Las recientes convocatorias de ofertas de empleo público abren un abanico de oportunidades para quienes quieren trabajar en la administración riojana. Sin embargo, también se acumulan las dudas y la incertidumbre ante estos procesos que a veces pueden resultar complejos y desmotivadores. Son muchos los aspirantes que no saben a qué plazas pueden acceder, qué requisitos tienen que cumplir o que temario tienen que estudiar. Por ello, STAR cuenta con un Servicio de Orientación para el Empleo Público como espacio integral, que incluye orientación personalizada, el acompañamiento durante todo el proceso y la formación especializada.

El sindicato señala que sigue siendo un buen momento para acceder al empleo público, con varias OPE con muchas plazas en marcha, pues la edad media del funcionariado sigue siendo alta y hay relevo. Sin embargo, hay muchas personas que se acercan a consultar al sindicato y no saben que podían trabajar en la administración pública o qué estudios o requisitos necesitan. “Queremos dar las herramientas a las personas que quieren acceder a la Administración, que implica enfrentarse a un sistema muy complejo, hay que saber los procesos, las modalidades, cómo es la oposición, si es una oposición libre, si es un concurso oposición, las bolsas de empleo”, señala Lourdes Montes, secretaria de Servicios a la Afiliación. 

Un itinerario en dos fases: del perfil al examen

En este escenario, STAR ha puesto en marcha el Servicio de Orientación para el Empleo Público “para poder encaminar a la gente que quiere ser funcionario o trabajar en la Administración Pública para que tengan las posibilidades de éxito en ese acceso”, según presenta Montes. El servicio comienza con una orientación personalizada, que incluye una orientación según su perfil académico, experiencia y preferencias, optimizando así sus posibilidades de éxito. De esta forma, STAR guía a cada aspirante al proceso selectivo más oportuno con un acompañamiento constante, desde la convocatoria hasta el estudio. 

“Los procesos pueden ser desmotivadores a la hora de los plazos, cuando ven las listas de admitidos y excluidos y a veces hay mil aspirantes para diez plazas”, apunta la responsable de STAR, que señala que se ofrece herramientas de gestión, estudio y estrategias de afrontamiento a través de profesionales especializados “. Pero sí que es verdad que el proceso es complejo y a veces la desmotivación de ver que no salen los plazos, que han pasado dos meses y aún no es el examen”

Apoyo continuo

El apoyo que se brinda a los opositores no es genérico, sino que se divide en un itinerario de dos fases bien diferenciadas. La formación ofrecida por STAR está acreditada y cuenta con docentes altamente especializados en cada materia y en cada ámbito para, como resalta Lourdes Montes, “que la preparación sea lo más rigurosa, actualizada y ajustada a esas a esas plazas a las que van a presentarse”. Los planes de formación de STAR cuentan con una parte general referida a la legislación común y una parte especifica según cada plazas. 

“Impulsamos que los opositores conozcan bien lo que es una oposición y así poder preparar bien el temario y el método y seguimiento a las exigencias reales de cada convocatoria”, destaca Montes. También en STAR hacen un simulacro de examen para que los opositores se enfrenten a lo que es un llamamiento a la hora de entrar a preparar la oposición y hacer como un tipo de examen controlándoles el tiempo y valorando la velocidad. “Intentamos hacerles ese acompañamiento hasta el final lo más parecido a lo que puede ser la oposición”, explica.

El Servicio de Orientación de STAR también sirve para los funcionarios de carrera, para quienes es fundamental actualizar de forma constante sus conocimientos en la administración. Para ellos, ofrenden cursos online y charlas orientativas. En definitiva, el Servicio de Orientación para el Empleo Público de STAR se consolida como una herramienta fundamental para los opositores de La Rioja. Al transformar un laberinto normativo en un itinerario accesible, riguroso y con un fuerte respaldo humano y formativo, el sindicato no solo prepara opositores para aprobar un examen; les dota de las herramientas necesarias para construir con seguridad su futuro profesional en la Administración riojana. 

El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy, día 2, del calendario completo de oposiciones aprobado por la Dirección General de Función Pública para convocar antes de fin de año las 505 plazas de todas las Ofertas de Empleo Público (OPE) de Servicios Generales de 2023 a 2026, cuyos procesos selectivos quedaban pendientes, con el objetivo de avanzar en la reducción de la temporalidad y en la ejecución anual de las ofertas. La primera tanda se ha publicado este martes e incluye 49 plazas para siete procesos selectivos de los cuerpos de Ingeniero de Caminos, Farmacéutico, Subinspector de Tributos, Inspector de Consumo y Ordenanza.

Este calendario completo de convocatorias de oposiciones representa un ejercicio de planificación integral que permitirá que todas las plazas pendientes queden convocadas antes del próximo 31 de diciembre, con dos únicas excepciones: la plaza de Letrado, cuya convocatoria está prevista para 2027, y 50 plazas de promoción interna de Auxiliar Administrativo General a Administrativo, que se publicarán en enero de 2027.

Este esfuerzo de planificación supone un avance decisivo en la reducción de la temporalidad en la Administración Autonómica y permitirá, por primera vez, ejecutar las ofertas en el mismo año de su aprobación, garantizando mayor agilidad, seguridad jurídica y eficiencia en la gestión del empleo público. Asimismo, el calendario ofrece previsibilidad y certidumbre a un colectivo muy amplio de opositores, academias de preparación y organizaciones sindicales, y refuerza la transparencia y la colaboración del Gobierno regional en materia de empleo público.

De las 505 plazas previstas, 301 son para personal de nuevo ingreso, de las que 41 se reservan para personas con discapacidad: 33 de discapacidad general (RDG) y 8 de discapacidad intelectual (RDI). Además, hay previstas 161 plazas de promoción interna vertical (PIV) y 43 de promoción interna horizontal (PH).

El documento recoge la fecha prevista para cada uno de los 65 procesos selectivos y la previsión para su primer examen. Entre las convocatorias más numerosas destacan:

El calendario incluye también convocatorias de perfiles técnicos, sanitarios, sociales y de ingeniería, con fechas de primer examen distribuidas entre el 4º trimestre de 2026 y el 2º trimestre de 2027, según el cuerpo y la especialidad.

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado la Oferta de Empleo Público referente al año 2026. Está formada por 53 plazas que, según destacado la concejala responsable del área de Personal, Celia Sanz, permiten “avanzar en la consolidación del empleo público” y “adecuar la estructura laboral municipal a las necesidades organizativas de esta Administración, para en aras de ofrecer la mayor eficacia y eficiencia en el servicio que se presta a la ciudadanía de Logroño”.

De las plazas que integran la Oferta de Empleo Público, 38 corresponden a personal de nuevo ingreso. Destacan entre ellas 9 plazas de Policía Local, 7 de Administrativo y 5 de Técnico de Administración General. También se incluyen 3 plazas de Operario, 2 de Arquitecto Técnico, 1 de Arquitecto, 2 de Delineante y 1 de Técnico de Educación Infantil, entre otros perfiles muy demandados.

La oferta para personal de nuevo ingreso se completa con 1 plaza de Animador de Espacios Juveniles, 1 de Jefe de Relaciones Públicas del CMRE. 1 de Trabajador Social, 1 de TGM (Administración Especial), 2 de Técnico de Administración Especial, 1 de Ingeniero Técnico y 1 de Técnico Responsable de Prevención. De las 38 plazas de nuevo ingreso, se han reservado 3 para el acceso de personas con discapacidad: 1 de Operario, 1 de Administrativo y 1 de Técnico de Administración General.

El resto de la Oferta de Empleo Público 2026 se desglosa del siguiente modo: 12 plazas destinadas a la promoción interna del personal municipal, y 3 plazas de consolidación de empleo interino.

Celia Sanz ha insistido en el “esfuerzo continuado” para impulsar los procesos selectivos de personal, agradeciendo la “gran profesionalidad” de la Dirección General de Personal para ejecutar los distintos procesos. Así, ha recordado que durante el año 2026 se han aprobado las bases y convocatoria de 2 procesos selectivos, que han supuesto convocar un total de 5 plazas de plantilla y la creación de 2 listas de espera. Durante el año 2025 se aprobaron las bases y convocatoria de 23 procesos selectivos, que han supuesto convocar un total de 62 plazas de plantilla y la creación de 4 listas de espera.La concejala ha destacado el impulso dado a procesos como la convocatoria para cubrir 35 plazas de Administrativo, la de 6 plazas de Trabajador Social, la de 5 plazas de oficial inspector, la de 5 plazas de Delineante o la de 11 plazas de Bombero conductor.

La Oferta de Empleo Público completa se encuentra ya publicada en la página web del Ayuntamiento de Logroño www.logrono.es . 

PROMOCIÓN INTERNA

Nº de plazas

Técnico educación infantil

2

Cabo de salvamento

2

Sargento de salvamento

1

Oficial Policía Local

2

Técnico de Juventud

1

Oficial inspector

1

Subalterno

1

Oficial mecánico conductor

1

Oficial aguas

1

TOTAL

12

38 plazas de plantilla para personal de nuevo ingreso:

PLAZA DE PLANTILLA

Nº de plazas

Técnico de Administración General

5

Policía Local

9

Arquitecto Técnico

2

Técnico de Administración Especial

2

TGM (Administración Especial)

1

Animador espacios juveniles

1

Jefe Relaciones Públicas CMRE

1

Trabajador social

1

Administrativo

7

Operario

3

Ingeniero técnico

1

Arquitecto

1

Delineante

2

Técnico de Educación Infantil

1

Técnico Resp. Prevención

1

TOTAL

38

De las cuales, se han reservado las siguientes plazas de plantilla para el acceso a personas con discapacidad:

Plaza

número

Administrativo

1

Operario

1

Técnico de Administración General

1

Y 3 plazas de consolidación de empleo interino

Plaza

número

Diplomado Ad. Financiera

1

Oficial de aguas

1

Técnico especialista FP II

1

Desde hace algún tiempo, la conservación y restauración de la Alhambra –el monumento más visitado de España junto con la Sagrada Familia– son un ejercicio cada vez más complicado de llevar a cabo. A la pérdida paulatina de personal porque no se han contratado perfiles suficientes, se suma que, desde la última actualización de la relación de puestos de trabajo (RPT) del monumento, no se exige que los profesionales contratados para esas tareas tengan una formación especializada. Es decir, que cualquier trabajador que esté en la bolsa única de empleo de la Junta de Andalucía puede acceder a la plaza de un especialista en restauración sin saber nada de ello. Un problema que, lejos de mejorar, va a peor dado que la jubilación de los especialistas está cada vez más próxima.

“En 2 o 3 años puede que no haya trabajadores que puedan restaurar y conservar la Alhambra”. Quien lo denuncia es precisamente uno de los que quedan y que, con una edad cercana al retiro profesional, denuncia que ni la Junta ni el Patronato de la Alhambra y el Generalife acaban de ser conscientes del grave problema que eso representa. Este trabajador, que prefiere guardar el anonimato, afirma que ya en la actualidad faltan profesionales dedicados a la restauración porque no se han cubierto todas las plazas, pero que, además, de las cubiertas tan solo tres corresponden a profesionales cualificados en dichas funciones. “La Alhambra no se conserva con obras puntuales, sino que requiere un mantenimiento diario que no se le puede encomendar a alguien que no sepa nada del tema”, lamenta.

No en vano, los problemas de personal en la Alhambra son ya históricos. En las últimas dos décadas se han sucedido las quejas de los trabajadores porque no se ha estabilizado a muchos de ellos y faltaban manos en diversas áreas, llegando incluso a que la Inspección de Trabajo reconociese que esa situación genera problemas de salud en los empleados del monumento. Sin embargo, las últimas actualizaciones de la RPT no han acabado de atajar todas las problemáticas y, en ámbitos como la restauración, están agravando los males. De hecho, los restauradores lamentan que no se les considere profesionales de grupo 1 o 2, sino 3, lo que, por salario, desincentiva que se atraigan nuevos perfiles de especialistas a estas funciones.

Sin formación específica

No se trata solo de una cuestión de falta de personal, sino también de cómo se cubren esas vacantes. La última modificación de la RPT, aprobada por la Junta de Andalucía, eliminó los requisitos específicos de titulación que antes se exigían para determinadas plazas. Según explica el comité de empresa, anteriormente los puestos vinculados a restauración requerían formaciones concretas –como Bellas Artes u otras especialidades–, pero esas “coletillas” desaparecieron en la negociación del nuevo modelo que se impuso en septiembre de 2024 tras varios amagos de huelga por parte de los trabajadores.

Desde entonces, el acceso a estos puestos se realiza a través de la bolsa única de empleo autonómica, un sistema común para toda Andalucía que no distingue entre funciones genéricas y trabajos altamente especializados. En la práctica, esto permite que trabajadores puedan acceder a plazas sin que exista relación entre su formación y las tareas a desempeñar. “Yo soy jardinero y me puedo ir a cantería”, resume gráficamente Pepe Antequeruela, portavoz del comité de empresa.

El problema, según los representantes de la plantilla, es que esa homogeneización administrativa no encaja con la realidad de un espacio como la Alhambra, donde cada intervención requiere conocimientos técnicos muy específicos. “Cuando tú no tengas trabajadores especializados, traerás empresas de la calle”, advierte Antequeruela, que reconoce que esta dinámica de privatización ya se está produciendo en determinados trabajos.

De hecho, los propios trabajadores describen un funcionamiento cada vez más limitado dentro del monumento. “No somos capaces de hacerlo porque quienes entran nuevos no son profesionales”, señala el empleado consultado, que explica que muchas de las plazas actuales “no tienen contenido de trabajo” porque quienes las ocupan no cuentan con la cualificación necesaria. Esto genera, además, una cadena de disfunciones internas: empleados que aceptan puestos por cercanía o estabilidad pero que luego no pueden desempeñar las tareas, mandos intermedios que no pueden asignarles trabajo y una creciente dependencia de contratas externas.

A corto plazo, además, el comité de empresa apunta a que la situación puede consolidarse si no se introducen cambios en la planificación prevista. La nueva RPT contempla la incorporación progresiva de personal –con una previsión inicial de 25 plazas laborales y 21 de funcionarios– dentro de un marco más amplio que supera el centenar de puestos, pero bajo los mismos criterios actuales. Es decir, sin garantizar que esas nuevas incorporaciones respondan a perfiles especializados. “Se van a cubrir plazas, pero no necesariamente con gente que sepa hacer ese trabajo”, señalan desde la representación de los trabajadores, que advierten de que, sin corregir ese enfoque, el problema no solo persistirá, sino que se ampliará con cada nueva incorporación.

Una plantilla insuficiente

La consecuencia más inmediata no es visible a corto plazo, pero sí acumulativa. El mantenimiento de la Alhambra no depende solo de grandes intervenciones, sino de un trabajo constante y minucioso. “Hay que salir todos los días, recorrer el monumento, ver grietas, goteras, fisuras…”, explica el trabajador. No es algo que se pueda solventar contratando externamente tareas puntuales. “Tienen que conocer bien el monumento y eso es imposible sin estar a diario en él”, insiste el profesional. A ello se suma la presión de las visitas: miles de personas al día que, aunque de forma imperceptible, contribuyen al desgaste del conjunto. “El daño es pequeño, pero 8.000 personas al día, 365 días al año son muchos”, explica el trabajador sobre la realidad de un monumento cuya importancia no deja de crecer en visitantes, hasta el punto de que es Patrimonio Mundial por la UNESCO.

En este contexto, la falta de relevo generacional agrava aún más la situación. La mayor parte de los especialistas actuales se encuentra en torno a los 60 años y su jubilación es inminente. “En dos años empieza a jubilarse el 60% de la plantilla”, advierte el trabajador, mientras que desde el comité apuntan a un horizonte de entre seis y siete años para un cambio completo en el personal. Sin embargo, las condiciones actuales no garantizan que quienes ocupen esos puestos en el futuro cuenten con la formación necesaria.

Desde el Patronato de la Alhambra y el Generalife, por su parte, niegan cualquier irregularidad en la contratación y subrayan que todo el proceso se ajusta estrictamente a la normativa vigente. Fuentes del organismo señalan que la cobertura de plazas se realiza a través de la bolsa única de la Junta y que los requisitos vienen determinados por la RPT y el convenio colectivo, no por decisiones discrecionales del propio Patronato. En ese sentido, reconocen que las categorías profesionales “exigen niveles genéricos de titulación” y apuntan a la formación interna como vía para reforzar la capacitación del personal mientras se alcanzan “soluciones estructurales”.

Una explicación que no convence a la plantilla. “Dándole una formación de dos días o una semana no formas a nadie”, replica el trabajador, que insiste en que la restauración del monumento requiere años de especialización. “La Alhambra no es un centro de formación”, añade.

Desde el Ejecutivo regional, la respuesta incide en la misma línea. La Junta, a través de la Consejería de Justicia, defiende que la actualización de la RPT y del sistema de acceso fue acordada con los sindicatos “para garantizar la cobertura de vacantes según los criterios de igualdad, mérito y capacidad”. Sin embargo, no entra a valorar el impacto de ese modelo en espacios de alta especialización como la Alhambra.

Mientras tanto, dentro del monumento, la preocupación sigue creciendo. “Esto es el día a día”, resume el trabajador. “La Alhambra está muy bien hecha y tarda en notarse el mal trabajo, pero si mientras se está formando a la gente las cosas se caen, el patrimonio se pierde”.

“¿Qué pasará con las oposiciones, con las ayudas a los agricultores, los créditos...? ¿Qué hacemos con un gobierno paralizado? No podemos permitirnos una parálisis”. Durante toda la campaña electoral, el candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno, estuvo apelando al voto útil para reeditar una mayoría absoluta que garantizara “estabilidad” y evitara el “lío” en el que –según él– ya están inmersas comunidades como Extremadura, Aragón o Castilla y León. Territorios donde el PP mantiene su hegemonía, pero necesita pactar con Vox para gobernar: un escenario muy similar al que se enfrentan ahora los populares en Andalucía.

Para impedirlo, el hoy presidente en funciones trató de asociar la ausencia de mayoría absoluta con un escenario de bloqueo institucional: “No sabremos si habrá gobierno en julio, septiembre, noviembre o diciembre. No sabemos si habrá presupuestos, si podremos convocar unas oposiciones…”, deslizó Moreno también en el minuto final del primer debate electoral entre los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía. En un foro posterior, el jueves 7 de mayo, dijo textualmente: “Si el Gobierno no sale adelante, pues por ejemplo yo no puedo convocar las oposiciones que están previstas y hay alumnos que llevan un año preparándose en el ámbito de la docencia”.

Días después, el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, abrió el segundo debate afeando al candidato del PP que “chantajeara a miles de opositores andaluces diciendo: o me votan a mí o lo mismo se suspenden las oposiciones”. Moreno, lejos de rectificar como le instó García, insistió: “Si no hay Gobierno, no se pueden convocar las oposiciones”. Al mostrarse ambiguo y no concretar a qué pruebas se estaba refiriendo, sembró incertidumbre entre los opositores. Dos días antes de las elecciones, el candidato popular fue más claro en una entrevista en COPE y especificó que las oposiciones para profesorado de Secundaria y otros cuerpos previstas para junio no peligraban por estar ya convocadas.

A ojos de los sindicatos y expertos en Función Pública, no cabe confusión al margen de los pactos y de cuánto se alargue el Gobierno en funciones, las oposiciones “se van a celebrar sin ningún problema”. También lo afirman fuentes de la propia Consejería de Desarrollo Educativo, que indican que las oposiciones para profesorado de Secundaria y otros cuerpos se celebrarán el 20 de junio, como anunció la Junta el pasado mes de marzo, tal y como figura en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 25 de febrero. La propia portavoz de la Junta, Carolina España, dijo el martes que las oposiciones que están en marcha “pueden continuar”.

En el debate electoral, Moreno no aclaró que estaba poniendo en duda la futura convocatoria de oposiciones al cuerpo de Maestros, prevista para 2027, y el candidato de Adelante Andalucía (y muchos espectadores) entendieron que se refería a las oposiciones de Secundaria, ya convocadas para el 20 de junio.

Con todo, el mensaje de alerta del dirigente popular contemplaría un escenario inédito: las oposiciones del mes que viene se convocaron el pasado 25 de febrero (publicación en BOJA). De modo que las oposiciones de junio de 2027, se convocarían en febrero de ese año. Con este calendario, Moreno habría advertido en campaña de un hipotético bloqueo institucional de nueve meses, algo que no tiene antecedentes en ninguna comunidad autónoma.

Las elecciones en Extremadura fueron el 21 de diciembre, la Asamblea legislativa se constituyó el 20 de enero, el primer debate (fallido) de investidura fue el 4 de marzo (abriendo la cuenta atrás para la repetición electoral), María Guardiola fue investida presidenta el 22 de abril, y formó gobierno la semana siguiente.

¿Qué ocurre cuando un Gobierno está en funciones?

Desde el día siguiente a los comicios, el Ejecutivo saliente permanece en funciones hasta la formación del nuevo Gobierno. Durante ese periodo mantiene limitadas sus capacidades políticas, pero sigue ejecutando la actividad ordinaria de la administración. “Los gobiernos en funciones tienen el cometido de tramitar lo que está en marcha y evitar que se paralice la administración mientras hay una transición de un gobierno a otro”, resume Miguel Ibáñez, portavoz del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF).

El artículo 37 de la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece qué no puede hacer un Gobierno en funciones: aprobar presupuestos o presentar proyectos de ley. Pero no prohíbe convocar oposiciones, como manifestó el presidente andaluz durante el debate. “Se pueden convocar plazas aunque el gobierno esté en funciones, lo único que no se puede aprobar son los presupuestos”, concluye Esperanza Morales, Secretaria de Organización y Política Sindical de UGT Andalucía.

La representante sindical recuerda, además, que las convocatorias ya aprobadas tienen consignación presupuestaria y unos plazos legales de ejecución que deben cumplirse, tras ser negociadas en distintas mesas con los sindicatos. Es el caso de las pruebas de acceso a los cuerpos de profesores de Secundaria, Música y Artes Escénicas y Formación Profesional, para las que se han convocado un total de 5047 plazas de 66 especialidades. Estas oposiciones empezarán en junio, con independencia de que para entonces esté o no constituido ya el nuevo Gobierno autonómico.

La administración no se paraliza

La clave radica en que una convocatoria de oposiciones constituye “un acto de índole administrativa” al margen de la dirección política, como explica Esperanza Morales. “La Administración es la garante de los servicios públicos y los servicios públicos tienen que continuar funcionando”, añade la experta en Función Pública.

La explicación jurídica pasa por diferenciar entre el poder legislativo y la actividad administrativa. “La administración pública es el instrumento que gestiona y ejecuta las directrices políticas”, explica la responsable de UGT Andalucía. En otras palabras, una vez que el Parlamento queda disuelto tras la convocatoria electoral, no se pueden aprobar leyes hasta la constitución de la nueva Cámara, pero el Ejecutivo continúa operando en funciones para garantizar que la Administración siga funcionando y ejecutando los procedimientos ya iniciados.

Dentro de esa función, “las oposiciones son tarea diaria y cotidiana de la administración”, señalan los expertos. De modo que cuando una oferta de empleo público (OEP) ya está aprobada “lo único que queda es ejecutarla”, en palabras del portavoz del SAF.

Desde la Consejería de Justicia y Función Pública también indican que esas OPE ya aprobadas van a seguir su curso con normalidad. En cambio, señalan que no se pueden aprobar nuevas plazas, es decir, nuevas ofertas de empleo público mientras esté el Gobierno en funciones porque comprometan créditos futuros.

El precedente de Extremadura

El “lío” al que aludía Moreno tiene uno de sus precedentes recientes en Extremadura. Allí, la falta de acuerdo entre PP y Vox tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre dejó durante cuatro meses al anterior Ejecutivo presidido por María Guardiola en funciones.

La comunidad vecina también tenía unas oposiciones en ciernes y, para tranquilizar a los opositores que llevan años preparándose, la propia Junta extremeña aclaró públicamente que las oposiciones docentes previstas no corrían peligro. En una nota de prensa, recordó que se trataba de “un proceso dentro de la actividad ordinaria de la Consejería de Educación”, aclarando que la ausencia de un nuevo gobierno no afectaba a su celebración.

Tenía razón el líder de Adelante –que conoce bien el proceso porque fue opositor hasta que sacó plaza de profesor de Secundaria en 2021– cuando le dijo a Moreno que “las oposiciones no dependen de usted; puede ganar, perder o empatar que las oposiciones se van a celebrar”. Tal vez el presidente es el que ha terminado enredándose o que “algunos políticos estudian más para sacar votos que para no confundir a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país”, como concluye uno de los expertos consultados para aclarar este lío.

El Tribunal Supremo ya ha difundido su sentencia en la que reconoce como fija a una interina tras el fallo de la justicia europea del pasado 14 de abril y establece varias vías posibles de sanción para las Administraciones Públicas que abusen de la temporalidad. Los magistrados no reconocen la fijeza para todos los temporales en fraude, sino solo para aquellos que superaron un proceso selectivo, pero no lograron la plaza. Además, establece las condiciones para reconocer indemnizaciones a los afectados, que serían la vía para resarcir a quienes no hubieran superado una oposición y hubieran encadenado contratos temporales de manera abusiva.

Esta nueva sentencia del Supremo, del 11 de mayo, llega después del fallo del Tribunal de Justicia de la UE del 14 de abril que consideró que España no sancionaba adecuadamente la temporalidad abusiva con las herramientas actuales. En concreto, con: la transformación de esos contratos en una relación laboral de “indefinidos no fijos”; el pago de indemnizaciones tasadas en el momento de extinción de la relación laboral; el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas que tachó de “ambiguo, abstracto e imprevisible”; y también con los procesos selectivos de estabilización, que reconocen la experiencia previa y el tiempo de servicio de las víctimas del abuso en la temporalidad.

Así, el Supremo resuelve en esta nueva sentencia varias vías de sanción para las administraciones y de compensación para los empleados temporales en fraude, de la que destacamos algunas claves más relevantes.

1) Solo a laborales de la Administración

Una de las primeras cuestiones más relevantes es acotar el alcance de esta nueva doctrina del Supremo, que ha dictado la Sala de lo Social del alto tribunal y que alcanza solo a los trabajadores laborales en abuso de temporalidad, pero no a quienes padezcan este mismo fraude en el régimen de Función Pública.

En España hay 3,1 millones de empleados públicos, según el último Boletín Estadístico del Personal de las Administraciones Públicas, del pasado julio. De ellos, la mayoría se rigen por el régimen de Función Pública, mientras que algo menos de 640.000 empleados son trabajadores “laborales”, algo más del 20%.

La mayor parte de los laborales trabajan para la Administración Local (300.000) y de las Comunidades Autónomas (250.000), con una minoría en el Sector Público del Estado. De este personal laboral, la sentencia solo afectaría a los empleados temporales que han encadenado varios contratos temporales y con una duración inusualmente larga, el abuso de temporalidad que combate la Cláusula 5 del Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada. Su número exacto es difícil de determinar, según los sindicatos de empleados públicos.

2) Declaración de fijeza y no de “indefinidos no fijos”

En el caso concreto que analiza el Supremo, de una interina del Ayuntamiento de Madrid, el Supremo reconoce su condición de “fija” en lugar de la situación de “indefinida no fija” que había establecido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La categoría de “indefinidos no fijos” es por la que se había inclinado generalmente el Tribunal Supremo hasta la fecha –salvo una excepción en 2021, de una trabajadora de Aena–. Esta categoría creada en los tribunales de lo Social mantiene a los empleados temporales laborales en sus puestos hasta que la plaza es cubierta formalmente en un proceso de oposición, al que tienen que concurrir y tras el que pueden perder el puesto.

“La recepción de la STJUE Obadal”, la sentencia del pasado 14 de abril, “conlleva que establezcamos la siguiente doctrina”, indica la nueva sentencia del Supremo:

“Cuando una persona haya participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo y la haya superado, pero no haya obtenido plaza porque el número de aspirantes que ha demostrado su capacitación sea superior al número de plazas ofertadas, si posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad” (...) “no resulta contra legem la conversión de ese contrato en una relación laboral fija porque esa persona ha participado en una prueba de acceso al empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad y la ulterior vulneración de la Cláusula 5, que evidencia una necesidad estructural de trabajadores, obliga a dicha conversión”, contempla la resolución judicial.

Establece así un criterio más amplio para la fijeza en el ámbito laboral, destaca el sindicato UGT y explica el catedrático de Derecho del Trabajo Ignasi Beltrán en el análisis de la sentencia en su blog. “Habrá que ver si la jurisdicción Contencioso-administrativa asume el mismo criterio o, por el contrario, se producirá una fragmentación del ordenamiento jurídico”, afirma Ana Belén Muñoz, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid. Adrián Todolí, profesor en la Universidad de Valencia, recuerda que el Contencioso-administrativo “ya ha descartado” la fijeza en múltiples ocasiones en este régimen, por lo que considera poco probable que cambie su postura.

3) Cuándo no procede la fijeza

Los magistrados precisan que no procede la fijeza si no se ha superado este tipo de proceso selectivo. “La contratación temporal de personal laboral por parte de las Administraciones públicas sin superar un procedimiento de acceso al empleo público de carácter fijo sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos como consecuencia directa del abuso en la temporalidad porque se vulnerarían la CE [Constitución Española] y el TREBEP [Estatuto Básico del Empleado Público]”. Además, considera que “se impediría el acceso al empleo público de los restantes ciudadanos”, entre otros motivos.

“La conversión automática de todos los contratos de duración determinada con abuso en la temporalidad en contratos fijos de las Administraciones Públicas en modo alguno disuadiría a estas de efectuar en el futuro más contrataciones temporales al margen de esos principios”, consideran los jueces y, por el contrario, advierten de que “se consagraría para el futuro como una vía de acceso al empleo público vulnerando la igualdad, el mérito y la capacidad”.

Si el trabajador o trabajadora interinos superaron “una convocatoria de acceso a empleo temporal”, tampoco procede la declaración de fijo, añaden los magistrados.

La sentencia cuenta con un voto particular discrepante, del magistrado Rafael Antonio López Parada, que apuesta por la fijeza en más situaciones que las que apoya el resto del Pleno de la Sala de lo Social.

4) Indemnización por daños a los afectados

Los trabajadores que no cumplan con los requisitos para la fijeza en sus puestos, porque no superaron estos procesos selectivos, pueden acceder a indemnizaciones por los daños ocasionados por este abuso, además de las reconocidas hasta ahora al término del contrato. En concreto, “el abono de una indemnización reparadora y disuasoria”.

Los magistrados sientan los criterios para cuantificar estas indemnizaciones por el abuso en la temporalidad pública. Siguiendo la sentencia europea del 14 de abril, la indemnización debe ser una “compensación íntegra del perjuicio y principio de proporcionalidad”, es decir, “no cabe una indemnización meramente simbólica”, ni tampoco debe sobrepasar “el perjuicio sufrido” por el trabajador.

Además, debe “tener en cuenta la naturaleza de las funciones desempeñadas por el trabajador, el número y la duración acumulada de los contratos en cuestión, las ventajas económicas que el interesado habría podido reclamar de no haber existido el abuso y el perjuicio sufrido como consecuencia de la situación de incertidumbre en la que se ha encontrado”.

Esta indemnización compensatoria “tiene que diferenciar entre los daños materiales”, como las ventajas económicas que el interesado habría podido reclamar de no haber existido el abuso, y “los daños morales”, más difíciles de cuantificar.

5) Indemnización mínima de hasta 10.000 euros por daños morales

Para facilitar el cálculo de la indemnización, el Supremo fija “una indemnización presuntiva mínima de los daños morales sin perjuicio de que, si el trabajador acredita unos daños superiores, se indemnicen en su integridad”.

Para ello, utiliza como referencia la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), que considera una infracción grave la vulneración de la normativa sobre contratos temporales. Así, en función de las multas en vigor –que se reformaron en 2021– establece una indemnización de:

–“En su grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros”, antes del 31 de diciembre de 2021.

–“En su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros”, después de esa fecha.

Los magistrados recuerdan además que la LISOS regula un aumento de la sanción en caso de reincidencia.

Eso sí, “cuando el trabajador acredite que, como consecuencia del abuso en la temporalidad, ha sufrido unos daños superiores, se deberán indemnizar en su integridad”, apuntan los jueces. Eso requerirá que “el trabajador acredite el concreto perjuicio sufrido”.

El catedrático de Derecho del Trabajo Eduardo Rojo considera que este nuevo pronunciamiento del Supremo aumentará la litigiosidad de los temporales laborales (aunque destaca que el número de procedimientos judiciales en esta materia ya es muy elevado). Tanto de aquellas personas que tengan derecho a ser reconocidas como fijas, como también de quienes tienen derecho a esta nueva indemnización por daños.

6) Instar a que la Inspección de Trabajo sancione a la Administración

Los magistrados recuerdan que la legislación “regula la responsabilidad civil, penal y disciplinaria de los funcionarios y la responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas”, pero la justicia europea consideró que “no se ha acreditado que ese régimen de responsabilidad haya tenido operatividad real”.

Aunque destacan que “corresponde al legislador aprobar las reformas necesarias para la efectividad de esta responsabilidad”, el Supremo considera que “una medida eficaz podría consistir en que, cuando se constate que se ha producido un abuso en la temporalidad, se remita testimonio de la sentencia a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social” para que inicie el correspondiente procedimiento sancionador contra la Administración pública.

“La imposición de las correspondientes sanciones administrativas a las Administraciones públicas incumplidoras constituye una medida que, junto con la indemnización de daños y perjuicios, sanciona la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada. Su impacto económico tendrá un efecto disuasorio”, consideran los magistrados.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves el desglose completo de la nueva Oferta de Empleo Público para la Administración General del Estado, aprobada el martes por el Consejo de Ministros. En total son 37.017 plazas, contando a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, pero la oferta específica de la AGE alcanza las 27.232 plazas, que es las que distribuye esta mañana el BOE.

En el siguiente buscador se pueden encontrar todas las plazas ofertadas, por puesto y grupo, así como las plazas reservadas para personas con discapacidad.

De las 27.232 plazas ofertadas, 20.541 corresponden al acceso por turno libre y 6.345 para promoción interna.

Entre ellas, además de los puestos en la Administración General del Estado (AGE) propiamente dicha, están las plazas de personal de la Administración de Justicia, los cuerpos de personal funcionario docente no universitario en el ámbito de las competencias de la AGE, las escalas de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional; el personal estatutario (tanto de la red hospitalaria del Ministerio de Defensa como del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria), así como las plazas a convocar en el Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial.

La siguiente tabla desglosa las plazas previstas en la OEP 2026, exclusivamente en la Administración General del Estado (AGE), tanto en el turno libre como en los procesos de promoción interna, según el subgrupo: desde el personal laboral a los funcionarios C2 a A1.

Con esta Oferta, el Gobierno prevé los puestos de empleados públicos del Estado que se cubrirán por el año 2026, en cada uno de sus cuerpos. No es la convocatoria oficial de estas plazas, un procedimiento posterior por el que cada organismo abre los procesos selectivos para acceder a esos puestos y que suele llevar un tiempo de demora. Este plazo no puede exceder los tres años, cuando se amortizan las plazas que no se han cubierto.

El Gobierno destaca que esta oferta crea de nuevo “empleo neto”, tras la sangría de la AGE desde las políticas de austeridad fruto de la pasada crisis financiera. En concreto, este 2026 se aprueban “6.000 plazas de turno libre más que las bajas producidas en el ejercicio anterior”.

Empleos tecnológicos

Como novedad, la OEP 2026, como se denomina en los ámbitos de empleados públicos, pone el acento sobre todo en los empleos tecnológicos y en puestos para responder a emergencias climáticas, explicó el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. 

El ministro explicó que se convocarán 1.700 plazas en cuerpos TIC, “un 42% más que en la anterior oferta”, y que incluirán por primera vez pruebas selectivas por especialidades en “ciberseguridad, inteligencia artificial y ciencia del dato”. Además, López ha explicado que se va a incorporar la formación obligatoria en digitalización e inteligencia artificial (IA) en todos los procesos selectivos de la Administración del Estado.

El BOE especifica que “se refuerza la captación de talento especializado en materia de tecnologías, con un incremento del 40% de las plazas de los cuerpos de tecnologías de la información y la comunicación, para continuar la transformación digital de la Administración y las competencias en inteligencia artificial”.

Puestos para la emergencia climática

En cuanto a los puestos para afrontar las consecuencias del cambio climático, con episodios vividos como la Dana de Valencia y los temporales de este año en Andalucía y Extremadura, “la oferta supone un refuerzo inédito en materia de lucha contra las emergencias climáticas, en particular en lo referido a las infraestructuras hidráulicas, la protección de la costa y la predicción de fenómenos meteorológicos extremos”.

El decreto recoge que “no sólo se incrementa la asignación a los cuerpos y escalas de esos ámbitos funcionales, sino que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria de 346 plazas”, de conformidad con el decreto ley con medidas urgentes aprobado por los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

Además, “se refuerza la asignación de recursos al Sistema Nacional de Protección Civil, encargado de la gestión de la Red de Alerta Nacional y la participación en todas las fases de la política de seguridad pública que constituyen la protección civil: la anticipación y preparación, la planificación y gestión de emergencias y la resiliencia y recuperación, que incluye la gestión de las subvenciones y ayudas estatales en el ámbito de la protección civil”, contempla el decreto.

Otras áreas “prioritarias”

El Gobierno destaca en el real decreto las plazas ofertadas en varias áreas específicas, como por ejemplo el refuerzo de “los cuerpos especializados en la seguridad ferroviaria”, en un año en el que se han producido dos graves accidentes ferroviarios (en Adamuz y Gelida) y en el que los sindicatos ferroviarios exigieron un refuerzo de sus plantillas. “Y se aumentan en más de un 20% las plazas de los cuerpos y personal laboral que prestan servicios en las funciones de obras públicas y el mantenimiento y vigilancia de la red de infraestructuras de transportes”, recoge la norma.

En un contexto de incertidumbre geoeconómica, la OEP también “pone el acento en la política de diagnóstico de la situación económica y diseño de las políticas económica y comercial, con un aumento del 20% de las plazas de los cuerpos especializados en las áreas funcionales de economía y comercio”.

También hay un refuerzo del personal de Defensa: “Se incrementan los recursos asignados a las políticas públicas de mejora de las capacidades militares, ciberdefensa e industria militar, así como a la seguridad ciudadana y la política penitenciaria de reinserción, con un incremento superior al 15% de plazas en dichos ámbitos funcionales”.

Atención a la ciudadanía

Además de lo que el Gobierno denomina “políticas públicas prioritarias”, el Ejecutivo añade que la oferta de empleo público de 2026 busca también “reforzar los servicios públicos esenciales que presta el Estado”.

Una de ellas es la “atención a la ciudadanía”, un ámbito que fue más central para el Gobierno en la pasada OEP, la de 2025 y que este año los sindicatos pedían seguir reforzando. Los representantes de los empleados públicos no han avalado la oferta de empleo, ya que el Gobierno no la ha negociado con la plantilla.

“Se continúa el esfuerzo realizado en la oferta de empleo público de 2025”, recoge el decreto, “para incrementar las plazas destinadas a dicha área funcional”, el contacto más directo de la Administración con la ciudadanía a través de las más de 3.200 oficinas.

“Para ello se consolida la creación de empleo neto en cuerpos y escalas vinculados directamente con los servicios de atención a la ciudadanía, como el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado o el Cuerpo de Administrativos de la Administración de la Seguridad Social, con el objetivo de conseguir la eliminación progresiva de la cita previa obligatoria”, contempla el real decreto.

Plazas de reservistas para desbloquear la jubilación parcial

También se incluye como novedad la previsión de plazas específicas de personal laboral relevista fijo para permitir la jubilación parcial de este personal en la Administración General del Estado. Esta quedó bloqueada tras la última reforma de pensiones de esta modalidad de jubilación, por las condiciones que se exigen a los trabajadores relevistas (que sean indefinidos), pensadas para el sector privado, pero de difícil encaje en el público.

En concreto, se contemplan: 650 plazas en el IV Convenio Único de la Administración General del Estado, 63 plazas en el Convenio Colectivo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dos plazas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 5 plazas en el Museo Nacional del Prado, 6 plazas en el Instituto Cervantes, 120 plazas en Puerto del Estado y 8 plazas para otro personal fuera de convenio.

El detalle de todas las plazas ofertadas puede consultarse en este enlace del Boletín Oficial del Estado.

El Ayuntamieto de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado las bases y convocatoria para la creación dos bolsas de empleo para personal funcionario en régimen de interinidad.

El primer caso, como ha detallado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, se trata de una bolsa de empleo como personal funcionario en régimen de interinidad en plaza de Jefe/a de Relaciones Públicas del Centro Municipal de Representaciones Escénicas (CMRE), perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Subgrupo C1. El extracto de las bases será publicado en el Boletín Oficial de La Rioja, y de forma íntegra en el apartado 'Convocatorias de empleo' de la página web logrono.es

En el segundo caso, se trata de la creación de una bolsa de empleo como personal funcionario en régimen de interinidad en plazas de plantilla de Técnico/a de Administración General, pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, correspondientes al grupo A, subgrupo A1.

El extracto de las bases será publicado en el Boletín Oficial de La Rioja, y de forma íntegra en el apartado 'Convocatorias de empleo' de la página web logrono.es

“Seguimos avanzando, no solamente en el hecho de ir cumpliendo esa oferta de empleo público que, además, anuncio que en breve traeremos para aprobación, como fue nuestro compromiso de hacerlo siempre dentro de los plazos que marca la ley, sino que seguimos avanzando en esta consolidación y en esta creación de ofertas para que existan o estén cubiertas las necesidades que el Ayuntamiento tiene en cuanto a su gestión”, ha afirmado la portavoz municipal, Celia Sanz.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva Oferta de Empleo Público (OEP) de la Administración General del Estado (AGE), correspondiente a 2026, con algo más de 37.000 plazas. La cifra supone un ligero aumento respecto a la aprobada el año pasado, con 400 plazas más, y se desglosa en 27.232 plazas ofertadas para la Administración General del Estado (AGE) y 9.785 para los Cuerpos de Seguridad del Estado. La oferta no cuenta con el respaldo sindical, al igual que sucedió el año pasado, porque el Ministerio no ha negociado las cifras con los representantes de los empleados públicos.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha informado de los números globales de la oferta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aunque el detalle de los puestos se conocerá mañana, con la publicación de las plazas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De las 27.232 plazas ofertadas para la AGE, 20.541 corresponden al acceso por turno libre y 6.345 para promoción interna.

En los últimos años, el Gobierno ha destacado la creación de “empleo neto” en la Administración Central tras años de recortes, fruto de las restricciones a la entrada de trabajadores públicos durante la pasada crisis financiera y ante el gran número de jubilaciones que se están produciendo en los últimos años. La convocatoria récord fue la de 2024, con unos históricos 40.000 puestos.

Con esta nueva Oferta de Empleo Público, López ha cifrado en “6.200” los empleos netos creados, fruto de las salidas en 2025 y las nuevas incorporaciones previstas. El ministro de Función Pública ha subrayado que en los últimos años se está rebajando la edad media de la plantilla en la Administración General del Estado, hasta los 49 años desde el máximo de 51 años en 2020.

CCOO ha considerado “insuficientes las veintisiete mil plazas anunciadas, que no responden a las necesidades del servicio público ni en la cobertura de vacantes ni en la promoción interna”, ha criticado el sindicato. También CSIF ha tachado de escasas las plazas, con la creación de apenas 217 de nuevo ingreso respecto al año pasado y por segundo año consecutivo con una reducción de la promoción interna, concretamente en 220 plazas.

Empleos tecnológicos y para emergencias climáticas

El ministro ha destacado una apuesta de esta Oferta de Empleo Público por reforzar las plazas tecnológicas y también puestos para enfrentar las consecuencias de emergencias climáticas. “Es una oferta diferente a otras en el pasado. Tiene sobre todo una gran prioridad: la digitalización y el uso de la IA en la Administración Pública. Obviamente con un objetivo: mejorar los servicios que se ofrecen a los ciudadanos”, ha afirmado Óscar López. 

En concreto, el ministro ha informado de que se convocarán 1.700 plazas en cuerpos TIC, “un 42% más que en la anterior oferta”, y que incluirán por primera vez pruebas selectivas por especialidades en “ciberseguridad, inteligencia artificial y ciencia del dato”. Además, López ha explicado que se va a incorporar la formación obligatoria en digitalización e inteligencia artificial (IA) en todos los procesos selectivos de la Administración del Estado.

“Vamos a digitalizar la Administración Pública, a transformar el empleo público, pero vamos a seguir creando empleos. Vamos a transformar empleos, no a destruir empleos”, ha insistido el ministro, lo que considera que manda “un mensaje muy importante para el sector público” en estos momentos sobre la posible repercusión de la IA en el mercado laboral. El objetivo además es “aumentar un 25% los procedimientos administrativos digitales”, ha añadido.

Respecto a las emergencias climáticas, la Oferta de Empleo Público incluye “346 plazas” de una oferta extraordinaria para reforzar los servicios públicos en este campo, ha añadido el responsable de Función Pública, sobre todo en el Ministerio de Transición Ecológica.

Refuerzo de “áreas estratégicas”

López ha mencionado que otra de las novedades de esta OEP es que se ha diseñado no desde un enfoque de “cubrir las bajas con altas”, sino priorizando la dotación de recursos humanos “en áreas estratégicas”, según un análisis prospectivo de las necesidades de país y del estado de las distintas administraciones y servicios públicos.

Entre estas áreas estratégicas, el Ministerio de Función Pública ha destacado un listado: la transformación digital e inteligencia artificial, el impulso y liderazgo de la transición energética, la prevención de las emergencias climáticas y lucha contra el cambio climático, el refuerzo de las capacidades de ciberseguridad del Estados, la mejora de las infraestructuras y el transporte, la estrategia comercial: digitalización, expansión y refuerzo del tejido productivo, la seguridad pública, la protección de la ciudadanía y el refuerzo de las capacidades de defensa, así como la nacionalidad y migraciones (fruto de la regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular), y la mejora de la atención a la ciudadanía.

Los sindicatos mayoritarios entre los empleados públicos, CCOO, UGT y CSIF, han denunciado la falta de negociación de la oferta de empleo público, como sucedió en años precedentes. CCOO ha expresado sus recelos por los anuncios de transformar el empleo público a través de la digitalización y la IA, al considerar que “crean incertidumbre al ocultar las cifras, abren la puerta a las empresas tecnológicas muy interesadas en lo público para realizar negocios y amplían la externalización de servicios públicos en la Administración General del Estado”.

En UGT, han subrayado también sus quejas por la falta de convocatoria de unas 9.000 plazas laborales de anteriores Ofertas de Empleo Público, de 2023 a 2025, algunas a punto de caducar (ya que tienen que convocarse en el plazo de tres años). El Ministerio se comprometió con los sindicatos que aprobaría las plazas en unos dos meses, según fuentes sindicales, que apremian a Función Pública a cumplir con su palabra y no demorar tanto las convocatorias de empleo.

Por su parte, CSIF denunció la “opacidad” del Ministerio y subrayó que “el proceso de regulación masiva de migrantes está poniendo al descubierto las ‘costuras’ y necesidades de una Administración General del Estado, ya de por sí tensionada en la carga de trabajo, especialmente en ámbitos como Extranjería, Seguridad Social e Interior”.

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha publicado la relación provisional de personas admitidas y excluidas en un proceso selectivo para cubrir un puesto de funcionario interino como Ayudante de Auditoría. En el listado, publicado el pasado 10 de abril de 2026, solo han sido admitidos seis personas y se han quedado fuera 26 por no haber presentado la documentación acreditativa del permiso de conducir de categoría B.

El proceso, planteado como concurso de méritos con entrevista posterior, exige condiciones relativamente estándar —titulación media o superior, capacidad funcional y requisitos generales de acceso al empleo público— y se articula en dos fases: una valoración de experiencia y ejercicios previos en la Administración y una entrevista que puede concentrar la mayor parte de la puntuación final.

Sin embargo, el primer corte no ha llegado por esa vía. Todas las exclusiones publicadas responden a una única causa: no haber aportado el permiso de conducir de categoría B. La propia convocatoria permite a la Administración requerir en cualquier momento la documentación acreditativa de los requisitos, y establece que los méritos no documentados no se tienen en cuenta, lo que en la práctica convierte la fase inicial en un filtro estrictamente formal.

Al no existir una bolsa de empleo específica en el Consejo de Cuentas —cuyos puestos suelen cubrirse con personal funcionario de otras administraciones—, esta convocatoria abierta buscaba una incorporación inmediata, bajo los principios de mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Esa urgencia también se traduce en una tramitación donde los errores documentales pesan más de lo habitual, según recoge la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León.

La lista era, en todo caso, provisional. Los aspirantes excluidos disponían de cinco días hábiles para subsanar la falta de documentación. La vacante a cubrir se trata de yudante de auditoría para la sustitución transitoria de la persona titular, ausente por una causa legal con derecho a reserva de puesto.

La Diputación de Badajoz ha anunciado una Oferta de Empleo Público (OEP) para 2026 con un total de 183 plazas, el número “más amplio existente hasta ahora”, según la presidenta de la institución, Raquel del Puerto. Esta oferta es “tres veces mayor” a la anterior y que ha sido consensuada con todas las fuerzas sindicales con representación en la institución, ha destacado.

Esta convocatoria, que será publicada este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), es resultado “de estudiar las bajas registradas en el ejercicio anterior, de identificar las necesidades de personal presentadas por las distintas áreas, y de analizar los puestos cubiertos por personal interino a vencer próximamente y las anteriores ofertas con plazas que no se ejecutaron”, ha dicho.

Durante la evolución de esta Oferta Pública de Empleo se estima que se jubilen 135 trabajadores, de ahí “la mayor importancia aún si cabe” de impulsar este proceso. Según ha explicado Del Puerto, la Diputación enfrenta a un proceso de relevo generacional tanto por las jubilaciones como por la media de edad de la plantilla, por lo que se estudian medidas como la implantación de un proceso planificado de transferencia de liderazgo desde la generación de mayor edad a la más joven a través de distintas iniciativas “para no perder el conocido como conocimiento crítico”.

Del global de plazas un total de 68 son de acceso libre -con la reserva de cinco para personas con discapacidad física o intelectual- y 57 de promoción interna, en este último caso entre otros para “fomentar la motivación y el talento de la plantilla y el crecimiento profesional del personal funcionario de carrera en la institución”.

Un total de 107 personas tendrán la oportunidad de concurrir a estos procesos selectivos de promoción interna. También se incluyen 58 plazas de cambio de régimen jurídico, ha manifestado Raquel del Puerto.

En este sentido, el director provincial del área, Fernando Blanco, ha explicado que se trata de personal laboral de la institución cuya categoría, por la naturaleza de sus funciones, es propia de funcionarios, por lo que se llevará a cabo un proceso de promoción interna horizontal, a través de concurso oposición, para impulsar este cambio de régimen jurídico.

La Diputación presentará este miércoles a los sindicatos una propuesta de calendario para trabajar en el desarrollo de esta oferta de empleo.

Hacía yo cola, la otra tarde, en la atestada caja de una cadena de ropa cuando el hombre que me precedía, agitando un par de zapatos, dijo al vendedor: “Podíais dar una caja para guardarlos”. A lo que el dependiente contestó: “Y tener más personal”. Acto seguido añadió: “Puestos a pedir, podrían arreglarnos la Sanidad”. Al ser verdad, como escribí en mi columna anterior, que en Andalucía el PP de Moreno Bonilla nos ha destrozado la Sanidad Pública, animé, en voz alta, a la concurrencia: “Lo de la Sanidad podemos cambiarlo entre todos, con lo que votemos el 17 de mayo”. A lo que el joven dependiente reaccionó: “Ya, la cosa es que no confío yo en ningún partido para arreglarlo”.

Oír y atender a la gente de la calle es clave. Explica bastante de lo que suele parecernos inexplicable. En este caso, cómo pese a las terribles consecuencias de las largas listas de espera y de las negligencias sistémicas en detección y tratamiento de enfermedades como el cáncer, las encuestas siguen sin reflejar un vuelco que proteja de las manos e intereses de Moreno Bonilla y su mujer, la alto cargo de Bidafarma Manuela Villena, nuestra salud y vidas.

Igual que el gato de Schrödinger está, dentro de una caja cerrada, vivo y muerto a la vez, hay una cantidad de ciudadanas y ciudadanos que, al mismo tiempo, sueñan con aprobar una oposición para trabajar en la Administración pero votan al PP y/o Vox quienes, con sus privatizaciones, les dejan sin opciones.

Pero es verdad también que aguzar el oído lleva, a menudo, a dar con paradojas de difícil sentido. Sabéis lo del gato de Schrödinger, ¿no? Un gato, metido en una caja cerrada, que está vivo y muerto a la vez. A ver, se trata de la imagen que usó el físico teórico austriaco Erwin Schrödinger para ilustrar el comportamiento de las partículas subatómicas de la mecánica cuántica que pueden estar, y de hecho están, a la vez, en distintos estados teóricamente incompatibles. Esto quizá os parezca un galimatías y, si pensáis en el gato dentro de la caja, directamente mentira. Y, sin embargo, ocurre, es cierto.

Un tercio de los electores, opositores

De hecho, lo traigo a colación por algo de lo que prácticamente todos tenemos experiencia directa. Me refiero a la enorme cantidad de gente que se está preparando oposiciones, de cualquier nivel de la Administración (local, provincial, autonómico, estatal, europeo) y cualquier sector (Sanidad, Educación, Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Administración General, Instituciones Penitenciarias, Correos…).

Según el informe El peso del opositor en España de 2025, hecho por la plataforma online OpositaTest, más de la mitad de la población española de entre 18 y 55 años ha opositado alguna vez o se plantea hacerlo. Es decir, 12 millones de personas. Teniendo en cuenta que el censo de posibles votantes para las elecciones generales es de unos 37,5 millones, las y los opositores serían un tercio de los llamados a votar.

Cuando se pregunta la razón para opositar, la gente apunta a la estabilidad en el empleo y salario, al horario, las vacaciones, a la necesidad de conciliar y el legítimo deseo de trabajar para vivir en vez de vivir para trabajar, así como a la mayor seguridad de cara a la jubilación. Muchas y muchos vuelven a hincar codos, pasados los 30 años, “tras enfrentarse a un mercado laboral sanguinario”, oteando, en el horizonte, ese empleo público como un oasis de salvación.

No solo eso sino que, según otro estudio de OpositaTest, 7 de cada 10 trabajadores españoles dejaría su puesto en el sector privado por uno en el público. “Hay hornadas de gente que con contrato indefinido están viniendo a la Administración”, testimonia a EL PAÍS un gestor de la Unidad de Patrimonio del Estado en Toledo que opositó, cuando lo echaron de la banca, con 46 años y siendo padre de familia numerosa.

Paradójico voto a partidos privatizadores

El deseo tan extendido entre tanta población española podría concretarse, en buena lógica, en una exigencia a las opciones políticas de que inviertan en mantener y ampliar los servicios públicos. Algo que solo suelen defender los partidos de izquierda. Sin embargo, curiosa paradoja, lo que las encuestas señalan, de cara a las diversas autonómicas y a las elecciones generales, es el apoyo electoral mayoritario que facilitaría gobiernos de PP y Vox, ambos lanzados a las privatizaciones.

Que el PP, por sí solo privatiza, es algo que se ve en su gestión. En un único sector, Universidades, como tuve oportunidad de contrastar esta semana, en el programa de 7TV Acento Andaluz, con el presidente de las Universidades Públicas de Andalucía y rector de la UPO, Francisco Oliva, durante los últimos 20 años, se ha pasado de una proporción de 50 universidades públicas y 14 privadas a 50 públicas y 48 privadas, que pronto serán 51. Las derechas están boicoteando el ascensor social y obligando a las familias a endeudarse con los bancos, como en EEUU, si quieren que sus hijos se puedan titular.

El candidato del PP a repetir como presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, vuelve, tras el escándalo del cribado de cáncer de mama, a pregonar bajadas de impuestos a los ricos, lo que mermará el presupuesto y llevará a recortar servicios y empleos públicos

El candidato andaluz a repetir como presidente de la Junta, Moreno Bonilla, está justo recuperando estos días las promesas de bajadas de impuestos que abanderó en invierno, antes de que saltara el escándalo de los cribados de cáncer de mama, con entre 2.000 y 4.000 mujeres afectadas. Hoy ya no le da pudor reconocer que perdonará el impuesto de Sucesiones a los privilegiados con pisos de sobra para donar a sus hermanos, haciendo un nuevo roto al presupuesto, tan necesario para pagar los servicios y empleos públicos.

¿Hay mucho funcionario o aspirante a serlo votante de la derecha y la ultraderecha? ¿Acaso piensan que justo a ellos, por lo que sea, PP y Vox, les van a mantener la plaza pública o a convocar oposiciones, en vez de recortar y no cubrir las jubilaciones?

Todo mi respeto a la libre elección del voto y a las contradicciones con las que lidia cada cual, pero si me permitís un poco de humor ante el estupor, a mí la paradoja del votante Schrödinger que, a la vez, quiere ser funcionario pero vota a privatizadores, me hace canturrear, con música del bolerazo que Bebo Valdés y el Cigala llevaron a lo más alto:  “No te puedo comprender, corazón loco… ¿Cómo se pueden querer dos contrarios a la vez… y no estar loco?”

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) ha manifestado su “profundo disgusto” ante lo que consideran una “falta de transparencia” en los llamamientos de las bolsas de empleo del Servicio Riojano de Salud (SERIS). Según denuncia el sindicato, a pesar de haber mantenido reuniones con la Dirección de Recursos Humanos durante más de dos años, siguen sin cumplirse las promesas de implementar una aplicación móvil que permita a los aspirantes consultar su posición en las listas de contratación de manera directa.

Desde la organización sindical aseguran que esta ausencia de mecanismos claros genera malestar entre el personal de una misma categoría y “alimenta la desconfianza hacia quienes gestionan las bolsas”, una labor que se realiza bajo las indicaciones de la Administración. El sindicato recuerda que herramientas tecnológicas similares ya funcionan desde hace años en comunidades vecinas como Asturias, País Vasco y Navarra, donde se garantizan procesos basados en los principios de mérito, capacidad e igualdad.

Para la FSS-CCOO resulta “incomprensible” que en La Rioja se argumente una supuesta falta de medios informáticos para no facilitar el acceso a la información. “No aceptamos esta excusa”, subrayan desde la formación, insistiendo en que existen ejemplos funcionales en el Sistema Nacional de Salud que demuestran que no hay razones técnicas para que el SERIS permanezca al margen.

Asimismo, el sindicato ha trasladado sus dudas sobre la calidad del software actual utilizado para los llamamientos. Según explican, han recibido numerosas quejas del personal encargado de manejar estos programas, señalando que están “obsoletos” y que no permiten cumplir con las garantías de un sistema justo.

Ante esta situación, la FSS-CCOO ha reafirmado su compromiso con los profesionales del SERIS que demandan una gestión “clara y actualizada”. El sindicato advierte que seguirá luchando para que la Dirección de Recursos Humanos cumpla con su “obligación de garantizar la transparencia” que merecen los trabajadores del servicio de salud riojano

Plantón de todos los sindicatos al Ministerio de Función Pública sobre la Oferta Pública de Empleo (OEP) para la Administración General del Estado en 2026. Como el año pasado, los representantes de los trabajadores rechazan el planteamiento del departamento que dirige Óscar López, que no les facilita los datos concretos de plazas ofertadas, sino solo unas líneas generales sobre el tema, lo que les impide llevar a cabo una negociación y diálogo real sobre la oferta, denuncian todas las organizaciones.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO, UGT y CSIF han lanzado varios comunicados denunciando la falta de transparencia y de negociación. “La Administración sigue sin facilitar información clave sobre la distribución de las plazas por territorios, departamentos, cuerpos y escalas, lo que impide realizar una valoración rigurosa de la propuesta”, denuncia UGT.

La Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado (AGE) de 2025 contó con 26.889 plazas, que, junto a las 9.699 de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sumaron un total de 36.588 plazas. Esta también fue rechazada por los sindicatos por su falta de negociación.

CSIF explica que el Ministerio les ha trasladado el “compromiso de creación de empleo neto, pero sin concretar cuánto ni en qué ámbitos”. “Exigimos los datos y esperamos tenerlos antes de la aprobación por el Consejo de Ministros”, añade el sindicato de funcionarios.

CCOO critica por su parte que el Gobierno pida a las organizaciones sindicales “fe”, sin números. El sindicato sostiene que “se tiene que comprometer un volumen de empleo proporcional al número de bajas, que en 2025 superó los 12.000 efectivos, ya que solo una proporción mayor podría generar empleo neto en la Administración General del Estado, y garantizar unos servicios públicos que se prestan a la ciudadanía que se incrementan año tras año”.

Número de plazas, servicios más urgentes y promoción interna

Los sindicatos mayoritarios señalan varias cuestiones prioritarias que querrían negociar con el Ministerio de Función Pública. En primer lugar, el volumen de plazas para lograr que la Administración General del Estado no pierda personal, ante el gran número de jubilaciones que enfrenta, pero también su distribución en los distintos servicios públicos, para reforzar especialmente aquellos que más adolecen de manos. Por ejemplo, el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y la Seguridad Social, entre otros.

En particular, los representantes de los empleados públicos destacan la necesidad de un refuerzo extraordinario del personal de cara a la regularización extraordinaria de migrantes que acaba de aprobar el Gobierno, para facilitar la atención a la ciudadanía, así como plazas para garantizar la aplicación real de la reducción de jornada a 35 horas a la semana para los empleados públicos del Estado, recién aprobada.

El Ministerio ha trasladado a los sindicatos que convocará “una oferta extraordinaria para Transición Ecológica para prevención, reconstrucción y ayuda, en las políticas relacionadas con el cambio climático”, indica CSIF. En UGT ven necesario reforzar estos ámbitos, pero advierten “de que estas iniciativas deben formar parte de una planificación global y coherente del empleo público”.

Además, los sindicatos destacan los problemas de cobertura de muchas plazas de promoción interna, “una herramienta fundamental para adaptarse a las necesidades cambiantes de la Administración, y que constituye un derecho de las empleadas y los empleados públicos”, indica CCOO.

El Ministerio ha comunicado en la reunión de este miércoles que solicitará informes a los departamentos con una cobertura inferior al 75% de las plazas tras los procesos selectivos. “Estos diagnósticos resultan claramente insuficientes si no van acompañados de medidas concretas que garanticen la cobertura efectiva de los puestos”, critican en UGT.

Por ejemplo, CCOO ha señalado la necesidad de “mejorar la competitividad de los salarios” en la AGE, con ejemplos como “la falta de cobertura de las plazas C2 principalmente y algunas del grupo C1”, con salarios que rozan el salario mínimo (SMI).

Convocatorias atrasadas de laborales en “dos meses”

En relación con la ejecución de ofertas anteriores, “el Ministerio se ha comprometido a convocar en un plazo aproximado de dos meses las OEP de personal laboral correspondientes a 2023 y 2024, actualmente acumuladas”, explica UGT. El sindicato subraya que, dado que la OEP de 2023 caduca en el mes de julio, “este anuncio no supone un avance, sino el cumplimiento ineludible para evitar la pérdida de plazas”.

Elena Tarjuelo, portavoz del personal laboral en UGT Servicios Públicos, ha recordado que son más de 9.000 plazas de personal laboral las que están pendientes de convocar: 5.765 en turno libre y 3.328 en promoción interna, referidas a las ofertas de 2023, 2024 y 2025.

“Las ofertas de empleo están para cumplirse, no para guardarse en un cajón. Lo contrario es ineficacia o una estrategia de privatización y UGT no avalará ninguna de las dos” ha concluido la portavoz sindical.

Calahorra busca administrativos. La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al proceso de selección de tres profesionales, dos de ellos de turno libre y uno de promoción interna. Las tres plazas pertenecen a la escala de administración general, subescala administrativa, grupo C y subgrupo C1. Están recogidas en la oferta de empleo público de los años 2023 y 2026 y el proceso será por oposición.

Las bases se publicarán en la web del Ayuntamiento de Calahorra, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) y en el Boletín Oficial de Estado (BOE). 

Al polígono en bici

Y además, el Ayuntamiento de Calahorra ha sacado a contratación la asistencia técnica para la redacción del proyecto de urbanización de infraestructura ciclista a los polígonos industriales de Calahorra por un tipo de licitación de 59.000,07 euros. Una actuación del Plan de Actuación Integrado ‘Calahorra impulsa: donde el pasado inspira al futuro’, cofinanciado por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el periodo de programación 2021-2027.

La urbanización del carril bici está incluida en el proyecto motor ‘Calahorra segura, accesible y digital’, que persigue mejorar la conexión del núcleo urbano con los polígonos industriales y los puntos de interés naturales y turísticos de la ciudad. También, reducir la dependencia del vehículo privado y la huella de carbono del transporte al trabajo.

Para ello, se habilitará una vía ciclable o vía pacificada, de 2,4 kilómetros, que conectará el núcleo urbano tanto con puntos de interés turístico como con los polígonos industriales de El Recuenco, Rifondo y Tejerías para impulsar una movilidad más sostenible, más baja en emisiones y menos dependiente del vehículo o transporte privado. Este nuevo carril bici transcurrirá próximo al río Cidacos y a otros edificios emblemáticos de la ciudad como la Catedral de Santa María y el Santuario del Carmen, hasta las zonas industriales de la ciudad.

Y por último, también se ha dado luz verde a los campamentos de verano. En total, serán 130 menores: 61 para los nacidos en los años 2014, 2015 y 2016; otras 61 para los jóvenes nacidos en los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Otras ocho plazas están reservadas a niños y niñas del programa municipal de atención al menor. Como el verano pasado, los dos campamentos tendrán lugar en Santander del 31 de julio al 7 de agosto. Concretamente, los jóvenes participantes se alojarán en el albergue Montecorona, situado en al barrio de Aviche a escasos 2 kilómetros de la plaza La Maruca.

El plazo de inscripción se abrirá el 4 de mayo y finalizará el 15 de mayo y se podrán realizar presencialmente en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) o telemáticamente en la sede electrónica del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es).El precio sigue siendo de 215 euros.

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander (CSIF, UGT, SIEP, APLB-USO y CCOO) ha denuncaido en un comunicado la falta de medios técnicos y humanos que, aseguran, “dificulta el desempeño de las funciones habituales del personal municipal”.

Según trasladan, la reciente tragedia ocurrida en El Bocal ha puesto de relieve una problemática que llevan años señalando las distintas secciones sindicales que integran este órgano de representación: la carencia de medios, formación específica y protocolos de actuación en todas las unidades administrativas municipales y, especialmente, en los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y en la Policía Local del consistorio santanderino.

En este sentido, señalan que debería llevar a una profunda reflexión en el equipo de gobierno municipal que agrupaciones no profesionales dispongan, como quedó de manifiesto, de mejores medios materiales que su propio personal.

Durante la reunión celebrada el pasado miércoles 15 de abril, los miembros de la Junta de Personal aseguran haber puesto de manifiesto tanto la inexistencia de medios idóneos (programas informáticos de gestión, intercomunicadores, torniquetes, desfibriladores externos semiautomáticos, conos de señalización iluminados, equipos para intervención en incendios forestales o matorrales, buzos, o señalización circunstancial retro iluminada, entre otros), como la escasez de otros de uso habitual (cinta policial, ropa de trabajo, etc.), así como la necesidad de sustituir material obsoleto como cuerdas de rescate y chalecos antibalas caducados o arneses sin homologar, entre otros.

A todo ello, la junta de personal subraya que hay que añadir la ausencia de protocolos de actuación ante las diversas situaciones a las que deben enfrentarse los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, así como los agentes de la Policía Local.

La denuncia se suma a la ya realizada el pasado mes de enero en rueda de prensa, respecto a las carencias en materia de recursos humanos, cuando la junta alertaba de la existencia de más de 400 vacantes sin cubrir de forma definitiva en la plantilla municipal, una cifra que consideraron “alarmante” y que, a su juicio, “agrava la sobrecarga de trabajo y merma la calidad del servicio público y más aún cuando dichas carencias atañen a servicios esenciales como son bomberos, servicios sociales o la policía local”.

Desde la Junta de Personal se reclama al equipo de gobierno local una respuesta urgente que pase por la dotación de recursos adecuados, la elaboración de protocolos de actuación y la cobertura de las plazas vacantes, con el objetivo de garantizar una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía.

Euskadi ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez modificaciones en la tasa de reposición del funcionariado y agilizar los procedimientos de las OPE para bajar la interinidad actual de los empleados públicos vascos. La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha mantenido este miércoles un encuentro con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, al que ha trasladado, además, la conveniencia de mantener una relación bilateral entre ambas administraciones para abordar cuestiones concretas relativas a los trabajadores públicos, entre ellas, las negociaciones relativas a la jornada laboral o las novedades normativas sobre la jubilación parcial y contratos de relevo del personal laboral.

Ubarretxena ha trasladado que la tasa de interinidad en la Administración general de Euskadi tras los procesos de estabilización “ha pasado de niveles cercanos al 50% a situarse en torno al 14%”, y que se mantiene el compromiso de seguir reduciéndola hasta aproximarse al 8% al final de la legislatura. Pero ha señalado que “para avanzar en ese objetivo” es necesario “adecuar o sustituir el modelo actual en lo relativo a la tasa de reposición del funcionariado, con el fin de facilitar una planificación de efectivos más ajustada a las necesidades reales de la administración, ya que el volumen actual de plantilla de funcionarios se queda corta para las necesidades de plantilla en la administración vasca”.

“De esta forma, el compromiso de reducir la tasa de interinos al 8% parece quedar en manos ahora de los acuerdos que se cierren con el Gobierno de Madrid. Ya en enero de 2025 con la tasa de interinidad en el 14% la propia Ubarretxena reconocía que el objetivo del 8% estaba todavía muy lejos. Para facilitar también la reducción del número de interinos ha planteado la conveniencia de agilizar los procesos selectivos de OPE mediante la reducción de plazos y la simplificación de procedimientos. Ha habido sintonía y se han comprometido a darle una vuelta y mirar cómo se puede hacer, a estudiar estos dos temas”, ha señalado la consejera tras la reunión.

En cuanto al tema de la jubilación parcial, Ubarretxena ha señalado que los cambios introducidos por el ministerio se había “dificultado mucho” acogerse al retiro parcial, aunque parece que “se abre un hilo de esperanza” y habrá modificaciones. La consejera ha señalado que se trata de una cuestión que preocupa a los sindicatos vascos. “El martes tenemos reunión de la Mesa General de la Función Pública y queríamos tratarlo con el ministro”, ha señalado la consejera.

También ha abordado con el ministro el futuro sistema europeo de identidad digital, y ha trasladado la petición de que se canalice en Euskadi a través de Izepe, que ya ha posibilitado que más del 60% de la población vasca disponga ya de sistemas de identificación digital, con más de un millón de usuarios reconocidos. Es decir, que sea una entidad reconocida de cara a “emitir la identidad digital y que Euskadi pueda tener su propio wallet digital”. Este planteamiento permitiría que cada ciudadano disponga, de forma segura, de su identidad y de otros acreditativos oficiales en la cartera digital de su dispositivo móvil, favoreciendo una gestión más ágil, accesible y centrada en la persona.

Elisa Carbonell es una de las cientos de personas en España que en los últimos años ha apostado por opositar como forma de encontrar un trabajo estable. Sabía que no sería un camino fácil. El primer escollo que encontró fue tener que pagar para acceder al temario del que se terminaría examinando. La recién creada biblioteca digital de temarios de la Escuela Ciudadana de Administración Pública (ECAP), una iniciativa altruista que ayuda a más de 6.500 opositores de todo el país, supuso un pequeño salvavidas para evitar un desembolso que, en su caso, ascendía a más de 400 euros. Atrás quedan los negocios con antiguos opositores que venden sus apuntes y la casi necesidad ineludible de apuntarse a una academia privada para conseguir estos contenidos.

La ECAP nació con el espíritu de democratizar el acceso a la función pública. Esta idea primigenia pasa por politizar este derecho para toda la ciudadanía que, sin embargo, no su totalidad tiene la posibilidad de disfrutar debido a barreras económicas y geográficas. Carbonell tiene 39 años y reside en Madrid, su ciudad natal. A día de hoy, se prepara para conseguir una plaza en la Administración General del Estado, en una categoría C1: “La Administración debería posibilitar la entrada de personas de todos los estratos sociales y orígenes, con formas distintas de entender y ver la vida. Es la única forma de conseguir una apertura muy necesaria”.

Procede del sector del desarrollo rural y sostenible, una parcela del medio ambiente cuya precariedad resquebrajaba por completo sus anhelos de una vida estable y segura para su futuro. Gracias a la ECAP, en la que se forma desde noviembre de 2025 y que a día de hoy oferta clases para 17 oposiciones diferentes, se presentará en mayo al examen. “Me animé al ver la filosofía que tienen, cómo se organizan. Si no hubiera encontrado esta academia, no hubiera tomado la decisión”, enfatiza con agradecimiento hacia sus impulsores.

Pagar antes de saber si quieres opositar

Rubén Tobajas, integrante de la junta directiva de la Escuela y preparador del Cuerpo Superior de la Administración Civil del Estado en la ECAP, explica que más allá de las barreras territoriales y económicas también intentan sortear la frontera sociocultural: “La ves cuando preguntas a una persona si piensa opositar. Hay gente con una idea muy concreta de lo que es, que sabe lo que conlleva, pero hay otra que ni siquiera se imagina la posibilidad”. Por eso, añade, es tan importante conocer el contenido del temario antes de tomar la decisión de enfrentar tamaña empresa.

El temario que proporcionan las academias puede alcanzar los 250 euros, aunque hay casos como el de Carbonell que la cifra aumenta varios cientos de euros. Además, algunas academias privadas lo facilitan con la matriculación. “Simplemente, tener que pagar para saber los contenidos de los que te examinarán es algo que puede echar para atrás a mucha gente”, subraya.

En este sentido, en la ECAP trabajan con el mantra de que el conocimiento para opositar no debería ser un privilegio. “Queremos que el temario sea un bien común para el opositor”, abunda Tobajas. Este ingeniero de caminos de 36 años, natural de Toledo pero vecino de Madrid, es administrador civil desde 2024. La preparación de su temario propio bebió del Boletín Oficial del Estado y la consulta y síntesis de numerosas fuentes públicas. Según una encuesta que respondieron 900 alumnos de la ECAP el pasado noviembre, un 80% de ellos afirmó sufrir una gran carencia en la publicación de temarios oficiales. “Es curioso porque la Administración está habilitando unos títulos cuyo contenido es muy abierto y sin dejar claro qué conocimiento exigen”, critica.

Un ejercicio colectivo de solidaridad

Tobajas es una de las decenas de personas que trabajan de forma desinteresada en la ECAP y que opinan que “no es razonable que el sistema haya normalizado tener que pagar por algo que debería ser público”, en sus palabras, y que “la igualdad real en una oposición empieza por garantizar el acceso a los contenidos”. Por eso, desde hace unos días, en su web hay habilitada una pestaña que redirige a los temarios confeccionados por los preparadores de la academia, ya funcionarios y especialistas en su terreno, que se pueden descargar de forma gratuita.

Por el momento, hay seis para su libre descarga, entre los que se encuentran los contenidos para el Cuerpo General Administrativo de la Seguridad Social (C1), el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2), el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (A1) y el Cuerpo de Administrativos de universidades (C1). En preparación están otros cinco temarios, como el del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social (A2), Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (C1) y Cuerpo de Auxilio Judicial (C2).

El ingeniero de caminos ha coordinado el temario del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, al que pertenece, con 114 temas. Ese tan solo es un ejemplo de este ejercicio colectivo en el que han participado medio centenar de preparadores y colaboradores de diferentes perfiles y especialidades. “Nos ha llevado más de un año tenerlo todo listo porque hemos querido asegurarnos de que cada tema escrito pasara por varios ojos que lo revisaran”, detalla. De todas formas, los temarios irán ampliándose a medida que nuevos colaboradores de la ECAP aporten su experiencia.

Más de 6.500 alumnos en la ECAP

Tobajas nunca pensó que algo así podría existir mientras se preparaba su oposición. “Es una iniciativa muy bonita y estamos muy ilusionados. Son procesos duros, que necesitan mucho esfuerzo para superarlos, y es muy gratificante entrar en la Administración y ver gente remando por una idea común”, remarca. El buen hacer ha tenido su recompensa. De los 1.500 alumnos que formaban la ECAP en septiembre de 2025, este marzo de 2026 han alcanzado los 6.600.

Una de estas nuevas alumnas es Teresa Moreno, quien a sus 30 años se prepara para opositar como técnica especializada de los Organismos Públicos de Investigación, un A2, justo ahora que está a punto de culminar su tesis doctoral. A pesar de que no se beneficia directamente de la liberación de temario que ha realizado la ECAP debido a la especialización de sus estudios, sí acude a sus clases desde el pasado diciembre, cuando se quedó en paro. “Tampoco sabía si podría invertir tantísimo tiempo en una oposición, y menos pagar una academia y el temario, así que encontrar la ECAP ha sido lo que necesitaba para animarme a intentarlo”, relata.

Este 18 de abril se enfrentará al examen. Moreno esgrime que está disfrutando del estudio, “aunque suene como una marcianada”, apuntilla con gracejo. Ha tenido la suerte de conseguir el temario por una conocida que ya se superó esta oposición. Como un hilo forjado en la solidaridad más desinteresada, ella es una de tantas que se planteará colaborar con la ECAP una vez consiga la plaza.

Contra toda barrera a la hora de opositar

La malagueña Elena Pinazo estudió Derecho y Empresariales en Sevilla. Ahora tiene 33 años, reside en la capital, integra el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y es una de las preparadoras de la ECAP: “La liberación de temario, dar la oportunidad a nuestro alumnado pero también a cualquier persona interesada en opositar para ver qué se va a encontrar, ha sido un hito para nosotros”.

Esta administradora civil recalca que la ECAP también lucha contra la barrera territorial, ya que Madrid concentra la gran mayoría de plazas ofertadas por la AGE. “Hacemos las clases virtuales por ese motivo, para que cualquier persona pueda acceder a ellas, aunque también tenemos sesiones presenciales”, apunta.

En este sentido, Carbonell agradece la flexibilidad que otorga el ser alumno de la ECAP. “Yo suelo ver las clases por la mañana, aunque las impartan por la tarde. Hay muchos profesores y en general son muy buenos, dan muchas claves”, abunda. Desde su punto de vista, otro de los puntos fuertes de esta academia tan peculiar son sus preparadores: “Suele ser gente más o menos joven, diversa, con pasión, y eso hace mucho a la hora de aprender cualquier cosa nueva. Se creen lo que hacen, que es lo importante”.

Por otro lado, la creación de esta biblioteca digital gratuita de temarios de oposiciones puede levantar las suspicacias de las academias habituales, que encuentran un negocio en la preparación al acceso a la función pública. La misma Carbonell defiende la gratuidad de los contenidos, “sobre todo por los precios por los que los venden”, aunque asegura que una academia seguirá siendo de gran ayuda a la hora de entenderlos e interiorizarlos.

En cuanto a la barrera sociocultural, desde la ECAP imparten charlas en institutos y universidades para intentar acrecentar la vocación del servicio público en la Administración como una salida laboral más. “La ciudadanía no conoce cómo funciona la Administración, que por otro lado debería estar a su servicio. Nosotros queremos poner nuestro granito de arena para cambiar eso”, agrega Pinazo, quien reconoce que su propósito es que el empleo público se parezca más a la sociedad a la que sirve. Tobajas concluye: “La ECAP no solo es una academia, sino una herramienta de justicia social para que el acceso a la función pública sea un derecho real y universal”.

La Oferta Pública de Empleo de La Rioja triplica el número de plazas. La Mesa General de Negociación Colectiva ha aprobado este lunes por unanimidad la OPE (Oferta Pública de Empleo) de La Rioja para este año, que incluye 1.580 plazas, 998 más que la del año pasado, lo que supone un incremento del 171,5 por ciento, casi el triple más que la de 2025.

La OPE de Servicios Generales convocará 241 plazas, que se suman a las 1.232 previstas en el SERIS y a las 107 en Educación. El acuerdo, que tiene como objetivo lograr una mayor estabilidad en las plantillas de la Administración Autonómica, será elevado al Consejo de Gobierno para su aprobación.  

En concreto, de las 241 plazas que se van convocar en Servicios Generales, 213 son de funcionario y 28 de personal laboral. Del global, 114 corresponden a turno libre, 107 a promoción interna y 20 se reservan a personas con discapacidad. Esta OPE destaca por haber incluido 50 plazas de Administrativo para la promoción interna desde el Cuerpo de Auxiliar Administrativo, facilitando de esta manera la promoción del personal funcionario de la Administración. Esta promoción conllevará la permanencia del trabajador en su puesto de origen, de manera que se trata de una reclasificación de plazas, convirtiendo 50 plazas de Auxiliar en Administrativo.

Por su parte, la OPE de Salud alcanza las 1.232 plazas, lo que supone un incremento del 349,6 por ciento sobre las 274 plazas convocadas el año pasado. Este importante aumento obedece, principalmente, a la posibilidad de incluir 956 plazas adicionales por encima de la tasa de reposición, que en este caso se sitúa en 226. Esta ampliación está permitida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 (prorrogados) con el objetivo de cumplir los compromisos establecidos en la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. El SERIS puede acogerse a esta medida al haber completado la totalidad de los procesos de estabilización del empleo temporal. Además, se contemplan 49 plazas para reclasificar mediante promoción interna.

La oferta se distribuye en 602 plazas de turno libre, 548 de promoción interna y 84 reservadas para personas con discapacidad, de las cuales 25 se destinan a personas con discapacidad intelectual. 

Entre las categorías profesionales con mayor número de plazas destacan Enfermería, con 365 plazas, así como 45 plazas de Facultativo Especialista de Área (FEA) en Medicina Familiar y Comunitaria, 15 plazas de Médico de Urgencia Hospitalaria y 7 plazas de Pediatra de Área. Además, se convocarán 50 plazas adicionales de promoción interna mediante convocatoria separada, destinadas a la reconversión de Auxiliares de la Función Administrativa en Administrativos de la Función Administrativa.

En el caso de Educación, la OPE de 2026 oferta 107 plazas pertenecientes a los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, especialistas en sectores singulares de FP y de Escuelas Oficiales de Idiomas. A través de esta oferta, el Gobierno de La Rioja continúa trabajando para reducir la tasa de interinidad y lograr una mayor estabilidad en la plantilla de docentes de La Rioja. 

Esta Oferta de Empleo, que se convocará en el año 2027, incluye 107 plazas resultantes de la tasa de reposición, que alcanza el 120%, de las que 8 (7 por ciento) se reservan para el turno de personas con discapacidad. A estas 107 plazas se suman las 50 que quedaron desiertas en la anterior convocatoria, alcanzando el total de 157. Las especialidades que más plazas ofertan son Lengua Castellana y Literatura, e Inglés (20 plazas en ambos casos), Matemáticas (17) y Física y Química, y Biología y Geología (11 plazas en ambos casos).

En las últimas horas, Por La Rioja ha hecho públicas sus sospechas ante un procedimiento que se está realizando en el Ayuntamiento de Nájera para cubrir una plaza pública. En concreto, los regionalistas hablan de “vulneración del principio de igualdad e imparcialidad” y señalan a un concejal del PP en activo en el “propio Consistorio najerino que figura como aspirante admitido en la convocatoria de dicha Administración para un puesto de carácter interino”. Y sus sospechas se centran en la composición del tribunal calificador designado para valorar a los candidatos, “un operario municipal que depende jerárquicamente del citado concejal y un hermano de la teniente de alcalde del mismo ayuntamiento que pertenece al mismo entorno político que el aspirante”. Circunstancias que el portavoz de la formación regionalista, Miguel Gómez Ijalba, son de “extrema gravedad”.

Asimismo, los regionalistas aseguran que “la plaza vacante se aprobó en una Junta de Gobierno a la que asistió el propio aspirante, incluso sin pertenecer a ella y por lo que estuvo cobrando dietas durante un tiempo”. Ijalba añade además que “esta situación representa un grave quebranto de los principios básicos del empleo público y vulnera frontalmente el ordenamiento jurídico español, afectando al sometimiento de la Administración a los principios de mérito y capacidad y el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas”.

En cuanto a la composición del tribunal, Ijalba explica que composición del tribunal y como está constituido “es contraria a la Ley Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público que, en su artículo 23 y 24, establecen la obligación de abstención cuando concurran relaciones de dependencia jerárquica; vínculos de parentesco y/o interés directo o indirecto en el procedimiento”.

“Que un concejal en activo del propio Ayuntamiento de Nájera figure como aspirante admitido en el proceso selectivo convocado por dicha Administración y, en el tribunal calificador en el que figuran un hermano de la teniente de alcalde y un operario dependiente del área de gobierno del propio aspirante, genera, como mínimo, una apariencia objetiva de falta de imparcialidad incompatible con el ordenamiento jurídico”.

A juicio de la formación regionalista, esta situación, aun cuando la plaza no fuese adjudicada al concejal, “puede afectar a todos los aspirantes, dado que por la irregularidad pudiera declararse una nulidad del proceso selectivo que perjudique a otras personas”. Y, por esto, desde la formación política exigen “la suspensión cautelar de los hechos así como la publicación íntegra y transparente del expediente administrativo, la revisión urgente de la composición del tribunal calificador y la abstención inmediata de los miembros afectados por conflicto de intereses”.

Salaverri desmiente a los regionalistas y defiende la legalidad del proceso

Por su parte, el alcalde de Nájera, Jorge Salaverri se ha mostrado rotundo. “El tribunal está compuesto por trabajadores municipales” y tilda de “envalentonamiento” las declaraciones de Por La Rioja. “No dudo de los trabajadores del Ayuntamiento de Nájera, ni de la imparcialidad de los miembros que forman dicho tribunal”. Además, Salaverri desmiente a los regionalistas y afirma que el aspirante a dicha plaza no asistió a la Junta de Gobierno. Y concluye defendiendo la legalidad del proceso porque dice “se ajusta a derecho”.