“Este edificio es de los más antiguos y emblemáticos del casco histórico de Mogán. La construcción data del siglo XVIII, anterior a la misma iglesia”. “Han quitado las tejas del techo, roto un corredor, un balcón exterior y siguen haciendo destrozos, todo ello sin licencia ni permiso alguno”. “El edificio constituye una pieza única representativa de arquitectura rural tradicional canaria (...) No se entiende cómo este ilustre Ayuntamiento ha permitido que se lleve a cabo la demolición de un edificio tan emblemático, con una estética impecable y con una estructura basada en una carpintería artesanal de madera de tea de pino canario, permaneciendo pasivamente inmóvil, indiferente y estático”. 

La historia empieza en abril de 2001. Vecinos de Mogán, en el sur de Gran Canaria, denuncian la demolición de una casa del siglo XVIII con alto valor arquitectónico en el casco del pueblo, a escasos metros de la iglesia, para levantar en su lugar un bloque de viviendas. Uno de los denunciantes es Benigno Bravo de Laguna, el primer alcalde de la democracia en el municipio sureño. Agentes de la Policía Local se personan en el lugar y levantan actas contra el promotor de las obras (la empresa Braumrott) y el constructor tras constatar el derribo de la casona sin licencia.

El servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria reclama explicaciones urgentes al alcalde de Mogán (Antonio Santana). La casona está incluida en el inventario del Patrimonio Arquitectónico del municipio. El Ayuntamiento paraliza y precinta las obras, da un plazo de tres meses al promotor para legalizar las actuaciones, bajo apercibimiento de multas, y ordena dar traslado a la Fiscalía por si los hechos fuesen constitutivos de un delito de desobediencia. Además, anuncia la apertura de un expediente sancionador. La empresa presenta alegaciones donde cuestiona que esa casona esté protegida y solicita después una licencia específica para consumar el derribo. 

El Ayuntamiento niega de forma definitiva la autorización para la demolición de la casona y ya en 2002 ordena el “restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad física alterada”, lo que obliga a la empresa a devolver a su estado original la edificación histórica. 

Un cuarto de siglo después, no hay rastro de ella. En el lugar se erigen hoy los esqueletos de los tres edificios que debían albergar 52 viviendas, 35 trasteros y 64 plazas de garaje. La empresa promotora llegó a ejecutar la cimentación, el 90% de la estructura y un 20% de los cerramientos. El Ayuntamiento de Mogán nunca abrió el anunciado procedimiento sancionador ni dio traslado de los hechos a la Fiscalía. Tampoco instó la ejecución de la orden de restauración de la casona del siglo XIII sepultada por esas obras. 

La mole de hormigón ha permanecido abandonada en el casco del municipio durante más de dos décadas, un escenario que puede cambiar en breve. El mismo Ayuntamiento que hace 25 años paralizó y precintó la obra ilegal acaba de aprobar su rescate con 1,5 millones de euros de dinero público, con el objetivo de destinarla a vivienda social. 

La compra

La operación se cerró por la vía de urgencia en la Junta de Gobierno Local celebrada el 10 de febrero de 2026. El gobierno liderado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán) acordó la compra del inmueble a la empresa Hoteles Nuevo Milenio. La adquisición está financiada al 100% con fondos del Gobierno canario. En una resolución dictada el 30 de diciembre de 2025, el entonces director del Instituto Canario de Vivienda (Icavi), Antonio Ortega (dimitió meses después tras ser procesado por delito sexual), concedió al Ayuntamiento de Mogán una ayuda directa y con abono anticipado por 2,5 millones, de los que el Consistorio sureño aprobó destinar 1,5 de forma exclusiva a la compraventa de esa estructura inacabada en el casco del pueblo. 

Cuando la Junta de Gobierno de Mogán acordó la adquisición de ese esqueleto urbanístico, la empresa vendedora no había inscrito aún las fincas en el Registro de la Propiedad. Lo hizo el 19 de febrero, nueve días después de ese acuerdo y una semana antes de la firma de la compraventa ante notario, según recoge una nota simple solicitada por este periódico. 

Lo llamativo es que la empresa vendedora había adquirido esa parcela en agosto de 2022. Es decir, que en tres años y medio ni la había registrado ni había hecho nada con ella. Hoteles Nuevo Milenio se constituyó en 2001. Tiene un capital de 13.830 euros y una facturación anual estimada inferior al medio millón de euros, según datos del registro mercantil. Desde enero de 2019 su administrador único es Julio Méndez, quien sustituyó en este cargo a Eugenio Hernández, un conocido empresario del sur de Gran Canaria que está procesado en el llamado caso 18 Lovas, una presunta red de prostitución de menores. 

El precio 

Hoteles Nuevo Milenio había comprado esos edificios inacabados en agosto de 2022 a Criteria Caixa, el brazo inversor de la entidad financiera Caixabank, según consta en la escritura de compraventa incorporada al expediente municipal. No se conoce el precio de esa transacción porque en la escritura se han tachado todos los importes. En el expediente no hay ningún dato que revele cuánto le costó el edificio a Nuevo Milenio en 2022 ni, por tanto, el beneficio que pudo haber obtenido con su venta al Ayuntamiento en 2026. 

Esa falta de transparencia ha encendido las alarmas en la oposición. Para Juan Manuel Gabella, concejal de Nueva Canarias (NC) en la oposición, es “muy grave” que el Ayuntamiento afronte un desembolso millonario “a ciegas” para un edificio “sobre el que hay cargas y una orden de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida”.  

El edil denuncia la “incongruencia” del gobierno municipal. En la copia de las escrituras de la compraventa de 2022 (entre Caixabank y Hoteles Nuevo Milenio), los importes totales y el precio unitario por vivienda han sido tachados “voluntariamente y a conciencia” bajo un supuesto paraguas de privacidad, mientras el expediente deja al descubierto “datos estrictamente protegidos por ley”, como los DNI de los intervinientes, explica. 

La formación canarista advierte el peligro de estar financiando con fondos públicos “un negocio redondo” para un intermediario privado. “El Ayuntamiento ha pagado 1,5 millones de euros sin saber cuánto le costó al anterior propietario en 2022”. 

El concejal de NC registró este viernes un escrito en el que reprocha al Ayuntamiento de Mogán la “supresión deliberada” en el expediente de los importes de la compraventa entre particulares de 2022 y solicita tener acceso a esos datos “que no están protegidos”. 

Denuncia de un empresario

Un empresario del sur de Gran Canaria, Juan Manuel Pérez León, trató de frenar ese desembolso millonario del Ayuntamiento de Mogán mediante un recurso presentado el 25 de febrero. Es decir, un día antes de que se firmara la operación ante notario. En ese escrito, este ciudadano, un conocido denunciante de presuntas tramas de corrupción en las Islas, alertaba de que el gobierno liderado por Onalia Bueno había pactado “un precio desproporcionado respecto al estado real del inmueble” y que, por ello, había “vulnerado de lleno el principio de eficiencia” en el gasto público. 

El importe de 1,5 millones de euros se fijó a partir de la tasación realizada por un arquitecto externo contratado por el Ayuntamiento. Para realizar el informe de valoración económica, se basó en viviendas a la venta exclusivamente en el casco de Mogán, una zona con una “situación de estancamiento” del mercado inmobiliario debido a “la debilidad de la demanda y la ausencia de oferta”. La arquitecta municipal asumió como propia la tasación del profesional externo y dio luz verde a la compra de los esqueletos. 

El empresario denunciante alertaba de que el Ayuntamiento había acordado pagar el 94% del valor de tasación del inmueble sin exigir “una valoración pericial independiente”, ajena a la esfera municipal, y sin haber deducido “de forma explícita” el “elevadísimo sobrecoste” que tendría que inyectar la administración para terminar los edificios y hacerlos habitables. Pérez León advertía, además, que de haber comprado esa mole de hormigón directamente a la entidad bancaria hace años, el Ayuntamiento de Mogán “seguramente se hubiese ahorrado más de un millón de euros”. 

La Junta de Gobierno desestimó el recurso presentado por el empresario a partir de un informe de la Asesoría Jurídica y del servicio de Urbanismo. Sobre la tasación, la administración defendió que “se ajusta a la legalidad” porque fue realizada “por un profesional externo colegiado” y valora el inmueble “explícitamente” como un edificio “con obras paralizadas” y con un porcentaje de ejecución “de apenas el 23,15%”. Así, entiende que la cifra fijada (1,59 millones) refleja “de manera objetiva el estado real del inmueble”. 

El informe jurídico sí que da la razón al denunciante en cuanto a las vicisitudes urbanísticas de la parcela. El Ayuntamiento reconoce que en 2001 ordenó precintar la obra por la demolición sin licencia de la casona del siglo XVIII y que exigió la restauración a su estado original y dice no tener constancia “de que las obras de demolición ejecutadas hayan sido legalizadas”. Aun así, niega que exista un riesgo de devolver la subvención al Instituto Canario de la Vivienda. Según dice, este organismo del Gobierno de Canarias era “plenamente conocedor de la situación de la parcela”, ya que en la propia resolución que concede los fondos especifica que el dinero va destinado a adquirir “una edificación no terminada en fase de estructura” para adaptar el proyecto y culminar las obras. 

Además de denunciar la “aberración jurídica” que, en su opinión, supone invertir dinero público en un inmueble que carece de licencia de primera ocupación y que arrastra un expediente de infracción urbanística desde 2001, el empresario Juan Manuel Pérez León advertía de otras cuestiones, como la presunta invasión de dominio público hidráulico. En su respuesta, los técnicos de Urbanismo sostienen que el Barranco de Mogán no está “deslindado oficialmente en ese tramo” y que la obra está a unos 40 metros del “posible” cauce, por lo que “aparentemente” no está ni en dominio público ni en zona de servidumbre. 

El gobierno local también se niega a exigir a la vendedora, Hoteles Nuevo Milenio, los certificados de estar al corriente de pago con Hacienda, la Seguridad Social y otras administraciones, como solicitaba el denunciante, que sostiene que detrás de esta operación hay un entramado societario del también empresario Eugenio Hernández. 

El Ayuntamiento contesta que la legislación aplicable a la compraventa por adquisición directa, como la que se ha producido en este caso, no exige reclamar la documentación de “no deudor” a la empresa vendedora.

En esta y otras denuncias sobre operaciones en Mogán, el empresario Juan Manuel Pérez León advierte “un patrón”, un esquema en cuatro fases: una actuación urbanística irregular (en este caso, el derribo de la casona), una “inacción administrativa durante años” (la inejecución de la orden de restauración), una “consolidación de la obra” y, por último, “el intento de legalización” (a través de la compra y adaptación del esqueleto). 

Una decisión “lógica, eficiente y sostenible”

El gobierno municipal considera que la operación está plenamente justificada. La memoria del proyecto defiende que el rescate del edificio es la decisión “más lógica, eficiente y sostenible”. Argumenta que aprovechar la estructura existente permitirá reducir los plazos para entregar las viviendas sociales y supondrá “un beneficio innegable” para el casco histórico, al “suprimir por fin la imagen de deterioro y abandono” que proyecta la mole en pleno centro del pueblo. Nada dice de la infracción urbanística sobre la que se asienta.

Después de la tormenta no siempre viene la calma. Aún pueden producirse daños personales. Vecinos de Mogán han avisado de un importante desprendimiento en el paseo que discurre entre Arguineguín y Anfi. También avisan de que a unos pocos metros del lugar hay una roca de grandes dimensiones, visiblemente deteriorada, que amenaza con caer sobre la carretera GC-500, concretamente en el tramo que discurre entre el hotel Sunwing y el hotel Green Beach en dirección a Patalavaca. 

Juan Manuel Gabella, concejal y portavoz de Nueva Canaria en Mogán, asegura que ya en 2017 avisaron que una roca fracturada se podía precipitar sobre el paseo entre Arguineguin y Anfi, como finalmente ha ocurrido. Ahora, alerta de la poca seguridad que hay en la zona donde se ha producido el desprendimiento. No hay señalización “ni advertencia de peligro por parte del ayuntamiento”, critican. 

Como la zona no está acordonada, el concejal reprocha que turistas y residentes pasen por el desprendimiento cruzando sobre las piedras. Exige que el ayuntamiento de Mogán “garantice la seguridad de las personas”, advirtiendo y señalizando los peligros que hay en la zona. El único cartel que había en ese lugar, que alertaba en varios idiomas de que es una zona peligrosa, ha quedado destrozado tras el desprendimiento.

En un escrito presentado al Ayuntamiento de Mogán, el concejal de Nueva Canarias pide a la alcaldesa que “se ordene una inspección urgente de dicho risco; que se adopten medidas provisionales, como la instalación de una malla de protección, o cualquier otro sistema que garantice la seguridad de las personas”. Y también pide que se determine “si las obras que se están desarrollando en la parte alta de la ladera afectan o no a la seguridad, así como si el terreno es lo suficientemente estable para soportar el peso de las nuevas construcciones”. 

El edil de Playas de Mogán, Willy García, que se personó en el lugar del derrumbe junto a un técnico municipal, en declaraciones a Canarias7 descartó que se vayan adoptar medidas y que “no advierten riesgos para la seguridad de los paseantes”. Entiende que al final la acción de la borrasca tiró la parte del cantil que estaba más débil y que “la suerte quiso que lo hiciera sin causar daños”.

Respecto a la roca fracturada que amenaza con romper sobre la GC-500 en el tramo entre el hotel Sunwing y el hotel Green Beach en dirección a Patalavaca, el concejal Juan Manuel Gabella señala que la construcción de viviendas en la zona “podría estar afectando a la estabilidad del risco, y que, si se desprendiese, podrían ocasionar un grave accidente y afectar a la vida de quienes transitan con sus vehículos por dicho tramo”.

Desde el Cabildo de Gran Canaria, de quien depende ese tramo, los técnicos aseguran que en ese lugar no se ha registrado ninguna incidencia. “Son grietas que llevan ahí muchos años y se revisan de vez en cuando”, dicen. Confirman que han sido revisadas tras la borrasca Therese y, en cualquier caso, aseguran que hay una empresa contratada para que arregle varios taludes por la zona y que “revisarán en las próximas semanas esa parte por si hiciera falta hacer algún arreglo”. Tras ver las mismas imágenes que acompañan esta información, insisten en que “si ven que hay algo que esté con peligro o en riesgo de caída inminente, sí actuarán. Pero en principio no han detectado en esa zona ninguna incidencia destacable”.   

Daños de la borrasca Therese

Los daños en infraestructuras tras la borrasca Therese en Gran Canaria el pasado mes de marzo son millonarios. El Cabildo y varios ayuntamientos estiman daños en infraestructuras por valor de unos 80 millones de euros. En concreto el Consejo de Gobierno extraordinario aprobó la emergencia de 18 obras para arreglar 21 carreteras afectadas por la borrasca Therese con una dotación inicial de 13,3 millones de euros. 

No es la primera vez que ocurre, ni será la última. Las conclusiones de los últimos informes sobre el cambio climático son claras. Canarias podría sufrir más episodios similares al de Therese, o al de Hermine en septiembre de 2022, que también causó desprendimientos muy peligrosos en Mogán. 

Un estudio de 2023 analizaba el caso de urbanizaciones levantadas sobre laderas próximas a los barrancos, como la de este caso. Cuando se producen eventos climáticos extremos, como un episodio de lluvias torrenciales, podría haber deslizamientos y destrozos. Aunque el estudio publicado en la revista Environment, Development and Sustainability analiza el caso de San Agustín, ponía otros ejemplos de otras muchas urbanizaciones turísticas, como esta en concreto de Patalavaca, levantada sobre terrenos con una fuerte pendiente debido a la abrupta orografía del lugar.

Una compleja y polémica operación urbanística se gesta en Mogán, municipio turístico del sur de Gran Canaria con 20.000 vecinos censados y una población flotante que ronda las 21.000 personas. La iniciativa parte de una empresa privada, Carrera Ground Floor, que ha presentado un plan para “reequilibrar el uso del espacio urbano, mejorar la calidad ambiental y dotacional del entorno y atender de manera integrada las necesidades de una población envejecida, diversa y sometida a presión turística sostenida”. 

A primera vista, la operación parece simple. La empresa propone ceder terrenos al Ayuntamiento para incrementar las dotaciones públicas y zonas verdes a cambio de aumentar la edificabilidad autorizada en Monte Carrera, una urbanización ya construida en la localidad de Arguineguín y donde se promocionan apartamentos “de lujo”. 

La promotora vende la iniciativa como una oportunidad para que el municipio gane espacio libre público en una zona de alta densidad residencial. Y el Ayuntamiento de Mogán, a través de su arquitecta municipal, atisba en este proyecto un “impacto positivo” tanto para el entorno urbano como para la calidad de vida de sus habitantes, y ya lo tramita. 

Sin embargo, hay un trasfondo judicial que enreda la operación. El fin último de la promotora con esta iniciativa es legalizar 37 viviendas y tres locales que comenzó a construir en la planta baja del complejo durante la pandemia de Covid19 sin título habilitante. Tras detectar que esas obras se estaban ejecutando sin licencia, el departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento abrió un expediente que concluyó con una orden de derribo (de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida).

Esa orden es firme en vía administrativa desde hace cuatro años, desde enero de 2022, pero la empresa presentó un recurso judicial contra esa decisión que aún se sustancia en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Las Palmas de Gran Canaria. 

Con esa demanda aún pendiente de resolverse, la promotora ya intentó legalizar esas obras en 2024, en una petición que justificó en el decreto de medidas urgentes y extraordinarias en materia de vivienda que aprobó el Gobierno de Canarias para aumentar la oferta de suelo y edificaciones. Sin embargo, los técnicos municipales emitieron un informe desfavorable al considerar que no era pertinente el uso de ese decreto para esos fines. 

Tras decaer ese intento, Carrera Ground Floor presentó a finales de 2025 la nueva iniciativa, que incluye un exhaustivo informe elaborado por Urbanfix, una empresa de asesoramiento urbanístico, y que propone una nueva vía para legalizar esas viviendas. 

 Los antecedentes

La licencia original de la urbanización Monte Carrera, en Arguineguín, se concedió en marzo de 2005. El Ayuntamiento autorizó la construcción de 131 viviendas, piscina y garaje en una superficie de 16.000 metros cuadrados. La altura máxima permitida era de dos plantas. 

Sin embargo, la urbanización se construyó originalmente con tres alturas, lo que obligó a tapiar la planta baja con un muro perimetral. Es en esa planta baja donde se ubican las 37 viviendas y tres locales que ahora pretende regularizar Carrera Ground Floor, la empresa que tiene el pleno dominio de esa superficie desde enero de 2017 y que representa a alrededor de quince propietarios, muchos de ellos de nacionalidad noruega. 

El Ayuntamiento de Mogán recibió en abril de 2020 una denuncia vecinal que advertía de la presencia de trabajadores realizando labores en la planta baja de los inmuebles con el fin de transformarlos en viviendas. La Policía Local constató las obras y levantó actas en mayo y diciembre de ese mismo año. La empresa había demolido los muros de contención y cierre de la parcela y había reformado y acondicionado 37 nuevas viviendas del complejo, ocupando espacios que no tenían licencia de uso habitacional.

Esas obras clandestinas originaron la apertura del expediente urbanístico municipal que concluyó en la orden firme de derribo ahora judicializada.

El nuevo proyecto 

Al margen de ese litigio judicial, la empresa propietaria de esos bajos intenta ahora su legalización por la vía del llamado “Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU) en Loma II”. Se trata de un instrumento de ordenación urbanística de iniciativa privada que pretende resolver la carencia de zonas verdes detectada en la urbanización “a través de una fórmula de cooperación público-privada”. 

La memoria del proyecto incide en la alta densidad de esa zona residencial, que cuadruplica la media del municipio, lo que evidencia “una presión notable sobre el espacio urbano disponible y pone de relieve la escasez de zonas libres de uso colectivo”. La empresa incide en que uno de cada cuatro habitantes de esta área supera los 64 años. 

“La concentración de personas mayores exige un diseño urbano adaptado, inclusivo y accesible, que favorezca la movilidad peatonal, el descanso y la convivencia”, recoge el documento, que también remarca la “alta diversidad sociocultural” entre los habitantes de esa zona residencial, marcada por “la presencia de población extranjera residente y no nacida en Canarias y por un carácter turístico-residencial consolidado”. 

La memoria explica que dentro del ámbito de actuación del plan hay 53 viviendas vacacionales registradas que generan “más de 49.000 pernoctaciones anuales, lo que equivale a una población turística equivalente a 135 personas”. Los portales inmobiliarios tienen a la venta apartamentos de unos 65 metros cuadrados en “el cotizado” complejo Monte Carrera por precios que superan los 300.000 euros. 

Las dos alternativas

La iniciativa privada plantea dos alternativas. La primera consiste en ofrecer al Ayuntamiento 625 metros cuadrados de suelo que coinciden con los salientes de forma circular que rematan la parcela en cada una de sus cuatro esquinas. El objetivo, siempre según el proyecto, sería “crear pequeños espacios de sombra y estancia para la ciudadanía, asociados a los itinerarios peatonales” de tres calles (Nayra, Falla y Tahona). Como contrapartida, pide un incremento de edificabilidad de 3.120 metros cuadrados para poder destinarlo a usos comerciales o administrativos. 

La segunda alternativa es la que contempla la legalización de las 37 viviendas a medio hacer y con orden de derribo. En esta opción, la empresa plantea, además de la cesión de esos 625 metros cuadrados de las esquinas, una recalificación de suelo. Los 6.677 metros cuadrados que ahora ocupa la red viaria en los extremos norte y sur de la parcela (calles Faya y Tahona) y que se destina a aparcamiento se convertirían en “espacio libre”. 

El equipo urbanístico contratado por la promotora propone un modelo a imagen de las woonerf holandesas, una especie de calle residencial que prioriza a los peatones y zonas verdes, pero que permite circular a los vehículos a baja velocidad y estacionar. 

En esta segunda alternativa, Carrera Ground Floor plantea que ese incremento de edificabilidad de 3.120 metros cuadrados se pueda destinar a uso residencial, a “edificios de vivienda permanente”, lo que supone, en la práctica, la regularización de las 37 viviendas y tres locales situados en la planta baja de la urbanización. 

“La alternativa dos supone una propuesta más alineada desde el punto de vista de la recalificación del espacio público urbano, con un efecto más favorable sobre la población”, incide la memoria, dejando claro que esta es la opción preferida de los promotores. 

La respuesta del Ayuntamiento

La iniciativa privada ha sido, de momento, bien acogida por el Ayuntamiento de Mogán que lidera Onalia Bueno (Juntos por Mogán). En un primer informe, la arquitecta municipal advirtió de que antes de su aprobación inicial y de llevarlo a información pública era necesario, como condicionante previo, someterlo a un procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. Y eso es lo que se aprobó en el pleno de febrero. 

La arquitecta tiene claro que “lo que realmente se plantea” en este proyecto urbanístico es “el cambio de uso de la planta originalmente considerada como sótano”, que pasaría a tener “un aprovechamiento lucrativo en virtud del incremento de edificabilidad propuesto”. 

No obstante, el segundo informe de la funcionaria municipal, favorable a la solicitud de inicio de evaluación ambiental, ya contenía una advertencia. Daba el visto bueno a la continuación del procedimiento “sin perjuicio de la valoración jurídica que se efectúe conforme a lo determinado en el cuerpo del presente informe (véase apartado 2.2)”. Ese apartado 2.2 es, precisamente, el que hace referencia al procedimiento judicial que se mantiene abierto a raíz de la demanda contra la orden de derribo de las obras ilegales. 

“Esa cuestión (el proceso judicial) deberá ser valorada jurídicamente a fin de determinar su posible incidencia sobre la tramitación del presente instrumento”, advierte la arquitecta. 

“Ya existe un impacto visual”

El proyecto, por tanto, está ahora en manos de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán. 

En su proyecto, la promotora reconoce que ya existe un impacto visual derivado del exceso de volumen edificado (las tres plantas sobre las dos autorizadas), pero sostiene que esa circunstancia debió haber sido analizada y evaluada antes de su ejecución y que ahora “no procede” evaluar “los efectos de unas determinaciones urbanísticas ya cristalizadas”. 

Es decir, dado que el objetivo del plan presentado es regularizar algo que ya está hecho y no implica nuevas construcciones, la promotora entiende que “carece de fundamentación utilizar un método de evaluación para identificar efectos ambientales cuando, de existir, estos ya se hubieran dado”. Es decir, que no hay impacto nuevo que valorar. 

Dudas sobre la propiedad 

La operación urbanística tiene otra arista polémica que tiene que ver con la propiedad del suelo que pretende ceder. En el expediente municipal no consta hasta la fecha ningún documento sobre la titularidad de esos 625 metros cuadrados que la promotora ofrece al Ayuntamiento. Tampoco que la administración lo haya solicitado. 

Esta circunstancia se puso de manifiesto en el pleno municipal celebrado el pasado 27 de febrero. Además de censurar que se pretenda utilizar el planeamiento urbanístico para “legalizar lo que es manifiestamente ilegal”, para dar cobertura “a una planta que ya fue declarada ilegal y que ha sido objeto de precinto por el propio Ayuntamiento”, el concejal de la oposición Javier Romero (Nueva Canarias- Bloque Canarista) subrayó que los promotores del expediente no han acreditado ser los propietarios de esos terrenos, pese a que el procedimiento se impulsa a su nombre. Entre la documentación tramitada, señalaba el edil, no figura el certificado de titularidad registral que acredite esa condición.  

En esta línea, la Comunidad de Propietarios Monte Carrera Green Garden Club remitió un escrito al Ayuntamiento de Mogán el pasado 6 de marzo para reclamar “la inmediata paralización” del expediente tras tener conocimiento de que “elementos comunes de la comunidad han sido despojados sin haber sido sometidos a la debida consulta o votación por parte de los propietarios ni haber sido cedidos para tal planteamiento”. 

La comunidad está personada en el procedimiento que se sigue en los juzgados de lo contencioso por la demanda contra la orden de derribo. Su presidenta señala que se mantienen “al margen de la disputa sobre las obras originales”, pero expresa su preocupación por la cesión de metros cuadrados de zonas comunes “sin consentimiento”. 

No fueron uno, sino dos los contratos menores que el Ayuntamiento de Mogán adjudicó en la primavera de 2024 por un importe total superior a los 17.000 euros al despacho de abogados Montero Aramburu para que uno de sus consejeros, el magistrado emérito del Tribunal Supremo Rafael Fernández Valverde, elaborara dictámenes jurídicos que pudieran ser utilizados por la defensa de la alcaldesa, Onalia Bueno (Juntos por Mogán), en causas penales en las que figura como investigada. 

Este periódico ya informó recientemente de una adjudicación directa de 8.560 euros (8.000 euros más IGIC) a ese despacho para la emisión de un informe que analizaba -y defendía- la legalidad de los contratos menores sucesivos y encadenados que el gobierno de Bueno adjudicó, tanto de forma directa como a través de una empresa pública (Mogán Sociocultural), a dos productoras emparentadas (Etiazul y 21 Bombillas) entre 2018 y 2020 para la prestación de servicios municipales de prensa, comunicación y publicidad. 

Fernández Valverde, magistrado del Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial hasta su jubilación en marzo de 2022, firmó ese dictamen en mayo de 2024. El informe fue aportado por el abogado de Onalia Bueno, del despacho del prestigioso penalista José Antonio Choclán, al Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana, donde se sustancia la causa contra la alcaldesa por esas mismas adjudicaciones.

Esas diligencias se abrieron a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía, que había investigado los contratos tras recibir un escrito de Podemos y que apreció indicios de delito, de un fraccionamiento fraudulento de su objeto para burlar la ley, evitar sacar a concurso esos servicios públicos y beneficiar económicamente a esas dos productoras. 

Fernández Valverde compareció el pasado junio ante la jueza instructora para ratificar su informe, que se centra en los contratos adjudicados por el Ayuntamiento pero no hace referencia a los concedidos por la empresa municipal Mogán Sociocultural, pese a que, según la Fiscalía, se solaparon en el tiempo y tenían el mismo objeto.  

El dictamen sobre los contratos encadenados a Etiazul y 21 Bombillas no era, sin embargo, el primero que el magistrado emérito firmaba para el Ayuntamiento de Mogán ese año. Dos meses antes, en marzo, el gobierno de Bueno había adjudicado al mismo despacho otro contrato menor por el mismo importe (8.560 euros con IGIC) para el “asesoramiento jurídico especializado en materia de recursos humanos”. Y, en concreto, para “la emisión de un dictamen jurídico para el análisis, estudio y asesoramiento jurídico en materia de función pública, sistemas retributivos, eficacia de acuerdos adoptados sobre modificación de complementos salariales y su vinculación con normativa presupuestaria”. 

Al igual que en el encargo sobre los contratos menores a productoras, en este decreto de adjudicación firmado por la alcaldesa tampoco se hace referencia a las actuaciones municipales concretas que debían ser analizadas por el asesor jurídico externo, por el despacho del magistrado emérito del Supremo, ni tampoco el destino del informe, su finalidad. En ningún momento menciona que versa sobre un asunto judicializado, sobre una de las investigaciones que contra la propia Bueno se instruyen en los juzgados.

Sin embargo, el encabezado de ese dictamen (de una treintena de páginas, igual que el segundo) y la descripción de su objeto no dejan lugar a dudas. Con el título “Informe jurídico sobre los límites y limitaciones de las modificaciones en los complementos salariales del sector público en interés del excelentísimo Ayuntamiento de Mogán”, Fernández Valverde analiza el acuerdo alcanzado por el gobierno de Onalia Bueno a finales de 2015, meses después de acceder al poder, para aumentar las retribuciones de ciertos empleados municipales a través de la modificación de un plus. 

El objeto del informe encargado al magistrado emérito del Supremo coincide, por tanto, con el objeto de otra investigación penal contra la alcaldesa de Mogán, la que se había abierto en el Juzgado de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana en 2022 para dirimir si Bueno utilizó esos incrementos retributivos para premiar a funcionarios afines, por vínculos familiares o personales o por haber colaborado en la campaña electoral con su partido. 

En este caso, no consta que el informe elaborado por Fernández Valverde fuera aportado a ese procedimiento judicial. Sin embargo, el propio despacho confirma que ese era su destino cuando, al ser consultado por el encargo, señala que se limitó a ejecutar “las instrucciones del estudio Choclán”. Es decir, que el informe respondía a las necesidades de los abogados que representan a la alcaldesa de Mogán en la causa penal, pese a que quien contrata y paga es la administración pública, el Ayuntamiento. 

La investigación judicial fue archivada de forma provisional con un escueto auto a principios de septiembre del año pasado, pocos meses después de que Fernández Valverde finalizara su dictamen. El magistrado acaba de ratificar ese sobreseimiento provisional al rechazar, en otra resolución de dos folios, el recurso presentado por la acusación popular. 

Desde Montero Aramburu señalan que el despacho cuenta con “destacados expertos” en el ámbito de la administración pública, entre ellos el propio Fernández Valverde, y que esa, y la complejidad de los asuntos a tratar, fueron las razones de esos encargos, que atribuyen al despacho de José Antonio Choclán aunque fuera pagado con fondos públicos. 

Ni el bufete Choclán ni el Ayuntamiento de Mogán han contestado a las preguntas remitidas por correo por este periódico. 

En el decreto de adjudicación, el Ayuntamiento defiende la necesidad de recurrir al asesoramiento externo por la dificultad de la materia y la falta de medios propios en la administración local, pese a que el interventor municipal ya se pronunció sobre esos complementos específicos hace años.

Un contencioso resuelto en 2018 

El informe de Fernández Valverde sobre los complementos específicos se limita a la cuestión administrativa, a analizar el marco jurídico sobre esos pluses y el caso concreto del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Mogán a finales de 2015 para incrementar las retribuciones de ocho empleados públicos. No hace referencia a sus posibles implicaciones penales, esto es, a la posibilidad, apuntada por el equipo de la Guardia Civil que investigó el caso, de que esos sobresueldos sirvieran para premiar la colaboración de determinados trabajadores municipales en la campaña electoral de Ciuca, el partido de Bueno entonces. 

En cualquier caso, lo cierto es que en el ámbito administrativo no hay nada que hacer con respecto a ese acuerdo porque está anulado por resolución judicial firme desde 2018. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) confirmó ese año la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Las Palmas de Gran Canaria que un año antes, en junio de 2017, había estimado un recurso presentado por la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias y, en consecuencia, había tumbado estos incrementos. 

En esa sentencia, el TSJC ponía de manifiesto que el Ayuntamiento de Mogán no contaba con “los elementos de prueba” para justificar la asignación de esos complementos específicos con arreglo a los criterios que marca la ley. Estos pluses sirven para retribuir “la dificultad técnica, la responsabilidad, la peligrosidad o la penosidad” de determinados cargos “en relación con el resto de puestos”. Sin embargo, según la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, el Ayuntamiento no hizo una valoración íntegra de todos los puestos de trabajo y, por tanto, ni los comparó ni fijó los criterios de ponderación. 

El alto tribunal canario recordó en esa sentencia que el interventor municipal había advertido de que era necesaria una valoración íntegra de todos los puestos y que el incremento de los complementos era “excesivo” en algunos casos. Sin nombrarlo de forma expresa, se refería al de Salvador Álvarez, que se convirtió en coordinador de diferentes áreas del grupo de gobierno tras las elecciones de 2015, en cuya campaña colaboró de forma activa con Ciuca. Sus emolumentos se equipararon al del secretario y el interventor. 

La sentencia del TSJC también llamaba la atención sobre la “anómala e incomprensible” decisión de aplicar esos sobresueldos de manera retroactiva. 

“Cosa juzgada”

En su informe sobre este asunto, Fernández Valverde admite que no puede discrepar de ese pronunciamiento de los juzgados porque “se trata de cosa juzgada”. Sin embargo, sostiene que la “irregularidad” cometida por el Ayuntamiento de Mogán no es invalidante, que debe ser considerada “como un supuesto de anulabilidad” y no como una “nulidad de pleno derecho”. En otras palabras, que era una deficiencia “perfectamente subsanable”. 

“El expediente puede ser considerado incompleto, pero no inexistente. Se llevaron a cabo las actuaciones que se consideraron suficientes para la valoración técnica y objetiva de los puestos de trabajo afectados, aunque no todos, lo cual fue considerado bastante para su anulación jurisdiccional en impugnación de la comunidad autónoma”, señala el exjuez. 

En el informe que dio origen a la causa penal ya archivada, el equipo de la Guardia Civil que actuó como policía judicial remarcaba que el gobierno liderado por Onalia Bueno trató de revestir esos incrementos retributivos de una “apariencia de legalidad” mediante la aprobación del expediente administrativo que concluyó en la aprobación de aquel acuerdo.

En el último archivo, el magistrado Rodrigo Álvarez Riquelme, titular del Juzgado de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana, concluye que los aumentos salariales a ocho trabajadores municipales constituyeron una “irregularidad del ordenamiento jurídico”, sin llegar a “colmar la infracción penal”, pues, a su juicio, no existen indicios para determinar que esas modificaciones retributivas tuvieran por objeto premiar a funcionarios afines.

Las personas afectadas por la Ley Turística de Canarias de 2013 siguen recibiendo sanciones por no tener sus apartamentos cedidos a un explotador turístico y por hacer uso de ellos por su cuenta. “Hay personas a las que ya se les ha agotado la vía administrativa y lo que tienen es la carta de pago”, explica Maribe Doreste, portavoz de la plataforma de afectados (PALT). Antonia es ejemplo de ello, le llegó una sanción de 2.250 euros recientemente porque ha agotado la vía administrativa. “Tengo un plazo para pagarla y estoy reuniendo el dinero, pero soy viuda y tengo una minusvalía”, explica. La plataforma sostiene que hay miles de personas afectadas o susceptibles de serlo: muchas con apertura de expediente o propuesta de resolución. En sus registros cuentan con un fichero donde van actualizando las personas o complejos notificados. 

“El problema es que no se están pudiendo defender porque no saben que están siendo notificados, ya que nadie espera que te multen por usar tu casa”, expresa Maribe Doreste. “Ayer nos dimos cuenta de que había ya como 80 cartas de pago directamente porque se están notificando a través del boletín oficial”, destaca. No obstante, recuerda que hay casos como el del apartamento Las Algas que llegaron esos expedientes sancionadores a sus propiedades directamente.   

Antonia, por su parte, remarca que compró su piso con sus ahorros de toda la vida. “Con mis ahorros más una hipoteca, en su día lo compré, y ahora encontrarme con esto no lo entiendo”. “Es mi única propiedad”, insiste esta mujer, que vivía en esta propiedad y ahora vive con su hija por miedo a que la multa se le incremente a los 30.000 o incluso a 300.000 euros. “Yo he podido venirme con mi hija, pero y ¿si no tuviera a nadie más?” Además, señala que no tiene problema en que otras personas del complejo lo exploten turísticamente, pero insiste en que ella quiere disfrutar de una propiedad que ha adquirido. 

En el expediente de Antonia se señala que se le abre por “incumplir el deber de atenerse al uso establecido por el planeamiento”, ya que destina “la unidad al uso residencial (uso propio de la unidad alojativa, así como cesión sin ánimo de lucro a familiares y amigos)”. La inspección de Turismo preguntó al Ayuntamiento (en este caso Mogán) el uso asignado por el planeamiento municipal vigente a la parcela y este respondió que “el uso principal es establecimiento turístico de alojamiento, estando prohibidos los usos restantes” y agregó que el inmueble debe estar “destinado a prestar un servicio de alojamiento turístico por la empresa explotadora habilitada a tal efecto, no siendo, por tanto, susceptible de ser utilizado para un uso residencial”. 

En la resolución se menciona la Ley de 2013 que promueve la especialización hacia el uso turístico en determinadas zonas, evitando la residencialización. La Ley del Suelo de 2017 incluyó que se podrían acreditar los usos residenciales consolidados antes de esa fecha aunque esta norma no valdría para herederos ni si otras personas que compren el apartamento. La sanción señala que no queda acreditado en el caso de Antonia el uso consolidado, pero ella asegura a este periódico que compró el inmueble en 2006 y que en ningún momento se le dijo que tendría que destinarlo a explotación turística.

“Mi apartamento no ha estado nunca en ninguna página de alquiler, no ha estado nunca en explotación, jamás. No ha estado a disposición de terceros. Y además lo compré para disfrutarlo”, insiste. “¿Cómo iba a comprar algo que no puedo disfrutar si mi intención era esa?” se cuestiona. Además, añade que sabe de personas que tienen sus apartamentos en explotación y reciben apenas 300 euros, ya que no pueden ni explotarlo por su cuenta. 

La infracción cometida se encuentra tipificada “como muy grave”, siendo sancionable con multa entre 30.001 y 300.000 euros“. En este caso, se ha impuesto una sanción por cuantía total de 2.250,00 euros, por lo que ”se encuentra dentro del intervalo de la sanción de multa en las sanciones graves“, dice su resolución. 

Antonia se ha integrado en la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, que le insiste en que tienen que luchar por su propiedad. Señala que va a seguir luchando, pero que todo es dinero,  “primero tienes que pagar la multa, segundo tienes que pagar por un abogado, y una serie de gastos que tú no prevés y que tú no tenías en ningún momento. ¿Y qué hago?”.

Maribe Doreste, por su parte, incide en que desde la plataforma (que no para de ganar socios) lo que se recomienda es, si a alguien le llega una multa o está notificado, tiene primero que contestar. “Están llegando multas a gente que no está contestando, no porque no quiera, sino porque no se ha enterado, porque han notificado en el boletín oficial”, asegura. 

“¿Por qué no me advirtió, señor notario? ¿Por qué no me advirtió de que la seguridad jurídica no existe en Canarias? ¿Por qué no me advirtió de que una escritura que cuesta sacrificio pagarla no vale para nada? ¿Por qué no me advirtió que donde pone en la escritura apartamento o bungalow se podría cambiar por unidad alojativa?”, son las preguntas que se hace un afectado de la plataforma. “¿Por qué no me advirtió de que el verdadero titular del apartamento es el explotador y no el que lo paga? ¿Por qué no me advirtió de que yo solo puedo comprarlo pero no vivirlo porque me podrían multar?”, añade. 

Turismo alega que las sanciones vienen si es “suelo turístico”

La Consejería de Turismo ha señalado a este periódico que “la normativa no expulsa a nadie de su vivienda, ni tampoco obliga a nadie a entregar las llaves a ningún explotador” y que “si ese expediente sancionador existe es porque hay constancia probatoria de que se trata de un establecimiento ubicado en suelo turístico”. 

El área que dirige Jéssica de León añade que la normativa urbanística con carácter general “es igual en toda España y todo el mundo debe respetar los usos definidos por el planeamiento urbanístico (principio de especialización de usos)” y que los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán se comprometieron el pasado año a iniciar los procedimientos de modificación de especialización de los usos del suelo y ese inicio de expediente suspendería los procedimientos sancionadores que estuvieran en marcha.

“Forma parte del expediente sancionador un informe urbanístico del ayuntamiento correspondiente, que establece que el establecimiento está amparado en una licencia turística, en suelo turístico para uso turístico, sin ese informe el expediente sancionador no prosperaría”, apunta.

El Defensor del Pueblo rechazó que el uso residencial esté prohibido 

Doreste apunta a una respuesta del Defensor del Pueblo que en 2019 recomendó al Gobierno de Canarias que respete el uso residencial de los afectados o que los indemnice. “No hay base jurídica suficiente para sostener, como sostiene la Administración de Canarias, que el uso residencial esté prohibido. No lo está. No puede estarlo, como se ha venido razonando, ni por la especialización del suelo ni por la naturaleza del establecimiento”, remarcaba esa carta. 

El pasado año, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana dio los pasos para aliviar estas multas a los propietarios. Lo que se aprobó fue la tramitación y aprobación de una ordenanza provisional municipal que permita compatibilizar el uso residencial y el turístico en el municipio. Maribe Doreste recordó entonces que “hasta 2013 vivíamos tranquilos” y añade que, hasta entonces, estos pisos no podían explotarse turísticamente si no lo aprobaba un 51% de la comunidad de propietarios. 

En contra de la Ley del alquiler vacacional

La plataforma también ha protestado estos días contra el proyecto de ley de vivienda vacacional del Gobierno de Canarias y ha enviado numerosos correos electrónicos. “La ley del alquiler vacacional vuelve a insistir en lo mismo y recae otra vez en la majadería de que nosotros no tenemos una vivienda, que lo que tenemos es una unidad alojativa y por tanto no tenemos derecho al uso de lo que es nuestro”, destaca Maribe Doreste. 

“Defendemos que la gente que quiera pueda hacer el alquiler vacacional y más en las áreas del litoral de todas las Islas Canarias”, sostiene. “A nosotros esta ley vuelve a ponernos en el disparadero, realmente es una ley tramposa, un caballo de troya, vienen a por nosotros, vienen en esta ley a por los residentes y a por los propietarios”. 

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, sorprendía este mes distanciándose del partido con el que concurrió a las elecciones (CC) y anunciando que quiere que su municipio sea el primero de Canarias en tener una tasa turística. La polémica dirigente de Juntos por Mogán defendió el pasado 2 de mayo que esa tasa sería por “pernoctación” y mencionaba que quería emular a  “Oporto, Lisboa, Roma, Venecia o Ámsterdam” ya que las experiencias en España, la de Catalunya o Balears son impuestos turísticos que gestiona una ley autonómica. Unos días después, Bueno matizó que se trataría de una tasa por “prestación de servicios públicos”. Expertos consultados recuerdan que un ayuntamiento no puede poner un impuesto. Sí puede poner tasas pero en resumen estas deben ser por servicios que esté obligado a facilitar el consistorio o por ocupación de dominio público.

El profesor de Economía Aplicada y miembro de la red Localis Alberto Vaquero García explica a este periódico que las entidades locales son titulares de un poder tributario “derivado” de la Administración General del Estado. Por ello, “la creación de los tributos locales, así como la regulación de todos sus elementos sólo podrá hacerse por una ley estatal” y “las Haciendas Locales podrán aprobar ordenanzas municipales, con rango de reglamento”, incide. Por tanto, los ayuntamientos “no pueden crear impuestos”, resume.

Lo que sí pueden crear, añade Vaquero, son tasas, pero para ello son necesarias dos condiciones: “La utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público (por ejemplo, la tasa por colocación de una terraza de verano o apertura de una zanja)” o “la prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa que afecte o beneficie de modo particular si: (i) No es de solicitud o recepción voluntaria para los administrados; (ii) No se puede prestar por parte del sector privado”. 

El experto, por tanto, incide en que “una tasa turística no encaja, debería ser un impuesto turístico y eso solo es posible si lo crean las comunidades autónomas. Un ayuntamiento podría hacer una propuesta de impuesto turístico, pero debe ser el Gobierno autonómico quien lo apruebe. El ayuntamiento de ”motu propio“ no puede”. Y recalca: “desde luego lo de tasa turística no procede, debe ser un impuesto”. 

“¿Es viable un impuesto local sobre las estancias turísticas?” es la pregunta que ya se formuló Vaquero García en un informe de la red Localis sobre financiación local. En él explica que “si el número de turistas es elevado, puede producirse un impacto sobre la prestación de servicios públicos municipales, provocando una congestión del servicio y una merma de su calidad, además de un coste adicional sobre el medio ambiente, lo que a medio plazo puede poner en peligro el atractivo turístico de la zona. Una posibilidad de corregir esta situación es la aplicación de un impuesto sobre el turismo”. 

El experto defiende que la manera de aplicar estas llamadas ecotasas es a través de impuestos e incide en que “para justificar la necesidad de aplicar tributos sobre la actividad turística se pueden señalar al menos dos argumentos. El primero es que el impacto del turismo sobre los servicios básicos debe tener algún reflejo en los recursos recaudados por el municipio, puesto que el turista se convierte en un claro competidor con el ciudadano residente en la utilización de los servicios. El visitante no aporta directamente nada a las arcas municipales, generando una importante externalidad sobre los residentes”. 

En su exposición de argumentos también incide en que “la actividad turística tiene unos importantes costes ambientales que deben internalizarse. De no hacerlo, la actividad turística puede llegar a provocar un daño al ecosistema, por su sobreexplotación”. Tras una exposición de pros y contras que podrían tener estos impuestos, concluye que “si se persigue compensar de alguna forma a los ayuntamientos por el incremento del gasto municipal que supone la actividad turística, una de las posibilidades es el establecimiento de un impuesto sobre las pernoctas. Esto ayudaría a que los ayuntamientos asegurasen los recursos necesarios que garantizar unos servicios públicos de calidad para mantener su atractivo turístico.

El economista remarca que “esta figura tributaria resulta muy atractiva para las administraciones subcentrales, sobre todo, a nivel local, habida cuenta de que los ayuntamientos son las entidades responsables de garantizar los servicios públicos a los turistas, siempre que aparezcan problemas de congestión y merma de la calidad”. “Eso sí, en caso de que un municipio decida voluntariamente aplicar un impuesto sobre las estancias turísticas, este debiera tener una base lo suficientemente amplia que permita gravar de forma extensiva todas las actividades, evitando situaciones de intrusismo de los alojamientos irregulares. Además, se tendría que establecer varios gravámenes en función de la categoría del alojamiento, para introducir ciertas dosis de progresividad”, detalla. 

“En cuanto al destino de la recaudación, es obvio que debería dedicarse a mejorar las infraestructuras turísticas, que posibiliten mejorar la calidad del servicio turístico ofertado. Además, este tributo solo tendría éxito si se aplicase a ciudades que tuvieran un atractivo turístico específico, donde el precio no sea la principal o la única variable que determine la demanda de este producto”. Así mismo, “su aplicación no está exenta de limitaciones, pues puede afectar a la actividad turística, especialmente si un municipio opta por el tributo y los que están próximos, no. Lo mismo podría suceder si se trata de municipios que están tratando de consolidar su oferta turística”, detalla en su informe. 

La ecotasa debe ser un impuesto llevado al Parlamento

Desde la Federación Canaria de Municipios aclaran que de momento no pueden hacer una valoración sobre la propuesta de Mogán, ya que no cuentan con todos los datos. El Ayuntamiento que dirige Onalia Bueno defiende que tiene “respaldo jurídico”. “El modelo por el que ha optado para ello es considerar contribuyente a toda persona que se aloje en estos establecimientos –hoteles, apartahoteles, campings, viviendas vacacionales, etcétera–. De esta forma, el turista abonará una tasa por cada noche en el municipio, pudiendo establecerse un número máximo de noches y otro tipo de exenciones, que al igual que la propia cuota se encuentran aún en estudio”, resume el consistorio.

Otras fuentes consultadas por este periódico también inciden en que la fórmula para gravar las pernoctaciones hoteleras es la creación de un impuesto, pues la tasa debe responder además a un estudio económico que asegure que la Administración no gana dinero con su exigencia. Un impuesto, sin embargo, es una herramienta de financiación básica del erario público. Esas fuentes también se preguntan qué encaje jurídico puede tener poner una tasa municipal por pernoctar o que se cobre por noche en un hotel o establecimiento que no sea a través de un impuesto.

Barcelona, por ejemplo, tiene aprobado un impuesto por Ley Autonómica para toda la comunidad, pero lo aplica esta ciudad. Así mismo, en Balears se trata de un impuesto cuya  recaudación va destinada a un fondo de Impulso del Turismo Sostenible y se reparte en proyectos. “Si bien ese impuesto no es medioambiental, sí que las finalidades son medioambientales”, recordó a Canarias Ahora María Antonia Truyols, economista que fue directora de la  agencia tributaria que creó ese impuesto. 

En Valencia también se trabajó por impulsar un impuesto a las pernoctaciones, que sería regulado por el Gobierno valenciano pero de aplicación municipal y de carácter voluntario. Una medida que no dio tiempo de ver sus efectos ya que PP y Vox la derogaron. Sevilla es otra de las ciudades donde se ha abogado por la implantación de la ecotasa pero el Gobierno andaluz (que debe aprobar el impuesto) la rechaza. 

El debate sobre una ecotasa se ha encendido en Canarias especialmente al calor de las manifestaciones del pasado 20 de abril. Coalición Canaria primero se abrió a estudiarla pero después lo rebajó a hacer cambios en el IGIC, mientras que su socio de Gobierno, el PP, que ostenta la Consejería de Turismo, la rechaza de lleno. El asunto se ha llevado varias veces en las últimas semanas al Parlamento de Canarias y el PSOE propuso una PNL en este sentido, que es apoyada por NC. Podemos, que ya no tiene representación en el Parlamento, la defendió durante la campaña electoral. 

La instrucción de la causa en la que se investiga a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (aliada a Coalición Canaria), por un presunto amaño en un proceso de mediación con un empresario, se ha vuelto a prorrogar hasta el próximo 4 de abril. Este jueves 1 de febrero está llamada a declarar una de las testigos clave: una de las abogadas que fue apartada por la dirigente política (Ana J.). También están citados Francisco González Jaraba, redactor del Plan General de Ordenación de Mogán y tres técnicos municipales. 

La jueza acordó el pasado mes de junio mantener como imputada en esta causa a la alcaldesa y a su número dos en el Ayuntamiento, Mencey Navarro, rechazando así el archivo que habían solicitado las defensas. En la resolución judicial se recordaba que aún quedan diligencias que practicar para tratar de dilucidar esta causa. 

Los hechos que se tratan de esclarecer se remontan a los años 2015 y 2019, cuando Bueno estuvo investigada por una supuesta compra de votos. El juez concluyó en 2022 que los hechos que hacían referencia a los comicios de 2015 están prescritos y los de 2019 no tienen suficiente valor probatorio para formular acusación. No obstante, sí que pedía continuar con las piezas separadas.

El juez recordaba entonces que en julio de 2021 se abrieron cuatro piezas separadas para investigar, de manera independiente y autónoma, otros hechos presuntamente delictivos hallados por el equipo de la policía judicial de la Guardia Civil durante la instrucción. Una de estas causas es precisamente la que investiga si la alcaldesa favoreció con dinero público al empresario Luis Oller (presidente de Aguas de Arguineguín y dueño de Cornisa del Suroeste, también imputado en la causa) a la hora de resolver viejos litigios que el empresario mantenía con el Ayuntamiento y si lo hizo como contraprestación al apoyo económico que este dio a Ciuca en la campaña electoral de 2015.

El informe de la Guardia Civil que dio origen a esta pieza separada destaca que el gobierno municipal apartó a dos abogadas que pusieron objeciones al acuerdo por el que el empresario se acabó embolsando cerca de 900.000 euros. La primera en ser apartada fue A.J a quien el Ayuntamiento había encomendado en 2014 el pleito judicial abierto a raíz de una demanda presentada por el presunto financiador de Ciuca, que reclamaba el pago de facturas por un valor superior a los 850.000 euros.

Como ya había explicado este periódico, fue el funcionario y coordinador general de cuatro áreas del municipio, Salvador Álvarez, quien comunicó a la abogada su despido en una reunión. Así lo declaró ante la Guardia Civil la responsable de la Asesoría Jurídica municipal, que también estaba presente y dijo que se produjo una acalorada discusión porque el coordinador pidió a Ana J. que no contestara a la demanda. “Yo defiendo los intereses del Ayuntamiento, tú estás defendiendo los intereses de Cornisa (del Suroeste, la empresa de Oller)”, respondió la asesora, que antes de ser despedida presentó en plazo la contestación y advirtió de duplicidades y de la improcedencia de algunas facturas reclamadas.

La otra abogada apartada, Patricia H., acudió como responsable de los servicios jurídicos municipales a las cuatro primeras reuniones de la mediación, en las que manifestó sus discrepancias. En su declaración ante la policía judicial, Patricia H. mencionó alguno de los episodios que vivió durante esa etapa para demostrar que la postura de Álvarez era “coincidente” con la de Oller.

Onalia Bueno ya declaró sobre esta causa en junio de 2022 y negó el amaño. Entonces, dijo que su actuación en ese procedimiento se limitó a plantear la mediación y a acudir a las primeras sesiones y que, posteriormente, dejó todo en manos de técnicos. 

Por su parte, Luis Oller, a quien la Guardia Civil identifica como financiador ilegal de Ciuca y a quien se le pagó cerca de 900.000 euros para resolver conflictos judiciales antiguos, negó también en 2022 haber resultado beneficiado de ese acuerdo y aseguró que, de haber continuado con el procedimiento en la vía contencioso-administrativa, habría cobrado antes y más.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que se encuentra imputada en varias causas penales, ha entrado en la dirección regional de Coalición Canaria. Así lo ha anunciado el partido en un comunicado, donde especifica que Bueno será  la nueva secretaria ejecutiva encargada de las políticas vinculadas con los municipios. Hasta ahora, había sido aliada del partido de Clavijo, aunque sigue sin estar afiliada pasa a tener un cargo orgánico.

Desde Coalición Canaria explican que con aquellos partidos que tienen acuerdos de colaboración “es normal” que puedan en momentos puntuales tener una secretaría ejecutiva. “No es la primera vez, es más, en este último congreso, Narvay Quintero de AHÍ, salió elegido Secretario Ejecutivo de Agricultura y Zósimo Darias del PNC de identidad”, señalan las fuentes consultadas.

Bueno gobierna Mogán desde 2015. En las elecciones del pasado 28 de mayo revalidó y amplió la mayoría absoluta que ya había logrado en 2019. En los últimos comicios concurrió con una marca propia, Juntos por Mogán, dejando de lado las siglas con las que se había presentado en los anteriores, Ciudadanos por el Cambio (Ciuca). Además, fue como número tres en la lista de Coalición Canaria al Parlamento por la isla de Gran Canaria, aunque no resultó elegida.

La alcaldesa de Mogán permanece imputada en tres de las cuatro piezas separadas en las que se dividió la investigación original sobre la compra de votos en las elecciones de 2015 y 2019, archivada por la prescripción de los hechos más antiguos y por la falta de pruebas en los más recientes. En concreto, los juzgados de San Bartolomé de Tirajana investigan el presunto amaño de un proceso de mediación para favorecer a un empresario con intereses en el municipio; los sobresueldos asignados a empleados municipales con vínculo familiar o político con la alcaldesa, y la adjudicación de contratos menores a dos asesores del Ayuntamiento.

También está investigada por los contratos encadenados adjudicados a dedo a dos productoras emparentadas entre sí, Etiazul y 21 Bombillas, de los hermanos Pedro y Gregorio Guerra. La cuarta pieza separada, sobre un presunto bloqueo a la Guardia Civil para impedir el acceso a documentación digital intervenida en un registro, fue archivada el pasado mes de septiembre.

Su actitud con las personas migrantes y mayores

Bueno ha estado inmersa en diversas polémicas y actitudes contra las personas migrantes que llegan a su municipio. En las últimas semanas, ha sido noticia por negarse a pagar los entierros de personas migrantes. Tampoco quiere a Salvamento Marítimo, que tantas vidas rescata, en su municipio.

Durante la crisis de acogida de finales de 2020, también se opuso a que el municipio de Mogán alojara a los migrantes que llegaban a la isla de Gran Canaria. La alcaldesa llegó a fletar tres guaguas para trasladar, sin alternativa habitacional ni comida, a unas 200 personas hasta la plaza de La Feria de la capital, donde se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias.

Así mismo, después de lamentar las condiciones en las que se encontraban los migrantes hacinados en el Muelle de Arguineguín, amenazó con sanciones de hasta 300.000 euros a los establecimientos turísticos que ofrecieron sus instalaciones para que estas personas se pudieran hospedar en ellos. Decenas de vecinos de Mogán organizaron entonces concentraciones xenófobas en las que insultaban a los migrantes alojados en esos hoteles.

La alcaldesa de Mogán participó en manifestaciones que ligaban el aumento de la presión migratoria con el descenso de la actividad turística, en un contexto marcado por la pandemia de Covid-19 y por las restricciones de movilidad en los principales países emisores de turistas del Archipiélago.

El Ayuntamiento liderado por Bueno resolvió los expedientes sancionadores contra los establecimientos hoteleros con multas de entre 900 y 6.000 euros, cantidades muy alejadas de las que anunció Bueno para tratar de disuadir a los propietarios.

Su última polémica es que se ha opuesto al uso de un hotel del municipio como recurso de tránsito para los pacientes sociosanitarios del Servicio Canario de Salud. Es decir, para que se pudieran alojar en ese establecimiento personas que llevaban meses, e incluso años, viviendo en los hospitales públicos de la isla con el alta médica porque no tenían casa a la que acudir o familia que pudiera hacerse cargo de ellas.

Otros cambios en CC

Coalición Canaria (CC) ha renovado sus cargos orgánicos de dirección interna con el objetivo, dice, “de adaptar la composición de los órganos de dirección de la formación política nacionalista a las exigencias de la nueva etapa política abierta en Canarias a partir del inicio, el pasado 27 de junio, de la XI Legislatura en el archipiélago”.

En esta reordenación de los órganos de gobierno interno de Coalición Canaria ha sido confirmado un nuevo organigrama a partir del nombramiento de cinco nuevos secretarios ejecutivos, cuya labor será gestionar las políticas internas del partido.

En un comunicado, el partido explica que la figura del secretario ejecutivo fue creada en el último Congreso Nacional para implementar esfuerzos en la coordinación e impulso de las políticas del partido nacionalista desde diversas áreas de acción temáticas. Los secretarios ejecutivos se encargan de coordinar el trabajo de discusión y debate interno en CC a la hora de adoptar la posición política que con posterioridad desarrollarán sus cargos públicos en sus respectivos ámbitos de actuación, ya sea ejecutiva de gobierno o de trabajo parlamentario.

La dirección de Coalición Canaria confirmó los nombramientos de, además de Onalia Bueno, del palmero Sergio Rodríguez como nuevo secretario ejecutivo responsable de políticas vinculadas con la Unión Europea (UE); el tinerfeño Víctor Díaz como secretario ejecutivo encargado de las políticas de identidad y formación política; el tinerfeño José Téllez como secretario ejecutivo responsable de las políticas de Coalición Canaria en el exterior y la majorera Jana González como secretaria ejecutiva para políticas de igualdad.

Los dos policías locales condenados por torturar y lesionar en enero de 2011 a un vendedor ambulante de nacionalidad senegalesa en un centro comercial del municipio de Mogán, en el sur de Gran Canaria, ya han ingresado en prisión para empezar a cumplir la pena. Gilberto Julián Macías, con antecedentes delictivos por violencia machista, entró en la cárcel de Juan Grande, en la misma isla, el viernes 5 de mayo. Tres días después lo hacía Carlos Javier Hernández en el pequeño centro penitenciario de La Palma, ubicado en el casco urbano de la capital y con capacidad para unos 60 reclusos.

La sentencia, firme desde el pasado 15 de marzo, consideró probado que esos dos agentes agredieron al migrante de forma grave y reiterada tras una persecución por el centro comercial de Puerto Rico, atentando contra su integridad moral y provocándole una fractura en el brazo izquierdo. El Tribunal Supremo, no obstante, redujo las penas que les había impuesto en 2021 la Audiencia Provincial de Las Palmas por la excesiva duración del procedimiento. De los siete años y medio de prisión iniciales a los cuatro años y ocho meses y de los diez años de inhabilitación especial a los nueve.

Los policías condenados nunca recibieron una sanción del Ayuntamiento de Mogán. Ni siquiera se les abrió un expediente disciplinario. Ni cuando se conocieron los hechos, con el Partido Popular (PP) de Francisco González en el gobierno, ni en los sucesivos hitos judiciales que se produjeron ya con la actual alcaldesa y candidata de Coalición Canaria al Parlamento regional, Onalia Bueno (entonces con Ciuca, ahora en Juntos por Mogán, aliada de CC), en el poder: la apertura de juicio oral y la formulación de las acusaciones (2017), la primera condena de la Audiencia de Las Palmas (2021) y la confirmación del Tribunal Supremo (2023).

Uno de los agentes, Gilberto Julián Macías, lleva años fuera del servicio por otros motivos. Sin embargo, Carlos Javier Hernández ha continuado en activo de manera ininterrumpida hasta su ingreso en prisión. Su número de identificación policial seguía figurando hasta el pasado domingo en las hojas de servicio que recogen la organización del trabajo de la Policía Local de Mogán. En esos documentos figuraba que este agente se encontraba “de permiso”. El Ayuntamiento de la localidad sureña no ha contestado a las preguntas formuladas por esta redacción acerca de la situación laboral en la que se encontraba este policía después de que la condena adquiriera firmeza en marzo.

Cuando la agresión trascendió a los medios de comunicación con la difusión de un vídeo captado por las cámaras de videovigilancia de un supermercado del centro comercial, Mencey Navarro, entonces concejal en la oposición en el Ayuntamiento con Ciuca y ahora primer teniente de alcalde y edil responsable, entre otras, del área de Seguridad Ciudadana, pidió la celebración de un pleno para reclamar la apertura de un expediente disciplinario a los dos agentes, que ostentaban la condición de investigados. Esa sesión acabó celebrándose en 2014, con un año de retraso por la negativa del regidor a convocarla. “El señor (Francisco) González (alcalde en ese momento) es el único que tiene serias dudas respecto de lo que allí (en el vídeo) se aprecia, pero es evidente e indiscutible que las imágenes muestran una real agresión a un ciudadano senegalés”, decía en aquel instante el actual número dos de la corporación moganera.

Sin embargo, después de asumir funciones de gobierno tras las elecciones celebradas en mayo de 2015, Ciuca no hizo nada de lo que un año antes exigía al anterior alcalde. A uno de los agentes implicados, Carlos Javier Hernández, hijo de un exconcejal del PP y de una policía del municipio, llegó incluso a ascenderlo a oficial en enero de 2022 y, diez meses después, a condecorarlo con la cruz distintiva de la permanencia activa en el servicio durante veinte años. Unos reconocimientos que llegaron cuando ya había sido condenado en primera instancia por la Audiencia Provincial de Las Palmas.

La sentencia firme del Supremo se hizo pública el 21 de marzo de este año. Dos días después, se celebró una mesa general de negociación en el Ayuntamiento de Mogán en la que UGT pidió la apertura de un expediente disciplinario para el único agente que continuaba en activo, Carlos Javier Hernández. Tampoco hubo respuesta por parte del concejal Mencey Navarro, que instó a solicitarla “por otras vías”.

UGT contrapone este caso al que ocurrió en 2018, cuando el gobierno liderado por Onalia Bueno suspendió de empleo y sueldo durante seis meses a cuatro policías locales, entre ellos un representante del sindicato, por ejecutar un precinto el día después al previsto inicialmente, una decisión que adoptaron para no alterar el orden en el local, ya que el primer día el dueño se había negado cuando el establecimiento estaba lleno. Ciuca negó entonces que esa sanción obedeciera a motivos políticos y que se trataba de un procedimiento “estrictamente administrativo, reglado por la ley”. Lo cierto es que esa suspensión fue finalmente anulada por los juzgados por falta de justificación.

A los agentes condenados por torturas y lesiones, el Ayuntamiento no les llegó a abrir ni siquiera expediente en estos más de diez años, pese a que el artículo 47 de la Ley de Coordinación de los Policías Locales califica como falta muy grave en el apartado tercero el abuso de atribuciones y “la práctica de tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios o vejatorios a las personas que se encuentren bajo su custodia”.

Para este procedimiento penal, además, el Ayuntamiento contrató por 15.000 euros los servicios del despacho de abogados del reputado penalista José Antonio Choclán, el mismo que defiende a la alcaldesa en las causas en las que permanece imputada. La pretensión no solo era librar al Consistorio sureña de la responsabilidad civil subsidiaria, es decir, de la obligación de asumir el pago de la indemnización a la víctima en caso de que los agentes condenados no pudieran afrontarla. También pidió la absolución de los agentes del delito de torturas del que se les acusaba y que el de lesiones pasara de grave a leve, reduciendo así al mínimo las penas. No lo logró.

Solicitud de indulto

Los policías condenados recibieron el requerimiento para el ingreso voluntario en prisión el pasado 27 de abril. Uno de ellos, Carlos Javier Hernández, solicitó la suspensión provisional alegando que se había presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y también una solicitud de indulto. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas rechazó esa pretensión y el agente ya ha ingresado en prisión.

A finales de abril comenzó a circular por el Ayuntamiento del Mogán un escrito que pedía firmas en apoyo del indulto al policía condenado. En ese documento, que también se movió por otras administraciones y entornos, se hablaba de Carlos Javier Hernández como “un ciudadano ejemplar” que había tenido siempre “un comportamiento intachable” y que los hechos por los que fue condenado habían sido “algo excepcional” en su trayectoria profesional y ocurridos hace ya doce años. “No tiene sentido que ingrese ahora en prisión para cumplir una pena que ya no sirve a su finalidad, lo que le hace merecedor de dicha gracia”, recoge ese escrito que también negaba haber discriminado a una persona por razón de sexo, raza, religión o nacionalidad y que apuntaba que el policía colaboraba con su parroquia y asociaciones sin ánimo de lucro.

El propio agente difundió entre sus contactos ese escrito con mensajes en los que pedía la firma para remitirlo a su despacho de abogados con el fin de presentar la solicitud.

La condena de los dos policías se basó en las grabaciones captadas por una cámara de videovigilancia de un supermercado del centro comercial y en las declaraciones aportadas por la víctima y por varios testigos, entre ellos otros agentes. En las imágenes se puede ver a uno de los agresores, Gilberto Julián Macías, perseguir al vendedor ambulante, darle una zancadilla hasta hacerlo caer y propinarle varios puñetazos en el interior de ese establecimiento. Los golpes, siempre según el relato contenido en las sentencias, continuaron hasta las dependencias policiales ubicadas en el mismo centro comercial mientras el migrante, que había sido llamado como testigo por un incidente que tuvo como protagonistas a un primo suyo y a los mismos agentes, reclamaba el auxilio de la Guardia Civil. Tanto la víctima como testigos manifestaron que Carlos Javier Hernández le golpeó con un objeto contundente, similar a una porra, lo que podría haberle ocasionado la fractura en el brazo. La justicia concluyó que los agentes actuaron de esa manera como “represalia” por la actividad a la que se dedicaba (la venta ambulante) y para “amedrentarlo” en el juicio en el que tenía que declarar como testigo.

Sigue adelante la causa que desde 2018 investiga un presunto delito de prevaricación continuada en la adjudicación, por parte del Ayuntamiento de Mogán, de hasta 16 contratos menores al despacho de abogados del primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Mencey Navarro (Ciudadanos por el Cambio-Ciuca), que irá a juicio al apreciar el magistrado de instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana indicios de la comisión de un delito de prevaricación. Un auto reciente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado además un recurso presentado por el abogado Miguel Rodríguez, socio de este bufete, contra el auto que en mayo de este año determinó que “no hay lugar” para anular la investigación contra el vicealcalde. 

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, Francisco Javier Ramírez de Verger Vargas, ya transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado, el paso anterior a la apertura de la vista oral. Anteriormente, en el mes de marzo, desestimó un recurso del letrado Miguel Rodríguez que solicitaba la nulidad de esta causa. El abogado alegaba que los autos que prorrogaron la investigación eran extemporáneos, pero el juez entendió que la solicitud “no tiene cabida”, puesto que previamente no recurrió esos autos de mayo de 2019 y febrero de 2020 ni en reforma (ante el propio instructor) ni en apelación (ante la Audiencia Provincial de Las Palmas). 

El abogado recurrió ese auto de resolución que acordó “no haber lugar a decretar la nulidad de dos autos dictados”. Sobre ello, la Audiencia Provincial subraya que “La Ley Orgánica del Poder Judicial dice: ”Contra la resolución que resuelva el incidente no cabrá recurso alguno“, ergo, el recurso formulado no debió admitirse”.  Además, añade que “la nulidad de pleno derecho, en todo caso ... se harán valer por medio de los recursos legalmente establecidos contra la resolución de que se trate, o por los demás medios que establezcan las leyes procesales” y remarca que “no consta” que se haya presentado recurso alguno contra los autos cuya nulidad se cuestiona.  

La Sección Sexta, presidida por el magistrado Emilio Moya, destaca que es “consciente” de la argumentación de la defensa, que consiste en que “difícilmente podía recurrir los autos cuando en aquellas fechas no constaba como investigado, pero con todo respeto, la ley no señala excepciones. El cauce utilizado pidiendo la nulidad de unos autos dictados hace años, no es el adecuado”.  Por ello, la Sala apunta que solo puede resolver sobre la nulidad, “no sobre la revocación de los autos que no se han recurrido”. 

El auto matiza que debe desestimarse el recurso “sin perjuicio de lo que pueda acordarse sobre la validez de la instrucción a partir del 9 de febrero de 2019 en que transcurrieron seis meses desde la incoación (9 de agosto de 2018) sin prorrogar la instrucción o a partir del 9 de febrero de 2020 en que transcurrió año y medio desde la incoación de las diligencias previas sin acordarse prórroga alguna (lo que tuvo lugar el 10 de marzo de 2020)”. 

La Fiscalía pide llevar también a juicio al antiguo socio del vicealcalde 

Cabe recordar que el magistrado del juzgado de instrucción tres de San Bartolomé de Tirajana ha procesasdo por un delito de prevaricación a Mencey Navarro (Ciuca), al exconcejal del PSOE Artemi Artiles y al secretario de la corporación, mientras que ya ha archivado la causa respecto al beneficiario de esas adjudicaciones, Miguel Rodríguez Ceballos, quien interpuso este recurso en la Audiencia Provincial. El juez alude al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que versa sobre el vencimiento de los plazos y las prórrogas a la instrucción, para determinar la invalidez de todas las diligencias practicadas con el objetivo de aclarar la participación de Rodríguez Ceballos en los hechos presuntamente delictivos. Por ello,  “a la vista del estado de las actuaciones y, en especial, de las prórrogas sobre la duración de la investigación”, acuerda el archivo provisional de la causa contra este imputado. 

No obstante, la Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana, que continúe el procedimiento para sentar también en el banquillo de los acusados precisamente a este abogado, el beneficiario de esos contratos menores, Miguel Rodríguez Ceballos. El fiscal Jorge López Tineo discrepa del argumento esgrimido por el magistrado instructor para archivar la causa contra este letrado y en su recurso recuerda que las audiencias provinciales han admitido de forma mayoritaria la posibilidad de que la ampliación de la fase de instrucción pueda ser decretada una vez expirado el plazo legal, que era de seis meses en la anterior redacción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de doce meses en la vigente desde julio de 2020. 

El fiscal solicita al juez que anule su anterior auto y dicte uno nuevo en el que, “con una motivación suficiente”, acuerde la apertura de un procedimiento abreviado, el paso previo al juicio oral, contra los cuatro investigados, incluido el abogado Miguel Rodríguez Ceballos. 

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha declinado este lunes hacer declaraciones sobre la investigación por acoso laboral y delito sexual al director de la Radio Televisión Pública de su municipio al ser preguntada en el programa Una más Uno de Canarias Radio La Autonómica. “Mire, yo ahí no me voy a manifestar porque eso está totalmente judicializado, y yo con las cosas que están en la Justicia y se lo digo porque me ha tocado vivirlo en primera línea no me voy a manifestar, cuando la justicia se pronuncie actuaremos, de lo contrario hay que dejar actuar a la Justicia”, ha afirmado.

El Ayuntamiento de Mogán ha mantenido silencio desde que Canarias Ahora publicara que una trabajadora de la Radio Televisión Pública había denunciado al director del organismo, Gregorio Guerra, y que un juzgado había abierto diligencias previas. Se trata de un caso por el que ya fue llamado a declarar Gregorio Guerra y la denunciante el pasado 5 de julio, sin que el Ayuntamiento haya tomado medidas cautelares al respecto.

En el pleno del pasado 3 de junio, el Ayuntamiento de Mogán confirmaba que no había tomado medidas ante la denuncia contra el director de la televisión pública del municipio. “Esta administración no tiene conocimiento oficial de circunstancia alguna que tenga que ver con estos hechos, teniendo en cuenta que ni siquiera tenemos conocimiento oficial de este asunto evidentemente no se ha tomado ninguna medida al respecto, porque como usted muy bien ha dicho es una noticia de la que se ha tenido público conocimiento por este medio digital”, contestó entonces el vicealcalde Mencey Navarro (Ciuca) a las preguntas planteadas por el concejal del PSOE l PSOE Artemi Artiles.

“¿Eran conscientes desde la corporación de esta circunstancia ? ¿Eran conocedores? ¿Qué medidas han tomado al respecto?” cuestionó el edil, que también preguntó: ¿Existe responsabilidad subsidiaria por parte del ayuntamiento en caso de que el presunto delito sea ratificado por la justicia?“. ”Evidentemente, a nosotros lo que nos corresponde a día de hoy es el sometimiento y respeto de las resoluciones judiciales que pudieran dictarse en el seno de este procedimiento y, una vez tengamos conocimiento oficial del asunto, pues esta corporación con responsabilidad actuará en consecuencia“, afirmó entonces Navarro. 

Este periódico ha intentado en multitud de ocasiones recabar la postura del ayuntamiento sobre este caso. En concreto, ha preguntado por escrito y por teléfono  si se había aplicado algún protocolo o se había abierto una investigación para este caso. En una ocasión desde el gabinete de prensa se aseguró que no harían declaraciones al respecto, colgando el teléfono posteriormente.

Nueva Canarias Mogán registró a principios de junio en el Ayuntamiento un escrito en referencia a este caso. En el documento, la concejala Isabel Santiago reclamaba que “se den las instrucciones oportunas a la entidad adjudicataria del servicio de gestión de la radio televisión pública de Mogán, la mercantil Etiazul para que, cautelarmente, suspenda del ejercicio de todas sus funciones al director del medio público hasta que se resuelva el proceso judicial, que se sustancia contra este por presunto acoso sexual”. 

El presunto caso de acoso laboral y delito sexual

Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia en la que la periodista, contratada por Etiazul, relata hechos que se habrían producido en abril de 2022. El primer episodio del presunto acoso laboral data en el Día Internacional de la Mujer, tras un directo desde el Instituto de Enseñanza Secundaria de Arguineguín. Según su testimonio, en ese momento su jefe, el director de la televisión pública de Mogán, le habría proferido frases como “no tienes ni puta idea de cómo hacer el inicio de un programa” o “a mi no te me pongas chula”. En la denuncia afirma también que tras ese directo, Guerra se burló de ella delante de unos compañeros después de que se torciera el tobillo, que se sintió “totalmente ridiculizada” y que tuvo que abandonar el lugar para llorar. 

El presunto abuso sexual denunciado habría ocurrido el 5 de abril de 2022 en la zona del muelle de Arguineguín, en Mogán. Antes de la grabación de unas entrevistas, los trabajadores fueron a comer con su jefe a la Cofradía de Pescadores, donde se habría iniciado una discusión en la que el investigado se habría dirigido a ella con frases como “no tienes ni puta idea”, “lo que dices son chorradas” o “como sigas así de chula te vas de aquí”, “te vas a tu puta casa”. Además, relata en la denuncia que la trabajadora y su jefe se dirigieron hacia la plaza de Las Marañuelas, mantuvieron una conversación sobre lo sucedido y se dieron un abrazo para zanjar los problemas. Posteriormente, explica que ocurrió el presunto abuso sexual, cuando le “agarró el culo” y le espetó “me lo voy a follar”, por lo que afirma que quedó “en shock”. 

La denunciante causó baja laboral con síntomas de ansiedad el 8 de abril. Un informe fechado cinco días después tras una nueva visita médica señala que la paciente atribuye un nuevo episodio de vómitos y nervios a problemas laborales y hace referencia a que su jefe “la ha insultado”, “la acosa” e “incluso la ha tocado de forma inapropiada hace una semana”.

La trabajadora fue despedida el 19 de abril y la empresa alegó que no era necesaria “la continuidad de los servicios que ha venido prestando para esta entidad”. La productora Etiazul ha defendido al director de la televisión pública de Mogán a través de un artículo de opinión publicado en un periódico digital de su propiedad, Tiempo de Canarias, dirigido por Pedro Guerra, hermano del investigado. Gregorio Guerra señaló a este periódico antes de publicarse la primera de las informaciones que se trataba de una “denuncia falsa” motivada por el despido de la periodista. No obstante, la baja laboral data del 8 de abril, la denuncia del 16 de abril y el despido del 19 del mismo mes.

La Asociación Canaria de Mujeres de la Comunicación, Vivas, emitió tras la información de Canarias Ahora un comunicado reclamando “espacios laborales seguros para las profesionales de los medios” y exigiendo a Etiazul, la empresa que explota esta televisión que “abra actuaciones” así como al Ayuntamiento. Las comunicadoras recordaron que todas las empresas están obligadas a contar con un protocolo de prevención y actuación por acoso laboral y que la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Además, el Ayuntamiento de Mogán cuenta con un plan de Igualdad.

La Asociación Canarias de Mujeres de la Comunicación, Vivas, ha expresado este lunes “su más decidido apoyo a la trabajadora que ha denunciado un presunto acoso laboral y sexual del que habría sido objeto en la empresa Etiazul que gestiona la televisión, radio y medios de comunicación digitales del Ayuntamiento de Mogán”. En concreto, hace referencia a la denuncia de una trabajadora al director de esta televisión, Gregorio Guerra el pasado 16 de abril. Además, las comunicadoras han exigido a la empresa y al consistorio que abra una investigación.

Como profesionales de la comunicación, la asociación quiere llamar la atención sobre el “enorme deterioro de las condiciones laborales” que afecta al periodismo desde ya muchos años, lo cual se traduce no solo en precariedad laboral, sino en un aumento de los casos de acoso laboral, hostigamiento psicológico o ‘mobbing’.

Como señalan Antonio López Hidalgo y María José Ufarte Ruiz, de la Universidad de Sevilla, en el trabajo de investigación El mobbing en la profesión periodística: “Existe una tendencia a que determinados cargos de las redacciones informativas sometan a los periodistas a una presión e intimidación o les traten con violencia, lanzándoles invectivas e insultándoles, negándoles, en cualquier caso, todo tipo de respeto”.

La asociación alerta además de la normalización de este tipo de conductas. Como ha señalado el estudio Women in News, el 30% de los más de 2.000 profesionales de medios de comunicación encuestados entre noviembre de 2020 y septiembre de 2021 reconocieron haber sido víctimas de acoso sexual verbal y/o físico en el trabajo. La mayor parte de las víctimas, lamentablemente, no denuncia, pues solo uno de cada cinco casos de acoso sexual se notifica formal o informalmente dentro de las propias organizaciones.

Recuerdan las comunicadoras que todas las empresas están obligadas a contar con un protocolo de prevención y actuación por acoso laboral y que la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que en su artículo 48.1. y 48.2 establece la obligatoriedad de proteger a los trabajadores y a las trabajadoras de situaciones de acoso sexual mediante la elaboración de un protocolo de acoso y posterior sensibilización del acoso sexual y por razón de sexo con medidas negociadas con la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras.

Por ello, y con independencia de la vía judicial que tome el caso, el colectivo de mujeres de la comunicación insta a la empresa Etiazul a abrir actuaciones al respecto, lo mismo que al Ayuntamiento de Mogán, al ser esta entidad pública, en última instancia, la responsable de la televisión, radio y medios de comunicación digitales del consistorio.

Las profesionales de la comunicación exigen entornos de trabajo seguros en los que se vele por el respeto los derechos de los y las profesionales de la comunicación.

El Ayuntamiento de Mogán ha confirmado este viernes durante la celebración del pleno ordinario que no ha tomado medidas ante la denuncia por presunto abuso sexual y acoso laboral contra el director de la televisión pública del municipio, Gregorio Guerra, por parte de una trabajadora. El vicealcalde Mencey Navarro (Ciuca) ha contestado en el pleno a las preguntas de Artemi Artiles (PSOE) sobre la información adelantada por Canarias Ahora. “Esta administración no tiene conocimiento oficial de circunstancia alguna que tenga que ver con estos hechos, teniendo en cuenta que ni siquiera tenemos conocimiento oficial de este asunto evidentemente no se ha tomado ninguna medida al respecto, porque como usted muy bien ha dicho es una noticia de la que se ha tenido público conocimiento por este medio digital”, ha señalado el también concejal de Urbanismo y Seguridad Ciudadana. 

“Evidentemente, a nosotros lo que nos corresponde a día de hoy es el sometimiento y respeto de las resoluciones judiciales que pudieran dictarse en el seno de este procedimiento y, una vez tengamos conocimiento oficial del asunto, pues esta corporación con responsabilidad actuará en consecuencia”, ha continuado el vicealcalde. Este periódico intentó este jueves recabar la postura del Ayuntamiento y conocer si se había aplicado algún protocolo o se había abierto una investigación para este caso, sin que fuera posible ya que desde el gabinete de prensa declinaron hacer declaraciones, colgando el teléfono, y tampoco respondieron a los correos electrónicos formales enviados. 

El concejal del PSOE Artemi Artiles se refirió a la información de este periódico y preguntó en concreto: “¿Eran conscientes desde la corporación de esta circunstancia ? ¿Eran conocedores? ¿Qué medidas han tomado al respecto?” Además, planteó ¿existe responsabilidad subsidiaria por parte del ayuntamiento en caso de que el presunto delito sea ratificado por la justicia? 

Artiles recordó que la televisión pública de Mogán es un servicio que está pensado “por y para los moganeros y moganeras” y que en este caso el nombre del municipio sale “mal parado”. “En caso de que no se haya tomado ninguna medida, adelantamos que desde el PSOE de Mogán exigiremos que el Ayuntamiento abra de oficio una investigación interna para depurar en el caso de que existieran responsabilidades con la empresa y así poder tener cobertura”, sostuvo el concejal socialista. 

NC pide que se suspenda cautelarmente a Guerra como director 

Nueva Canarias Mogán ha registrado un escrito este 3 de junio en el Ayuntamiento en referencia a este caso. En el documento, la concejala Isabel Santiago reclama que “se den las instrucciones oportunas a la entidad adjudicataria del servicio de gestión de la radio televisión pública de Mogán, la mercantil Etiazul para que, cautelarmente, suspenda del ejercicio de todas sus funciones al director del medio público hasta que se resuelva el proceso judicial, que se sustancia contra este por presunto acoso sexual”. 

Así mismo, reclama que por parte de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, “se den la órdenes oportunas para que el Ayuntamiento se persone en la causa judicial iniciada por la trabajadora contra el director de la televisión pública” y que “se dicten las instrucciones oportunas para activar las medias recogidas en el plan de igualdad de Mogán y garantice todos los derechos a la trabajadora denunciante de acoso sexual”. El partido de Santiago también reivindica que por parte de la alcaldesa y su grupo de gobierno se condenen de forma pública los hechos denunciados por la trabajadora y se den las instrucciones oportunas para que se inicie una investigación interna en la televisión.

“Resulta muy difícil de entender a esta parte que una administración pública, que debe ser ejemplo ante la sociedad de reivindicación, lucha y protección de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, opte por la callada cobarde por respuesta, y aparentemente, por la inacción ante unos hechos de este calado. De poco sirven todos los programas que el Cabildo financia en Mogán, en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, si ante situaciones de este tipo, la alcaldesa de Mogán ni está ni se le espera”, lamenta la concejala Isabel Santiago. 

La concejala señala que los hechos que se relatan en las informaciones publicadas “son de una gravedad absoluta” y remarca que se refieren a trabajadores de un medio de comunicación público, financiado en su totalidad por fondos públicos. Por otro lado, añade que el presunto acosador habría utilizado “su situación de superioridad jerárquica en dicho medio” al tratarse del director de la televisión pública. 

Más episodios machistas

Nueva Canarias también recuerda otros antecedentes en Mogán sobre episodios machistas como el “desmantelamiento del servicio de atención jurídica a víctimas de violencia de género”. Una denuncia para la que se remonta a 2015 cuando la alcaldesa de Mogán tuvo que dar cuenta ante el pleno por el decreto en el que ordenaba que la letrada adscrita al departamento de violencia de género finalizara el desarrollo de estas funciones y se incorporara al departamento de contratación. Santiago reprocha que la alcaldesa “justificó esta decisión en que sólo se llegaban a los 15 expedientes al año, de los cuales no todos se referían a la violencia de género”.

Así mismo la concejala apunta al “comentario irrespetuoso” que en en sesión plenaria realizó también en 2015 el portavoz de Ciuca, Mencey Navarro, al dirigirse a la portavoz del PP, cuando justificaba su bajada de sueldo, afirmando “que ahora no le daría para ir tanto a la peluquería”. Santiago lamenta que ese comentario solo fue reprendido por ella, cuando tachó a Navarro “de machista y retrógrado”, pero quedó “sin reprimenda”.

El Ayuntamiento de Mogán guarda silencio ante el caso de presunto abuso sexual y acoso laboral a una trabajadora de su televisión pública por parte de su director, Gregorio Guerra. La corporación municipal ha declinado responder tanto por correo electrónico como telefónicamente a este periódico al ser cuestionado por la denuncia por la que el Juzgado de Instrucción número 2 ha abierto diligencias previas. “No vamos a hacer ningunas declaraciones al respecto, hasta luego, buen día”, han respondido desde el gabinete de prensa (delegado en la empresa pública Mogán Sociocultural por casi 70.000 euros) y al momento han colgado la llamada. El Ayuntamiento que lidera Onalia Bueno (Ciuca) tampoco ha respondido a los correos electrónicos enviados al gabinete de prensa y a la propia Alcaldía para aclarar si eran conocedores de la existencia de esta denuncia y si se ha aplicado algún protocolo. 

La diligencias abiertas el pasado 17 de mayo se producen después de que el 16 de abril una periodista contratada por la empresa Etiazul, a cargo de la gestión de la tele, radio y medios digitales del municipio denunciara ante la Guardia Civil acoso laboral reiterado por parte de su jefe y un presunto caso de abuso sexual que fue la “gota que colmó el vaso”. Esos presuntos hechos ocurrieron el pasado 5 de abril, cuando “agarró el culo” a la trabajadora y le espetó: “Este culo me lo voy a follar”. Fuentes judiciales confirmaron este martes a este periódico que las diligencias ya están abiertas y que se investiga un delito de carácter sexual, sin que puedan dar más detalles del caso. 

Este miércoles, al preguntar al denunciado precisamente si conocía si la televisión que dirige había abierto alguna investigación para esclarecer los hechos ha respondido que no, al tratarse de una “denuncia falsa”, “mi niña”. En la denuncia, la trabajadora de la televisión pública también alude a otros hechos ocurridos entre el 8 de marzo de 2022 y el 16 de abril de este mismo año. Ante la Guardia Civil relató que su jefe le gritó frases como “no tienes ni puta idea de cómo hacer el inicio de un programa” o “a mi no te me pongas chula”, unos episodios que afirmó que no eran aislados. 

De baja por ansiedad y despedida

Según la documentación a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, la denunciante se encuentra de baja desde el pasado 8 de abril, cuando acudió a consulta presencial después de que su doctora le hubiera recetado medicamentos para dormir unos días antes por su estado de ansiedad. Una baja que se ha ido prorrogando hasta la actualidad. Entre medias, con fecha 13/04/2022, cuenta con un parte de consulta en el que refiere “vómitos y que se encuentra muy nerviosa”. 

El denunciado, al ser preguntado sobre el despido de esta trabajadora mientras estaba de baja, lo ha negado y ha asegurado que la denuncia estaría motivada por el despido. No obstante, según la documentación consultada por este periódico la carta de despido de la trabajadora está firmada el 19 de abril y la denuncia ante la Guardia Civil se realizó el día 16, tres días antes. 

La baja laboral, además, data del 8 de abril. Ese parte de baja se concedió por un total de 22 días, que se ha continuado prorrogando hasta la actualidad. Según fuentes cercanas al caso, un informe psicológico de parte denota que la periodista ha continuado con un cuadro de ansiedad desde entonces por lo que necesita seguimiento y medicación. También, según ha podido conocer este periódico, los partes de baja se siguen enviando a la empresa, ya que la trabajadora considera que el despido fue improcedente por lo que se ha demandado. 

El Ayuntamiento de Mogán cuenta con un plan de igualdad, tal y como manda la ley a las instituciones públicas, donde suscribe los convenios internacionales y leyes actuales en materia de Igualdad y violencia de género. Además, acoge como eje estratégico precisamente la violencia de género, destacando que se fomentará el “trabajo de sensibilización, una labor de prevención y la atención a las víctimas de violencia de género”. Además, el consistorio está adscrito a la Marco Estratégico por la Igualdad, impulsado por la consejería de Igualdad, Diversidad y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria. No consta, que desde el consistorio se hayan puesto en contacto con la denunciante para aclarar el caso. 

Otras polémicas judiciales en Mogán

Recientemente, el juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana ha archivado el delito electoral en la causa que investigaba, entre otros, a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciudadanos por el Cambio - Ciuca). El juez asumía así la tesis de la Fiscalía y concluía que los hechos que atañen a la presunta trama de compra y tramitación fraudulenta de votos en las elecciones de 2015 están prescritos y que no hay suficiente indicio probatorio para formular acusación por los acontecimientos de 2019. El sobreseimiento del delito electoral de 2015 es libre (definitivo, por tanto) y el de 2019, provisional. Esta decisión no implica, sin embargo, el archivo de toda la causa. 

De hecho, en julio del año pasado el juez decidió abrir cuatro piezas separadas para investigar otros hechos presuntamente delictivos hallados por el equipo de la policía judicial de la Guardia Civil durante la instrucción. En ellos se investiga un presunto amaño para favorecer a un empresario, otra causa relacionada con los complementos salariales otorgados por el gobierno municipal a trabajadores afines a Ciuca, los contratos de servicios veterinarios concedidos en exclusiva a la empresa familiar del actual asesor de Urbanismo de la corporación sureña, y la orden de bloquear el acceso de la Guardia Civil a documentación digital obtenida durante la operación de entrada y registro en las dependencias municipales, en septiembre de 2019. 

El Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana abrió el pasado 17 de mayo diligencias previas por una denuncia de acoso laboral y abuso sexual al director de la Radio Televisión Pública de Mogán, Gregorio Guerra. La denunciante es una extrabajadora de la empresa Etiazul, que gestiona la televisión, radio y medios de comunicación digital del Ayuntamiento de Mogán, y que alega haber sido víctima de acoso laboral reiterado por parte de su jefe. Según la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil de Mogán el pasado 16 de abril, la “gota que colmó el vaso” fue una ocasión en la que le “agarró el culo” y le espetó: “Este culo me lo voy a follar”. Fuentes judiciales confirmaron este martes a este periódico que las diligencias ya están abiertas y que se investiga un delito de carácter sexual, sin que puedan dar más detalles del caso. 

La trabajadora fue contratada por Etiazul, la empresa encargada de la gestión de esta televisión pública el pasado 20 de diciembre de 2021. En su denuncia relata unos presuntos hechos ocurridos entre el 8 de marzo de 2022 y el 16 de abril de este mismo año. La periodista explica que en el Día Internacional de la Mujer se realizó un directo desde el IES Arguineguín donde su jefe le gritó frases como “no tienes ni puta idea de cómo hacer el inicio de un programa” o “a mi no te me pongas chula” (siempre según la denuncia). Una vez acabado el directo, la afectada se torció el tobillo y, debido al dolor y a que los informativos de esta televisión se presentan de pie, pidió a su compañero que lo presentara solo. Al finalizar, asegura que su jefe le dijo que no parecía nada grave y que quería visualizar la pieza de vídeo grabada por la trabajadora en el IES. “Tras su visionado y delante de sus compañeros de trabajo, comienza a burlarse de ella y a imitar los movimientos de la denunciante”, que añade que se sintió “totalmente ridiculizada” y tuvo que abandonar el lugar para llorar.  Mientras lloraba, declaró que seguía recibiendo llamadas de su jefe. 

La denunciante sostiene que hay otros hechos de esta índole que puede aportar como prueba a la causa. Otra de las situaciones que relata en la denuncia es la referida al presunto abuso sexual, que data en el día 5 de abril de 2022. Entonces, se encontraba realizando un reportaje en la zona del muelle de Arguineguín junto a otros trabajadores de la televisión y de la productora. Asegura que se trataba de un reportaje para el que las entrevistas las estaba desarrollando Guerra, por lo que no comprendió por qué debía acudir ella. Antes de realizar esas grabaciones apunta que todos los trabajadores fueron a comer con su jefe a la Cofradía de Pescadores de Arguineguín y que ahí empezó la discusión debido a un reportaje que había realizado la afectada anteriormente y le afeó de nuevo “no tienes ni puta idea”,  “lo que dices son chorradas” o “como sigas así de chula te vas de aquí”, “te vas a tu puta casa”. 

La ex trabajadora afirma en esa denuncia que salió del local para llorar y que comenzó a tener un ataque de ansiedad, por lo que relató por WhatsApp a su pareja lo sucedido, unos mensajes que aporta también como prueba. En el exterior de este local afirma que uno de los trabajadores se acercó a decirle que estas cosas le ocurrían porque “responde” (a su jefe). En su declaración señala que al término de las grabaciones, los trabajadores abandonaron la zona y que ella y su jefe se dirigieron hacia la plaza de Las Marañuelas y mantuvieron una conversación sobre lo sucedido y se dieron un abrazo para zanjar los problemas. Posteriormente, explica que ocurrió el presunto abuso sexual, cuando le “agarró el culo” y le espetó “me lo voy a follar”, por lo que afirma que quedó “en shock”. 

De baja laboral 

A continuación, la denunciante acudió a un bar donde se encontraba su novio y explica que la camarera puede corroborar que llegó en estado de ansiedad. Una vez abandonaron este local, señala que fue a su casa y ahí continuó con ansiedad y vómitos. Al día siguiente, acudió a trabajar aunque relata que no tuvo contacto con su jefe. Ese día continuaba vomitando, por lo que llamó por teléfono a su doctora, que le recetó un medicamento. Como estos síntomas no cesaban, acudió a la consulta presencial el día 8 de abril y en ese encuentro le contó los problemas con su jefe a la médica. Desde esa fecha dispone de un parte de baja, en principio por 22 días, y que entonces se recogía en el documento que sería revisado el 22 de abril de 2022. 

Entre medias, con fecha 13/04/2022, cuenta con un parte de consulta en el que refiere “vómitos y que se encuentra muy nerviosa”. En el documento médico se recoge que la paciente lo relaciona con problemas en su puesto de trabajo, hace referencia a que su jefe “la ha insultado”, “la acosa” e “incluso la ha tocado de forma inapropiada hace una semana”. Por ello, la doctora le receta, según consta en el documento médico, “aumentar la medicación ansiolítica”. 

Despedida el 19 de abril 

La periodista fue despedida de su puesto de trabajo el 19 de abril con una carta de despido donde se manifiesta que como motivo “no ser necesaria la continuidad de los servicios que ha venido prestando para esta entidad, siendo la fecha de despido el 19 de abril de 2022, en la cual causará baja”. En la carta, firmada por Etiazul, se añade que se lamenta “tener que transmitirle esta decisión” y que “se agradecen los servicios prestados”. 

El despido se produce solo tres días después de que se interpusiera la denuncia en Mogán, fechada a las 13.32 de la tarde del sábado 16 de abril. La denunciante alega que estaba de baja aún por incapacidad temporal y que el despido lo recibió por burofax por parte de la gestoría contratada por la empresa. Un despido que considera improcedente y por el que se ha demandado, además de que afirma que sigue enviando los partes de baja a la empresa. 

Guerra habla de “denuncia falsa”

“Es una denuncia falsa”, ha asegurado Guerra a este periódico al ser cuestionado por los hechos denunciados, que según afirma “han sido archivados”, pese a que fuentes judiciales confirmaron a Canarias Ahora que las diligencias están abiertas desde el pasado 17 mayo. El denunciado asegura que se querellará contra la denunciante y amenazó con que “sin lugar a dudas” si esta información era publicada lo haría también contra este periódico. 

Gregorio Guerra asegura en que la trabajadora fue despedida de forma legal y que varios de sus ex compañeros fueron a declarar a la Guardia Civil y recalca que se ha “archivado la causa”. “Es mentira, no tiene ninguna prueba”, ha insistido. Al asegurarle que a este periódico le constaba que sí que se habían abierto diligencias, ha contestado: “Pero la apertura de diligencias, mi niña, es llamar a declarar”. En otra ocasión vuelve a contestar con “mi niña, pero si es una denuncia falsa” al ser preguntado sobre si se ha abierto alguna investigación en la televisión pública de Mogán por este caso. El denunciado sostiene que lo que ha motivado la denuncia es el despido de la afectada. No obstante, aquel se produjo unos días después de la denuncia, el 19 de abril, según la información en poder de este diario. 

* Aclaración: el juzgado abrió las diligencias el 6 de junio tras un error en el juzgado. Este periódico había informado el miércoles 1 de junio de que las diligencias estaban abiertas, como habían confirmado la Oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Sin embargo, “las diligencias contra el trabajador de Etiazul, por error, aún no están iniciadas a día de hoy”, han apuntado desde la oficina, que aclara lo sucedido.

El juez llamará a declarar próximamente a la denunciante y al denunciado.

El Ayuntamiento de Mogán ha contratado al despacho de abogados liderado por el magistrado en excedencia José Antonio Choclán para su defensa en el recurso presentado ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que condenó a dos agentes de la Policía Local por torturas y lesiones graves a un vendedor ambulante de origen senegalés. Un fallo en el que la administración figura como responsable civil subsidiario para el pago, en caso de que los autores de los delitos no puedan asumirlo, de una indemnización de cerca de 44.000 euros. 

A través de un contrato menor de 15.000 euros, el máximo fijado por ley para este tipo de adjudicaciones, la corporación sureña se ha hecho por primera vez con los servicios del prestigioso letrado, que también representa a la alcaldesa, Onalia Bueno, en la causa que investiga a la regidora y a otras nueve personas por la presunta trama de compra de votos por parte del partido Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) en las elecciones de 2015 y 2019.  

Choclán presentó el recurso de casación contra esa sentencia el pasado 1 de julio, dos meses antes de que se le adjudicara formalmente el contrato a través de un decreto fechado el 3 de septiembre y firmado por el concejal Luis Miguel Becerra en sustitución del edil que tiene delegadas las competencias en contratación de servicios jurídicos, Mencey Navarro, que también está imputado por el presunto fraude en los dos últimos comicios municipales.  

Ese gasto de 15.000 euros para que el despacho de Choclán asuma la defensa del Ayuntamiento en el procedimiento penal contra dos agentes de la Policía Local fue aprobado en una Junta de Gobierno presidida por la alcaldesa el pasado 13 de octubre. El contrato contempla que el plazo de ejecución se extienda hasta la finalización del recurso, lo que, según fuentes consultadas, puede prolongarse hasta dos años debido al volumen de trabajo que debe atender la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que culmina todos los casos de la jurisdicción penal. 

En un informe datado el pasado 1 de septiembre, la responsable de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Mogán defiende la necesidad de acudir a un contrato menor por el “excesivo volumen de trabajo” del área, el “insuficiente personal” adscrito al departamento y la especialidad en la materia, la “dificultad técnica” en la preparación de un recurso de casación. “No se trata de una prestación de carácter recurrente”, justifica la funcionaria en su escrito. 

Lo cierto es que la adjudicación de contratos menores a abogados o asesores externos ya ha ocasionado problemas al Ayuntamiento de Mogán y lo ha situado bajo la lupa de la justicia. El primer teniente de alcalde del municipio, Mencey Navarro, está siendo investigado en un juzgado de San Bartolomé de Tirajana por los contratos menores (hasta 16) concedidos a su socio de despacho. La Fiscalía aprecia indicios de prevaricación en el fraccionamiento del objeto de esas adjudicaciones para sortear la ley. Por otra parte, el equipo de la policía judicial de la Guardia Civil que investiga la presunta trama de compra de votos también ha denunciado esa misma estrategia de fraccionamiento en la contratación del asesor urbanístico Jesús Romero Espeja, que ocupó puestos de responsabilidad en el Gobierno de Canarias durante las presidencias de Paulino Rivero y de Fernando Clavijo, ambos de Coalición Canaria (CC), partido que se presentó en alianza con Ciuca en Mogán en las elecciones de 2019. Hay que recordar que los contratos menores no están sujetos a fiscalización previa. 

La sentencia de la Audiencia Provincial

La causa en la que Choclán defiende al Ayuntamiento de Mogán tiene su origen en unos hechos ocurridos la noche del 8 de noviembre de 2011. La Audiencia Provincial de Las Palmas declaró probado que en esa fecha, sobre las 21.40 horas, dos policías locales de Mogán vestidos de paisano abordaron a un ciudadano de nacionalidad senegalesa que vendía collares en la terraza de un restaurante ubicado en el centro comercial de Puerto Rico y le propinaron una paliza después de que el migrante saliera corriendo al “sentir miedo” al reconocer a los agentes, ya que eran los mismos que apenas cuatro días antes habían intervenido contra un primo suyo, también vendedor ambulante, que había resultado lesionado en esa actuación. 

La sentencia, dictada el 4 de febrero de este año, relata que cuando trató de huir  los policías le persiguieron por el centro comercial hasta un supermercado, donde uno de ellos lo zancadilleó y le dio “dos fuertes patadas y un puñetazo” antes de colocarse encima de él para inmovilizarlo. Esta intervención quedó registrada en las cámaras de seguridad del establecimiento. Posteriormente, según los hechos probados, lo sacaron “a rastras” del supermercado y, ya en el exterior, le golpearon “con porras u objetos contundentes de similares características”. Las agresiones se sucedieron en el camino hasta las dependencias de la Policía Local en el mismo centro comercial e, incluso, dentro de ellas mientras la víctima “se tambaleaba del dolor y pedía auxilio, suplicando que llamaran a la Guardia Civil”. 

Los acusados eligieron el camino “por donde no había cámara de seguridad”, recalca el fallo de la Audiencia Provincial, que sustenta su decisión en el testimonio del agredido; en el de los testigos que contemplaron la escena y protestaron alarmados por la “violencia actuación policial”, en la declaración de otros agentes policiales que aportaron datos incriminatorios “muy relevantes” y en la grabación del supermercado, en la que no se apreciaba “un simple acto de reducción policial, sino una agresión pura y dura”. La víctima tuvo que ser trasladada primero a un centro de salud y después al hospital por las lesiones causadas, entre ellas la fractura de un brazo. La Audiencia de Las Palmas dictaminó que los acusados golpearon y maltrataron al ciudadano senegalés “en represalia por su dedicación a la venta ambulante”y para “amedrentarlo” en relación con su eventual declaración en el juicio por lesiones contra uno de los agentes por los hechos acaecidos días antes en la intervención contra su primo. 

Los policías fueron condenados a siete años y medio de prisión por los delitos de lesiones graves y torturas y a indemnizar a la víctima con cerca de 44.000 euros por las lesiones causadas, las secuelas y los daños morales. La sentencia declaraba además la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Mogán, lo que obliga a la corporación a responder en caso de que los autores del delito no dispongan de recursos suficientes para saldar esas cantidades.  

El recurso del Ayuntamiento de Mogán

El recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Mogán, al que ha tenido acceso este periódico, considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de los policías locales condenados. En un escrito de 47 páginas, José Antonio Choclán pide la revocación de la sentencia de la Audiencia Provincial al considerar que la prueba practicada es insuficiente y que “no se ha valorado en forma lógica, coherente y racional”. Por ello, reclama no solo que se absuelva a los agentes del delito de torturas, sino que en el de lesiones se suprima el subtipo agravado. Es decir, que se califiquen como leves y, por tanto, se impongan penas mínimas. 

Aunque el recurso trata de desvincular a la administración de los hechos cometidos por los agentes para evitar la responsabilidad civil derivada, la mayor parte de su argumentación gira en torno a la “desproporcionalidad” de la condena impuesta a los agentes y a la “falta de motivación” o de sustento probatorio. El escrito sostiene que en el juicio no quedó probada ni la existencia de una porra o de otro objeto contundente que hubiera ocasionado las lesiones al vendedor ambulante, ni que la fractura en el brazo fuera debida a un golpe con arma reglamentaria (“no se descarta que se produjera como consecuencia de una caída”) ni que los policías actuaran con la finalidad de “represaliarlo” por su actividad o por su eventual declaración como testigo en otro juicio por las lesiones denunciadas por su primo. 

Para el abogado contratado por el Ayuntamiento de Mogán, las zancadillas, patadas y puñetazos que se observan en el vídeo grabado en el supermercado evidencian “un exceso en el uso de la fuerza” por parte de los agentes, pero no un trato degradante. A su juicio, la “huida y desobediencia” del ciudadano constituyen una “base objetivo” para inferir que los agentes “reaccionaron desproporcionadamente ante la resistencia del perjudicado”. 

La defensa también considera que la sala debió valorar el atenuante muy cualificado de dilaciones indebidas, en lugar del simple, debido a la “desproporcionada duración del procedimiento” (unos ocho años) y los periodos de paralización no imputables a los condenados. Por último, niega la responsabilidad subsidiaria de la administración al entender que las lesiones producidas no fueron consecuencia de la actividad de servicio público desarrollada por los policías, “ni siquiera de un funcionamiento anormal del servicio”, y que los agentes actuaron “al margen de las funciones de su cargo”. 

Uno de los agentes sigue en el cargo

Uno de los agentes condenados está cumpliendo una pena de prisión por un delito de violencia de género. El segundo sigue ejerciendo en la Policía Local de Mogán. Se da la circunstancia de que cuando se conocieron los hechos y se difundieron las imágenes de la agresión en el supermercado, Mencey Navarro, entonces portavoz de Ciuca en la oposición, solicitó la inmediata apertura de un expediente disciplinario a los acusados. Cuando la Audiencia Provincial dictó la sentencia, el actual primer teniente de alcalde del Ayuntamiento decidió mantener en su puesto a uno de los condenados “hasta que la sentencia sea firme”.

Amenazas continuas, insultos y pintadas en su casa. Son las presiones que dice estar recibiendo desde hace meses Ramón Trujillo, un vecino de Mogán (el segundo municipio por importancia turística de la isla de Gran Canaria) que salió a la palestra hace ya cinco años para confesar en televisión que había participado en una trama de compra de votos para el partido Ciuca (Ciudadanos por el Cambio) en las elecciones locales celebradas en 2015. En octubre del año pasado el colaborador arrepentido ya había acudido a las dependencias de la Guardia Civil para informar de que personas allegadas a Onalia Bueno, líder de esa formación y actual alcaldesa, le habían ofrecido 3.000 euros y un puesto de trabajo para que cambiara su versión de los hechos.

Esta denuncia pública se produce en un momento clave de la instrucción, a poco más de dos meses de que se produzca su declaración ante el juez. De hecho, su comparecencia estaba señalada para el pasado 7 de julio, pero fue aplazada hasta octubre, al igual que la del resto de investigados, a petición de las defensas y después de que hubieran desfilado ante el instructor los primeros testigos. En septiembre de 2020, nueve meses antes de que arrancara una primera ronda de declaraciones que ha dejado algunos sorprendentes cambios de versión que las acusaciones atribuyen a presiones como las que ha denunciado recientemente Ramón Trujillo, la Guardia Civil había detenido en la denominada operación Maniobra a la alcaldesa y a otros dos concejales del grupo de gobierno y había registrado las oficinas municipales en busca de documentación que vinculaba determinadas actuaciones municipales con la trama de compra de votos. Se levantaba así el secreto de sumario de una investigación que había arrancado en 2015 y que fue archivada de forma provisional hasta su reactivación definitiva en 2019, después de unos comicios en los que el partido de Bueno volvió a ganar, esta vez con una holgada mayoría absoluta (el número de concejales se redujo de 21 a 17 al bajar de la barrera de 20.000 habitantes y logró 10), y de nuevo bajo la sombra del pucherazo.

La alcaldesa de Mogán atribuyó esa operación policial a sus críticas al Gobierno central por la gestión de la crisis migratoria que en esas mismas fechas sacudía a Canarias con epicentro en el Muelle de Arguineguín, situado en el municipio sureño y donde llegaron a estar hacinadas 2.600 personas. “Alzar la voz contra el Estado sale caro”, dijo entonces Bueno erigiéndose en abanderada de la defensa de los derechos de las personas migrantes. Un discurso que, sin embargo, contradijo de inmediato con sus propias acciones, como cuando decidió fletar tres guaguas para desalojar del puerto a más de 200 migrantes y dejarlos sin alternativa habitacional ni comida en una céntrica plaza de la capital o cuando amenazó a los hoteleros del municipio con multas de hasta 300.000 euros si cedían sus instalaciones para fines humanitarios con el objetivo de aliviar el colapso en el llamado 'muelle de la vergüenza'. 

Lo cierto es que cuando se produjo la detención de Onalia Bueno, el equipo de la policía judicial de la Guardia Civil ya disponía de evidencias documentales que, cotejadas con los testimonios recogidos y las grabaciones aportadas, permitían atisbar “indicios de criminalidad suficiente” que señalaban a la alcaldesa como líder de una “organización criminal para la compra y tramitación fraudulenta de votos” en las dos últimas elecciones locales. Los recientes informes realizados por la Benemérita a partir de la documental incautada en el registro a las oficinas municipales y la sede de Ciuca complican aún más el futuro judicial de la regidora sureña, al imputarle a nivel indiciario nuevos delitos contra la administración pública. 

El juez instructor, Francisco Javier Ramírez de Verger, calificó en un auto de “objetivos, accesibles y verificables” los hechos relatados por la policía judicial en esos escritos. Ahora ha abierto cuatro piezas separadas para que se investiguen de manera independiente las nuevas tramas que recogen los últimos informes de la policía judicial. Estas son las claves del caso: 

1. La compra de votos

Es el elemento inicial y central de la investigación. En las elecciones de 2015, Ciuca desbancó de la Alcaldía de Mogán al Partido Popular (PP) tras obtener el 41% de los votos (3.035 sobre los 7.365 que acudieron a las urnas, el 67% de los 10.862 que se contabilizaban en el censo municipal). Obtuvo diez concejales, quedándose a uno de la mayoría absoluta y pactando con el PSOE (dos ediles) para arrebatar el bastón de mando al ahora denunciante Francisco González (PP), regidor en el municipio desde 2003 y mentor de la propia Onalia Bueno, a quien convirtió durante su primer mandato en su mano derecha en el Ayuntamiento. La actual alcaldesa dejó el PP en 2007 tras ser detenida e imputada por ocho delitos -entre ellos el electoral- en el denominado caso Góndola, archivado en 2018 tras once años de instrucción.

Bueno regresó a la política en 2011 de la mano de un partido, Ciuca, que hasta esa fecha solo estaba implantado en Telde, el segundo municipio más poblado de Gran Canaria. Antes de ganar sus primeras elecciones, pasó cuatro años en la oposición. En mayo de 2016, un año después de su victoria, la presunta compra de votos en Mogán saltaba a los medios nacionales. No eran las primeras sospechas de pucherazo en el municipio. Ya las había habido en 2007 y en 2011, en aquellas ocasiones con el PP como protagonista. Ramón Trujillo, apodado el Perraya, relató en televisión que había conseguido 70 votos para Ciuca entre vecinos moganeros con necesidades económicas a quienes se les pagaba entre 50 y 150 euros. Un año antes, el alcalde destronado, Francisco González, había presentado una denuncia que fue archivada casi de inmediato por la Guardia Civil de Mogán. Un colaborador de Ciuca en esos comicios, José Monzón, Pepe el Japonés, relataba en una grabación aportada a la causa que la alcaldesa se había aprovechado de su amistad con el capitán del instituto armado en el municipio para que investigara al PP y no a Ciuca por el presunto pucherazo en los comicios de 2015. 

Tres votantes también confesaron en esa segunda fase de la investigación, tras el sobreseimiento provisional, que recibieron dinero a cambio de votar a Ciuca. Meses después, Canarias Ahora difundía una grabación en la que José Monzón, en conversación con el exalcalde Francisco González, admitía que había conseguido más de 380 papeletas para la formación de Onalia Bueno ofreciendo 50 euros a los vecinos. Incluso relataba que se les acompañaba a la comisaría a renovar los DNI o que se les compraba hasta con clases de kárate. Otros testimonios apuntan que las contraprestaciones iban más allá e incluían también promesas de empleo público, de ayudas sociales o de vivienda. “Se han pagado operaciones, gafas, luz, agua, a mucha gente neveras...”, añadía recientemente Ramón Trujillo en la entrevista en Cope Canarias en la que denunciaba estar sufriendo las presiones por parte del entorno de Bueno.  

Los testimonios y grabaciones sobre las elecciones de 2015 ya apuntaban al voto por correo como un elemento crucial del pucherazo. El número de sufragios por esta vía prácticamente se triplicó tanto de 2011 a 2015 (191 frente a 558) como de 2015 a 2019 (de 558 a 1.494). Los investigadores constataron la existencia de varias remesas de papeletas electorales que se depositaron en determinadas oficinas de Correos de Las Palmas de Gran Canaria. En uno de los audios, Monzón, uno de los responsables de la campaña del partido, explicaba que la trama tenía colaboradores en esas oficinas. Esas remesas concordaban con el modo de operar descrito en las grabaciones y por uno de los denunciantes, Ramón Trujillo. La organización captaba a los vecinos, los llevaba a la sede de Ciuca, tramitaba el voto por correo, se aseguraba de que el voto que se introducía en el sobre iba para el partido y pagaba lo acordado. 

En mayo de 2019, en plena campaña electoral, aparece un nuevo indicio. Otra grabación mostraba cómo manipulaba el voto por correo la alcaldesa. “Lo importante es que cuando el sobre llegue a la casa te llamen y no lo abran, para yo decirte cómo es el rollo”, le explicaba a un colaborador. “Tú tienes los DNI… y yo te mando a una persona para que te haga todo de una sentada…”, añadía Bueno, que en esos comicios se presentó en alianza con Coalición Canaria. 

Esta pieza principal también investiga la presunta financiación ilegal de Ciuca. La policía judicial señala a un empresario con intereses económicos en Mogán, Luis Oller, presidente de Aguas de Arguineguín, una de las explotadoras del servicio de abastecimiento de agua en el municipio. Las pesquisas policiales descubrieron la existencia de cheques por un valor total de más de 14.000 euros que Oller habría emitido para financiar la campaña y, más en concreto, la compra de votos. Para ello utilizaba a un intermediario, Salvador Álvarez, un funcionario del Ayuntamiento que colaboró con el partido de Bueno en la campaña electoral de 2015 y que posteriormente fue nombrado por la regidora coordinador general de cuatro áreas de gobierno. “Ese dio más de 40 millones (de pesetas). Por eso esta ahora le dio el agua”, le dice en una de las grabaciones que obran en la causa José Monzón, 'Pepe el Japonés', al exalcalde a propósito de Oller.

Francisco González (PP) explicó a la Guardia Civil cuál era la supuesta motivación del empresario para tratar de aupar al poder municipal a Ciuca. El exregidor relató que un año antes de las elecciones de 2015 había iniciado el proceso de municipalización de agua en Mogán, una medida que le ocasionaba un perjuicio económico a Aguas de Arguineguín, que explotaba -y lo sigue haciendo- el servicio en determinadas zonas de la localidad turística.  

2. El presunto amaño

El dueño de Aguas de Arguineguín es también protagonista de uno de los últimos informes de la Guardia Civil que han dado pie a la apertura de una pieza separada. En concreto, por un supuesto amaño para beneficiarle con fondos públicos y devolverle así los favores prestados a Ciuca en la campaña electoral de 2015. Según los investigadores, la alcaldesa de Mogán, con la participación decisiva de Mencey Navarro, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, y del funcionario Salvador Álvarez, orquestó un proceso de mediación simulado para resolver de forma favorable a los intereses del empresario un litigio judicial que arrastraba con el Ayuntamiento de mandatos pasados por la construcción de una urbanización por parte de una de las sociedades administradas por Oller, Cornisa del Suroeste. 

En ese procedimiento de mediación las partes redujeron a poco más de 200.000 euros una deuda que la promotora tenía con el Ayuntamiento y que una sentencia judicial firme había fijado en 1,3 millones de euros. Además, el gobierno municipal aceptó pagar el 90% de unas facturas que la empresa reclamaba al Consistorio en concepto de limpieza viaria y mantenimiento de jardinería con suministro de agua de riego. Lo hizo sin un informe de estudio y depuración elaborado por técnicos municipales, a pesar de que la abogada externa que llevaba el caso antes de la llegada de Onalia Bueno había advertido de la existencia de duplicidades de facturas e improcedencias de gastos. Esa letrada fue despedida tras una acalorada discusión en la que, según una testigo, habría espetado al coordinador municipal Salvador Álvarez: “Yo defiendo los intereses del Ayuntamiento, tú estás defendiendo los intereses de Cornisa”. 

La letrada municipal que la sustituyó también terminaría siendo apartada del procedimiento por expresar sus discrepancias y, por tanto, obstaculizar el acuerdo al que el Ayuntamiento pretendía llegar con el empresario que supuestamente había financiado la campaña electoral de Ciuca. Esta trabajadora interina denunció las presiones recibidas por el colaborador de la alcaldesa para que hiciera la vista gorda. “¿Que esto es una mierda y no me salpica? Acepto pulpo como animal de compañía”, se le escucha decir en una de las grabaciones. El acuerdo finalmente arrojó un saldo positivo para la empresa de Oller de cerca de 900.000 euros. 

3. Los funcionarios afines

El intermediario en ese proceso de mediación, Salvador Álvarez, es el funcionario que resultó más beneficiado de los nombramientos y subidas salariales que el gobierno local presidido por Onalia Bueno aprobó nada más llegar al poder. Unas designaciones e incrementos que, según otro de los informes de la Guardia Civil que han propiciado la apertura de una pieza separada de la investigación principal, tenían por objeto premiar, entre otros, a aquellos trabajadores públicos que habían colaborado en la campaña electoral de 2015 de Ciuca captando votos. A Álvarez, en concreto, se le recompensó con el puesto de coordinador general de cuatro áreas de gobierno y con un aumento del complemento específico de cerca de 30.000 euros anuales, una cantidad que equiparaba este plus al que cobra el interventor, el cargo que había ocupado de manera accidental años atrás ante la ausencia de funcionario con habilitación estatal. 

Entre el grupo de ocho trabajadores públicos agraciados también se encontraba un primo de la alcaldesa, Francisco Javier Bueno, a quien el Ayuntamiento le incrementó el complemento salarial en dos ocasiones (primero sobre los 9.000 euros y después hasta superar los 14.000 anuales). La alcaldesa se ausentó en la votación, pero en el escrito en el que advertía de que incurría en causa de abstención manifestó que esos aumentos de los pluses a un familiar directo estaban “más que justificados”. Esas subidas salariales fueron impugnadas por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y anuladas en los tribunales, sin que a la Guardia Civil le conste que las cantidades indebidamente cobradas hayan sido devueltas. 

4. De veterinaria a urbanismo

Otro de los expedientes que ha merecido la atención singularizada de los investigadores y la apertura de una pieza aparte tiene que ver con la contratación de los servicios veterinarios durante los mandatos de Onalia Bueno. Al mes de llegar a la Alcaldía, la líder de Ciuca despidió de manera improcedente (tuvo que indemnizarlo con más de 13.000 euros) a la persona a la que se le había adjudicado esta labor en el mandato anterior y comenzó a firmar contratos (la mayoría menores) con su actual asesor de Urbanismo, Raico Guerra, o con la empresa familiar que administraba, Arpiplan. En cinco años se embolsaron más de 276.000 euros. La Guardia Civil aprecia una “intencionalidad manifiesta” del gobierno de Ciuca para beneficiar económicamente a Guerra, fraccionando contratos con los mismos conceptos para evitar sacarlos a concurso público, incluyendo a una trabajadora o extrabajadora de la empresa adjudicataria entre las invitadas a un negociado sin publicidad o convocando de urgencia y con un plazo de tan solo diez días un proceso abierto. 

El contratista único de servicios veterinarios del Ayuntamiento se presentó a las elecciones de 2019 en el número 12 de la plancha que encabezaba Onalia Bueno. No logró acta de concejal, pero la alcaldesa le encontró acomodo como asesor de Urbanismo con un sueldo de 32.500 euros anuales a pesar de los “limitados” conocimientos técnicos de Guerra, que tiene el título de EGB (Enseñanza General Básica) y que en la empresa Arpiplan, de la que dejó de ser administrador tras ser nombrado cargo de confianza, figuraba como auxiliar de veterinaria. Las sospechas de los investigadores se acrecentaron tras comprobar como, tan solo dos días antes de su designación, el Ayuntamiento firmó un contrato de asesoría externa de naturaleza urbanística con Jesús Romero Espeja, un arquitecto que ocupó el cargo de viceconsejería de Política Territorial en el Gobierno de Canarias presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria). Una adjudicación que, a juicio de la policía judicial, también pudo ser irregular, al haberse fraccionado en dos contratos que superaban el límite fijado en la normativa. 

5. Bloqueo a la Guardia Civil

Onalia Bueno y otro de los investigados, Mencey Navarro, también se pueden enfrentar en esta causa a una acusación de obstrucción a la justicia por haber ordenado a la jefa de servicios informáticos del Ayuntamiento bloquear a la Guardia Civil el acceso a la documentación digital intervenida en el registro practicado por la Policía Judicial en las oficinas municipales el 17 de septiembre del año pasado. Así lo declaró la empleada pública durante su declaración del pasado 30 de junio ante el juez instructor y así lo corroboran los mensajes que se intercambió a través de Whatsapp con los dos gestores políticos el día en que recibió la instrucción. “Cuenta deshabilitada. Tal como me habéis ordenado”, escribió a la regidora, que contestó con un “Ok”. 

“Onalia, tenemos que hablar. La Guardia Civil me ha dado la orden de habilitar el usuario. Si no lo hago incurriré en un delito de desobediencia judicial y pueden imputarme por obstrucción a la justicia”, advirtió la jefa de Informática minutos después a la alcaldesa, sin recibir respuesta, tras haber comunicado a un sargento de la Guardia Civil la orden que había recibido. Quien sí le contestó, insistiéndole en que cumpliera la instrucción que le habían dado tanto él como Bueno, fue el primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, quien sin embargo acabó reculando tras consultarlo con sus abogados. La defensa de la alcaldesa, representada por el prestigioso despacho de José Antonio Choclán, presentó un incidente de nulidad respecto a esa actuación que permitió el acceso remoto de la policía judicial al servidor municipal, al entender que se trataba de una investigación “indiscriminada” sobre expedientes sin vínculo con la causa. 

La instrucción abierta por la presunta trama de compra de votos suma ya 10 investigados, además del partido político Ciuca. Junto a la alcaldesa, permanecen imputados dos concejales del grupo de gobierno (Mencey Navarro y Tania Alonso), el empresario Luis Oller y otros colaboradores del presunto pucherazo, entre ellos el arrepentido Ramón Trujillo, que ha pedido protección judicial frente a las presiones que dice estar sufriendo del entorno de Onalia Bueno. El juez Francisco Javier Ramírez de Verger retomará en octubre las declaraciones de los testigos que no pudieron comparecer en junio y la de los investigados en la causa. 

Un denunciante del presunto pucherazo electoral en el municipio grancanario de Mogán se siente “constantemente amenazado” por el entorno de la alcaldesa, Onalia Bueno, líder de lo que el equipo judicial de la Guardia Civil denomina “organización criminal para la compra y tramitación fraudulenta de votos” en los comicios de 2015 y 2019. Ramón Trujillo, conocido como el Perraya en la localidad sureña, ha lanzado este viernes desde la radio una llamada de auxilio. Reclama protección judicial frente a las presiones que, según dice, sigue sufriendo por parte de personas “allegadas” a la regidora. “Me quiero retirar de toda esta basura. Ya no puedo más”, ha manifestado en los micrófonos de Cope Canarias. 

No es la primera vez que denuncia presiones. En octubre del año pasado, días después de que la alcaldesa y otros concejales de Ciuca fueran detenidos por la policía judicial en una operación en la que fueron registradas las oficinas municipales en busca de pruebas sobre el presunto delito electoral y contra la administración pública, Trujillo se personó en las dependencias de la Guardia Civil para informar de que un edil del grupo de gobierno y un colaborador del partido de Bueno le habían ofrecido 3.000 euros y un puesto de trabajo a cambio de que modificara su versión de los hechos, de que se desdijera de su relato sobre cómo la alcaldesa compró voluntades de vecinos con necesidades económicas y de que inculpara “a otra persona que nada tiene que ver con lo ocurrido”.

En marzo de este año, después de que su declaración en sede judicial fuera suspendida hasta en tres ocasiones, dirigió un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para pedir que el juzgado que instruye la causa, el número 3 de San Bartolomé de Tirajana, lo citara a testificar cuanto antes y poder así librarse de las presiones que aseguraba padecer. La ronda de declaraciones ante el magistrado Francisco Javier Ramírez de Verger comenzó finalmente en junio, pero su comparecencia, al igual que la del resto de investigados, volvió a ser aplazada hasta octubre, fecha en la que ya habrá transcurrido más de un año desde que la Guardia Civil detuviera a Onalia Bueno y a los concejales Mencey Navarro y Tania Alonso. 

Ramón Trujillo es un testigo clave en la causa. Fue el primero que denunció la trama. “Lo que dije en 2015, lo vuelvo a repetir en antena”, ha dicho este viernes. Hace ya seis años manifestó que la entonces candidata de Ciuca a la Alcaldía de Mogán, Onalia Bueno, le pidió su colaboración en la campaña electoral para captar potenciales votantes entre los vecinos más vulnerables del municipio. “Yo llevaba a la gente donde estaba la sede (del partido) y allí les pagaban”, ha explicado el Perraya, que ha añadido que los votos se compraban “en principio a 50 euros” pero, “en los últimos días, a 150 y hasta 300 euros”. Y no todo en metálico: “Se han pagado operaciones, gafas, luz, agua, a mucha gente neveras...”

Como ya declarara ante la Guardia Civil, Trujillo ha afirmado que consiguió 70 votos para Ciuca en las elecciones de 2015 y que no era el único colaborador. “Había muchos más conseguidores, pero son tan cobardes que no dan la cara”. El Perraya ha recordado que tras su colaboración en la campaña electoral de Onalia Bueno consiguió un trabajo en el punto limpio del municipio. “Me lo dio ella y después me despidió porque la critiqué”. 

Cuestionado sobre la identidad de las personas que le estarían presionando para que cambiara la versión, Trujillo ha señalado que se trata de “allegados” a la alcaldesa y miembros de su partido. Afirma que en las paredes de su casa han aparecido pintadas con la palabra “chusma” o la expresión “te vas a arrepentir”, que las amenazas y los insultos “son constantes” y que hace “dos o tres días” tuvo “un tropiezo” con una de las personas del entorno de la alcaldesa que, según dice, ya ha puesto en manos de la justicia. Ha evitado dar nombres y detalles del incidente. “Son familias complicadas y no quiero más problemas. Estoy muy mal”, ha reconocido el excolaborador arrepentido de Ciuca. 

“Quiero retirarme de todo esto. Me da igual el abogado, me da igual quien sea. Si la justicia a mí no me pone protección, yo voy a retirar toda la basura que está ahí. No me diga que estamos en un país democrático y por ser del color político del que yo soy me van a matar. Cada uno vota lo que quiera, cada uno hace lo que quiera”, ha asegurado el Perraya, que no teme entrar en prisión. “Cuando el fiscal diga tiene 13 años de cárcel, yo voy a la cárcel. Si me tiene que meter en la cárcel, que me diga hora y día. No hace falta que mande a la Guardia Civil. Pero yo no puedo más. He perdido la moral y todo lo que tengo”, ha concluido Trujillo, que este jueves tenía previsto presentar un escrito en los juzgados.

Entre los expedientes sobre los que ha puesto el foco el equipo de la policía judicial de la Guardia Civil tras la entrada y registro al Ayuntamiento de Mogán el pasado 17 de septiembre en busca de nuevas pruebas del presunto fraude electoral en el municipio sureño por parte del partido local Ciuca (Ciudadanos por el Cambio) en los comicios de 2015 y 2019 figura uno sin aparente vínculo con la trama de compra de votos. Tiene como protagonista al actual asesor de Urbanismo de la corporación, Raico Guerra, e indaga en los contratos suscritos por la empresa de su familia o por él mismo como entidad durante el mandato de Onalia Bueno, antes de ser designado como cargo de confianza de la alcaldesa tras concurrir a las últimas elecciones municipales en el puesto número 12 de la lista que encabezaba la hoy investigada. 

El vínculo comienza en octubre de 2015, con la adjudicación del primer contrato, y se prorroga hasta la actualidad. Al mes de acceder a la Alcaldía, Bueno despidió al veterinario que hasta ese momento ejercía con un contrato menor de 12.840 euros anuales. El despido fue declarado improcedente en los juzgados y el Ayuntamiento tuvo que pagarle una indemnización de 13.748,94 euros. Desde entonces y hasta la fecha de la emisión del informe de la Guardia Civil, en mayo de 2021, todos los contratos suscritos por la corporación sureña en materia veterinaria han tenido como adjudicatarios o bien a Raico Guerra directamente o a la empresa Animales y Piensos Arpiplan, de la que fue administrador solidario desde su creación, en 2003, hasta el 3 de octubre de 2019, ocho días antes de ser nombrado asesor de Urbanismo. Los otros dos socios de esa mercantil, en la que figuraba como “auxiliar de veterinaria”, siguen siendo su hermano y su madre. 

Los primeros contratos adjudicados tenían por objeto el asesoramiento técnico (veterinario) en Salud Pública. Uno de 4.467,25 euros para el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2015 y otro de 13.401,75 euros con un plazo de nueve meses, entre enero y septiembre de 2016. En resumen, un año de servicio por 17.869 euros, rozando los 18.000 que fijaba en aquel momento como límite para los contratos menores la Ley de Contratos del Sector Público.

De ahí en adelante, Arpiplan sería beneficiaria de una decena más de contratos y Raico Guerra como entidad, no como administrador solidario, de otros dos. Entre octubre de 2015 y mayo de 2020 su empresa familiar y él mismo percibirían de las arcas públicas un total de 276.000 euros. La mayor parte eran contratos menores, pero también resultó adjudicataria esa sociedad en un negociado sin publicidad por 51.074,31 euros y en un procedimiento abierto por 159.141 euros. 

El negociado sin publicidad estaba destinado a cubrir el servicio de recogida de animales errantes, la atención de la perrera municipal, la realización de cursos de manipulación de alimentos y asesoramiento veterinario por periodo de un año. El Ayuntamiento invitó a tres entidades o autónomos. La Guardia Civil destaca en un informe que solo Arpiplan, la adjudicataria final, estaba registrada en el municipio. Es decir, que no fueron invitadas otras empresas de la localidad. También ha llamado la atención de los investigadores que las ofertas económicas presentadas por los aspirantes varían en cantidades justas. En 200 euros de la primera a la segunda (de 47.733 a 47.933 euros) y en 300 de la segunda a la tercera (de 47.933 a 48.233). Además, la segunda oferta fue presentada por una persona que “trabaja o trabajó” como veterinaria en Arpiplan, la empresa que se hizo con el contrato. 

El procedimiento abierto por valor superior a los 150.000 euros tenía como objeto la “protección animal y asesoramiento veterinario” durante tres años, de 2019 a 2022. Se tramitó por la vía de urgencia. El Ayuntamiento tan solo dio diez días de plazo para la presentación de ofertas. La empresa de Raico Guerra fue la única que concurrió. Esos contratos se fueron solapando con otros menores que iban desde la esterilización de colonias de gatos hasta el suministro de jaulas trampa. El posteriormente nombrado asesor de Urbanismo del resultaría también adjudicatario, al margen de su actividad con la sociedad familiar, de dos contratos para el mantenimiento de las áreas caninas del municipio del sur de Gran Canaria. 

Los investigadores aprecian una “intencionalidad manifiesta” del Ayuntamiento de Mogán para favorecer a Raico Guerra durante este periodo con contrataciones directas o a su empresa familiar. Tras el análisis de los contratos, la Guardia Civil detecta varias irregularidades. Por un lado, remarca que tres de las adjudicaciones responden a la misma área funcional, la de asesoramiento veterinario, lo que demuestra “un fraccionamiento innecesario de los contratos y, por ende, la obligación del Consistorio de haber convocado un concurso abierto y con publicidad”. Además, considera que ese comportamiento “doloso” queda acreditado cuando en 2019 sí que convoca un procedimiento abierto para cubrir ese mismo servicio durante un periodo de tres años dada la “necesidad periódica y permanente” que ya existía los años precedentes, cuando se le dio a dedo a la empresa administrada por Guerra.  

Algo parecido ocurre con el servicio de mantenimiento de áreas caninas, adjudicado directamente al actual asesor de Urbanismo en dos ocasiones a través de contratos menores solapados en el tiempo y por un importe global cercano a los 12.000 euros. “Si la idea era garantizar el servicio, lo correcto hubiera sido realizar un contrato por importe mayor, plurianual, y haber salido en concurso público”, recoge el informe, que añade que, por el contrario, lo que hizo el Ayuntamiento de Mogán fue “fraccionarlo y darle continuidad para garantizar la ausencia de publicidad y control, teniendo como beneficiario a la misma persona”. Además, compara estos contratos con otro adjudicado a Arpiplan para el servicio de protección animal y asesoramiento veterinario por cerca de 16.000 euros y llega a la conclusión de que “aunque los conceptos y las empresas sean diferentes, no cabe ninguna duda de que los adjudicatarios en el fondo son la misma persona”, por lo que el gobierno municipal trata de “pasar por legal lo que a todas luces se muestra como un fraude de ley”. 

Asesor de Urbanismo 

Raico Guerra concurrió a las elecciones celebradas en mayo de 2019 en el número 12 de la lista encabezada por Onalia Bueno. Ciuca obtuvo diez concejales en esos comicios, por lo que no entró en la corporación. Un mes después de constituirse el Ayuntamiento, la renovada alcaldesa firmó una providencia en la que disponía, “por ser necesario”, la creación de dos plazas eventuales de asesor, una para Educación y Juventud y otra para Urbanismo, con una retribución de 32.500 euros anuales. Las funciones de ambos cargos consistían en “apoyar en el diseño y planificación estratégica de distintos servicios municipales, colaborar en el impulso de la actividad política y administrativa de las áreas afectadas y supervisar la preparación, programación y ejecución de las políticas públicas”. 

Guerra fue nombrado el 11 de octubre. Entonces -y aún ahora- estaba vigente uno de los contratos de asesoramiento que su empresa familiar había firmado con el Ayuntamiento. Los investigadores subrayan que no se ha acreditado “el cese” de esta persona en ese contrato, por lo que entiende que pudo haber incumplido la ley que regula el régimen de compatibilidades. 

La Guardia Civil precisa en su informe que para ser designado para ese cargo de confianza no se requería expresamente disponer de estudios, pero recalca que Raico Guerra, que solo dispone de un título de Enseñanza General Básica (EGB) obtenido en 1993 y que ha ejercido como “auxiliar de veterinaria” en la sociedad familiar, tiene unos conocimientos técnicos “limitados” para prestar correctamente el servicio. Prueba de ello es que apenas dos días antes de que fuera nombrado asesor, el Ayuntamiento de Mogán adjudicó un contrato menor de servicios profesionales en materia de naturaleza urbanística y territorial a otra persona. 

El adjudicatario fue Jesús Romero Espeja, un arquitecto que ocupó diversos puestos de responsabilidad en el Gobierno de Canarias durante las presidencias de Paulino Rivero y de Fernando Clavijo, ambos pertenecientes a Coalición Canaria (CC), partido con el que concurrió en alianza Ciuca en las elecciones de mayo de 2019. Romero Espeja fue director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio y también viceconsejero de Política Territorial y su nombre aparece en el sumario de un presunto caso de corrupción urbanística en el municipio tinerfeño de Arona por autorizar la ampliación ilegal de un local de ocio, el Monkey Beach Club. 

También en ese caso el Ayuntamiento decidió fraccionar la adjudicación en dos contratos menores. El primero, de octubre a diciembre de 2019 por 3.993,75 euros y el segundo, de enero a diciembre de 2020 por 16.048,93 euros. “Los contratos menores adjudicados son sucesivos en el tiempo, careciendo de interrupción entre ellos, del mismo ámbito funcional y mismo beneficiario”, asevera la Guardia Civil, que considera que se trata de una “clara vulneración de las normas de publicidad y concurrencia competitiva” y que, por lo tanto, los responsables de esos decretos (la alcaldesa y el secretario accidental, David Chao) pudieron incurrir en un delito de prevaricación. Hay que recordar que en ese momento la cuantía máxima de los contratos menores era de 15.000 euros tras una reforma legislativa. 

En sus conclusiones, el instructor policial aprecia indicios de la comisión de un delito de prevaricación por parte de los gestores políticos y funcionarios que intervinieron en los decretos de adjudicación de determinados contratos a Raico Guerra o a su empresa familiar y de tráfico de influencias por parte del actual asesor de Urbanismo de la corporación sureña. 

El delito electoral, la presunta compra de votos por parte del partido local Ciuca (Ciudadanos por el Cambio) en los comicios celebrados en 2015 y 2019 en el municipio turístico de Mogán, es el elemento troncal de la causa que se instruye en un juzgado del sur de Gran Canaria desde hace ya seis años y que, hasta la fecha, contabiliza a diez investigados, entre los que se encuentra la actual alcaldesa, Onalia Bueno, junto a otros concejales del grupo de gobierno, simpatizantes de su formación, funcionarios y un empresario con intereses urbanísticos y en el negocio del agua de la localidad. A partir de ese hilo inicial y, sobre todo, del registro practicado el pasado 17 de septiembre en el Ayuntamiento y de la incautación de diversa documental, el equipo de la policía judicial de la Guardia Civil ha ido extendiendo las ramas de la investigación para tratar de acreditar si alguno de los miembros de lo que califica como “organización criminal” o personas vinculadas a ella se han lucrado o beneficiado ilícitamente de fondos públicos después de que Bueno asumiera el bastón de mando en junio de 2015. 

La vertiente de los nombramientos e incrementos salariales a determinados empleados del Ayuntamiento ha sido objeto de un informe específico remitido por la Guardia Civil al juez instructor a finales de mayo, pocas semanas antes de que comenzara la primera ronda de declaraciones de testigos en sede judicial, que no pudo concluir en las fechas señaladas y que continuará en octubre. Los investigadores aprecian indicios suficientes para imputar nuevos delitos (prevaricación, malversación, nombramiento ilegal y tráfico de influencias) a una veintena de personas, entre miembros de la corporación local y empleados públicos, al considerar acreditado que esas designaciones y subidas del complemento específico (destinado a retribuir la especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad o incompatibilidad de ciertos puestos) fueron aprobadas de forma arbitraria, por “voluntad personal” de la alcaldesa. 

Bueno pretendía con estos pluses, que oscilaban entre los 9.000 y los 30.000 euros anuales, “recompensar” a un grupo de funcionarios por su intervención en los trabajos de “captación y tramitación fraudulento del voto” para Ciuca en las elecciones, por su “simpatía” hacia esta formación o por las relaciones personales y familiares con algunos miembros de la trama, señala el informe. De hecho, entre los agraciados figuraba un primo de la regidora al que, además, se le incrementó el complemento específico por partida doble, en 2015 y 2019. 

Para lograr este fin y revestir los incrementos retributivos de una “apariencia de legalidad”, el gobierno liderado por Bueno abrió un expediente administrativo que concluyó con la aprobación de un acuerdo que dos años después sería anulado por la justicia tras una demanda presentada por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias. Fue la Dirección General de Función Pública del Ejecutivo regional quien, en el ejercicio de sus competencias fiscalizadoras de la actividad económica de las administraciones locales, advirtió infracciones al ordenamiento jurídico. El Tribunal Superior de Justicia de las Islas confirmó en junio de 2017 que la subida salarial acordada por el Ayuntamiento de Mogán a ese grupo de funcionarios con carácter retroactivo era nula de pleno derecho. A pesar de ello y de que han transcurrido más de cuatro años desde que esa sentencia adquirió firmeza, la Guardia Civil no tiene constancia de que las cantidades cobradas indebidamente hayan sido devueltas a las arcas públicas. 

Para los investigadores es “indiscutible” la condición de líder y máxima responsable de la organización de Onalia Bueno, que habría contado con la colaboración de otros encartados. Es la alcaldesa la que firma, en octubre de 2015, la propuesta para premiar a los empleados públicos con designaciones “arbitrarias y carentes de legitimidad”, unas modificaciones que llevaban aparejadas una subida de complemento específico. Con posterioridad, un funcionario adscrito al servicio de personal se encargó de realizar la valoración de los puestos de trabajo y de fijar los incrementos, que eran “idénticos” a las que figuraban en las propuestas realizadas por los gestores políticos, los “benefactores” de los empleados públicos favorecidos. 

Esa valoración se llevó a la mesa de negociación con los sindicatos el 18 de diciembre de 2015. La convocatoria se realizó el día anterior, sin que a los representantes de los trabajadores les diera tiempo a analizar los términos de una propuesta que sería aprobada con el voto favorable de los miembros de las corporación y la abstención Sepca, CCOO, UGT y CSIF. La Guardia Civil sostiene que se precipitó esa reunión para “investir al procedimiento una apariencia de legalidad” y que la forma y el tiempo de realizar el trámite refuerzan la idea de que el propósito era “cumplir las promesas” con los funcionarios afines a Ciuca.  

La subida salarial fue aprobada por el pleno de Mogán apenas diez días después con once votos a favor (de los concejales de Ciuca y de su entonces socio de gobierno local, el PSOE), ocho votos en contra (de los ediles del Partido Popular y de Nueva Canarias) y una abstención, la de Onalia Bueno, puesto que en el listado de beneficiarios figuraba su primo. En esa sesión, la oposición ya advirtió de la desproporcionalidad de esos incrementos y de que la intención era la “contentar” a los simpatizantes del partido liderado por la alcaldesa sureña. También el interventor había alertado de la necesidad de aprobar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con la valoración de todas la plazas de la corporación antes de adoptar una medida de ese calado. En el desarrollo de ese pleno, el entonces concejal de Recursos Humanos, Mencey Navarro, admitió implícitamente en una de sus intervenciones que el informe del funcionario con las valoraciones de los puestos objeto de la modificación retributiva se había limitado a reproducir las cantidades propuestas por los gestores políticos, lo que, a juicio de la policía judicial, demuestra el “fraude” en la tramitación del expediente administrativo. 

Impugnado por el Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias examinó ese acuerdo plenario y lo impugnó “en defensa de la legalidad” tras detectar varias irregularidades. No constaban ni los criterios de valoración ni se había acreditado la existencia del presupuesto imprescindible para fijar su cuantía. Tampoco se había realizado mediante RPT, como establece la normativa. Función Pública incidía además en que, a la hora de asignar esos complementos específicos, el Ayuntamiento de Mogán parecía haber incorporado “ciertas predeterminaciones personales”, una percepción que se acentuaba por el hecho de que lo hubiera aplicado de manera retroactiva desde el momento del nombramiento. Una decisión “anómala e incomprensible”, en palabras recogidas en la resolución del TSJC. El Gobierno y el órgano judicial coincidían en que la corporación sureña no había exteriorizado los motivos concretos por los que esos ocho funcionarios y no otros eran merecedores de esa subida salarial, además de reparar en su “elevada cuantía”. 

La Guardia Civil explica que, en el momento de dictar su resolución, el TSJC carecía de evidencias que demostrasen que detrás de esos incrementos del complemento específico existiese una “conducta criminal”, pero sostiene que ahora, después de las indagatorias realizadas, sí las hay. La policía judicial ha logrado tejer los vínculos entre los funcionarios agraciados y sus benefactores para llegar a la conclusión de que la finalidad de ese expediente era “sustraer y desviar dinero ocultando la malversación de dinero público” para “recompensar a un número determinado de empleados públicos por razones personales”. 

En un interrogatorio practicado el pasado 29 de junio en la sala 15 de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, el juez instructor, Francisco Javier Ramírez de Verger, instó a una de las testigos, la concejala de Nueva Canarias (NC) Isabel Santiago, a dar “nombres y apellidos” de los funcionarios que se habrían favorecido de estas prácticas. El informe de la Guardia Civil ya detalla esta información y señala como el más beneficiado a Salvador Álvarez, un empleado del grupo A1 con más de veinte años de experiencia en la corporación. 

El complemento específico de Álvarez se incrementó en cerca de 30.000 euros anuales. La cifra, remarcan los investigadores, no es producto del azar, pero tampoco de criterios objetivos sobre la dificultad o responsabilidad del puesto, la de coordinador general de cuatro áreas de gobierno del Ayuntamiento de Mogán. Esa cuantía es idéntica a la cobrada por el interventor, el puesto que ocupó este funcionario de manera temporal. Además, en los sucesivos presupuestos, ese plus se había incrementando en la misma medida que lo hacía el de la persona que ejercía esa labor ante la ausencia de funcionario con habilitación nacional. 

Los investigadores señalan a Salvador Álvarez como un integrante destacado de la organización que se constituyó en 2015 con el objetivo de que Onalia Bueno accediera a la Alcaldía de Mogán. El informe apunta que este funcionario participó en diferentes tareas para la captación y tramitación fraudulenta del voto par el partido político Ciuca y destacó por su labor en la obtención de financiación para sufragar la campaña electoral a través de un empresario con intereses en el municipio. En concreto, de Luis Oller, presidente de Aguas de Arguineguín, una de las explotadoras del servicio de abastecimiento de agua en la localidad, y administrador de Cornisa del Suroeste, una promotora que arrastraba una serie de litigios judiciales con la corporación de mandatos anteriores que se saldaron con un acuerdo de mediación que, según las pesquisas de la Guardia Civil, fue amañado para beneficiarlo. Otro informe describe las presiones a las que sometió este trabajador vinculado a Ciuca a la responsable de la Asesoría Jurídica para que aceptase ese pacto irregular con el presunto financiador de la trama de compra de votos en el municipio.

Francisco Bueno, primo de la alcaldesa, fue designado responsable de compras. Es funcionario del grupo C2 y se le subió el complemento específico en dos ocasiones. En 2015 en algo más de 9.000 euros y cuatro años después, un 40% hasta casi alcanzar los 15.000. Onalia Bueno se abstuvo en en el pleno que aprobó la primera modificación, pero, sin embargo, firmó el decreto con la resolución donde figuraba su nombramiento, funciones y la propuesta de incremento del plus con carácter retroactivo sin informe jurídico alguno que lo avalara. En 2019, en un escrito en el que reconocía que había un motivo de abstención al ser el beneficiario su primo, la regidora expuso que el incremento del complemento específico a su familiar era “más que merecido”.

Un puesto creado a medida

También fueron beneficiarios de esa decisión de la alcaldesa los empleados públicos Almudena Hernández (C2) y Vicente Bosch (A2). Para la primera se creó un puesto que no existía antes de 2015, que no estaba en el catálogo de la corporación, el de responsable de las unidades administrativas del gabinete de Alcaldía, Prensa y Relaciones Institucionales, remunerado con un complemento específico de 18.000 euros anuales, apenas 1.600 euros menos que los destinados a otra funcionaria del grupo A1, a pesar de tener unas responsabilidades y ocupaciones muy inferiores. A juicio de los investigadores, este hecho pone de manifiesto la “incoherencia” y “arbitrariedad” en la asignación de los pluses. El segundo fue nombrado coordinador de varias áreas de la corporación con un complemento de cerca de 22.000 euros. 

El visionado del pleno celebrado el 28 de diciembre de 2015 en el Ayuntamiento de Mogán permitió a la Guardia Civil descubrir la motivación del aumento salarial a esos dos funcionarios: su colaboración en la campaña electoral de Ciuca. Así lo reconoció la propia alcaldesa en una de sus intervenciones. “Aquí no hay ningún trato de favor y son personas que han simpatizado con este partido político. Son funcionarios que ahora quieren trabajar, porque antes los apartaron de sus funciones durante muchísimos años”, dijo Bueno. En el caso de Almudena Hernández, estas palabras se refuerzan con una fotografía que muestra su apoyo a esa formación en 2015.

El informe de la policía judicial remarca que de los otros cuatro empleados públicos a los que se les subió el sueldo (Pilar Sánchez, Manuel Leandro, Juan Viera y Miguel Díaz) no hay constancia de su participación en la campaña, pero sí de que sus nombramientos estuvieron presididos “por la imposición de la voluntad de la alcaldesa” y que los aceptaron “sin reunir los requisitos marcados por la ley”. Algunos de ellos siguen en sus puestos sin que haya habido un proceso ordinario y público de provisión, subraya la Guardia Civil, que baraja la hipótesis de que el funcionario Juan Carlos Alonso, que firmó los informes técnicos de valoración que reproducían las propuestas de los gestores políticos “sin la objetividad y neutralidad obligada”, pudo actuar de esta manera “por temor a las represalias”, ya que cuando Onalia Bueno accedió a la Alcaldía del municipio sureño se produjeron “traslados masivos” de personal en la corporación. 

Después de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, un informe de la Asesoría Jurídica municipal dictaminó que, al haberse anulado el acuerdo plenario, sus efectos no pueden desplegarse y, por tanto, los funcionarios debían devolver las cantidades indebidamente cobradas de 2015 en adelante. Sin embargo, el secretario accidental del Ayuntamiento, David Chao, propuesto para el cargo por la alcaldesa al no contar con habilitado nacional, concluyó posteriormente que solo se debían reclamar los pluses de 2015. En cualquier caso, a la Guardia Civil no le consta el reintegro de cuantía alguna a las arcas públicas. 

La Guardia Civil considera que hay indicios para imputar los delitos de nombramiento ilegal, prevaricación y malversación a Onalia Bueno y al exconcejal Domingo Rodríguez, que permaneció en el área de Recursos Humanos hasta febrero de 2016, cuando fue destituido por “pérdida de confianza” de la alcaldesa y sustituido por Mencey Navarro. En la actuación de los concejales que votaron a favor del acuerdo con las subidas salariales aprecia la comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, mientras que los beneficiarios de esos incrementos pudieron incurrir, a juicio de los investigadores, en los delitos de nombramiento ilegal y tráfico de influencias.