La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 54 años por agredir sexualmente a una joven de 19 en el parque de las Siete Sillas de Mérida. El presunto agresor pasará a disposición judicial en las próximas horas.

El suceso tuvo lugar en la madrugada del viernes al sábado en este parque, una zona muy concurrida de la ciudad por su proximidad a la zona arqueológica. La joven, que según ha podido saberse es extranjera y se encontraba en la capital pacense de visita, denunció los hechos poco después de la agresión.

Gracias a su denuncia, la Policía Nacional pudo localizar y detener al presunto autor en pocas horas.

Las autoridades recuerdan la importancia de denunciar este tipo de delitos y ponen a disposición de las víctimas recursos especializados de apoyo legal y psicológico.

La Audiencia Nacional ha avalado una multa de la Agencia Tributaria a la gestora inmobiliaria Haya Real Estate por deducirse ilegalmente en el Impuesto de Sociedades una indemnización de 1,7 millones de euros que pagó en 2014 a su primer consejero delegado.

Se trata del ejecutivo Juan Bartolomé, que dimitió a los pocos meses de ser nombrado y al que la gestora inmobiliaria, entonces propiedad del fondo buitre estadounidense Cerberus, recolocó en una filial tras pagarle esa indemnización, que luego se desgravó ilegalmente.

En una sentencia del 15 de abril, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha rechazado el recurso de Haya contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) que confirmó la sanción en diciembre de 2019. El procedimiento se ha centrado en la “no deducibilidad” de las indemnizaciones a este ejecutivo y a otro ex alto directivo de Haya que también fue despedido y recolocado por esas fechas, y procedente como él de la extinta Bankia-Caja Madrid.

En noviembre de 2016, la Agencia Tributaria practicó una liquidación a Haya Real Estate por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2013 y 2014 que determinó, entre otras cosas, que no podía deducirse esos finiquitos porque se pagaron “voluntariamente”. “Ninguna norma ni instrumento de obligado cumplimiento le impelía a pactar con sus directivos una indemnización por cese o despido”, fue “una liberalidad” y “no existía obligación legal” de hacerlo.

A causa de esa regularización, impuso a Haya la correspondiente sanción por dejar de ingresar parte de la deuda tributaria, que luego confirmó el TEAC en una resolución notificada a Haya el 21 de noviembre de 2016.

La Audiencia ha considerado ahora que la multa del Fisco estuvo justificada porque Haya Real Estate llevó a cabo “una aplicación de las normas sobre deducción de las indemnizaciones, en definitiva sobre la deducción de gastos, basada en una interpretación claramente contraria a derecho”. El grupo sueco Intrum, propietario de Haya desde el año pasado, no comenta este asunto.

Los hechos se remontan a octubre de 2013, cuando Cerberus creó la marca Haya Real Estate para gestionar el ladrillo tóxico adjudicado por los bancos tras el estallido de la burbuja. Tras comprar a la antigua Caja Madrid su división de gestión de activos inmobiliarios, Bankia Habitat, Cerberus nombró consejero delegado de Haya a Bartolomé, hasta entonces máximo responsable de esa filial de la antigua caja, que había sido rescatada por el Estado en 2012 con 24.000 millones.

El ejecutivo firma un primer contrato de naturaleza mercantil en septiembre de 2013. Pero la relación no cuaja. El 17 de febrero de 2014 Bartolomé acuerda su dimisión como CEO de Haya con efectos desde el 1 de marzo, si bien pacta seguir como vicepresidente y consejero “manteniendo las mismas condiciones retributivas, indemnizatorias y de beneficios sociales”, dice la sentencia.

Para formalizar la nueva relación con Bartolomé como vicepresidente y consejero, se firma un nuevo contrato, en este caso de naturaleza laboral. Como el rubricado el 3 de septiembre de 2013, se fija un preaviso por escrito de tres meses en caso si el ejecutivo desea renunciar a su cargo, y “si renunciase sin justa causa no tendrá derecho a recibir ningún tipo de indemnización, con la única excepción de la indemnización por abstención de competencia post contractual”. De tener derecho a esa indemnización por despido improcedente, esta consistirá en el “pago continuado de su remuneración base por un periodo de 24 meses”.

Dos meses después de firmarse ese nuevo contrato, el 21 de abril de 2014, Bartolomé comunica por carta al presidente de Haya “su intención de dimitir de sus cargos de consejero y vicepresidente de la empresa y manifiesta que no tiene nada que reclamar contra la Sociedad como resultado de su dimisión como consejero, ni por ninguna otra causa”, dice la sentencia.

Sin embargo, “las partes acuerdan que la sociedad le abonará una indemnización por importe bruto de 1,7 millones de euros, a abonar en tres pagos a lo largo de 2014”. “No consta”, según la sentencia, que ese finiquito fuera aprobado por el consejo de administración de la sociedad. En ese órgano se sentaba entonces José María Aznar Botella, asesor de Cerberus y consejero de Haya desde su creación en 2013 hasta el pasado octubre.

La gestora explicó durante el procedimiento en la Audiencia Nacional que se había acordado resolver esa nueva relación laboral porque “no estaba funcionando de manera satisfactoria”. Las partes, recuerda la Sala, alcanzan “un pacto transaccional en virtud del cual se extinguía el contrato de trabajo de mutuo acuerdo, y, a cambio, se le respetaba (dice la demanda) el importe de la indemnización que se arrastraba desde el contrato por el que se le nombró consejero y consejero delegado”.

Haya Real Estate entendía “que la extinción de la relación laboral se pactó de mutuo acuerdo creando la obligación de indemnización, que ya se había acordado en el primer contrato cuando se le nombró consejero delegado, y reprochando a la liquidación que no tuviera en cuenta este primer contrato”.

Pero la Agencia Tributaria concluyó que el ejecutivo “renunció voluntariamente a sus funciones y no consta que haya sido despedido; y de esta renuncia voluntaria se desprende la no obligatoriedad de la indemnización, como base del rechazo a la deducción como gasto”. Tesis que comparte la Audiencia: “No de otra forma puede entenderse la misiva de dimisión enviada el 21 de abril de 2014”.

Y el argumento de Haya de que, “en realidad, de no haber acordado esta indemnización hubiera tenido que indemnizarle con la misma suma por despido improcedente”, no se sostiene: “Supone una interpretación que no se corresponde con la literalidad de las cláusulas contractuales, y se compadece muy mal con atribuirle simultáneamente otra función directiva, de similar rango, en otra empresa del grupo, si se había perdido la confianza en este señor”, razona la Sala.

Un “elemento importante para llegar a esa conclusión” es que, tras acordar ese finiquito millonario, Bartolomé siguió vinculado a Haya como presidente ejecutivo de su filial Gesnova Gestión Inmobiliaria Integral, lo que desactivó la cláusula de no competencia que tenía firmada.

El ejecutivo, que siguió asesorando a Cerberus como consultor hasta diciembre de 2016, explica en conversación telefónica que es la “primera noticia” que tiene de este pleito fiscal contra Haya por su indemnización. Deja claro que, tras más de tres décadas vinculado a Caja Madrid, él sí tributó en su IRPF por ella por el tipo vigente en aquel momento, que era del 52%, mucho más elevado que el actual máximo del 47%.

“Acuerdo transaccional”

Hacienda también sancionó a Haya por deducirse la indemnización que abonó a otro ex directivo también despedido y recolocado en esas fechas. Se trata de Juan Carlos Bartolomé, sin vinculación familiar con el ex CEO de la gestora y también procedente de Bankia-Caja Madrid.

En este caso, tras unos meses como director de Transformación e Integración de Haya, “sin que nunca se hubiera pactado indemnización alguna por cese de la relación laboral”, un “acuerdo transaccional” el 28 de abril de 2014 “consensuó la extinción de la relación laboral de mutuo acuerdo y a cambio se le abonó una indemnización, correspondiente (dice la demanda) exactamente a la que legalmente habría tenido derecho en caso de despido improcedente”.  

En este caso, la Inspección basó su liquidación “en la ausencia de obligación contractual alguna de indemnizarle, porque no figuraba en ningún contrato, y, además, al igual que en el caso anterior, su inmediata incorporación a la empresa del grupo Gesnova, lo que entiende que no supone la extinción del vínculo contractual que les uniera hasta el momento”.

Tras su cese, este otro directivo pasó a ser Director Corporativo y miembro del Comité de Dirección de Gesnova, cargo que ocupó hasta octubre de 2015, según su perfil en LinkedIn. Con ambos directivos, en suma, “no se había producido ninguna ruptura total de la relación laboral, al continuar ligados al mismo grupo de entidades”.

Haya Real Estate perteneció al fondo Cerberus hasta 2023. Hace algo más de un año, el fondo de capital riesgo acordó su venta a la firma sueca Intrum por unos 140 millones, significativamente por debajo de los 1.000 millones por los que intentó sacarlo a Bolsa sin éxito en 2018, y penalizada por la marcha del negocio y la pérdida de grandes contratos, como el de Sareb, el denominado Banco Malo. La firma fue noticia hace unos meses por aprovechar la ausencia de una anciana de 82 años para vaciar su piso de Cullera (Valencia) y cambiar las cerraduras.

Un centenar de vecinos y vecinas se han movilizado desde primera hora frente a un edificio de la número 106 de la calle del Carme, en el barrio barcelonés del Raval, para intentar evitar cuatro desahucios que estaban programados para la mañana de este miércoles. Tres de ellos eran en esa misma finca y un cuarto en un edificio a pocas calles de ahí, en Robadors.

Los activistas -que ya consiguieron parar uno de los desahucios en los juzgados este martes- llevan semanas preparando acciones para parar estos cuatro desahucios, que han definido como una “macrooperación”. Han sido más de ocho horas de protestas al pie de la finca de la calle del Carme, con los vecinos realizando cánticos, encendiendo bengalas e impidiendo el paso de los Mossos d'Esquadra. Finalmente, poco antes de las 15 horas, los agentes han entrado a la finca y han desahuciado dos de las viviendas.

Según el Sindicat d'Habitatge del Raval, los activistas habrían conseguido parar el cuarto desahucio programado esta mañana, concretamente el de un piso habitado por una familia numerosa, con menores a cargo, y un informe de vulnerabilidad. Los activistas cuentan que la propiedad habría accedido a dejar que tanto los ocupantes del piso de Robadors como la familia se queden unos días más en sus hogares.

En total son una decena las personas afectadas por estos cuatro desahucios. Se trata de viviendas situadas en fincas que son propiedad de la misma empresa: el fondo buitre Cerberus. Los activistas y vecinos desahuciados del edificio de la calle del Carme, conocido como Ca l'Erasme, ya habían denunciado “prácticas mafiosas” por parte de la empresa, propietaria de la finca desde el 2015.

Según los afectados, la empresa habría colocado trabajadores en los accesos del edificio que les pedían el DNI o habría contratado detectives para seguirlos. También apuntan a llamadas telefónicas a horas intempestivas y a dejadez a la hora de mantener un edificio; de hecho, muchos de los pisos tienen humedades, algo que los activistas lamentan ya que ca l'Erasme es un edificio catalogado como histórico y patrimonial. Todo ello, denuncian, sería una táctica para que los inquilinos abandonaran el edificio antes de 2022, que es cuando finalizaban sus contratos de alquiler.

Muchas familias se fueron, pero algunas se quedaron y pidieron a la empresa que se abriera a renegociar un contrato. Pero la empresa se negó, igual que tampoco se avino a realizar un alquiler social para la familia numerosa, que cuenta con un informe de vulnerabilidad emitido por Servicios Sociales, por lo que, según la ley, la propiedad está obligada a ofrecerles una alternativa habitacional antes de desahuciarles. Pero eso, según el Sindicat de Habitatge del Raval no ha sucedido.

Finalmente, los Mossos han abandonado el lugar y los activistas han desconvocado, pasadas las 15 horas, después de casi nueve horas de protestas. Desde el Sindicat han denunciado que dos personas que se encontraban movilizadas han tenido que ser hospitalizadas debido a contusiones recibidas por parte de la policía.

El pasado día de Nochebuena, Jennifer Jiménez, madre de dos hijos menores de edad, se despertó temprano, fue al baño de su casa y se dio cuenta de que no había luz. Incrédula, pensó que se trataba de un fallo del servidor, pero al ver que pasaban las horas y no funcionaba ni la luz ni el gas, empezó a sospechar, con acierto: le habían cortado el suministro. Jennifer lleva cinco años de alquiler en un piso de Otxarkoaga, en Bilbao, que previamente había tratado de comprar. Para ello, pidió un préstamo hipotecario al banco BBVA, que con su sueldo de 885,08 euros no pudo pagar, por lo que el banco le ofreció la posibilidad de seguir viviendo en la casa con un alquiler acogido al Foro Social de Viviendas. Sin embargo, en 2018, el BBVA vendió el 80% de la inmobiliaria que hasta ese momento fue la titular de la vivienda de Jennifer a Cerberus y ahí comenzó la pesadilla de la bilbaína.

“Vendieron el piso sin avisarme y, desde entonces, han hecho lo posible para echarme, pero como un juez ha paralizado el desahucio, han visto que no podían. Me ofrecieron dinero para que me fuera, pero no tenía a dónde ir, así que no lo acepté. Ahora lo que han hecho ha sido dejarme sin luz ni gas desde el día de Nochebuena”, lamenta Jennifer, de 32 años, en una conversación con este periódico.

El desahucio fue suspendido por el Juzgado de Primera Instancia nº9 de Bilbao por tratarse de un hogar vulnerable sin alternativa habitacional y basándose en el Real Decreto-ley 2/2022. No obstante, la intención de Cerberus y de la inmobiliaria es clara: que Jennifer y sus hijos abandonen la vivienda cuanto antes. “Llevamos más de 10 días yendo a ducharnos a casa de familiares porque no tenemos agua caliente, con velas en casa por no tener luz y no sabemos qué más hacer. No me puedo creer que dejen a dos niños pequeños en estas condiciones en Navidad. A mí un juez me ha dejado estar en mi casa y no me voy a ir porque no tengo dónde quedarme”, asegura la mujer, que el pasado 27 de diciembre interpuso una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Bilbao por un presunto delito de coacciones.

“La inmobiliaria ha presentado una demanda por impago de rentas y no de suministros, ya que está al día de su pago, y viene presionándola por teléfono, incluso ofreciéndole dinero para que abandone voluntariamente la vivienda, y ahora, ha procedido a llevar su coacción al máximo, aun siendo conocedora de la suspensión del desahucio, dando la orden de dar de baja los contratos de gas y luz que el BBVA tiene suscritos con Jennifer desde que, en 2017, firmó el contrato de alquiler sujeto al Fondo Social de Vivienda”, denuncian desde la plataforma Stop Desahucios.

Facturas abonadas, pero sin respuesta

Los días van pasando y ni las denuncias sociales ni las realizadas ante la Justicia van teniendo resultados positivos para Jennifer y sus hijos. La mujer critica que lleva desde hace más de dos semanas tratando de ponerse en contacto con la inmobiliaria y el banco, pero que no recibe ninguna respuesta. “Hablo con un contestador, digo que tengo una incidencia, la dejan registrada, pero no me responden nada, nadie me da una solución y, mientras tanto, mis hijos y yo seguimos sin luz pese a haber pagado todas las facturas”, asegura la mujer, que justifica lo que dice enseñando los recibos de luz y gas que ha pagado en el último año de un total de 405,09 euros por el gas y de 626,19 euros por la luz, siendo la fecha del último abono de los importes a Iberdrola el pasado 15 de diciembre.

“Exigimos que los responsables BBVA, la Inmobiliaria Divarian y Cerberus, a la mayor urgencia, den de alta el contrato y los suministros cortados”, señalan desde Stop Desahucios, que para agilizar el proceso se ha puesto en contacto con el área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, que, según confirma, “conoce la situación de su vulnerabilidad y ya ha contactado con el banco” en busca de una solución para Jennifer y su familia.

El fondo buitre Cerberus pesca entre antiguos altos cargos de la Administración española. La firma estadounidense acaba de incorporar como consejero de una de sus sociedades inmobiliarias en España a Pedro Mejía, exsecretario de Estado de Turismo y Comercio del Ministerio de Industria con José Luis Rodríguez Zapatero y expresidente del Operador del Mercado Eléctrico (OMEL), entre otros cargos.

Mejía, madrileño de 66 años, presidió hasta 2017 Omel, la entidad que gestiona el mercado mayorista de electricidad con el que se fijan los precios de la luz, y que está fuertemente regulada por la Secretaría de Estado de Energía, ahora adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica.

Mejía tiene una larga trayectoria en el sector público y privado. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, en 1979 ingresó en el Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, en la misma promoción que Manuel Conthe (secretario de Estado con Felipe González y presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con Zapatero), Jaime Caruana (gobernador del Banco de España entre 2000 y 2006) y José Luis Feito, histórico de CEOE.

Entre 1990 y 1994, Mejía fue director general de Política Comercial y posteriormente, director ejecutivo por España en la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones del grupo Banco Mundial y consejero económico y comercial en Washington. En 2000, se incorporó a Unión Fenosa (actual Naturgy) como director de relaciones institucionales del área internacional hasta que, en 2004, fue nombrado secretario de Estado de Turismo y Comercio, cargo que ocupó hasta abril de 2008. En 2009 pasó a presidir Omel, donde permaneció hasta su cese en 2017.

Según fuentes de Cerberus, Mejía ha sido nombrado consejero independiente no ejecutivo de Promontoria Challenger I SA, una de las filiales inmobiliarias del fondo, cuyo origen está en la compra, formalizada a finales de 2019, de tres carteras de cerca de 61.000 activos de Banco Sabadell adquiridas por unos 3.430 millones de euros. Esos activos se transfirieron a sociedades participadas al 80% por el fondo norteamericano y al 20% restante por el banco español.

El nombramiento llega en un momento en el que el brutal tsunami económico del coronavirus ha reavivado el apetito de inversores oportunistas como esta firma estadounidense, a la que en España asesora desde hace años José María Aznar Botella, hijo del expresidente del Gobierno. El fondo ha estado muy activo en el sector inmobiliario español en los últimos años. En diciembre pasado salió de la firma de energías renovables Renovalia, que adquirió en 2015.

Haya Real Estate, la inmobiliaria del fondo buitre estadounidense Cerberus, ultima un recorte de plantilla a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) mientras prepara un bonus para sus directivos, según fuentes internas de la empresa.

Esas fuentes explican que “una de las razones que se esgrimen para el ERE son económicas, y posiblemente intentarán que sea salvaje, pero van a pagar el bonus de objetivos de 2019, que en el caso de los jefes está por encima del 50% del salario fijo anual”. Añaden que el año pasado, en vísperas de este ajuste que se acaba de anunciar a la plantilla, la empresa realizó 80 nuevas contrataciones. Preguntada por este asunto, Haya Real Estate no ha querido hacer comentarios.

Haya recogía en sus cuentas de 2018, dentro del epígrafe de “sueldos y salarios”, un importe de 7,665 millones “correspondientes a la retribución variable máxima pendiente de pago a 31 de diciembre de 2018 (6.463 miles de euros a 31 de diciembre de 2017)”, vinculada “a la consecución de resultados y cumplimiento de objetivos por parte del personal de la Sociedad”.

En esas cuentas, últimas presentadas en el Registro Mercantil y consultadas a través de la plataforma Insight View, Haya Real Estate explicaba que “una sociedad vinculada al Socio Único”, la firma holandesa Promontoria Holding 62, “tiene establecido con parte de la plantilla de la Sociedad un plan de remuneración específico con el fin de retribuir en efectivo a las citadas personas por su permanencia en la Sociedad durante un determinado periodo de tiempo y, para algunas personas, por el cumplimiento de objetivos de desempeño a lo largo de un determinado tiempo”.

“La citada retribución está sujeta al cumplimiento de una determinada tasa interna de retorno mínima respecto de la inversión inicial realizada por los inversores, y está indexada a los citados retornos de efectivo, mediante porcentajes acordados con cada persona acogida al plan. El derecho a percibir la retribución descrita nace en el momento en que sea superada la tasa interna de retorno mínima y será vigente hasta un evento de salida de los inversores”.

Emisión de bonos

Cerberus lleva más de un año intentando desprenderse de Haya tras cancelar en 2018 su salida a Bolsa, una operación que se está viendo entorpecida por las cláusulas de blindaje que contempla una emisión de bonos de alto riesgo por importe de 475 millones con vencimiento en 2022 que realizó a finales de 2017 a través de una filial en Luxemburgo y que paga un interés anual superior al 5%.

La emisión incluye una cláusula que da a los bonistas la opción de exigir la recompra de los títulos en caso de cambio de control si el comprador endeudase a la firma por encima de un determinado umbral para ejecutar esa operación, como suele ser habitual en el mundo del capital riesgo.

A cierre de 2018, la plantilla de Haya era de 889 personas (el 53%, mujeres), de las que 16 eran miembros de la alta dirección y 117, “directivos y titulados”. La retribución de sus 16 altos directivos (doce hombres y cuatro mujeres) ese ejercicio fue de 2,26 millones de retribución fija y otros 1,165 de retribución variable, aunque estaban “pendientes de percibir” 1,15 millones. Un año antes (2017), la alta dirección recibió 2,456 millones de retribución fija y 1,295 millones de variable y tenía “pendientes de percibir” 2,506 millones.

Por su parte, los administradores tuvieron 1,27 millones de retribución fija y otros 1,764 millones de variable, y tenían “pendientes de percibir” 1,764 millones. Al no cotizar, Haya no individualiza la retribución de sus consejeros, entre los que está José María Aznar Botella, hijo del expresidente del Gobierno y asesor del fondo buitre en España. A principios de este mes, la empresa relevó al anterior presidente, Juan Hoyos Martínez de Irujo, que fue sustituido por Carlos Abad.

Haya registró en 2018 las primeras pérdidas desde su creación en 2013, con unos números rojos de cerca de 1,9 millones. Pero estas se multiplicaron en 2019. A falta de que se cierre ese ejercicio, en los nueve primeros meses del año pasado sus pérdidas fueron de 20,2 millones.

Haya ha planteado este recorte de empleo, que todavía se está negociando y que justifica por “causas organizativas, económicas, productivas o técnicas”, después de que renovara dos contratos de gestión de activos con la Sareb, si bien los nuevos reducen el volumen de servicios que se prestaban en el marco de los primeros, dada la nueva estrategia del 'banco malo' de realizar de forma directa algunos trabajos. Los despidos se plantean, asimismo, después de que el pasado año Haya se fusionara con Divarian, la firma que el fondo constituyó con BBVA cuando compró los activos inmobiliarios de este banco.

En virtud de este acuerdo, Haya incorporó todos los activos inmobiliarios de esta firma, pero también las capacidades operativas de administración y gestión inmobiliaria, incluyendo empleados y otros recursos. De esta forma, la plantilla de Haya Real Estate sumaba 1.039 trabajadores a septiembre de 2019.

La firma de Cerberus suma una cartera de activos bajo gestión por valor de 45.296 millones de euros. Además de para Sareb, la firma da servicio a BBVA, Bankia, Liberbank, Cajamar y varios fondos institucionales. 

Alrededor de 220 familias que residen en viviendas de protección oficial (VPO) en El Señorío de Illescas, en régimen de alquiler, temen tener que abandonarlas después de que un fondo de inversión –Global Pantelaria– se haya hecho con su propiedad.

Algunos de estos vecinos de la localidad toledana de Illescas –unas 32 familias hasta el momento– han recibido ya notificaciones del cambio de propiedad en las que se les informa de que los contratos de alquiler “no van a ser renovados” y que tienen entre uno y tres meses de plazo para “entregar las llaves y abandonar la vivienda”, según explica a este medio Almudena del Olmo, una de las vecinas afectadas. Dice además que la intención de la nueva propiedad sería poner en venta estas viviendas y que las primeras familias tendrían que abandonar sus hogares dentro de tres semanas.

Estas viviendas, situadas en las calles Francia y Portugal del municipio toledano, eran hasta ahora propiedad del Banco Santander, que mantenía un contrato de alquiler con los inquilinos bajo las condiciones de VPO hasta el  año 2035. En su mayoría, estos inmuebles están habitados por familias -con niños escolarizados en los centros educativos de este barrio-, entre las que se encuentran personas con discapacidad y mayores.

Ante esta situación, han lanzado una recogida de firmas en la plataforma change.org que, hasta el momento, ha recopilado más de 700 apoyos. Asimismo, el último pleno municipal abordó este asunto en el que todos los partidos políticos con representación en el Consistorio, que también se han reunido con los vecinos, han respaldado la necesidad de “remar todos juntos” para encontrar una solución.

El alquiler de estas viviendas oscila entre los 340 y los 460 euros, señala del Olmo, que indica también que otra de las posibilidades es que, ante la negativa de los vecinos a abandonar las viviendas, la nueva propietaria suba estos alquileres, lo que a su juicio provocaría que “muchas familias puedan quedarse en riesgo de exclusión social”. No obstante, apunta que han decidido no abandonar los inmuebles aunque la intención de la nueva propietaria sea la de poner a la venta las mismas.

“Nos dijeron que teníamos vivienda para toda la vida”

“Cuando alquilamos las viviendas, yo fui de las primeras en el año 2008, nos dijeron que teníamos vivienda para toda la vida, que lo único es que cada cuatro años tendríamos que volver a entregar toda la documentación requerida y si seguíamos teniendo todos los requisitos necesarios para tener derecho a una VPO, se renovarían los contratos”, explica del Olmo, que también trasladó las inquietudes de los vecinos sobre este asunto en el pleno que se celebró la pasada semana.

Tal y como apunta esta vecina, que reconoce la implicación de la Asociación Vecinal Aesi, así como de los grupos políticos y del alcalde, José Manuel Tofiño, en buscar una solución a las más de 200 familias que habitan en estas viviendas, la nueva gestión ha pasado a manos de Haya Inmobiliaria, que ha facilitado a los vecinos teléfonos de contacto y una dirección de correo electrónico para poder manifestar cualquier posible incidencia o las dudas que puedan tener con la nueva gestión de las mismas.

En este sentido, apunta también que en las últimas semanas se han mantenido diversas reuniones de los propios vecinos con representantes de la Corporación y de la Junta, así como con la nueva gestora de los inmuebles para buscar una solución al conflicto.

Global Pantenaria y su relación con Cerberus

El presidente de la empresa Global Pantelaria, registrada en 2018, es Gerardus Johannes Shipper, un ejecutivo relacionado con el 'fondo buitre' norteamericano Cerberus. Precisamente, este pasado verano, el Banco Santander vendió a este fondo inversor estadounidense 35.000 viviendas por 1.535 millones de euros.

Estos activos inmobiliarios -viviendas, garajes y trasteros- serán gestionados también desde Haya Real Estate, filial del fondo de inversión y quien se encarga también de las viviendas ahora adquiridas por Global Pantelaria en Illescas.

Banco Sabadell ha acordado la venta de una cartera de activos inmobiliarios denominada 'Rex' a una filial de Cerberus, participada en un 80% por el fondo y en el 20% restante por el banco, con un valor neto contable conjunto aproximado de 342 millones de euros.

El importe de compraventa de la operación ha sido de 314 millones de euros, implicando provisiones netas por unos 20 millones de euros, según ha remitido la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Una vez se cierre la operación, sujeta a que se cumplan las condiciones correspondientes, la transmisión del control de los activos 'tóxicos' se hará efectivo y los mismos se darán de baja del balance del grupo bancario.

Sabadell ha asegurado que esta operación contribuye “positivamente” a mejor su rentabilidad y ha remarcado que tiene un impacto “neutro” en la ratio de capital que mide la solvencia CET 1 'fully loaded'.

El fondo buitre Cerberus ha lanzado una OPA sobre la socimi Optimun RE Spain a través de la entidad Promontoria Holding 295 BV, según un hecho revelante que ha mandado la sociedad cotizada al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Cerberus es un fondo especializado en el mercado inmobiliario: compró 35.000 viviendas al Santander, activos inmobiliarios por 4.000 millones al BBVA, la cartera inmobiliaria de Cajamar, la filial inmobiliaria de Liberbank y gestiona el negocio inmobiliario de Bankia a través de Haya Real State, compañía en la que es consejero José María Aznar Botella, hijo del expresidente del Gobierno y la exalcaldesa de Madrid.

A pesar de manejar esta inmensa cartera de activos inmobiliarios, el fondo buitre no había creado aún una Sociedad Cotizada Anónima de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimi), teniendo en cuenta que España es el país donde se han creado más sociedades de este tipo, solo por detrás de EEUU.

Optimum RE Spain se centra en el mercado residencial barcelonés aunque tiene edicificios en otras localidades. Sus inmuebles suman una superficie de 30.700 metros cuadrados y está especializada en la compra de bloques de vivienda que después rehabilita y vende por precios muy superiores, tanto en Barcelona como en Madrid y Berlín.

Propiedad del empresario Josep Borrell (nada que ver con el ministro socialista), su estrategia es “comprar edificios completos y tras una inversión para optimizar las viviendas, venderlos por unidad, esto es piso a piso, a un mayor precio”, explican en la documentación disponible el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), en el que cotizan desde 2016.

Hace solo un mes esta socimi adquirió protagonismo cuando un grupo de vecinos de El Raval, en Barcelona, apoyados por el Sindicato de Inquilinas de la ciudad, consiguió que Optimum Re abandonase los planes de expulsarles de sus viviendas o de doblarles el precio del alquiler.

Cerberus ha hecho una oferta por la que valora a la socimi entre 70 y 75 millones de euros. El fondo buitre ofrece dos opciones a los accionistas: un precio de “14,10 euros por acción, de los cuales el 75% se abonaría en el momento del cierre de la transacción, garantizándose el pago del 25% restante por el Oferente u otra empresa del grupo Cerberus, a los 18 meses a contar desde el cierre de la transacción y 13,30 euros por acción pagaderos íntegramente en el momento del cierre”. La oferta está condicionada a conseguir el 75% del capital de la socimi.

La banca mantiene el desagüe abierto para desprenderse de los activos inmobiliarios problemáticos con los que se quedó durante la crisis financiera. La última operación en anunciarse ha sido este miércoles la de Banco Santander, que se ha desprendido de una cartera de activos residenciales por 1.536 millones de euros, adquirida por el fondo buitre estadounidense Cerberus.

Este paquete se compone de 35.700 activos que van desde viviendas a trasteros y plazas de garaje. La compañía ha explicado que la cartera se ha traspasado por un 55% del valor bruto contable de estos inmuebles. Es una de las grandes colocaciones que hace Santander tras la venta el pasado año del ladrillo de Popular, adquirido por Blackstone.

En esta ocasión, Santander explica que los activos serán gestionados por Haya Real Estate, filial de Cerberus de servicios inmobiliarios. En concreto, la operación se ha estructurado mediante el traspaso de la cartera a “una o más compañías” que estarán controladas por Cerberus con una participación de entre el 51% y el 80%. El resto se mantendrá en manos de Santander, en un movimiento similar al acuerdo con Blackstone.

En un comunicado, la compañía subraya que el porcentaje exacto de participación de cada una de las partes quedará resuelto antes del cierre de la transacción, que se prevé para finales de este año o en el primer trimestre del año próximo.

En un principio, esta cartera, de la que tenía previsto deshacerse Santander, estaba valorada en unos 5.000 millones de euros, ya que incluía suelo residencial (casas, garajes y trasteros) y locales. Finalmente, el banco 'rojo' ha decidido mantener en su balance los locales (que representan el 45%) y que buscará vender, en otro momento, mediante otra operación.

Cerberus se refuerza así también como uno de los mayores fondos propietarios de ladrillo en España. Anteriormente cerró un acuerdo para hacerse con una cartera de 13.000 millones de euros procedentes de BBVA y otra de 9.100 millones procedentes de Banco Sabadell.

De este modo, el fondo estadounidense es junto a Blackstone o Lone Star, entre otros, el protagonista de la venta de activos inmobiliarios que está realizando la banca española en el último año. Las entidades financieras tienen que hacer frente a la presión por parte del Banco Central Europeo para desprenderse de los activos no productivos y problemáticos que quedaron en sus balances durante la crisis financiera.

En lo que respecta al Banco Santander, esta misma semana ha vendido parte de su participación en Testa Residencial, la mayor socimi de vivienda en alquiler de España, que ha sido adquirida por Blackstone. El fondo buitre ha adquirido el 50,01% de la sociedad, para aumentar su cartera de activos residenciales en el mercado del alquiler, y ampliará la oferta por el resto del capital. En la operación ya ha salido del accionariado BBVA y Merlin.

Tantea la recompra de su sede

Por otro lado, la entidad financiera está tanteando la recompra de su propia sede, propiedad de Marme Inversiones, una empresa que está actualmente en concurso de acreedores. La compañía tiene un derecho de tanteo que le permitiría pujar por la ciudad financiera de Boadilla del Monte, donde tiene sus oficinas centrales.

De esta forma, la entidad presidida por Ana Botín, cuya oferta por su sede en Boadilla del Monte es de un importe sensiblemente inferior a los 3.000 millones de euros, entra en la puja en la que también concurren otros dos fondos: AGC Equity Partners y Sorlinda Investment.

La semana pasada sonó el nombre de Blackstone como posible interesado en adquirir la Ciudad Financiera, pero tras descolgarse de la puja, actualmente solo están sobre la mesa las tres ofertas citadas, según la noticia adelantada por Expansión.

Ahora se abre un nuevo periodo por el cual los tres candidatos tienen opción a mejorar sus ofertas iniciales, aunque las mismas fuentes han precisado que probablemente el proceso se cerrará aproximadamente en un mes.

Santander acordó el 12 de septiembre de 2008 la venta de sus oficinas centrales a Marme Inversiones 2007 por 1.904 millones de euros. Simultáneamente, el banco formalizó con esta sociedad un contrato de arrendamiento por un plazo de obligado cumplimiento de 40 años.

Asimismo, el contrato incorporaba la opción de compra ejercitable por Santander al vencimiento del periodo de obligado alquiler por el valor de mercado que tuviera la Ciudad Financiera.

Son casi diez años los que han pasado desde que estallara la crisis financiera que sacudió a todo el sector bancario español. Sin embargo, la banca todavía guarda en sus balances efectos de aquel boom inmobiliario cuyo final acabó provocando un rescate en 2012, desaparición de la mayor parte de entidades, fusiones y miles de despidos y cierres de oficinas.

Una de las huellas que sigue presente en los balances bancarios son los conocidos como activos adjudicados, propiedades inmobiliarias (suelo, locales, viviendas, oficinas, etc.) que recibieron en prenda como impagos de los créditos hipotecarios que concedieron. Los ocho bancos cotizados (Santander, BBVA, Sabadell, CaixaBank, Bankia, Bankinter, Liberbank y Unicaja) suman algo más de 52.000 millones de euros en estos activos, según las cuentas presentadas por todos ellos en el primer trimestre del año.

La principal procedencia de estos inmuebles son los créditos a promotores y constructores que concluyeron en impago y, por tanto, en aumento de los activos inmobiliarios de la banca. También las hay, aunque en menor medida, viviendas procedentes de hipotecas a particulares. A 31 de marzo, el banco con mayor volumen de activos adjudicados era CaixaBank, con casi 14.000 millones de valor bruto, seguido por BBVA, 11.500 millones, y Santander, 9.711 millones. La entidad con menores activos adjudicados era Bankinter, con 398 millones.

La cifra es más alta si se suman los activos de la Sareb. El banco malo contaba a cierre de 2017 con 12.154 millones de euros en activos adjudicados. Esta sociedad, propiedad en un 46% del Estado a través del FROB, también esta participada por los principales bancos que traspasaron activos inmobiliarios. Están presentes Santander, con el 22%, Caixabank, con el 12%, o Sabadell, con el 6,6%.

Pero la exposición inmobiliaria de la banca va más allá de los activos tangibles de suelo o inmuebles. Si se suman a los adjudicados los préstamos dudosos, los cinco principales bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell yBankia) cerraron 2017 con una exposición al ladrillo de 106.000 millones de euros, según un informe de la consultora Álvarez & Marsall de principios de año. Según Moody's, este tipo de activos suponen el 13% del total de activos de la banca española, en descenso desde 2014.

Lluvia de desinversiones

Pero estas cifras son una foto fija de una realidad que cambia de manera acelerada. La banca está centrada en aliviar el peso de su exposición a los riesgos inmobiliarios y, por ello, se han repetido en el último año y medio una cantidad importante de operaciones de desinversión. El Banco Central Europeo ha urgido en repetidas ocasiones a las entidades a desprenderse de estos activos improductivos y el Banco de España, en su memoria de 2017 publicada en mayo, señalaba que las altas tasas de activos problemáticos limita la concesión de crédito nuevo.

Las cifras previamente citadas ya descuentan la operación más importante en este sentido, que fue la venta por parte de Banco Santander del ladrillo de Popular al fondo Blackstone, una cartera de activos y préstamos valorada en unos 30.000 millones. No se descuenta todavía, sin embargo, el segundo gran acuerdo anunciado el pasado año pero que todavía está pendiente de cerrarse. Se trata de la venta de una cartera de 13.000 millones de activos inmobiliarios de BBVA euros a Cerberus. Se prevé que este traspaso esté culminado antes del final de año. Con ello, la empresa reduce hasta niveles mínimos su exposición inmobiliaria, más todavía después de anunciar esta misma semana la venta de 1.000 millones de crédito promotor al fondo canadiense CPPIB.

Sabadell también tiene en el mercado carteras de créditos y activos inmobiliarios. Se informó en abril que quería desprenderse de dos carteras que sumaban 7.500 millones de euros. En su plan estratégico 2018-2020, la entidad se ha marcado el objetivo de reducir de manera anual en 2.000 millones sus activos improductivos.

En el caso de CaixaBank, la empresa se ha desprendido esta semana de una cartera de 650 millones de euros de créditos inmobiliarios, adquiridos por Cerberus, según fuentes financieras. La compañía también ha realizado una operación en el sentido contrario. Ha recomprado del 51% de la inmobiliaria Servihabitat, por 176 millones, al fondo estadounidense TPG. El inversor había adquirido dicha participación en 2013 con un acuerdo de una década con la entidad catalana, periodo que finalmente no se ha cumplido. La entidad reconoció que esta operación supondrá un impact negativo de 200 millones en su resultado de este año, pero confía en obtener un retorno positivo de 45 millones anuales. En el mercado se especula, según han informado distintos medios, con la posibilidad de que se pudiera posteriormente revender en una operación junto con una gran cartera de inmuebles, como hizo Santander con Aliseda antes de desprenderse del ladrillo de Popular.

Las distintas entidades han mostrado su intención de seguir desprendiéndose de estos activos. Así lo ha evidenciado Santander, a través de su consejero delegado José Antonio Álvarez, quien señaló en la presentación de resultados del primer trimestre que el objetivo era desprenderse del ladrillo “lo antes posible” y que se realizarían nuevas operaciones. Liberbank, que el pasado año vendió una cartera de 600 millones a Bain Capital, también ha mostrado su intención de seguir reduciendo su cartera de adjudicados, de 2.400 millones. Otras, como Bankia, muestran más un interés por vender los activos inmobiliarios a clientes minoristas y no tanto en grandes carteras.

Estas operaciones han sido bien recibidas por los expertos y recientemente la firma de rating Moody's mejoraba la perspectiva de la banca española. Una de las principales razones que daba para esta decisión era que la venta de activos problemáticos de las entidades ya que aligeraba sus balances. Sin embargo, la empresa de análisis apuntaba que los niveles en España de este tipo de activos es superior al de otros países, pese a las ventas de grandes carteras. Francia, Países Bajos, Reino Unido y Alemania tienen una tercera parte de exposición. Moody's añade que “llevará todavía tiempo volver a los niveles precrisis”.

Son los fondos de inversión los que ven en estas desinversiones de la banca sus oportunidades de aumentar los activos que tienen en cartera. El caso más notable es el de Blackstone. El inversor se ha convertido en el gran propietario inmobiliario en España, país en la que entró en 2014 con la compra de activos de la desaparecida Catalunya Caixa, al que se ha el acuerdo con Santander o, más recientemente, la opa sobre Hispania, una socimi especializada en activos inmobiliarios, y cuya oferta fue ampliada el viernes

Pero este fondo buitre saltó al conocimiento del gran público cuando adquirió, a través de su filial Fidere, 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid. En este sentido, otro fondo, Goldman Sachs, que adquirió también VPO en este caso propiedad de la Comunidad de Madrid, advirtió esta semana de los “riesgos” a una lluvia de querellas por parte de inquilinos, según informó El Independiente. Otros nombres se repiten en las desinversiones de la banca en ladrillo, como Cerberus, Bain Capital o Oceanwood.

En su mano a mano con los servicios de inteligencia estadounidenses, a los que acusa de filtrar información y ser “antiamericanos”, Donald Trump está pensando en reclutar a Stephen Feinberg, cofundador del fondo de inversiones Cerberus Capital Management, un multimillonario al que no se le ocurrió otro nombre para su empresa que el del perro de tres cabezas que guardaba la puerta del inframundo griego.

En su tormentosa rueda de prensa del 16 de febrero Trump reconoció estar tanteando a Feinberg, que “ha ofrecido sus servicios” y “que podríamos utilizar”. Y Cerberus ha confirmado que Feinberg está “en conversaciones” con la Casa Blanca.

Al financiero le tocaría lidiar con dieciséis agencias de seguridad que acumulan un presupuesto de unos 70.000 millones de dólares y emplean a decenas de miles de personas. No está muy claro cómo se coordinaría con el director de Inteligencia Nacional, un puesto que se creó tras los atentados del 11-S, precisamente para coordinar las diversas agencias, y que debería ocupar el senador republicano de Indiana Dan Coats.

Feinberg, de 56 años, es un hombre hecho a sí mismo. La revista Forbes estima su fortuna personal en 1.270 millones de dólares. Nacido en el Bronx en el seno de una familia de clase media, fundó Cerberus en 1992 junto con otro socio. Es ahora uno de las mayores fondos de inversión estadounidenses, que gestiona una cartera valorada en unos 30.000 millones de dólares.

Cerberus posee o tiene participaciones en muchos negocios desde supermercados hasta boleras. Su especialidad es adquirir empresas en apuros, “sanearlas” (se entiende destriparlas o trocearlas) y revenderlas. De ahí que se le considere como un fondo buitre.

Actualmente su buque insignia es DynCorp International un gigante de la subcontratación militar que, entre otras cosas, entrena a policías iraquíes y asegura el mantenimiento de los aviones de la Fuerza Aérea estadounidense. Esto ha llevado a Feinberg a mantener muchos contactos en Washington con todas las autoridades políticas y el lobbying que conlleva conseguir este tipo de contratos.

Dos manchas han empañado el historial de Cerberus. La quiebra de Chrsyler, adquirida por el fondo en 2007, que se fue a pique pese al rescate del gobierno tras la crisis financiera, y que fue poco a poco comprada por Fiat a partir de 2009. Y, mucho más polémica, la matanza de Sandy Hook, una escuela de Connecticut, donde murieron 26 personas en 2012, perpetrada por un adolescente con un fusil de asalto de Remington, uno de los mayores fabricantes de armas en Estados Unidos, propiedad de Cerberus.

En estos últimos años el fondo se ha especializado en la compra de activos tóxicos por todo el mundo. En España, Cerberus tiene dos oficinas en Madrid y ha realizado varias operaciones, como gestionar la cartera inmobiliaria de Bankia o revender activos de la Sareb.

Aparentemente Feinberg conoce a Trump a través de su hijo, Donald Trump Jr, con quien comparte su afición por la caza. También es amigo de Steve Bannon, el consejero estratégico del presidente, y Jared Kushner, el yernísimo.

El multimillonario empezó apoyando a Jeb Bush en las primarias republicanas pero fue uno de los primeros en Wall Street en cambiar de bando y respaldar al ahora presidente. Según Reuters, él y su mujer, han donado 2,2 millones de dólares a diversos grupos proTrump. Feinberg también asesoró al candidato durante su campaña electoral.

Cerberus emplea a algunos antiguos responsables de la Administración estadounidense: Leon Panetta, exdirector de la CIA y exsecretario de Defensa durante la presidencia de Obama; Dan Quayle (¿alguien se acuerda de Dan Quayle?) el vicepresidente de George Bush padre; o John Snow, antiguo secretario del Tesoro de Bush hijo. El general John Kelly, actual secretario de Seguridad Nacional, trabajó durante un año como asesor de DynCorp.

A Feinberg le gusta mantener un perfil bajo, lejos de los focos y de la prensa. Lo decía en 2008 a The New York Times, en una de las pocas entrevistas que ha dado. “No me gusta la publicidad, no creo que me lo merezca”.

La discreción es algo que también exige de sus empleados. “Si alguien de Cerberus sale en un periódico (…), haremos algo más que echarle” dijo Feinberg a sus inversores en 2007, según la revista Rolling Stone, “le mataremos. La pena de cárcel habrá valido la pena”.

Los que más tiempo llevan buscando negocio son los grandes jugadores internacionales del sector. Apollo, norteamericanos especializados en gestión de carteras de créditos, además de inmobiliaria. Llevan desde 2008 negociando con la banca. Pero han esperado hasta septiembre 2013 para cerrar una operación. Compraron a Bankia su filial de créditos al consumo en comercios y concesionarios de automóviles, Finanmadrid por 1,6 millones de euros y su división inmobiliaria se ha hecho con el negocio inmobiliario de Catalunya Banc.

Otro de los grandes es Cerberus. El fondo del que es socio el hijo de Aznar es uno de los mejor posicionados en España. Ya en 2011 compró 96 oficinas a Bankia por 96 millones de euros. En septiembre de 2013 vuelve a hacer negocio con el banco nacionalizado al adquirir la cesión de su negocio inmobiliario para los próximos 10 años.

El gigante mundial, de origen estadounidense, Blackstone amplió en febrero su equipo en España. Según explicó su Joan Solotar, su directora general a la prensa de su país, de españa les interesa todo: hoteles, viviendas, oficinas... Su última operación conocida fue en junio pasado cuando compró de 1.800 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) de Madrid por el 40% de su valor, eso sí asumiendo la deuda.

H.I.G. Capital ha destacado por ser el primero en morder el suculento pastel del banco malo español, Sareb. La operación se dió a conocer el pasado mes de agosto. El fondo cuya cabeza visible en España es el financiero Jaime Bergel, ex Goldman Sachs, se hizo con una cartera de inmuebles denominada Toro y valorada en 100 millones de euros. Otro de los que han tenido el gusto de negociar con Sareb ha sido la firma Burlington loan, propiedad del fondo de capital riesgo Davidson Kempner quienes, también en agosto, adquirieron un paquete de préstamos de Inmobiliaria Colonial.

Las lista de fondos buitres es tan alargada como la sombra de estas del ave que les da nombre. Centerbridge, Lone Stat, KKR, Oak tree, Lindoff, Colony, Aktiv Capital, Oko Investment... son sólo algunos más de los están destinados a convertirse en los nuevos dueños de España.

Seguro que más de una vez se habrá preguntado ¿cómo se las apañan los chatarreros para sacarle partido a toda esa basura que recogen por la calle? Parece imposible rentabilizar los restos oxidados de la lavadora heredada de la abuela, pero ellos tienen el entramado que les permite obtener unos ingresos insospechados. Salvando las distancias, el negocio no es muy distinto de lo que ocurre en España en el sector financiero. La crisis ha cargado los balances de la banca de un exceso de inmuebles e hipotecas impagadas, los conocidos como activos tóxicos. Sin embargo, un nutrido grupo de fondos especializados, a los que por su forma de actuar se les llama fondos buitres, que están comprando con avidez esta basura financiera con el objetivo de obtener, como mínimo, una rentabilidad del 15% anual.

Pero, ¿Cómo son capaces de hacer negocio con algo que, en teoría, no vale nada? ¿Por qué los bancos venden ahora y no lo hicieron al comienzo de la crisis?

“Los fondos buitres compran por debajo del precio de mercado, por eso sus posibilidades de obtener beneficios son mayores. Además, son expertos eficientes en la gestión de créditos fallidos, gestión de inmuebles, algo que no ocurre con los bancos”, explica, Jorge Almagro, director comercial de la consultora inmobiliaria Jones Lang Lasalle.

Ser más eficiente, significa que su único objetivo es negociar con los propietarios de los préstamos para conseguir que paguen aunque sea una parte. Es decir, si han comprado como impagada la hipoteca de Juan, con conseguir que éste pague, aunque sólo sea, un 25%, ya les produce beneficios. De cara al propietario de los préstamos, eso significa que en lugar de enfrentarse a negociar con el banco de toda la vida, tendrá que hacer frente al poderío de estos fondos buitres. Suena fatal, aunque “a veces es una solución mejor de lo que parece”, asegura Mikel Echavarren, consejero delegado de la asesoría financiera Irea. Según su experiencia, los fondos buitre son menos reacios que los bancos a aceptar la dación en pago como método para saldar la deuda. Ya que, a diferencia de los bancos, estos fondos sí saben cómo vender luego la vivienda para rentabilizarla. “Su objetivo es conseguir una rentabilidad del 15% anual. Así que aplican todas sus artes conseguir el dinero o el inmueble lo antes posible y en el segundo caso venderlo también lo antes posible”, explica Echavarren. Eso sí, cuando se trata de préstamos al consumo, sus métodos de presión convierten al cobrador del frac en una visita de los niños en Halloween.

Pero, si estos gestores internacionales pueden conseguir ese 15%, ¿por qué el banco español no? “Simplemente porque no es su negocio.”, apunta Almagro. En el ADN del banco no está el hacerse cargo del ingente volumen de viviendas que han llegado a sus balances con la crisis. “Vender viviendas no es lo que mejor sabe hacer un banco, para eso hay otros profesionales. Además, mantener esos inmuebles les genera muchos gastos (impuestos, mantenimiento), han tenido que crear divisiones específicas para gestionarlos o contratar servicios externos para hacerlo”, explica este experto en gestión inmobiliaria. Es como si el que quiere vender la lavadora vieja se va en busca de un mayorista de la chatarra para sacarse un dinero. Podrá conseguirlo, pero seguro que le cuesta mucho más que al chatarrero. Ahora a los bancos ya no les merece la pena ese esfuerzo.

Sin miedo a las pérdidas

Hasta el año pasado, las entidades financieras lo intentaban, porque venderlos suponía aceptar una pérdida y no querían manchar sus libros de cuentas. La valoración con la que trabajaba la banca eran los precios de antes de la crisis, y cuando escuchaban las ofertas de los fondos buitre, que llevan oteando el mercado español desde 2007, más de un banquero se levantó de la mesa ante lo que consideraba un insulto. “En España siempre hubo muchas reticencias para vender al descuento. Aquí domina la cultura del aguantar a ver si pasa el chaparrón”, asegura Paz Ambrosy, directora de Global Institutional Investors.

Pero el chaparrón se convirtió en huracán y la banca española tuvo que ser rescatada por Europa. Fue entonces cuando cambió el guión. El ministro de Economía, Luis De Guindos, aprobó varios decretos, dictados por Bruselas, que exigían a la banca provisiones por suelo, promociones inmobiliarias y créditos que en algunos casos superaban con creces el 50% del valor, e incluso daban por perdidos préstamos que sus propietarios ni siquiera habían dejado de pagar.

Esto, junto con las necesidades de negociación del banco malo (Sareb), ha servido como alfombra roja para el desfile de los fondos buitre. Las carteras de créditos, los inmuebles heredados de las promociones fallidas... todo eso pasó a la cuentas de pérdidas. Así, si tenían que dar por fallido un crédito aunque todavía no lo fuera, por poco que pagara un fondo buitre por ello, para el banco ya era una ganancia. “Eso es lo que ha disparado las operaciones con fondos oportunistas”, asegura Echavarren.

Además, el contexto económico también acompaña. “ Ahora se ha perdido el miedo a que el euro se rompa y se han hecho algunas reformas. El riesgo España, ya sí compensa”, explica Paz Ambrosy. Esta asesora de los grandes fondos internacionales asegura que las oportunidades estaban localizadas desde el principio de la crisis, pero ahora se cierran más operaciones (ver apoyo) porque una vez se abierta la veda, es más fácil unirse a la ola. “Ya nadie se tiene que pegar con el jefe de Londres para hacerle ver la oportunidad de compra en España”, explica Paz Ambrosy.

A ello hay que sumarle que hay mucho dinero en circulación por el mundo y no demasiados destinos en los que sacarle partido. Las bolsas de EEUU y algunas europeas están en máximos históricos. Las economías de los países emergentes, que tantos capitales habían atraído en los años de la crisis, muestran síntomas de inestabilidad, y entre los países europeos con problemas (Grecia, Irlanda, Portugal y España), el nuestro es el que ofrece la mejor rentabilidad riesgo.