes en Canarias.

Durante su intervención, el ministro López puso como ejemplo que una inspectora de Trabajo del grupo A1 en Mallorca pasaría de percibir 115 euros mensuales a más de 214 euros por este concepto, mientras que un administrativo del SEPE del grupo C1 destinado en Menorca vería incrementado el complemento desde los 101 euros actuales hasta más de 405 euros.

Más del 47% de los trabajadores de la Administración autonómica en Aragón tienen contrato temporal, según muestra el último 'Boletín estadístico del personal al servicio de la comunidad autónoma'. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha denunciado que los datos oficiales “vuelven a poner de manifiesto la intolerable precariedad que el Gobierno de Aragón intenta ocultar y que va a terminar con sanciones millonarias de la Comisión Europea”.

Con los datos del último Boletín, la plantilla de la Administración autonómica está compuesta por 61.913 trabajadores, de los que 29.233 son temporales (47,2%) y 32.680, fijos (52,8%). En el momento de las últimas elecciones autonómicas y el inicio de la presidencia de Azcón, en junio de 2023, estos mismos datos eran 59.800 trabajadores y 30.500 temporales, el 51%, por lo que el índice de temporalidad se ha reducido en solo 3,7 puntos porcentuales. Todo ello pese a que la Ley 20/21, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, fijaba la obligación de que esta tasa debía estar por debajo del 8% a fecha 31 de diciembre de 2024.

STEPA subraya que además el boletín no especifica cuántos de estos temporales llevan más de tres años en sus puestos y por tanto están en fraude de ley y deben ser indemnizados, como han sentenciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo. El sindicato estima que “en estos momentos son más de 20.000 los trabajadores abusados, un tercio de la plantilla total”. Y añade: “Esta cifra no deja de crecer, ya que inicialmente calculábamos que eran 17.000”.

“Este boletín estadístico nos muestra una Administración pública al borde del colapso por años de falta de planificación y unas ofertas de empleo que no han servido para acabar con la temporalidad estructural. El Ejecutivo de Jorge Azcón ha incumplido las leyes, ha mentido reiteradamente y ahora mismo no quiere escuchar nuestras propuestas para buscar una salida que evite sanciones e indemnizaciones”, resume STEPA.

“El compromiso de los trabajadores”

El sindicato ha subrayado que la misma fecha de publicación de este último boletín “ya muestra la caótica gestión y falta de transparencia en Función Pública”. El informe se publica semestralmente, con datos a 30 de junio y 31 de diciembre; pero se ha presentado el de diciembre de 2025 en la fecha en que debería hacerse público ya el siguiente, “fuera del periodo de sesiones de Cortes y en plenas vacaciones, en lo que parece un retraso deliberado para esconder sus falsedades e incumplimientos legales”.

STEPA ha incidido en que los datos oficiales muestran que los máximos responsables de Función Pública han dado datos falsos sobre la temporalidad, incluso ante las Cortes de Aragón. El panorama real es el de una temporalidad que no se permite en ninguna empresa privada. Por sectores es del 46,2% en Administración General, del 46,9% en Educación y del 48,7% en Sanidad.

Respecto al anterior Boletín, de junio de 2025, la temporalidad se ha reducido en un ligero 0,5%. Sin embargo, en ese momento en la plantilla había 184 empleados más, lo que muestra que parte de este resultado se ha conseguido con ceses de personal temporal cuyos puestos no se están cubriendo. “Función Pública solo busca maquillar los datos de temporalidad con ceses ilegales, aun a costa de cargarse y deteriorar gravemente servicios públicos, como muestran las constantes polémicas de plazas sin cubrir y servicios atascados”, afirma STEPA.

Los datos del Boletín oficial muestran que el Gobierno de Azcón también ha sido incapaz de conseguir los objetivos que pregona, de mejorar la organización y provisión de plazas, y así el porcentaje de empleados con destino fijo está en el 44,5%. Tampoco se está consiguiendo rejuvenecer la plantilla, y la media de edad está en 46,3 años.

Como resumen, STEPA señala que “es imposible que la Administración aragonesa pueda funcionar bien. Si mínimamente se sostiene es porque es una maquinaria pesada y los funcionarios están comprometidos; si no, tendría que reventar”.

Propuestas de STEPA

El sindicato ha destacado que los datos de este boletín se publican en un momento decisivo. Por una parte, la Comisión Europea está avanzando con celeridad en el procedimiento de infracción contra el Gobierno de España por incumplir la normativa europea sobre temporalidad. Igualmente, las últimas sentencias judiciales obligan también a indemnizar a los trabajadores que han sufrido abuso y si no se opta por la fijeza como compensación, se sumarán pagos millonarios, que ya están impidiendo avanzar en la preparación de los próximos presupuestos.

Como solución a nivel nacional, STEPA, junto con otras 56 organizaciones de toda España, presentó en el Congreso de los Diputados, en junio, una “lista de exigencias mínimas para una ley de punto final que transponga de forma íntegra las normas y sentencias europeas y que concrete medidas de reparación y para evitar que se repitan los abusos”.

Con el mismo objetivo presentó a la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Aragón una propuesta para llevar a la reunión de la Comisión de Coordinación del Empleo Público celebrada el pasado 8 de julio. El sindicato defiende un real decreto ley que revise el grado de aplicación de los concursos de méritos de estabilización, “que han supuesto que mientras unos pocos pasen a funcionarios de carrera, otros en la misma situación hayan sido despedidos a coste cero, al no haberse incluido sus plazas en los procesos”.

STEPA ha explicado que esta medida “no traspone la directiva comunitaria pero supone eliminar uno de los agravamientos que se señalan en el documento de líneas rojas registrado en el Congreso”. Al no tener respuesta, ha solicitado en la Mesa Sectorial información sobre las conclusiones de la reunión y que conste en acta la propuesta trasladada por nuestra organización para abordar la situación del personal en abuso de temporalidad.

“Si finalmente los incumplimientos acaban teniendo consecuencias económicas, será la ciudadanía, en última instancia, quien soporte el coste. Es legítimo preguntarse quién asumirá la responsabilidad por años de incumplimiento de la ley y mala gestión”, ha concluido el sindicato.

El Ministerio de Función Pública ha acordado con los sindicatos UGT y CSIF el aumento de la indemnización por residencia del personal de la Administración del Estado destinado en las Illes Balears, que alcanzará desde los 105 euros a 697 euros al mes, según el caso, recoge el acuerdo alcanzado este lunes al que ha accedido elDiario.es.

El alza, que no ha suscrito CCOO, tendrá efectos desde el 1 de julio, aunque aún tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros. La subida afecta a “aproximadamente 11.200 empleados públicos” de la Administración central destinados en Balears, cifran en UGT.

El Ministerio de Óscar López ha celebrado el acuerdo, por el que se elevan “las indemnizaciones por residencia un 100% en Mallorca y más de un 300% en el resto de las islas de Baleares”, han subrayado desde su departamento.

El aumento de esta indemnización por residencia busca facilitar la ocupación de los puestos públicos estatales en Balears y compensar a los empleados destinados en la región, una de las que afronta un mayor tensionamiento de los precios de la vivienda.

“La Administración se compromete, previa negociación colectiva en el plazo de seis meses, a tramitar las modificaciones normativas necesarias para hacer efectiva esta actualización, incluyendo los incrementos retributivos vinculados a la antigüedad que formen parte del mismo”, destacan en CSIF.

CCOO ha valorado el incremento de la cuantía para Balears, pero ha considerado el paso como “insuficiente”, por lo que se abstuvo en la votación.

Entre 56 y 570 euros más al mes respecto a ahora

El incremento supone “entre 56 y 100 euros” más al mes para el personal destinado en Mallorca, según su grupo o categoría profesional, y “entre 195 y 570 euros” más al mes para quienes prestan servicio en Menorca, Ibiza y Formentera, destaca UGT.

Así, en la actualidad la menor indemnización (del agrupaciones profesionales grupo E) se sitúa en casi 59 euros en Mallorca y se ha acordado que se sitúe en 105 euros.

En el caso del plus en Menorca, Ibiza y Formentera de trabajadores y trabajadoras de la categoría A1, ahora situado en 127 euros, subirá hasta los 697 euros al mes.

El Ministerio de Función Pública ha explicado que “en dicha actualización de las cantidades han tenido que ver los actuales problemas de acceso a la vivienda y la necesidad de adecuarlas a la realidad socioeconómica”.

El sindicato CSIF ha difundido una tabla donde recoge las cuantías actuales y pactadas, por regiones y categorías profesionales.

Negociación para Canarias, Ceuta y Melilla

UGT y CSIF han coincidido en situar este acuerpo como un primer paso, de una negociación que continúa y que debe alcanzar a más territorios.

El pacto recoge el compromiso de negociar en “el último cuatrimestre” de este año, tras el verano, las indemnización por razón de destino de otras regiones particulares, como Canarias, Ceuta y Melilla, subrayan los sindicatos.

El acuerdo recoge el objetivo de aprobar estas cuantías se aprueben “en el primer trimestre de 2027”.

“La situación geográfica de estos territorios les otorga unas características especiales que los convierte en destinos con muchas dificultades para su cobertura. Esta circunstancia perjudica el mantenimiento de los servicios públicos por la falta de atractivo para los profesionales públicos y provoca una fuga constante de talento”, recuerdan desde CSIF.

El Gobierno del Principado ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, que contempla un total de 1.907 plazas para reforzar las plantillas de la Administración autonómica, sus organismos públicos y el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). La oferta, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), incluye plazas de nuevo ingreso y de promoción interna con el objetivo de cubrir puestos estructurales ocupados hasta ahora de forma temporal.

La mayor parte de las plazas corresponde al ámbito sanitario. El Sespa concentra 657 puestos, seguido del personal laboral de la Administración, con 438 plazas; la Administración General del Principado, con 415; y los cuerpos docentes, con 310. A ellas se suman 87 plazas destinadas a procesos de promoción interna vinculados a la funcionarización del personal laboral fijo prevista en la Ley de Empleo Público. En total, la tasa de reposición asciende a 1.636 plazas, a las que se añaden otras derivadas de procesos específicos.

Dentro de la Administración autonómica destacan las 165 plazas para el cuerpo administrativo, 100 para la Agrupación Profesional de Servicios Generales y Apoyo Logístico, 62 para cuerpos del subgrupo A2, 43 del subgrupo A1, 42 para agentes medioambientales y 40 para este mismo cuerpo por promoción interna. También se convocarán plazas para trabajo social, ingeniería, informática, emergencias, inspección sanitaria, archivos, bibliotecas y museos, entre otras especialidades.

En el ámbito del personal laboral sobresalen las 184 plazas de técnico de Educación Infantil, 101 de auxiliar de Enfermería, 50 de operario de servicios, 28 de auxiliar educador, 24 de conductor, además de vacantes para capataces, oficiales de oficio, mantenimiento, cocina o patrimonio cultural. La oferta también incorpora siete plazas para la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA).

La oferta educativa incorpora 310 plazas docentes, de las que 183 corresponden al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, 111 al cuerpo de Maestros y 16 a profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional, además de plazas para promoción interna.

En Sanidad, la convocatoria incluye un amplio abanico de categorías profesionales. Entre las más numerosas figuran 120 plazas para Enfermería, 91 para técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería (TCAE), 74 para el grupo auxiliar administrativo, 55 para celadores, 44 para Enfermería Familiar y Comunitaria, 35 de Medicina de Familia, 11 para ayudantes de servicios y numerosas plazas de facultativos especialistas en distintas áreas médicas.

El acuerdo reserva, además, un 7% de las plazas para personas con discapacidad, incluyendo un cupo específico para personas con discapacidad intelectual, y establece que los procesos selectivos deberán ejecutarse en un plazo máximo de tres años desde la publicación de la oferta. La mayor parte de las convocatorias de turno libre se desarrollarán mediante oposición, aunque determinadas categorías, como las vinculadas al Servicio de Emergencias del Principado, se cubrirán mediante concurso-oposición.

La parálisis de las oposiciones a operador comercial de Renfe, por las denuncias de la difusión previa de parte del examen psicotécnico, ha sumido en la incertidumbre a cientos de personas de las 5.000 que han participado en el proceso. Las 600 personas que han resultado adjudicatarias provisionales de la plaza ahora temen que este empleo fijo esté en peligro. “Estoy en el paro, que se me acaba en dos meses, y me he dedicado a tope para sacarlo”, lamenta Carlos (nombre ficticio). Por otro lado, algunos aspirantes piden más transparencia en el proceso selectivo y explicaciones ante lo sucedido.

“Nos han paralizado la vida a 700 personas, sin pruebas de nada, fuera de plazo, y causando unos daños económicos y psicológicos incalculables”, dice Patricia –que habla con nombre ficticio, como el resto de testimonios que figuran en este artículo–. Es otra de las opositoras que ha logrado la plaza de manera provisional y suma entre los “afectados” a las 600 personas con la plaza provisional y a “entre unas 70 y 100 personas”, que están o en bolsa o en la lista con opciones de tener plaza si hay algún aspirante renuncia.

Roberto, ahora con un contrato temporal que le finaliza en unos meses, afirma que está dispuesto “a llegar donde haga falta” para defender su plaza. “Lo peor que nos puede pasar a todos los aspirantes es que se anule la oposición entera. Necesitamos una solución que sea lo más justa y lo más rápida posible”, reclama.

Por su parte, Pedro está en un colectivo de “108 personas” que concurrieron a la oposición, no pasaron este examen psicotécnico ahora bajo lupa y que tienen dudas sobre la nota que han tenido, que consideraban que sería mayor.

Pedro explica que el problema es que no pueden consultar la plantilla de respuestas correctas oficial, porque Renfe no las publica en el caso de los psicotécnicos (sí en el examen de conocimiento), algo que consideran opaco y también injusto, porque les impide en la práctica impugnaar preguntas, sostiene el candidato. Por ello, reclama “transparencia” a Renfe, para que los aspirantes puedan al menos verificar sus respuestas.

Un contenido en internet “desde hace años”

La paralización del proceso selectivo responde a que varios aspirantes denunciaron “una posible coincidencia entre parte del contenido de la prueba psicotécnica verbal o de comprensión lectora, celebrada el día 6 de junio de 2026, y determinados materiales externos presuntamente difundidos con anterioridad por terceros”, explican fuentes de Renfe.

La realización de esa prueba está externalizada, en la empresa People Experts, y parte del contenido de uno de los exámenes había sido difundido previamente en exámenes de la academia Eticop, indican fuentes de CCOO. elDiario.es ha tratado de consultar a ambas compañías, pero no ha obtenido respuestas de ninguna.

La empresa pública se puso a investigar lo sucedido y el tribunal de la oposición –compuesto por Renfe y los sindicatos– decidió paralizar el proceso selectivo y remitir el caso a la Abogacía del Estado para decidir cómo proceder.

Los tres afectados contactados con la plaza provisional destacan que el contenido ahora analizado estaba colgado en internet “desde hace años”, según la información de que disponen. “Es rotundamente falso que haya sido Eticop quien ha filtrado estas preguntas, puesto que llevaban circulando desde 2009 en Internet. Así lo tenemos acreditado. El archivo de Eticop data de septiembre del año pasado, no es, por tanto, prueba alguna de que hayan realizado ninguna filtración”, sostiene Roberto.

Este afectado afirma que “no es ilegal que se reutilicen psicotécnicos, puesto que sucede en multitud de oposiciones”. En la misma línea se expresa Patricia, que sostiene que “en la Oferta de Empleo Público de 2023 cayó la misma prueba verbal que en 2021. Eso no es ilegal en ningún caso”, indica.

Por otro lado, Pedro pide que se aclare “si es legal” que una oposición utilice contenido “calcado” de un examen ya disponible en una academia, como se analiza en este caso. “Tenemos serias dudas de que lo sea, hay juristas que nos dicen que el contenido de las pruebas debe ser inédito y original”, sostiene el opositor, que reconoce que esta situación está perjudicando a muchas personas, también a los compañeros que han sacado provisionalmente la plaza, para sufrimiento “de todos”. “Esto no tiene que volver a pasar”, reclama a Renfe de cara al futuro.

“En juego” el futuro de cientos de personas

En CCOO reconocen el “sindiós” de esta situación, con muchos perjudicados, porque está en juego “el futuro de mucha gente, no es ninguna tontería”. Por un lado, hay personas que no pasaron la primera fase de la oposición que “se sienten en desventaja” respecto a quienes pudieron estar en contacto con este material previamente, mientras que quienes han obtenido la plaza de manera provisional –no todos conocedores de este contenido previamente– hacen valer sus méritos y piden que no les hagan “pagar el pato” de esta situación.

Carlos destaca que esta primera fase fue superada por “1.500 personas”, entre las que se ha asignado plaza a las 600 que tienen la nota más elevada. Si se tomara alguna medida, considera que debería acotarse a estos 1.500 aprobados. Ante quienes piden repetir esa parte del examen, Carlos considera que sería una medida “bastante injusta, sobre todo para la gente que están en los últimos puestos, pues podría pasar por delante gente que fue considera no apta en esta prueba selectiva”.

Los tres opositores contactados sostienen que se reservan la opción de acudir a los tribunales si se anula el proceso selectivo. Carlos denuncia también que algunos afectados se sienten “un poco en medio de una pelea política”, de medios que buscan criticar al Gobierno y a Renfe.

“En lugar de buscar a los culpables, en el caso de que hubiera, porque tampoco saben a ciencia cierta que los haya, espero que no paguemos todos el pato”, denuncia el opositor.

Un proveedor externo contratado este año

Ahora mismo, la resolución de estas oposiciones a puestos comerciales de Renfe está en el aire. Para saber cómo se resuelven habrá que esperar al dictamen de la Abogacía del Estado, a la que el tribunal de este proceso ha consultado esta misma semana para saber cómo proceder. 

La operadora pública argumenta que será la decisión de la Abogacía del Estado la que guíe los próximos pasos y la que permita “adoptar una resolución con todas las garantías” para las personas que se presentaron a la prueba. “Esta decisión será comunicada a todos los participantes”, añade. “Todos los procesos de selección del grupo se rigen por los principios de mérito, capacidad e igualdad que garantizan el acceso al empleo público”. “Por este motivo, la compañía adoptará las medidas necesarias para preservar la integridad del proceso y asegurar la plena igualdad de condiciones entre los aspirantes”, adelanta.

Renfe también explica que People Experts es el proveedor al que se adjudicó la ejecución de los procesos de selección, por licitación pública, y que, en este contrato, comenzó a prestar servicio este mismo año, tanto en las contrataciones para los puestos comerciales, como de maquinistas o de ingeniería y mantenimiento, que siguen adelante. También fue contratado en oposiciones anteriores.

En el caso de los puestos comerciales, en esta fase de la oposición, había un examen de conocimientos y dos exámenes psicotécnicos. Fuentes de Renfe explican que, en el caso de estos últimos, la empresa contratada fue responsable de la elaboración, aplicación y corrección de las pruebas. Mientras, en la parte de la prueba teórica, de conocimientos, People Experts se ha encargado de la aplicación y corrección de las pruebas; y Renfe, de la elaboración de los contenidos.

Una parte esencial de sus planes de contratación 

A la espera de saber cómo se resuelve el proceso, estas oposiciones a operadores comerciales son una de las patas esenciales del plan de contratación de Renfe para 2026. No es un acuerdo de renovación de plantilla similar al de años anteriores, porque la operadora se comprometió a ampliar y reforzar su plantilla en cerca de 2.000 personas tras los paros convocados por los representantes sindicales después de los trágicos accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) en los que fallecieron 47 personas, incluidos tres maquinistas.

Este acuerdo con los representantes de la plantilla se calificó como histórico y buscó garantizar el relevo generacional y cubrir necesidades operativas y logísticas del operador. En concreto, explicó que esas 2.000 plazas correspondían a la tasa de reposición ordinaria, a una adicional y al citado acuerdo que permitió desconvocar los paros de principios de febrero. 

Ahora, tras la paralización de las oposiciones para la contratación de 600 operadores comerciales, uno de sus pilares para la ampliación de la plantilla queda suspendido en el tiempo. Además de estos puestos de trabajo, la operadora ha puesto en marcha la contratación de 500 maquinistas, 360 plazas para sus talleres de mantenimiento y reparaciones; además de contemplar el refuerzo de Logiral, la filial de servicios logísticos en tierra, con más de 200 personas.

Finalizado el plazo de dos meses que la Comisión Europea le dio a España para responder sobre cómo está atajando el actual abuso del empleo temporal en el sector público, este 29 de junio, el Gobierno no ha llegado a responder con las medidas a Bruselas y le ha pedido más tiempo para ello. En concreto, hasta el 27 de marzo de 2027. La Comisión dio este margen a España dentro de los expedientes de infracción iniciados hace años contra España y previo paso a una demanda contra el país frente al TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

El Ministerio de Función Pública confirma que ha pedido nueve meses más de plazo a la Comisión Europea, como ha adelantado El País, para poder impulsar “las reformas necesarias para eliminar el abuso en la contratación de temporales”.

La Comisión lleva años urgiendo a España a que solucione este problema laboral, que ha derivado en una gran cantidad de demandas de interinos en los tribunales, tanto en España como en Europa. Además, Bruselas retiene el desembolso de 626 millones de euros de los Fondos de Recuperación por incumplir con una correcta sanción del abuso de la temporalidad.

El pasado 29 de abril, Bruselas emitió dos dictámenes motivados –segunda fase del procedimiento de infracción comunitario– contra España, con el mencionado plazo de de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión advertía de que podría remitir el caso al Tribunal de Justicia de la UE, tercer y último paso del procedimiento de infracción.

Reunión con las CCAA para debatir una nueva reforma

El departamento de Óscar López citará a las Comunidades Autónomas y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) el próximo 8 de julio a una reunión en Santander con el objetivo de “debatir posibles medidas y propuestas para reducir la temporalidad en el sector público”. El Gobierno de coalición ya aprobó una reforma para reducir la temporalidad en el empleo público, gracias a masivos procesos de estabilización, pero se han considerado insuficiente por parte de la justicia europea.

Esta reunión con las comunidades y ayuntamientos dará “los primeros pasos” del grupo de trabajo que creó el Ministerio el pasado mayo, precisamente para abordar estas medidas contra la temporalidad para dar respuesta al plazo de dos meses lanzado por la Comisión Europea.

El Ministerio de Función Pública ha argumentado a Bruselas que la última sentencia del Tribunal Supremo en esta materia, del 12 de mayo, que declaró fija a una interina que había pasado un proceso de oposición sin conseguir plaza (y que luego estuvo años como temporal en una vacante) y que abrió nuevas vías de sanción a la Administración Pública, “ha introducido elementos nuevos” que hay que analizar.

“Además de conocer exactamente cuántos trabajadores temporales están en situación de abuso en todas las administraciones públicas”, añade el departamento de Óscar López, que también se ha puesto en contacto con las organizaciones sindicales para “consensuar entre todos los agentes implicados nuevas medidas para recortar las tasas de temporalidad”.

“El encuentro de Santander aspira a avanzar en la tarea conjunta de analizar esos posibles cambios normativos y conocer qué medidas han implantado las Comunidades Autónomas para frenar la temporalidad”, indica el Ministerio de Función Pública en una nota. El Gobierno subraya que “son precisamente estas administraciones las que concentran el problema de la alta temporalidad, con una tasa del 40% frente al 4,7% en la Administración General del Estado”.

Comisiones Obreras ha denunciado el desprendimiento de parte del techo de las dependencias de la Unidad de Trabajo Social (UTS) del Ayuntamiento de Santander ubicada en Cazoña tras ceder fragmentos de bovedillas de hormigón del forjado y traspasar el falso techo de escayola para terminar sobre los puestos de trabajo.

Un suceso que ha tenido lugar el pasado miércoles 24 y ante el que “solo la suerte ha decidido que no haya que lamentar daños personales”, ha advertido en un comunicado el delegado de CCOO en el Ayuntamiento de Santander, Raúl Rivera, que ha explicado que “el escombro cayó sobre una de las mesas de trabajo de una empleada municipal que, afortunadamente, en ese momento se encontraba en el archivo”.

Representantes del sindicato en el Consistorio se han reunido con funcionarias del servicio para analizar el episodio, “que es muy grave porque afecta a la seguridad de la propia plantilla”, y han denunciado “la situación de abandono, desidia generalizada e improvisación en la conservación y mantenimiento de numerosos centros de trabajo y oficinas municipales”.

Rivera ha afirmado que, “desde hace años”, estas instalaciones “no reúnen las condiciones mínimas dignas” para atender a los usuarios del barrio de Cazoña.

Situadas en el bajo de un edificio en obras, “cuentan con la presencia de cascotes sin las protecciones adecuadas, una bajante de aguas rota que vierte directamente o suciedad permanente en el entorno que obliga a la plantilla a limpiar lo que encuentra en la puerta de acceso, además de sufrir defectos en techos o ventanas y problemas graves de humedad, sin calefacción y con mobiliario roto, dándose incluso la presencia de ratas en el interior en alguna ocasión”, ha detallado el representantes de CCOO.

De hecho, los sindicatos vienen denunciando “su deplorable estado y la insostenibilidad de continuar trabajando allí”, cuando, además, existe una nueva dependencia a la que trasladar este servicio, disponible desde hace cinco años y próxima al lugar, pero “que no termina de hacerse efectiva a pesar de las reiteradas denuncias”, por lo que han vuelto a exigir de el traslado se lleve a cabo “ya”.

Trato digno para plantilla y ciudadanía

De este modo, la representación sindical de CCOO ha exigido al Ayuntamiento de Santander “que se tome en serio la seguridad de la plantilla municipal”, que revise y haga mantenimiento adecuado de las oficinas y centros de trabajo, convoque el comité de seguridad y salud mensualmente, como establece el reglamento -en 2025 solo se celebraron dos reuniones- para estudiar y dar solución a estos problemas, y “trate con dignidad a plantilla y ciudadanía”.

En este sentido, el sindicato ha advertido que “cuando una administración recorta recursos, no actualiza los sistemas de gestión o mantiene durante años infraestructuras y herramientas obsoletas, está trasladando la presión del sistema a los trabajadores y trabajadoras que sostienen los servicios públicos que, en cambio, necesitan inversión, planificación y medios suficientes porque no se puede dejar la seguridad a merced de la improvisación”.

Esta situación, la de trabajar “en lugares que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad e higiene en el trabajo”, se suma “al pisoteo constante de sus derechos que sufren los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento por parte de los responsables de Recursos Humanos que, por ejemplo, deniegan injustamente permisos retribuidos, negando incluso el cobro del salario íntegro al que se tiene derecho, y abocan a la plantilla a una indefensión tan absoluta que, muchas veces, no les queda otra salida que recurrir a los tribunales”, ha concluido Rivera.

EH Bildu ha logrado, casi al cierre del curso político en el Parlamento Vasco, el hito político de meter cuña en el Gobierno de coalición de PNV y PSE-EE liderado por Imanol Pradales. Con su abstención, la principal fuerza de la oposición ha facilitado que salga adelante una reforma de la ley autonómica de empleo público para blindar las exigencias de euskera en las convocatorias ante las sucesivas sentencias judiciales. Se trata de una iniciativa planteada en solitario por el PNV, con los socialistas claramente en frente. Es algo que no había pasado ni en esta legislatura ni en la década en que lleva operando el bipartito.

Aunque durante meses EH Bildu consideró esta propuesta como insuficiente, como un mero “parche” alejado de la reforma integral que ellos presentaron, finalmente ha alcanzado un acuerdo con los nacionalistas para permitir que prospere al menos un gesto para intentar hacer frente a la “ofensiva judicial”, como define el contexto actual la denominada 'euskalgintza'. “No era una opción” que el debate se cerrará con todas las propuestas decaídas, ha admitido Pello Otxandiano, líder de EH Bildu y que significativamente ha ejercido como portavoz en el debate por delante del habitual en esta materia, Josu Aztiria.

Otxandiano no ha ocultado su felicidad por el resultado del debate. De hecho, lo ha considerado un “salto” como los que ya se han producido “en Iparralde y en Nafarroa”, en referencia a los acuerdos entre nacionalistas en esos ámbitos. Ha considerado que el Parlamento Vasco ha superado “la política de bloques” y que ha “aumentado la calidad democrática”. Frente a los “tiempos oscuros”, ha dicho Otxandiano parafraseando al propio Pradales, “grandes acuerdos de país”. Además, ha añadido que tienen acordado con el PNV que si esta ley no funciona se revisará y se buscará una nueva fórmula en línea con la iniciativa orginal que ellos presentaron y que buscaba imitar el modelo enteramente bilingüe de Catalunya o Galicia, aunque esto el PNV no lo interpreta así. De hecho, Otxandiano ha añadido, mirando a los socialistas, que su partido allí “lo tiene bastante claro” y no se opone a incrementar las exigencias de las respectivas lenguas cooficiales.

EH Bildu llevaba tiempo buscando abrir esa brecha entre PNV y PSE-EE. En sus discursos, los dirigentes de la formación soberanista habían apelado a activar la amplia mayoría abertzale que tiene la Cámara autonómica. En 2022 y 2023 y también con el euskera sobre el tapete, el PNV coqueteó con intentar una reforma educativa con la coalición abertzale, pero el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu, accedió a mantener los modelos A, B y D, es decir, a que se pueda seguir optando por cursar los estudios también mayoritariamente en castellano, como reclamaron los socialistas. Y todo a pesar de que la misma ley pone un objetivo común a todos los estudiantes: que a los 16 años alcancen el nivel B2 del marco común europeo en ambos idiomas oficiales.

Desde el PSE-EE, Pau Blasi ha deslizado en su intervención durante la sesión referencias a la “deslealtad” del PNV y a su “lealtad” al pacto de Gobierno. Los insultos, pintadas y pancartas han venido de otro lado“, ha añadido. Ha pedido a ”otros“, en velada referencia también a sus socios, que expliquen ”por qué se han movido de los consensos y de las lealtades“ con ”saltos al vacío y propuestas de máximos contrarios a la visión pluralista del país“.

Ha añadido que han sido meses de “burradas” -ha dicho que no iban a tolerar que los comparen con la ultraderecha por no opinar lo mismo sobre el euskera-, que la “mayoría” de “expertos” están en contra del cambio normativo y que hay que operar “con una visión pluralista del país”. En una intervención bilingüe, ha retado sin citar nombres a ver si el PNV sería capaz de garantizar que todos sus consejeros fueran bilingües. Ahora los hay que no dominan el euskera.

Markel Olano, del PNV y que ha avisado de inicio que él no iba a emplear el castellano en sus intervenciones como gesto, a pesar de la recomendación de sus asesores, ha asegurado que es “mentira” que la reforma vaya a incrementar las exigencias de euskera en la Administración. Se trata de dar seguridad jurídica, ha insistido. Ha apuntado que el PNV busca “un espacio de centralidad”. Olano, además, ha destacado la amplia mayoría que respaldará la reforma, de más de dos tercios del total de representantes.

Pero la reforma, en puridad, solamente ha contado con el 'sí' de sus proponentes, del PNV. 27 de 75. Eso sí, la abstención de EH Bildu ha hecho que el 'no' de PSE-EE, PP, Sumar y Vox, 21 de 75, haya resultado insuficiente en la votación final. Y, además, el texto aprobado ni siquiera es la propuesta original del PNV, ya que los nacionalistas presentaron tres enmiendas al único artículo del que consistía la ley. Ahora se introducirá en la ley que las administraciones “deberán determinar con el máximo rigor” el perfil de las plazas y la fecha de preceptividad, que es el momento en el que hay que cumplir ese requisito. Es más, se plantea que quienes no dominen la lengua vasca tengan en ese tiempo “diferido” apoyo institucional para lograr la capacitación.

Se eliminan los índices generales que hasta ahora se habían usado de referencia para determinar el porcentaje de puestos con exigencia de euskera y, por decreto, se regulará que pueda hacerlo cada institución. De hecho, la segunda enmienda hace mención expresa a que el Gobierno dictará un nuevo decreto sobre la materia para “actualizar” el aprobado en 2024, justo al final del mandato de Urkullu. La tercera enmienda habilita a que el Ejecutivo pueda regular ese “diferimiento” de las fechas de preceptividad y las “excepciones”.

Según el PSE-EE, este nuevo marco generará más “discrecionalidad” y menos seguridad jurídica y ha remarcado que afecta a 120.000 empleados públicos. “La reforma es mala y la tramitación aún peor”, ha añadido el socialista Blasi. Sumar ha lamentado que la nueva ley llegue “sin consenso” y siendo “apenas un apaño”. “Dejan fuera del euskera a muchos y muchos trabajadores”, ha manifestado Jon Hernández, único representante de la coalición y procedente de IU.

Desde la bancada del PP, Santiago López Céspedes ha definido la nueva legislación como un “atropello”. “No se vota si quieremos más euskera o menos euskera. Ésa es la trampa de siempre. Esto no va de proteger al euskera. Va de protegerse a ustedes, señores del PNV, de sus propios excesos”, ha señalado. Y ha agregado: “No le van a ganar a Bildu jugando a ser Bildu. De hecho, van ustedes perdiendo”. Vox ha despachado el debate como un “pacto entre separatistas”, el “Lizarra lingüístico”.

Eso sí, el propio acuerdo de PNV y EH Bildu asume que todo está condicionado por los tribunales. Por un lado, el Tribunal Constitucional tiene que resolver una cuestión elevada por el Superior vasco sobre la normativa anterior, la de 2022 desarrollada por decreto en 2024. Por otro lado, el PP ya ha avisado de que utilizará “todas las herramientas legales” a su alcance para lograr que se revise. En el pasado, Vox también ha presentado recursos.

Quienes decidimos opositar lo hacemos, a menudo, no movidos por una gran llamada profesional, sino buscando una salida a la precariedad. Elegimos la seguridad por encima de la vocación; la garantía de poder pagar el alquiler prima sobre la romantización del trabajo soñado. Es un camino que tomamos por voluntad propia para intentar conquistar algo que hoy parece un lujo inalcanzable: la estabilidad. Pero la realidad es que, a algunas, el proceso nos quita mucho más de lo previsto. Sabemos que habrá sacrificios, pero jamás imaginamos que el precio va a ser tan alto. Creemos que solo estamos poniendo nuestra vida en pausa por un tiempo, pero nadie nos prepara para el peaje emocional que conllevan el miedo, la incertidumbre y el aislamiento absoluto.

No es una regla inquebrantable, y por supuesto hay quien logra transitar este camino manteniendo cierto equilibrio, pero para una gran parte de nosotras este proceso implica renunciar al ocio, a los fines de semana y a la presencia. En medio de ese encierro necesario, nuestras relaciones de pareja se resienten o, directamente, se rompen. Para algunas, nuestro mundo se encoge tanto que hasta nuestro pasado cambia de lugar. Durante esos años, vivimos con la mirada tan fija en el temario que apenas nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Y es justo al acabar, cuando la inercia se detiene y la adrenalina desaparece, cuando nos asaltan de golpe todos esos duelos pendientes que no pudimos atender. La vida de los demás, como es lógico y sano, ha seguido su curso, pero para algunas de nosotras el regreso a la “vida real” suele ser un aterrizaje en un lugar que ya no existe.

Muchas personas se desvanecen por el camino, y ahí reside una de las realidades más duras y silenciosas para quienes caemos en este aislamiento. Cuando por fin conseguimos la ansiada plaza y cruzamos la meta, miramos a nuestro alrededor y nos golpea la certeza de que ya no podemos celebrarlo con algunas personas que nos apoyaron al principio. El tiempo y la ausencia han hecho su trabajo, y algunos de los que estaban en la casilla de salida, dándonos aliento, ya no forman parte de nuestra vida. Es entonces cuando nos enfrentamos a una paradoja que nos bloquea: nos aterra el tiempo libre. No sabemos gestionarlo. Tras años de nerviosismo y encierro, el simple hecho de tener que buscar planes para llenar ese vacío agota profundamente. Nos produce un vértigo inmenso porque, al levantar por fin la vista de los apuntes, nos damos cuenta de que nos toca empezar de cero; tenemos que salir ahí fuera y volver a aprender a conocer gente para reconstruir una vida que el proceso dejó vacía.

Asumimos la responsabilidad de nuestras renuncias, pero este encierro, aunque adopte la forma de una decisión individual, es en realidad el síntoma de una fractura mucho más profunda y colectiva. Creemos vivir en la era de la hiperconexión, pero cuando las exigencias productivas cesan, una realidad cruda y silenciosa se abre paso: la soledad no deseada se ha consolidado como la gran epidemia contemporánea.

El capitalismo salvaje neoliberal no solo ha mercantilizado nuestros bienes, sino que ha colonizado nuestro tiempo, nuestros afectos y nuestras comunidades. Y aquí es donde nuestras historias personales se cruzan con lo estructural

Para entender la magnitud de este vacío, hay que mirar de frente las cifras y dejar de tratar la soledad como un tabú o un simple déficit de habilidades sociales. Los datos del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada en España arrojan una radiografía alarmante. Hoy, una de cada cinco personas en nuestro país (un 20% de la población) sufre soledad no deseada. Y no, no es una dolencia exclusiva de la tercera edad, como dicta el imaginario colectivo. Cerca del 35% de los jóvenes de entre 18 y 24 años afirma sentirse solo.

¿Qué nos está pasando? La respuesta reside en las estructuras materiales que rigen nuestro día a día. El capitalismo salvaje neoliberal no solo ha mercantilizado nuestros bienes, sino que ha colonizado nuestro tiempo, nuestros afectos y nuestras comunidades. Y aquí es donde nuestras historias personales se cruzan con lo estructural. Aislarnos durante años compitiendo por una plaza no deja de ser una estrategia de supervivencia frente a un sistema laboral hostil que no ofrece ninguna red de seguridad digna fuera del funcionariado.

En primer lugar, sufrimos la expropiación del tiempo. El modelo actual exige una hiperproductividad constante que resulta incompatible con los cuidados y la creación de vínculos. Las jornadas extenuantes, el pluriempleo, o el aislamiento extremo que requiere alcanzar la ansiada estabilidad profesional, no dejan margen para la vida. Construir redes de apoyo requiere tiempo libre de calidad, un recurso que el sistema nos roba sistemáticamente. Estamos demasiado cansados —o demasiado asustados por el futuro— para cuidarnos mutuamente.

En segundo lugar, la precariedad económica opera como un muro que aísla. Según los estudios, tener dificultades para llegar a fin de mes eleva la probabilidad de sentir soledad en casi un 40%. No poder permitirse participar en la vida social empuja al ostracismo. El sistema penaliza la falta de recursos, y el miedo a no tenerlos, con el aislamiento más cruel.

Necesitamos políticas públicas que pongan la vida en el centro: reducción de la jornada laboral, acceso garantizado a la vivienda y unas condiciones materiales que no nos obliguen a vivir para trabajar, ni a encerrarnos durante años asumiendo un coste personal devastador solo para lograr el derecho a respirar tranquilos

A esto se suma el desmantelamiento físico de la comunidad. Se nos vende el mito del individuo “hecho a sí mismo” (el que aprueba solo, el que triunfa solo, el que compite contra el resto) como el mayor de los éxitos y lo he podido sentir con la oposición. En realidad, ese discurso nos despoja de la interdependencia natural que nos define como seres humanos. El sistema nos genera un malestar profundo a través de la autoexigencia y luego nos ofrece soluciones puramente individuales, ignorando que el origen de nuestra angustia es estrictamente colectivo.

Combatir la soledad no deseada exige mucho más que pedirnos “voluntad” para salir de casa cuando nos toca empezar desde cero y ya no tenemos ni siquiera un refugio familiar cercano al que volver. Requiere una enmienda a la totalidad de cómo organizamos nuestra sociedad. Necesitamos políticas públicas que pongan la vida en el centro: reducción de la jornada laboral, acceso garantizado a la vivienda y unas condiciones materiales que no nos obliguen a vivir para trabajar, ni a encerrarnos durante años asumiendo un coste personal devastador solo para lograr el derecho a respirar tranquilos.

Tenemos la plaza y no nos arrepentimos de haber peleado por ella. Somos conscientes de que ahora nos toca la tarea, nada fácil, de reconstruir nuestro entorno. El silencio en algunas de nuestras casas es ensordecedor, pero sabemos que no somos las únicas que lo escuchamos. Romper la soledad hoy es, ante todo, un acto de resistencia política. Por eso, frente al individualismo voraz que nos rodea, la respuesta no pasa únicamente por forzar planes de fin de semana, sino por recuperar los espacios compartidos y volver al activismo como forma de vida. En mi caso, retomar la militancia, encontrarme de nuevo en los movimientos sociales y tejer redes de apoyo mutuo es, ahora mismo, el faro que ilumina mi camino de vuelta. Reconstruir los lazos, apostar por lo colectivo, reclamar el derecho al tiempo vivo y politizar nuestros afectos es la única manera de derribar los muros de un sistema que nos quiere aislados, estresados y compitiendo, pero nunca acompañados.

La Diputación de Sevilla ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente al ejercicio 2026, que contempla un total de 109 plazas destinadas a distintas áreas funcionales y categorías profesionales de la Corporación, con el objetivo de atender las necesidades de dotación de personal derivadas de la organización administrativa y de reforzar la calidad en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, del total de plazas ofertadas, 82 corresponden al turno libre y 27 al turno de promoción interna, en el marco de la reducción de la temporalidad y carrera profesional del personal al servicio de la Administración.

Asimismo, la oferta incorpora la reserva legal de plazas para personas con discapacidad, con un total de diez plazas, de las cuales ocho corresponden al turno libre y dos al turno de promoción interna, en cumplimiento de los principios de igualdad de oportunidades, inclusión y accesibilidad en el acceso al empleo público.

Las recientes convocatorias de ofertas de empleo público abren un abanico de oportunidades para quienes quieren trabajar en la administración riojana. Sin embargo, también se acumulan las dudas y la incertidumbre ante estos procesos que a veces pueden resultar complejos y desmotivadores. Son muchos los aspirantes que no saben a qué plazas pueden acceder, qué requisitos tienen que cumplir o que temario tienen que estudiar. Por ello, STAR cuenta con un Servicio de Orientación para el Empleo Público como espacio integral, que incluye orientación personalizada, el acompañamiento durante todo el proceso y la formación especializada.

El sindicato señala que sigue siendo un buen momento para acceder al empleo público, con varias OPE con muchas plazas en marcha, pues la edad media del funcionariado sigue siendo alta y hay relevo. Sin embargo, hay muchas personas que se acercan a consultar al sindicato y no saben que podían trabajar en la administración pública o qué estudios o requisitos necesitan. “Queremos dar las herramientas a las personas que quieren acceder a la Administración, que implica enfrentarse a un sistema muy complejo, hay que saber los procesos, las modalidades, cómo es la oposición, si es una oposición libre, si es un concurso oposición, las bolsas de empleo”, señala Lourdes Montes, secretaria de Servicios a la Afiliación. 

Un itinerario en dos fases: del perfil al examen

En este escenario, STAR ha puesto en marcha el Servicio de Orientación para el Empleo Público “para poder encaminar a la gente que quiere ser funcionario o trabajar en la Administración Pública para que tengan las posibilidades de éxito en ese acceso”, según presenta Montes. El servicio comienza con una orientación personalizada, que incluye una orientación según su perfil académico, experiencia y preferencias, optimizando así sus posibilidades de éxito. De esta forma, STAR guía a cada aspirante al proceso selectivo más oportuno con un acompañamiento constante, desde la convocatoria hasta el estudio. 

“Los procesos pueden ser desmotivadores a la hora de los plazos, cuando ven las listas de admitidos y excluidos y a veces hay mil aspirantes para diez plazas”, apunta la responsable de STAR, que señala que se ofrece herramientas de gestión, estudio y estrategias de afrontamiento a través de profesionales especializados “. Pero sí que es verdad que el proceso es complejo y a veces la desmotivación de ver que no salen los plazos, que han pasado dos meses y aún no es el examen”

Apoyo continuo

El apoyo que se brinda a los opositores no es genérico, sino que se divide en un itinerario de dos fases bien diferenciadas. La formación ofrecida por STAR está acreditada y cuenta con docentes altamente especializados en cada materia y en cada ámbito para, como resalta Lourdes Montes, “que la preparación sea lo más rigurosa, actualizada y ajustada a esas a esas plazas a las que van a presentarse”. Los planes de formación de STAR cuentan con una parte general referida a la legislación común y una parte especifica según cada plazas. 

“Impulsamos que los opositores conozcan bien lo que es una oposición y así poder preparar bien el temario y el método y seguimiento a las exigencias reales de cada convocatoria”, destaca Montes. También en STAR hacen un simulacro de examen para que los opositores se enfrenten a lo que es un llamamiento a la hora de entrar a preparar la oposición y hacer como un tipo de examen controlándoles el tiempo y valorando la velocidad. “Intentamos hacerles ese acompañamiento hasta el final lo más parecido a lo que puede ser la oposición”, explica.

El Servicio de Orientación de STAR también sirve para los funcionarios de carrera, para quienes es fundamental actualizar de forma constante sus conocimientos en la administración. Para ellos, ofrenden cursos online y charlas orientativas. En definitiva, el Servicio de Orientación para el Empleo Público de STAR se consolida como una herramienta fundamental para los opositores de La Rioja. Al transformar un laberinto normativo en un itinerario accesible, riguroso y con un fuerte respaldo humano y formativo, el sindicato no solo prepara opositores para aprobar un examen; les dota de las herramientas necesarias para construir con seguridad su futuro profesional en la Administración riojana.