La Policía Local de Mogán, en el sur de Gran Canaria, investiga un establecimiento de Taurito por un presunto delito contra la salud pública tras detectar la presunta venta de productos derivados de la planta del cannabis con una concentración de tetrahidrocannabinol (THC), su principal sustancia psicoactiva, superior a la permitida por la legislación.

En un comunicado, el Ayuntamiento explica que fue el perro K9 de la Unidad Canina del cuerpo local el que marcó de forma reiterada más de diez tipos de productos comercializados como CBD (cannabidiol), un compuesto del cannabis que, a diferencia del THC, no produce efectos psicoactivos.

Entonces, los agentes realizaron una inspección más exhaustiva del establecimiento y detectaron, además, diversas irregularidades en el etiquetado y la información facilitada al consumidor.

Algunos productos no incluían en sus envoltorios datos sobre su naturaleza, procedencia o distribuidor; mientras que otros carecían de información “clara” sobre su porcentaje de CBD y THC.

Los efectos intervenidos fueron remitidos al Servicio de Toxicología del Instituto de Ciencias Forenses de Santiago de Compostela para su análisis.

Asimismo, las diligencias fueron trasladadas a la autoridad judicial para determinar las posibles responsabilidades penales y administrativas que pudieran derivarse.

El Ayuntamiento señala que esta actuación forma parte de los dispositivos de inspección que lleva a cabo la Policía Local de Mogán de forma periódica, especialmente en establecimientos dedicados a la comercialización de productos sujetos a una regulación específica.

Nueva Canarias estudiará exigir responsabilidad patrimonial a la alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, si el Tribunal Supremo confirma la nulidad de la tasa turística aprobada por el Ayuntamiento, al considerar que su mantenimiento puede generar “graves” consecuencias económicas, jurídicas y presupuestarias para el municipio.

El concejal de Nueva Canarias en Mogán, Juan Manuel Gabella, ha abogado este lunes en rueda de prensa por suspender cautelarmente el cobro de la tasa tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló la ordenanza municipal al estimar que “ni de lejos” cumple el principio legal de que lo recaudado paga un servicio prestado por el Consistorio.

A juicio de Gabella, la decisión de recurrir ante el Supremo y continuar cobrando el tributo puede obligar al Ayuntamiento a afrontar devoluciones millonarias, además de intereses de demora y costes de gestión.

“El verdadero problema ya no es la sentencia en sí, el verdadero problema es cuánto dinero más está dispuesta a poner en riesgo la alcaldesa mientras espera al Tribunal Supremo”, ha afirmado el edil al indicar que “si todo esto se tumba, que sea el alcaldesa de Mogán la que pague de su bolsillo esta acción temeraria”.

Gabella ha explicado que, si se sigue cobrando la tasa, los establecimientos turísticos quedarán en una situación “muy compleja” porque tendrán que decidir si seguir repercutiendo la tasa, si la van a asumir ellos para seguir pagando y cumpliendo con el Ayuntamiento, si van a tener que provisionar recursos para hacer las devoluciones, modificar contratos con operadores y, además, gestionar reclamaciones.

Además, ha señalado, “si nos negamos a pagarlo, lo va a tener que pagar el hotel”.

NC ha insistido en que esta medida no cumple los requisitos que requiere una tasa según la Ley General Tributaria y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ya que debe haber un beneficio o servicio directo al ciudadano, constar un hecho imponible, y ha insistido en que genera una doble imposición sobre servicios ya regulados.

“Con la definición del hecho imponible tan abierto y tan genérico, es como si estuviéramos pagando el IRPF”, ha señalado el concejal.

Gabella ha cuestionado las declaraciones de Onalia Bueno en la rueda de prensa del pasado 14 de julio, en la que afirmó que la tasa no tenía afán recaudatorio, al recordar que cuando la alcaldesa presentó la tasa indicó que “era para equilibrar cuentas”.

Igualmente ha criticando que la alcaldesa dijera que la sentencia debería “ser más didáctica”, al señalar que “desde la página 28 a la 32” del documento “hay 50 ejemplos” y que la sentencia es “simple”, “básica” e “inteligente” porque se limita establecer “qué es una tasa”.

Gabella ha considerado “una falacia” que Bueno justificara que el Ayuntamiento va a recurrir la sentencia porque “Mogán no tenía superávit” al indicar que en el documento de liquidación del año 2025 el interventor señala que el superávit asciende a más de 13,5 millones de euros.

El edil ha señalado que no van a “judicializar la vida política” sino a “agotar la vía administrativa”, que contempla la posibilidad de iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial “cuando se acredite el dolo o la mala fe en la tramitación de un expediente”, con el objetivo de que “no sean los vecinos, sino la alcaldesa, la que pague el millón y medio de euros, los intereses de demora, el coste de gestión, costas y todo lo que se derive de ello”.

A su juicio, “los datos demuestran que la alcaldesa de Mogán utiliza todos los medios a su alcance para propulsar su carrera política y lo hace a costa de los vecinos de Mogán”.

Gabella ha manifestado que Bueno “está obsesionada con ser la pionera en todo y nos va a ocasionar un problema muy grave al municipio de Mogán”.

“Onalia Bueno buscó notoriedad para alimentar su ego con una medida que carecía de cobertura jurídica, quiso convertirse en referencia política y ha terminado convirtiéndose en protagonista de un sonado ridículo”, ha opinado.

Gabella ha señalado que NC presentará una moción en el próximo pleno del Consistorio para solicitar la suspensión cautelar del cobro de la tasa, que considera de “puro sentido común”, pedir la revisión de los ingresos previstos para 2025 y preparar un escenario financiero alternativo para garantizar la estabilidad presupuestaria y los servicios públicos.

NC ha defendido también impulsar un impuesto autonómico que siga el modelo gallego, que permite un recargo municipal; revisar las ordenanzas fiscales del municipio para mejorar la financiación de los servicios, y desarrollar la Ley de Municipios Turísticos de Canarias.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la ordenanza que regula la pionera tasa turística de Mogán por “camuflar” un impuesto que escapa de sus competencias.

En una sentencia dictada el pasado 28 de mayo, pero conocida este lunes, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del alto tribunal canario estima el recurso presentado por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas (FEHT).

El Ayuntamiento de Mogán, liderado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán), aprobó en febrero de 2025 la llamada Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicios y Realización de Actividades Derivadas de la Acción Turística y la Obligación de Sostenibilidad. Esta normativa fijaba una tasa de 0,15 euros al día para cada persona que pernoctara en los establecimientos del municipio.

El gobierno municipal justificó su creación argumentando que, al ser un destino turístico, necesitaba estos recursos para mitigar el impacto de ese sector sobre el territorio y asegurar la sostenibilidad de los servicios públicos. Para facilitar la recaudación de esta pionera tasa municipal, la ordenanza obligaba a los propietarios de los inmuebles turísticos a cobrarla.

Según la información proporcionada por el Ayuntamiento de Mogán a los medios el pasado mes de mayo, durante el primer año de vigencia recaudó 1,4 millones de euros por esta tasa. La alcaldesa dijo entonces que había congelado la revisión de tarifas hasta contar con un aval judicial que no ha llegado.

Rechazo de la patronal y de la oposición

Tanto la patronal turística como los partidos de la oposición en Mogán (Nueva Canarias y el PSOE) rechazaron esta iniciativa y advirtieron de su ilegalidad.

La FEHT acudió a los tribunales argumentando que la ordenanza vulneraba el principio de reserva de ley, ya que el hecho imponible (el motivo por el que se paga) se basaba en definiciones “vagas, abstractas y genéricas” que impedían conocer qué servicios concretos financiaba la tasa.

También alegó una vulneración del principio de capacidad económica, por no diferenciar las categorías de alojamiento, o defectos en el cálculo económico, como haber omitido ingresos por subvenciones o haber incluido gastos generales de funcionamiento del Ayuntamiento. Además, denunciaba que trasladaba la carga del cobro a los propios establecimientos turísticos.

“Desnaturalizar” el concepto de tasa

En la sentencia conocida este lunes, el tribunal señala que, aunque los “ecotributos” tienen un propósito loable de protección medioambiental, los municipios tienen una capacidad tributaria limitada, lo que hace que, en casos como el de Mogán, se “desnaturalice” el concepto de tasa para camuflar impuestos con un fin recaudatorio.

La Sala comparte con la patronal turística que el hecho imponible de la tasa, la razón de su cobro, se basa en expresiones ambiguas, imprecisas, genéricas y abstractas, como “acciones derivadas del turismo”, “proyectos medioambientales”, “economía circular” o “patrimonio histórico”.

Esta indefinición, continúa el tribunal, impide a la ciudadanía conocer con certeza qué presupuesto determina su obligación de pago, lo que choca con la jurisprudencia que exige que los servicios financiados por una tasa estén definidos de manera nítida, clara y precisa.

El fallo insiste en que una tasa no puede recaudar más de lo que cuesta el servicio prestado, por el principio de equivalencia. Al usar la tasa como una vía de financiación “general”, el gobierno de Bueno no logró acreditar ese equilibrio.

La Sala también cuestiona la memoria económica del Ayuntamiento. A modo de ejemplo, señala que incluyó en el apartado de costes el valor total de inversiones plurianuales, en lugar de recoger sólo la parte correspondiente a la amortización anual. También mezcla el número de “plazas oficiales” con el de “personas pernoctando”, lo que distorsiona el resultado.

El juez se disculpa por el retraso

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco José Gómez Cáceres, no es firme e impone al Ayuntamiento el pago de las costas procesales del recurso, hasta un límite de 3.000 euros.

En los antecedentes de la sentencia, el juez se disculpa con las partes por el retraso en dictar la resolución. Gómez Cáceres confiesa que se demoró un mes más de lo esperado porque el borrador de la sentencia tenía 350 folios, un dato que el propio magistrado califica de “tan cierto como absurdo”, y tuvo que reducirlo hasta los 39 folios finales.

“No es esta dilación, ni cualquier otra en las que he incurrido, el motivo por el que pido perdón. Tampoco quiero apagar con estas palabras las consecuencias de la tardanza, que asumiré como debe afrontar las cosas el hombre de una pieza. Sólo quiero dejar expresa constancia, una vez más, de mi honda gratitud para con los destinatarios de estos renglones”, señala el juez. Y concluye este alegato: “Para mi sorpresa, me parece que una larga carrera profesional no me ha preparado para afrontar estas complicaciones, es decir, para transmitir mi pesar fácilmente y con alguna verosimilitud”.

La Guardia Civil ha desarticulado en Mogán, en el sur de Gran Canaria, con la detención de dos personas y la identificación de una tercera una banda especializada en hurtos y estafas con tarjetas bancarias robadas.

Entre finales de abril y principios de mayo varias víctimas denunciaron la sustracción de efectos personales en diferentes zonas de ocio y tránsito turístico del municipio y el uso posterior no autorizado de sus tarjetas en un establecimiento comercial y en un cajero automático ubicado en un centro comercial de la localidad.

Los autores actuaban de forma organizada y perfectamente coordinada, con reparto de funciones entre ellos: mientras uno de los investigados ejecutaba los pagos en el establecimiento, otro realizaba labores de vigilancia activa en el entorno, y una tercera integrante acudía con ellos para generar distracción y facilitar la comisión de los hechos, ha detallado este viernes el instituto armado.

En el interior del establecimiento, los autores seleccionaban numerosos artículos, efectuando varias transacciones con tarjetas sustraídas, incluso repitiendo pagos en cortos intervalos de tiempo con control del entorno, lo que evidenciaba una elevada experiencia en este tipo de delitos.

Luego, se desplazaban a un cajero automático donde realizaban múltiples extracciones de efectivo con las tarjetas sustraídas, llegando a efectuar numerosas operaciones consecutivas en pocos minutos y obteniendo elevadas cantidades de dinero en efectivo.

Tras analizar las grabaciones de videovigilancia del cajero automático y del establecimiento comercial, los agentes pudieron reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a los autores mediante rasgos físicos, tatuajes distintivos, forma de vestir y patrones de comportamiento, que compararon con reseñas policiales previas y fotografías aportadas por los denunciantes.

Con todo ello pudieron determinar la presunta participación de tres personas que actuaban en connivencia y de forma reiterada en el municipio.

A los detenidos se les imputan varios delitos de hurto y estafa, uno de estafa continuada, y un delito de pertenencia a grupo criminal y el valor económico de los hechos investigados es de, al menos, 3.600 euros, si bien a esta cantidad habría que añadir el importe correspondiente a las compras realizadas fraudulentamente en el establecimiento comercial, lo que incrementaría el perjuicio económico global causado a las víctimas.

Las diligencias instruidas, junto con todos los efectos probatorios obtenidos han sido remitidas al Juzgado de Instrucción competente, quedando los investigados a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de delitos de hurto y estafa.

El muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, ha pasado a denominarse de forma oficial Muelle de la Esperanza, un nombre concebido para proyectar un mensaje permanente de “respeto, solidaridad y compromiso con la vida” en recuerdo de los miles de migrantes llegados desde África a esta isla tras ser rescatados en el mar o por sus propios medios.

Así lo ha explicado en un comunicado el director de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, que ha subrayado que “el Muelle de la Esperanza no es solo un nombre: es una declaración de principios”.

Este ente, dependiente del Gobierno canario, busca con esta nueva denominación que este espacio recuerde la visita del papa León XIV, pero también a “quienes han perdido la vida en el océano y a todas las personas que siguen buscando una oportunidad de futuro en la ruta atlántica”.

Moreno ha destacado que los puertos canarios son “infraestructuras de servicio, pero también lugares de encuentro, memoria y humanidad”.

“Con la denominación Muelle de la Esperanza, el Puerto de Arguineguín incorpora un nuevo símbolo para Canarias y para todas las personas que miran al mar como lugar de partida, de llegada y de esperanza”, ha apuntado el director del ente público.

La placa, que fue inaugurada con la visita del papa León XIV, quedará como un símbolo de acogida, de respeto y de esperanza compartida“.

En el acto celebrado este miércoles por la tarde, también se representó la obra de teatro Historias de sal, que continúa su recorrido por los puertos canarios dentro del proyecto Puertos Abiertos.

Durante el encuentro se ofrecieron también detalles sobre la intervención prevista en la marquesina del puerto de cara al Día del Carmen, un espacio que reforzará la presencia de la tradición marinera y la identidad local. 

Hay dos aparcamientos a escasos 300 metros, tres minutos andando, hasta las dependencias municipales de Arguineguín. Uno en la calle Tamarán, donde aparcan la mayoría de concejales y vecinos del municipio, y otro cruzando a pie la plaza Perez Galdós. Pero el aparcamiento de la Policía Local está justo al lado de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Mogán. Y aunque la Alcaldía tiene una plaza reservada en el propio estacionamiento de la Policía Local, la alcaldesa, Onalia Bueno, estaciona “desde hace años” su vehículo particular en las plazas reservadas a los coches patrulla en la Comisaría de Arguineguín.  

No sólo ella, también lo hacen algunos de sus concejales, como: Víctor Gutierrez; Tania del Pino Alonso, teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Acción Social y Sociocomunitaria y del Área de Gobierno de Presidencia, y Juan Mencey Navarro, primer teniente de alcalde del Área de Gobierno de Urbanismo y Promoción Turística. 

No es raro encontrar el coche particular de la alcaldesa y de algunos de estos concejales aparcados en las plazas reservadas a los coches patrullas, incluso en las plazas destinadas a los vehículos policiales de atestados, donde los propios policías municipales tienen expresamente prohibido aparcar. Según se recoge en diferentes documentos a los que ha accedido este periódico, estos hechos vienen ocurriendo desde hace casi diez años. 

Queja a la Jefatura de Policía

Este periódico ha tenido acceso a un informe registrado en el propio Ayuntamiento de Mogán, el pasado mes de mayo, en el que un agente municipal se queja de esta situación al jefe del Cuerpo de la Policía Local. Lo normal sería que el jefe de Policía Local de respuesta a la queja presentada, pero fuentes conocedoras del caso dudan de que vaya a ocurrir. 

El informe asegura que llevan “años padeciendo” este problema, y detalla que los policías locales tienen que estacionar mal sus coches patrulla “en doble o triple fila” impidiendoles la salida rápida. Además, explica que “muchas veces” tienen que quitar unos coches para poder salir con otros.  

Consecuencias fatales 

El escrito menciona que estos hechos han llegado a crear situaciones de “auténtica preocupación e importancia”. Se refiere sutilmente a que pudo tener consecuencias fatales. El escrito relata que “un vehículo de protección civil que se encontraba estacionado en nuestros estacionamientos no pudo salir de forma inmediata para trasladar a un médico del centro de salud de Arguineguín hasta el lugar en que se encontraba un accidentado en parada cardiorrespiratoria en Puerto Rico”. El traslado tuvo que hacerlo una patrulla de la Guardia Civil, debido al bloqueo de vehículos. Y en ese punto termina diciendo: “ese día se encontraba el vehículo de la alcaldesa ocupando uno de nuestros estacionamientos”. Y aunque el escrito no lo dice, aquel hombre murió. 

El informe ni siquiera insinúa que el fallecimiento fuera consecuencia del coche mal aparcado, como es lógico, tan sólo menciona que el coche “no pudo salir de forma inmediata”. La hemeroteca recoge que aquel día de noviembre de 2025 un hombre falleció en un accidente laboral en los apartamentos Orinoco, en Puerto Rico, tras resbalar y golpearse la cabeza contra un escalón y que “pese a los esfuerzos por reanimarlo, los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida y tan sólo confirmaron el deceso”. Era un hombre polaco que llevaba sólo seis días en España.

Concejales multados en 2017

Hace casi diez años hubo un policía que se atrevió a multar a dos concejales por aparcar donde no debían. Pero según consta en un atestado de 2017 de la Guardia Civil, el coche particular de aquel agente fue vandalizado a las pocas horas. 

En el atestado el agente afirma que no sospecha de nadie, pero “sin creer que las casualidades existan, ese día ocurrieron hechos” que considera importantes y los quiere hacer constar. Lo que se narra a continuación es que aquel día en la Jefatura de Arguineguín comprobó que en el estacionamiento de la alcaldía había un vehículo particular de color rojo. Informó al subinspector jefe y al oficial de servicio que lo iba a denunciar, “sabiendo que hay orden del jefe de la policía para que se denuncie cualquier vehículo que no sea el de la alcaldesa”, pero al comprobar que se trataba del vehículo de un concejal del equipo de gobierno decidió no hacerlo, suponiendo que no tardará mucho en retirar el coche. El vehículo del concejal estuvo aparcado ahí desde las 13.30 hasta las 20.30, y entonces decidió multar. 

El atestado recoge que “ya se le había informado y advertido hasta en dos ocasiones” a una concejala del equipo de gobierno, para “que no accediera ni estacionara en el lugar, precisamente para evitar denunciarla”. También se recoge que “el concejal de Policía tiene la misma costumbre y hace caso omiso de nuestras recomendaciones”, refiriéndose a Mencey Navarro. 

El atestado continúa relatando que a las 21:00 de la noche “se había personado la concejala Tania de CIUCA y grupo de gobierno” exigiendo que le dijeran qué policía le había denunciado, y que “no pensaba pagar la multa, todo esto bastante alterada y cabreada”. 

Dos horas después, el policía local que multó el vehículo mal estacionado de la concejala, encontró su coche particular vandalizado, con tres ruedas pinchadas y dos rajas de un metro en las lonas del techo de su vehículo pick-up. A este periódico no le consta que ningún otro policía local haya osado multar durante la última década a ningún cargo de gobierno municipal por aparcar indebidamente su coche en las plazas destinadas a los coches patrullas. 

Continúa ocurriendo

El informe recoge que “desde hace años se ha intentado corregir esta anomalía” y se ha hablado con varios concejales: “En cierta ocasión se informa al concejal Mencey delante del jefe Tomás Hernández, (jefe de la Policía Local en el momento de los hechos) que deje de estacionar en la zona” a lo que según el informe respondió “que se pensaría lo que haría”. Además, el documento menciona que la “concejala Tania ha llegado a dejar su vehículo particular ”durante más de 4 días seguidos“ dificultando la maniobra de salida de los coches patrullas. 

El informe relata que los hechos han sido denunciados verbalmente a un subinspector, “el cual reconoció el problema, pero también dejó claro que no hacía nada” y que tenía que ser otro oficial, que se encontraba en ese momento de testigo, el que tuvo que llamar al concejal para que retirara su coche. En el informe se explica que la concejala “ha continuado con la misma práctica” y que recientemente ha vuelto a dejar su coche en la plaza de Atestados, “concretamente del día 15 al 16 de abril”, y se adjunta una foto, a la que también ha tenido acceso este periódico. A continuación se puede leer: “Ese mismo día la alcaldesa también deja su vehículo en la zona de Atestados”. 

En el escrito se resalta que la alcaldesa utiliza el estacionamiento de la alcaldía “a modo de reservado” para que aparquen otros concejales o “cualquier otro particular allegado, estacionando ella en cualquier otro estacionamiento de nuestros vehículos patrulla sin ningún tipo de reparo y sin tener en cuenta las consecuencias”. 

“No todos son iguales”

En el informe de queja enviado a la Jefatura de la Policía Local se destaca que “esta situación no se ha padecido con ningún otro grupo de gobierno anterior, ni con ningún otro particular”. También reconoce que “no es una práctica generalizada” por parte de todos los concejales, “afortunadamente sólo lo hacen la alcaldesa, y los concejales Mencey, Tania y Víctor”, y añade que “es una clara evidencia de que no todos son iguales”. 

Una de las más recientes quejas por parte de los policías locales se refiere al pasado día 13 de abril, cuando “se les ha informado a todos que no estacionen o que lo hagan el menor tiempo posible”, pero al día siguiente había 4 vehículos particulares estacionados, “algo que evidentemente parece que no entienden”. 

El escrito finaliza dejando constancia de que existe una orden de la jefatura de la Policía Local de 2017 en la que “en NINGÚN CASO hace referencia a que los concejales ni la alcaldesa puedan estacionar en los estacionamientos de los vehículos patrulla”. 

“Obligado Cumplimiento” 

En dicha Orden de Régimen Interno de la Policía Local de Mogán, a la también ha tenido acceso este periódico, fechada en 2017 y que lleva por título: “Estacionamiento de Vehículos Policiales”, se establece el modo de estacionar los vehículos de la Policía Local de Mogán, y especifica que es de “obligado cumplimiento”. 

El primer punto señala que el espacio señalizado como ALCALDÍA estará siempre libre y “reservado para la Sra. Alcaldesa-Presidenta o Sres. Concejales, en su caso”. 

El segundo punto dice que “todos los vehículos policiales deben ser estacionados de conformidad con la señalización existente”, y da instrucciones para que en caso de emergencia “se efectúe la salida del vehículo con el menor número de maniobras” posible, lo que conlleva colocarlos en posición de salida del aparcamiento. Y añade un croquis con todo detalle. 

Casi diez años después, el coche de la alcaldesa y el de algunos de sus concejales siguen estacionados habitualmente en el lugar de los coches patrullas. Fuentes conocedoras de este asunto señalan que el concejal Mencey Navarro ha llegado a utilizar el aparcamiento de la Policía Local durante meses para no ser multado por no tener en regla la ITV, ya que fue sancionado por esta circunstancia cuando su coche particular se encontraba aparcado fuera del estacionamiento de la Policía Local de Arguineguín. 

Denunciado por la oposición

El grupo municipal de Nueva Canarias de Mogán dirigió un escrito a la alcaldesa y al jefe de la policía local el pasado 4 de mayo sobre el “uso indebido de estacionamientos policiales y afección a la seguridad operativa”. El documento se refiere “a problemática reiterada” de la ocupación de los estacionamientos “destinados a vehículos policiales por parte de cargos políticos” y señala que “compromete gravemente la capacidad de respuesta ante incidencias y emergencias, generando un evidente riesgo para la seguridad ciudadana”.  

El documento menciona expresamente “a la Sra. Alcaldesa, quien, según parece, ha venido utilizando de forma habitual los estacionamientos destinados a vehículos policiales”, incluso manteniendo su vehículo estacionado durante periodos prolongados, “llegando a producirse situaciones en las que no se ha podido disponer de un vehículo de manera inmediata para atender servicios urgentes”. 

Por el momento el Ayuntamiento de Mogán no ha respondido a las preguntas de este periódico.

Se llaman José Luis y Juan Carlos Sánchez, son hermanos, pero no son parientes, ni siquiera lejanos, de Pedro Sánchez. Al contrario, son de Vecindario (Santa Lucía de Tirajana) y fueron los que se presentaron voluntarios ante los medios de comunicación para reclamar sangre y criticar la visita del presidente al muelle acompañando al papa León XIV este pasado jueves. Que se sepa, son los únicos que se han manifestado públicamente en contra de esa presencia presidencial, si descontamos a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que trató de predisponer a toda la vecindad contra Sánchez en cuanto se enteró, seis días antes, de que acudiría al muelle de la vergüenza. Y siguió durante y después del magno acontecimiento.

Como esto es un pueblo chico, es fácil saber quiénes son los Sánchez. No son moganeros, pero han comprado varios inmuebles en el barrio marinero de Arguineguín para destinarlos a alquiler vacacional.

Sólo con esa descripción bastaría para entender su aversión a Sánchez, y especialmente a que el muelle se utilice para algo distinto que la pesca y el turismo. Pero si añadimos que son dos personas muy allegadas a Onalia Bueno, ya tenemos el cuadro completo.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de Bueno y la postura de los dos espontáneos, no hubo algarada contra Sánchez en el muelle de Arguineguín. Muy al contrario, muchas de las personas presentes hicieron todo lo posible por saludarlo o hacerse fotos con él. Incluida una mujer que puso en sus brazos a un bebé, lo que proporcionó a la misma prensa conservadora la oportunidad de acusar al presidente del Gobierno de tratar de emular al Papa dedicándose a “bendecir” a los niños. Con lo ateo que es Pedro Sánchez, gracias a dios.

A ese afán se lanzaron medios de comunicación como Libertad Digital, ABC o El Español, que dejaron caer insinuaciones bastante perversas sobre un más que probable intrusismo profesional del presidente del Gobierno.

Onalia Bueno, la alcaldesa anti-inmigrantes que critica a Pedro Sánchez por haberlos dejado tirados en el muelle de Arguineguín, en plena pandemia y enorme crisis migratoria, allá por 2020, puso el grito en el cielo cuando supo que el presidente se sumaba a la comitiva de acompañamiento al Papa. Y siguió insistiendo incluso con el acto del pasado jueves ya iniciado, cuando intentó por activa y por pasiva acercarse a él para decirle cuatro cosas bien dichas. No consta que eso haya sucedido, ni que ella haya presumido de tal cosa.

Su velado llamamiento a rebelarse contra Sánchez (“no merece venir después de habernos dejado tirados”) tampoco cundió mucho porque, al contrario de lo que ha ocurrido en otros puntos de la geografía española con la visita del sumo pontífice, no hubo gritos de “hijo de puta” o “vete ya de aquí”, entre otros del repertorio contestatario.

Al contrario, hubo mucho jolgorio no solo con la presencia allí de Pedro Sánchez sino también de algunos de sus ministros. El más vitoreado y abrazado fue, una vez más, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que sigue disfrutando de mucha popularidad en Canarias, como se encargan de insistir las encuestas, incluidas las encargadas por los medios de comunicación más alejados de las tesis gubernamentales.

Así que, ante un ambiente tan proclive al Gobierno, los enviados especiales de los medios de Madrid se las vieron y se las desearon para acercar a sus audiencias y a sus lectores voces que criticaran de la manera más agria posible al presidente.

Y esas voces las encontraron en los hermanos Juan Carlos y José Luis Sánchez, que enseguida se prestaron a colaborar, entre otros, con el programa de Cuatro En boca de todos, que presenta desde Madrid Nacho Abad.

Sobre el rótulo “Vecinos contra Sánchez”, los Sánchez se despacharon con el mismo discurso, exactamente el mismo, de la alcaldesa Bueno: “Lo que no entendemos es cómo Pedro Sánchez se gasta el morro y se presenta aquí para sacarse la foto cuando nos dejó abandonados durante la pandemia con 3.000-4.000 inmigrantes tirados ahí en el muelle hacinados, con la orina, con las heces, sin comida, bajo el sol, esto fue de locos, una película de terror”…

Y más leña al fuego: “Y esto durante la pandemia, con los coches fúnebres viniendo aquí a recoger a nuestros familiares y poniéndonos aquí a estas personas”..., momento en el que paró para no pronunciar la palabra “estorbando”.

Y, mientras eso nos hacía Sánchez, qué hacía nuestra noble alcaldesa. Lo explicó Juan Carlos estupendamente bien: “Todos los días preocupándose, recogiendo comida, recogiendo mantas, todos los días en el muelle atendiéndolos”.

Pero la reportera, desplazada a Gran Canaria para la ocasión, quería un poco más de sangre: “Si pasa por aquí Pedro Sánchez, ¿qué harían?”, les preguntó.

La respuesta fue hasta suave, teniendo en cuenta la provocación: “Yo creo que es mejor que Pedro Sánchez venga en submarino al muelle porque si pasa por aquí por las calles va a ser abucheado por todo el pueblo de Arguineguín porque no queremos que venga, estamos totalmente en contra”.

Los Sánchez también fueron utilizados por el periodista Chapu Apeolaza para su crónica en ABC, que tituló de este modo tan llamativo: «No le tiraremos piedras a Sánchez por respeto al Papa».

El periodista los entrevistó en el restaurante Le Patio, en la plaza de los Poetas, donde pronunciaron para él la proclama clásica: “No somos racistas”, “pero el pueblo no ha olvidado cuando nos dejaron solos”.

La pieza incluye unas declaraciones de la alcaldesa de Mogán también previa a la visita papal: «Viene aquí porque es un sitio donde no le pueden gritar», zanjó Onalia Bueno. 

El periodista se tragó una de las habituales mentiras de la alcaldesa, que le aseguró que el Ayuntamiento de Mogán había tenido que ampliar el cementerio municipal para dar sepultura a los numerosos migrantes que llegaban muertos a Arguineguín o morían al ser desembarcados. La ampliación del camposanto se adjudicó en 2019 y las obras empezaron en mayo de ese año, un año antes de la crisis migratoria, lo que hubiera sido fácil de comprobar con un vistazo a la web del Ayuntamiento.

Ousseynou Fall es senegalés, pero partió de Mauritania hace seis años rumbo a Canarias en busca de un “sueño”, dice. En el mismo muelle donde ahora aguarda para la visita del papa Leon XIV con “esperanza ” dice y felicidad por sus compañeros. Explica que él estuvo seis días durmiendo a ras del suelo cuando él llegó en noviembre de 2020, pero cree que ocurrió porque había “muchas personas”. Después lo trasladaron a un hotel en Puerto Rico temporalmente, luego a un centro en Arucas y, por último, intentaron trasladarlo a la Península, pero él se plantó y dijo que quería quedarse en Canarias con su familia. Poco a poco aprendió español y ahora trabaja de cocinero. 

“Esperanza” es también la palabra que emplea Juana Isabel una vecina del pueblo de Mogán que asegura que vivía con angustia que a pocos metros de su casa las personas migrantes vivieran hacinadas. “Que venga el Papá es una alegría para los moganeros y que venga además a dar apoyo a estas personas que lo han pasado mal”. La vecina asegura que vive con mucha “pena” el ir al cementerio municipal y ver que hay tantas personas migrantes enterradas. 

Para ella ver al papa y que hable de “solidaridad” es un “sueño” . “A lo mejor al Papa no lo voy a ver más”, dice.

En el muelle, abarrotado de periodistas locales, nacionales e internacionales, políticos, voluntarios… Hay además muchas personas que esperan con ansias ese discurso humanista que ya ha dado en otros puntos de España y marcado por la importancia de ser solidario con las personas migrantes y respetar sus derechos. 

Uno de los testimonios esperados es el de una víctima de trata. Y por ello en el muelle hay varias mujeres víctimas de explotación que acuden al centro Lugo de Cáritas ( que presta atención a víctimas de trata). Este periódico ha hablado con varias de ellas de origen colombiano que han explicado que en ese país “dios” cobra una importancia pero “sin fanatismos” y que es clave para sentir que hay esperanza y tener esa seguridad de que “todo va a estar bien” 

Dos de esas mujeres explican a este pperiódico que se sienten privilegiadas por estar cerca de León XIV este jueves. Una de ellas señala que la vida del migrante es muy dura que te tratan de “explotar”. Ana (nombre ficticio) subraya que “nadie sabe la cruz que carga la otra persona” y que ella misma se ha visto obligada a dormir en la calle, razón por la que acabó siendo explotada sexualmente. 

Explica además que sufrió acoso en una sede las viviendas en las que trabajaba como empleada de hogar, pero nunca pudo denunciar por miedo a que la deportaran. Otra de las mujeres también explica que en una vivienda en la que trabajó su jefa le pegó y no pudo denunciar por miedo.

Es por ello que estas personas creen que es clave que el Papá que ya ha aterrizado en Gran Canaria, escuche las realidades migrantes

El Ayuntamiento de Mogán ha logrado cambiar a tiempo las lonas que la Concejalía de Turismo había instalado para tapar algunas vallas de solares del barrio marinero de Arguineguín ante la inminente visita del Papa este mismo jueves.

Tras descubrirse la errata por la que se daba la bienvenida en un italiano incorrecto, “bienvenuti”, ya entrada la tarde una cuadrilla de operarios sustituyó las lonas por otras de nueva confección en la que ya se leía correctamente la palabra benvenuti, es decir, bienvenidos, en plural, junto al mismo saludo en otros idiomas europeos.

El Papa León XIV acudirá este jueves al muelle de Arguineguín a presidir un acto de homenaje a las personas migrantes en el que será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo. También estará presente la alcaldesa de Mogán, la polémica Onalia Bueno, que siempre se ha significado contraria a la migración, y varios ministros, entre ellos el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

La intención era buena, pero ha salido un churro. La persona responsable en el Ayuntamiento de Mogán de traducir mensajes dirigidos a los visitantes extranjeros (a los que no llegan en cayucos, me refiero) se ha vuelto a cubrir de gloria. Este martes aparecieron en algunas vallas de solares del barrio de Arguineguín enormes lonas con el escudo y el eslogan turístico del municipio con la palabra “bienvenido” en varios idiomas, incluido el español. Tras el inglés y el alemán, un llamativo “Bienvenuti” parecía especialmente dirigido al visitante más ilustre que ha recibido en su historia (después de Mariano Rajoy en aquel famoso mitin pagado con fondos corruptos).

Efectivamente, el Papa estará este jueves en el puerto de Arguineguín y se dará por bienvenido si alguien tapa antes esas lonas o las cambia a tiempo. Porque en italiano, bienvenido es benvenuto, y bienvenidos, que es lo que se acerca más al macarrón, es benvenuti.

Debe ser el mismo portento que decidió en 2018 que la mejor manera de avisar a los angloparlantes de que no se sentaran en los bancos recién pintados era recurrir a la expresión tan directa de “ojo, pinta”, que apareció “painted eye”.

Y como todo se pega (o everything sticks), han aparecido otros ejemplos de intentos bienintencionados que llaman la atención, como lo que han hecho los propietarios de la popular pizzería La Mar Salada, que desplegaron sobre la fachada del establecimiento una enorme pancarta saludando al papa León XIV con todos los aditamentos de la visita, escudo, eslógan, mapa de Canarias y alegorías a la llegada de cayucos, con un apoteósico “Bienv enido”. En dos palabras, bienv enido. 

La alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, ha criticado este viernes la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al acto que el papa León XIV llevará a cabo el 11 de junio en el muelle de Arguineguín al considerar que “no mostró en su día ningún tipo de interés” durante la crisis migratoria de 2020 pese a que la migración es una competencia estatal. “No merece venir”, observó.

La regidora ha reaccionado así al anuncio de Moncloa de este jueves que informaba que Sánchez asistirá con el pontífice al encuentro que mantendrá en la isla con migrantes, ONGs y entidades que los atienden para visibilizar el drama migratorio.

Asimismo, el Papa, que con el encuentro en el muelle pretende visibilizar la tragedia de la inmigración que cada año se cobra cientos de vidas en el mar, también estará acompañado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En declaraciones a Cuatro recogidas por Europa Press, Onalia Bueno ha señalado que durante aquella crisis migratoria solicitó la presencia y el auxilio del Estado en el muelle, donde, según ha recordado, llegaron a permanecer más de 3.600 personas hacinadas.

También ha reprochado al Gobierno central que no actuara hasta que el Ayuntamiento de Mogán (municipio ubicado en el sur de la isla) “dio un golpe en la mesa” habilitando guaguas para trasladar la situación y a los migrantes a la Delegación del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria.

Con todo, la alcaldesa ha asegurado que la noticia de la visita del presidente ha sido recibida “de aquella manera” por los vecinos de Mogán y de Gran Canaria.

En este punto, Bueno entendió que el presidente “no merece venir” ahora a un lugar en el que, sostiene, “nada hicieron” cuando la situación dependía directamente del Estado.

Cuando el papa León XIV eleve una plegaria desde el puerto de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, por los miles de inmigrantes que han perecido en un cayuco en la Ruta Atlántica a Canarias, por los que van a seguir muriendo y por aquellos que lo dan todo para rescatarlos, Ousseynou Fall rezará por su hermano.

Este antiguo pescador de Saint Louis (Senegal) llegó a Gran Canaria el 12 de noviembre de 2020, en su segundo intento. No sabía leer ni escribir, pero la generosidad de una familia de acogida le abrió camino. Aprendió, se formó y ahora trabaja como cocinero de hotel. No se ha ido de Canarias, es un vecino más de Arguineguín.

“Aquí”, dice señalando una tapa de alcantarilla, casi al final del muelle, “justo aquí dormí la primera noche cuando me rescataron”. Ousseynou Fall suele acercarse de cuando en cuando al muelle.

Allí terminaron sus noches sin agua, allí se desvaneció el miedo a hundirse, allí comenzó su nueva vida. En ese muelle, sobre todo, recuerda a los amigos y familiares que se quedaron en el mar.

Historias como la suya conmovieron a Francisco, el papa que quiso abrir su pontificado en Lampedusa, ofreciendo consuelo a los inmigrantes rescatados del Mediterráneo. El propio Fall se la contó en una carta que el pontífice hizo pública en 2023 en una de las muchas ocasiones en que anunció su deseo de viajar a Canarias.

La salud se lo impidió, pero el 11 de junio su sucesor cumplirá su promesa y abrirá en Arguineguín su visita a Canarias, con un encuentro con inmigrantes, familiares de desaparecidos, servicios de rescate y voluntarios.

Del campamento masificado al cierre

El puerto vive estos días cierto ajetreo por los trabajos de acondicionamiento previos a la visita de León XIV, pero nada queda ya del campamento donde Ousseynou Fall desembarcó después de que la Salvamar Menkalinan rescatara su cayuco, que ya se hundía.

Era temprano, recuerda, y el muelle estaba lleno: casi 2.000 hombres y mujeres dormían allí hacinados durante días sobre mantas, sin más protección para el sol o la lluvia que unas carpas.

Esa misma mañana lo visitó el juez encargado de velar por las garantías en el centro de detención de migrantes (CIE) de Gran Canaria y describió sus condiciones como “degradantes e inhumanas”.

Solo ese mes pasaron por ese pequeño puerto del sur de Gran Canaria 6.357 migrantes. Al final de noviembre fue clausurado a petición del Defensor del Pueblo, cuando ya cargaba con el nombre de 'muelle de la vergüenza'.

“Fue un momento muy complicado. Cruz Roja tuvo que reinventarse”, recuerda José Antonio Rodríguez Verona, responsable de los equipos de la ONG en Canarias encargados de la primera atención en los puertos a los recién rescatados. “Ese apelativo por el que todo el mundo lo llama, a mí no me gusta ni nombrarlo. Hicimos un gran esfuerzo para atender a miles de personas en plena pandemia, con todo cerrado”.

Rodríguez Verona estaba allí en aquellas fechas y lo sigue estando ahora, lleva tres décadas atendiendo pateras. Menos años de experiencia que él acumula Tito Vilarmea, actual patrón de la Guardamar Urania, el barco de rescate más moderno de Salvamento Marítimo. Cuando la Menkalinan rescató a Fall, Vilarmea también estaba destinado en Arguineguín, en la Guardamar Concepción Arenal.

Un muelle de orgullo

Para este marinero gallego, que el papa haya elegido Arguineguín para dirigirse al mundo también lanza un mensaje. “Yo no lo considero el muelle de la vergüenza, no lo fue. Fue un muelle solidario, un muelle de voluntarios. Todo el pueblo se volcó: comercios, vecinos que traían agua, comida y abrigo. Se doblaron turnos, se hizo un esfuerzo sobrehumano. Para mí fue muelle del orgullo”, afirma.

Rodríguez Verona y Vilarmea estarán entre los invitados al encuentro con el papa. “Este trabajo deja heridas, somos humanos”, admite el responsable de Cruz Roja, que estos días ha pensado mucho en Eléne Habiba, la niña maliense de 24 meses a la que se le paró el corazón justo en ese mismo muelle, cuando ya estaba a salvo.

El patrón de la Urania reconoce que en ocasiones le asalta cierta sensación de culpa, “porque, por desgracia, hay hundimientos, vuelcos, neumáticas que se pinchan... y piensas qué hubiera ocurrido si hubiéramos llegado antes o si el mar hubiera estado mejor”.

Cuando le pasa eso, se refugia en otro recuerdo, el de aquella madre a la que salvó, una mujer que viajaba con un hijo adolescente completamente tapado con un chaquetón grande y un gorro de lana.

“Bajé para el recuento a identificar si eran varones o mujeres y, entonces, la madre le sacó el gorro, le soltó la melena y le puso unos pendientes, como diciendo: ahora vuelves a ser mujer”.

Tito Vilarmea siempre ha pensado que aquella mujer había disfrazado a su hija de niño para protegerla de muchos peligros de la ruta y se emociona. “Yo también tengo hijas, ¿sabes?”.

Barça o barzakh

Fall les escucha en silencio. Acaba de reconocer en el muelle a uno de los marineros que lo rescataron en 2020 y solo acierta a dar las gracias. “En nombre de todos mis compañeros”, enfatiza.

En su cayuco murieron cuatro personas de frío y sed. Por eso, cuando oye repetir entre los jóvenes de Saint Louis u otros lugares de Senegal la consigna de 'Barça o barzakh' ('Barcelona'/llegar o 'morir') siempre intenta disuadirlos, no soporta más muertes.

Fall baja la mirada y sus ojos se llenan de lágrimas al recordar a su hermano, que tenía 23 años. “No me dijo nada. Murió en el camino. En el cayuco que apareció en Brasil”.

Son historias de Arguineguín.

Tan solo han pasado unos pocos meses desde que Onalia Bueno confirmara al mundo el final de su corto idilio con Coalición Canaria, partido al que entró por la puerta grande, ocupando la Secretaría de Políticas Municipales de los nacionalistas en Gran Canaria, y ya tiene nuevo refugio: el Partido Popular, con el que entró en política a principios de este siglo.

Lo acaba de confirmar públicamente el flamante presidente de la gestora del PP en Gran Canaria, Carlos Sánchez, que ha contado a Radio Marca que las conversaciones con la alcaldesa más polémica de Canarias están muy avanzadas, sin descartar incluso que pueda ser la que encabece la lista al Cabildo.

Lo haría, en cualquier caso, en una alianza entre el PP y la marca que acaba de crear y de registrar, Bueno para Gran Canaria, que se repetirá en cada uno de los municipios a los que concurra, empezando por Mogán, Bueno por Mogán, y seguirá por San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, e incluso Las Palmas de Gran Canaria. Bueno por toda la isla.

Onalia Bueno se amuló cuando vio que Coalición Canaria la dejaba a un lado a partir de que el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, creara su propio partido junto a su colega de Agüimes, Óscar Hernández, para dar cobijo al amplio grupo de regidores municipales que había decidido abandonar Nueva Canarias por anquilosamiento de la dirección, según dijeron.

Tanto Fernando Clavijo como Pablo Rodríguez vieron con mejores ojos una alianza con Municipalistas Primero Canarias, que es como se llama el partido de los alcaldes escindidos de NC, antes que dar demasiado oxígeno a Onalia Bueno, a la que vieron venir a tiempo. Y todo porque la alcaldesa no ocultaba sus apetencias sobre la secretaría general de CC en Gran Canaria, lo que habría dejado a su actual titular, Pablo Rodríguez, a un tris del paro.

Tampoco ayudó mucho a su permanencia en el proyecto que Teodoro Sosa no se dejara camelar por ella y se mantuviera en su propósito de ser él el candidato al Cabildo de Gran Canaria, plaza con la que ahora le tienta el PP.

La fórmula será Partido Popular-Bueno para Gran Canaria, la misma que emplea el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez (PP-Agrupación de Vecinos), dos marcas municipales que competirán en las dos Tirajanas e irán juntas al Cabildo de Gran Canaria.

Onalia Bueno inició su carrera política en el PP en 2003, de la mano de Francisco González, que alcanzó la alcaldía de Mogán. Todo saltó por los aires cuando estalló el caso Góndola, en 2007. Fue una de las personas detenidas en aquella operación contra la corrupción que acabó archivándose 17 años y 13 jueces de instrucción después. 

Ya fuera del PP, Bueno adoptó primero las siglas teldenses de Ciudadanos para el Cambio (Ciuca) y más tarde su propio partido, Juntos por Mogán, que ahora ha personalizado aún más poniendo su apellido por delante.

El derrumbe de un muro a la altura del número 49 de la calle Acorán, en Arguineguín, provocado por las lluvias de la borrasca Therese, ha desatado la indignación vecinal por la falta total de respuesta por parte del Ayuntamiento de Mogán. Ante esa inacción, el concejal de Nueva Canarias Juan Manuel Gabella registró el pasado día 29 un requerimiento formal exigiendo una intervención urgente. En el documento se solicita inspección técnica inmediata, informe pericial, medidas de seguridad y una resolución administrativa clara sobre responsabilidades del incidente.

Los vecinos califican la situación que padecen de “peligrosa y desatendida” y reclamaron la presencia del concejal, que acudió acompañado por el vicepresidente de NC-BC en Mogán, Luis Gopar. Tras reunirse con ellos y visitar la zona afectada, Gabella comprobó la magnitud del corrimiento de tierras, con escombros, terreno inestable y afección directa a una vía pública. 

Según relatan los vecinos, los servicios de emergencia que acudieron inicialmente al lugar ya advirtieron de la necesidad de una intervención técnica. Sin embargo, denuncian que el Ayuntamiento no ha realizado inspección alguna ni ha emitido informe oficial, limitándose —según afirman— a comunicaciones verbales sin validez administrativa. Alertan igualmente de que el terreno continúa inestable y temen nuevos desprendimientos, especialmente ante episodios de lluvia, reclamando una actuación inmediata que evite consecuencias mayores. 

“Es inadmisible que, ante un riesgo evidente en una calle pública, el Ayuntamiento no haya hecho absolutamente nada. Estamos ante una clara dejación de funciones”, denunció el concejal de Nueva Canarias. “No se puede responder con excusas ni eludir responsabilidades. Aquí hay vecinos expuestos a un peligro real y la administración tiene la obligación de actuar ya”, añadió. Desde Nueva Canarias se insiste en que la situación afecta a la seguridad en un espacio público, lo que obliga al consistorio a intervenir en el marco de sus competencias en urbanismo, protección civil y prevención de riesgos. 

“Este edificio es de los más antiguos y emblemáticos del casco histórico de Mogán. La construcción data del siglo XVIII, anterior a la misma iglesia”. “Han quitado las tejas del techo, roto un corredor, un balcón exterior y siguen haciendo destrozos, todo ello sin licencia ni permiso alguno”. “El edificio constituye una pieza única representativa de arquitectura rural tradicional canaria (...) No se entiende cómo este ilustre Ayuntamiento ha permitido que se lleve a cabo la demolición de un edificio tan emblemático, con una estética impecable y con una estructura basada en una carpintería artesanal de madera de tea de pino canario, permaneciendo pasivamente inmóvil, indiferente y estático”. 

La historia empieza en abril de 2001. Vecinos de Mogán, en el sur de Gran Canaria, denuncian la demolición de una casa del siglo XVIII con alto valor arquitectónico en el casco del pueblo, a escasos metros de la iglesia, para levantar en su lugar un bloque de viviendas. Uno de los denunciantes es Benigno Bravo de Laguna, el primer alcalde de la democracia en el municipio sureño. Agentes de la Policía Local se personan en el lugar y levantan actas contra el promotor de las obras (la empresa Braumrott) y el constructor tras constatar el derribo de la casona sin licencia.

El servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria reclama explicaciones urgentes al alcalde de Mogán (Antonio Santana). La casona está incluida en el inventario del Patrimonio Arquitectónico del municipio. El Ayuntamiento paraliza y precinta las obras, da un plazo de tres meses al promotor para legalizar las actuaciones, bajo apercibimiento de multas, y ordena dar traslado a la Fiscalía por si los hechos fuesen constitutivos de un delito de desobediencia. Además, anuncia la apertura de un expediente sancionador. La empresa presenta alegaciones donde cuestiona que esa casona esté protegida y solicita después una licencia específica para consumar el derribo. 

El Ayuntamiento niega de forma definitiva la autorización para la demolición de la casona y ya en 2002 ordena el “restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad física alterada”, lo que obliga a la empresa a devolver a su estado original la edificación histórica. 

Un cuarto de siglo después, ya sólo quedan sus ruinas. En el lugar se erigen hoy los esqueletos de los tres edificios que debían albergar 52 viviendas, 35 trasteros y 64 plazas de garaje. La empresa promotora llegó a ejecutar la cimentación, el 90% de la estructura y un 20% de los cerramientos. El Ayuntamiento de Mogán nunca abrió el anunciado procedimiento sancionador ni dio traslado de los hechos a la Fiscalía. Tampoco instó la ejecución de la orden de restauración de la casona del siglo XIII sepultada por esas obras. 

La mole de hormigón ha permanecido abandonada en el casco del municipio durante más de dos décadas, un escenario que puede cambiar en breve. El mismo Ayuntamiento que hace 25 años paralizó y precintó la obra ilegal acaba de aprobar su rescate con 1,5 millones de euros de dinero público, con el objetivo de destinarla a vivienda social. 

La compra

La operación se cerró por la vía de urgencia en la Junta de Gobierno Local celebrada el 10 de febrero de 2026. El gobierno liderado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán) acordó la compra del inmueble a la empresa Hoteles Nuevo Milenio. La adquisición está financiada al 100% con fondos del Gobierno canario. En una resolución dictada el 30 de diciembre de 2025, el entonces director del Instituto Canario de Vivienda (Icavi), Antonio Ortega (dimitió meses después tras ser procesado por delito sexual), concedió al Ayuntamiento de Mogán una ayuda directa y con abono anticipado por 2,5 millones, de los que el Consistorio sureño aprobó destinar 1,5 de forma exclusiva a la compraventa de esa estructura inacabada en el casco del pueblo. 

Cuando la Junta de Gobierno de Mogán acordó la adquisición de ese esqueleto urbanístico, la empresa vendedora no había inscrito aún las fincas en el Registro de la Propiedad. Lo hizo el 19 de febrero, nueve días después de ese acuerdo y una semana antes de la firma de la compraventa ante notario, según recoge una nota simple solicitada por este periódico. 

Lo llamativo es que la empresa vendedora había adquirido esa parcela en agosto de 2022. Es decir, que en tres años y medio ni la había registrado ni había hecho nada con ella. Hoteles Nuevo Milenio se constituyó en 2001. Tiene un capital de 13.830 euros y una facturación anual estimada inferior al medio millón de euros, según datos del registro mercantil. Desde enero de 2019 su administrador único es Julio Méndez, quien sustituyó en este cargo a Eugenio Hernández, un conocido empresario del sur de Gran Canaria que está procesado en el llamado caso 18 Lovas, una presunta red de prostitución de menores. 

El precio 

Hoteles Nuevo Milenio había comprado esos edificios inacabados en agosto de 2022 a Criteria Caixa, el brazo inversor de la entidad financiera Caixabank, según consta en la escritura de compraventa incorporada al expediente municipal. No se conoce el precio de esa transacción porque en la escritura se han tachado todos los importes. En el expediente no hay ningún dato que revele cuánto le costó el edificio a Nuevo Milenio en 2022 ni, por tanto, el beneficio que pudo haber obtenido con su venta al Ayuntamiento en 2026. 

Esa falta de transparencia ha encendido las alarmas en la oposición. Para Juan Manuel Gabella, concejal de Nueva Canarias (NC) en la oposición, es “muy grave” que el Ayuntamiento afronte un desembolso millonario “a ciegas” para un edificio “sobre el que hay cargas y una orden de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida”.  

El edil denuncia la “incongruencia” del gobierno municipal. En la copia de las escrituras de la compraventa de 2022 (entre Caixabank y Hoteles Nuevo Milenio), los importes totales y el precio unitario por vivienda han sido tachados “voluntariamente y a conciencia” bajo un supuesto paraguas de privacidad, mientras el expediente deja al descubierto “datos estrictamente protegidos por ley”, como los DNI de los intervinientes, explica. 

La formación canarista advierte el peligro de estar financiando con fondos públicos “un negocio redondo” para un intermediario privado. “El Ayuntamiento ha pagado 1,5 millones de euros sin saber cuánto le costó al anterior propietario en 2022”. 

El concejal de NC registró este viernes un escrito en el que reprocha al Ayuntamiento de Mogán la “supresión deliberada” en el expediente de los importes de la compraventa entre particulares de 2022 y solicita tener acceso a esos datos “que no están protegidos”. 

Denuncia de un empresario

Un empresario del sur de Gran Canaria, Juan Manuel Pérez León, trató de frenar ese desembolso millonario del Ayuntamiento de Mogán mediante un recurso presentado el 25 de febrero. Es decir, un día antes de que se firmara la operación ante notario. En ese escrito, este ciudadano, un conocido denunciante de presuntas tramas de corrupción en las Islas, alertaba de que el gobierno liderado por Onalia Bueno había pactado “un precio desproporcionado respecto al estado real del inmueble” y que, por ello, había “vulnerado de lleno el principio de eficiencia” en el gasto público. 

El importe de 1,5 millones de euros se fijó a partir de la tasación realizada por un arquitecto externo contratado por el Ayuntamiento. Para realizar el informe de valoración económica, se basó en viviendas a la venta exclusivamente en el casco de Mogán, una zona con una “situación de estancamiento” del mercado inmobiliario debido a “la debilidad de la demanda y la ausencia de oferta”. La arquitecta municipal asumió como propia la tasación del profesional externo y dio luz verde a la compra de los esqueletos. 

El empresario denunciante alertaba de que el Ayuntamiento había acordado pagar el 94% del valor de tasación del inmueble sin exigir “una valoración pericial independiente”, ajena a la esfera municipal, y sin haber deducido “de forma explícita” el “elevadísimo sobrecoste” que tendría que inyectar la administración para terminar los edificios y hacerlos habitables. Pérez León advertía, además, que de haber comprado esa mole de hormigón directamente a la entidad bancaria hace años, el Ayuntamiento de Mogán “seguramente se hubiese ahorrado más de un millón de euros”. 

La Junta de Gobierno desestimó el recurso presentado por el empresario a partir de un informe de la Asesoría Jurídica y del servicio de Urbanismo. Sobre la tasación, la administración defendió que “se ajusta a la legalidad” porque fue realizada “por un profesional externo colegiado” y valora el inmueble “explícitamente” como un edificio “con obras paralizadas” y con un porcentaje de ejecución “de apenas el 23,15%”. Así, entiende que la cifra fijada (1,59 millones) refleja “de manera objetiva el estado real del inmueble”. 

El informe jurídico sí que da la razón al denunciante en cuanto a las vicisitudes urbanísticas de la parcela. El Ayuntamiento reconoce que en 2001 ordenó precintar la obra por la demolición sin licencia de la casona del siglo XVIII y que exigió la restauración a su estado original y dice no tener constancia “de que las obras de demolición ejecutadas hayan sido legalizadas”. Aun así, niega que exista un riesgo de devolver la subvención al Instituto Canario de la Vivienda. Según dice, este organismo del Gobierno de Canarias era “plenamente conocedor de la situación de la parcela”, ya que en la propia resolución que concede los fondos especifica que el dinero va destinado a adquirir “una edificación no terminada en fase de estructura” para adaptar el proyecto y culminar las obras. 

Además de denunciar la “aberración jurídica” que, en su opinión, supone invertir dinero público en un inmueble que carece de licencia de primera ocupación y que arrastra un expediente de infracción urbanística desde 2001, el empresario Juan Manuel Pérez León advertía de otras cuestiones, como la presunta invasión de dominio público hidráulico. En su respuesta, los técnicos de Urbanismo sostienen que el Barranco de Mogán no está “deslindado oficialmente en ese tramo” y que la obra está a unos 40 metros del “posible” cauce, por lo que “aparentemente” no está ni en dominio público ni en zona de servidumbre. 

El gobierno local también se niega a exigir a la vendedora, Hoteles Nuevo Milenio, los certificados de estar al corriente de pago con Hacienda, la Seguridad Social y otras administraciones, como solicitaba el denunciante, que sostiene que detrás de esta operación hay un entramado societario del también empresario Eugenio Hernández. 

El Ayuntamiento contesta que la legislación aplicable a la compraventa por adquisición directa, como la que se ha producido en este caso, no exige reclamar la documentación de “no deudor” a la empresa vendedora.

En esta y otras denuncias sobre operaciones en Mogán, el empresario Juan Manuel Pérez León advierte “un patrón”, un esquema en cuatro fases: una actuación urbanística irregular (en este caso, el derribo de la casona), una “inacción administrativa durante años” (la inejecución de la orden de restauración), una “consolidación de la obra” y, por último, “el intento de legalización” (a través de la compra y adaptación del esqueleto). 

Una decisión “lógica, eficiente y sostenible”

El gobierno municipal considera que la operación está plenamente justificada. La memoria del proyecto defiende que el rescate del edificio es la decisión “más lógica, eficiente y sostenible”. Argumenta que aprovechar la estructura existente permitirá reducir los plazos para entregar las viviendas sociales y supondrá “un beneficio innegable” para el casco histórico, al “suprimir por fin la imagen de deterioro y abandono” que proyecta la mole en pleno centro del pueblo. Nada dice de la infracción urbanística sobre la que se asienta.

Después de la tormenta no siempre viene la calma. Aún pueden producirse daños personales. Vecinos de Mogán han avisado de un importante desprendimiento en el paseo que discurre entre Arguineguín y Anfi. También avisan de que a unos pocos metros del lugar hay una roca de grandes dimensiones, visiblemente deteriorada, que amenaza con caer sobre la carretera GC-500, concretamente en el tramo que discurre entre el hotel Sunwing y el hotel Green Beach en dirección a Patalavaca. 

Juan Manuel Gabella, concejal y portavoz de Nueva Canaria en Mogán, asegura que ya en 2017 avisaron que una roca fracturada se podía precipitar sobre el paseo entre Arguineguin y Anfi, como finalmente ha ocurrido. Ahora, alerta de la poca seguridad que hay en la zona donde se ha producido el desprendimiento. No hay señalización “ni advertencia de peligro por parte del ayuntamiento”, critican. 

Como la zona no está acordonada, el concejal reprocha que turistas y residentes pasen por el desprendimiento cruzando sobre las piedras. Exige que el ayuntamiento de Mogán “garantice la seguridad de las personas”, advirtiendo y señalizando los peligros que hay en la zona. El único cartel que había en ese lugar, que alertaba en varios idiomas de que es una zona peligrosa, ha quedado destrozado tras el desprendimiento.

En un escrito presentado al Ayuntamiento de Mogán, el concejal de Nueva Canarias pide a la alcaldesa que “se ordene una inspección urgente de dicho risco; que se adopten medidas provisionales, como la instalación de una malla de protección, o cualquier otro sistema que garantice la seguridad de las personas”. Y también pide que se determine “si las obras que se están desarrollando en la parte alta de la ladera afectan o no a la seguridad, así como si el terreno es lo suficientemente estable para soportar el peso de las nuevas construcciones”. 

El edil de Playas de Mogán, Willy García, que se personó en el lugar del derrumbe junto a un técnico municipal, en declaraciones a Canarias7 descartó que se vayan adoptar medidas y que “no advierten riesgos para la seguridad de los paseantes”. Entiende que al final la acción de la borrasca tiró la parte del cantil que estaba más débil y que “la suerte quiso que lo hiciera sin causar daños”.

Respecto a la roca fracturada que amenaza con romper sobre la GC-500 en el tramo entre el hotel Sunwing y el hotel Green Beach en dirección a Patalavaca, el concejal Juan Manuel Gabella señala que la construcción de viviendas en la zona “podría estar afectando a la estabilidad del risco, y que, si se desprendiese, podrían ocasionar un grave accidente y afectar a la vida de quienes transitan con sus vehículos por dicho tramo”.

Desde el Cabildo de Gran Canaria, de quien depende ese tramo, los técnicos aseguran que en ese lugar no se ha registrado ninguna incidencia. “Son grietas que llevan ahí muchos años y se revisan de vez en cuando”, dicen. Confirman que han sido revisadas tras la borrasca Therese y, en cualquier caso, aseguran que hay una empresa contratada para que arregle varios taludes por la zona y que “revisarán en las próximas semanas esa parte por si hiciera falta hacer algún arreglo”. Tras ver las mismas imágenes que acompañan esta información, insisten en que “si ven que hay algo que esté con peligro o en riesgo de caída inminente, sí actuarán. Pero en principio no han detectado en esa zona ninguna incidencia destacable”.   

Daños de la borrasca Therese

Los daños en infraestructuras tras la borrasca Therese en Gran Canaria el pasado mes de marzo son millonarios. El Cabildo y varios ayuntamientos estiman daños en infraestructuras por valor de unos 80 millones de euros. En concreto el Consejo de Gobierno extraordinario aprobó la emergencia de 18 obras para arreglar 21 carreteras afectadas por la borrasca Therese con una dotación inicial de 13,3 millones de euros. 

No es la primera vez que ocurre, ni será la última. Las conclusiones de los últimos informes sobre el cambio climático son claras. Canarias podría sufrir más episodios similares al de Therese, o al de Hermine en septiembre de 2022, que también causó desprendimientos muy peligrosos en Mogán. 

Un estudio de 2023 analizaba el caso de urbanizaciones levantadas sobre laderas próximas a los barrancos, como la de este caso. Cuando se producen eventos climáticos extremos, como un episodio de lluvias torrenciales, podría haber deslizamientos y destrozos. Aunque el estudio publicado en la revista Environment, Development and Sustainability analiza el caso de San Agustín, ponía otros ejemplos de otras muchas urbanizaciones turísticas, como esta en concreto de Patalavaca, levantada sobre terrenos con una fuerte pendiente debido a la abrupta orografía del lugar.

Una compleja y polémica operación urbanística se gesta en Mogán, municipio turístico del sur de Gran Canaria con 20.000 vecinos censados y una población flotante que ronda las 21.000 personas. La iniciativa parte de una empresa privada, Carrera Ground Floor, que ha presentado un plan para “reequilibrar el uso del espacio urbano, mejorar la calidad ambiental y dotacional del entorno y atender de manera integrada las necesidades de una población envejecida, diversa y sometida a presión turística sostenida”. 

A primera vista, la operación parece simple. La empresa propone ceder terrenos al Ayuntamiento para incrementar las dotaciones públicas y zonas verdes a cambio de aumentar la edificabilidad autorizada en Monte Carrera, una urbanización ya construida en la localidad de Arguineguín y donde se promocionan apartamentos “de lujo”. 

La promotora vende la iniciativa como una oportunidad para que el municipio gane espacio libre público en una zona de alta densidad residencial. Y el Ayuntamiento de Mogán, a través de su arquitecta municipal, atisba en este proyecto un “impacto positivo” tanto para el entorno urbano como para la calidad de vida de sus habitantes, y ya lo tramita. 

Sin embargo, hay un trasfondo judicial que enreda la operación. El fin último de la promotora con esta iniciativa es legalizar 37 viviendas y tres locales que comenzó a construir en la planta baja del complejo durante la pandemia de Covid19 sin título habilitante. Tras detectar que esas obras se estaban ejecutando sin licencia, el departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento abrió un expediente que concluyó con una orden de derribo (de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida).

Esa orden es firme en vía administrativa desde hace cuatro años, desde enero de 2022, pero la empresa presentó un recurso judicial contra esa decisión que aún se sustancia en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Las Palmas de Gran Canaria. 

Con esa demanda aún pendiente de resolverse, la promotora ya intentó legalizar esas obras en 2024, en una petición que justificó en el decreto de medidas urgentes y extraordinarias en materia de vivienda que aprobó el Gobierno de Canarias para aumentar la oferta de suelo y edificaciones. Sin embargo, los técnicos municipales emitieron un informe desfavorable al considerar que no era pertinente el uso de ese decreto para esos fines. 

Tras decaer ese intento, Carrera Ground Floor presentó a finales de 2025 la nueva iniciativa, que incluye un exhaustivo informe elaborado por Urbanfix, una empresa de asesoramiento urbanístico, y que propone una nueva vía para legalizar esas viviendas. 

 Los antecedentes

La licencia original de la urbanización Monte Carrera, en Arguineguín, se concedió en marzo de 2005. El Ayuntamiento autorizó la construcción de 131 viviendas, piscina y garaje en una superficie de 16.000 metros cuadrados. La altura máxima permitida era de dos plantas. 

Sin embargo, la urbanización se construyó originalmente con tres alturas, lo que obligó a tapiar la planta baja con un muro perimetral. Es en esa planta baja donde se ubican las 37 viviendas y tres locales que ahora pretende regularizar Carrera Ground Floor, la empresa que tiene el pleno dominio de esa superficie desde enero de 2017 y que representa a alrededor de quince propietarios, muchos de ellos de nacionalidad noruega. 

El Ayuntamiento de Mogán recibió en abril de 2020 una denuncia vecinal que advertía de la presencia de trabajadores realizando labores en la planta baja de los inmuebles con el fin de transformarlos en viviendas. La Policía Local constató las obras y levantó actas en mayo y diciembre de ese mismo año. La empresa había demolido los muros de contención y cierre de la parcela y había reformado y acondicionado 37 nuevas viviendas del complejo, ocupando espacios que no tenían licencia de uso habitacional.

Esas obras clandestinas originaron la apertura del expediente urbanístico municipal que concluyó en la orden firme de derribo ahora judicializada.

El nuevo proyecto 

Al margen de ese litigio judicial, la empresa propietaria de esos bajos intenta ahora su legalización por la vía del llamado “Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU) en Loma II”. Se trata de un instrumento de ordenación urbanística de iniciativa privada que pretende resolver la carencia de zonas verdes detectada en la urbanización “a través de una fórmula de cooperación público-privada”. 

La memoria del proyecto incide en la alta densidad de esa zona residencial, que cuadruplica la media del municipio, lo que evidencia “una presión notable sobre el espacio urbano disponible y pone de relieve la escasez de zonas libres de uso colectivo”. La empresa incide en que uno de cada cuatro habitantes de esta área supera los 64 años. 

“La concentración de personas mayores exige un diseño urbano adaptado, inclusivo y accesible, que favorezca la movilidad peatonal, el descanso y la convivencia”, recoge el documento, que también remarca la “alta diversidad sociocultural” entre los habitantes de esa zona residencial, marcada por “la presencia de población extranjera residente y no nacida en Canarias y por un carácter turístico-residencial consolidado”. 

La memoria explica que dentro del ámbito de actuación del plan hay 53 viviendas vacacionales registradas que generan “más de 49.000 pernoctaciones anuales, lo que equivale a una población turística equivalente a 135 personas”. Los portales inmobiliarios tienen a la venta apartamentos de unos 65 metros cuadrados en “el cotizado” complejo Monte Carrera por precios que superan los 300.000 euros. 

Las dos alternativas

La iniciativa privada plantea dos alternativas. La primera consiste en ofrecer al Ayuntamiento 625 metros cuadrados de suelo que coinciden con los salientes de forma circular que rematan la parcela en cada una de sus cuatro esquinas. El objetivo, siempre según el proyecto, sería “crear pequeños espacios de sombra y estancia para la ciudadanía, asociados a los itinerarios peatonales” de tres calles (Nayra, Falla y Tahona). Como contrapartida, pide un incremento de edificabilidad de 3.120 metros cuadrados para poder destinarlo a usos comerciales o administrativos. 

La segunda alternativa es la que contempla la legalización de las 37 viviendas a medio hacer y con orden de derribo. En esta opción, la empresa plantea, además de la cesión de esos 625 metros cuadrados de las esquinas, una recalificación de suelo. Los 6.677 metros cuadrados que ahora ocupa la red viaria en los extremos norte y sur de la parcela (calles Faya y Tahona) y que se destina a aparcamiento se convertirían en “espacio libre”. 

El equipo urbanístico contratado por la promotora propone un modelo a imagen de las woonerf holandesas, una especie de calle residencial que prioriza a los peatones y zonas verdes, pero que permite circular a los vehículos a baja velocidad y estacionar. 

En esta segunda alternativa, Carrera Ground Floor plantea que ese incremento de edificabilidad de 3.120 metros cuadrados se pueda destinar a uso residencial, a “edificios de vivienda permanente”, lo que supone, en la práctica, la regularización de las 37 viviendas y tres locales situados en la planta baja de la urbanización. 

“La alternativa dos supone una propuesta más alineada desde el punto de vista de la recalificación del espacio público urbano, con un efecto más favorable sobre la población”, incide la memoria, dejando claro que esta es la opción preferida de los promotores. 

La respuesta del Ayuntamiento

La iniciativa privada ha sido, de momento, bien acogida por el Ayuntamiento de Mogán que lidera Onalia Bueno (Juntos por Mogán). En un primer informe, la arquitecta municipal advirtió de que antes de su aprobación inicial y de llevarlo a información pública era necesario, como condicionante previo, someterlo a un procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. Y eso es lo que se aprobó en el pleno de febrero. 

La arquitecta tiene claro que “lo que realmente se plantea” en este proyecto urbanístico es “el cambio de uso de la planta originalmente considerada como sótano”, que pasaría a tener “un aprovechamiento lucrativo en virtud del incremento de edificabilidad propuesto”. 

No obstante, el segundo informe de la funcionaria municipal, favorable a la solicitud de inicio de evaluación ambiental, ya contenía una advertencia. Daba el visto bueno a la continuación del procedimiento “sin perjuicio de la valoración jurídica que se efectúe conforme a lo determinado en el cuerpo del presente informe (véase apartado 2.2)”. Ese apartado 2.2 es, precisamente, el que hace referencia al procedimiento judicial que se mantiene abierto a raíz de la demanda contra la orden de derribo de las obras ilegales. 

“Esa cuestión (el proceso judicial) deberá ser valorada jurídicamente a fin de determinar su posible incidencia sobre la tramitación del presente instrumento”, advierte la arquitecta. 

“Ya existe un impacto visual”

El proyecto, por tanto, está ahora en manos de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán. 

En su proyecto, la promotora reconoce que ya existe un impacto visual derivado del exceso de volumen edificado (las tres plantas sobre las dos autorizadas), pero sostiene que esa circunstancia debió haber sido analizada y evaluada antes de su ejecución y que ahora “no procede” evaluar “los efectos de unas determinaciones urbanísticas ya cristalizadas”. 

Es decir, dado que el objetivo del plan presentado es regularizar algo que ya está hecho y no implica nuevas construcciones, la promotora entiende que “carece de fundamentación utilizar un método de evaluación para identificar efectos ambientales cuando, de existir, estos ya se hubieran dado”. Es decir, que no hay impacto nuevo que valorar. 

Dudas sobre la propiedad 

La operación urbanística tiene otra arista polémica que tiene que ver con la propiedad del suelo que pretende ceder. En el expediente municipal no consta hasta la fecha ningún documento sobre la titularidad de esos 625 metros cuadrados que la promotora ofrece al Ayuntamiento. Tampoco que la administración lo haya solicitado. 

Esta circunstancia se puso de manifiesto en el pleno municipal celebrado el pasado 27 de febrero. Además de censurar que se pretenda utilizar el planeamiento urbanístico para “legalizar lo que es manifiestamente ilegal”, para dar cobertura “a una planta que ya fue declarada ilegal y que ha sido objeto de precinto por el propio Ayuntamiento”, el concejal de la oposición Javier Romero (Nueva Canarias- Bloque Canarista) subrayó que los promotores del expediente no han acreditado ser los propietarios de esos terrenos, pese a que el procedimiento se impulsa a su nombre. Entre la documentación tramitada, señalaba el edil, no figura el certificado de titularidad registral que acredite esa condición.  

En esta línea, la Comunidad de Propietarios Monte Carrera Green Garden Club remitió un escrito al Ayuntamiento de Mogán el pasado 6 de marzo para reclamar “la inmediata paralización” del expediente tras tener conocimiento de que “elementos comunes de la comunidad han sido despojados sin haber sido sometidos a la debida consulta o votación por parte de los propietarios ni haber sido cedidos para tal planteamiento”. 

La comunidad está personada en el procedimiento que se sigue en los juzgados de lo contencioso por la demanda contra la orden de derribo. Su presidenta señala que se mantienen “al margen de la disputa sobre las obras originales”, pero expresa su preocupación por la cesión de metros cuadrados de zonas comunes “sin consentimiento”. 

No fueron uno, sino dos los contratos menores que el Ayuntamiento de Mogán adjudicó en la primavera de 2024 por un importe total superior a los 17.000 euros al despacho de abogados Montero Aramburu para que uno de sus consejeros, el magistrado emérito del Tribunal Supremo Rafael Fernández Valverde, elaborara dictámenes jurídicos que pudieran ser utilizados por la defensa de la alcaldesa, Onalia Bueno (Juntos por Mogán), en causas penales en las que figura como investigada. 

Este periódico ya informó recientemente de una adjudicación directa de 8.560 euros (8.000 euros más IGIC) a ese despacho para la emisión de un informe que analizaba -y defendía- la legalidad de los contratos menores sucesivos y encadenados que el gobierno de Bueno adjudicó, tanto de forma directa como a través de una empresa pública (Mogán Sociocultural), a dos productoras emparentadas (Etiazul y 21 Bombillas) entre 2018 y 2020 para la prestación de servicios municipales de prensa, comunicación y publicidad. 

Fernández Valverde, magistrado del Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial hasta su jubilación en marzo de 2022, firmó ese dictamen en mayo de 2024. El informe fue aportado por el abogado de Onalia Bueno, del despacho del prestigioso penalista José Antonio Choclán, al Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana, donde se sustancia la causa contra la alcaldesa por esas mismas adjudicaciones.

Esas diligencias se abrieron a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía, que había investigado los contratos tras recibir un escrito de Podemos y que apreció indicios de delito, de un fraccionamiento fraudulento de su objeto para burlar la ley, evitar sacar a concurso esos servicios públicos y beneficiar económicamente a esas dos productoras. 

Fernández Valverde compareció el pasado junio ante la jueza instructora para ratificar su informe, que se centra en los contratos adjudicados por el Ayuntamiento pero no hace referencia a los concedidos por la empresa municipal Mogán Sociocultural, pese a que, según la Fiscalía, se solaparon en el tiempo y tenían el mismo objeto.  

El dictamen sobre los contratos encadenados a Etiazul y 21 Bombillas no era, sin embargo, el primero que el magistrado emérito firmaba para el Ayuntamiento de Mogán ese año. Dos meses antes, en marzo, el gobierno de Bueno había adjudicado al mismo despacho otro contrato menor por el mismo importe (8.560 euros con IGIC) para el “asesoramiento jurídico especializado en materia de recursos humanos”. Y, en concreto, para “la emisión de un dictamen jurídico para el análisis, estudio y asesoramiento jurídico en materia de función pública, sistemas retributivos, eficacia de acuerdos adoptados sobre modificación de complementos salariales y su vinculación con normativa presupuestaria”. 

Al igual que en el encargo sobre los contratos menores a productoras, en este decreto de adjudicación firmado por la alcaldesa tampoco se hace referencia a las actuaciones municipales concretas que debían ser analizadas por el asesor jurídico externo, por el despacho del magistrado emérito del Supremo, ni tampoco el destino del informe, su finalidad. En ningún momento menciona que versa sobre un asunto judicializado, sobre una de las investigaciones que contra la propia Bueno se instruyen en los juzgados.

Sin embargo, el encabezado de ese dictamen (de una treintena de páginas, igual que el segundo) y la descripción de su objeto no dejan lugar a dudas. Con el título “Informe jurídico sobre los límites y limitaciones de las modificaciones en los complementos salariales del sector público en interés del excelentísimo Ayuntamiento de Mogán”, Fernández Valverde analiza el acuerdo alcanzado por el gobierno de Onalia Bueno a finales de 2015, meses después de acceder al poder, para aumentar las retribuciones de ciertos empleados municipales a través de la modificación de un plus. 

El objeto del informe encargado al magistrado emérito del Supremo coincide, por tanto, con el objeto de otra investigación penal contra la alcaldesa de Mogán, la que se había abierto en el Juzgado de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana en 2022 para dirimir si Bueno utilizó esos incrementos retributivos para premiar a funcionarios afines, por vínculos familiares o personales o por haber colaborado en la campaña electoral con su partido. 

En este caso, no consta que el informe elaborado por Fernández Valverde fuera aportado a ese procedimiento judicial. Sin embargo, el propio despacho confirma que ese era su destino cuando, al ser consultado por el encargo, señala que se limitó a ejecutar “las instrucciones del estudio Choclán”. Es decir, que el informe respondía a las necesidades de los abogados que representan a la alcaldesa de Mogán en la causa penal, pese a que quien contrata y paga es la administración pública, el Ayuntamiento. 

La investigación judicial fue archivada de forma provisional con un escueto auto a principios de septiembre del año pasado, pocos meses después de que Fernández Valverde finalizara su dictamen. El magistrado acaba de ratificar ese sobreseimiento provisional al rechazar, en otra resolución de dos folios, el recurso presentado por la acusación popular. 

Desde Montero Aramburu señalan que el despacho cuenta con “destacados expertos” en el ámbito de la administración pública, entre ellos el propio Fernández Valverde, y que esa, y la complejidad de los asuntos a tratar, fueron las razones de esos encargos, que atribuyen al despacho de José Antonio Choclán aunque fuera pagado con fondos públicos. 

Ni el bufete Choclán ni el Ayuntamiento de Mogán han contestado a las preguntas remitidas por correo por este periódico. 

En el decreto de adjudicación, el Ayuntamiento defiende la necesidad de recurrir al asesoramiento externo por la dificultad de la materia y la falta de medios propios en la administración local, pese a que el interventor municipal ya se pronunció sobre esos complementos específicos hace años.

Un contencioso resuelto en 2018 

El informe de Fernández Valverde sobre los complementos específicos se limita a la cuestión administrativa, a analizar el marco jurídico sobre esos pluses y el caso concreto del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Mogán a finales de 2015 para incrementar las retribuciones de ocho empleados públicos. No hace referencia a sus posibles implicaciones penales, esto es, a la posibilidad, apuntada por el equipo de la Guardia Civil que investigó el caso, de que esos sobresueldos sirvieran para premiar la colaboración de determinados trabajadores municipales en la campaña electoral de Ciuca, el partido de Bueno entonces. 

En cualquier caso, lo cierto es que en el ámbito administrativo no hay nada que hacer con respecto a ese acuerdo porque está anulado por resolución judicial firme desde 2018. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) confirmó ese año la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Las Palmas de Gran Canaria que un año antes, en junio de 2017, había estimado un recurso presentado por la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias y, en consecuencia, había tumbado estos incrementos. 

En esa sentencia, el TSJC ponía de manifiesto que el Ayuntamiento de Mogán no contaba con “los elementos de prueba” para justificar la asignación de esos complementos específicos con arreglo a los criterios que marca la ley. Estos pluses sirven para retribuir “la dificultad técnica, la responsabilidad, la peligrosidad o la penosidad” de determinados cargos “en relación con el resto de puestos”. Sin embargo, según la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, el Ayuntamiento no hizo una valoración íntegra de todos los puestos de trabajo y, por tanto, ni los comparó ni fijó los criterios de ponderación. 

El alto tribunal canario recordó en esa sentencia que el interventor municipal había advertido de que era necesaria una valoración íntegra de todos los puestos y que el incremento de los complementos era “excesivo” en algunos casos. Sin nombrarlo de forma expresa, se refería al de Salvador Álvarez, que se convirtió en coordinador de diferentes áreas del grupo de gobierno tras las elecciones de 2015, en cuya campaña colaboró de forma activa con Ciuca. Sus emolumentos se equipararon al del secretario y el interventor. 

La sentencia del TSJC también llamaba la atención sobre la “anómala e incomprensible” decisión de aplicar esos sobresueldos de manera retroactiva. 

“Cosa juzgada”

En su informe sobre este asunto, Fernández Valverde admite que no puede discrepar de ese pronunciamiento de los juzgados porque “se trata de cosa juzgada”. Sin embargo, sostiene que la “irregularidad” cometida por el Ayuntamiento de Mogán no es invalidante, que debe ser considerada “como un supuesto de anulabilidad” y no como una “nulidad de pleno derecho”. En otras palabras, que era una deficiencia “perfectamente subsanable”. 

“El expediente puede ser considerado incompleto, pero no inexistente. Se llevaron a cabo las actuaciones que se consideraron suficientes para la valoración técnica y objetiva de los puestos de trabajo afectados, aunque no todos, lo cual fue considerado bastante para su anulación jurisdiccional en impugnación de la comunidad autónoma”, señala el exjuez. 

En el informe que dio origen a la causa penal ya archivada, el equipo de la Guardia Civil que actuó como policía judicial remarcaba que el gobierno liderado por Onalia Bueno trató de revestir esos incrementos retributivos de una “apariencia de legalidad” mediante la aprobación del expediente administrativo que concluyó en la aprobación de aquel acuerdo.

En el último archivo, el magistrado Rodrigo Álvarez Riquelme, titular del Juzgado de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana, concluye que los aumentos salariales a ocho trabajadores municipales constituyeron una “irregularidad del ordenamiento jurídico”, sin llegar a “colmar la infracción penal”, pues, a su juicio, no existen indicios para determinar que esas modificaciones retributivas tuvieran por objeto premiar a funcionarios afines.

Las personas afectadas por la Ley Turística de Canarias de 2013 siguen recibiendo sanciones por no tener sus apartamentos cedidos a un explotador turístico y por hacer uso de ellos por su cuenta. “Hay personas a las que ya se les ha agotado la vía administrativa y lo que tienen es la carta de pago”, explica Maribe Doreste, portavoz de la plataforma de afectados (PALT). Antonia es ejemplo de ello, le llegó una sanción de 2.250 euros recientemente porque ha agotado la vía administrativa. “Tengo un plazo para pagarla y estoy reuniendo el dinero, pero soy viuda y tengo una minusvalía”, explica. La plataforma sostiene que hay miles de personas afectadas o susceptibles de serlo: muchas con apertura de expediente o propuesta de resolución. En sus registros cuentan con un fichero donde van actualizando las personas o complejos notificados. 

“El problema es que no se están pudiendo defender porque no saben que están siendo notificados, ya que nadie espera que te multen por usar tu casa”, expresa Maribe Doreste. “Ayer nos dimos cuenta de que había ya como 80 cartas de pago directamente porque se están notificando a través del boletín oficial”, destaca. No obstante, recuerda que hay casos como el del apartamento Las Algas que llegaron esos expedientes sancionadores a sus propiedades directamente.   

Antonia, por su parte, remarca que compró su piso con sus ahorros de toda la vida. “Con mis ahorros más una hipoteca, en su día lo compré, y ahora encontrarme con esto no lo entiendo”. “Es mi única propiedad”, insiste esta mujer, que vivía en esta propiedad y ahora vive con su hija por miedo a que la multa se le incremente a los 30.000 o incluso a 300.000 euros. “Yo he podido venirme con mi hija, pero y ¿si no tuviera a nadie más?” Además, señala que no tiene problema en que otras personas del complejo lo exploten turísticamente, pero insiste en que ella quiere disfrutar de una propiedad que ha adquirido. 

En el expediente de Antonia se señala que se le abre por “incumplir el deber de atenerse al uso establecido por el planeamiento”, ya que destina “la unidad al uso residencial (uso propio de la unidad alojativa, así como cesión sin ánimo de lucro a familiares y amigos)”. La inspección de Turismo preguntó al Ayuntamiento (en este caso Mogán) el uso asignado por el planeamiento municipal vigente a la parcela y este respondió que “el uso principal es establecimiento turístico de alojamiento, estando prohibidos los usos restantes” y agregó que el inmueble debe estar “destinado a prestar un servicio de alojamiento turístico por la empresa explotadora habilitada a tal efecto, no siendo, por tanto, susceptible de ser utilizado para un uso residencial”. 

En la resolución se menciona la Ley de 2013 que promueve la especialización hacia el uso turístico en determinadas zonas, evitando la residencialización. La Ley del Suelo de 2017 incluyó que se podrían acreditar los usos residenciales consolidados antes de esa fecha aunque esta norma no valdría para herederos ni si otras personas que compren el apartamento. La sanción señala que no queda acreditado en el caso de Antonia el uso consolidado, pero ella asegura a este periódico que compró el inmueble en 2006 y que en ningún momento se le dijo que tendría que destinarlo a explotación turística.

“Mi apartamento no ha estado nunca en ninguna página de alquiler, no ha estado nunca en explotación, jamás. No ha estado a disposición de terceros. Y además lo compré para disfrutarlo”, insiste. “¿Cómo iba a comprar algo que no puedo disfrutar si mi intención era esa?” se cuestiona. Además, añade que sabe de personas que tienen sus apartamentos en explotación y reciben apenas 300 euros, ya que no pueden ni explotarlo por su cuenta. 

La infracción cometida se encuentra tipificada “como muy grave”, siendo sancionable con multa entre 30.001 y 300.000 euros“. En este caso, se ha impuesto una sanción por cuantía total de 2.250,00 euros, por lo que ”se encuentra dentro del intervalo de la sanción de multa en las sanciones graves“, dice su resolución. 

Antonia se ha integrado en la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, que le insiste en que tienen que luchar por su propiedad. Señala que va a seguir luchando, pero que todo es dinero,  “primero tienes que pagar la multa, segundo tienes que pagar por un abogado, y una serie de gastos que tú no prevés y que tú no tenías en ningún momento. ¿Y qué hago?”.

Maribe Doreste, por su parte, incide en que desde la plataforma (que no para de ganar socios) lo que se recomienda es, si a alguien le llega una multa o está notificado, tiene primero que contestar. “Están llegando multas a gente que no está contestando, no porque no quiera, sino porque no se ha enterado, porque han notificado en el boletín oficial”, asegura. 

“¿Por qué no me advirtió, señor notario? ¿Por qué no me advirtió de que la seguridad jurídica no existe en Canarias? ¿Por qué no me advirtió de que una escritura que cuesta sacrificio pagarla no vale para nada? ¿Por qué no me advirtió que donde pone en la escritura apartamento o bungalow se podría cambiar por unidad alojativa?”, son las preguntas que se hace un afectado de la plataforma. “¿Por qué no me advirtió de que el verdadero titular del apartamento es el explotador y no el que lo paga? ¿Por qué no me advirtió de que yo solo puedo comprarlo pero no vivirlo porque me podrían multar?”, añade. 

Turismo alega que las sanciones vienen si es “suelo turístico”

La Consejería de Turismo ha señalado a este periódico que “la normativa no expulsa a nadie de su vivienda, ni tampoco obliga a nadie a entregar las llaves a ningún explotador” y que “si ese expediente sancionador existe es porque hay constancia probatoria de que se trata de un establecimiento ubicado en suelo turístico”. 

El área que dirige Jéssica de León añade que la normativa urbanística con carácter general “es igual en toda España y todo el mundo debe respetar los usos definidos por el planeamiento urbanístico (principio de especialización de usos)” y que los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán se comprometieron el pasado año a iniciar los procedimientos de modificación de especialización de los usos del suelo y ese inicio de expediente suspendería los procedimientos sancionadores que estuvieran en marcha.

“Forma parte del expediente sancionador un informe urbanístico del ayuntamiento correspondiente, que establece que el establecimiento está amparado en una licencia turística, en suelo turístico para uso turístico, sin ese informe el expediente sancionador no prosperaría”, apunta.

El Defensor del Pueblo rechazó que el uso residencial esté prohibido 

Doreste apunta a una respuesta del Defensor del Pueblo que en 2019 recomendó al Gobierno de Canarias que respete el uso residencial de los afectados o que los indemnice. “No hay base jurídica suficiente para sostener, como sostiene la Administración de Canarias, que el uso residencial esté prohibido. No lo está. No puede estarlo, como se ha venido razonando, ni por la especialización del suelo ni por la naturaleza del establecimiento”, remarcaba esa carta. 

El pasado año, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana dio los pasos para aliviar estas multas a los propietarios. Lo que se aprobó fue la tramitación y aprobación de una ordenanza provisional municipal que permita compatibilizar el uso residencial y el turístico en el municipio. Maribe Doreste recordó entonces que “hasta 2013 vivíamos tranquilos” y añade que, hasta entonces, estos pisos no podían explotarse turísticamente si no lo aprobaba un 51% de la comunidad de propietarios. 

En contra de la Ley del alquiler vacacional

La plataforma también ha protestado estos días contra el proyecto de ley de vivienda vacacional del Gobierno de Canarias y ha enviado numerosos correos electrónicos. “La ley del alquiler vacacional vuelve a insistir en lo mismo y recae otra vez en la majadería de que nosotros no tenemos una vivienda, que lo que tenemos es una unidad alojativa y por tanto no tenemos derecho al uso de lo que es nuestro”, destaca Maribe Doreste. 

“Defendemos que la gente que quiera pueda hacer el alquiler vacacional y más en las áreas del litoral de todas las Islas Canarias”, sostiene. “A nosotros esta ley vuelve a ponernos en el disparadero, realmente es una ley tramposa, un caballo de troya, vienen a por nosotros, vienen en esta ley a por los residentes y a por los propietarios”. 

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, sorprendía este mes distanciándose del partido con el que concurrió a las elecciones (CC) y anunciando que quiere que su municipio sea el primero de Canarias en tener una tasa turística. La polémica dirigente de Juntos por Mogán defendió el pasado 2 de mayo que esa tasa sería por “pernoctación” y mencionaba que quería emular a  “Oporto, Lisboa, Roma, Venecia o Ámsterdam” ya que las experiencias en España, la de Catalunya o Balears son impuestos turísticos que gestiona una ley autonómica. Unos días después, Bueno matizó que se trataría de una tasa por “prestación de servicios públicos”. Expertos consultados recuerdan que un ayuntamiento no puede poner un impuesto. Sí puede poner tasas pero en resumen estas deben ser por servicios que esté obligado a facilitar el consistorio o por ocupación de dominio público.

El profesor de Economía Aplicada y miembro de la red Localis Alberto Vaquero García explica a este periódico que las entidades locales son titulares de un poder tributario “derivado” de la Administración General del Estado. Por ello, “la creación de los tributos locales, así como la regulación de todos sus elementos sólo podrá hacerse por una ley estatal” y “las Haciendas Locales podrán aprobar ordenanzas municipales, con rango de reglamento”, incide. Por tanto, los ayuntamientos “no pueden crear impuestos”, resume.

Lo que sí pueden crear, añade Vaquero, son tasas, pero para ello son necesarias dos condiciones: “La utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público (por ejemplo, la tasa por colocación de una terraza de verano o apertura de una zanja)” o “la prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa que afecte o beneficie de modo particular si: (i) No es de solicitud o recepción voluntaria para los administrados; (ii) No se puede prestar por parte del sector privado”. 

El experto, por tanto, incide en que “una tasa turística no encaja, debería ser un impuesto turístico y eso solo es posible si lo crean las comunidades autónomas. Un ayuntamiento podría hacer una propuesta de impuesto turístico, pero debe ser el Gobierno autonómico quien lo apruebe. El ayuntamiento de ”motu propio“ no puede”. Y recalca: “desde luego lo de tasa turística no procede, debe ser un impuesto”. 

“¿Es viable un impuesto local sobre las estancias turísticas?” es la pregunta que ya se formuló Vaquero García en un informe de la red Localis sobre financiación local. En él explica que “si el número de turistas es elevado, puede producirse un impacto sobre la prestación de servicios públicos municipales, provocando una congestión del servicio y una merma de su calidad, además de un coste adicional sobre el medio ambiente, lo que a medio plazo puede poner en peligro el atractivo turístico de la zona. Una posibilidad de corregir esta situación es la aplicación de un impuesto sobre el turismo”. 

El experto defiende que la manera de aplicar estas llamadas ecotasas es a través de impuestos e incide en que “para justificar la necesidad de aplicar tributos sobre la actividad turística se pueden señalar al menos dos argumentos. El primero es que el impacto del turismo sobre los servicios básicos debe tener algún reflejo en los recursos recaudados por el municipio, puesto que el turista se convierte en un claro competidor con el ciudadano residente en la utilización de los servicios. El visitante no aporta directamente nada a las arcas municipales, generando una importante externalidad sobre los residentes”. 

En su exposición de argumentos también incide en que “la actividad turística tiene unos importantes costes ambientales que deben internalizarse. De no hacerlo, la actividad turística puede llegar a provocar un daño al ecosistema, por su sobreexplotación”. Tras una exposición de pros y contras que podrían tener estos impuestos, concluye que “si se persigue compensar de alguna forma a los ayuntamientos por el incremento del gasto municipal que supone la actividad turística, una de las posibilidades es el establecimiento de un impuesto sobre las pernoctas. Esto ayudaría a que los ayuntamientos asegurasen los recursos necesarios que garantizar unos servicios públicos de calidad para mantener su atractivo turístico.

El economista remarca que “esta figura tributaria resulta muy atractiva para las administraciones subcentrales, sobre todo, a nivel local, habida cuenta de que los ayuntamientos son las entidades responsables de garantizar los servicios públicos a los turistas, siempre que aparezcan problemas de congestión y merma de la calidad”. “Eso sí, en caso de que un municipio decida voluntariamente aplicar un impuesto sobre las estancias turísticas, este debiera tener una base lo suficientemente amplia que permita gravar de forma extensiva todas las actividades, evitando situaciones de intrusismo de los alojamientos irregulares. Además, se tendría que establecer varios gravámenes en función de la categoría del alojamiento, para introducir ciertas dosis de progresividad”, detalla. 

“En cuanto al destino de la recaudación, es obvio que debería dedicarse a mejorar las infraestructuras turísticas, que posibiliten mejorar la calidad del servicio turístico ofertado. Además, este tributo solo tendría éxito si se aplicase a ciudades que tuvieran un atractivo turístico específico, donde el precio no sea la principal o la única variable que determine la demanda de este producto”. Así mismo, “su aplicación no está exenta de limitaciones, pues puede afectar a la actividad turística, especialmente si un municipio opta por el tributo y los que están próximos, no. Lo mismo podría suceder si se trata de municipios que están tratando de consolidar su oferta turística”, detalla en su informe. 

La ecotasa debe ser un impuesto llevado al Parlamento

Desde la Federación Canaria de Municipios aclaran que de momento no pueden hacer una valoración sobre la propuesta de Mogán, ya que no cuentan con todos los datos. El Ayuntamiento que dirige Onalia Bueno defiende que tiene “respaldo jurídico”. “El modelo por el que ha optado para ello es considerar contribuyente a toda persona que se aloje en estos establecimientos –hoteles, apartahoteles, campings, viviendas vacacionales, etcétera–. De esta forma, el turista abonará una tasa por cada noche en el municipio, pudiendo establecerse un número máximo de noches y otro tipo de exenciones, que al igual que la propia cuota se encuentran aún en estudio”, resume el consistorio.

Otras fuentes consultadas por este periódico también inciden en que la fórmula para gravar las pernoctaciones hoteleras es la creación de un impuesto, pues la tasa debe responder además a un estudio económico que asegure que la Administración no gana dinero con su exigencia. Un impuesto, sin embargo, es una herramienta de financiación básica del erario público. Esas fuentes también se preguntan qué encaje jurídico puede tener poner una tasa municipal por pernoctar o que se cobre por noche en un hotel o establecimiento que no sea a través de un impuesto.

Barcelona, por ejemplo, tiene aprobado un impuesto por Ley Autonómica para toda la comunidad, pero lo aplica esta ciudad. Así mismo, en Balears se trata de un impuesto cuya  recaudación va destinada a un fondo de Impulso del Turismo Sostenible y se reparte en proyectos. “Si bien ese impuesto no es medioambiental, sí que las finalidades son medioambientales”, recordó a Canarias Ahora María Antonia Truyols, economista que fue directora de la  agencia tributaria que creó ese impuesto. 

En Valencia también se trabajó por impulsar un impuesto a las pernoctaciones, que sería regulado por el Gobierno valenciano pero de aplicación municipal y de carácter voluntario. Una medida que no dio tiempo de ver sus efectos ya que PP y Vox la derogaron. Sevilla es otra de las ciudades donde se ha abogado por la implantación de la ecotasa pero el Gobierno andaluz (que debe aprobar el impuesto) la rechaza. 

El debate sobre una ecotasa se ha encendido en Canarias especialmente al calor de las manifestaciones del pasado 20 de abril. Coalición Canaria primero se abrió a estudiarla pero después lo rebajó a hacer cambios en el IGIC, mientras que su socio de Gobierno, el PP, que ostenta la Consejería de Turismo, la rechaza de lleno. El asunto se ha llevado varias veces en las últimas semanas al Parlamento de Canarias y el PSOE propuso una PNL en este sentido, que es apoyada por NC. Podemos, que ya no tiene representación en el Parlamento, la defendió durante la campaña electoral.