Más del 47% de los trabajadores de la Administración autonómica en Aragón tienen contrato temporal, según muestra el último 'Boletín estadístico del personal al servicio de la comunidad autónoma'. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha denunciado que los datos oficiales “vuelven a poner de manifiesto la intolerable precariedad que el Gobierno de Aragón intenta ocultar y que va a terminar con sanciones millonarias de la Comisión Europea”.

Con los datos del último Boletín, la plantilla de la Administración autonómica está compuesta por 61.913 trabajadores, de los que 29.233 son temporales (47,2%) y 32.680, fijos (52,8%). En el momento de las últimas elecciones autonómicas y el inicio de la presidencia de Azcón, en junio de 2023, estos mismos datos eran 59.800 trabajadores y 30.500 temporales, el 51%, por lo que el índice de temporalidad se ha reducido en solo 3,7 puntos porcentuales. Todo ello pese a que la Ley 20/21, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, fijaba la obligación de que esta tasa debía estar por debajo del 8% a fecha 31 de diciembre de 2024.

STEPA subraya que además el boletín no especifica cuántos de estos temporales llevan más de tres años en sus puestos y por tanto están en fraude de ley y deben ser indemnizados, como han sentenciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo. El sindicato estima que “en estos momentos son más de 20.000 los trabajadores abusados, un tercio de la plantilla total”. Y añade: “Esta cifra no deja de crecer, ya que inicialmente calculábamos que eran 17.000”.

“Este boletín estadístico nos muestra una Administración pública al borde del colapso por años de falta de planificación y unas ofertas de empleo que no han servido para acabar con la temporalidad estructural. El Ejecutivo de Jorge Azcón ha incumplido las leyes, ha mentido reiteradamente y ahora mismo no quiere escuchar nuestras propuestas para buscar una salida que evite sanciones e indemnizaciones”, resume STEPA.

“El compromiso de los trabajadores”

El sindicato ha subrayado que la misma fecha de publicación de este último boletín “ya muestra la caótica gestión y falta de transparencia en Función Pública”. El informe se publica semestralmente, con datos a 30 de junio y 31 de diciembre; pero se ha presentado el de diciembre de 2025 en la fecha en que debería hacerse público ya el siguiente, “fuera del periodo de sesiones de Cortes y en plenas vacaciones, en lo que parece un retraso deliberado para esconder sus falsedades e incumplimientos legales”.

STEPA ha incidido en que los datos oficiales muestran que los máximos responsables de Función Pública han dado datos falsos sobre la temporalidad, incluso ante las Cortes de Aragón. El panorama real es el de una temporalidad que no se permite en ninguna empresa privada. Por sectores es del 46,2% en Administración General, del 46,9% en Educación y del 48,7% en Sanidad.

Respecto al anterior Boletín, de junio de 2025, la temporalidad se ha reducido en un ligero 0,5%. Sin embargo, en ese momento en la plantilla había 184 empleados más, lo que muestra que parte de este resultado se ha conseguido con ceses de personal temporal cuyos puestos no se están cubriendo. “Función Pública solo busca maquillar los datos de temporalidad con ceses ilegales, aun a costa de cargarse y deteriorar gravemente servicios públicos, como muestran las constantes polémicas de plazas sin cubrir y servicios atascados”, afirma STEPA.

Los datos del Boletín oficial muestran que el Gobierno de Azcón también ha sido incapaz de conseguir los objetivos que pregona, de mejorar la organización y provisión de plazas, y así el porcentaje de empleados con destino fijo está en el 44,5%. Tampoco se está consiguiendo rejuvenecer la plantilla, y la media de edad está en 46,3 años.

Como resumen, STEPA señala que “es imposible que la Administración aragonesa pueda funcionar bien. Si mínimamente se sostiene es porque es una maquinaria pesada y los funcionarios están comprometidos; si no, tendría que reventar”.

Propuestas de STEPA

El sindicato ha destacado que los datos de este boletín se publican en un momento decisivo. Por una parte, la Comisión Europea está avanzando con celeridad en el procedimiento de infracción contra el Gobierno de España por incumplir la normativa europea sobre temporalidad. Igualmente, las últimas sentencias judiciales obligan también a indemnizar a los trabajadores que han sufrido abuso y si no se opta por la fijeza como compensación, se sumarán pagos millonarios, que ya están impidiendo avanzar en la preparación de los próximos presupuestos.

Como solución a nivel nacional, STEPA, junto con otras 56 organizaciones de toda España, presentó en el Congreso de los Diputados, en junio, una “lista de exigencias mínimas para una ley de punto final que transponga de forma íntegra las normas y sentencias europeas y que concrete medidas de reparación y para evitar que se repitan los abusos”.

Con el mismo objetivo presentó a la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Aragón una propuesta para llevar a la reunión de la Comisión de Coordinación del Empleo Público celebrada el pasado 8 de julio. El sindicato defiende un real decreto ley que revise el grado de aplicación de los concursos de méritos de estabilización, “que han supuesto que mientras unos pocos pasen a funcionarios de carrera, otros en la misma situación hayan sido despedidos a coste cero, al no haberse incluido sus plazas en los procesos”.

STEPA ha explicado que esta medida “no traspone la directiva comunitaria pero supone eliminar uno de los agravamientos que se señalan en el documento de líneas rojas registrado en el Congreso”. Al no tener respuesta, ha solicitado en la Mesa Sectorial información sobre las conclusiones de la reunión y que conste en acta la propuesta trasladada por nuestra organización para abordar la situación del personal en abuso de temporalidad.

“Si finalmente los incumplimientos acaban teniendo consecuencias económicas, será la ciudadanía, en última instancia, quien soporte el coste. Es legítimo preguntarse quién asumirá la responsabilidad por años de incumplimiento de la ley y mala gestión”, ha concluido el sindicato.

El Ministerio de Función Pública ha acordado con los sindicatos UGT y CSIF el aumento de la indemnización por residencia del personal de la Administración del Estado destinado en las Illes Balears, que alcanzará desde los 105 euros a 697 euros al mes, según el caso, recoge el acuerdo alcanzado este lunes al que ha accedido elDiario.es.

El alza, que no ha suscrito CCOO, tendrá efectos desde el 1 de julio, aunque aún tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros. La subida afecta a “aproximadamente 11.200 empleados públicos” de la Administración central destinados en Balears, cifran en UGT.

El Ministerio de Óscar López ha celebrado el acuerdo, por el que se elevan “las indemnizaciones por residencia un 100% en Mallorca y más de un 300% en el resto de las islas de Baleares”, han subrayado desde su departamento.

El aumento de esta indemnización por residencia busca facilitar la ocupación de los puestos públicos estatales en Balears y compensar a los empleados destinados en la región, una de las que afronta un mayor tensionamiento de los precios de la vivienda.

“La Administración se compromete, previa negociación colectiva en el plazo de seis meses, a tramitar las modificaciones normativas necesarias para hacer efectiva esta actualización, incluyendo los incrementos retributivos vinculados a la antigüedad que formen parte del mismo”, destacan en CSIF.

CCOO ha valorado el incremento de la cuantía para Balears, pero ha considerado el paso como “insuficiente”, por lo que se abstuvo en la votación.

Entre 56 y 570 euros más al mes respecto a ahora

El incremento supone “entre 56 y 100 euros” más al mes para el personal destinado en Mallorca, según su grupo o categoría profesional, y “entre 195 y 570 euros” más al mes para quienes prestan servicio en Menorca, Ibiza y Formentera, destaca UGT.

Así, en la actualidad la menor indemnización (del agrupaciones profesionales grupo E) se sitúa en casi 59 euros en Mallorca y se ha acordado que se sitúe en 105 euros.

En el caso del plus en Menorca, Ibiza y Formentera de trabajadores y trabajadoras de la categoría A1, ahora situado en 127 euros, subirá hasta los 697 euros al mes.

El Ministerio de Función Pública ha explicado que “en dicha actualización de las cantidades han tenido que ver los actuales problemas de acceso a la vivienda y la necesidad de adecuarlas a la realidad socioeconómica”.

El sindicato CSIF ha difundido una tabla donde recoge las cuantías actuales y pactadas, por regiones y categorías profesionales.

Negociación para Canarias, Ceuta y Melilla

UGT y CSIF han coincidido en situar este acuerpo como un primer paso, de una negociación que continúa y que debe alcanzar a más territorios.

El pacto recoge el compromiso de negociar en “el último cuatrimestre” de este año, tras el verano, las indemnización por razón de destino de otras regiones particulares, como Canarias, Ceuta y Melilla, subrayan los sindicatos.

El acuerdo recoge el objetivo de aprobar estas cuantías se aprueben “en el primer trimestre de 2027”.

“La situación geográfica de estos territorios les otorga unas características especiales que los convierte en destinos con muchas dificultades para su cobertura. Esta circunstancia perjudica el mantenimiento de los servicios públicos por la falta de atractivo para los profesionales públicos y provoca una fuga constante de talento”, recuerdan desde CSIF.

El Gobierno del Principado ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, que contempla un total de 1.907 plazas para reforzar las plantillas de la Administración autonómica, sus organismos públicos y el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). La oferta, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), incluye plazas de nuevo ingreso y de promoción interna con el objetivo de cubrir puestos estructurales ocupados hasta ahora de forma temporal.

La mayor parte de las plazas corresponde al ámbito sanitario. El Sespa concentra 657 puestos, seguido del personal laboral de la Administración, con 438 plazas; la Administración General del Principado, con 415; y los cuerpos docentes, con 310. A ellas se suman 87 plazas destinadas a procesos de promoción interna vinculados a la funcionarización del personal laboral fijo prevista en la Ley de Empleo Público. En total, la tasa de reposición asciende a 1.636 plazas, a las que se añaden otras derivadas de procesos específicos.

Dentro de la Administración autonómica destacan las 165 plazas para el cuerpo administrativo, 100 para la Agrupación Profesional de Servicios Generales y Apoyo Logístico, 62 para cuerpos del subgrupo A2, 43 del subgrupo A1, 42 para agentes medioambientales y 40 para este mismo cuerpo por promoción interna. También se convocarán plazas para trabajo social, ingeniería, informática, emergencias, inspección sanitaria, archivos, bibliotecas y museos, entre otras especialidades.

En el ámbito del personal laboral sobresalen las 184 plazas de técnico de Educación Infantil, 101 de auxiliar de Enfermería, 50 de operario de servicios, 28 de auxiliar educador, 24 de conductor, además de vacantes para capataces, oficiales de oficio, mantenimiento, cocina o patrimonio cultural. La oferta también incorpora siete plazas para la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA).

La oferta educativa incorpora 310 plazas docentes, de las que 183 corresponden al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, 111 al cuerpo de Maestros y 16 a profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional, además de plazas para promoción interna.

En Sanidad, la convocatoria incluye un amplio abanico de categorías profesionales. Entre las más numerosas figuran 120 plazas para Enfermería, 91 para técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería (TCAE), 74 para el grupo auxiliar administrativo, 55 para celadores, 44 para Enfermería Familiar y Comunitaria, 35 de Medicina de Familia, 11 para ayudantes de servicios y numerosas plazas de facultativos especialistas en distintas áreas médicas.

El acuerdo reserva, además, un 7% de las plazas para personas con discapacidad, incluyendo un cupo específico para personas con discapacidad intelectual, y establece que los procesos selectivos deberán ejecutarse en un plazo máximo de tres años desde la publicación de la oferta. La mayor parte de las convocatorias de turno libre se desarrollarán mediante oposición, aunque determinadas categorías, como las vinculadas al Servicio de Emergencias del Principado, se cubrirán mediante concurso-oposición.

La parálisis de las oposiciones a operador comercial de Renfe, por las denuncias de la difusión previa de parte del examen psicotécnico, ha sumido en la incertidumbre a cientos de personas de las 5.000 que han participado en el proceso. Las 600 personas que han resultado adjudicatarias provisionales de la plaza ahora temen que este empleo fijo esté en peligro. “Estoy en el paro, que se me acaba en dos meses, y me he dedicado a tope para sacarlo”, lamenta Carlos (nombre ficticio). Por otro lado, algunos aspirantes piden más transparencia en el proceso selectivo y explicaciones ante lo sucedido.

“Nos han paralizado la vida a 700 personas, sin pruebas de nada, fuera de plazo, y causando unos daños económicos y psicológicos incalculables”, dice Patricia –que habla con nombre ficticio, como el resto de testimonios que figuran en este artículo–. Es otra de las opositoras que ha logrado la plaza de manera provisional y suma entre los “afectados” a las 600 personas con la plaza provisional y a “entre unas 70 y 100 personas”, que están o en bolsa o en la lista con opciones de tener plaza si hay algún aspirante renuncia.

Roberto, ahora con un contrato temporal que le finaliza en unos meses, afirma que está dispuesto “a llegar donde haga falta” para defender su plaza. “Lo peor que nos puede pasar a todos los aspirantes es que se anule la oposición entera. Necesitamos una solución que sea lo más justa y lo más rápida posible”, reclama.

Por su parte, Pedro está en un colectivo de “108 personas” que concurrieron a la oposición, no pasaron este examen psicotécnico ahora bajo lupa y que tienen dudas sobre la nota que han tenido, que consideraban que sería mayor.

Pedro explica que el problema es que no pueden consultar la plantilla de respuestas correctas oficial, porque Renfe no las publica en el caso de los psicotécnicos (sí en el examen de conocimiento), algo que consideran opaco y también injusto, porque les impide en la práctica impugnaar preguntas, sostiene el candidato. Por ello, reclama “transparencia” a Renfe, para que los aspirantes puedan al menos verificar sus respuestas.

Un contenido en internet “desde hace años”

La paralización del proceso selectivo responde a que varios aspirantes denunciaron “una posible coincidencia entre parte del contenido de la prueba psicotécnica verbal o de comprensión lectora, celebrada el día 6 de junio de 2026, y determinados materiales externos presuntamente difundidos con anterioridad por terceros”, explican fuentes de Renfe.

La realización de esa prueba está externalizada, en la empresa People Experts, y parte del contenido de uno de los exámenes había sido difundido previamente en exámenes de la academia Eticop, indican fuentes de CCOO. elDiario.es ha tratado de consultar a ambas compañías, pero no ha obtenido respuestas de ninguna.

La empresa pública se puso a investigar lo sucedido y el tribunal de la oposición –compuesto por Renfe y los sindicatos– decidió paralizar el proceso selectivo y remitir el caso a la Abogacía del Estado para decidir cómo proceder.

Los tres afectados contactados con la plaza provisional destacan que el contenido ahora analizado estaba colgado en internet “desde hace años”, según la información de que disponen. “Es rotundamente falso que haya sido Eticop quien ha filtrado estas preguntas, puesto que llevaban circulando desde 2009 en Internet. Así lo tenemos acreditado. El archivo de Eticop data de septiembre del año pasado, no es, por tanto, prueba alguna de que hayan realizado ninguna filtración”, sostiene Roberto.

Este afectado afirma que “no es ilegal que se reutilicen psicotécnicos, puesto que sucede en multitud de oposiciones”. En la misma línea se expresa Patricia, que sostiene que “en la Oferta de Empleo Público de 2023 cayó la misma prueba verbal que en 2021. Eso no es ilegal en ningún caso”, indica.

Por otro lado, Pedro pide que se aclare “si es legal” que una oposición utilice contenido “calcado” de un examen ya disponible en una academia, como se analiza en este caso. “Tenemos serias dudas de que lo sea, hay juristas que nos dicen que el contenido de las pruebas debe ser inédito y original”, sostiene el opositor, que reconoce que esta situación está perjudicando a muchas personas, también a los compañeros que han sacado provisionalmente la plaza, para sufrimiento “de todos”. “Esto no tiene que volver a pasar”, reclama a Renfe de cara al futuro.

“En juego” el futuro de cientos de personas

En CCOO reconocen el “sindiós” de esta situación, con muchos perjudicados, porque está en juego “el futuro de mucha gente, no es ninguna tontería”. Por un lado, hay personas que no pasaron la primera fase de la oposición que “se sienten en desventaja” respecto a quienes pudieron estar en contacto con este material previamente, mientras que quienes han obtenido la plaza de manera provisional –no todos conocedores de este contenido previamente– hacen valer sus méritos y piden que no les hagan “pagar el pato” de esta situación.

Carlos destaca que esta primera fase fue superada por “1.500 personas”, entre las que se ha asignado plaza a las 600 que tienen la nota más elevada. Si se tomara alguna medida, considera que debería acotarse a estos 1.500 aprobados. Ante quienes piden repetir esa parte del examen, Carlos considera que sería una medida “bastante injusta, sobre todo para la gente que están en los últimos puestos, pues podría pasar por delante gente que fue considera no apta en esta prueba selectiva”.

Los tres opositores contactados sostienen que se reservan la opción de acudir a los tribunales si se anula el proceso selectivo. Carlos denuncia también que algunos afectados se sienten “un poco en medio de una pelea política”, de medios que buscan criticar al Gobierno y a Renfe.

“En lugar de buscar a los culpables, en el caso de que hubiera, porque tampoco saben a ciencia cierta que los haya, espero que no paguemos todos el pato”, denuncia el opositor.

Un proveedor externo contratado este año

Ahora mismo, la resolución de estas oposiciones a puestos comerciales de Renfe está en el aire. Para saber cómo se resuelven habrá que esperar al dictamen de la Abogacía del Estado, a la que el tribunal de este proceso ha consultado esta misma semana para saber cómo proceder. 

La operadora pública argumenta que será la decisión de la Abogacía del Estado la que guíe los próximos pasos y la que permita “adoptar una resolución con todas las garantías” para las personas que se presentaron a la prueba. “Esta decisión será comunicada a todos los participantes”, añade. “Todos los procesos de selección del grupo se rigen por los principios de mérito, capacidad e igualdad que garantizan el acceso al empleo público”. “Por este motivo, la compañía adoptará las medidas necesarias para preservar la integridad del proceso y asegurar la plena igualdad de condiciones entre los aspirantes”, adelanta.

Renfe también explica que People Experts es el proveedor al que se adjudicó la ejecución de los procesos de selección, por licitación pública, y que, en este contrato, comenzó a prestar servicio este mismo año, tanto en las contrataciones para los puestos comerciales, como de maquinistas o de ingeniería y mantenimiento, que siguen adelante. También fue contratado en oposiciones anteriores.

En el caso de los puestos comerciales, en esta fase de la oposición, había un examen de conocimientos y dos exámenes psicotécnicos. Fuentes de Renfe explican que, en el caso de estos últimos, la empresa contratada fue responsable de la elaboración, aplicación y corrección de las pruebas. Mientras, en la parte de la prueba teórica, de conocimientos, People Experts se ha encargado de la aplicación y corrección de las pruebas; y Renfe, de la elaboración de los contenidos.

Una parte esencial de sus planes de contratación 

A la espera de saber cómo se resuelve el proceso, estas oposiciones a operadores comerciales son una de las patas esenciales del plan de contratación de Renfe para 2026. No es un acuerdo de renovación de plantilla similar al de años anteriores, porque la operadora se comprometió a ampliar y reforzar su plantilla en cerca de 2.000 personas tras los paros convocados por los representantes sindicales después de los trágicos accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) en los que fallecieron 47 personas, incluidos tres maquinistas.

Este acuerdo con los representantes de la plantilla se calificó como histórico y buscó garantizar el relevo generacional y cubrir necesidades operativas y logísticas del operador. En concreto, explicó que esas 2.000 plazas correspondían a la tasa de reposición ordinaria, a una adicional y al citado acuerdo que permitió desconvocar los paros de principios de febrero. 

Ahora, tras la paralización de las oposiciones para la contratación de 600 operadores comerciales, uno de sus pilares para la ampliación de la plantilla queda suspendido en el tiempo. Además de estos puestos de trabajo, la operadora ha puesto en marcha la contratación de 500 maquinistas, 360 plazas para sus talleres de mantenimiento y reparaciones; además de contemplar el refuerzo de Logiral, la filial de servicios logísticos en tierra, con más de 200 personas.

Finalizado el plazo de dos meses que la Comisión Europea le dio a España para responder sobre cómo está atajando el actual abuso del empleo temporal en el sector público, este 29 de junio, el Gobierno no ha llegado a responder con las medidas a Bruselas y le ha pedido más tiempo para ello. En concreto, hasta el 27 de marzo de 2027. La Comisión dio este margen a España dentro de los expedientes de infracción iniciados hace años contra España y previo paso a una demanda contra el país frente al TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

El Ministerio de Función Pública confirma que ha pedido nueve meses más de plazo a la Comisión Europea, como ha adelantado El País, para poder impulsar “las reformas necesarias para eliminar el abuso en la contratación de temporales”.

La Comisión lleva años urgiendo a España a que solucione este problema laboral, que ha derivado en una gran cantidad de demandas de interinos en los tribunales, tanto en España como en Europa. Además, Bruselas retiene el desembolso de 626 millones de euros de los Fondos de Recuperación por incumplir con una correcta sanción del abuso de la temporalidad.

El pasado 29 de abril, Bruselas emitió dos dictámenes motivados –segunda fase del procedimiento de infracción comunitario– contra España, con el mencionado plazo de de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión advertía de que podría remitir el caso al Tribunal de Justicia de la UE, tercer y último paso del procedimiento de infracción.

Reunión con las CCAA para debatir una nueva reforma

El departamento de Óscar López citará a las Comunidades Autónomas y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) el próximo 8 de julio a una reunión en Santander con el objetivo de “debatir posibles medidas y propuestas para reducir la temporalidad en el sector público”. El Gobierno de coalición ya aprobó una reforma para reducir la temporalidad en el empleo público, gracias a masivos procesos de estabilización, pero se han considerado insuficiente por parte de la justicia europea.

Esta reunión con las comunidades y ayuntamientos dará “los primeros pasos” del grupo de trabajo que creó el Ministerio el pasado mayo, precisamente para abordar estas medidas contra la temporalidad para dar respuesta al plazo de dos meses lanzado por la Comisión Europea.

El Ministerio de Función Pública ha argumentado a Bruselas que la última sentencia del Tribunal Supremo en esta materia, del 12 de mayo, que declaró fija a una interina que había pasado un proceso de oposición sin conseguir plaza (y que luego estuvo años como temporal en una vacante) y que abrió nuevas vías de sanción a la Administración Pública, “ha introducido elementos nuevos” que hay que analizar.

“Además de conocer exactamente cuántos trabajadores temporales están en situación de abuso en todas las administraciones públicas”, añade el departamento de Óscar López, que también se ha puesto en contacto con las organizaciones sindicales para “consensuar entre todos los agentes implicados nuevas medidas para recortar las tasas de temporalidad”.

“El encuentro de Santander aspira a avanzar en la tarea conjunta de analizar esos posibles cambios normativos y conocer qué medidas han implantado las Comunidades Autónomas para frenar la temporalidad”, indica el Ministerio de Función Pública en una nota. El Gobierno subraya que “son precisamente estas administraciones las que concentran el problema de la alta temporalidad, con una tasa del 40% frente al 4,7% en la Administración General del Estado”.

Comisiones Obreras ha denunciado el desprendimiento de parte del techo de las dependencias de la Unidad de Trabajo Social (UTS) del Ayuntamiento de Santander ubicada en Cazoña tras ceder fragmentos de bovedillas de hormigón del forjado y traspasar el falso techo de escayola para terminar sobre los puestos de trabajo.

Un suceso que ha tenido lugar el pasado miércoles 24 y ante el que “solo la suerte ha decidido que no haya que lamentar daños personales”, ha advertido en un comunicado el delegado de CCOO en el Ayuntamiento de Santander, Raúl Rivera, que ha explicado que “el escombro cayó sobre una de las mesas de trabajo de una empleada municipal que, afortunadamente, en ese momento se encontraba en el archivo”.

Representantes del sindicato en el Consistorio se han reunido con funcionarias del servicio para analizar el episodio, “que es muy grave porque afecta a la seguridad de la propia plantilla”, y han denunciado “la situación de abandono, desidia generalizada e improvisación en la conservación y mantenimiento de numerosos centros de trabajo y oficinas municipales”.

Rivera ha afirmado que, “desde hace años”, estas instalaciones “no reúnen las condiciones mínimas dignas” para atender a los usuarios del barrio de Cazoña.

Situadas en el bajo de un edificio en obras, “cuentan con la presencia de cascotes sin las protecciones adecuadas, una bajante de aguas rota que vierte directamente o suciedad permanente en el entorno que obliga a la plantilla a limpiar lo que encuentra en la puerta de acceso, además de sufrir defectos en techos o ventanas y problemas graves de humedad, sin calefacción y con mobiliario roto, dándose incluso la presencia de ratas en el interior en alguna ocasión”, ha detallado el representantes de CCOO.

De hecho, los sindicatos vienen denunciando “su deplorable estado y la insostenibilidad de continuar trabajando allí”, cuando, además, existe una nueva dependencia a la que trasladar este servicio, disponible desde hace cinco años y próxima al lugar, pero “que no termina de hacerse efectiva a pesar de las reiteradas denuncias”, por lo que han vuelto a exigir de el traslado se lleve a cabo “ya”.

Trato digno para plantilla y ciudadanía

De este modo, la representación sindical de CCOO ha exigido al Ayuntamiento de Santander “que se tome en serio la seguridad de la plantilla municipal”, que revise y haga mantenimiento adecuado de las oficinas y centros de trabajo, convoque el comité de seguridad y salud mensualmente, como establece el reglamento -en 2025 solo se celebraron dos reuniones- para estudiar y dar solución a estos problemas, y “trate con dignidad a plantilla y ciudadanía”.

En este sentido, el sindicato ha advertido que “cuando una administración recorta recursos, no actualiza los sistemas de gestión o mantiene durante años infraestructuras y herramientas obsoletas, está trasladando la presión del sistema a los trabajadores y trabajadoras que sostienen los servicios públicos que, en cambio, necesitan inversión, planificación y medios suficientes porque no se puede dejar la seguridad a merced de la improvisación”.

Esta situación, la de trabajar “en lugares que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad e higiene en el trabajo”, se suma “al pisoteo constante de sus derechos que sufren los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento por parte de los responsables de Recursos Humanos que, por ejemplo, deniegan injustamente permisos retribuidos, negando incluso el cobro del salario íntegro al que se tiene derecho, y abocan a la plantilla a una indefensión tan absoluta que, muchas veces, no les queda otra salida que recurrir a los tribunales”, ha concluido Rivera.

EH Bildu ha logrado, casi al cierre del curso político en el Parlamento Vasco, el hito político de meter cuña en el Gobierno de coalición de PNV y PSE-EE liderado por Imanol Pradales. Con su abstención, la principal fuerza de la oposición ha facilitado que salga adelante una reforma de la ley autonómica de empleo público para blindar las exigencias de euskera en las convocatorias ante las sucesivas sentencias judiciales. Se trata de una iniciativa planteada en solitario por el PNV, con los socialistas claramente en frente. Es algo que no había pasado ni en esta legislatura ni en la década en que lleva operando el bipartito.

Aunque durante meses EH Bildu consideró esta propuesta como insuficiente, como un mero “parche” alejado de la reforma integral que ellos presentaron, finalmente ha alcanzado un acuerdo con los nacionalistas para permitir que prospere al menos un gesto para intentar hacer frente a la “ofensiva judicial”, como define el contexto actual la denominada 'euskalgintza'. “No era una opción” que el debate se cerrará con todas las propuestas decaídas, ha admitido Pello Otxandiano, líder de EH Bildu y que significativamente ha ejercido como portavoz en el debate por delante del habitual en esta materia, Josu Aztiria.

Otxandiano no ha ocultado su felicidad por el resultado del debate. De hecho, lo ha considerado un “salto” como los que ya se han producido “en Iparralde y en Nafarroa”, en referencia a los acuerdos entre nacionalistas en esos ámbitos. Ha considerado que el Parlamento Vasco ha superado “la política de bloques” y que ha “aumentado la calidad democrática”. Frente a los “tiempos oscuros”, ha dicho Otxandiano parafraseando al propio Pradales, “grandes acuerdos de país”. Además, ha añadido que tienen acordado con el PNV que si esta ley no funciona se revisará y se buscará una nueva fórmula en línea con la iniciativa orginal que ellos presentaron y que buscaba imitar el modelo enteramente bilingüe de Catalunya o Galicia, aunque esto el PNV no lo interpreta así. De hecho, Otxandiano ha añadido, mirando a los socialistas, que su partido allí “lo tiene bastante claro” y no se opone a incrementar las exigencias de las respectivas lenguas cooficiales.

EH Bildu llevaba tiempo buscando abrir esa brecha entre PNV y PSE-EE. En sus discursos, los dirigentes de la formación soberanista habían apelado a activar la amplia mayoría abertzale que tiene la Cámara autonómica. En 2022 y 2023 y también con el euskera sobre el tapete, el PNV coqueteó con intentar una reforma educativa con la coalición abertzale, pero el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu, accedió a mantener los modelos A, B y D, es decir, a que se pueda seguir optando por cursar los estudios también mayoritariamente en castellano, como reclamaron los socialistas. Y todo a pesar de que la misma ley pone un objetivo común a todos los estudiantes: que a los 16 años alcancen el nivel B2 del marco común europeo en ambos idiomas oficiales.

Desde el PSE-EE, Pau Blasi ha deslizado en su intervención durante la sesión referencias a la “deslealtad” del PNV y a su “lealtad” al pacto de Gobierno. Los insultos, pintadas y pancartas han venido de otro lado“, ha añadido. Ha pedido a ”otros“, en velada referencia también a sus socios, que expliquen ”por qué se han movido de los consensos y de las lealtades“ con ”saltos al vacío y propuestas de máximos contrarios a la visión pluralista del país“.

Ha añadido que han sido meses de “burradas” -ha dicho que no iban a tolerar que los comparen con la ultraderecha por no opinar lo mismo sobre el euskera-, que la “mayoría” de “expertos” están en contra del cambio normativo y que hay que operar “con una visión pluralista del país”. En una intervención bilingüe, ha retado sin citar nombres a ver si el PNV sería capaz de garantizar que todos sus consejeros fueran bilingües. Ahora los hay que no dominan el euskera.

Markel Olano, del PNV y que ha avisado de inicio que él no iba a emplear el castellano en sus intervenciones como gesto, a pesar de la recomendación de sus asesores, ha asegurado que es “mentira” que la reforma vaya a incrementar las exigencias de euskera en la Administración. Se trata de dar seguridad jurídica, ha insistido. Ha apuntado que el PNV busca “un espacio de centralidad”. Olano, además, ha destacado la amplia mayoría que respaldará la reforma, de más de dos tercios del total de representantes.

Pero la reforma, en puridad, solamente ha contado con el 'sí' de sus proponentes, del PNV. 27 de 75. Eso sí, la abstención de EH Bildu ha hecho que el 'no' de PSE-EE, PP, Sumar y Vox, 21 de 75, haya resultado insuficiente en la votación final. Y, además, el texto aprobado ni siquiera es la propuesta original del PNV, ya que los nacionalistas presentaron tres enmiendas al único artículo del que consistía la ley. Ahora se introducirá en la ley que las administraciones “deberán determinar con el máximo rigor” el perfil de las plazas y la fecha de preceptividad, que es el momento en el que hay que cumplir ese requisito. Es más, se plantea que quienes no dominen la lengua vasca tengan en ese tiempo “diferido” apoyo institucional para lograr la capacitación.

Se eliminan los índices generales que hasta ahora se habían usado de referencia para determinar el porcentaje de puestos con exigencia de euskera y, por decreto, se regulará que pueda hacerlo cada institución. De hecho, la segunda enmienda hace mención expresa a que el Gobierno dictará un nuevo decreto sobre la materia para “actualizar” el aprobado en 2024, justo al final del mandato de Urkullu. La tercera enmienda habilita a que el Ejecutivo pueda regular ese “diferimiento” de las fechas de preceptividad y las “excepciones”.

Según el PSE-EE, este nuevo marco generará más “discrecionalidad” y menos seguridad jurídica y ha remarcado que afecta a 120.000 empleados públicos. “La reforma es mala y la tramitación aún peor”, ha añadido el socialista Blasi. Sumar ha lamentado que la nueva ley llegue “sin consenso” y siendo “apenas un apaño”. “Dejan fuera del euskera a muchos y muchos trabajadores”, ha manifestado Jon Hernández, único representante de la coalición y procedente de IU.

Desde la bancada del PP, Santiago López Céspedes ha definido la nueva legislación como un “atropello”. “No se vota si quieremos más euskera o menos euskera. Ésa es la trampa de siempre. Esto no va de proteger al euskera. Va de protegerse a ustedes, señores del PNV, de sus propios excesos”, ha señalado. Y ha agregado: “No le van a ganar a Bildu jugando a ser Bildu. De hecho, van ustedes perdiendo”. Vox ha despachado el debate como un “pacto entre separatistas”, el “Lizarra lingüístico”.

Eso sí, el propio acuerdo de PNV y EH Bildu asume que todo está condicionado por los tribunales. Por un lado, el Tribunal Constitucional tiene que resolver una cuestión elevada por el Superior vasco sobre la normativa anterior, la de 2022 desarrollada por decreto en 2024. Por otro lado, el PP ya ha avisado de que utilizará “todas las herramientas legales” a su alcance para lograr que se revise. En el pasado, Vox también ha presentado recursos.

Quienes decidimos opositar lo hacemos, a menudo, no movidos por una gran llamada profesional, sino buscando una salida a la precariedad. Elegimos la seguridad por encima de la vocación; la garantía de poder pagar el alquiler prima sobre la romantización del trabajo soñado. Es un camino que tomamos por voluntad propia para intentar conquistar algo que hoy parece un lujo inalcanzable: la estabilidad. Pero la realidad es que, a algunas, el proceso nos quita mucho más de lo previsto. Sabemos que habrá sacrificios, pero jamás imaginamos que el precio va a ser tan alto. Creemos que solo estamos poniendo nuestra vida en pausa por un tiempo, pero nadie nos prepara para el peaje emocional que conllevan el miedo, la incertidumbre y el aislamiento absoluto.

No es una regla inquebrantable, y por supuesto hay quien logra transitar este camino manteniendo cierto equilibrio, pero para una gran parte de nosotras este proceso implica renunciar al ocio, a los fines de semana y a la presencia. En medio de ese encierro necesario, nuestras relaciones de pareja se resienten o, directamente, se rompen. Para algunas, nuestro mundo se encoge tanto que hasta nuestro pasado cambia de lugar. Durante esos años, vivimos con la mirada tan fija en el temario que apenas nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Y es justo al acabar, cuando la inercia se detiene y la adrenalina desaparece, cuando nos asaltan de golpe todos esos duelos pendientes que no pudimos atender. La vida de los demás, como es lógico y sano, ha seguido su curso, pero para algunas de nosotras el regreso a la “vida real” suele ser un aterrizaje en un lugar que ya no existe.

Muchas personas se desvanecen por el camino, y ahí reside una de las realidades más duras y silenciosas para quienes caemos en este aislamiento. Cuando por fin conseguimos la ansiada plaza y cruzamos la meta, miramos a nuestro alrededor y nos golpea la certeza de que ya no podemos celebrarlo con algunas personas que nos apoyaron al principio. El tiempo y la ausencia han hecho su trabajo, y algunos de los que estaban en la casilla de salida, dándonos aliento, ya no forman parte de nuestra vida. Es entonces cuando nos enfrentamos a una paradoja que nos bloquea: nos aterra el tiempo libre. No sabemos gestionarlo. Tras años de nerviosismo y encierro, el simple hecho de tener que buscar planes para llenar ese vacío agota profundamente. Nos produce un vértigo inmenso porque, al levantar por fin la vista de los apuntes, nos damos cuenta de que nos toca empezar de cero; tenemos que salir ahí fuera y volver a aprender a conocer gente para reconstruir una vida que el proceso dejó vacía.

Asumimos la responsabilidad de nuestras renuncias, pero este encierro, aunque adopte la forma de una decisión individual, es en realidad el síntoma de una fractura mucho más profunda y colectiva. Creemos vivir en la era de la hiperconexión, pero cuando las exigencias productivas cesan, una realidad cruda y silenciosa se abre paso: la soledad no deseada se ha consolidado como la gran epidemia contemporánea.

El capitalismo salvaje neoliberal no solo ha mercantilizado nuestros bienes, sino que ha colonizado nuestro tiempo, nuestros afectos y nuestras comunidades. Y aquí es donde nuestras historias personales se cruzan con lo estructural

Para entender la magnitud de este vacío, hay que mirar de frente las cifras y dejar de tratar la soledad como un tabú o un simple déficit de habilidades sociales. Los datos del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada en España arrojan una radiografía alarmante. Hoy, una de cada cinco personas en nuestro país (un 20% de la población) sufre soledad no deseada. Y no, no es una dolencia exclusiva de la tercera edad, como dicta el imaginario colectivo. Cerca del 35% de los jóvenes de entre 18 y 24 años afirma sentirse solo.

¿Qué nos está pasando? La respuesta reside en las estructuras materiales que rigen nuestro día a día. El capitalismo salvaje neoliberal no solo ha mercantilizado nuestros bienes, sino que ha colonizado nuestro tiempo, nuestros afectos y nuestras comunidades. Y aquí es donde nuestras historias personales se cruzan con lo estructural. Aislarnos durante años compitiendo por una plaza no deja de ser una estrategia de supervivencia frente a un sistema laboral hostil que no ofrece ninguna red de seguridad digna fuera del funcionariado.

En primer lugar, sufrimos la expropiación del tiempo. El modelo actual exige una hiperproductividad constante que resulta incompatible con los cuidados y la creación de vínculos. Las jornadas extenuantes, el pluriempleo, o el aislamiento extremo que requiere alcanzar la ansiada estabilidad profesional, no dejan margen para la vida. Construir redes de apoyo requiere tiempo libre de calidad, un recurso que el sistema nos roba sistemáticamente. Estamos demasiado cansados —o demasiado asustados por el futuro— para cuidarnos mutuamente.

En segundo lugar, la precariedad económica opera como un muro que aísla. Según los estudios, tener dificultades para llegar a fin de mes eleva la probabilidad de sentir soledad en casi un 40%. No poder permitirse participar en la vida social empuja al ostracismo. El sistema penaliza la falta de recursos, y el miedo a no tenerlos, con el aislamiento más cruel.

Necesitamos políticas públicas que pongan la vida en el centro: reducción de la jornada laboral, acceso garantizado a la vivienda y unas condiciones materiales que no nos obliguen a vivir para trabajar, ni a encerrarnos durante años asumiendo un coste personal devastador solo para lograr el derecho a respirar tranquilos

A esto se suma el desmantelamiento físico de la comunidad. Se nos vende el mito del individuo “hecho a sí mismo” (el que aprueba solo, el que triunfa solo, el que compite contra el resto) como el mayor de los éxitos y lo he podido sentir con la oposición. En realidad, ese discurso nos despoja de la interdependencia natural que nos define como seres humanos. El sistema nos genera un malestar profundo a través de la autoexigencia y luego nos ofrece soluciones puramente individuales, ignorando que el origen de nuestra angustia es estrictamente colectivo.

Combatir la soledad no deseada exige mucho más que pedirnos “voluntad” para salir de casa cuando nos toca empezar desde cero y ya no tenemos ni siquiera un refugio familiar cercano al que volver. Requiere una enmienda a la totalidad de cómo organizamos nuestra sociedad. Necesitamos políticas públicas que pongan la vida en el centro: reducción de la jornada laboral, acceso garantizado a la vivienda y unas condiciones materiales que no nos obliguen a vivir para trabajar, ni a encerrarnos durante años asumiendo un coste personal devastador solo para lograr el derecho a respirar tranquilos.

Tenemos la plaza y no nos arrepentimos de haber peleado por ella. Somos conscientes de que ahora nos toca la tarea, nada fácil, de reconstruir nuestro entorno. El silencio en algunas de nuestras casas es ensordecedor, pero sabemos que no somos las únicas que lo escuchamos. Romper la soledad hoy es, ante todo, un acto de resistencia política. Por eso, frente al individualismo voraz que nos rodea, la respuesta no pasa únicamente por forzar planes de fin de semana, sino por recuperar los espacios compartidos y volver al activismo como forma de vida. En mi caso, retomar la militancia, encontrarme de nuevo en los movimientos sociales y tejer redes de apoyo mutuo es, ahora mismo, el faro que ilumina mi camino de vuelta. Reconstruir los lazos, apostar por lo colectivo, reclamar el derecho al tiempo vivo y politizar nuestros afectos es la única manera de derribar los muros de un sistema que nos quiere aislados, estresados y compitiendo, pero nunca acompañados.

La Diputación de Sevilla ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente al ejercicio 2026, que contempla un total de 109 plazas destinadas a distintas áreas funcionales y categorías profesionales de la Corporación, con el objetivo de atender las necesidades de dotación de personal derivadas de la organización administrativa y de reforzar la calidad en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, del total de plazas ofertadas, 82 corresponden al turno libre y 27 al turno de promoción interna, en el marco de la reducción de la temporalidad y carrera profesional del personal al servicio de la Administración.

Asimismo, la oferta incorpora la reserva legal de plazas para personas con discapacidad, con un total de diez plazas, de las cuales ocho corresponden al turno libre y dos al turno de promoción interna, en cumplimiento de los principios de igualdad de oportunidades, inclusión y accesibilidad en el acceso al empleo público.

Las recientes convocatorias de ofertas de empleo público abren un abanico de oportunidades para quienes quieren trabajar en la administración riojana. Sin embargo, también se acumulan las dudas y la incertidumbre ante estos procesos que a veces pueden resultar complejos y desmotivadores. Son muchos los aspirantes que no saben a qué plazas pueden acceder, qué requisitos tienen que cumplir o que temario tienen que estudiar. Por ello, STAR cuenta con un Servicio de Orientación para el Empleo Público como espacio integral, que incluye orientación personalizada, el acompañamiento durante todo el proceso y la formación especializada.

El sindicato señala que sigue siendo un buen momento para acceder al empleo público, con varias OPE con muchas plazas en marcha, pues la edad media del funcionariado sigue siendo alta y hay relevo. Sin embargo, hay muchas personas que se acercan a consultar al sindicato y no saben que podían trabajar en la administración pública o qué estudios o requisitos necesitan. “Queremos dar las herramientas a las personas que quieren acceder a la Administración, que implica enfrentarse a un sistema muy complejo, hay que saber los procesos, las modalidades, cómo es la oposición, si es una oposición libre, si es un concurso oposición, las bolsas de empleo”, señala Lourdes Montes, secretaria de Servicios a la Afiliación. 

Un itinerario en dos fases: del perfil al examen

En este escenario, STAR ha puesto en marcha el Servicio de Orientación para el Empleo Público “para poder encaminar a la gente que quiere ser funcionario o trabajar en la Administración Pública para que tengan las posibilidades de éxito en ese acceso”, según presenta Montes. El servicio comienza con una orientación personalizada, que incluye una orientación según su perfil académico, experiencia y preferencias, optimizando así sus posibilidades de éxito. De esta forma, STAR guía a cada aspirante al proceso selectivo más oportuno con un acompañamiento constante, desde la convocatoria hasta el estudio. 

“Los procesos pueden ser desmotivadores a la hora de los plazos, cuando ven las listas de admitidos y excluidos y a veces hay mil aspirantes para diez plazas”, apunta la responsable de STAR, que señala que se ofrece herramientas de gestión, estudio y estrategias de afrontamiento a través de profesionales especializados “. Pero sí que es verdad que el proceso es complejo y a veces la desmotivación de ver que no salen los plazos, que han pasado dos meses y aún no es el examen”

Apoyo continuo

El apoyo que se brinda a los opositores no es genérico, sino que se divide en un itinerario de dos fases bien diferenciadas. La formación ofrecida por STAR está acreditada y cuenta con docentes altamente especializados en cada materia y en cada ámbito para, como resalta Lourdes Montes, “que la preparación sea lo más rigurosa, actualizada y ajustada a esas a esas plazas a las que van a presentarse”. Los planes de formación de STAR cuentan con una parte general referida a la legislación común y una parte especifica según cada plazas. 

“Impulsamos que los opositores conozcan bien lo que es una oposición y así poder preparar bien el temario y el método y seguimiento a las exigencias reales de cada convocatoria”, destaca Montes. También en STAR hacen un simulacro de examen para que los opositores se enfrenten a lo que es un llamamiento a la hora de entrar a preparar la oposición y hacer como un tipo de examen controlándoles el tiempo y valorando la velocidad. “Intentamos hacerles ese acompañamiento hasta el final lo más parecido a lo que puede ser la oposición”, explica.

El Servicio de Orientación de STAR también sirve para los funcionarios de carrera, para quienes es fundamental actualizar de forma constante sus conocimientos en la administración. Para ellos, ofrenden cursos online y charlas orientativas. En definitiva, el Servicio de Orientación para el Empleo Público de STAR se consolida como una herramienta fundamental para los opositores de La Rioja. Al transformar un laberinto normativo en un itinerario accesible, riguroso y con un fuerte respaldo humano y formativo, el sindicato no solo prepara opositores para aprobar un examen; les dota de las herramientas necesarias para construir con seguridad su futuro profesional en la Administración riojana. 

El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy, día 2, del calendario completo de oposiciones aprobado por la Dirección General de Función Pública para convocar antes de fin de año las 505 plazas de todas las Ofertas de Empleo Público (OPE) de Servicios Generales de 2023 a 2026, cuyos procesos selectivos quedaban pendientes, con el objetivo de avanzar en la reducción de la temporalidad y en la ejecución anual de las ofertas. La primera tanda se ha publicado este martes e incluye 49 plazas para siete procesos selectivos de los cuerpos de Ingeniero de Caminos, Farmacéutico, Subinspector de Tributos, Inspector de Consumo y Ordenanza.

Este calendario completo de convocatorias de oposiciones representa un ejercicio de planificación integral que permitirá que todas las plazas pendientes queden convocadas antes del próximo 31 de diciembre, con dos únicas excepciones: la plaza de Letrado, cuya convocatoria está prevista para 2027, y 50 plazas de promoción interna de Auxiliar Administrativo General a Administrativo, que se publicarán en enero de 2027.

Este esfuerzo de planificación supone un avance decisivo en la reducción de la temporalidad en la Administración Autonómica y permitirá, por primera vez, ejecutar las ofertas en el mismo año de su aprobación, garantizando mayor agilidad, seguridad jurídica y eficiencia en la gestión del empleo público. Asimismo, el calendario ofrece previsibilidad y certidumbre a un colectivo muy amplio de opositores, academias de preparación y organizaciones sindicales, y refuerza la transparencia y la colaboración del Gobierno regional en materia de empleo público.

De las 505 plazas previstas, 301 son para personal de nuevo ingreso, de las que 41 se reservan para personas con discapacidad: 33 de discapacidad general (RDG) y 8 de discapacidad intelectual (RDI). Además, hay previstas 161 plazas de promoción interna vertical (PIV) y 43 de promoción interna horizontal (PH).

El documento recoge la fecha prevista para cada uno de los 65 procesos selectivos y la previsión para su primer examen. Entre las convocatorias más numerosas destacan:

El calendario incluye también convocatorias de perfiles técnicos, sanitarios, sociales y de ingeniería, con fechas de primer examen distribuidas entre el 4º trimestre de 2026 y el 2º trimestre de 2027, según el cuerpo y la especialidad.

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado la Oferta de Empleo Público referente al año 2026. Está formada por 53 plazas que, según destacado la concejala responsable del área de Personal, Celia Sanz, permiten “avanzar en la consolidación del empleo público” y “adecuar la estructura laboral municipal a las necesidades organizativas de esta Administración, para en aras de ofrecer la mayor eficacia y eficiencia en el servicio que se presta a la ciudadanía de Logroño”.

De las plazas que integran la Oferta de Empleo Público, 38 corresponden a personal de nuevo ingreso. Destacan entre ellas 9 plazas de Policía Local, 7 de Administrativo y 5 de Técnico de Administración General. También se incluyen 3 plazas de Operario, 2 de Arquitecto Técnico, 1 de Arquitecto, 2 de Delineante y 1 de Técnico de Educación Infantil, entre otros perfiles muy demandados.

La oferta para personal de nuevo ingreso se completa con 1 plaza de Animador de Espacios Juveniles, 1 de Jefe de Relaciones Públicas del CMRE. 1 de Trabajador Social, 1 de TGM (Administración Especial), 2 de Técnico de Administración Especial, 1 de Ingeniero Técnico y 1 de Técnico Responsable de Prevención. De las 38 plazas de nuevo ingreso, se han reservado 3 para el acceso de personas con discapacidad: 1 de Operario, 1 de Administrativo y 1 de Técnico de Administración General.

El resto de la Oferta de Empleo Público 2026 se desglosa del siguiente modo: 12 plazas destinadas a la promoción interna del personal municipal, y 3 plazas de consolidación de empleo interino.

Celia Sanz ha insistido en el “esfuerzo continuado” para impulsar los procesos selectivos de personal, agradeciendo la “gran profesionalidad” de la Dirección General de Personal para ejecutar los distintos procesos. Así, ha recordado que durante el año 2026 se han aprobado las bases y convocatoria de 2 procesos selectivos, que han supuesto convocar un total de 5 plazas de plantilla y la creación de 2 listas de espera. Durante el año 2025 se aprobaron las bases y convocatoria de 23 procesos selectivos, que han supuesto convocar un total de 62 plazas de plantilla y la creación de 4 listas de espera.La concejala ha destacado el impulso dado a procesos como la convocatoria para cubrir 35 plazas de Administrativo, la de 6 plazas de Trabajador Social, la de 5 plazas de oficial inspector, la de 5 plazas de Delineante o la de 11 plazas de Bombero conductor.

La Oferta de Empleo Público completa se encuentra ya publicada en la página web del Ayuntamiento de Logroño www.logrono.es . 

PROMOCIÓN INTERNA

Nº de plazas

Técnico educación infantil

2

Cabo de salvamento

2

Sargento de salvamento

1

Oficial Policía Local

2

Técnico de Juventud

1

Oficial inspector

1

Subalterno

1

Oficial mecánico conductor

1

Oficial aguas

1

TOTAL

12

38 plazas de plantilla para personal de nuevo ingreso:

PLAZA DE PLANTILLA

Nº de plazas

Técnico de Administración General

5

Policía Local

9

Arquitecto Técnico

2

Técnico de Administración Especial

2

TGM (Administración Especial)

1

Animador espacios juveniles

1

Jefe Relaciones Públicas CMRE

1

Trabajador social

1

Administrativo

7

Operario

3

Ingeniero técnico

1

Arquitecto

1

Delineante

2

Técnico de Educación Infantil

1

Técnico Resp. Prevención

1

TOTAL

38

De las cuales, se han reservado las siguientes plazas de plantilla para el acceso a personas con discapacidad:

Plaza

número

Administrativo

1

Operario

1

Técnico de Administración General

1

Y 3 plazas de consolidación de empleo interino

Plaza

número

Diplomado Ad. Financiera

1

Oficial de aguas

1

Técnico especialista FP II

1

Desde hace algún tiempo, la conservación y restauración de la Alhambra –el monumento más visitado de España junto con la Sagrada Familia– son un ejercicio cada vez más complicado de llevar a cabo. A la pérdida paulatina de personal porque no se han contratado perfiles suficientes, se suma que, desde la última actualización de la relación de puestos de trabajo (RPT) del monumento, no se exige que los profesionales contratados para esas tareas tengan una formación especializada. Es decir, que cualquier trabajador que esté en la bolsa única de empleo de la Junta de Andalucía puede acceder a la plaza de un especialista en restauración sin saber nada de ello. Un problema que, lejos de mejorar, va a peor dado que la jubilación de los especialistas está cada vez más próxima.

“En 2 o 3 años puede que no haya trabajadores que puedan restaurar y conservar la Alhambra”. Quien lo denuncia es precisamente uno de los que quedan y que, con una edad cercana al retiro profesional, denuncia que ni la Junta ni el Patronato de la Alhambra y el Generalife acaban de ser conscientes del grave problema que eso representa. Este trabajador, que prefiere guardar el anonimato, afirma que ya en la actualidad faltan profesionales dedicados a la restauración porque no se han cubierto todas las plazas, pero que, además, de las cubiertas tan solo tres corresponden a profesionales cualificados en dichas funciones. “La Alhambra no se conserva con obras puntuales, sino que requiere un mantenimiento diario que no se le puede encomendar a alguien que no sepa nada del tema”, lamenta.

No en vano, los problemas de personal en la Alhambra son ya históricos. En las últimas dos décadas se han sucedido las quejas de los trabajadores porque no se ha estabilizado a muchos de ellos y faltaban manos en diversas áreas, llegando incluso a que la Inspección de Trabajo reconociese que esa situación genera problemas de salud en los empleados del monumento. Sin embargo, las últimas actualizaciones de la RPT no han acabado de atajar todas las problemáticas y, en ámbitos como la restauración, están agravando los males. De hecho, los restauradores lamentan que no se les considere profesionales de grupo 1 o 2, sino 3, lo que, por salario, desincentiva que se atraigan nuevos perfiles de especialistas a estas funciones.

Sin formación específica

No se trata solo de una cuestión de falta de personal, sino también de cómo se cubren esas vacantes. La última modificación de la RPT, aprobada por la Junta de Andalucía, eliminó los requisitos específicos de titulación que antes se exigían para determinadas plazas. Según explica el comité de empresa, anteriormente los puestos vinculados a restauración requerían formaciones concretas –como Bellas Artes u otras especialidades–, pero esas “coletillas” desaparecieron en la negociación del nuevo modelo que se impuso en septiembre de 2024 tras varios amagos de huelga por parte de los trabajadores.

Desde entonces, el acceso a estos puestos se realiza a través de la bolsa única de empleo autonómica, un sistema común para toda Andalucía que no distingue entre funciones genéricas y trabajos altamente especializados. En la práctica, esto permite que trabajadores puedan acceder a plazas sin que exista relación entre su formación y las tareas a desempeñar. “Yo soy jardinero y me puedo ir a cantería”, resume gráficamente Pepe Antequeruela, portavoz del comité de empresa.

El problema, según los representantes de la plantilla, es que esa homogeneización administrativa no encaja con la realidad de un espacio como la Alhambra, donde cada intervención requiere conocimientos técnicos muy específicos. “Cuando tú no tengas trabajadores especializados, traerás empresas de la calle”, advierte Antequeruela, que reconoce que esta dinámica de privatización ya se está produciendo en determinados trabajos.

De hecho, los propios trabajadores describen un funcionamiento cada vez más limitado dentro del monumento. “No somos capaces de hacerlo porque quienes entran nuevos no son profesionales”, señala el empleado consultado, que explica que muchas de las plazas actuales “no tienen contenido de trabajo” porque quienes las ocupan no cuentan con la cualificación necesaria. Esto genera, además, una cadena de disfunciones internas: empleados que aceptan puestos por cercanía o estabilidad pero que luego no pueden desempeñar las tareas, mandos intermedios que no pueden asignarles trabajo y una creciente dependencia de contratas externas.

A corto plazo, además, el comité de empresa apunta a que la situación puede consolidarse si no se introducen cambios en la planificación prevista. La nueva RPT contempla la incorporación progresiva de personal –con una previsión inicial de 25 plazas laborales y 21 de funcionarios– dentro de un marco más amplio que supera el centenar de puestos, pero bajo los mismos criterios actuales. Es decir, sin garantizar que esas nuevas incorporaciones respondan a perfiles especializados. “Se van a cubrir plazas, pero no necesariamente con gente que sepa hacer ese trabajo”, señalan desde la representación de los trabajadores, que advierten de que, sin corregir ese enfoque, el problema no solo persistirá, sino que se ampliará con cada nueva incorporación.

Una plantilla insuficiente

La consecuencia más inmediata no es visible a corto plazo, pero sí acumulativa. El mantenimiento de la Alhambra no depende solo de grandes intervenciones, sino de un trabajo constante y minucioso. “Hay que salir todos los días, recorrer el monumento, ver grietas, goteras, fisuras…”, explica el trabajador. No es algo que se pueda solventar contratando externamente tareas puntuales. “Tienen que conocer bien el monumento y eso es imposible sin estar a diario en él”, insiste el profesional. A ello se suma la presión de las visitas: miles de personas al día que, aunque de forma imperceptible, contribuyen al desgaste del conjunto. “El daño es pequeño, pero 8.000 personas al día, 365 días al año son muchos”, explica el trabajador sobre la realidad de un monumento cuya importancia no deja de crecer en visitantes, hasta el punto de que es Patrimonio Mundial por la UNESCO.

En este contexto, la falta de relevo generacional agrava aún más la situación. La mayor parte de los especialistas actuales se encuentra en torno a los 60 años y su jubilación es inminente. “En dos años empieza a jubilarse el 60% de la plantilla”, advierte el trabajador, mientras que desde el comité apuntan a un horizonte de entre seis y siete años para un cambio completo en el personal. Sin embargo, las condiciones actuales no garantizan que quienes ocupen esos puestos en el futuro cuenten con la formación necesaria.

Desde el Patronato de la Alhambra y el Generalife, por su parte, niegan cualquier irregularidad en la contratación y subrayan que todo el proceso se ajusta estrictamente a la normativa vigente. Fuentes del organismo señalan que la cobertura de plazas se realiza a través de la bolsa única de la Junta y que los requisitos vienen determinados por la RPT y el convenio colectivo, no por decisiones discrecionales del propio Patronato. En ese sentido, reconocen que las categorías profesionales “exigen niveles genéricos de titulación” y apuntan a la formación interna como vía para reforzar la capacitación del personal mientras se alcanzan “soluciones estructurales”.

Una explicación que no convence a la plantilla. “Dándole una formación de dos días o una semana no formas a nadie”, replica el trabajador, que insiste en que la restauración del monumento requiere años de especialización. “La Alhambra no es un centro de formación”, añade.

Desde el Ejecutivo regional, la respuesta incide en la misma línea. La Junta, a través de la Consejería de Justicia, defiende que la actualización de la RPT y del sistema de acceso fue acordada con los sindicatos “para garantizar la cobertura de vacantes según los criterios de igualdad, mérito y capacidad”. Sin embargo, no entra a valorar el impacto de ese modelo en espacios de alta especialización como la Alhambra.

Mientras tanto, dentro del monumento, la preocupación sigue creciendo. “Esto es el día a día”, resume el trabajador. “La Alhambra está muy bien hecha y tarda en notarse el mal trabajo, pero si mientras se está formando a la gente las cosas se caen, el patrimonio se pierde”.

“¿Qué pasará con las oposiciones, con las ayudas a los agricultores, los créditos...? ¿Qué hacemos con un gobierno paralizado? No podemos permitirnos una parálisis”. Durante toda la campaña electoral, el candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno, estuvo apelando al voto útil para reeditar una mayoría absoluta que garantizara “estabilidad” y evitara el “lío” en el que –según él– ya están inmersas comunidades como Extremadura, Aragón o Castilla y León. Territorios donde el PP mantiene su hegemonía, pero necesita pactar con Vox para gobernar: un escenario muy similar al que se enfrentan ahora los populares en Andalucía.

Para impedirlo, el hoy presidente en funciones trató de asociar la ausencia de mayoría absoluta con un escenario de bloqueo institucional: “No sabremos si habrá gobierno en julio, septiembre, noviembre o diciembre. No sabemos si habrá presupuestos, si podremos convocar unas oposiciones…”, deslizó Moreno también en el minuto final del primer debate electoral entre los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía. En un foro posterior, el jueves 7 de mayo, dijo textualmente: “Si el Gobierno no sale adelante, pues por ejemplo yo no puedo convocar las oposiciones que están previstas y hay alumnos que llevan un año preparándose en el ámbito de la docencia”.

Días después, el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, abrió el segundo debate afeando al candidato del PP que “chantajeara a miles de opositores andaluces diciendo: o me votan a mí o lo mismo se suspenden las oposiciones”. Moreno, lejos de rectificar como le instó García, insistió: “Si no hay Gobierno, no se pueden convocar las oposiciones”. Al mostrarse ambiguo y no concretar a qué pruebas se estaba refiriendo, sembró incertidumbre entre los opositores. Dos días antes de las elecciones, el candidato popular fue más claro en una entrevista en COPE y especificó que las oposiciones para profesorado de Secundaria y otros cuerpos previstas para junio no peligraban por estar ya convocadas.

A ojos de los sindicatos y expertos en Función Pública, no cabe confusión al margen de los pactos y de cuánto se alargue el Gobierno en funciones, las oposiciones “se van a celebrar sin ningún problema”. También lo afirman fuentes de la propia Consejería de Desarrollo Educativo, que indican que las oposiciones para profesorado de Secundaria y otros cuerpos se celebrarán el 20 de junio, como anunció la Junta el pasado mes de marzo, tal y como figura en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 25 de febrero. La propia portavoz de la Junta, Carolina España, dijo el martes que las oposiciones que están en marcha “pueden continuar”.

En el debate electoral, Moreno no aclaró que estaba poniendo en duda la futura convocatoria de oposiciones al cuerpo de Maestros, prevista para 2027, y el candidato de Adelante Andalucía (y muchos espectadores) entendieron que se refería a las oposiciones de Secundaria, ya convocadas para el 20 de junio.

Con todo, el mensaje de alerta del dirigente popular contemplaría un escenario inédito: las oposiciones del mes que viene se convocaron el pasado 25 de febrero (publicación en BOJA). De modo que las oposiciones de junio de 2027, se convocarían en febrero de ese año. Con este calendario, Moreno habría advertido en campaña de un hipotético bloqueo institucional de nueve meses, algo que no tiene antecedentes en ninguna comunidad autónoma.

Las elecciones en Extremadura fueron el 21 de diciembre, la Asamblea legislativa se constituyó el 20 de enero, el primer debate (fallido) de investidura fue el 4 de marzo (abriendo la cuenta atrás para la repetición electoral), María Guardiola fue investida presidenta el 22 de abril, y formó gobierno la semana siguiente.

¿Qué ocurre cuando un Gobierno está en funciones?

Desde el día siguiente a los comicios, el Ejecutivo saliente permanece en funciones hasta la formación del nuevo Gobierno. Durante ese periodo mantiene limitadas sus capacidades políticas, pero sigue ejecutando la actividad ordinaria de la administración. “Los gobiernos en funciones tienen el cometido de tramitar lo que está en marcha y evitar que se paralice la administración mientras hay una transición de un gobierno a otro”, resume Miguel Ibáñez, portavoz del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF).

El artículo 37 de la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece qué no puede hacer un Gobierno en funciones: aprobar presupuestos o presentar proyectos de ley. Pero no prohíbe convocar oposiciones, como manifestó el presidente andaluz durante el debate. “Se pueden convocar plazas aunque el gobierno esté en funciones, lo único que no se puede aprobar son los presupuestos”, concluye Esperanza Morales, Secretaria de Organización y Política Sindical de UGT Andalucía.

La representante sindical recuerda, además, que las convocatorias ya aprobadas tienen consignación presupuestaria y unos plazos legales de ejecución que deben cumplirse, tras ser negociadas en distintas mesas con los sindicatos. Es el caso de las pruebas de acceso a los cuerpos de profesores de Secundaria, Música y Artes Escénicas y Formación Profesional, para las que se han convocado un total de 5047 plazas de 66 especialidades. Estas oposiciones empezarán en junio, con independencia de que para entonces esté o no constituido ya el nuevo Gobierno autonómico.

La administración no se paraliza

La clave radica en que una convocatoria de oposiciones constituye “un acto de índole administrativa” al margen de la dirección política, como explica Esperanza Morales. “La Administración es la garante de los servicios públicos y los servicios públicos tienen que continuar funcionando”, añade la experta en Función Pública.

La explicación jurídica pasa por diferenciar entre el poder legislativo y la actividad administrativa. “La administración pública es el instrumento que gestiona y ejecuta las directrices políticas”, explica la responsable de UGT Andalucía. En otras palabras, una vez que el Parlamento queda disuelto tras la convocatoria electoral, no se pueden aprobar leyes hasta la constitución de la nueva Cámara, pero el Ejecutivo continúa operando en funciones para garantizar que la Administración siga funcionando y ejecutando los procedimientos ya iniciados.

Dentro de esa función, “las oposiciones son tarea diaria y cotidiana de la administración”, señalan los expertos. De modo que cuando una oferta de empleo público (OEP) ya está aprobada “lo único que queda es ejecutarla”, en palabras del portavoz del SAF.

Desde la Consejería de Justicia y Función Pública también indican que esas OPE ya aprobadas van a seguir su curso con normalidad. En cambio, señalan que no se pueden aprobar nuevas plazas, es decir, nuevas ofertas de empleo público mientras esté el Gobierno en funciones porque comprometan créditos futuros.

El precedente de Extremadura

El “lío” al que aludía Moreno tiene uno de sus precedentes recientes en Extremadura. Allí, la falta de acuerdo entre PP y Vox tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre dejó durante cuatro meses al anterior Ejecutivo presidido por María Guardiola en funciones.

La comunidad vecina también tenía unas oposiciones en ciernes y, para tranquilizar a los opositores que llevan años preparándose, la propia Junta extremeña aclaró públicamente que las oposiciones docentes previstas no corrían peligro. En una nota de prensa, recordó que se trataba de “un proceso dentro de la actividad ordinaria de la Consejería de Educación”, aclarando que la ausencia de un nuevo gobierno no afectaba a su celebración.

Tenía razón el líder de Adelante –que conoce bien el proceso porque fue opositor hasta que sacó plaza de profesor de Secundaria en 2021– cuando le dijo a Moreno que “las oposiciones no dependen de usted; puede ganar, perder o empatar que las oposiciones se van a celebrar”. Tal vez el presidente es el que ha terminado enredándose o que “algunos políticos estudian más para sacar votos que para no confundir a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país”, como concluye uno de los expertos consultados para aclarar este lío.

El Tribunal Supremo ya ha difundido su sentencia en la que reconoce como fija a una interina tras el fallo de la justicia europea del pasado 14 de abril y establece varias vías posibles de sanción para las Administraciones Públicas que abusen de la temporalidad. Los magistrados no reconocen la fijeza para todos los temporales en fraude, sino solo para aquellos que superaron un proceso selectivo, pero no lograron la plaza. Además, establece las condiciones para reconocer indemnizaciones a los afectados, que serían la vía para resarcir a quienes no hubieran superado una oposición y hubieran encadenado contratos temporales de manera abusiva.

Esta nueva sentencia del Supremo, del 11 de mayo, llega después del fallo del Tribunal de Justicia de la UE del 14 de abril que consideró que España no sancionaba adecuadamente la temporalidad abusiva con las herramientas actuales. En concreto, con: la transformación de esos contratos en una relación laboral de “indefinidos no fijos”; el pago de indemnizaciones tasadas en el momento de extinción de la relación laboral; el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas que tachó de “ambiguo, abstracto e imprevisible”; y también con los procesos selectivos de estabilización, que reconocen la experiencia previa y el tiempo de servicio de las víctimas del abuso en la temporalidad.

Así, el Supremo resuelve en esta nueva sentencia varias vías de sanción para las administraciones y de compensación para los empleados temporales en fraude, de la que destacamos algunas claves más relevantes.

1) Solo a laborales de la Administración

Una de las primeras cuestiones más relevantes es acotar el alcance de esta nueva doctrina del Supremo, que ha dictado la Sala de lo Social del alto tribunal y que alcanza solo a los trabajadores laborales en abuso de temporalidad, pero no a quienes padezcan este mismo fraude en el régimen de Función Pública.

En España hay 3,1 millones de empleados públicos, según el último Boletín Estadístico del Personal de las Administraciones Públicas, del pasado julio. De ellos, la mayoría se rigen por el régimen de Función Pública, mientras que algo menos de 640.000 empleados son trabajadores “laborales”, algo más del 20%.

La mayor parte de los laborales trabajan para la Administración Local (300.000) y de las Comunidades Autónomas (250.000), con una minoría en el Sector Público del Estado. De este personal laboral, la sentencia solo afectaría a los empleados temporales que han encadenado varios contratos temporales y con una duración inusualmente larga, el abuso de temporalidad que combate la Cláusula 5 del Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada. Su número exacto es difícil de determinar, según los sindicatos de empleados públicos.

2) Declaración de fijeza y no de “indefinidos no fijos”

En el caso concreto que analiza el Supremo, de una interina del Ayuntamiento de Madrid, el Supremo reconoce su condición de “fija” en lugar de la situación de “indefinida no fija” que había establecido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La categoría de “indefinidos no fijos” es por la que se había inclinado generalmente el Tribunal Supremo hasta la fecha –salvo una excepción en 2021, de una trabajadora de Aena–. Esta categoría creada en los tribunales de lo Social mantiene a los empleados temporales laborales en sus puestos hasta que la plaza es cubierta formalmente en un proceso de oposición, al que tienen que concurrir y tras el que pueden perder el puesto.

“La recepción de la STJUE Obadal”, la sentencia del pasado 14 de abril, “conlleva que establezcamos la siguiente doctrina”, indica la nueva sentencia del Supremo:

“Cuando una persona haya participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo y la haya superado, pero no haya obtenido plaza porque el número de aspirantes que ha demostrado su capacitación sea superior al número de plazas ofertadas, si posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad” (...) “no resulta contra legem la conversión de ese contrato en una relación laboral fija porque esa persona ha participado en una prueba de acceso al empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad y la ulterior vulneración de la Cláusula 5, que evidencia una necesidad estructural de trabajadores, obliga a dicha conversión”, contempla la resolución judicial.

Establece así un criterio más amplio para la fijeza en el ámbito laboral, destaca el sindicato UGT y explica el catedrático de Derecho del Trabajo Ignasi Beltrán en el análisis de la sentencia en su blog. “Habrá que ver si la jurisdicción Contencioso-administrativa asume el mismo criterio o, por el contrario, se producirá una fragmentación del ordenamiento jurídico”, afirma Ana Belén Muñoz, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid. Adrián Todolí, profesor en la Universidad de Valencia, recuerda que el Contencioso-administrativo “ya ha descartado” la fijeza en múltiples ocasiones en este régimen, por lo que considera poco probable que cambie su postura.

3) Cuándo no procede la fijeza

Los magistrados precisan que no procede la fijeza si no se ha superado este tipo de proceso selectivo. “La contratación temporal de personal laboral por parte de las Administraciones públicas sin superar un procedimiento de acceso al empleo público de carácter fijo sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos como consecuencia directa del abuso en la temporalidad porque se vulnerarían la CE [Constitución Española] y el TREBEP [Estatuto Básico del Empleado Público]”. Además, considera que “se impediría el acceso al empleo público de los restantes ciudadanos”, entre otros motivos.

“La conversión automática de todos los contratos de duración determinada con abuso en la temporalidad en contratos fijos de las Administraciones Públicas en modo alguno disuadiría a estas de efectuar en el futuro más contrataciones temporales al margen de esos principios”, consideran los jueces y, por el contrario, advierten de que “se consagraría para el futuro como una vía de acceso al empleo público vulnerando la igualdad, el mérito y la capacidad”.

Si el trabajador o trabajadora interinos superaron “una convocatoria de acceso a empleo temporal”, tampoco procede la declaración de fijo, añaden los magistrados.

La sentencia cuenta con un voto particular discrepante, del magistrado Rafael Antonio López Parada, que apuesta por la fijeza en más situaciones que las que apoya el resto del Pleno de la Sala de lo Social.

4) Indemnización por daños a los afectados

Los trabajadores que no cumplan con los requisitos para la fijeza en sus puestos, porque no superaron estos procesos selectivos, pueden acceder a indemnizaciones por los daños ocasionados por este abuso, además de las reconocidas hasta ahora al término del contrato. En concreto, “el abono de una indemnización reparadora y disuasoria”.

Los magistrados sientan los criterios para cuantificar estas indemnizaciones por el abuso en la temporalidad pública. Siguiendo la sentencia europea del 14 de abril, la indemnización debe ser una “compensación íntegra del perjuicio y principio de proporcionalidad”, es decir, “no cabe una indemnización meramente simbólica”, ni tampoco debe sobrepasar “el perjuicio sufrido” por el trabajador.

Además, debe “tener en cuenta la naturaleza de las funciones desempeñadas por el trabajador, el número y la duración acumulada de los contratos en cuestión, las ventajas económicas que el interesado habría podido reclamar de no haber existido el abuso y el perjuicio sufrido como consecuencia de la situación de incertidumbre en la que se ha encontrado”.

Esta indemnización compensatoria “tiene que diferenciar entre los daños materiales”, como las ventajas económicas que el interesado habría podido reclamar de no haber existido el abuso, y “los daños morales”, más difíciles de cuantificar.

5) Indemnización mínima de hasta 10.000 euros por daños morales

Para facilitar el cálculo de la indemnización, el Supremo fija “una indemnización presuntiva mínima de los daños morales sin perjuicio de que, si el trabajador acredita unos daños superiores, se indemnicen en su integridad”.

Para ello, utiliza como referencia la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), que considera una infracción grave la vulneración de la normativa sobre contratos temporales. Así, en función de las multas en vigor –que se reformaron en 2021– establece una indemnización de:

–“En su grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros”, antes del 31 de diciembre de 2021.

–“En su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros”, después de esa fecha.

Los magistrados recuerdan además que la LISOS regula un aumento de la sanción en caso de reincidencia.

Eso sí, “cuando el trabajador acredite que, como consecuencia del abuso en la temporalidad, ha sufrido unos daños superiores, se deberán indemnizar en su integridad”, apuntan los jueces. Eso requerirá que “el trabajador acredite el concreto perjuicio sufrido”.

El catedrático de Derecho del Trabajo Eduardo Rojo considera que este nuevo pronunciamiento del Supremo aumentará la litigiosidad de los temporales laborales (aunque destaca que el número de procedimientos judiciales en esta materia ya es muy elevado). Tanto de aquellas personas que tengan derecho a ser reconocidas como fijas, como también de quienes tienen derecho a esta nueva indemnización por daños.

6) Instar a que la Inspección de Trabajo sancione a la Administración

Los magistrados recuerdan que la legislación “regula la responsabilidad civil, penal y disciplinaria de los funcionarios y la responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas”, pero la justicia europea consideró que “no se ha acreditado que ese régimen de responsabilidad haya tenido operatividad real”.

Aunque destacan que “corresponde al legislador aprobar las reformas necesarias para la efectividad de esta responsabilidad”, el Supremo considera que “una medida eficaz podría consistir en que, cuando se constate que se ha producido un abuso en la temporalidad, se remita testimonio de la sentencia a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social” para que inicie el correspondiente procedimiento sancionador contra la Administración pública.

“La imposición de las correspondientes sanciones administrativas a las Administraciones públicas incumplidoras constituye una medida que, junto con la indemnización de daños y perjuicios, sanciona la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada. Su impacto económico tendrá un efecto disuasorio”, consideran los magistrados.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves el desglose completo de la nueva Oferta de Empleo Público para la Administración General del Estado, aprobada el martes por el Consejo de Ministros. En total son 37.017 plazas, contando a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, pero la oferta específica de la AGE alcanza las 27.232 plazas, que es las que distribuye esta mañana el BOE.

En el siguiente buscador se pueden encontrar todas las plazas ofertadas, por puesto y grupo, así como las plazas reservadas para personas con discapacidad.

De las 27.232 plazas ofertadas, 20.541 corresponden al acceso por turno libre y 6.345 para promoción interna.

Entre ellas, además de los puestos en la Administración General del Estado (AGE) propiamente dicha, están las plazas de personal de la Administración de Justicia, los cuerpos de personal funcionario docente no universitario en el ámbito de las competencias de la AGE, las escalas de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional; el personal estatutario (tanto de la red hospitalaria del Ministerio de Defensa como del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria), así como las plazas a convocar en el Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial.

La siguiente tabla desglosa las plazas previstas en la OEP 2026, exclusivamente en la Administración General del Estado (AGE), tanto en el turno libre como en los procesos de promoción interna, según el subgrupo: desde el personal laboral a los funcionarios C2 a A1.

Con esta Oferta, el Gobierno prevé los puestos de empleados públicos del Estado que se cubrirán por el año 2026, en cada uno de sus cuerpos. No es la convocatoria oficial de estas plazas, un procedimiento posterior por el que cada organismo abre los procesos selectivos para acceder a esos puestos y que suele llevar un tiempo de demora. Este plazo no puede exceder los tres años, cuando se amortizan las plazas que no se han cubierto.

El Gobierno destaca que esta oferta crea de nuevo “empleo neto”, tras la sangría de la AGE desde las políticas de austeridad fruto de la pasada crisis financiera. En concreto, este 2026 se aprueban “6.000 plazas de turno libre más que las bajas producidas en el ejercicio anterior”.

Empleos tecnológicos

Como novedad, la OEP 2026, como se denomina en los ámbitos de empleados públicos, pone el acento sobre todo en los empleos tecnológicos y en puestos para responder a emergencias climáticas, explicó el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. 

El ministro explicó que se convocarán 1.700 plazas en cuerpos TIC, “un 42% más que en la anterior oferta”, y que incluirán por primera vez pruebas selectivas por especialidades en “ciberseguridad, inteligencia artificial y ciencia del dato”. Además, López ha explicado que se va a incorporar la formación obligatoria en digitalización e inteligencia artificial (IA) en todos los procesos selectivos de la Administración del Estado.

El BOE especifica que “se refuerza la captación de talento especializado en materia de tecnologías, con un incremento del 40% de las plazas de los cuerpos de tecnologías de la información y la comunicación, para continuar la transformación digital de la Administración y las competencias en inteligencia artificial”.

Puestos para la emergencia climática

En cuanto a los puestos para afrontar las consecuencias del cambio climático, con episodios vividos como la Dana de Valencia y los temporales de este año en Andalucía y Extremadura, “la oferta supone un refuerzo inédito en materia de lucha contra las emergencias climáticas, en particular en lo referido a las infraestructuras hidráulicas, la protección de la costa y la predicción de fenómenos meteorológicos extremos”.

El decreto recoge que “no sólo se incrementa la asignación a los cuerpos y escalas de esos ámbitos funcionales, sino que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria de 346 plazas”, de conformidad con el decreto ley con medidas urgentes aprobado por los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

Además, “se refuerza la asignación de recursos al Sistema Nacional de Protección Civil, encargado de la gestión de la Red de Alerta Nacional y la participación en todas las fases de la política de seguridad pública que constituyen la protección civil: la anticipación y preparación, la planificación y gestión de emergencias y la resiliencia y recuperación, que incluye la gestión de las subvenciones y ayudas estatales en el ámbito de la protección civil”, contempla el decreto.

Otras áreas “prioritarias”

El Gobierno destaca en el real decreto las plazas ofertadas en varias áreas específicas, como por ejemplo el refuerzo de “los cuerpos especializados en la seguridad ferroviaria”, en un año en el que se han producido dos graves accidentes ferroviarios (en Adamuz y Gelida) y en el que los sindicatos ferroviarios exigieron un refuerzo de sus plantillas. “Y se aumentan en más de un 20% las plazas de los cuerpos y personal laboral que prestan servicios en las funciones de obras públicas y el mantenimiento y vigilancia de la red de infraestructuras de transportes”, recoge la norma.

En un contexto de incertidumbre geoeconómica, la OEP también “pone el acento en la política de diagnóstico de la situación económica y diseño de las políticas económica y comercial, con un aumento del 20% de las plazas de los cuerpos especializados en las áreas funcionales de economía y comercio”.

También hay un refuerzo del personal de Defensa: “Se incrementan los recursos asignados a las políticas públicas de mejora de las capacidades militares, ciberdefensa e industria militar, así como a la seguridad ciudadana y la política penitenciaria de reinserción, con un incremento superior al 15% de plazas en dichos ámbitos funcionales”.

Atención a la ciudadanía

Además de lo que el Gobierno denomina “políticas públicas prioritarias”, el Ejecutivo añade que la oferta de empleo público de 2026 busca también “reforzar los servicios públicos esenciales que presta el Estado”.

Una de ellas es la “atención a la ciudadanía”, un ámbito que fue más central para el Gobierno en la pasada OEP, la de 2025 y que este año los sindicatos pedían seguir reforzando. Los representantes de los empleados públicos no han avalado la oferta de empleo, ya que el Gobierno no la ha negociado con la plantilla.

“Se continúa el esfuerzo realizado en la oferta de empleo público de 2025”, recoge el decreto, “para incrementar las plazas destinadas a dicha área funcional”, el contacto más directo de la Administración con la ciudadanía a través de las más de 3.200 oficinas.

“Para ello se consolida la creación de empleo neto en cuerpos y escalas vinculados directamente con los servicios de atención a la ciudadanía, como el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado o el Cuerpo de Administrativos de la Administración de la Seguridad Social, con el objetivo de conseguir la eliminación progresiva de la cita previa obligatoria”, contempla el real decreto.

Plazas de reservistas para desbloquear la jubilación parcial

También se incluye como novedad la previsión de plazas específicas de personal laboral relevista fijo para permitir la jubilación parcial de este personal en la Administración General del Estado. Esta quedó bloqueada tras la última reforma de pensiones de esta modalidad de jubilación, por las condiciones que se exigen a los trabajadores relevistas (que sean indefinidos), pensadas para el sector privado, pero de difícil encaje en el público.

En concreto, se contemplan: 650 plazas en el IV Convenio Único de la Administración General del Estado, 63 plazas en el Convenio Colectivo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dos plazas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 5 plazas en el Museo Nacional del Prado, 6 plazas en el Instituto Cervantes, 120 plazas en Puerto del Estado y 8 plazas para otro personal fuera de convenio.

El detalle de todas las plazas ofertadas puede consultarse en este enlace del Boletín Oficial del Estado.

El Ayuntamieto de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado las bases y convocatoria para la creación dos bolsas de empleo para personal funcionario en régimen de interinidad.

El primer caso, como ha detallado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, se trata de una bolsa de empleo como personal funcionario en régimen de interinidad en plaza de Jefe/a de Relaciones Públicas del Centro Municipal de Representaciones Escénicas (CMRE), perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Subgrupo C1. El extracto de las bases será publicado en el Boletín Oficial de La Rioja, y de forma íntegra en el apartado 'Convocatorias de empleo' de la página web logrono.es

En el segundo caso, se trata de la creación de una bolsa de empleo como personal funcionario en régimen de interinidad en plazas de plantilla de Técnico/a de Administración General, pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, correspondientes al grupo A, subgrupo A1.

El extracto de las bases será publicado en el Boletín Oficial de La Rioja, y de forma íntegra en el apartado 'Convocatorias de empleo' de la página web logrono.es

“Seguimos avanzando, no solamente en el hecho de ir cumpliendo esa oferta de empleo público que, además, anuncio que en breve traeremos para aprobación, como fue nuestro compromiso de hacerlo siempre dentro de los plazos que marca la ley, sino que seguimos avanzando en esta consolidación y en esta creación de ofertas para que existan o estén cubiertas las necesidades que el Ayuntamiento tiene en cuanto a su gestión”, ha afirmado la portavoz municipal, Celia Sanz.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva Oferta de Empleo Público (OEP) de la Administración General del Estado (AGE), correspondiente a 2026, con algo más de 37.000 plazas. La cifra supone un ligero aumento respecto a la aprobada el año pasado, con 400 plazas más, y se desglosa en 27.232 plazas ofertadas para la Administración General del Estado (AGE) y 9.785 para los Cuerpos de Seguridad del Estado. La oferta no cuenta con el respaldo sindical, al igual que sucedió el año pasado, porque el Ministerio no ha negociado las cifras con los representantes de los empleados públicos.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha informado de los números globales de la oferta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aunque el detalle de los puestos se conocerá mañana, con la publicación de las plazas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De las 27.232 plazas ofertadas para la AGE, 20.541 corresponden al acceso por turno libre y 6.345 para promoción interna.

En los últimos años, el Gobierno ha destacado la creación de “empleo neto” en la Administración Central tras años de recortes, fruto de las restricciones a la entrada de trabajadores públicos durante la pasada crisis financiera y ante el gran número de jubilaciones que se están produciendo en los últimos años. La convocatoria récord fue la de 2024, con unos históricos 40.000 puestos.

Con esta nueva Oferta de Empleo Público, López ha cifrado en “6.200” los empleos netos creados, fruto de las salidas en 2025 y las nuevas incorporaciones previstas. El ministro de Función Pública ha subrayado que en los últimos años se está rebajando la edad media de la plantilla en la Administración General del Estado, hasta los 49 años desde el máximo de 51 años en 2020.

CCOO ha considerado “insuficientes las veintisiete mil plazas anunciadas, que no responden a las necesidades del servicio público ni en la cobertura de vacantes ni en la promoción interna”, ha criticado el sindicato. También CSIF ha tachado de escasas las plazas, con la creación de apenas 217 de nuevo ingreso respecto al año pasado y por segundo año consecutivo con una reducción de la promoción interna, concretamente en 220 plazas.

Empleos tecnológicos y para emergencias climáticas

El ministro ha destacado una apuesta de esta Oferta de Empleo Público por reforzar las plazas tecnológicas y también puestos para enfrentar las consecuencias de emergencias climáticas. “Es una oferta diferente a otras en el pasado. Tiene sobre todo una gran prioridad: la digitalización y el uso de la IA en la Administración Pública. Obviamente con un objetivo: mejorar los servicios que se ofrecen a los ciudadanos”, ha afirmado Óscar López. 

En concreto, el ministro ha informado de que se convocarán 1.700 plazas en cuerpos TIC, “un 42% más que en la anterior oferta”, y que incluirán por primera vez pruebas selectivas por especialidades en “ciberseguridad, inteligencia artificial y ciencia del dato”. Además, López ha explicado que se va a incorporar la formación obligatoria en digitalización e inteligencia artificial (IA) en todos los procesos selectivos de la Administración del Estado.

“Vamos a digitalizar la Administración Pública, a transformar el empleo público, pero vamos a seguir creando empleos. Vamos a transformar empleos, no a destruir empleos”, ha insistido el ministro, lo que considera que manda “un mensaje muy importante para el sector público” en estos momentos sobre la posible repercusión de la IA en el mercado laboral. El objetivo además es “aumentar un 25% los procedimientos administrativos digitales”, ha añadido.

Respecto a las emergencias climáticas, la Oferta de Empleo Público incluye “346 plazas” de una oferta extraordinaria para reforzar los servicios públicos en este campo, ha añadido el responsable de Función Pública, sobre todo en el Ministerio de Transición Ecológica.

Refuerzo de “áreas estratégicas”

López ha mencionado que otra de las novedades de esta OEP es que se ha diseñado no desde un enfoque de “cubrir las bajas con altas”, sino priorizando la dotación de recursos humanos “en áreas estratégicas”, según un análisis prospectivo de las necesidades de país y del estado de las distintas administraciones y servicios públicos.

Entre estas áreas estratégicas, el Ministerio de Función Pública ha destacado un listado: la transformación digital e inteligencia artificial, el impulso y liderazgo de la transición energética, la prevención de las emergencias climáticas y lucha contra el cambio climático, el refuerzo de las capacidades de ciberseguridad del Estados, la mejora de las infraestructuras y el transporte, la estrategia comercial: digitalización, expansión y refuerzo del tejido productivo, la seguridad pública, la protección de la ciudadanía y el refuerzo de las capacidades de defensa, así como la nacionalidad y migraciones (fruto de la regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular), y la mejora de la atención a la ciudadanía.

Los sindicatos mayoritarios entre los empleados públicos, CCOO, UGT y CSIF, han denunciado la falta de negociación de la oferta de empleo público, como sucedió en años precedentes. CCOO ha expresado sus recelos por los anuncios de transformar el empleo público a través de la digitalización y la IA, al considerar que “crean incertidumbre al ocultar las cifras, abren la puerta a las empresas tecnológicas muy interesadas en lo público para realizar negocios y amplían la externalización de servicios públicos en la Administración General del Estado”.

En UGT, han subrayado también sus quejas por la falta de convocatoria de unas 9.000 plazas laborales de anteriores Ofertas de Empleo Público, de 2023 a 2025, algunas a punto de caducar (ya que tienen que convocarse en el plazo de tres años). El Ministerio se comprometió con los sindicatos que aprobaría las plazas en unos dos meses, según fuentes sindicales, que apremian a Función Pública a cumplir con su palabra y no demorar tanto las convocatorias de empleo.

Por su parte, CSIF denunció la “opacidad” del Ministerio y subrayó que “el proceso de regulación masiva de migrantes está poniendo al descubierto las ‘costuras’ y necesidades de una Administración General del Estado, ya de por sí tensionada en la carga de trabajo, especialmente en ámbitos como Extranjería, Seguridad Social e Interior”.

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha publicado la relación provisional de personas admitidas y excluidas en un proceso selectivo para cubrir un puesto de funcionario interino como Ayudante de Auditoría. En el listado, publicado el pasado 10 de abril de 2026, solo han sido admitidos seis personas y se han quedado fuera 26 por no haber presentado la documentación acreditativa del permiso de conducir de categoría B.

El proceso, planteado como concurso de méritos con entrevista posterior, exige condiciones relativamente estándar —titulación media o superior, capacidad funcional y requisitos generales de acceso al empleo público— y se articula en dos fases: una valoración de experiencia y ejercicios previos en la Administración y una entrevista que puede concentrar la mayor parte de la puntuación final.

Sin embargo, el primer corte no ha llegado por esa vía. Todas las exclusiones publicadas responden a una única causa: no haber aportado el permiso de conducir de categoría B. La propia convocatoria permite a la Administración requerir en cualquier momento la documentación acreditativa de los requisitos, y establece que los méritos no documentados no se tienen en cuenta, lo que en la práctica convierte la fase inicial en un filtro estrictamente formal.

Al no existir una bolsa de empleo específica en el Consejo de Cuentas —cuyos puestos suelen cubrirse con personal funcionario de otras administraciones—, esta convocatoria abierta buscaba una incorporación inmediata, bajo los principios de mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Esa urgencia también se traduce en una tramitación donde los errores documentales pesan más de lo habitual, según recoge la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León.

La lista era, en todo caso, provisional. Los aspirantes excluidos disponían de cinco días hábiles para subsanar la falta de documentación. La vacante a cubrir se trata de yudante de auditoría para la sustitución transitoria de la persona titular, ausente por una causa legal con derecho a reserva de puesto.

La Diputación de Badajoz ha anunciado una Oferta de Empleo Público (OEP) para 2026 con un total de 183 plazas, el número “más amplio existente hasta ahora”, según la presidenta de la institución, Raquel del Puerto. Esta oferta es “tres veces mayor” a la anterior y que ha sido consensuada con todas las fuerzas sindicales con representación en la institución, ha destacado.

Esta convocatoria, que será publicada este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), es resultado “de estudiar las bajas registradas en el ejercicio anterior, de identificar las necesidades de personal presentadas por las distintas áreas, y de analizar los puestos cubiertos por personal interino a vencer próximamente y las anteriores ofertas con plazas que no se ejecutaron”, ha dicho.

Durante la evolución de esta Oferta Pública de Empleo se estima que se jubilen 135 trabajadores, de ahí “la mayor importancia aún si cabe” de impulsar este proceso. Según ha explicado Del Puerto, la Diputación enfrenta a un proceso de relevo generacional tanto por las jubilaciones como por la media de edad de la plantilla, por lo que se estudian medidas como la implantación de un proceso planificado de transferencia de liderazgo desde la generación de mayor edad a la más joven a través de distintas iniciativas “para no perder el conocido como conocimiento crítico”.

Del global de plazas un total de 68 son de acceso libre -con la reserva de cinco para personas con discapacidad física o intelectual- y 57 de promoción interna, en este último caso entre otros para “fomentar la motivación y el talento de la plantilla y el crecimiento profesional del personal funcionario de carrera en la institución”.

Un total de 107 personas tendrán la oportunidad de concurrir a estos procesos selectivos de promoción interna. También se incluyen 58 plazas de cambio de régimen jurídico, ha manifestado Raquel del Puerto.

En este sentido, el director provincial del área, Fernando Blanco, ha explicado que se trata de personal laboral de la institución cuya categoría, por la naturaleza de sus funciones, es propia de funcionarios, por lo que se llevará a cabo un proceso de promoción interna horizontal, a través de concurso oposición, para impulsar este cambio de régimen jurídico.

La Diputación presentará este miércoles a los sindicatos una propuesta de calendario para trabajar en el desarrollo de esta oferta de empleo.