UGT Sanidad ha iniciado este jueves una campaña en los centros de Atención Especializada (AE) en contra de la creciente brecha salarial entre los profesionales de los centros hospitalarios y la Atención Primaria (AP) en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), que incluye paros parciales de 15 minutos en los cuatro centros hospitalarios de la región desde el viernes 23 de octubre.

La campaña '¿Eres trabajador de Primaria o de segunda?' denuncia una brecha salarial con menores retribuciones en el personal de Atención Especializada en comparación a Atención Primaria que “es escandalosa, humillante e inasumible” y “se ha ido agravando con los distintos acuerdos parciales firmados desde 2019”, según el sindicato.

El secretario de Sanidad de UGT en Cantabria, Fernando Carmona, ha afirmado que “siempre ha habido una brecha, pero cada acuerdo parcial la ha ido agrandando hasta hacerla obscena e inexplicable”.

La iniciativa de UGT Sanidad en demanda de la igualdad salarial en el SCS incluye visitas, cartas y material informativo destinado al personal de Atención Especializada, además de paros de 15 minutos, todos ellos a las 12 horas, en el Hospital de Sierrallana (23 de octubre), el de Valdecilla (30 de octubre), Laredo (6 de noviembre) y en el centro hospitalario campurriano de Tres Mares (13 de noviembre).

Según estimaciones del sindicato, una enfermera de Atención Especializada puede venir a cobrar entre 400 y 1.000 euros menos que una compañera en su misma categoría de Atención Primaria (entre 168.000 y 420.000 euros en 35 años de vida laboral); y en el personal de celadores, un profesional de hospital a turnos viene a percibir unos 300 euros mensuales menos y otro del turno de mañana unos 600 euros menos que un colega del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) con dietas.

“No hay dinero”, según la Consejería

Carmona ha recalcado que “esto pasa en todas las categorías profesionales”. “Sin ir más lejos, en la mesa sectorial de sanidad del pasado 9 de octubre, el SCS propuso subir un 27,97% la prolongación de jornada de AP y UGT firmó el complemento de las matronas pero no esta subida” porque en su opinión “es otro acuerdo parcial que aumenta el abismo entre Atención Primaria y Atención Especializada”, por lo que UGT pidió “acabar con esta desigualdad a 1 de enero de 2027 y la respuesta fue que no hay dinero”.

El sindicalista ha explicado que en esa misma mesa sectorial se plantearon 1.449.245 euros solo este año para subir las cuantías salariales de Atención Primaria, “por lo que sí hay dinero y no deja de ser inexplicable que no lo haya para corregir esta desigualdad”, ha subrayado.

Carmona ha recalcado que UGT advirtió en junio que trasladaría la situación a los profesionales si en otoño se mantenía la negativa a abrir una mesa retributiva -que la Consejería de Salud, el 24 de septiembre, “se comprometió a crear”- pero en su opinión, ni la Consejería ni el SCS “dan sensación de querer acabar con esta diferencia”.

Finalmente, ha advertido que “el primer paso” de las movilizaciones serán los paros de 15 minutos y ha insistido en que “no se trata de quitar nada a nadie, sino de dejar de aceptar que el lugar donde trabajas determine cuánto vale tu trabajo; por eso alzamos la voz contra la desigualdad retributiva”.

La Mesa Sectorial de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy por unanimidad la Oferta Pública de Empleo del SESCAM correspondiente al año 2026, que incluye un total de 1.818 plazas, de las que 1.596 son de acceso libre y 222 de promoción interna.

Así lo ha adelantado hoy, la consejera Portavoz en la rueda de prensa semanal del Consejo de Gobierno. Esther Padilla ha informado que esta nueva oferta se desarrollará conjuntamente con la correspondiente al año 2025, que contemplaba 1.591 plazas, de manera que ambas permitirán convocar procesos selectivos para un total de 3.409 plazas. Está previsto que la convocatoria de los exámenes correspondientes a estos procesos se publique durante el segundo trimestre de 2027.

La portavoz del Ejecutivo ha adelantado que la Oferta Pública de Empleo correspondiente a 2026 incorpora, además, por primera vez plazas de tres categorías profesionales de reciente creación en el SESCAM: dietista-nutricionista, técnico medio sanitario de Farmacia y técnico superior especialista en Documentación Sanitaria.

Oferta Pública de Empleo 2026

De las 1.818 plazas incluidas en esta nueva oferta, 400 son de personal facultativo, de las que 237 corresponden a facultativos especialistas de área, 100 a médicos de familia, 14 a pediatras de Atención Primaria y 29 a médicos de Urgencias Hospitalarias.

En las 20 restantes están incluidas seis de inspector médico de Servicios Sanitarios y Prestaciones, cinco de médico de Emergencias, cuatro de médico de Admisión, Archivos y Documentación Clínica, cuatro de odontoestomatólogo y una de técnico de Salud Pública.

Por otra parte, la oferta incluye un total de 496 plazas para personal sanitario diplomado/de grado, de las que 395 corresponden a Enfermería; 23 a enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria; 27 a enfermera especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica; 12 a enfermera especialista en Enfermería de Salud Mental; cuatro a enfermera especialista en Enfermería Pediátrica; dos a enfermera especialista en Enfermería del Trabajo; y cuatro a enfermera inspectora de Servicios Sanitarios y Prestaciones.

En este apartado destaca la convocatoria por primera vez de plazas de dietista-nutricionista, con la inclusión en esta Oferta Pública de Empleo de 14 plazas. La oferta se completa en este grupo con ocho plazas de terapeuta ocupacional y siete de fisioterapeuta.

Asimismo, contempla un total de 434 plazas de personal sanitario técnico, de las que 335 son de técnico en cuidados auxiliares de Enfermería, 38 de técnico superior sanitario de laboratorio y 23 de técnico superior sanitario en radiodiagnóstico.

En este grupo destaca igualmente la convocatoria por primera vez de plazas de técnico medio sanitario de Farmacia y de técnico superior especialista en Documentación Sanitaria, con 12 y 10 plazas, respectivamente. La oferta incluye además siete plazas de técnico superior sanitario de Radioterapia, cinco de técnico superior sanitario de Medicina Nuclear y cuatro de higienista dental.

Finalmente, dentro del grupo de personal de gestión y servicios se incluyen un total de 488 plazas, de las que 200 corresponden a celadores, 170 al grupo auxiliar de la función administrativa, 39 a pinches y 16 al grupo administrativo de la función administrativa, como categorías con mayor número de plazas incluidas en la oferta.

Nuevas categorías de Ingeniero Biomédico y Genetista de Laboratorio

Además, Padilla ha informado de la creación de dos nuevas categorías de personal estatutario del SESCAM, Ingeniero/a Biomédico/a y Genetista de Laboratorio, con el objetivo de adaptar los perfiles profesionales a la evolución tecnológica y científica que se está produciendo en el ámbito sanitario.

La categoría de Ingeniero/a Biomédico/a, que ha sido aprobada por unanimidad, permitirá incorporar al SESCAM profesionales con formación específica para la gestión de una tecnología sanitaria cada vez más compleja y para abordar la creciente integración de los dispositivos médicos con los sistemas de información clínica, la inteligencia artificial y la telemedicina.

Entre las funciones atribuidas a esta nueva categoría se encuentran la planificación tecnológica y de renovación del equipamiento biomédico, la gestión de su ciclo de vida, la tecnovigilancia, la integración de dispositivos médicos con los sistemas de información clínica, la evaluación de tecnologías sanitarias, la gestión de riesgos tecnológicos y la ciberseguridad de los dispositivos médicos conectados, así como la participación en proyectos de investigación e innovación.

Por su parte, la creación de la categoría de Genetista de Laboratorio permitirá facilitar la incorporación ordenada al SESCAM de profesionales con competencias específicas en genética, en un contexto marcado por el creciente peso de la genómica en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades y por el desarrollo de la medicina de precisión.

Estos profesionales podrán desarrollar su actividad en laboratorios de diagnóstico genético, unidades de asesoramiento genético, servicios de medicina reproductiva y unidades de oncología molecular, entre otras estructuras asistenciales. Sus funciones incluyen el diseño, análisis, validación e interpretación de pruebas genéticas de alta complejidad, la aplicación de tecnologías avanzadas de análisis genético y genómico y la colaboración con los equipos clínicos en el diagnóstico, pronóstico, seguimiento y orientación terapéutica de enfermedades de base genética.

Ambas categorías se encuadrarán en el grupo A, subgrupo A1, y las respectivas órdenes regulan asimismo la situación y los procedimientos de reclasificación de aquellos profesionales que actualmente estén desempeñando funciones propias de las nuevas categorías y reúnan los requisitos establecidos.

Finalmente, la Mesa Sectorial ha abordado la actualización de las titulaciones exigidas para el acceso a once categorías de personal estatutario de gestión y servicios del SESCAM: albañil, calefactor, carpintero, cocinero, conductor, costurero, electricista, fontanero, mecánico, peluquero y pintor.

La modificación responde a la necesidad de adaptar los requisitos de acceso a la actual estructura del sistema de Formación Profesional y al nuevo catálogo de titulaciones, manteniendo al mismo tiempo las equivalencias previstas para titulaciones de sistemas educativos anteriores.

Castilla-La Mancha tendrá 21 plazas nuevas de jueces y 4 de fiscales para 2027, tal y como ha aprobado el Gobierno de España este martes en el Consejo de Ministros, con la tramitación urgente de dos reales decretos con una nueva creación de 700 plazas judiciales y fiscales para 2027.

Un primer Real Decreto con el que el Gobierno creará, por segunda vez, 500 plazas judiciales, lo que supondrá una ampliación de la planta judicial del 7,8%. Y un segundo Real Decreto con el que se crearán 200 plazas de fiscales y se incrementará la plantilla actual del Ministerio Fiscal en un 6,6%.

En dos años (2025 y 2026) se han creado 45 plazas judiciales en Castilla-La Mancha (+21,1%), tal y como ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La planta judicial de Castilla-La Mancha crecerá un 8,9% De las 21 nuevas plazas judiciales para Castilla-La Mancha, 16 son para Tribunales de Instancia de localidades como Guadalajara, Ciudad Real, Albacete o Toledo. Tres serán para audiencias provinciales y dos serán de adscripción territorial (pueden ser asignadas por el Tribunal Superior de Justicia correspondiente para cubrir distintas necesidades de la Administración de Justicia).

De las 500 nuevas plazas de jueces creadas en toda España, 172 son para reforzar la jurisdicción civil, 109 para la social y 69 para la penal. 87 plazas se destinarán a órganos mixtos (Audiencias Provinciales y Tribunales de Instancia) situados en provincias y localidades más pequeñas y otras 42 son plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo.

Además, 11 nuevas plazas estarán destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer. Seis plazas más son para reforzar las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. De forma novedosa, 8 plazas son para nuevas Presidencias liberadas de Tribunales de Instancia. Se trata de plazas que ya existen en las grandes ciudades españolas y que realizan en exclusiva funciones de unificación de criterios, coordinación y organización. Ahora se crean también en Murcia, Almería, Córdoba, Granada, A Coruña, Vigo, Santander y Valladolid. Por último, se crean 4 plazas en la Audiencia Nacional.

La creación de 4 nuevas plazas de fiscales para la Castilla-La Mancha supondrá un crecimiento de la plantilla del Ministerio Fiscal en esta comunidad del 3,7%, pasando de 108 a 112 miembros. En total, se crean 200 nuevas plazas de fiscales que se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales.

La distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población). El Ministerio la trasladará al Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, comunidades autónomas con la competencia transferida y tribunales superiores de Justicia para escuchar sus propuestas y aportaciones.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Extremadura ha reclamado al Servicio Extremeño de Salud (SES) que acabe con el agravio comparativo que sufren diversos colectivos de su personal temporal al intentar acceder al complemento profesional. La organización sindical ha calificado la situación de discriminación intolerable en una administración pública que debe velar por la igualdad retributiva y garantizar el acceso equitativo a las retribuciones complementarias.

El origen del conflicto reside en las distintas exigencias que se aplican según la categoría profesional. Por un lado, el personal temporal de los grupos A1 y A2 con derecho a la carrera profesional, como médicos, enfermeros o fisioterapeutas, únicamente necesita acumular tres años de trabajo para percibir el complemento, sin que esos tres años tengan que ser ininterrumpidos. Por el contrario, a los técnicos sanitarios, auxiliares administrativos y celadores se les exige que su último contrato con el SES sea de un mínimo de tres años continuados para poder cobrar el complemento de Desarrollo Profesional.

A esta exigencia se suma la dificultad añadida que supone la limitación legal fijada desde hace tiempo para los contratos de interinidad, cuyo tope máximo se situó en tres años. Esta barrera administrativa imposibilita en la práctica que gran parte del personal sanitario técnico y de Gestión y Servicios pueda cumplir con los requisitos impuestos para la percepción del complemento.

CCOO ha trasladado en reiteradas ocasiones esta propuesta de modificación a la Mesa Sectorial de Sanidad. Sin embargo, a pesar de que la propia administración ha reconocido la injusticia de la medida, el cambio no se ha llegado a concretar. Desde el sindicato consideran inaudito que el SES trate de ahorrar costes a costa de determinados trabajadores y mantenga un trato desigual entre categorías del colectivo interino.

Un total de 164 personas optan a las nueve plazas de empleo que la Autoridad Portuaria de Santander (APS) ha convocado mediante concurso-oposición.

En concreto, se han recibido 116 solicitudes para cinco puestos de policía portuaria; 22 para una plaza de responsable de sistemas de la información y comunicaciones; seis para un técnico de infraestructuras; nueve para un puesto de encargado de mantenimiento y sistemas de ayuda a la navegación; y once para un responsable de mantenimiento.

Los puestos están sujetos al III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias y los tribunales se reunirán próximamente para elaborar las listas provisionales de personas admitidas y excluidas y establecer los plazos de subsanación, ha informado la APS.

Su presidente, César Díaz, ha destacado en un comunicado la importancia del capital humano: “El empleo público es una herramienta fundamental para garantizar la calidad y la eficiencia de los servicios que presta la Autoridad Portuaria”.

Las bases de las convocatorias pueden consultarse en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de los días 11, 12 y 13 de agosto o a través de las páginas web www.puertosantander.es y en www.administracion.gob.es.

La junta de personal funcionario del Gobierno de Cantabria ha denunciado una “falta sistemática de transparencia” y un “bloqueo negociador” por parte de la Consejería de Presidencia y la Dirección General de Función Pública, que le ha llevado a recurrir al Consejo Nacional de Transparencia para acceder a información sobre el coste de los procesos judiciales perdidos por la Administración en materia de personal.

En un comunicado, el órgano representativo ha puesto de manifiesto que “la falta de contestación a escritos solicitando información es la tónica habitual” y ha tenido que acudir a instancias superiores tras la inadmisión de una petición “clave” a su juicio como es conocer el gasto exacto abonado por el Gobierno de Cantabria en los varios procesos judiciales en materia de personal que ha perdido en los tribunales.

“La Administración continúa recurriendo sentencias desfavorables, incluso mediante recursos de casación que terminan siendo desestimados o directamente inadmitidos, en ocasiones sobre cuestiones sustancialmente idénticas a otras ya resueltas mediante sentencia firme”, ha apostillado.

La junta ha señalado que esta “falta de transparencia” se extiende a las relaciones con la representación de los empleados públicos, ya que la Administración “no responde a numerosas solicitudes formales de información realizadas en el ejercicio de los derechos de representación y libertad sindical”. Como ejemplo, la Junta señala que tuvo que esperar el pasado año, desde marzo, cuando solicitó formalmente una reunión con la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, hasta el 16 de julio para ser recibida.

Además, ha alertado sobre la tramitación de la futura Ley de Función Pública de Cantabria, ya que aunque la Administración entregó un borrador en agosto anunciando su intención de someterlo a información pública, “hasta la fecha no se ha convocado a las organizaciones sindicales para negociar su contenido”, por lo que “difícilmente puede hablarse de consenso cuando se prescinde de la negociación”.

Parálisis negociadora

Además, ha denunciando una “parálisis negociadora alarmante” que “mantiene bloqueados” asuntos como el teletrabajo, la regulación del cambio de puesto por motivos de salud y la puesta al día de las fichas de puesto de trabajo.

Por todo ello, ha exigido un “cambio de actitud urgente” a las responsables del Gobierno en materia de Función Pública, porque “las organizaciones sindicales no somos un mero trámite ni parte del decorado: somos la representación constitucional de los empleados públicos y exigimos respeto, margen de participación y una reactivación seria de la negociación colectiva” antes de que finalice la legislatura.

Castilla-La Mancha ofertará 401 nuevas plazas de empleo público este año 2026, después de que los sindicatos hayan dado su visto bueno a la propuesta de Oferta de Empleo Público (OEP) de personal laboral de la Administración General, correspondiente al ejercicio 2026, impulsada por el Ejecutivo regional.

Tal y como se ha acordado, con el voto a favor de todas las organizaciones sindicales, la OEP para personal laboral de este año asciende a 401 plazas, que se reparten en: 329 de turno libre, 72 de promoción interna, 8 de discapacidad intelectual y 20 de discapacidad general.

Estas plazas se aprobarán en el contexto de este ejercicio junto con las de personal funcionario, que conforman el sector de Administración General, cuya Mesa Sectorial se celebrará este jueves. Siendo el siguiente paso, la celebración de la Mesa General del Personal Empleado Público, como paso previo a la aprobación por el Consejo de Gobierno de toda la OEP de 2026, que engloba al sector de Administración General (personal funcionario y laboral), más el sanitario y el educativo.

La Oferta de Empleo Público de 2026 forma parte de la tercera edición del Plan de Impulso a los Servicios Públicos 2023-2027 del Gobierno de Emiliano García-Page, con el que se prevé aprobar más de 12.300 plazas de empleo público durante este periodo.

El Pleno del Parlamento ha debatido este lunes dos proposiciones no de ley (PNL) de Partido Popular y PRC, respectivamente, con aspectos comunes como el apoyo a los trabajadores de Correos, la necesidad de más contrataciones o el papel referente de los carteros en el entorno rural de Cantabria con un alto número de población envejecida, que también han sido reconocidas por el resto de grupos de la Cámara.

Sin embargo, las diferencias en cómo ha sido la gestión del Gobierno central (PSOE-Sumar) al frente de la entidad o el papel que desempeña el Gobierno cántabro (PP) dentro de sus competencias, entre otros, han hecho que ninguna de las dos obtuviera un apoyo unánime.

Ambas iniciativas han registrado enmiendas de PSOE, que no han sido admitidas. Y de Vox, que sí ha aceptado el PP pero no el PRC. De este modo, la PNL del Partido Popular ha salido adelante con los 19 votos a favor de su partido y Vox, mientras 15 diputados de PSOE y PRC se han abstenido.

Por su lado, la propuesta regionalista ha logrado el apoyo de los 7 diputados del PRC presentes en el Hemiciclo y ha registrado 27 abstenciones de los miembros de PP, PSOE y Vox.

El primero en intervenir ha sido el portavoz del PP, Miguel Ángel Vargas, que ha calificado a Correos de “servicio esencial” en el que se han registrado dos formas diferentes de gestionar. Por un lado ha puesto el ejemplo del Gobierno de Cantabria, que en su ámbito de competencias propició un convenio entre el ICAD y Correos durante el Covid.

Y por otro, ha criticado duramente a la Administración Nacional, con un “Partido Socialista que en vez de preocuparse por la gestión, las condiciones de los trabajadores y por garantizar un servicio postal efectivo a los ciudadanos, estaba preocupado en amañar contratos y en colocar a 'fontaneras' al servicio del PSOE en la empresa pública de Correos. Esto es inadmisible”, ha remarcado.

En su iniciativa, Vargas ha planteado que el “Gobierno de Cantabria inste al Gobierno de España a realizar las gestiones necesarias para revertir la política de recortes de contratación cero instaurada en la empresa pública en los últimos tres años y asegurar la cobertura de los puestos de trabajo necesarios”.

Y que, “de acuerdo con la inminente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, se incluya al personal de la empresa pública de correos y telégrafos en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Por su parte, la portavoz del PRC, Paula Fernández, ha expuesto las diferentes iniciativas que su partido ha venido desplegando en los últimos años en defensa del servicio de Correos y ha hecho incidencia en el trabajo de los carteros rurales en Cantabria.

En este sentido, ha afirmado que “el código postal no puede condicionar” los servicios a los que se prestan a los ciudadanos.

Fernández ha remarcado que detrás de un servicio público “están sus trabajadores” y ha destacado el “sobreesfuerzo” que está desplegando el personal de Correos y lo importante que es “su inclusión dentro del Estatuto Básico del Empleado Público”.

Ha demandado “más financiación, un empleo suficiente y estable, promover una oferta de empleo pública y reducir temporalidad para lograr un servicio de calidad y eficiente”.

Y ha dicho que la iniciativa regionalista es “inequívocamente territorial”, va dirigida a mantener la población y garantizar un red cotidiana de servicios. “Correos continua llegando aunque cada vez con mas dificultades”, ha señalado.

Por otro lado, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha manifestado que Correos es “fundamental” y ha hablado de “colapso operativo y nefasta gestión” del Gobierno central, que ha puesto “al borde del colapso” a la empresa “debido a la falta de personal con trabajadores al limite”.

Y ha resaltado su papel “conectando” a las personas mayores con la Administración.

En cuanto al PSOE, su portavoz, Nórak Cruz, ha calificado las iniciativas de su grupo como “más concretas” y ha comentado que las propuestas de PRC y PP “aciertan en reconocer el carácter esencial de Correos y la profesionalidad de sus plantillas pero son genéricas” y no asumen las competencias o herramientas del que tiene el Gobierno de Cantabria.

Ha reconocido el papel vertebrados del correos y ha apelado a la corresponsabilidad institucional.

Cruz ha desgranado una serie de medidas “concretas” como la “implantación de la ventanilla única”, que el Gobierno regional declare a Correos “operador postal preferente” para comunicaciones administrativas, se efectúe el “cobro de recibos y tasas de las entidades locales” o garantice personal suficiente.

El portavoz popular no admitió su enmienda por ser “un lavado de cara”.

El sindicato UGT ha denunciado una sucesión de posibles irregularidades en el proceso de selección convocado por la Sociedad Regional de Educación para cubrir seis plazas de Técnico Superior en Educación Infantil y crear una bolsa de empleo. Inscripciones únicamente presenciales, dificultades para reclamar, diferencias en las preguntas anuladas dependiendo del aula y una denuncia sobre la posible interferencia de un alto cargo, son algunas de las cuestiones que el sindicato considera necesario esclarecer.

Al examen se presentaron 750 personas y el propio consejero de Educación acudió al inicio de las pruebas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cantabria para hacerse fotos con los especialistas en Educación Infantil, acompañado por el director de la Sociedad Regional de Educación, Alfonso Santibañez.

La prueba, correspondiente a la oferta de empleo público de 2026, se celebró el pasado 5 de septiembre, pero las quejas comenzaron antes. Las personas aspirantes tuvieron que desplazarse físicamente hasta la sede para inscribirse, sin posibilidad de realizar el trámite electrónicamente - la empresa pública no dispone de sede electrónica- “y con un pantallazo del móvil personal de cada persona aspirante como prueba de inscripción”, explica el sindicato.

Los ejercicios selectivos consistieron en un examen tipo test de 60 preguntas para completar en 75 minutos. Después los aspirantes que superen la plaza pasan a la fase de valoración de méritos en un concurso que computa el 40 por ciento de la puntuación total, mientras que el examen supondrá el 60 % restante. 

Durante el examen los aspirantes no recibieron una copia de la prueba realizada, una circunstancia que posteriormente ha dificultado comprobar las respuestas y formular alegaciones. Según advierte UGT, la autocopia de las respuestas se entregan en todos los procesos selectivos de la Administración general. “No olvidemos que una oposición no deja de ser un procedimiento administrativo y debe contar con garantías plenas”, subrayan en un comunicado.

A ello se suma una cuestión que UGT considera especialmente preocupante. El sindicato ha recibido quejas porque el número de preguntas anuladas de reserva el mismo día del examen habría sido diferente según el aula en la que realizaron la prueba los participantes. En unas aulas dijeron dos y en otras una, según los testimonios recabados.

Por ello, el sindicato exige que la empresa pública del Gobierno de Cantabria “explique y documente qué ocurrió y garantice que todas las personas aspirantes fueron evaluadas en igualdad de condiciones”.

Las dificultades continuaron durante las reclamaciones. El plazo para alegar fue de cinco días naturales -incluido un sábado- y las alegaciones tuvieron que presentarse nuevamente de manera presencial, con el inconveinete añadido de que la empresa pública no está abierta los sábados.

A estas incidencias se añade que UGT ha recibido una comunicación sobre la posible injerencia de un alto cargo en el proceso selectivo. La organización “no prejuzga responsabilidades”, pero considera imprescindible investigar lo ocurrido y determinar si existió alguna actuación que pudiera haber afectado a la independencia, imparcialidad u objetividad de la selección. “Porque en cuanto a la obligación de transparencia de toda selección pública no nos cabe dudas de que fue mejorable”, critican.

El sindicato ya trasladó algunos de estos hechos a la empresa en la reunión mantenida con el comité el 7 de septiembre. Ahora reclama una revisión integral del proceso antes de que sus resultados y la bolsa de empleo queden definitivamente consolidados, así como explicaciones claras sobre las incidencias detectadas. Si no obtiene respuestas satisfactorias, el sindicato anuncia que ejercerá las acciones administrativas y judiciales que correspondan para defender los derechos de las personas participantes.

Por ello, reclaman que el Consejo de Administración de esta empresa pública se reúna en sesión extraordinaria y acuerde el encargo de una auditoría externa de todo el proceso que aclare lo trasladado.

“La transparencia y la igualdad no son opcionales en un proceso selectivo; son garantías constitucionales y legales que deben cumplirse en todas y cada una de sus fases”, concluyen.

Estas pruebas a las que se suma una valoración de méritos determinan el orden de la bolsa de empleo para cubrir bajas y necesidades futuras en los centros de Cantabria. El consejero de Educación, Sergio Silva, aseguró que desde su departamento se ha creído necesario “estabilizar esa plantilla de técnicos de Educación Infantil” mediante este proceso.

En este curso escolar 2026-2027 habrá 112 técnicos superiores de Educación Infantil trabajando en 77 colegiosy en las aulas de dos años y de un año en Cantabria.

La Consejería lo niega

La Consejería de Educación no va a investigar ninguna de las cuestiones que denuncia el sindicato UGT. En su opinión, no se corresponde con la realidad de los hechos y explica que las cuestiones que se señalan como anomalías -el plazo de cinco días para reclamar o que solo se pudiesen hacer solicitudes presenciales- fueron aprobadas en las bases de la convocatoria con el voto favorable del representante de UGT en el Comité de Empresa.

A la vez, desmienten el resto de las presuntas irregularidades. “Todos los aspirantes conservaron una copia de su examen y pudieron anotar en ella las respuestas realizadas” -explican- aseguran que se anularon las dos mismas preguntas para todos y rechazan la interferencia de cargos públicos o responsables de la empresa pública en el proceso. “Puesto que la selección corresponde únicamente a un tribunal independiente”, concluyen.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado concentraciones a las puertas de las principales oficinas de Correos en las cinco capitales de provincia castellanomanchegas para denunciar que la empresa pública “incumple” el acuerdo “que firmó” a finales de 2024. En dicho pacto se comprometía a un refuerzo de personal, regular e implantar las 35 horas semanales para el conjunto de la plantilla, transformar a tiempo completo las jornadas parciales e iniciar el plan de rejuvenecimiento, según explica CSIF.

En Toledo, la convocatoria ha reunido a una treintena de personas a las puertas de la sede de la entidad postal en el Casco Histórico para exigir a Correos que respete las condiciones pactadas.

“En vez de cumplirlas, cada vez hay menos personal: se han perdido 22.000 empleos y tenemos contratadas más de 4.000 personas con jornadas parciales que deberían ser completas”, apunta Luisa Barrios, delegada de CSIF en la provincia de Toledo.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, Barrios asegura que solamente en la provincia Toledo se han perdido 150 puestos de trabajo y en el primer semestre del año se han hecho más de tres mil horas de jornadas complementarias. Por ese motivo, la delegada de CSIF considera que “todas las jornadas parciales deberían ser completas”.

“Correos, escucha, estamos en la lucha”, “más personal y empleos de calidad” o “refuerzos ya, la plantilla no puede más” han sido algunas de las proclamas coreadas por los manifestantes.

Estas movilizaciones se han reproducido también este jueves en todas las capitales de provincia de Castilla-La Mancha, y CSIF asegura que, de no atender Correos sus peticiones, el próximo 30 de septiembre convocarán “una gran concentración” en Madrid.

Detalles del Acuerdo Marco que Correos “incumple”

Según detalla CSIF, el Acuerdo Marco firmado en 2024 pretende mejorar las condiciones de la plantilla y modernizar la empresa con un plan de salidas incentivadas, nuevas ofertas de empleo para dar estabilidad y reforzar la plantilla, implantar la jornada de 35 horas, mejorar las retribuciones, la reubicación de personal, la implantación de una bolsa de horas o el diseño de una nueva carrera profesional.

La situación actual, sin embargo, “difiere de estos objetivos”. La central sindical asegura que la falta de contratación de personal de refuerzo ha supuesto una pérdida “de 22.000 empleos en una década” en toda España.

A ello hay que añadir, denuncia CSIF, que un porcentaje de casi 10 % (4.000 trabajadores a nivel nacional) tiene jornada a tiempo parcial con un sueldo que oscila entre los 700 y 800 euros mensuales. “Esta situación no se ha corregido desde la última convocatoria de empleo en 2023. Dicha oferta de empleo contemplaba 7.757 plazas, de las que más de 2.000 fueron a tiempo parcial y, casi tres años después, la mayoría continúa en la misma situación ante la falta de desarrollo de los concursos de traslados”, asegura en un comunicado.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera insuficiente la respuesta ofrecida por el Tribunal Calificador del proceso selectivo para la provisión de plazas vacantes en los cuerpos de Policía Local de diversos municipios de La Rioja, tras las reclamaciones presentadas a raíz del examen celebrado el pasado 5 de septiembre.

Según ha informado CSIF, como consecuencia de las reclamaciones y argumentos trasladados por esta organización sindical, el Tribunal ha procedido a anular las cinco preguntas de reserva que aparecieron en el examen, al no encontrarse contempladas ni en las bases de la convocatoria ni en los criterios de corrección facilitados a los opositores. Asimismo, el Tribunal ha procedido a modificar determinadas respuestas que se encontraban incorrectamente transcritas, reconociendo de esta manera algunos de los errores advertidos durante el proceso de revisión de la prueba.

Sin embargo, CSIF considera que “estas rectificaciones no resuelven el conjunto de problemas detectados en el examen”. De las 100 preguntas planteadas, el Tribunal únicamente ha procedido a anular cinco, una cifra que, a juicio de esta organización sindical y de numerosos opositores que han trasladado sus quejas, resulta “claramente insuficiente” teniendo en cuenta el número de cuestiones cuya validez había sido cuestionada y los argumentos aportados para ello.

CSIF quiere poner el foco en el “perjuicio ocasionado a los aspirantes durante el desarrollo de la prueba. ”Los opositores tuvieron que enfrentarse a cinco preguntas de reserva que finalmente han sido anuladas por no estar contempladas en las bases ni en los criterios de corrección. El tiempo empleado en leerlas, analizarlas y tratar de responderlas fue un tiempo que los aspirantes no pudieron recuperar posteriormente“, subraya CSIF, que suma a ello ”la incertidumbre generada durante la propia realización del examen“.

CSIF considera que “no puede obviarse esta circunstancia a la hora de valorar globalmente el resultado del proceso” y ven como “especialmente preocupante” que se mantienen preguntas cuya argumentación para solicitar su anulación presenta similitudes con la utilizada para justificar la anulación de otras preguntas que sí han sido anuladas. “Esta situación genera una evidente preocupación entre los opositores y plantea interrogantes sobre la homogeneidad y coherencia de los criterios aplicados por el Tribunal, insiste CSIF.

“CSIF entiende que, si dos preguntas presentan circunstancias sustancialmente similares respecto a su posible invalidez, la respuesta del órgano calificador debería estar suficientemente motivada y resultar coherente en ambos casos. No resulta comprensible para los aspirantes que una determinada argumentación sea considerada suficiente para anular una pregunta y, ante circunstancias que consideran similares, no produzca el mismo efecto en otra”, explican, al tiempo que recoger el “creciente sentimiento de desamparo, frustración y falta de empatía” de los opositores.

CSIF mantiene igualmente sus objeciones respecto de determinadas preguntas que, a juicio de esta organización sindical, se encuentran vinculadas a modificaciones legislativas producidas con posterioridad a la fecha límite de presentación de instancias.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios se valora que el Tribunal haya rectificado algunos de los errores señalados, especialmente la anulación de las cinco preguntas de reserva que no estaban contempladas en las bases ni en los criterios de correcrioción. Pero, a juicio del sindicato, “precisamente estas rectificaciones demuestran que las reclamaciones presentadas no eran infundadas y que existían elementos objetivos que debían ser revisados”.

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes la convocatoria de 318 plazas de empleo público para este año, que entre otras áreas, ampliará en 100 la plantilla de Policía Local y en 46 la de Bomberos. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, el alcalde, José Luis Sanz, ha detallado que 245 plazas serán de turno libre y 73 de promoción interna, para garantizar el derecho de la plantilla municipal a “mejorar sus puestos de trabajo”.

De esta manera, la convocatoria contemplará plazas como administrativos, analistas informáticos, educadores sociales, arquitectos, entre otros perfiles, que se planificarán conforme a las jubilaciones y las bajas causadas en plantilla sin suponer ningún tipo de coste a las arcas municipales, salvo las que se crean nuevas.

Las plazas de esta convocatoria serán publicadas por orden de prioridad, sobre todo en materia de seguridad y en materia de administración general, y el Consistorio ha fechado el comienzo del proceso “sobre el mes de mayo o incluso antes”.

“Avance sin precedentes”

En este sentido, Sanz ha calificado la convocatoria como un “avance sin precedentes” por el empleo público y “mejorar la prestación de los servicios municipales que reciben los sevillanos”. “Cuando llegamos hace tres años faltaban convocatorias”, ha añadido, a la vez que ha criticado la situación de “abandono, dejadez, desidia e inacción del anterior gobierno socialista”.

En los últimos tres años, se ha reforzado el servicio de peones con 50 nuevas plazas, así como la estabilización de 786 trabajadores públicos y la culminación de alrededor del 85% de los procesos derivados de la Ley 20/2021 en esta materia.

Por otro lado, la Junta de Gobierno también ha aprobado la adaptación de la plantilla de bomberos a la Ley 2/2023, de Gestión de Emergencias de Andalucía, lo que supondrá una “importante reestructuración” de la plantilla, que ajustará nuevas escalas, grupos y categorías profesionales fijadas por la norma que persigue la actualización y homogeneización del personal de los servicios de incendios y salvamento.

La Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, a través de la Dirección General de Función Pública, ha publicado hoy, día 11, las bases de las convocatorias para cubrir 85 plazas en ocho cuerpos de Servicios Generales. Desde el pasado 2 de junio y hasta este viernes, el Gobierno regional ha publicado los procesos selectivos de 208 plazas de la Ofertas de Empleo Público (OPE) de 2023 a 2026, con el objetivo de avanzar en la reducción de la temporalidad en el sector público. La previsión, según la programación comprometida por el Ejecutivo riojano, es que otras 245 plazas salgan antes fin de año y 52 enero de 2027.

El pasado mes de junio se hizo público un calendario completo de convocatorias de oposiciones que representa un ejercicio de planificación integral que, por primera vez, permite convocar todas las plazas pendientes en el mismo año de su publicación, lo que garantiza mayor agilidad, seguridad jurídica y eficiencia en la gestión del empleo público. Asimismo, esta planificación ofrece previsibilidad y certidumbre a los opositores, academias de preparación y organizaciones sindicales, y refuerza la transparencia y la colaboración del Gobierno regional en materia de empleo público.

La planificación completa recoge 505 plazas de 65 procesos selectivos, acumulando los procesos pendientes desde 2023 hasta este ejercicio, con tres únicas excepciones: una plaza de promoción interna de Informático, una plaza de Letrado, cuya convocatoria está prevista para 2027, y 50 plazas de promoción interna de Auxiliar Administrativo General a Administrativo, que se publicarán en enero de 2027.

De ese total de 505 plazas, 123 salieron en junio para 17 procesos selectivos de los cuerpos de Ingeniero de Caminos, Farmacéutico, Subinspector de Tributos, Inspector de Consumo, Ordenanza, Administrativo, Ingeniero Industrial, Ingeniero de Montes, Veterinario, Informático, Inspector Médico, Fisioterapeuta y Subinspector Médico. Y este viernes se han convocado 85 correspondientes a los cuerpos de Arquitecto Técnico, Técnico Medio de Empleo, Técnico de Protección Civil, Educador Infantil, Técnico de Educación Especial, Técnico de Educación Infantil, Educador de Discapacidad Psíquica y Gestión Administración General.

Antes del 31 de diciembre se convocarán los procesos selectivos para cubrir otras 245 plazas. De ellas, 1 será de Delineante y 64 de Auxiliares de Enfermería, previstas para principios del mes de octubre.

El Gobierno de Cantabria ha lanzado la tercera convocatoria de plazas de turno libre de las ofertas de empleo público (OEP) 2025 y 2026 de la Administración General, formada por 206 plazas de personal funcionario y laboral. Destacan por su número las 100 plazas de Empleado de Servicios y las 62 del Cuerpo Administrativo.

Tras la publicación, este lunes 7, de la orden de convocatoria de estas plazas en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), se ha abierto el plazo de solicitud para poder participar en las pruebas selectivas, que serán por el sistema de oposición libre.

El plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta el 28 de septiembre con el objetivo de celebrar las primeras pruebas a partir del 1 de noviembre.

El tercer bloque de convocatorias publicado este lunes está formado por 206 plazas de las que 93 son de personal funcionario y 113 de laborales.

Respecto al personal funcionario, se convocan plazas del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas (6 plazas), Capitán de la Marina Mercante (2), Periodismo (2), Técnico de Organización (3), Enfermería de Empresa (3), Fisioterapia (3), Ingeniero Técnico de Obras Públicas (3) e Ingeniero Técnico Químico (1).

Además, se convocan plazas de Interprete de Lengua de Signos (2 plazas), Perito Judicial (4), Escala de Agentes de Pesca (2) y del Cuerpo Administrativo (62 plazas).

Respecto al personal laboral, se convocan plazas de Oficial de Oficios de Obra Pública (1), Operario de Mantenimiento (6), Empleado de Servicios (100 plazas) y Subalterno (6).

La consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia (PP) ha destacado el cumplimiento de los plazos de ejecución de la OEP en la Administración General, una de las más importantes la última década con un total de 899 plazas, y que propiciará la mejora y modernización de los servicios públicos autonómicos, además de garantizar el relevo generacional.

Durante este verano se han celebrado las primeras pruebas de las 103 plazas convocadas de la OEP 2025-2026, puestos de mayor necesidad y urgencia para la Administración autonómica, entre los que se encuentran las de ingenieros técnicos agrícolas, bomberos forestales, operario de carreteras y auxiliar de enfermería, entre otros.

Igualmente, a comienzos de verano, se han convocado otras 282 plazas de personal funcionario y laboral, cuyos primeros exámenes se comenzarán a celebrar este mes de septiembre.

Respecto a la cobertura de 25 plazas de bombero para los parques de emergencia autonómicos, ya ha finalizado la cuarta de las pruebas para acceder a estos puestos que garantizarán las guardias mínimas de cuatro efectivos con el fin de garantizar la seguridad de las personas asistidas como la de los propios bomberos.

Solo queda por realizar a los aspirantes a bomberos autonómicos una de las pruebas sobre el programa de materias comunes para, posteriormente, hacer la valoración de méritos, los reconocimientos médicos y el curso de formación.

Un total de 57 plazas de promoción interna convocadas por el Gobierno de La Rioja han quedado sin cubrir en diversos cuerpos y escalas de la Administración autonómica. Tras estos resultados, el Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana (STAR) ha reclamado al Ejecutivo regional una revisión del actual modelo de selección al considerar que el sistema “no está cumpliendo adecuadamente” con la finalidad de incentivar la carrera profesional de los empleados públicos.

Los datos señalan que la mayor cifra de vacantes se registra en el Cuerpo Técnico, con 22 plazas desiertas, seguido del Cuerpo Auxiliar (21 plazas) y el Cuerpo de Gestión (6 plazas). La lista se completa con una plaza de Psicólogo sin cubrir y otras siete correspondientes a las especialidades de Trabajo Social e Ingeniería Técnica Agrícola.

Para el sindicato esta situación resulta “contradictoria” con el Acuerdo firmado el 14 de abril de 2025, cuyo objetivo era precisamente impulsar la promoción interna. Asimismo, argumentan que “no resulta razonable convocar reiteradamente plazas de promoción interna para que finalmente queden desiertas”.

Ante este escenario, STAR ha solicitado al Gobierno de La Rioja que analice las causas de este resultado y adecue las pruebas selectivas a las funciones y conocimientos realmente exigibles en cada puesto, “garantizando en todo momento los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

El Ayuntamiento de Guareña rastreará si los aspirantes a la plaza de gerente de dinamización comercial presentan memorias elaboradas mediante inteligencia artificial, según recogen las bases del proceso selectivo publicadas este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Badajoz.

La convocatoria contempla expresamente la revisión de la autenticidad de los trabajos con el fin de identificar “posibles textos generados a través de inteligencia artificial”. Sin embargo, el texto oficial no precisa qué herramientas o programas informáticos empleará el tribunal calificador para llevar a cabo esta verificación, ni detalla las penalizaciones o consecuencias jurídicas que conllevaría la detección de este tipo de contenidos.

Para optar a la plaza, los candidatos deben diseñar un plan anual destinado a reactivar el comercio local, con una extensión máxima de 30 páginas, y defenderlo posteriormente de forma oral durante un tiempo límite de media hora. El tribunal evaluará la calidad, viabilidad e innovación de las propuestas planteadas, además de la solvencia en la argumentación y la respuesta a las preguntas planteadas.

El puesto, convocado bajo la modalidad de concurso-oposición, se ofertará como funcionario interino a jornada completa, con una duración prevista de tres años y fecha de incorporación fijada para el 1 de octubre.

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto durante diez días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación en el boletín. El proceso servirá, asimismo, para la constitución de una bolsa de trabajo.

El Central Sindical y de Funcionarios (CSIF) ha vuelto a denunciar la política de personal de la Administración autonómica tras acusar a los responsables de Función Pública de“«faltar una vez más al compromiso adquirido” para mejorar la gestión de las bolsas de trabajo temporales en La Rioja.

Según expone la central sindical, la falta de personal y el rápido agotamiento de las listas de empleo en diversas categorías profesionales —especialmente en el grupo A1 de Técnicos de Administración General— es un problema recurrente desde hace años. Para cubrir estas vacantes urgentes, el Ejecutivo regional recurre directamente a las Oficinas de Empleo en busca de aspirantes, un método que, según el sindicato, genera un profundo malestar entre la plantilla y los opositores.

CSIF defiende que, antes de acudir al Servicio Riojano de Empleo, la Administración debería ofrecer estas oportunidades a los empleados públicos que ocupan plazas de menor categoría pero cuentan con la titulación exigida, o bien a los opositores que quedaron fuera tras haberse preparado el examen y haber realizado las pruebas. A juicio de la central, este criterio permitiría atender las necesidades de personal “de una manera más justa, transparente y objetiva”, respetando “los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

Desde la organización señalan que tanto el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital, Alfonso Domínguez, como el director general de Función Pública, Ángel Sáinz Yangüela, han mostrado reiteradamente su disposición a aplicar este sistema. Sin embargo, lamentan que sus palabras no se hayan traducido en hechos: “Muchos parabienes y compromisos para no confrontarse, pero al final nada cumplido”, denuncian, acusando al Ejecutivo de “ningunear y tratar con falta de empatía y respeto a los empleados públicos”.

Luis Cubría Falla ha sido nombrado nuevo director ejecutivo de operaciones y Talento de Cantur, la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, tras superar el proceso de selección convocado por la empresa pública el pasado 29 de julio -y para el que se abrió un plazo de presentación de candidaturas de tan solo seis días- para ocupar esta plaza directiva que “estaba vacante”, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Natural de Santander (1968), Luis Cubría es licenciado en Derecho y diplomado en la especialidad Jurídico-Económica por la Universidad de Deusto. Cuenta con un posgrado MBA en administración de empresas por el IESE de Barcelona. Hasta la fecha ha sido gerente del Plan de Sostenibilidad Turística del Ayuntamiento de Comillas.

El Ejecutivo destaca que Cubría es “un profesional de reconocido prestigio” en la planificación turística del sector público y que ha asesorado al Gobierno de Cantabria desde 2012 en varios proyectos en la materia, como el Plan de Marketing Turístico regional, la estrategia de España Verde o la hoja de ruta del Turismo de Cruceros.

Ha trabajado como asesor para otras administraciones regionales como las de Castilla y León y País Vasco, así como para entidades locales como los ayuntamientos de Santander, Bilbao, San Sebastián, Noja, Comillas o Liérganes.

Cuenta además con amplia experiencia en el sector privado, incluidos puestos de senior manager en PwC Consultants y Hicks Consulting Group, con más de 30 años en proyectos de transformación en sectores como la energía, telecomunicaciones, consumo, salud e implantación de software y nuevas tecnologías.

Cubría es a su vez colaborador en varios medios de comunicación y un “apasionado” del turismo de naturaleza y cultural. El nuevo alto cargo de Cantur ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Museo de la Real Fábrica de Artillería de la Cavada.

El Juzgado de lo Social número 5 de Santander ha respaldado el criterio de la Sociedad Regional de Educación para determinar que las vacaciones no disfrutadas por un trabajador o trabajadora debido a una situación de incapacidad temporal (IT) se disfruten durante el mes de agosto, periodo en el que la actividad lectiva permanece suspendida.

La sentencia resuelve la reclamación presentada por una empleada que, tras no haber podido disfrutar de sus vacaciones en julio por encontrarse de baja médica, solicitaba trasladarlas a un periodo lectivo del calendario escolar.

Frente a esta petición, la empresa pública defendió que dichas vacaciones debían disfrutarse durante el mes de agosto, al tratarse del periodo sin actividad ordinaria de verano.

El convenio colectivo de aplicación establece que las vacaciones se disfrutan preferentemente durante los meses de julio y agosto. Asimismo, contempla que agosto sea un mes sin actividad, si bien la empresa puede requerir a los trabajadores hasta un máximo de 40 horas para la realización de actividades no lectivas.

La resolución judicial considera “razonable y justificada” la decisión de la Sociedad Regional de Educación y concluye que la determinación de las fechas de disfrute de las vacaciones no puede realizarse unilateralmente por parte de la trabajadora. Asimismo, señala que no concurre ninguna circunstancia que justifique la negativa a disfrutar las vacaciones pendientes durante el mes de agosto.

“No hay una justificación”

“No hay una justificación ni razonabilidad de la actora para disfrutar los periodos de vacaciones coincidiendo con calendario escolar”, reza la resolución judicial, consultada por Europa Press, y en la que la magistrada suma que la concesión “no es automática”, pues es algo que debe ser pactado con la empresa y está determinado en el convenio que los periodos sean “preferiblemente” en julio y agosto, algo “razonable por la actividad que realizan”.

Durante el procedimiento, la empresa argumentó que su actuación respondía al cumplimiento de lo dispuesto en el convenio colectivo y a la necesidad de compatibilizar el derecho al disfrute de las vacaciones con las necesidades organizativas del servicio.

Asimismo, destacó que permitir que estas vacaciones se disfruten durante el periodo lectivo implicaría recurrir a sustituciones, con el consiguiente incremento del gasto público.

La sentencia también recoge que este criterio se aplica de manera general a todas las personas trabajadoras que se encuentran en circunstancias similares, por lo que no existe trato discriminatorio alguno.

La Sociedad Regional de Educación valora una sentencia que aporta “seguridad jurídica” sobre la aplicación de una medida organizativa que se viene desarrollando de forma “homogénea” para toda la plantilla y que contribuye a “evitar costes innecesarios” derivados de sustituciones durante el periodo escolar, “garantizando al mismo tiempo el disfrute efectivo de las vacaciones reconocidas a los trabajadores”.

CCOO Cantabria ha criticado la “arbitrariedad” con la que, a su juicio, la Consejería de Educación está gestionando la concesión de comisiones de servicio para el próximo curso escolar y ha exigido una “regulación clara” con “criterios objetivos y evaluables”.

En un comunicado, la Federación de Enseñanza del sindicato ha explicado que “se están rechazando solicitudes motivadas que sí se concedían en cursos anteriores” y “sin explicación clara ni criterio público que avalen el cambio de criterio” al tiempo que “se aceptan otras con menor justificación”.

Además, según CCOO, “se están aprobando comisiones de servicio para algunos puestos que se denegó a otros docentes en cursos anteriores”.

La Federación ha explicado que está recibiendo “numerosas quejas de docentes que han visto rechazada su solicitud pese a acreditar circunstancias personales, familiares o profesionales que tradicionalmente eran aceptadas por la Consejería”.

El sindicato ha detallado que entre los casos denegados figuran solicitudes de docentes cuyos cónyuges pertenecen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o a personal médico y sanitario destinado en Cantabria; situaciones familiares con personas dependientes o con hijos e hijas en edad escolar; personas reconocidas por el ICASS como cuidadoras de familiares con dependencia severa o gran dependencia, o comisiones de servicio vinculadas al impulso de proyectos de dirección en centros con características educativas complejas.

La Federación ha señalado que la Dirección General de Personal Docente ha remitido las denegaciones a perfiles docentes que habían solicitado y “justificado sobradamente” su petición de comisión de wervicio y que, en algunos casos, ya habían ocupado el mismo destino en cursos anteriores.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, ha opinado que “no es aceptable que docentes que llevan años obteniendo una comisión de servicio por circunstancias familiares o profesionales perfectamente acreditadas reciban ahora una denegación genérica sin ninguna explicación”.

“Si se han modificado los criterios qué menos que explicarlos, hacerlos públicos y aplicarlos de igual manera para todo el profesorado”, ha aseverado. Para el sindicato, esta situación se suma a una sucesión de decisiones que, a su juicio, evidencian “una preocupante forma de gestionar los recursos humanos de la educación pública”, después de denunciar durante las últimas semanas el recorte de más de 160 plazas docentes y la supresión de más de una treintena de unidades educativas.

“Es una Consejería que toma decisiones sin negociación y sin transparencia”, ha criticado Sánchez, que ha pedido a la Consejería que establezca “una regulación clara de las comisiones de servicio, con criterios objetivos y evaluables, tal y como están implantados en otras comunidades autónomas a modo de concursillo”.