La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha convertido la falta de una oficina de Correos en Arguineguín en su última batalla contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La sucursal lleva cerrada desde el 25 de mayo y el organismo público ha descartado reabrirla en el local municipal que ocupaba desde 1993. Es la misma oficina que, en agosto de 2019, fue registrada por agentes de la Guardia Civil en busca de documentación sobre el voto por correo, dentro de la investigación por el presunto fraude electoral que llevó a la propia alcaldesa a ser detenida e investigada.

La oficina de Arguineguín tuvo que cerrar después de que unas filtraciones de agua en la cubierta provocaran desprendimientos del techo. El inmueble es de titularidad municipal y estaba cedido a Correos sin coste, según insiste la alcaldesa en un vídeo que ha divulgado en sus cuentas en redes sociales quejándose por la demora en su reapertura.

El pasado 30 de septiembre, Correos comunicó al Consistorio que no entra en sus planes reparar el local y que buscará en consecuencia un nuevo emplazamiento. Esto obliga a los vecinos a desplazarse a Puerto Rico o a San Bartolomé de Tirajana para cualquier gestión postal, insiste la regidora.

Onalia Bueno ha anunciado que promoverá una moción a debatir en el próximo pleno municipal para reclamar al Gobierno de España la recuperación del servicio. Considera intolerable que Correos dude sobre si mantener su presencia en Arguineguín y recuerda que el Ayuntamiento y la empresa pública Gestiona Mogán tienen contratos con la entidad por 1.430.125 euros en tres años. “Vamos a exigir que cuanto antes haya una oficina de Correos operativa en Arguineguín”, sostiene.

Los audios del voto por correo

En mayo de 2019, en plena campaña de las municipales, Canarias Ahora adelantó en exclusiva la grabación de una conversación de abril de ese mismo año en la que la alcaldesa explicaba a un colaborador de su partido, entonces Ciuca, cómo proceder con el voto por correo de los vecinos. El audio lo había difundido por WhatsApp el propio interlocutor, identificado en la causa como J.A.A.

Las instrucciones de Bueno eran muy precisas y en ellas indicaba al elector que no abriera el sobre con la documentación electoral cuando llegara a casa, sino que avisara antes para que ella le dijera cómo actuar. La alcaldesa añade que, si el colaborador reúne los DNI, ella le enviará a alguien para hacer todo el trámite de una vez. “Hay una persona que te lo hace”, se le escucha decir.

En la conversación, el colaborador asegura tener ya 17 votos por correo comprometidos y otros 230 presenciales. La alcaldesa, por su parte, pregunta por vecinos concretos empadronados en el municipio y pide localizarlos.

No era la primera grabación. En 2016, este periódico ya había difundido audios de dos antiguos colaboradores de Ciuca sobre las elecciones de 2015. Fueron los casos de Ramón Trujillo, El Perraya, que relató cómo captaba votos entre los vecinos más vulnerables a cambio de unos 50 euros o de promesas de empleo y vivienda, y José Monzón, Pepe el Japonés, que aseguraba en otro audio haber reunido 383 votos por correo para el partido de la alcaldesa.

Tras la difusión del audio de 2019, Bueno cargó contra sus denunciantes y contra Canarias Ahora, y defendió la limpieza del proceso electoral. Pocos días después, el presidente canario, Fernando Clavijo, y la cúpula de Coalición Canaria la arroparon en un mitin en la plaza de Las Marañuelas, en Arguineguín.

El voto por correo en Mogán se triplicó en las municipales de 2019 respecto a 2015: casi 1.500 papeletas no presenciales, más del 18% de los votantes. La Guardia Civil remitió al juzgado del sur de la isla más de 500 imágenes de la jornada electoral y la grabación completa de la alcaldesa, y la causa se declaró secreta.

En agosto de 2019, cinco equipos de la policía judicial entraron de forma simultánea en otras tantas oficinas de Correos en busca de documentación: Puerto Rico, Arguineguín, Maspalomas y dos en Vecindario. El segundo informe de los investigadores, de octubre de 2019, se centró en el voto por correspondencia.

En septiembre de 2020, la Guardia Civil registró las dependencias municipales y detuvo a la alcaldesa. Al autorizar el registro, el juez instructor apreció en la investigación hechos objetivos y verificables sobre la presunta compra de votos.

Una causa que nunca llegó a juicio

Pero a pesar de todas estas diligencias y todas estas pruebas, el presunto fraude electoral de Mogán nunca se juzgó. En febrero de 2022, la Fiscalía asumió la tesis de la defensa de Bueno, dirigida por el penalista José Antonio Choclán, y pidió el archivo del delito electoral. Sostuvo que los hechos de 2015 habían prescrito y que no había pruebas suficientes sobre los de 2019. Nueva Canarias, personada como acusación popular, se opuso a la prescripción sin éxito.

El caso se cerró por esa cuestión formal, sin que se llegara a valorar en un juicio el material reunido por la Guardia Civil. La alcaldesa convocó entonces una rueda de prensa en la que se presentó como víctima de una persecución personal por parte de los concejales de Nueva Canarias.

La Dirección General de Salud Pública de Canarias ha notificado la detección de ejemplares de la especie Aedes aegypti en la zona del Pueblo de Mogán, en la isla de Gran Canaria.

Esta notificación se suma a detección la realizada la pasada semana de mosquitos de la especie Aedes albopictus en este mismo municipio, en la zona de Motor Grande, según ha informado la Consejería de Sanidad en una nota de prensa.

Así, el episodio se inició con la recepción de un aviso ciudadano a través del correo electrónico institucional habilitado para la vigilancia entomológica en Canarias, en la que se alertaba sobre picaduras de mosquitos en una vivienda del casco urbano de la localidad de Mogán.

En la primera inspección de la vivienda por parte del personal del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias de la Universidad de La Laguna (IUETSPC-ULL) y el Área de Salud de Gran Canaria se recogieron varias larvas compatibles morfológicamente con el género Aedes que fueron transportadas al laboratorio de Entomología Médica del IUETSPC-ULL.

Por su parte, la Consejería ha añadido que los resultados obtenidos permitieron identificar que las larvas pertenecen a la especie Aedes aegypti.

Tras este hallazgo, se ha reforzado el Sistema de Vigilancia Entomológica de Canarias que se había activado en Mogán recientemente tras la detección de ejemplares de Aedes albopictus en la zona de Motor Grande.

Según establece el protocolo para estos casos, ya se han colocado distintos tipos de trampas en la vivienda y su entorno y se han reforzado las labores de inspección y de información a la ciudadanía de esta zona del municipio para alertarles de la presencia de estos mosquitos invasores.

Las evidencias disponibles hasta el momento indican que parece tratarse una introducción accidental y puntual del vector a través de material susceptible de contener huevos de esta especie de mosquito.

Tras la confirmación de los ejemplares, se han determinado, siguiendo el protocolo, las acciones a realizar tanto por la Dirección General de Salud Pública y el IUETSPC-ULL, como por parte del Ayuntamiento de Mogán.

Otros episodios

Desde la puesta en marcha el Servicio de Vigilancia Entomológica de Canarias, en 2019, 2023 y 2024 se declararon superados los episodios y erradicados los mosquitos Aedes aegypti de Fuerteventura, La Palma y el barrio de El Toscal (Santa Cruz de Tenerife), respectivamente, mientras que en marzo de 2025 se dio por cerrado el episodio por Aedes albopictus en un invernadero de Tacoronte y en julio de ese mismo año se dio por erradicado el mosquito Aedes albopictus en el barrio de la Vuelta de los Pájaros, en la capital tinerfeña.

Además, continúan abiertos los episodios por detección de ejemplares de Aedes albopictus en el aeropuerto Tenerife Sur y en el municipio de Tuineje, en Fuerteventura, y de Aedes aegypti en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, así como en el Muelle Santa Catalina y en el barrio de Piletas, en las Palmas de Gran Canaria.

A ellas se suma la notificada a finales de septiembre de Aedes albopictus en Valle Gran Rey, en La Gomera, y la pasada semana en la zona de Motor Grande (Mogán), también de A. albopictus.

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias ha detectado la presencia de ejemplares adultos de mosquito tigre (Aedes albopictus) en la zona de Motor Grande, en el sur de Gran Canaria. La noticia llega solo unos días después de que se confirmase también la presencia de este tipo de mosquitos en la isla de La Gomera.

Según ha informado la Consejería de Sanidad, en esa zona del municipio de Mogán se había recibido un aviso de un ciudadano que alertaba sobre el aumento de picaduras de mosquitos en horario diurno, especialmente en una zona próxima a una estación depuradora de aguas residuales.

En la primera inspección realizada por personal del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de la Universidad de La Laguna, no se encontraron ejemplares.

No obstante, siguiendo el protocolo establecido, se instalaron trampas para este tipo de insectos.

Y, gracias a un notificación posterior, en la que se adjuntaron fotografías de los ejemplares de mosquitos, se constató que se trata de ejemplares de la especie Aedes albopictus.

Tras este hallazgo, se ha activado el Sistema de Vigilancia Entomológica de Canarias, dentro del cual ya se han colocado distintos tipos de trampas y se han reforzado las labores de inspección y de información a la ciudadanía de esta zona Mogán para alertarles de la presencia de estos insectos.

Según detalla la Consejería de Sanidad, las evidencias disponibles hasta el momento indican que parece tratarse una introducción accidental y puntual del vector a través de material susceptible de contener huevos del mosquito tigre.

El Aedes albopictus es un mosquito de color negro con rayas, más pequeño que los habituales en las islas, que aparece más en ambientes urbanos y se ha adaptado a reproducirse en pequeños puntos de agua generados por el hombre.

Es un vector de transmisión de enfermedades víricas en otras zonas geográficas donde esas patologías son endémicas, lo que no sucede en Canarias.

El mosquito tigre suele picar durante el día, especialmente al amanecer y anochecer, y su picadura genera una fuerte reacción inflamatoria que va acompañada de un gran escozor.

El futuro de 253 viviendas protegidas de Mogán vuelve a estar sobre la mesa. La situación de las familias que viven en estas promociones llegó al Pleno municipal de la mano de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), cuya moción, defendida por el concejal Juanma Gabella, fue aprobada por unanimidad.

La iniciativa pone el foco en una situación que afecta a numerosas familias del municipio y que presenta dos realidades diferentes. Por un lado, hay 154 viviendas que siguen pendientes de ser incorporadas al proceso de oferta de compray, por otro, las 99 viviendas de los Bloques de La Loma, cuya situación jurídica y los derechos de sus residentes todavía necesitan una respuesta.

154 viviendas siguen fuera de la oferta de compra

La parte principal de la moción impulsada por NC-BC se centra en las viviendas de las calles Paco González, Drago y El Pino: 99, 42 y 13 viviendas, respectivamente.

Se trata de promociones anteriores al III Plan Canario de Vivienda y de erradicación del chabolismo que, según explicó Gabella, no fueron incluidas en las resoluciones de oferta dictadas al amparo del Decreto 1/2023.

NC-BC reclama que estas promociones sean incorporadas al procedimiento para que las familias adjudicatarias que cumplan los requisitos puedan acceder a la propiedad de sus viviendas en las condiciones previstas por la normativa.

“No estamos pidiendo ningún privilegio para Mogán. Estamos reclamando igualdad de trato”, señaló Gabella. El concejal defendió que una familia que cumple los requisitos establecidos no debería quedar fuera del proceso por una falta de actuación administrativa.

La moción plantea además que el Instituto Canario de la Vivienda haga público qué promociones de Canarias que están incluidas en el Decreto 1/2023 continúan pendientes de oferta y establezca un calendario para completar los procedimientos.

La situación de las 99 familias de La Loma

El otro gran bloque de la iniciativa afecta a los Bloques de La Loma, en las calles Atabara y Hama, donde se encuentran otras 99 viviendas.

En este caso, NC-BC plantea que se estudie de forma específica la situación de estas viviendas, que corresponden al III Plan Canario de Vivienda, para determinar qué régimen jurídico les resulta aplicable y qué derechos pueden corresponder a las familias residentes en función de la normativa y de sus títulos de adjudicación.

“Las familias de La Loma también merecen una respuesta clara”, afirmó Gabella. “Después de tantos años, no pueden seguir viviendo en la incertidumbre”.

NC-BC acepta dos enmiendas del grupo de gobierno

Durante el debate, el grupo de gobierno presentó cuatro enmiendas a la propuesta de NC-BC. Finalmente, Gabella aceptó dos de ellas.

Una sirvió para corregir el dato relativo al número de viviendas de la calle Drago, mientras que la segunda incorporó una petición de mayor inversión en el mantenimiento y la construcción de vivienda en Mogán.

NC-BC rechazó las otras dos enmiendas planteadas al considerar que pretendían modificar un decreto cuya aplicación todavía no se ha completado.

El debate también tuvo momentos de tensión política. Gabella reprochó a la alcaldesa su papel en el consejo de administración de Visocan y le reclamó que, más allá de su presencia en este órgano, se traduzca en trabajo y soluciones para los vecinos del municipio.

Con la aprobación de la moción, la iniciativa impulsada por NC-BC consigue el respaldo de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, que deberán ahora trasladar la reclamación al Gobierno de Canarias y al Instituto Canario de la Vivienda para avanzar en la situación de estas 253 viviendas.

El Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria) ha presentado un escrito de alegaciones ante Puertos Canarios contra la solicitud de prórroga extraordinaria de 25 años de la concesión administrativa del Puerto de Mogán, presentada por Puerto de Mogán S.A., advirtiendo de que la concesión es del consistorio en base a la Orden Ministerial de 27 de febrero de 1981, concluyendo su plazo inicial el 31 de marzo de 2031.

La resolución, firmada por el director gerente de Puertos Canarios el pasado 23 de julio, sostiene que la legislación autonómica reserva expresamente al concesionario la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria antes de que expire la concesión. En consecuencia, entiende que el Ayuntamiento no puede promover ese procedimiento al no ostentar esa condición.

Por su parte, y a través de un comunicado, la corporación local insiste en que la única entidad legitimada para solicitar la prórroga es la institución municipal y asegura que la propia empresa asumió desde el inicio que el consistorio se reservaba el derecho a promover una eventual prórroga al término del plazo concesional.

Informa, además, que el pasado 23 de junio presentó su propia solicitud de prórroga extraordinaria, posteriormente inadmitida por Puertos Canarios, decisión recurrida mediante recurso de alzada y que está pendiente de resolución.

Además desde el consistorio se advierte de que la prórroga solicitada por Puerto de Mogán S.A. “podría desencadenar reclamaciones millonarias por responsabilidad patrimonial” contra el Gobierno de Canarias al “comprometer los derechos adquiridos” durante décadas por titulares de atraques, locales, apartamentos y otros aprovechamientos vinculados a la concesión portuaria.

Para el consistorio, resulta “inaceptable” que Puertos Canarios “continúe tramitando la solicitud promovida por una entidad privada mientras permanece sin resolver el recurso presentado por el Ayuntamiento”, que insiste es “el verdadero titular del derecho a solicitar la prórroga”.

En este sentido, avisa de que la decisión que adopte Puertos Canarios “no solo afectará al futuro” de la concesión, sino también a “cientos de titulares de derechos” vinculados al Puerto de Mogán, asegurando que existe una “creciente preocupación” entre propietarios y titulares de derechos adquiridos sobre atraques, locales, apartamentos y otros aprovechamientos que “fueron formalizados de buena fe y al amparo de escrituras públicas”.

Asegura que la propia solicitud de prórroga presentada por el ayuntamiento “pretendía, precisamente, dar cobertura jurídica a esta realidad y evitar perjuicios” a los afectados, puntualizando que cualquier interpretación que implique la “desaparición, limitación o extinción de esos derechos adquiridos podría desembocar en una avalancha” de reclamaciones patrimoniales contra el Gobierno de Canarias.

El Consistorio alerta de que cualquier interpretación que implique la desaparición, limitación o extinción de esos derechos adquiridos podría desembocar en una avalancha de reclamaciones patrimoniales contra el Gobierno de Canarias. Las alegaciones advierten de que numerosos afectados ya se están preparando para reclamar si sus derechos consolidados resultan perjudicados por las decisiones que se adopten en este procedimiento.

Para el Ayuntamiento, “el riesgo económico es real”. Por ello, advierte de que el Ejecutivo Regional podría enfrentarse a “reclamaciones millonarias si finalmente se vulneran derechos adquiridos durante décadas en el Puerto de Mogán”.

Por último, en las alegaciones también se cuestiona la forma en la que se está desarrollando el procedimiento, ya que la documentación puesta a disposición del ayuntamiento “está incompleta y resulta insuficiente” porque indican que, entre la documentación que “falta” en el expediente remitido por Puertos Canarios se encuentra la solicitud inicial presentada por Puerto de Mogán S.A el 29 de mayo de 2025 para obtener una prórroga de 25 años.

El Ayuntamiento de Mogán avisa de que agotará todas las vías administrativas y judiciales a su alcance para defender la concesión del Puerto de Mogán y los derechos que considera le corresponden legítimamente.

La Policía Local de Mogán (Gran Canaria) investiga a cinco personas por presuntos hurtos en comercios durante el mes de agosto, periodo en el que instruyeron tres atestados por este tipo de delitos.

La primera actuación se produjo el 1 de agosto en Arguineguín, después de que la Policía Local recibiera un aviso por un presunto hurto cometido en una floristería. Seguidamente se desplazaron hasta el lugar agentes que localizaron e identificaron a un hombre y a una mujer que abandonaban apresuradamente la zona tras ser sorprendidos por el responsable del comercio, según ha informado el Ayuntamiento de Mogán.

Además los agentes intervinieron, de forma preventiva, un cuchillo de grandes dimensiones que portaba el hombre.

En cuanto a la segunda intervención se produjo el 28 de agosto en Anfi del Mar, donde una patrulla acudió a un establecimiento de alimentación tras recibir un aviso por la sustracción de varias bebidas alcohólicas.

En este caso, los agentes identificaron a un hombre que había sido retenido por personal de seguridad. En el marco de las diligencias, los policías pudieron recuperar diversos documentos y efectos personales pertenecientes a una mujer que había denunciado previamente la sustracción de su bolso en las inmediaciones.

Por último, la tercera intervención se produjo el 31 de agosto en la zona de Puerto Rico, después de que la Policía Local fuera alertada de la presencia de dos hombres que presuntamente habían sustraído productos de una zona comercial.

En este caso, los agentes localizaron a ambos en posesión de una bolsa con numerosos artículos procedentes de dos establecimientos de alimentación de la zona. La mercancía fue recuperada y devuelta.

La Policía Local de Mogán (Gran Canaria) detuvo el 4 de septiembre a un hombre que había huido unos días antes durante un dispositivo de vigilancia contra el menudeo de droga desarrollado en el Centro Comercial Europa, en la localidad de Puerto Rico.

Según detalla el Ayuntamiento en una nota, el pasado 30 de agosto, los agentes, que actuaban de paisano, detectaron dos transacciones de sustancias estupefacientes y procedieron a intervenir tanto a los presuntos compradores como a los vendedores.

En ese momento, uno de los individuos ofreció una fuerte resistencia, “llegando a agredir a los policías”, subraya la nota, mientras que el segundo aprovechó la situación para emprender la huida, perdiéndose su rastro en las inmediaciones del hotel Puerto Azul.

Durante los días siguientes, la Policía Local continuó recopilando información y realizando vigilancias específicas en el entorno del centro comercial, donde se concentra una importante actividad comercial y de ocio.

Tras esa labores, los agentes localizaron nuevamente al individuo fugado que, tras verificar su identidad y los indicios que lo relacionaban con la venta de sustancias estupefacientes, se procedió a su detención por un presunto delito contra la salud pública.

El detenido fue trasladado a las dependencias de la Policía Local de Mogán para la instrucción de las diligencias correspondientes.

Posteriormente, fue puesto a disposición del Puesto Principal de la Guardia Civil de Puerto Rico.

La Guardia Civil ha investigado a dos hombres por la sustracción de una embarcación de recreo valorada en aproximadamente 45.000 euros en un Puerto Deportivo de Mogán y que apareció posteriormente a la deriva en aguas alejadas de la costa de Gran Canaria.

Según informa la Comandancia de Las Palmas, los agentes iniciaron la investigación tras la denuncia del propietario por la desaparición de su embarcación del lugar en el que estaba amarrada.

En este sentido, el análisis de las grabaciones permitió comprobar cómo dos personas accedían al recinto ocultando su identidad y actuando de forma coordinada. Una de ellas consiguió poner en funcionamiento la embarcación y abandonar el puerto, obteniéndose a través de las imágenes información relevante sobre la forma en la que se produjo la sustracción.

Los investigadores continuaron las pesquisas mediante el análisis de las grabaciones, las declaraciones de testigos y otras comprobaciones, que permitieron avanzar en la identificación de los presuntos implicados.

Estas actuaciones permitieron además situar a uno de ellos en las inmediaciones del puerto deportivo en el momento en que se produjo la sustracción.

A medida que avanzaba la investigación, los agentes pudieron reconstruir los movimientos realizados por los sospechosos y obtener nuevos indicios que permitieron establecer su presunta relación con la desaparición de la embarcación.

Posteriormente, la embarcación fue localizada a la deriva por un navegante en aguas alejadas de la costa y recuperada, lo que permitió continuar con las actuaciones dirigidas a esclarecer las circunstancias de su desaparición y determinar la participación de los investigados.

Como resultado de las investigaciones desarrolladas durante varios meses, la Guardia Civil procedió a investigar a dos hombres como presuntos autores de un delito de hurto, sin descartarse la posible participación de otras personas en los hechos.

Finalmente, las diligencias instruidas fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, que dirige las actuaciones judiciales.

El concurso abierto por el Ayuntamiento de Mogán, en el sur de Gran Canaria, para construir y gestionar 202 viviendas asequibles en Motor Grande, en Puerto Rico, ha quedado desierto por segunda vez al no presentarse ninguna empresa a la licitación de las dos promociones previstas en la calle Zaragoza.

El proyecto contemplaba la construcción de viviendas bajo el modelo de Vivienda Asequible Incentivada, destinadas al alquiler regulado con rentas equivalentes a las fijadas para las Viviendas de Protección Oficial (VPO).

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha asegurado este martes en un comunicado que el Ayuntamiento había introducido medidas para facilitar la participación empresarial y el acceso a financiación, entre ellas asumir el 50% del aval que las constructoras necesitaran para acudir a entidades bancarias.

“Por parte del Ayuntamiento de Mogán se ha hecho todo lo posible por desarrollar el procedimiento”, ha afirmado Bueno, quien ha considerado que la falta de ofertas evidencia las dificultades del modelo de colaboración público-privada para este tipo de promociones.

“Nosotros entendemos que las empresas, al final, lo que quieren es dinero para construir y no poner en riesgo su capital”, ha afirmado.

El contrato estaba dividido en dos lotes independientes y se planteaba mediante la constitución de derechos de superficie sobre parcelas municipales, de forma que el suelo mantuviera titularidad pública mientras las empresas adjudicatarias asumían la inversión para la construcción y la gestión de las viviendas.

Entre los incentivos previstos para favorecer la viabilidad económica de las promociones figuraban una bonificación del 97,5% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la exención de tasas vinculadas al derecho de superficie, la ausencia de canon por el uso de las parcelas y una bonificación del 50% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) durante el periodo de explotación en alquiler.

El Ayuntamiento estudia asumir las obras

Ante la ausencia de empresas interesadas, el Ayuntamiento ha señalado que estudia ejecutar directamente las promociones.

Según ha explicado la alcaldesa, el Consistorio ya dispone de financiación para las viviendas de Veneguera y analiza las cuantías necesarias para las actuaciones previstas en El Horno, en Mogán pueblo, y Puerto Rico, incluida la primera fase de esta última promoción, que ya cuenta con proyecto.

Bueno ha señalado que el municipio tendrá que recurrir al endeudamiento para afrontar “la situación de emergencia que hay en Canarias y sobre todo en el municipio de Mogán”.

“Será el Ayuntamiento de Mogán quien tome la iniciativa nuevamente, como hemos hecho con las anteriores promociones”, ha añadido.

Dos promociones y más de 24 millones de inversión

Las viviendas proyectadas en Motor Grande se distribuyen en dos promociones independientes situadas en la calle Zaragoza.

El primer lote contempla 72 viviendas con plazas de garaje y trasteros, cuenta con proyecto básico redactado y tenía un plazo de ejecución previsto de 30 meses, con un presupuesto de 8,2 millones de euros.

El segundo lote incluye 130 viviendas, también con garajes y trasteros, y exigía a la empresa adjudicataria redactar el proyecto completo. El plazo estimado era de 38 meses y el presupuesto ascendía a 15,8 millones de euros.

La inversión total prevista para ambas promociones alcanzaba los 24 millones de euros.

El modelo de Vivienda Asequible Incentivada establece que las viviendas deben destinarse durante diez años al alquiler regulado, con precios ajustados a los límites de la vivienda protegida. Finalizado ese periodo, estaba prevista una fase de venta de las viviendas, con la posibilidad de que los inquilinos pudieran adquirirlas a un precio asequible.

Un menor de 14 años ha muerto este martes tras sufrir un ahogamiento cuando se encontraba en una cala del municipio grancanario de Mogán, ha informado el 1-1-2 Canarias.

A la hora 14.35 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) recibió varias alertas sobre una persona en apuros en el agua en una cala entre las playas de Amadores y Puerto Rico.

Se activó al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), Salvamento Marítimo, Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y Protección Civil para localizar la ubicación del menor.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), tras rescatarse al menor de debajo del agua, solo pudo confirmar su fallecimiento.

Por su parte, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de lo sucedido tras instruir las correspondientes diligencias policiales en el lugar de los hechos.

Una menor de 12 años tuvo que ser trasladada este pasado viernes en helicóptero a un centro hospitalario con pronóstivo grave tras ser rescatada del mar con signos de ahogamiento en la playa de Anfi del Mar, en el municipio grancanario de Mogán, según ha informado el 1-1-2 Canarias.

El suceso se produjo sobre las 13.23 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) recibió una alerta comunicando el incidente.

El enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tras hablar con el alertante y con la información recabada, asignó una ambulancia medicalizada, otra de soporte vital básico y el helicóptero medicalizado, que tras ser activados por el gestor de recursos del SUC se desplazaron al lugar del accidente.

A su llegada, el personal sanitario valoró y asistió a la menor, que en el momento inicial de la asistencia, presentaba un ahogamiento incompleto, con pronóstico grave, por lo que fue trasladada en un helicóptero medicalizado del SUC a la helisuperficie del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria para su ingreso en el Materno Infantil.

Agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil que se trasladaron a la playa aseguraron la zona y se hicieron cargo de las diligencias.

Puertos Canarios ha cerrado la puerta al Ayuntamiento de Mogán. El ente público ha inadmitido su solicitud para obtener una prórroga extraordinaria de la concesión del Puerto Deportivo al concluir que el Consistorio dejó de ser el concesionario en 1987, cuando cedió la explotación a Puerto de Mogán S.A. La resolución declara además nula la cláusula con la que el Pleno municipal se reservó entonces el derecho a pedir esa futura prórroga.

La resolución, firmada por el director gerente de Puertos Canarios el pasado 23 de julio, sostiene que la legislación autonómica reserva expresamente al concesionario la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria antes de que expire la concesión. En consecuencia, entiende que el Ayuntamiento no puede promover ese procedimiento al no ostentar esa condición.

El documento desmonta además el principal argumento jurídico esgrimido por el Ayuntamiento. En concreto, rechaza la validez de la cláusula incluida en el acuerdo plenario de 1987 mediante la que el Consistorio se reservó el derecho a solicitar una futura prórroga cuando concluyera la concesión. Puertos Canarios sostiene que esa reserva carece de eficacia frente a la Administración porque pretendía reservar un derecho que no estaba previsto ni en la legislación aplicable ni en el título concesional original otorgado por el Estado.

La resolución añade que la autorización administrativa para la cesión exigía la transmisión íntegra de los derechos y obligaciones derivados de la concesión, por lo que el Ayuntamiento no podía conservar unilateralmente una facultad como la que ahora invoca.

Asimismo, el ente autonómico señala que, incluso si esa reserva fuese válida, tampoco podría ejercerse en este momento. El propio acuerdo de cesión condicionaba su aplicación a que la concesión hubiera finalizado y el puerto hubiese sido previamente rescatado por la Administración, dos circunstancias que no concurren, ya que la concesión continúa vigente hasta marzo de 2031 y no existe ningún procedimiento de rescate.

Puertos Canarios también rechaza el requerimiento previo formulado por el Ayuntamiento y sostiene que la corporación local tampoco está legitimada para promover acciones judiciales encaminadas a reclamar esa prórroga al no ostentar un derecho reconocido sobre la concesión.

No obstante, la resolución aclara que el Ayuntamiento sí podrá intervenir en una eventual tramitación de la prórroga mediante el periodo de información pública previsto en la normativa, donde podrá presentar las alegaciones que considere oportunas.

Nueva Canarias acusa a la alcaldesa de poner en riesgo al Ayuntamiento y advierte de posibles reclamaciones millonarias

El portavoz de Nueva Canarias en Mogán, Juanma Gabella, considera que la resolución de Puertos Canarios “confirma” la interpretación que su formación ha defendido desde el inicio de este conflicto. A su juicio, el documento acredita que el Ayuntamiento perdió cualquier legitimación sobre la concesión cuando en 1987 cedió todos sus derechos y obligaciones a Puerto de Mogán S.A., por lo que la alcaldesa “no puede arrogarse ahora un derecho que ya no tiene”.

Gabella sostiene que el acuerdo plenario de 1987 por el que el Ayuntamiento se reservó el derecho a solicitar una futura prórroga carece de eficacia jurídica, al tratarse de una decisión unilateral que, según afirma, “no condiciona a nadie”. En este sentido, recuerda que la normativa vigente reserva esa facultad exclusivamente al concesionario, criterio que, asegura, queda refrendado por la resolución de Puertos Canarios.

El portavoz nacionalista va más allá y acusa a la alcaldesa de actuar “de forma temeraria e irresponsable”, al entender que su estrategia puede generar un grave perjuicio económico para las arcas municipales y para los usuarios del Puerto Deportivo de Mogán. Según advierte, si los tribunales terminan confirmando que el Ayuntamiento carecía de legitimación para intervenir en este proceso, los usuarios podrían reclamar indemnizaciones que cifra en torno a 8.000 euros por afectado, lo que, a su juicio, supondría un desembolso cercano al millón de euros para el Consistorio, sin contar una eventual reclamación patrimonial por parte de la actual concesionaria, Puerto de Mogán S.A.

“Lo lógico es aplicar la ley y el sentido común. Si el Ayuntamiento cedió la concesión, ya no tiene ningún derecho ni ninguna legitimación”, sostiene Gabella, quien reclama a la alcaldesa que abandone esta vía y deje de “engañarse a sí misma, engañar a los usuarios del puerto y engañar a todos los vecinos de Mogán”. El portavoz insiste en que Nueva Canarias no defiende los intereses de la empresa concesionaria, sino “la legalidad, el interés general y los intereses de los vecinos”, al considerar que cualquier litigio que pierda el Ayuntamiento terminaría siendo asumido con dinero público.

La Policía Local de Mogán, en el sur de Gran Canaria, investiga un establecimiento de Taurito por un presunto delito contra la salud pública tras detectar la presunta venta de productos derivados de la planta del cannabis con una concentración de tetrahidrocannabinol (THC), su principal sustancia psicoactiva, superior a la permitida por la legislación.

En un comunicado, el Ayuntamiento explica que fue el perro K9 de la Unidad Canina del cuerpo local el que marcó de forma reiterada más de diez tipos de productos comercializados como CBD (cannabidiol), un compuesto del cannabis que, a diferencia del THC, no produce efectos psicoactivos.

Entonces, los agentes realizaron una inspección más exhaustiva del establecimiento y detectaron, además, diversas irregularidades en el etiquetado y la información facilitada al consumidor.

Algunos productos no incluían en sus envoltorios datos sobre su naturaleza, procedencia o distribuidor; mientras que otros carecían de información “clara” sobre su porcentaje de CBD y THC.

Los efectos intervenidos fueron remitidos al Servicio de Toxicología del Instituto de Ciencias Forenses de Santiago de Compostela para su análisis.

Asimismo, las diligencias fueron trasladadas a la autoridad judicial para determinar las posibles responsabilidades penales y administrativas que pudieran derivarse.

El Ayuntamiento señala que esta actuación forma parte de los dispositivos de inspección que lleva a cabo la Policía Local de Mogán de forma periódica, especialmente en establecimientos dedicados a la comercialización de productos sujetos a una regulación específica.

Nueva Canarias estudiará exigir responsabilidad patrimonial a la alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, si el Tribunal Supremo confirma la nulidad de la tasa turística aprobada por el Ayuntamiento, al considerar que su mantenimiento puede generar “graves” consecuencias económicas, jurídicas y presupuestarias para el municipio.

El concejal de Nueva Canarias en Mogán, Juan Manuel Gabella, ha abogado este lunes en rueda de prensa por suspender cautelarmente el cobro de la tasa tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló la ordenanza municipal al estimar que “ni de lejos” cumple el principio legal de que lo recaudado paga un servicio prestado por el Consistorio.

A juicio de Gabella, la decisión de recurrir ante el Supremo y continuar cobrando el tributo puede obligar al Ayuntamiento a afrontar devoluciones millonarias, además de intereses de demora y costes de gestión.

“El verdadero problema ya no es la sentencia en sí, el verdadero problema es cuánto dinero más está dispuesta a poner en riesgo la alcaldesa mientras espera al Tribunal Supremo”, ha afirmado el edil al indicar que “si todo esto se tumba, que sea el alcaldesa de Mogán la que pague de su bolsillo esta acción temeraria”.

Gabella ha explicado que, si se sigue cobrando la tasa, los establecimientos turísticos quedarán en una situación “muy compleja” porque tendrán que decidir si seguir repercutiendo la tasa, si la van a asumir ellos para seguir pagando y cumpliendo con el Ayuntamiento, si van a tener que provisionar recursos para hacer las devoluciones, modificar contratos con operadores y, además, gestionar reclamaciones.

Además, ha señalado, “si nos negamos a pagarlo, lo va a tener que pagar el hotel”.

NC ha insistido en que esta medida no cumple los requisitos que requiere una tasa según la Ley General Tributaria y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ya que debe haber un beneficio o servicio directo al ciudadano, constar un hecho imponible, y ha insistido en que genera una doble imposición sobre servicios ya regulados.

“Con la definición del hecho imponible tan abierto y tan genérico, es como si estuviéramos pagando el IRPF”, ha señalado el concejal.

Gabella ha cuestionado las declaraciones de Onalia Bueno en la rueda de prensa del pasado 14 de julio, en la que afirmó que la tasa no tenía afán recaudatorio, al recordar que cuando la alcaldesa presentó la tasa indicó que “era para equilibrar cuentas”.

Igualmente ha criticando que la alcaldesa dijera que la sentencia debería “ser más didáctica”, al señalar que “desde la página 28 a la 32” del documento “hay 50 ejemplos” y que la sentencia es “simple”, “básica” e “inteligente” porque se limita establecer “qué es una tasa”.

Gabella ha considerado “una falacia” que Bueno justificara que el Ayuntamiento va a recurrir la sentencia porque “Mogán no tenía superávit” al indicar que en el documento de liquidación del año 2025 el interventor señala que el superávit asciende a más de 13,5 millones de euros.

El edil ha señalado que no van a “judicializar la vida política” sino a “agotar la vía administrativa”, que contempla la posibilidad de iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial “cuando se acredite el dolo o la mala fe en la tramitación de un expediente”, con el objetivo de que “no sean los vecinos, sino la alcaldesa, la que pague el millón y medio de euros, los intereses de demora, el coste de gestión, costas y todo lo que se derive de ello”.

A su juicio, “los datos demuestran que la alcaldesa de Mogán utiliza todos los medios a su alcance para propulsar su carrera política y lo hace a costa de los vecinos de Mogán”.

Gabella ha manifestado que Bueno “está obsesionada con ser la pionera en todo y nos va a ocasionar un problema muy grave al municipio de Mogán”.

“Onalia Bueno buscó notoriedad para alimentar su ego con una medida que carecía de cobertura jurídica, quiso convertirse en referencia política y ha terminado convirtiéndose en protagonista de un sonado ridículo”, ha opinado.

Gabella ha señalado que NC presentará una moción en el próximo pleno del Consistorio para solicitar la suspensión cautelar del cobro de la tasa, que considera de “puro sentido común”, pedir la revisión de los ingresos previstos para 2025 y preparar un escenario financiero alternativo para garantizar la estabilidad presupuestaria y los servicios públicos.

NC ha defendido también impulsar un impuesto autonómico que siga el modelo gallego, que permite un recargo municipal; revisar las ordenanzas fiscales del municipio para mejorar la financiación de los servicios, y desarrollar la Ley de Municipios Turísticos de Canarias.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la ordenanza que regula la pionera tasa turística de Mogán por “camuflar” un impuesto que escapa de sus competencias.

En una sentencia dictada el pasado 28 de mayo, pero conocida este lunes, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del alto tribunal canario estima el recurso presentado por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas (FEHT).

El Ayuntamiento de Mogán, liderado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán), aprobó en febrero de 2025 la llamada Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicios y Realización de Actividades Derivadas de la Acción Turística y la Obligación de Sostenibilidad. Esta normativa fijaba una tasa de 0,15 euros al día para cada persona que pernoctara en los establecimientos del municipio.

El gobierno municipal justificó su creación argumentando que, al ser un destino turístico, necesitaba estos recursos para mitigar el impacto de ese sector sobre el territorio y asegurar la sostenibilidad de los servicios públicos. Para facilitar la recaudación de esta pionera tasa municipal, la ordenanza obligaba a los propietarios de los inmuebles turísticos a cobrarla.

Según la información proporcionada por el Ayuntamiento de Mogán a los medios el pasado mes de mayo, durante el primer año de vigencia recaudó 1,4 millones de euros por esta tasa. La alcaldesa dijo entonces que había congelado la revisión de tarifas hasta contar con un aval judicial que no ha llegado.

Rechazo de la patronal y de la oposición

Tanto la patronal turística como los partidos de la oposición en Mogán (Nueva Canarias y el PSOE) rechazaron esta iniciativa y advirtieron de su ilegalidad.

La FEHT acudió a los tribunales argumentando que la ordenanza vulneraba el principio de reserva de ley, ya que el hecho imponible (el motivo por el que se paga) se basaba en definiciones “vagas, abstractas y genéricas” que impedían conocer qué servicios concretos financiaba la tasa.

También alegó una vulneración del principio de capacidad económica, por no diferenciar las categorías de alojamiento, o defectos en el cálculo económico, como haber omitido ingresos por subvenciones o haber incluido gastos generales de funcionamiento del Ayuntamiento. Además, denunciaba que trasladaba la carga del cobro a los propios establecimientos turísticos.

“Desnaturalizar” el concepto de tasa

En la sentencia conocida este lunes, el tribunal señala que, aunque los “ecotributos” tienen un propósito loable de protección medioambiental, los municipios tienen una capacidad tributaria limitada, lo que hace que, en casos como el de Mogán, se “desnaturalice” el concepto de tasa para camuflar impuestos con un fin recaudatorio.

La Sala comparte con la patronal turística que el hecho imponible de la tasa, la razón de su cobro, se basa en expresiones ambiguas, imprecisas, genéricas y abstractas, como “acciones derivadas del turismo”, “proyectos medioambientales”, “economía circular” o “patrimonio histórico”.

Esta indefinición, continúa el tribunal, impide a la ciudadanía conocer con certeza qué presupuesto determina su obligación de pago, lo que choca con la jurisprudencia que exige que los servicios financiados por una tasa estén definidos de manera nítida, clara y precisa.

El fallo insiste en que una tasa no puede recaudar más de lo que cuesta el servicio prestado, por el principio de equivalencia. Al usar la tasa como una vía de financiación “general”, el gobierno de Bueno no logró acreditar ese equilibrio.

La Sala también cuestiona la memoria económica del Ayuntamiento. A modo de ejemplo, señala que incluyó en el apartado de costes el valor total de inversiones plurianuales, en lugar de recoger sólo la parte correspondiente a la amortización anual. También mezcla el número de “plazas oficiales” con el de “personas pernoctando”, lo que distorsiona el resultado.

El juez se disculpa por el retraso

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco José Gómez Cáceres, no es firme e impone al Ayuntamiento el pago de las costas procesales del recurso, hasta un límite de 3.000 euros.

En los antecedentes de la sentencia, el juez se disculpa con las partes por el retraso en dictar la resolución. Gómez Cáceres confiesa que se demoró un mes más de lo esperado porque el borrador de la sentencia tenía 350 folios, un dato que el propio magistrado califica de “tan cierto como absurdo”, y tuvo que reducirlo hasta los 39 folios finales.

“No es esta dilación, ni cualquier otra en las que he incurrido, el motivo por el que pido perdón. Tampoco quiero apagar con estas palabras las consecuencias de la tardanza, que asumiré como debe afrontar las cosas el hombre de una pieza. Sólo quiero dejar expresa constancia, una vez más, de mi honda gratitud para con los destinatarios de estos renglones”, señala el juez. Y concluye este alegato: “Para mi sorpresa, me parece que una larga carrera profesional no me ha preparado para afrontar estas complicaciones, es decir, para transmitir mi pesar fácilmente y con alguna verosimilitud”.

La Guardia Civil ha desarticulado en Mogán, en el sur de Gran Canaria, con la detención de dos personas y la identificación de una tercera una banda especializada en hurtos y estafas con tarjetas bancarias robadas.

Entre finales de abril y principios de mayo varias víctimas denunciaron la sustracción de efectos personales en diferentes zonas de ocio y tránsito turístico del municipio y el uso posterior no autorizado de sus tarjetas en un establecimiento comercial y en un cajero automático ubicado en un centro comercial de la localidad.

Los autores actuaban de forma organizada y perfectamente coordinada, con reparto de funciones entre ellos: mientras uno de los investigados ejecutaba los pagos en el establecimiento, otro realizaba labores de vigilancia activa en el entorno, y una tercera integrante acudía con ellos para generar distracción y facilitar la comisión de los hechos, ha detallado este viernes el instituto armado.

En el interior del establecimiento, los autores seleccionaban numerosos artículos, efectuando varias transacciones con tarjetas sustraídas, incluso repitiendo pagos en cortos intervalos de tiempo con control del entorno, lo que evidenciaba una elevada experiencia en este tipo de delitos.

Luego, se desplazaban a un cajero automático donde realizaban múltiples extracciones de efectivo con las tarjetas sustraídas, llegando a efectuar numerosas operaciones consecutivas en pocos minutos y obteniendo elevadas cantidades de dinero en efectivo.

Tras analizar las grabaciones de videovigilancia del cajero automático y del establecimiento comercial, los agentes pudieron reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a los autores mediante rasgos físicos, tatuajes distintivos, forma de vestir y patrones de comportamiento, que compararon con reseñas policiales previas y fotografías aportadas por los denunciantes.

Con todo ello pudieron determinar la presunta participación de tres personas que actuaban en connivencia y de forma reiterada en el municipio.

A los detenidos se les imputan varios delitos de hurto y estafa, uno de estafa continuada, y un delito de pertenencia a grupo criminal y el valor económico de los hechos investigados es de, al menos, 3.600 euros, si bien a esta cantidad habría que añadir el importe correspondiente a las compras realizadas fraudulentamente en el establecimiento comercial, lo que incrementaría el perjuicio económico global causado a las víctimas.

Las diligencias instruidas, junto con todos los efectos probatorios obtenidos han sido remitidas al Juzgado de Instrucción competente, quedando los investigados a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de delitos de hurto y estafa.

El muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, ha pasado a denominarse de forma oficial Muelle de la Esperanza, un nombre concebido para proyectar un mensaje permanente de “respeto, solidaridad y compromiso con la vida” en recuerdo de los miles de migrantes llegados desde África a esta isla tras ser rescatados en el mar o por sus propios medios.

Así lo ha explicado en un comunicado el director de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, que ha subrayado que “el Muelle de la Esperanza no es solo un nombre: es una declaración de principios”.

Este ente, dependiente del Gobierno canario, busca con esta nueva denominación que este espacio recuerde la visita del papa León XIV, pero también a “quienes han perdido la vida en el océano y a todas las personas que siguen buscando una oportunidad de futuro en la ruta atlántica”.

Moreno ha destacado que los puertos canarios son “infraestructuras de servicio, pero también lugares de encuentro, memoria y humanidad”.

“Con la denominación Muelle de la Esperanza, el Puerto de Arguineguín incorpora un nuevo símbolo para Canarias y para todas las personas que miran al mar como lugar de partida, de llegada y de esperanza”, ha apuntado el director del ente público.

La placa, que fue inaugurada con la visita del papa León XIV, quedará como un símbolo de acogida, de respeto y de esperanza compartida“.

En el acto celebrado este miércoles por la tarde, también se representó la obra de teatro Historias de sal, que continúa su recorrido por los puertos canarios dentro del proyecto Puertos Abiertos.

Durante el encuentro se ofrecieron también detalles sobre la intervención prevista en la marquesina del puerto de cara al Día del Carmen, un espacio que reforzará la presencia de la tradición marinera y la identidad local. 

Hay dos aparcamientos a escasos 300 metros, tres minutos andando, hasta las dependencias municipales de Arguineguín. Uno en la calle Tamarán, donde aparcan la mayoría de concejales y vecinos del municipio, y otro cruzando a pie la plaza Perez Galdós. Pero el aparcamiento de la Policía Local está justo al lado de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Mogán. Y aunque la Alcaldía tiene una plaza reservada en el propio estacionamiento de la Policía Local, la alcaldesa, Onalia Bueno, estaciona “desde hace años” su vehículo particular en las plazas reservadas a los coches patrulla en la Comisaría de Arguineguín.  

No sólo ella, también lo hacen algunos de sus concejales, como: Víctor Gutierrez; Tania del Pino Alonso, teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Acción Social y Sociocomunitaria y del Área de Gobierno de Presidencia, y Juan Mencey Navarro, primer teniente de alcalde del Área de Gobierno de Urbanismo y Promoción Turística. 

No es raro encontrar el coche particular de la alcaldesa y de algunos de estos concejales aparcados en las plazas reservadas a los coches patrullas, incluso en las plazas destinadas a los vehículos policiales de atestados, donde los propios policías municipales tienen expresamente prohibido aparcar. Según se recoge en diferentes documentos a los que ha accedido este periódico, estos hechos vienen ocurriendo desde hace casi diez años. 

Queja a la Jefatura de Policía

Este periódico ha tenido acceso a un informe registrado en el propio Ayuntamiento de Mogán, el pasado mes de mayo, en el que un agente municipal se queja de esta situación al jefe del Cuerpo de la Policía Local. Lo normal sería que el jefe de Policía Local de respuesta a la queja presentada, pero fuentes conocedoras del caso dudan de que vaya a ocurrir. 

El informe asegura que llevan “años padeciendo” este problema, y detalla que los policías locales tienen que estacionar mal sus coches patrulla “en doble o triple fila” impidiendoles la salida rápida. Además, explica que “muchas veces” tienen que quitar unos coches para poder salir con otros.  

Consecuencias fatales 

El escrito menciona que estos hechos han llegado a crear situaciones de “auténtica preocupación e importancia”. Se refiere sutilmente a que pudo tener consecuencias fatales. El escrito relata que “un vehículo de protección civil que se encontraba estacionado en nuestros estacionamientos no pudo salir de forma inmediata para trasladar a un médico del centro de salud de Arguineguín hasta el lugar en que se encontraba un accidentado en parada cardiorrespiratoria en Puerto Rico”. El traslado tuvo que hacerlo una patrulla de la Guardia Civil, debido al bloqueo de vehículos. Y en ese punto termina diciendo: “ese día se encontraba el vehículo de la alcaldesa ocupando uno de nuestros estacionamientos”. Y aunque el escrito no lo dice, aquel hombre murió. 

El informe ni siquiera insinúa que el fallecimiento fuera consecuencia del coche mal aparcado, como es lógico, tan sólo menciona que el coche “no pudo salir de forma inmediata”. La hemeroteca recoge que aquel día de noviembre de 2025 un hombre falleció en un accidente laboral en los apartamentos Orinoco, en Puerto Rico, tras resbalar y golpearse la cabeza contra un escalón y que “pese a los esfuerzos por reanimarlo, los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida y tan sólo confirmaron el deceso”. Era un hombre polaco que llevaba sólo seis días en España.

Concejales multados en 2017

Hace casi diez años hubo un policía que se atrevió a multar a dos concejales por aparcar donde no debían. Pero según consta en un atestado de 2017 de la Guardia Civil, el coche particular de aquel agente fue vandalizado a las pocas horas. 

En el atestado el agente afirma que no sospecha de nadie, pero “sin creer que las casualidades existan, ese día ocurrieron hechos” que considera importantes y los quiere hacer constar. Lo que se narra a continuación es que aquel día en la Jefatura de Arguineguín comprobó que en el estacionamiento de la alcaldía había un vehículo particular de color rojo. Informó al subinspector jefe y al oficial de servicio que lo iba a denunciar, “sabiendo que hay orden del jefe de la policía para que se denuncie cualquier vehículo que no sea el de la alcaldesa”, pero al comprobar que se trataba del vehículo de un concejal del equipo de gobierno decidió no hacerlo, suponiendo que no tardará mucho en retirar el coche. El vehículo del concejal estuvo aparcado ahí desde las 13.30 hasta las 20.30, y entonces decidió multar. 

El atestado recoge que “ya se le había informado y advertido hasta en dos ocasiones” a una concejala del equipo de gobierno, para “que no accediera ni estacionara en el lugar, precisamente para evitar denunciarla”. También se recoge que “el concejal de Policía tiene la misma costumbre y hace caso omiso de nuestras recomendaciones”, refiriéndose a Mencey Navarro. 

El atestado continúa relatando que a las 21:00 de la noche “se había personado la concejala Tania de CIUCA y grupo de gobierno” exigiendo que le dijeran qué policía le había denunciado, y que “no pensaba pagar la multa, todo esto bastante alterada y cabreada”. 

Dos horas después, el policía local que multó el vehículo mal estacionado de la concejala, encontró su coche particular vandalizado, con tres ruedas pinchadas y dos rajas de un metro en las lonas del techo de su vehículo pick-up. A este periódico no le consta que ningún otro policía local haya osado multar durante la última década a ningún cargo de gobierno municipal por aparcar indebidamente su coche en las plazas destinadas a los coches patrullas. 

Continúa ocurriendo

El informe recoge que “desde hace años se ha intentado corregir esta anomalía” y se ha hablado con varios concejales: “En cierta ocasión se informa al concejal Mencey delante del jefe Tomás Hernández, (jefe de la Policía Local en el momento de los hechos) que deje de estacionar en la zona” a lo que según el informe respondió “que se pensaría lo que haría”. Además, el documento menciona que la “concejala Tania ha llegado a dejar su vehículo particular ”durante más de 4 días seguidos“ dificultando la maniobra de salida de los coches patrullas. 

El informe relata que los hechos han sido denunciados verbalmente a un subinspector, “el cual reconoció el problema, pero también dejó claro que no hacía nada” y que tenía que ser otro oficial, que se encontraba en ese momento de testigo, el que tuvo que llamar al concejal para que retirara su coche. En el informe se explica que la concejala “ha continuado con la misma práctica” y que recientemente ha vuelto a dejar su coche en la plaza de Atestados, “concretamente del día 15 al 16 de abril”, y se adjunta una foto, a la que también ha tenido acceso este periódico. A continuación se puede leer: “Ese mismo día la alcaldesa también deja su vehículo en la zona de Atestados”. 

En el escrito se resalta que la alcaldesa utiliza el estacionamiento de la alcaldía “a modo de reservado” para que aparquen otros concejales o “cualquier otro particular allegado, estacionando ella en cualquier otro estacionamiento de nuestros vehículos patrulla sin ningún tipo de reparo y sin tener en cuenta las consecuencias”. 

“No todos son iguales”

En el informe de queja enviado a la Jefatura de la Policía Local se destaca que “esta situación no se ha padecido con ningún otro grupo de gobierno anterior, ni con ningún otro particular”. También reconoce que “no es una práctica generalizada” por parte de todos los concejales, “afortunadamente sólo lo hacen la alcaldesa, y los concejales Mencey, Tania y Víctor”, y añade que “es una clara evidencia de que no todos son iguales”. 

Una de las más recientes quejas por parte de los policías locales se refiere al pasado día 13 de abril, cuando “se les ha informado a todos que no estacionen o que lo hagan el menor tiempo posible”, pero al día siguiente había 4 vehículos particulares estacionados, “algo que evidentemente parece que no entienden”. 

El escrito finaliza dejando constancia de que existe una orden de la jefatura de la Policía Local de 2017 en la que “en NINGÚN CASO hace referencia a que los concejales ni la alcaldesa puedan estacionar en los estacionamientos de los vehículos patrulla”. 

“Obligado Cumplimiento” 

En dicha Orden de Régimen Interno de la Policía Local de Mogán, a la también ha tenido acceso este periódico, fechada en 2017 y que lleva por título: “Estacionamiento de Vehículos Policiales”, se establece el modo de estacionar los vehículos de la Policía Local de Mogán, y especifica que es de “obligado cumplimiento”. 

El primer punto señala que el espacio señalizado como ALCALDÍA estará siempre libre y “reservado para la Sra. Alcaldesa-Presidenta o Sres. Concejales, en su caso”. 

El segundo punto dice que “todos los vehículos policiales deben ser estacionados de conformidad con la señalización existente”, y da instrucciones para que en caso de emergencia “se efectúe la salida del vehículo con el menor número de maniobras” posible, lo que conlleva colocarlos en posición de salida del aparcamiento. Y añade un croquis con todo detalle. 

Casi diez años después, el coche de la alcaldesa y el de algunos de sus concejales siguen estacionados habitualmente en el lugar de los coches patrullas. Fuentes conocedoras de este asunto señalan que el concejal Mencey Navarro ha llegado a utilizar el aparcamiento de la Policía Local durante meses para no ser multado por no tener en regla la ITV, ya que fue sancionado por esta circunstancia cuando su coche particular se encontraba aparcado fuera del estacionamiento de la Policía Local de Arguineguín. 

Denunciado por la oposición

El grupo municipal de Nueva Canarias de Mogán dirigió un escrito a la alcaldesa y al jefe de la policía local el pasado 4 de mayo sobre el “uso indebido de estacionamientos policiales y afección a la seguridad operativa”. El documento se refiere “a problemática reiterada” de la ocupación de los estacionamientos “destinados a vehículos policiales por parte de cargos políticos” y señala que “compromete gravemente la capacidad de respuesta ante incidencias y emergencias, generando un evidente riesgo para la seguridad ciudadana”.  

El documento menciona expresamente “a la Sra. Alcaldesa, quien, según parece, ha venido utilizando de forma habitual los estacionamientos destinados a vehículos policiales”, incluso manteniendo su vehículo estacionado durante periodos prolongados, “llegando a producirse situaciones en las que no se ha podido disponer de un vehículo de manera inmediata para atender servicios urgentes”. 

Por el momento el Ayuntamiento de Mogán no ha respondido a las preguntas de este periódico.

Se llaman José Luis y Juan Carlos Sánchez, son hermanos, pero no son parientes, ni siquiera lejanos, de Pedro Sánchez. Al contrario, son de Vecindario (Santa Lucía de Tirajana) y fueron los que se presentaron voluntarios ante los medios de comunicación para reclamar sangre y criticar la visita del presidente al muelle acompañando al papa León XIV este pasado jueves. Que se sepa, son los únicos que se han manifestado públicamente en contra de esa presencia presidencial, si descontamos a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que trató de predisponer a toda la vecindad contra Sánchez en cuanto se enteró, seis días antes, de que acudiría al muelle de la vergüenza. Y siguió durante y después del magno acontecimiento.

Como esto es un pueblo chico, es fácil saber quiénes son los Sánchez. No son moganeros, pero han comprado varios inmuebles en el barrio marinero de Arguineguín para destinarlos a alquiler vacacional.

Sólo con esa descripción bastaría para entender su aversión a Sánchez, y especialmente a que el muelle se utilice para algo distinto que la pesca y el turismo. Pero si añadimos que son dos personas muy allegadas a Onalia Bueno, ya tenemos el cuadro completo.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de Bueno y la postura de los dos espontáneos, no hubo algarada contra Sánchez en el muelle de Arguineguín. Muy al contrario, muchas de las personas presentes hicieron todo lo posible por saludarlo o hacerse fotos con él. Incluida una mujer que puso en sus brazos a un bebé, lo que proporcionó a la misma prensa conservadora la oportunidad de acusar al presidente del Gobierno de tratar de emular al Papa dedicándose a “bendecir” a los niños. Con lo ateo que es Pedro Sánchez, gracias a dios.

A ese afán se lanzaron medios de comunicación como Libertad Digital, ABC o El Español, que dejaron caer insinuaciones bastante perversas sobre un más que probable intrusismo profesional del presidente del Gobierno.

Onalia Bueno, la alcaldesa anti-inmigrantes que critica a Pedro Sánchez por haberlos dejado tirados en el muelle de Arguineguín, en plena pandemia y enorme crisis migratoria, allá por 2020, puso el grito en el cielo cuando supo que el presidente se sumaba a la comitiva de acompañamiento al Papa. Y siguió insistiendo incluso con el acto del pasado jueves ya iniciado, cuando intentó por activa y por pasiva acercarse a él para decirle cuatro cosas bien dichas. No consta que eso haya sucedido, ni que ella haya presumido de tal cosa.

Su velado llamamiento a rebelarse contra Sánchez (“no merece venir después de habernos dejado tirados”) tampoco cundió mucho porque, al contrario de lo que ha ocurrido en otros puntos de la geografía española con la visita del sumo pontífice, no hubo gritos de “hijo de puta” o “vete ya de aquí”, entre otros del repertorio contestatario.

Al contrario, hubo mucho jolgorio no solo con la presencia allí de Pedro Sánchez sino también de algunos de sus ministros. El más vitoreado y abrazado fue, una vez más, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que sigue disfrutando de mucha popularidad en Canarias, como se encargan de insistir las encuestas, incluidas las encargadas por los medios de comunicación más alejados de las tesis gubernamentales.

Así que, ante un ambiente tan proclive al Gobierno, los enviados especiales de los medios de Madrid se las vieron y se las desearon para acercar a sus audiencias y a sus lectores voces que criticaran de la manera más agria posible al presidente.

Y esas voces las encontraron en los hermanos Juan Carlos y José Luis Sánchez, que enseguida se prestaron a colaborar, entre otros, con el programa de Cuatro En boca de todos, que presenta desde Madrid Nacho Abad.

Sobre el rótulo “Vecinos contra Sánchez”, los Sánchez se despacharon con el mismo discurso, exactamente el mismo, de la alcaldesa Bueno: “Lo que no entendemos es cómo Pedro Sánchez se gasta el morro y se presenta aquí para sacarse la foto cuando nos dejó abandonados durante la pandemia con 3.000-4.000 inmigrantes tirados ahí en el muelle hacinados, con la orina, con las heces, sin comida, bajo el sol, esto fue de locos, una película de terror”…

Y más leña al fuego: “Y esto durante la pandemia, con los coches fúnebres viniendo aquí a recoger a nuestros familiares y poniéndonos aquí a estas personas”..., momento en el que paró para no pronunciar la palabra “estorbando”.

Y, mientras eso nos hacía Sánchez, qué hacía nuestra noble alcaldesa. Lo explicó Juan Carlos estupendamente bien: “Todos los días preocupándose, recogiendo comida, recogiendo mantas, todos los días en el muelle atendiéndolos”.

Pero la reportera, desplazada a Gran Canaria para la ocasión, quería un poco más de sangre: “Si pasa por aquí Pedro Sánchez, ¿qué harían?”, les preguntó.

La respuesta fue hasta suave, teniendo en cuenta la provocación: “Yo creo que es mejor que Pedro Sánchez venga en submarino al muelle porque si pasa por aquí por las calles va a ser abucheado por todo el pueblo de Arguineguín porque no queremos que venga, estamos totalmente en contra”.

Los Sánchez también fueron utilizados por el periodista Chapu Apeolaza para su crónica en ABC, que tituló de este modo tan llamativo: «No le tiraremos piedras a Sánchez por respeto al Papa».

El periodista los entrevistó en el restaurante Le Patio, en la plaza de los Poetas, donde pronunciaron para él la proclama clásica: “No somos racistas”, “pero el pueblo no ha olvidado cuando nos dejaron solos”.

La pieza incluye unas declaraciones de la alcaldesa de Mogán también previa a la visita papal: «Viene aquí porque es un sitio donde no le pueden gritar», zanjó Onalia Bueno. 

El periodista se tragó una de las habituales mentiras de la alcaldesa, que le aseguró que el Ayuntamiento de Mogán había tenido que ampliar el cementerio municipal para dar sepultura a los numerosos migrantes que llegaban muertos a Arguineguín o morían al ser desembarcados. La ampliación del camposanto se adjudicó en 2019 y las obras empezaron en mayo de ese año, un año antes de la crisis migratoria, lo que hubiera sido fácil de comprobar con un vistazo a la web del Ayuntamiento.

Ousseynou Fall es senegalés, pero partió de Mauritania hace seis años rumbo a Canarias en busca de un “sueño”, dice. En el mismo muelle donde ahora aguarda para la visita del papa Leon XIV con “esperanza ” dice y felicidad por sus compañeros. Explica que él estuvo seis días durmiendo a ras del suelo cuando él llegó en noviembre de 2020, pero cree que ocurrió porque había “muchas personas”. Después lo trasladaron a un hotel en Puerto Rico temporalmente, luego a un centro en Arucas y, por último, intentaron trasladarlo a la Península, pero él se plantó y dijo que quería quedarse en Canarias con su familia. Poco a poco aprendió español y ahora trabaja de cocinero. 

“Esperanza” es también la palabra que emplea Juana Isabel una vecina del pueblo de Mogán que asegura que vivía con angustia que a pocos metros de su casa las personas migrantes vivieran hacinadas. “Que venga el Papá es una alegría para los moganeros y que venga además a dar apoyo a estas personas que lo han pasado mal”. La vecina asegura que vive con mucha “pena” el ir al cementerio municipal y ver que hay tantas personas migrantes enterradas. 

Para ella ver al papa y que hable de “solidaridad” es un “sueño” . “A lo mejor al Papa no lo voy a ver más”, dice.

En el muelle, abarrotado de periodistas locales, nacionales e internacionales, políticos, voluntarios… Hay además muchas personas que esperan con ansias ese discurso humanista que ya ha dado en otros puntos de España y marcado por la importancia de ser solidario con las personas migrantes y respetar sus derechos. 

Uno de los testimonios esperados es el de una víctima de trata. Y por ello en el muelle hay varias mujeres víctimas de explotación que acuden al centro Lugo de Cáritas ( que presta atención a víctimas de trata). Este periódico ha hablado con varias de ellas de origen colombiano que han explicado que en ese país “dios” cobra una importancia pero “sin fanatismos” y que es clave para sentir que hay esperanza y tener esa seguridad de que “todo va a estar bien” 

Dos de esas mujeres explican a este pperiódico que se sienten privilegiadas por estar cerca de León XIV este jueves. Una de ellas señala que la vida del migrante es muy dura que te tratan de “explotar”. Ana (nombre ficticio) subraya que “nadie sabe la cruz que carga la otra persona” y que ella misma se ha visto obligada a dormir en la calle, razón por la que acabó siendo explotada sexualmente. 

Explica además que sufrió acoso en una sede las viviendas en las que trabajaba como empleada de hogar, pero nunca pudo denunciar por miedo a que la deportaran. Otra de las mujeres también explica que en una vivienda en la que trabajó su jefa le pegó y no pudo denunciar por miedo.

Es por ello que estas personas creen que es clave que el Papá que ya ha aterrizado en Gran Canaria, escuche las realidades migrantes