La Guardia Civil ha investigado a dos hombres por la sustracción de una embarcación de recreo valorada en aproximadamente 45.000 euros en un Puerto Deportivo de Mogán y que apareció posteriormente a la deriva en aguas alejadas de la costa de Gran Canaria.

Según informa la Comandancia de Las Palmas, los agentes iniciaron la investigación tras la denuncia del propietario por la desaparición de su embarcación del lugar en el que estaba amarrada.

En este sentido, el análisis de las grabaciones permitió comprobar cómo dos personas accedían al recinto ocultando su identidad y actuando de forma coordinada. Una de ellas consiguió poner en funcionamiento la embarcación y abandonar el puerto, obteniéndose a través de las imágenes información relevante sobre la forma en la que se produjo la sustracción.

Los investigadores continuaron las pesquisas mediante el análisis de las grabaciones, las declaraciones de testigos y otras comprobaciones, que permitieron avanzar en la identificación de los presuntos implicados.

Estas actuaciones permitieron además situar a uno de ellos en las inmediaciones del puerto deportivo en el momento en que se produjo la sustracción.

A medida que avanzaba la investigación, los agentes pudieron reconstruir los movimientos realizados por los sospechosos y obtener nuevos indicios que permitieron establecer su presunta relación con la desaparición de la embarcación.

Posteriormente, la embarcación fue localizada a la deriva por un navegante en aguas alejadas de la costa y recuperada, lo que permitió continuar con las actuaciones dirigidas a esclarecer las circunstancias de su desaparición y determinar la participación de los investigados.

Como resultado de las investigaciones desarrolladas durante varios meses, la Guardia Civil procedió a investigar a dos hombres como presuntos autores de un delito de hurto, sin descartarse la posible participación de otras personas en los hechos.

Finalmente, las diligencias instruidas fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, que dirige las actuaciones judiciales.

El concurso abierto por el Ayuntamiento de Mogán, en el sur de Gran Canaria, para construir y gestionar 202 viviendas asequibles en Motor Grande, en Puerto Rico, ha quedado desierto por segunda vez al no presentarse ninguna empresa a la licitación de las dos promociones previstas en la calle Zaragoza.

El proyecto contemplaba la construcción de viviendas bajo el modelo de Vivienda Asequible Incentivada, destinadas al alquiler regulado con rentas equivalentes a las fijadas para las Viviendas de Protección Oficial (VPO).

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha asegurado este martes en un comunicado que el Ayuntamiento había introducido medidas para facilitar la participación empresarial y el acceso a financiación, entre ellas asumir el 50% del aval que las constructoras necesitaran para acudir a entidades bancarias.

“Por parte del Ayuntamiento de Mogán se ha hecho todo lo posible por desarrollar el procedimiento”, ha afirmado Bueno, quien ha considerado que la falta de ofertas evidencia las dificultades del modelo de colaboración público-privada para este tipo de promociones.

“Nosotros entendemos que las empresas, al final, lo que quieren es dinero para construir y no poner en riesgo su capital”, ha afirmado.

El contrato estaba dividido en dos lotes independientes y se planteaba mediante la constitución de derechos de superficie sobre parcelas municipales, de forma que el suelo mantuviera titularidad pública mientras las empresas adjudicatarias asumían la inversión para la construcción y la gestión de las viviendas.

Entre los incentivos previstos para favorecer la viabilidad económica de las promociones figuraban una bonificación del 97,5% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la exención de tasas vinculadas al derecho de superficie, la ausencia de canon por el uso de las parcelas y una bonificación del 50% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) durante el periodo de explotación en alquiler.

El Ayuntamiento estudia asumir las obras

Ante la ausencia de empresas interesadas, el Ayuntamiento ha señalado que estudia ejecutar directamente las promociones.

Según ha explicado la alcaldesa, el Consistorio ya dispone de financiación para las viviendas de Veneguera y analiza las cuantías necesarias para las actuaciones previstas en El Horno, en Mogán pueblo, y Puerto Rico, incluida la primera fase de esta última promoción, que ya cuenta con proyecto.

Bueno ha señalado que el municipio tendrá que recurrir al endeudamiento para afrontar “la situación de emergencia que hay en Canarias y sobre todo en el municipio de Mogán”.

“Será el Ayuntamiento de Mogán quien tome la iniciativa nuevamente, como hemos hecho con las anteriores promociones”, ha añadido.

Dos promociones y más de 24 millones de inversión

Las viviendas proyectadas en Motor Grande se distribuyen en dos promociones independientes situadas en la calle Zaragoza.

El primer lote contempla 72 viviendas con plazas de garaje y trasteros, cuenta con proyecto básico redactado y tenía un plazo de ejecución previsto de 30 meses, con un presupuesto de 8,2 millones de euros.

El segundo lote incluye 130 viviendas, también con garajes y trasteros, y exigía a la empresa adjudicataria redactar el proyecto completo. El plazo estimado era de 38 meses y el presupuesto ascendía a 15,8 millones de euros.

La inversión total prevista para ambas promociones alcanzaba los 24 millones de euros.

El modelo de Vivienda Asequible Incentivada establece que las viviendas deben destinarse durante diez años al alquiler regulado, con precios ajustados a los límites de la vivienda protegida. Finalizado ese periodo, estaba prevista una fase de venta de las viviendas, con la posibilidad de que los inquilinos pudieran adquirirlas a un precio asequible.

Un menor de 14 años ha muerto este martes tras sufrir un ahogamiento cuando se encontraba en una cala del municipio grancanario de Mogán, ha informado el 1-1-2 Canarias.

A la hora 14.35 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) recibió varias alertas sobre una persona en apuros en el agua en una cala entre las playas de Amadores y Puerto Rico.

Se activó al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), Salvamento Marítimo, Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y Protección Civil para localizar la ubicación del menor.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), tras rescatarse al menor de debajo del agua, solo pudo confirmar su fallecimiento.

Por su parte, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de lo sucedido tras instruir las correspondientes diligencias policiales en el lugar de los hechos.

Una menor de 12 años tuvo que ser trasladada este pasado viernes en helicóptero a un centro hospitalario con pronóstivo grave tras ser rescatada del mar con signos de ahogamiento en la playa de Anfi del Mar, en el municipio grancanario de Mogán, según ha informado el 1-1-2 Canarias.

El suceso se produjo sobre las 13.23 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) recibió una alerta comunicando el incidente.

El enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tras hablar con el alertante y con la información recabada, asignó una ambulancia medicalizada, otra de soporte vital básico y el helicóptero medicalizado, que tras ser activados por el gestor de recursos del SUC se desplazaron al lugar del accidente.

A su llegada, el personal sanitario valoró y asistió a la menor, que en el momento inicial de la asistencia, presentaba un ahogamiento incompleto, con pronóstico grave, por lo que fue trasladada en un helicóptero medicalizado del SUC a la helisuperficie del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria para su ingreso en el Materno Infantil.

Agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil que se trasladaron a la playa aseguraron la zona y se hicieron cargo de las diligencias.

Puertos Canarios ha cerrado la puerta al Ayuntamiento de Mogán. El ente público ha inadmitido su solicitud para obtener una prórroga extraordinaria de la concesión del Puerto Deportivo al concluir que el Consistorio dejó de ser el concesionario en 1987, cuando cedió la explotación a Puerto de Mogán S.A. La resolución declara además nula la cláusula con la que el Pleno municipal se reservó entonces el derecho a pedir esa futura prórroga.

La resolución, firmada por el director gerente de Puertos Canarios el pasado 23 de julio, sostiene que la legislación autonómica reserva expresamente al concesionario la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria antes de que expire la concesión. En consecuencia, entiende que el Ayuntamiento no puede promover ese procedimiento al no ostentar esa condición.

El documento desmonta además el principal argumento jurídico esgrimido por el Ayuntamiento. En concreto, rechaza la validez de la cláusula incluida en el acuerdo plenario de 1987 mediante la que el Consistorio se reservó el derecho a solicitar una futura prórroga cuando concluyera la concesión. Puertos Canarios sostiene que esa reserva carece de eficacia frente a la Administración porque pretendía reservar un derecho que no estaba previsto ni en la legislación aplicable ni en el título concesional original otorgado por el Estado.

La resolución añade que la autorización administrativa para la cesión exigía la transmisión íntegra de los derechos y obligaciones derivados de la concesión, por lo que el Ayuntamiento no podía conservar unilateralmente una facultad como la que ahora invoca.

Asimismo, el ente autonómico señala que, incluso si esa reserva fuese válida, tampoco podría ejercerse en este momento. El propio acuerdo de cesión condicionaba su aplicación a que la concesión hubiera finalizado y el puerto hubiese sido previamente rescatado por la Administración, dos circunstancias que no concurren, ya que la concesión continúa vigente hasta marzo de 2031 y no existe ningún procedimiento de rescate.

Puertos Canarios también rechaza el requerimiento previo formulado por el Ayuntamiento y sostiene que la corporación local tampoco está legitimada para promover acciones judiciales encaminadas a reclamar esa prórroga al no ostentar un derecho reconocido sobre la concesión.

No obstante, la resolución aclara que el Ayuntamiento sí podrá intervenir en una eventual tramitación de la prórroga mediante el periodo de información pública previsto en la normativa, donde podrá presentar las alegaciones que considere oportunas.

Nueva Canarias acusa a la alcaldesa de poner en riesgo al Ayuntamiento y advierte de posibles reclamaciones millonarias

El portavoz de Nueva Canarias en Mogán, Juanma Gabella, considera que la resolución de Puertos Canarios “confirma” la interpretación que su formación ha defendido desde el inicio de este conflicto. A su juicio, el documento acredita que el Ayuntamiento perdió cualquier legitimación sobre la concesión cuando en 1987 cedió todos sus derechos y obligaciones a Puerto de Mogán S.A., por lo que la alcaldesa “no puede arrogarse ahora un derecho que ya no tiene”.

Gabella sostiene que el acuerdo plenario de 1987 por el que el Ayuntamiento se reservó el derecho a solicitar una futura prórroga carece de eficacia jurídica, al tratarse de una decisión unilateral que, según afirma, “no condiciona a nadie”. En este sentido, recuerda que la normativa vigente reserva esa facultad exclusivamente al concesionario, criterio que, asegura, queda refrendado por la resolución de Puertos Canarios.

El portavoz nacionalista va más allá y acusa a la alcaldesa de actuar “de forma temeraria e irresponsable”, al entender que su estrategia puede generar un grave perjuicio económico para las arcas municipales y para los usuarios del Puerto Deportivo de Mogán. Según advierte, si los tribunales terminan confirmando que el Ayuntamiento carecía de legitimación para intervenir en este proceso, los usuarios podrían reclamar indemnizaciones que cifra en torno a 8.000 euros por afectado, lo que, a su juicio, supondría un desembolso cercano al millón de euros para el Consistorio, sin contar una eventual reclamación patrimonial por parte de la actual concesionaria, Puerto de Mogán S.A.

“Lo lógico es aplicar la ley y el sentido común. Si el Ayuntamiento cedió la concesión, ya no tiene ningún derecho ni ninguna legitimación”, sostiene Gabella, quien reclama a la alcaldesa que abandone esta vía y deje de “engañarse a sí misma, engañar a los usuarios del puerto y engañar a todos los vecinos de Mogán”. El portavoz insiste en que Nueva Canarias no defiende los intereses de la empresa concesionaria, sino “la legalidad, el interés general y los intereses de los vecinos”, al considerar que cualquier litigio que pierda el Ayuntamiento terminaría siendo asumido con dinero público.

La Policía Local de Mogán, en el sur de Gran Canaria, investiga un establecimiento de Taurito por un presunto delito contra la salud pública tras detectar la presunta venta de productos derivados de la planta del cannabis con una concentración de tetrahidrocannabinol (THC), su principal sustancia psicoactiva, superior a la permitida por la legislación.

En un comunicado, el Ayuntamiento explica que fue el perro K9 de la Unidad Canina del cuerpo local el que marcó de forma reiterada más de diez tipos de productos comercializados como CBD (cannabidiol), un compuesto del cannabis que, a diferencia del THC, no produce efectos psicoactivos.

Entonces, los agentes realizaron una inspección más exhaustiva del establecimiento y detectaron, además, diversas irregularidades en el etiquetado y la información facilitada al consumidor.

Algunos productos no incluían en sus envoltorios datos sobre su naturaleza, procedencia o distribuidor; mientras que otros carecían de información “clara” sobre su porcentaje de CBD y THC.

Los efectos intervenidos fueron remitidos al Servicio de Toxicología del Instituto de Ciencias Forenses de Santiago de Compostela para su análisis.

Asimismo, las diligencias fueron trasladadas a la autoridad judicial para determinar las posibles responsabilidades penales y administrativas que pudieran derivarse.

El Ayuntamiento señala que esta actuación forma parte de los dispositivos de inspección que lleva a cabo la Policía Local de Mogán de forma periódica, especialmente en establecimientos dedicados a la comercialización de productos sujetos a una regulación específica.

Nueva Canarias estudiará exigir responsabilidad patrimonial a la alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, si el Tribunal Supremo confirma la nulidad de la tasa turística aprobada por el Ayuntamiento, al considerar que su mantenimiento puede generar “graves” consecuencias económicas, jurídicas y presupuestarias para el municipio.

El concejal de Nueva Canarias en Mogán, Juan Manuel Gabella, ha abogado este lunes en rueda de prensa por suspender cautelarmente el cobro de la tasa tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló la ordenanza municipal al estimar que “ni de lejos” cumple el principio legal de que lo recaudado paga un servicio prestado por el Consistorio.

A juicio de Gabella, la decisión de recurrir ante el Supremo y continuar cobrando el tributo puede obligar al Ayuntamiento a afrontar devoluciones millonarias, además de intereses de demora y costes de gestión.

“El verdadero problema ya no es la sentencia en sí, el verdadero problema es cuánto dinero más está dispuesta a poner en riesgo la alcaldesa mientras espera al Tribunal Supremo”, ha afirmado el edil al indicar que “si todo esto se tumba, que sea el alcaldesa de Mogán la que pague de su bolsillo esta acción temeraria”.

Gabella ha explicado que, si se sigue cobrando la tasa, los establecimientos turísticos quedarán en una situación “muy compleja” porque tendrán que decidir si seguir repercutiendo la tasa, si la van a asumir ellos para seguir pagando y cumpliendo con el Ayuntamiento, si van a tener que provisionar recursos para hacer las devoluciones, modificar contratos con operadores y, además, gestionar reclamaciones.

Además, ha señalado, “si nos negamos a pagarlo, lo va a tener que pagar el hotel”.

NC ha insistido en que esta medida no cumple los requisitos que requiere una tasa según la Ley General Tributaria y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ya que debe haber un beneficio o servicio directo al ciudadano, constar un hecho imponible, y ha insistido en que genera una doble imposición sobre servicios ya regulados.

“Con la definición del hecho imponible tan abierto y tan genérico, es como si estuviéramos pagando el IRPF”, ha señalado el concejal.

Gabella ha cuestionado las declaraciones de Onalia Bueno en la rueda de prensa del pasado 14 de julio, en la que afirmó que la tasa no tenía afán recaudatorio, al recordar que cuando la alcaldesa presentó la tasa indicó que “era para equilibrar cuentas”.

Igualmente ha criticando que la alcaldesa dijera que la sentencia debería “ser más didáctica”, al señalar que “desde la página 28 a la 32” del documento “hay 50 ejemplos” y que la sentencia es “simple”, “básica” e “inteligente” porque se limita establecer “qué es una tasa”.

Gabella ha considerado “una falacia” que Bueno justificara que el Ayuntamiento va a recurrir la sentencia porque “Mogán no tenía superávit” al indicar que en el documento de liquidación del año 2025 el interventor señala que el superávit asciende a más de 13,5 millones de euros.

El edil ha señalado que no van a “judicializar la vida política” sino a “agotar la vía administrativa”, que contempla la posibilidad de iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial “cuando se acredite el dolo o la mala fe en la tramitación de un expediente”, con el objetivo de que “no sean los vecinos, sino la alcaldesa, la que pague el millón y medio de euros, los intereses de demora, el coste de gestión, costas y todo lo que se derive de ello”.

A su juicio, “los datos demuestran que la alcaldesa de Mogán utiliza todos los medios a su alcance para propulsar su carrera política y lo hace a costa de los vecinos de Mogán”.

Gabella ha manifestado que Bueno “está obsesionada con ser la pionera en todo y nos va a ocasionar un problema muy grave al municipio de Mogán”.

“Onalia Bueno buscó notoriedad para alimentar su ego con una medida que carecía de cobertura jurídica, quiso convertirse en referencia política y ha terminado convirtiéndose en protagonista de un sonado ridículo”, ha opinado.

Gabella ha señalado que NC presentará una moción en el próximo pleno del Consistorio para solicitar la suspensión cautelar del cobro de la tasa, que considera de “puro sentido común”, pedir la revisión de los ingresos previstos para 2025 y preparar un escenario financiero alternativo para garantizar la estabilidad presupuestaria y los servicios públicos.

NC ha defendido también impulsar un impuesto autonómico que siga el modelo gallego, que permite un recargo municipal; revisar las ordenanzas fiscales del municipio para mejorar la financiación de los servicios, y desarrollar la Ley de Municipios Turísticos de Canarias.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la ordenanza que regula la pionera tasa turística de Mogán por “camuflar” un impuesto que escapa de sus competencias.

En una sentencia dictada el pasado 28 de mayo, pero conocida este lunes, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del alto tribunal canario estima el recurso presentado por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas (FEHT).

El Ayuntamiento de Mogán, liderado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán), aprobó en febrero de 2025 la llamada Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicios y Realización de Actividades Derivadas de la Acción Turística y la Obligación de Sostenibilidad. Esta normativa fijaba una tasa de 0,15 euros al día para cada persona que pernoctara en los establecimientos del municipio.

El gobierno municipal justificó su creación argumentando que, al ser un destino turístico, necesitaba estos recursos para mitigar el impacto de ese sector sobre el territorio y asegurar la sostenibilidad de los servicios públicos. Para facilitar la recaudación de esta pionera tasa municipal, la ordenanza obligaba a los propietarios de los inmuebles turísticos a cobrarla.

Según la información proporcionada por el Ayuntamiento de Mogán a los medios el pasado mes de mayo, durante el primer año de vigencia recaudó 1,4 millones de euros por esta tasa. La alcaldesa dijo entonces que había congelado la revisión de tarifas hasta contar con un aval judicial que no ha llegado.

Rechazo de la patronal y de la oposición

Tanto la patronal turística como los partidos de la oposición en Mogán (Nueva Canarias y el PSOE) rechazaron esta iniciativa y advirtieron de su ilegalidad.

La FEHT acudió a los tribunales argumentando que la ordenanza vulneraba el principio de reserva de ley, ya que el hecho imponible (el motivo por el que se paga) se basaba en definiciones “vagas, abstractas y genéricas” que impedían conocer qué servicios concretos financiaba la tasa.

También alegó una vulneración del principio de capacidad económica, por no diferenciar las categorías de alojamiento, o defectos en el cálculo económico, como haber omitido ingresos por subvenciones o haber incluido gastos generales de funcionamiento del Ayuntamiento. Además, denunciaba que trasladaba la carga del cobro a los propios establecimientos turísticos.

“Desnaturalizar” el concepto de tasa

En la sentencia conocida este lunes, el tribunal señala que, aunque los “ecotributos” tienen un propósito loable de protección medioambiental, los municipios tienen una capacidad tributaria limitada, lo que hace que, en casos como el de Mogán, se “desnaturalice” el concepto de tasa para camuflar impuestos con un fin recaudatorio.

La Sala comparte con la patronal turística que el hecho imponible de la tasa, la razón de su cobro, se basa en expresiones ambiguas, imprecisas, genéricas y abstractas, como “acciones derivadas del turismo”, “proyectos medioambientales”, “economía circular” o “patrimonio histórico”.

Esta indefinición, continúa el tribunal, impide a la ciudadanía conocer con certeza qué presupuesto determina su obligación de pago, lo que choca con la jurisprudencia que exige que los servicios financiados por una tasa estén definidos de manera nítida, clara y precisa.

El fallo insiste en que una tasa no puede recaudar más de lo que cuesta el servicio prestado, por el principio de equivalencia. Al usar la tasa como una vía de financiación “general”, el gobierno de Bueno no logró acreditar ese equilibrio.

La Sala también cuestiona la memoria económica del Ayuntamiento. A modo de ejemplo, señala que incluyó en el apartado de costes el valor total de inversiones plurianuales, en lugar de recoger sólo la parte correspondiente a la amortización anual. También mezcla el número de “plazas oficiales” con el de “personas pernoctando”, lo que distorsiona el resultado.

El juez se disculpa por el retraso

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco José Gómez Cáceres, no es firme e impone al Ayuntamiento el pago de las costas procesales del recurso, hasta un límite de 3.000 euros.

En los antecedentes de la sentencia, el juez se disculpa con las partes por el retraso en dictar la resolución. Gómez Cáceres confiesa que se demoró un mes más de lo esperado porque el borrador de la sentencia tenía 350 folios, un dato que el propio magistrado califica de “tan cierto como absurdo”, y tuvo que reducirlo hasta los 39 folios finales.

“No es esta dilación, ni cualquier otra en las que he incurrido, el motivo por el que pido perdón. Tampoco quiero apagar con estas palabras las consecuencias de la tardanza, que asumiré como debe afrontar las cosas el hombre de una pieza. Sólo quiero dejar expresa constancia, una vez más, de mi honda gratitud para con los destinatarios de estos renglones”, señala el juez. Y concluye este alegato: “Para mi sorpresa, me parece que una larga carrera profesional no me ha preparado para afrontar estas complicaciones, es decir, para transmitir mi pesar fácilmente y con alguna verosimilitud”.

La Guardia Civil ha desarticulado en Mogán, en el sur de Gran Canaria, con la detención de dos personas y la identificación de una tercera una banda especializada en hurtos y estafas con tarjetas bancarias robadas.

Entre finales de abril y principios de mayo varias víctimas denunciaron la sustracción de efectos personales en diferentes zonas de ocio y tránsito turístico del municipio y el uso posterior no autorizado de sus tarjetas en un establecimiento comercial y en un cajero automático ubicado en un centro comercial de la localidad.

Los autores actuaban de forma organizada y perfectamente coordinada, con reparto de funciones entre ellos: mientras uno de los investigados ejecutaba los pagos en el establecimiento, otro realizaba labores de vigilancia activa en el entorno, y una tercera integrante acudía con ellos para generar distracción y facilitar la comisión de los hechos, ha detallado este viernes el instituto armado.

En el interior del establecimiento, los autores seleccionaban numerosos artículos, efectuando varias transacciones con tarjetas sustraídas, incluso repitiendo pagos en cortos intervalos de tiempo con control del entorno, lo que evidenciaba una elevada experiencia en este tipo de delitos.

Luego, se desplazaban a un cajero automático donde realizaban múltiples extracciones de efectivo con las tarjetas sustraídas, llegando a efectuar numerosas operaciones consecutivas en pocos minutos y obteniendo elevadas cantidades de dinero en efectivo.

Tras analizar las grabaciones de videovigilancia del cajero automático y del establecimiento comercial, los agentes pudieron reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a los autores mediante rasgos físicos, tatuajes distintivos, forma de vestir y patrones de comportamiento, que compararon con reseñas policiales previas y fotografías aportadas por los denunciantes.

Con todo ello pudieron determinar la presunta participación de tres personas que actuaban en connivencia y de forma reiterada en el municipio.

A los detenidos se les imputan varios delitos de hurto y estafa, uno de estafa continuada, y un delito de pertenencia a grupo criminal y el valor económico de los hechos investigados es de, al menos, 3.600 euros, si bien a esta cantidad habría que añadir el importe correspondiente a las compras realizadas fraudulentamente en el establecimiento comercial, lo que incrementaría el perjuicio económico global causado a las víctimas.

Las diligencias instruidas, junto con todos los efectos probatorios obtenidos han sido remitidas al Juzgado de Instrucción competente, quedando los investigados a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de delitos de hurto y estafa.

El muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, ha pasado a denominarse de forma oficial Muelle de la Esperanza, un nombre concebido para proyectar un mensaje permanente de “respeto, solidaridad y compromiso con la vida” en recuerdo de los miles de migrantes llegados desde África a esta isla tras ser rescatados en el mar o por sus propios medios.

Así lo ha explicado en un comunicado el director de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, que ha subrayado que “el Muelle de la Esperanza no es solo un nombre: es una declaración de principios”.

Este ente, dependiente del Gobierno canario, busca con esta nueva denominación que este espacio recuerde la visita del papa León XIV, pero también a “quienes han perdido la vida en el océano y a todas las personas que siguen buscando una oportunidad de futuro en la ruta atlántica”.

Moreno ha destacado que los puertos canarios son “infraestructuras de servicio, pero también lugares de encuentro, memoria y humanidad”.

“Con la denominación Muelle de la Esperanza, el Puerto de Arguineguín incorpora un nuevo símbolo para Canarias y para todas las personas que miran al mar como lugar de partida, de llegada y de esperanza”, ha apuntado el director del ente público.

La placa, que fue inaugurada con la visita del papa León XIV, quedará como un símbolo de acogida, de respeto y de esperanza compartida“.

En el acto celebrado este miércoles por la tarde, también se representó la obra de teatro Historias de sal, que continúa su recorrido por los puertos canarios dentro del proyecto Puertos Abiertos.

Durante el encuentro se ofrecieron también detalles sobre la intervención prevista en la marquesina del puerto de cara al Día del Carmen, un espacio que reforzará la presencia de la tradición marinera y la identidad local. 

Hay dos aparcamientos a escasos 300 metros, tres minutos andando, hasta las dependencias municipales de Arguineguín. Uno en la calle Tamarán, donde aparcan la mayoría de concejales y vecinos del municipio, y otro cruzando a pie la plaza Perez Galdós. Pero el aparcamiento de la Policía Local está justo al lado de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Mogán. Y aunque la Alcaldía tiene una plaza reservada en el propio estacionamiento de la Policía Local, la alcaldesa, Onalia Bueno, estaciona “desde hace años” su vehículo particular en las plazas reservadas a los coches patrulla en la Comisaría de Arguineguín.  

No sólo ella, también lo hacen algunos de sus concejales, como: Víctor Gutierrez; Tania del Pino Alonso, teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Acción Social y Sociocomunitaria y del Área de Gobierno de Presidencia, y Juan Mencey Navarro, primer teniente de alcalde del Área de Gobierno de Urbanismo y Promoción Turística. 

No es raro encontrar el coche particular de la alcaldesa y de algunos de estos concejales aparcados en las plazas reservadas a los coches patrullas, incluso en las plazas destinadas a los vehículos policiales de atestados, donde los propios policías municipales tienen expresamente prohibido aparcar. Según se recoge en diferentes documentos a los que ha accedido este periódico, estos hechos vienen ocurriendo desde hace casi diez años. 

Queja a la Jefatura de Policía

Este periódico ha tenido acceso a un informe registrado en el propio Ayuntamiento de Mogán, el pasado mes de mayo, en el que un agente municipal se queja de esta situación al jefe del Cuerpo de la Policía Local. Lo normal sería que el jefe de Policía Local de respuesta a la queja presentada, pero fuentes conocedoras del caso dudan de que vaya a ocurrir. 

El informe asegura que llevan “años padeciendo” este problema, y detalla que los policías locales tienen que estacionar mal sus coches patrulla “en doble o triple fila” impidiendoles la salida rápida. Además, explica que “muchas veces” tienen que quitar unos coches para poder salir con otros.  

Consecuencias fatales 

El escrito menciona que estos hechos han llegado a crear situaciones de “auténtica preocupación e importancia”. Se refiere sutilmente a que pudo tener consecuencias fatales. El escrito relata que “un vehículo de protección civil que se encontraba estacionado en nuestros estacionamientos no pudo salir de forma inmediata para trasladar a un médico del centro de salud de Arguineguín hasta el lugar en que se encontraba un accidentado en parada cardiorrespiratoria en Puerto Rico”. El traslado tuvo que hacerlo una patrulla de la Guardia Civil, debido al bloqueo de vehículos. Y en ese punto termina diciendo: “ese día se encontraba el vehículo de la alcaldesa ocupando uno de nuestros estacionamientos”. Y aunque el escrito no lo dice, aquel hombre murió. 

El informe ni siquiera insinúa que el fallecimiento fuera consecuencia del coche mal aparcado, como es lógico, tan sólo menciona que el coche “no pudo salir de forma inmediata”. La hemeroteca recoge que aquel día de noviembre de 2025 un hombre falleció en un accidente laboral en los apartamentos Orinoco, en Puerto Rico, tras resbalar y golpearse la cabeza contra un escalón y que “pese a los esfuerzos por reanimarlo, los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida y tan sólo confirmaron el deceso”. Era un hombre polaco que llevaba sólo seis días en España.

Concejales multados en 2017

Hace casi diez años hubo un policía que se atrevió a multar a dos concejales por aparcar donde no debían. Pero según consta en un atestado de 2017 de la Guardia Civil, el coche particular de aquel agente fue vandalizado a las pocas horas. 

En el atestado el agente afirma que no sospecha de nadie, pero “sin creer que las casualidades existan, ese día ocurrieron hechos” que considera importantes y los quiere hacer constar. Lo que se narra a continuación es que aquel día en la Jefatura de Arguineguín comprobó que en el estacionamiento de la alcaldía había un vehículo particular de color rojo. Informó al subinspector jefe y al oficial de servicio que lo iba a denunciar, “sabiendo que hay orden del jefe de la policía para que se denuncie cualquier vehículo que no sea el de la alcaldesa”, pero al comprobar que se trataba del vehículo de un concejal del equipo de gobierno decidió no hacerlo, suponiendo que no tardará mucho en retirar el coche. El vehículo del concejal estuvo aparcado ahí desde las 13.30 hasta las 20.30, y entonces decidió multar. 

El atestado recoge que “ya se le había informado y advertido hasta en dos ocasiones” a una concejala del equipo de gobierno, para “que no accediera ni estacionara en el lugar, precisamente para evitar denunciarla”. También se recoge que “el concejal de Policía tiene la misma costumbre y hace caso omiso de nuestras recomendaciones”, refiriéndose a Mencey Navarro. 

El atestado continúa relatando que a las 21:00 de la noche “se había personado la concejala Tania de CIUCA y grupo de gobierno” exigiendo que le dijeran qué policía le había denunciado, y que “no pensaba pagar la multa, todo esto bastante alterada y cabreada”. 

Dos horas después, el policía local que multó el vehículo mal estacionado de la concejala, encontró su coche particular vandalizado, con tres ruedas pinchadas y dos rajas de un metro en las lonas del techo de su vehículo pick-up. A este periódico no le consta que ningún otro policía local haya osado multar durante la última década a ningún cargo de gobierno municipal por aparcar indebidamente su coche en las plazas destinadas a los coches patrullas. 

Continúa ocurriendo

El informe recoge que “desde hace años se ha intentado corregir esta anomalía” y se ha hablado con varios concejales: “En cierta ocasión se informa al concejal Mencey delante del jefe Tomás Hernández, (jefe de la Policía Local en el momento de los hechos) que deje de estacionar en la zona” a lo que según el informe respondió “que se pensaría lo que haría”. Además, el documento menciona que la “concejala Tania ha llegado a dejar su vehículo particular ”durante más de 4 días seguidos“ dificultando la maniobra de salida de los coches patrullas. 

El informe relata que los hechos han sido denunciados verbalmente a un subinspector, “el cual reconoció el problema, pero también dejó claro que no hacía nada” y que tenía que ser otro oficial, que se encontraba en ese momento de testigo, el que tuvo que llamar al concejal para que retirara su coche. En el informe se explica que la concejala “ha continuado con la misma práctica” y que recientemente ha vuelto a dejar su coche en la plaza de Atestados, “concretamente del día 15 al 16 de abril”, y se adjunta una foto, a la que también ha tenido acceso este periódico. A continuación se puede leer: “Ese mismo día la alcaldesa también deja su vehículo en la zona de Atestados”. 

En el escrito se resalta que la alcaldesa utiliza el estacionamiento de la alcaldía “a modo de reservado” para que aparquen otros concejales o “cualquier otro particular allegado, estacionando ella en cualquier otro estacionamiento de nuestros vehículos patrulla sin ningún tipo de reparo y sin tener en cuenta las consecuencias”. 

“No todos son iguales”

En el informe de queja enviado a la Jefatura de la Policía Local se destaca que “esta situación no se ha padecido con ningún otro grupo de gobierno anterior, ni con ningún otro particular”. También reconoce que “no es una práctica generalizada” por parte de todos los concejales, “afortunadamente sólo lo hacen la alcaldesa, y los concejales Mencey, Tania y Víctor”, y añade que “es una clara evidencia de que no todos son iguales”. 

Una de las más recientes quejas por parte de los policías locales se refiere al pasado día 13 de abril, cuando “se les ha informado a todos que no estacionen o que lo hagan el menor tiempo posible”, pero al día siguiente había 4 vehículos particulares estacionados, “algo que evidentemente parece que no entienden”. 

El escrito finaliza dejando constancia de que existe una orden de la jefatura de la Policía Local de 2017 en la que “en NINGÚN CASO hace referencia a que los concejales ni la alcaldesa puedan estacionar en los estacionamientos de los vehículos patrulla”. 

“Obligado Cumplimiento” 

En dicha Orden de Régimen Interno de la Policía Local de Mogán, a la también ha tenido acceso este periódico, fechada en 2017 y que lleva por título: “Estacionamiento de Vehículos Policiales”, se establece el modo de estacionar los vehículos de la Policía Local de Mogán, y especifica que es de “obligado cumplimiento”. 

El primer punto señala que el espacio señalizado como ALCALDÍA estará siempre libre y “reservado para la Sra. Alcaldesa-Presidenta o Sres. Concejales, en su caso”. 

El segundo punto dice que “todos los vehículos policiales deben ser estacionados de conformidad con la señalización existente”, y da instrucciones para que en caso de emergencia “se efectúe la salida del vehículo con el menor número de maniobras” posible, lo que conlleva colocarlos en posición de salida del aparcamiento. Y añade un croquis con todo detalle. 

Casi diez años después, el coche de la alcaldesa y el de algunos de sus concejales siguen estacionados habitualmente en el lugar de los coches patrullas. Fuentes conocedoras de este asunto señalan que el concejal Mencey Navarro ha llegado a utilizar el aparcamiento de la Policía Local durante meses para no ser multado por no tener en regla la ITV, ya que fue sancionado por esta circunstancia cuando su coche particular se encontraba aparcado fuera del estacionamiento de la Policía Local de Arguineguín. 

Denunciado por la oposición

El grupo municipal de Nueva Canarias de Mogán dirigió un escrito a la alcaldesa y al jefe de la policía local el pasado 4 de mayo sobre el “uso indebido de estacionamientos policiales y afección a la seguridad operativa”. El documento se refiere “a problemática reiterada” de la ocupación de los estacionamientos “destinados a vehículos policiales por parte de cargos políticos” y señala que “compromete gravemente la capacidad de respuesta ante incidencias y emergencias, generando un evidente riesgo para la seguridad ciudadana”.  

El documento menciona expresamente “a la Sra. Alcaldesa, quien, según parece, ha venido utilizando de forma habitual los estacionamientos destinados a vehículos policiales”, incluso manteniendo su vehículo estacionado durante periodos prolongados, “llegando a producirse situaciones en las que no se ha podido disponer de un vehículo de manera inmediata para atender servicios urgentes”. 

Por el momento el Ayuntamiento de Mogán no ha respondido a las preguntas de este periódico.

Se llaman José Luis y Juan Carlos Sánchez, son hermanos, pero no son parientes, ni siquiera lejanos, de Pedro Sánchez. Al contrario, son de Vecindario (Santa Lucía de Tirajana) y fueron los que se presentaron voluntarios ante los medios de comunicación para reclamar sangre y criticar la visita del presidente al muelle acompañando al papa León XIV este pasado jueves. Que se sepa, son los únicos que se han manifestado públicamente en contra de esa presencia presidencial, si descontamos a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que trató de predisponer a toda la vecindad contra Sánchez en cuanto se enteró, seis días antes, de que acudiría al muelle de la vergüenza. Y siguió durante y después del magno acontecimiento.

Como esto es un pueblo chico, es fácil saber quiénes son los Sánchez. No son moganeros, pero han comprado varios inmuebles en el barrio marinero de Arguineguín para destinarlos a alquiler vacacional.

Sólo con esa descripción bastaría para entender su aversión a Sánchez, y especialmente a que el muelle se utilice para algo distinto que la pesca y el turismo. Pero si añadimos que son dos personas muy allegadas a Onalia Bueno, ya tenemos el cuadro completo.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de Bueno y la postura de los dos espontáneos, no hubo algarada contra Sánchez en el muelle de Arguineguín. Muy al contrario, muchas de las personas presentes hicieron todo lo posible por saludarlo o hacerse fotos con él. Incluida una mujer que puso en sus brazos a un bebé, lo que proporcionó a la misma prensa conservadora la oportunidad de acusar al presidente del Gobierno de tratar de emular al Papa dedicándose a “bendecir” a los niños. Con lo ateo que es Pedro Sánchez, gracias a dios.

A ese afán se lanzaron medios de comunicación como Libertad Digital, ABC o El Español, que dejaron caer insinuaciones bastante perversas sobre un más que probable intrusismo profesional del presidente del Gobierno.

Onalia Bueno, la alcaldesa anti-inmigrantes que critica a Pedro Sánchez por haberlos dejado tirados en el muelle de Arguineguín, en plena pandemia y enorme crisis migratoria, allá por 2020, puso el grito en el cielo cuando supo que el presidente se sumaba a la comitiva de acompañamiento al Papa. Y siguió insistiendo incluso con el acto del pasado jueves ya iniciado, cuando intentó por activa y por pasiva acercarse a él para decirle cuatro cosas bien dichas. No consta que eso haya sucedido, ni que ella haya presumido de tal cosa.

Su velado llamamiento a rebelarse contra Sánchez (“no merece venir después de habernos dejado tirados”) tampoco cundió mucho porque, al contrario de lo que ha ocurrido en otros puntos de la geografía española con la visita del sumo pontífice, no hubo gritos de “hijo de puta” o “vete ya de aquí”, entre otros del repertorio contestatario.

Al contrario, hubo mucho jolgorio no solo con la presencia allí de Pedro Sánchez sino también de algunos de sus ministros. El más vitoreado y abrazado fue, una vez más, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que sigue disfrutando de mucha popularidad en Canarias, como se encargan de insistir las encuestas, incluidas las encargadas por los medios de comunicación más alejados de las tesis gubernamentales.

Así que, ante un ambiente tan proclive al Gobierno, los enviados especiales de los medios de Madrid se las vieron y se las desearon para acercar a sus audiencias y a sus lectores voces que criticaran de la manera más agria posible al presidente.

Y esas voces las encontraron en los hermanos Juan Carlos y José Luis Sánchez, que enseguida se prestaron a colaborar, entre otros, con el programa de Cuatro En boca de todos, que presenta desde Madrid Nacho Abad.

Sobre el rótulo “Vecinos contra Sánchez”, los Sánchez se despacharon con el mismo discurso, exactamente el mismo, de la alcaldesa Bueno: “Lo que no entendemos es cómo Pedro Sánchez se gasta el morro y se presenta aquí para sacarse la foto cuando nos dejó abandonados durante la pandemia con 3.000-4.000 inmigrantes tirados ahí en el muelle hacinados, con la orina, con las heces, sin comida, bajo el sol, esto fue de locos, una película de terror”…

Y más leña al fuego: “Y esto durante la pandemia, con los coches fúnebres viniendo aquí a recoger a nuestros familiares y poniéndonos aquí a estas personas”..., momento en el que paró para no pronunciar la palabra “estorbando”.

Y, mientras eso nos hacía Sánchez, qué hacía nuestra noble alcaldesa. Lo explicó Juan Carlos estupendamente bien: “Todos los días preocupándose, recogiendo comida, recogiendo mantas, todos los días en el muelle atendiéndolos”.

Pero la reportera, desplazada a Gran Canaria para la ocasión, quería un poco más de sangre: “Si pasa por aquí Pedro Sánchez, ¿qué harían?”, les preguntó.

La respuesta fue hasta suave, teniendo en cuenta la provocación: “Yo creo que es mejor que Pedro Sánchez venga en submarino al muelle porque si pasa por aquí por las calles va a ser abucheado por todo el pueblo de Arguineguín porque no queremos que venga, estamos totalmente en contra”.

Los Sánchez también fueron utilizados por el periodista Chapu Apeolaza para su crónica en ABC, que tituló de este modo tan llamativo: «No le tiraremos piedras a Sánchez por respeto al Papa».

El periodista los entrevistó en el restaurante Le Patio, en la plaza de los Poetas, donde pronunciaron para él la proclama clásica: “No somos racistas”, “pero el pueblo no ha olvidado cuando nos dejaron solos”.

La pieza incluye unas declaraciones de la alcaldesa de Mogán también previa a la visita papal: «Viene aquí porque es un sitio donde no le pueden gritar», zanjó Onalia Bueno. 

El periodista se tragó una de las habituales mentiras de la alcaldesa, que le aseguró que el Ayuntamiento de Mogán había tenido que ampliar el cementerio municipal para dar sepultura a los numerosos migrantes que llegaban muertos a Arguineguín o morían al ser desembarcados. La ampliación del camposanto se adjudicó en 2019 y las obras empezaron en mayo de ese año, un año antes de la crisis migratoria, lo que hubiera sido fácil de comprobar con un vistazo a la web del Ayuntamiento.

Ousseynou Fall es senegalés, pero partió de Mauritania hace seis años rumbo a Canarias en busca de un “sueño”, dice. En el mismo muelle donde ahora aguarda para la visita del papa Leon XIV con “esperanza ” dice y felicidad por sus compañeros. Explica que él estuvo seis días durmiendo a ras del suelo cuando él llegó en noviembre de 2020, pero cree que ocurrió porque había “muchas personas”. Después lo trasladaron a un hotel en Puerto Rico temporalmente, luego a un centro en Arucas y, por último, intentaron trasladarlo a la Península, pero él se plantó y dijo que quería quedarse en Canarias con su familia. Poco a poco aprendió español y ahora trabaja de cocinero. 

“Esperanza” es también la palabra que emplea Juana Isabel una vecina del pueblo de Mogán que asegura que vivía con angustia que a pocos metros de su casa las personas migrantes vivieran hacinadas. “Que venga el Papá es una alegría para los moganeros y que venga además a dar apoyo a estas personas que lo han pasado mal”. La vecina asegura que vive con mucha “pena” el ir al cementerio municipal y ver que hay tantas personas migrantes enterradas. 

Para ella ver al papa y que hable de “solidaridad” es un “sueño” . “A lo mejor al Papa no lo voy a ver más”, dice.

En el muelle, abarrotado de periodistas locales, nacionales e internacionales, políticos, voluntarios… Hay además muchas personas que esperan con ansias ese discurso humanista que ya ha dado en otros puntos de España y marcado por la importancia de ser solidario con las personas migrantes y respetar sus derechos. 

Uno de los testimonios esperados es el de una víctima de trata. Y por ello en el muelle hay varias mujeres víctimas de explotación que acuden al centro Lugo de Cáritas ( que presta atención a víctimas de trata). Este periódico ha hablado con varias de ellas de origen colombiano que han explicado que en ese país “dios” cobra una importancia pero “sin fanatismos” y que es clave para sentir que hay esperanza y tener esa seguridad de que “todo va a estar bien” 

Dos de esas mujeres explican a este pperiódico que se sienten privilegiadas por estar cerca de León XIV este jueves. Una de ellas señala que la vida del migrante es muy dura que te tratan de “explotar”. Ana (nombre ficticio) subraya que “nadie sabe la cruz que carga la otra persona” y que ella misma se ha visto obligada a dormir en la calle, razón por la que acabó siendo explotada sexualmente. 

Explica además que sufrió acoso en una sede las viviendas en las que trabajaba como empleada de hogar, pero nunca pudo denunciar por miedo a que la deportaran. Otra de las mujeres también explica que en una vivienda en la que trabajó su jefa le pegó y no pudo denunciar por miedo.

Es por ello que estas personas creen que es clave que el Papá que ya ha aterrizado en Gran Canaria, escuche las realidades migrantes

El Ayuntamiento de Mogán ha logrado cambiar a tiempo las lonas que la Concejalía de Turismo había instalado para tapar algunas vallas de solares del barrio marinero de Arguineguín ante la inminente visita del Papa este mismo jueves.

Tras descubrirse la errata por la que se daba la bienvenida en un italiano incorrecto, “bienvenuti”, ya entrada la tarde una cuadrilla de operarios sustituyó las lonas por otras de nueva confección en la que ya se leía correctamente la palabra benvenuti, es decir, bienvenidos, en plural, junto al mismo saludo en otros idiomas europeos.

El Papa León XIV acudirá este jueves al muelle de Arguineguín a presidir un acto de homenaje a las personas migrantes en el que será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo. También estará presente la alcaldesa de Mogán, la polémica Onalia Bueno, que siempre se ha significado contraria a la migración, y varios ministros, entre ellos el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

La intención era buena, pero ha salido un churro. La persona responsable en el Ayuntamiento de Mogán de traducir mensajes dirigidos a los visitantes extranjeros (a los que no llegan en cayucos, me refiero) se ha vuelto a cubrir de gloria. Este martes aparecieron en algunas vallas de solares del barrio de Arguineguín enormes lonas con el escudo y el eslogan turístico del municipio con la palabra “bienvenido” en varios idiomas, incluido el español. Tras el inglés y el alemán, un llamativo “Bienvenuti” parecía especialmente dirigido al visitante más ilustre que ha recibido en su historia (después de Mariano Rajoy en aquel famoso mitin pagado con fondos corruptos).

Efectivamente, el Papa estará este jueves en el puerto de Arguineguín y se dará por bienvenido si alguien tapa antes esas lonas o las cambia a tiempo. Porque en italiano, bienvenido es benvenuto, y bienvenidos, que es lo que se acerca más al macarrón, es benvenuti.

Debe ser el mismo portento que decidió en 2018 que la mejor manera de avisar a los angloparlantes de que no se sentaran en los bancos recién pintados era recurrir a la expresión tan directa de “ojo, pinta”, que apareció “painted eye”.

Y como todo se pega (o everything sticks), han aparecido otros ejemplos de intentos bienintencionados que llaman la atención, como lo que han hecho los propietarios de la popular pizzería La Mar Salada, que desplegaron sobre la fachada del establecimiento una enorme pancarta saludando al papa León XIV con todos los aditamentos de la visita, escudo, eslógan, mapa de Canarias y alegorías a la llegada de cayucos, con un apoteósico “Bienv enido”. En dos palabras, bienv enido. 

La alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, ha criticado este viernes la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al acto que el papa León XIV llevará a cabo el 11 de junio en el muelle de Arguineguín al considerar que “no mostró en su día ningún tipo de interés” durante la crisis migratoria de 2020 pese a que la migración es una competencia estatal. “No merece venir”, observó.

La regidora ha reaccionado así al anuncio de Moncloa de este jueves que informaba que Sánchez asistirá con el pontífice al encuentro que mantendrá en la isla con migrantes, ONGs y entidades que los atienden para visibilizar el drama migratorio.

Asimismo, el Papa, que con el encuentro en el muelle pretende visibilizar la tragedia de la inmigración que cada año se cobra cientos de vidas en el mar, también estará acompañado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En declaraciones a Cuatro recogidas por Europa Press, Onalia Bueno ha señalado que durante aquella crisis migratoria solicitó la presencia y el auxilio del Estado en el muelle, donde, según ha recordado, llegaron a permanecer más de 3.600 personas hacinadas.

También ha reprochado al Gobierno central que no actuara hasta que el Ayuntamiento de Mogán (municipio ubicado en el sur de la isla) “dio un golpe en la mesa” habilitando guaguas para trasladar la situación y a los migrantes a la Delegación del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria.

Con todo, la alcaldesa ha asegurado que la noticia de la visita del presidente ha sido recibida “de aquella manera” por los vecinos de Mogán y de Gran Canaria.

En este punto, Bueno entendió que el presidente “no merece venir” ahora a un lugar en el que, sostiene, “nada hicieron” cuando la situación dependía directamente del Estado.

Cuando el papa León XIV eleve una plegaria desde el puerto de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, por los miles de inmigrantes que han perecido en un cayuco en la Ruta Atlántica a Canarias, por los que van a seguir muriendo y por aquellos que lo dan todo para rescatarlos, Ousseynou Fall rezará por su hermano.

Este antiguo pescador de Saint Louis (Senegal) llegó a Gran Canaria el 12 de noviembre de 2020, en su segundo intento. No sabía leer ni escribir, pero la generosidad de una familia de acogida le abrió camino. Aprendió, se formó y ahora trabaja como cocinero de hotel. No se ha ido de Canarias, es un vecino más de Arguineguín.

“Aquí”, dice señalando una tapa de alcantarilla, casi al final del muelle, “justo aquí dormí la primera noche cuando me rescataron”. Ousseynou Fall suele acercarse de cuando en cuando al muelle.

Allí terminaron sus noches sin agua, allí se desvaneció el miedo a hundirse, allí comenzó su nueva vida. En ese muelle, sobre todo, recuerda a los amigos y familiares que se quedaron en el mar.

Historias como la suya conmovieron a Francisco, el papa que quiso abrir su pontificado en Lampedusa, ofreciendo consuelo a los inmigrantes rescatados del Mediterráneo. El propio Fall se la contó en una carta que el pontífice hizo pública en 2023 en una de las muchas ocasiones en que anunció su deseo de viajar a Canarias.

La salud se lo impidió, pero el 11 de junio su sucesor cumplirá su promesa y abrirá en Arguineguín su visita a Canarias, con un encuentro con inmigrantes, familiares de desaparecidos, servicios de rescate y voluntarios.

Del campamento masificado al cierre

El puerto vive estos días cierto ajetreo por los trabajos de acondicionamiento previos a la visita de León XIV, pero nada queda ya del campamento donde Ousseynou Fall desembarcó después de que la Salvamar Menkalinan rescatara su cayuco, que ya se hundía.

Era temprano, recuerda, y el muelle estaba lleno: casi 2.000 hombres y mujeres dormían allí hacinados durante días sobre mantas, sin más protección para el sol o la lluvia que unas carpas.

Esa misma mañana lo visitó el juez encargado de velar por las garantías en el centro de detención de migrantes (CIE) de Gran Canaria y describió sus condiciones como “degradantes e inhumanas”.

Solo ese mes pasaron por ese pequeño puerto del sur de Gran Canaria 6.357 migrantes. Al final de noviembre fue clausurado a petición del Defensor del Pueblo, cuando ya cargaba con el nombre de 'muelle de la vergüenza'.

“Fue un momento muy complicado. Cruz Roja tuvo que reinventarse”, recuerda José Antonio Rodríguez Verona, responsable de los equipos de la ONG en Canarias encargados de la primera atención en los puertos a los recién rescatados. “Ese apelativo por el que todo el mundo lo llama, a mí no me gusta ni nombrarlo. Hicimos un gran esfuerzo para atender a miles de personas en plena pandemia, con todo cerrado”.

Rodríguez Verona estaba allí en aquellas fechas y lo sigue estando ahora, lleva tres décadas atendiendo pateras. Menos años de experiencia que él acumula Tito Vilarmea, actual patrón de la Guardamar Urania, el barco de rescate más moderno de Salvamento Marítimo. Cuando la Menkalinan rescató a Fall, Vilarmea también estaba destinado en Arguineguín, en la Guardamar Concepción Arenal.

Un muelle de orgullo

Para este marinero gallego, que el papa haya elegido Arguineguín para dirigirse al mundo también lanza un mensaje. “Yo no lo considero el muelle de la vergüenza, no lo fue. Fue un muelle solidario, un muelle de voluntarios. Todo el pueblo se volcó: comercios, vecinos que traían agua, comida y abrigo. Se doblaron turnos, se hizo un esfuerzo sobrehumano. Para mí fue muelle del orgullo”, afirma.

Rodríguez Verona y Vilarmea estarán entre los invitados al encuentro con el papa. “Este trabajo deja heridas, somos humanos”, admite el responsable de Cruz Roja, que estos días ha pensado mucho en Eléne Habiba, la niña maliense de 24 meses a la que se le paró el corazón justo en ese mismo muelle, cuando ya estaba a salvo.

El patrón de la Urania reconoce que en ocasiones le asalta cierta sensación de culpa, “porque, por desgracia, hay hundimientos, vuelcos, neumáticas que se pinchan... y piensas qué hubiera ocurrido si hubiéramos llegado antes o si el mar hubiera estado mejor”.

Cuando le pasa eso, se refugia en otro recuerdo, el de aquella madre a la que salvó, una mujer que viajaba con un hijo adolescente completamente tapado con un chaquetón grande y un gorro de lana.

“Bajé para el recuento a identificar si eran varones o mujeres y, entonces, la madre le sacó el gorro, le soltó la melena y le puso unos pendientes, como diciendo: ahora vuelves a ser mujer”.

Tito Vilarmea siempre ha pensado que aquella mujer había disfrazado a su hija de niño para protegerla de muchos peligros de la ruta y se emociona. “Yo también tengo hijas, ¿sabes?”.

Barça o barzakh

Fall les escucha en silencio. Acaba de reconocer en el muelle a uno de los marineros que lo rescataron en 2020 y solo acierta a dar las gracias. “En nombre de todos mis compañeros”, enfatiza.

En su cayuco murieron cuatro personas de frío y sed. Por eso, cuando oye repetir entre los jóvenes de Saint Louis u otros lugares de Senegal la consigna de 'Barça o barzakh' ('Barcelona'/llegar o 'morir') siempre intenta disuadirlos, no soporta más muertes.

Fall baja la mirada y sus ojos se llenan de lágrimas al recordar a su hermano, que tenía 23 años. “No me dijo nada. Murió en el camino. En el cayuco que apareció en Brasil”.

Son historias de Arguineguín.

Tan solo han pasado unos pocos meses desde que Onalia Bueno confirmara al mundo el final de su corto idilio con Coalición Canaria, partido al que entró por la puerta grande, ocupando la Secretaría de Políticas Municipales de los nacionalistas en Gran Canaria, y ya tiene nuevo refugio: el Partido Popular, con el que entró en política a principios de este siglo.

Lo acaba de confirmar públicamente el flamante presidente de la gestora del PP en Gran Canaria, Carlos Sánchez, que ha contado a Radio Marca que las conversaciones con la alcaldesa más polémica de Canarias están muy avanzadas, sin descartar incluso que pueda ser la que encabece la lista al Cabildo.

Lo haría, en cualquier caso, en una alianza entre el PP y la marca que acaba de crear y de registrar, Bueno para Gran Canaria, que se repetirá en cada uno de los municipios a los que concurra, empezando por Mogán, Bueno por Mogán, y seguirá por San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, e incluso Las Palmas de Gran Canaria. Bueno por toda la isla.

Onalia Bueno se amuló cuando vio que Coalición Canaria la dejaba a un lado a partir de que el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, creara su propio partido junto a su colega de Agüimes, Óscar Hernández, para dar cobijo al amplio grupo de regidores municipales que había decidido abandonar Nueva Canarias por anquilosamiento de la dirección, según dijeron.

Tanto Fernando Clavijo como Pablo Rodríguez vieron con mejores ojos una alianza con Municipalistas Primero Canarias, que es como se llama el partido de los alcaldes escindidos de NC, antes que dar demasiado oxígeno a Onalia Bueno, a la que vieron venir a tiempo. Y todo porque la alcaldesa no ocultaba sus apetencias sobre la secretaría general de CC en Gran Canaria, lo que habría dejado a su actual titular, Pablo Rodríguez, a un tris del paro.

Tampoco ayudó mucho a su permanencia en el proyecto que Teodoro Sosa no se dejara camelar por ella y se mantuviera en su propósito de ser él el candidato al Cabildo de Gran Canaria, plaza con la que ahora le tienta el PP.

La fórmula será Partido Popular-Bueno para Gran Canaria, la misma que emplea el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez (PP-Agrupación de Vecinos), dos marcas municipales que competirán en las dos Tirajanas e irán juntas al Cabildo de Gran Canaria.

Onalia Bueno inició su carrera política en el PP en 2003, de la mano de Francisco González, que alcanzó la alcaldía de Mogán. Todo saltó por los aires cuando estalló el caso Góndola, en 2007. Fue una de las personas detenidas en aquella operación contra la corrupción que acabó archivándose 17 años y 13 jueces de instrucción después. 

Ya fuera del PP, Bueno adoptó primero las siglas teldenses de Ciudadanos para el Cambio (Ciuca) y más tarde su propio partido, Juntos por Mogán, que ahora ha personalizado aún más poniendo su apellido por delante.

El derrumbe de un muro a la altura del número 49 de la calle Acorán, en Arguineguín, provocado por las lluvias de la borrasca Therese, ha desatado la indignación vecinal por la falta total de respuesta por parte del Ayuntamiento de Mogán. Ante esa inacción, el concejal de Nueva Canarias Juan Manuel Gabella registró el pasado día 29 un requerimiento formal exigiendo una intervención urgente. En el documento se solicita inspección técnica inmediata, informe pericial, medidas de seguridad y una resolución administrativa clara sobre responsabilidades del incidente.

Los vecinos califican la situación que padecen de “peligrosa y desatendida” y reclamaron la presencia del concejal, que acudió acompañado por el vicepresidente de NC-BC en Mogán, Luis Gopar. Tras reunirse con ellos y visitar la zona afectada, Gabella comprobó la magnitud del corrimiento de tierras, con escombros, terreno inestable y afección directa a una vía pública. 

Según relatan los vecinos, los servicios de emergencia que acudieron inicialmente al lugar ya advirtieron de la necesidad de una intervención técnica. Sin embargo, denuncian que el Ayuntamiento no ha realizado inspección alguna ni ha emitido informe oficial, limitándose —según afirman— a comunicaciones verbales sin validez administrativa. Alertan igualmente de que el terreno continúa inestable y temen nuevos desprendimientos, especialmente ante episodios de lluvia, reclamando una actuación inmediata que evite consecuencias mayores. 

“Es inadmisible que, ante un riesgo evidente en una calle pública, el Ayuntamiento no haya hecho absolutamente nada. Estamos ante una clara dejación de funciones”, denunció el concejal de Nueva Canarias. “No se puede responder con excusas ni eludir responsabilidades. Aquí hay vecinos expuestos a un peligro real y la administración tiene la obligación de actuar ya”, añadió. Desde Nueva Canarias se insiste en que la situación afecta a la seguridad en un espacio público, lo que obliga al consistorio a intervenir en el marco de sus competencias en urbanismo, protección civil y prevención de riesgos. 

“Este edificio es de los más antiguos y emblemáticos del casco histórico de Mogán. La construcción data del siglo XVIII, anterior a la misma iglesia”. “Han quitado las tejas del techo, roto un corredor, un balcón exterior y siguen haciendo destrozos, todo ello sin licencia ni permiso alguno”. “El edificio constituye una pieza única representativa de arquitectura rural tradicional canaria (...) No se entiende cómo este ilustre Ayuntamiento ha permitido que se lleve a cabo la demolición de un edificio tan emblemático, con una estética impecable y con una estructura basada en una carpintería artesanal de madera de tea de pino canario, permaneciendo pasivamente inmóvil, indiferente y estático”. 

La historia empieza en abril de 2001. Vecinos de Mogán, en el sur de Gran Canaria, denuncian la demolición de una casa del siglo XVIII con alto valor arquitectónico en el casco del pueblo, a escasos metros de la iglesia, para levantar en su lugar un bloque de viviendas. Uno de los denunciantes es Benigno Bravo de Laguna, el primer alcalde de la democracia en el municipio sureño. Agentes de la Policía Local se personan en el lugar y levantan actas contra el promotor de las obras (la empresa Braumrott) y el constructor tras constatar el derribo de la casona sin licencia.

El servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria reclama explicaciones urgentes al alcalde de Mogán (Antonio Santana). La casona está incluida en el inventario del Patrimonio Arquitectónico del municipio. El Ayuntamiento paraliza y precinta las obras, da un plazo de tres meses al promotor para legalizar las actuaciones, bajo apercibimiento de multas, y ordena dar traslado a la Fiscalía por si los hechos fuesen constitutivos de un delito de desobediencia. Además, anuncia la apertura de un expediente sancionador. La empresa presenta alegaciones donde cuestiona que esa casona esté protegida y solicita después una licencia específica para consumar el derribo. 

El Ayuntamiento niega de forma definitiva la autorización para la demolición de la casona y ya en 2002 ordena el “restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad física alterada”, lo que obliga a la empresa a devolver a su estado original la edificación histórica. 

Un cuarto de siglo después, ya sólo quedan sus ruinas. En el lugar se erigen hoy los esqueletos de los tres edificios que debían albergar 52 viviendas, 35 trasteros y 64 plazas de garaje. La empresa promotora llegó a ejecutar la cimentación, el 90% de la estructura y un 20% de los cerramientos. El Ayuntamiento de Mogán nunca abrió el anunciado procedimiento sancionador ni dio traslado de los hechos a la Fiscalía. Tampoco instó la ejecución de la orden de restauración de la casona del siglo XIII sepultada por esas obras. 

La mole de hormigón ha permanecido abandonada en el casco del municipio durante más de dos décadas, un escenario que puede cambiar en breve. El mismo Ayuntamiento que hace 25 años paralizó y precintó la obra ilegal acaba de aprobar su rescate con 1,5 millones de euros de dinero público, con el objetivo de destinarla a vivienda social. 

La compra

La operación se cerró por la vía de urgencia en la Junta de Gobierno Local celebrada el 10 de febrero de 2026. El gobierno liderado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán) acordó la compra del inmueble a la empresa Hoteles Nuevo Milenio. La adquisición está financiada al 100% con fondos del Gobierno canario. En una resolución dictada el 30 de diciembre de 2025, el entonces director del Instituto Canario de Vivienda (Icavi), Antonio Ortega (dimitió meses después tras ser procesado por delito sexual), concedió al Ayuntamiento de Mogán una ayuda directa y con abono anticipado por 2,5 millones, de los que el Consistorio sureño aprobó destinar 1,5 de forma exclusiva a la compraventa de esa estructura inacabada en el casco del pueblo. 

Cuando la Junta de Gobierno de Mogán acordó la adquisición de ese esqueleto urbanístico, la empresa vendedora no había inscrito aún las fincas en el Registro de la Propiedad. Lo hizo el 19 de febrero, nueve días después de ese acuerdo y una semana antes de la firma de la compraventa ante notario, según recoge una nota simple solicitada por este periódico. 

Lo llamativo es que la empresa vendedora había adquirido esa parcela en agosto de 2022. Es decir, que en tres años y medio ni la había registrado ni había hecho nada con ella. Hoteles Nuevo Milenio se constituyó en 2001. Tiene un capital de 13.830 euros y una facturación anual estimada inferior al medio millón de euros, según datos del registro mercantil. Desde enero de 2019 su administrador único es Julio Méndez, quien sustituyó en este cargo a Eugenio Hernández, un conocido empresario del sur de Gran Canaria que está procesado en el llamado caso 18 Lovas, una presunta red de prostitución de menores. 

El precio 

Hoteles Nuevo Milenio había comprado esos edificios inacabados en agosto de 2022 a Criteria Caixa, el brazo inversor de la entidad financiera Caixabank, según consta en la escritura de compraventa incorporada al expediente municipal. No se conoce el precio de esa transacción porque en la escritura se han tachado todos los importes. En el expediente no hay ningún dato que revele cuánto le costó el edificio a Nuevo Milenio en 2022 ni, por tanto, el beneficio que pudo haber obtenido con su venta al Ayuntamiento en 2026. 

Esa falta de transparencia ha encendido las alarmas en la oposición. Para Juan Manuel Gabella, concejal de Nueva Canarias (NC) en la oposición, es “muy grave” que el Ayuntamiento afronte un desembolso millonario “a ciegas” para un edificio “sobre el que hay cargas y una orden de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida”.  

El edil denuncia la “incongruencia” del gobierno municipal. En la copia de las escrituras de la compraventa de 2022 (entre Caixabank y Hoteles Nuevo Milenio), los importes totales y el precio unitario por vivienda han sido tachados “voluntariamente y a conciencia” bajo un supuesto paraguas de privacidad, mientras el expediente deja al descubierto “datos estrictamente protegidos por ley”, como los DNI de los intervinientes, explica. 

La formación canarista advierte el peligro de estar financiando con fondos públicos “un negocio redondo” para un intermediario privado. “El Ayuntamiento ha pagado 1,5 millones de euros sin saber cuánto le costó al anterior propietario en 2022”. 

El concejal de NC registró este viernes un escrito en el que reprocha al Ayuntamiento de Mogán la “supresión deliberada” en el expediente de los importes de la compraventa entre particulares de 2022 y solicita tener acceso a esos datos “que no están protegidos”. 

Denuncia de un empresario

Un empresario del sur de Gran Canaria, Juan Manuel Pérez León, trató de frenar ese desembolso millonario del Ayuntamiento de Mogán mediante un recurso presentado el 25 de febrero. Es decir, un día antes de que se firmara la operación ante notario. En ese escrito, este ciudadano, un conocido denunciante de presuntas tramas de corrupción en las Islas, alertaba de que el gobierno liderado por Onalia Bueno había pactado “un precio desproporcionado respecto al estado real del inmueble” y que, por ello, había “vulnerado de lleno el principio de eficiencia” en el gasto público. 

El importe de 1,5 millones de euros se fijó a partir de la tasación realizada por un arquitecto externo contratado por el Ayuntamiento. Para realizar el informe de valoración económica, se basó en viviendas a la venta exclusivamente en el casco de Mogán, una zona con una “situación de estancamiento” del mercado inmobiliario debido a “la debilidad de la demanda y la ausencia de oferta”. La arquitecta municipal asumió como propia la tasación del profesional externo y dio luz verde a la compra de los esqueletos. 

El empresario denunciante alertaba de que el Ayuntamiento había acordado pagar el 94% del valor de tasación del inmueble sin exigir “una valoración pericial independiente”, ajena a la esfera municipal, y sin haber deducido “de forma explícita” el “elevadísimo sobrecoste” que tendría que inyectar la administración para terminar los edificios y hacerlos habitables. Pérez León advertía, además, que de haber comprado esa mole de hormigón directamente a la entidad bancaria hace años, el Ayuntamiento de Mogán “seguramente se hubiese ahorrado más de un millón de euros”. 

La Junta de Gobierno desestimó el recurso presentado por el empresario a partir de un informe de la Asesoría Jurídica y del servicio de Urbanismo. Sobre la tasación, la administración defendió que “se ajusta a la legalidad” porque fue realizada “por un profesional externo colegiado” y valora el inmueble “explícitamente” como un edificio “con obras paralizadas” y con un porcentaje de ejecución “de apenas el 23,15%”. Así, entiende que la cifra fijada (1,59 millones) refleja “de manera objetiva el estado real del inmueble”. 

El informe jurídico sí que da la razón al denunciante en cuanto a las vicisitudes urbanísticas de la parcela. El Ayuntamiento reconoce que en 2001 ordenó precintar la obra por la demolición sin licencia de la casona del siglo XVIII y que exigió la restauración a su estado original y dice no tener constancia “de que las obras de demolición ejecutadas hayan sido legalizadas”. Aun así, niega que exista un riesgo de devolver la subvención al Instituto Canario de la Vivienda. Según dice, este organismo del Gobierno de Canarias era “plenamente conocedor de la situación de la parcela”, ya que en la propia resolución que concede los fondos especifica que el dinero va destinado a adquirir “una edificación no terminada en fase de estructura” para adaptar el proyecto y culminar las obras. 

Además de denunciar la “aberración jurídica” que, en su opinión, supone invertir dinero público en un inmueble que carece de licencia de primera ocupación y que arrastra un expediente de infracción urbanística desde 2001, el empresario Juan Manuel Pérez León advertía de otras cuestiones, como la presunta invasión de dominio público hidráulico. En su respuesta, los técnicos de Urbanismo sostienen que el Barranco de Mogán no está “deslindado oficialmente en ese tramo” y que la obra está a unos 40 metros del “posible” cauce, por lo que “aparentemente” no está ni en dominio público ni en zona de servidumbre. 

El gobierno local también se niega a exigir a la vendedora, Hoteles Nuevo Milenio, los certificados de estar al corriente de pago con Hacienda, la Seguridad Social y otras administraciones, como solicitaba el denunciante, que sostiene que detrás de esta operación hay un entramado societario del también empresario Eugenio Hernández. 

El Ayuntamiento contesta que la legislación aplicable a la compraventa por adquisición directa, como la que se ha producido en este caso, no exige reclamar la documentación de “no deudor” a la empresa vendedora.

En esta y otras denuncias sobre operaciones en Mogán, el empresario Juan Manuel Pérez León advierte “un patrón”, un esquema en cuatro fases: una actuación urbanística irregular (en este caso, el derribo de la casona), una “inacción administrativa durante años” (la inejecución de la orden de restauración), una “consolidación de la obra” y, por último, “el intento de legalización” (a través de la compra y adaptación del esqueleto). 

Una decisión “lógica, eficiente y sostenible”

El gobierno municipal considera que la operación está plenamente justificada. La memoria del proyecto defiende que el rescate del edificio es la decisión “más lógica, eficiente y sostenible”. Argumenta que aprovechar la estructura existente permitirá reducir los plazos para entregar las viviendas sociales y supondrá “un beneficio innegable” para el casco histórico, al “suprimir por fin la imagen de deterioro y abandono” que proyecta la mole en pleno centro del pueblo. Nada dice de la infracción urbanística sobre la que se asienta.