Cuando la violencia machista y la crisis inmobiliaria se suman: “El alquiler te ata al maltratador”
Valentina llegó de México en 2019 huyendo de la violencia de su país. Aquí conoció al que luego se convertiría en el padre de su hijo, que hoy tiene tres años. Pero la relación no acabó bien y, aunque quería cortar por lo sano, temía qué sería de una mujer migrante y soltera con un pequeño a cargo. Lo mismo le pasó a Montse que, después de años de violencia, reunió el valor para separarse. Pero entre los juicios y que su ex se negaba a pasarle la pensión, su economía se derrumbó. Estos miedos hicieron que ambas estuvieran más tiempo en sus relaciones del que hubieran querido.
Porque, al dolor de la separación, las secuelas de la violencia y al peso de criar a un hijo en solitario, estas mujeres deben sumar la inseguridad habitacional. Ambas resisten en pisos de los cuales la propiedad quiere echarlas, sometiéndolas a mobbing y con amenazas de desahucio próximas. Ninguna, a pesar de ser profesionales formadas y con carrera, tiene el dinero suficiente como para hacer frente a una mudanza ni a un alquiler que, de bien seguro, será mayor que el que tienen ahora.
Montse paga 600 euros por un piso de 60m2 con dos habitaciones; una de ellas, la de su hijo, sin ventilación y da directamente a la de su madre. “No puedo permitirme nada que no sea eso”, resume esta mujer, que es maestra de primaria. Antes era filóloga árabe, tenía carrera y dos másters, pero tuvo que estudiar magisterio cuando se separó porque vio que el que era su oficio y su pasión no le iba a pagar las facturas una vez sola.
Vive en un piso de la calle del Tigre, en el Raval de Barcelona, del que desahuciaron a principios de enero a siete familias porque, según un informe encargado por la propiedad, el inmueble tiene “riesgo inminente de derrumbe”. Por otro lado, hay inspecciones de los Bomberos que descartan el riesgo. Los casos de los vecinos han caído en Juzgados de Instrucción diferentes —cosa que, según los sindicatos de vivienda es totalmente excepcional. Uno, el 22, ordenó el desahucio. Y otro, el 56 y el que le tocó a Montse, ha decidido que puede quedarse en su casa. Pero no sabe hasta cuándo.
Cuando me separé, tuve que entregarle una copia de las llaves de casa a mi ex. Al tiempo acabó aceptando que tenía que irse, pero alquiló una habitación en el mismo edificio y empezó a perseguirme y a acosarme
“Estoy agotada, es una carrera de fondo. Después de todo lo que ha pasado…”, se lamenta Montse. Lleva 19 años en ese piso y es la segunda vez que tiene que luchar para quedarse allí. La primera fue cuando se separó, después de un largo maltrato. Su exmarido llegó a entrar en la casa por la fuerza y la denunció porque, argumentó, ella quería echarle y separarle de su hijo —del que luego nunca se hizo cargo.
“Me tocó pagar una multa y entregarle una copia de las llaves de casa. Al tiempo acabó aceptando que tenía que irse, pero alquiló una habitación en el mismo edificio y empezó a perseguirme y a acosarme”, recuerda Montse. Por suerte, sus vecinos se dieron cuenta y, en cuanto pudieron, rompieron el contrato de subarrendamiento.
“Pensé en irme, pero no tenía cómo hacerlo”, explica. Su marido se negaba a pasarle la pensión, lo que inició otro proceso judicial y el consecuente gasto en abogados. Además, se había quedado en paro y no encontraba trabajo debido a la depresión. Y todo ello, con un hijo de tres años. Hoy, ese niño ya tiene casi 18 años y ha salido adelante: estudia música y toca cuatro instrumentos. “Su educación es muy cara, pero no quería quitarle ese sueño. Vamos justos y tener que irnos ahora sería desastroso. Y, aunque intento mantenerle al margen, él nota todo ese estrés, las noches sin dormir”, lamenta Montse.
Un motivo para no romper
Montse reconoce que tardó en separarse “mucho más” de lo que le hubiera gustado. Primero, como a muchas otras víctimas, le costó darse cuenta de lo que pasaba en su casa. Luego vino la vergüenza. Y ya, después, la presión económica. “Si me quedaba sola, no sabía si iba a poder pagar el piso. Y si me echaban, ¿dónde iba a encontrar otro?”, expresa.
Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer del Ministerio de Igualdad, las víctimas tardan unos 2,5 años en identificarse como tal y les suele costar entre 5 y 7 años formalizar la ruptura. Según el estudio, las causas son varias, siendo el bienestar de los hijos y la inestabilidad económica las mayores preocupaciones.
Estos miedos están respaldados por otro informe del Ministerio que apunta que quedarse solas es uno de los principales motivos para los impagos del alquiler. Concretamente, el 6,05% de las que presentan problemas son víctimas de violencia de género; el 3,72 tienen dificultades después de la ruptura con su pareja y el 2,33% desde que enviudaron.
Hay muchos factores que retrasan la salida de situaciones que no son buenas. No todo el mundo se puede permitir el lujo de salir de una relación
“Las mujeres somos un sujeto devaluado”, apunta Marina Parés, portavoz del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, que acompaña el caso de Montse. La mayoría de personas que se acercan a sus asambleas, aseguran, son mujeres y “en no pocos casos” se detecta a víctimas de violencia machista. “Mujeres que no estarían con sus parejas si no dependieran de un segundo sueldo para pagar. El alquiler te ata al maltratador”, remacha.
“Hay muchos factores que retrasan la salida de situaciones que no son buenas. No todo el mundo se puede permitir el lujo de salir de una relación”, argumenta Valentina. Esta mexicana es médica y, cuando empezó a pensar en separarse, se encontraba en medio del proceso para obtener su residencia, homologar su título, colegiarse y sacarse el MIR. “Yo había dejado el trabajo que tenía para poder dedicarme plenamente a eso y volver a ejercer rápido, pero claro, si me separaba, iba a ser mucho más difícil”, recuerda.
A todo ello se suma que, tras la separación, ella se quedó con la custodia total del niño, al que su ex sólo ve en visitas puntuales, lo que le resta mucho tiempo para estudiar y hacer trámites —que, a veces implican viajes a Madrid o incluso a México. Además, Valentina apunta que, por ser migrante, tiene una red de apoyo “muy limitada” que no puede hacerse cargo del bebé si ella necesita ir a una entrevista de trabajo o a un examen.
Con todo, decidió dar el paso. Hizo cálculos y vio que, gracias al IMV, a la manutención y a los ahorros podría aguantar un año más sin trabajar y acabar de homologar su título. La vivienda no era un problema porque su ex le dejó quedarse en el piso, sabiendo que para ella iba a ser muy difícil encontrar un alquiler siendo madre soltera.
Pero todo cambió con un burofax en el que la propiedad le informaba que habría una actualización del IPC en el contrato. Y no solo del presente año, sino que el documento también le exigía al pago retroactivo de los años anteriores, lo que sumaba una deuda acumulada de 3.000 euros. Ese gesto, que es ilegal, fue leído por Valentina y su abogado como un “acoso inmobiliario” que llegó justo cuando informó a la propiedad de que se había separado y, a partir de entonces, en el contrato constaría sólo ella.
Mi hijo no va a saber lo que es el sentimiento de barrio. Tiene derecho a jugar en su parque y yo, siendo madre soltera, tengo derecho a pedir ayuda a una vecina, a cuidarnos a los niños mutuamente y a echarnos una mano
“Querían crearme una situación hostil para que me fuera”, resume la mujer, que reconoce que se lo llegó a pensar. “Pero no estaba preparada para lo complicado que es. Cuando iba a un piso, eran visitas que duraban 15 minutos, junto a otras ocho personas ”, recuerda. En su situación, sólo se le ofrecía alquiler de habitaciones y no estaba dispuesta a vivir con su hijo en una pequeña pieza junto a desconocidos.
Así que decidió quedarse en su piso por el tiempo que pudiera. Pero a finales de 2025, y contraviniendo el mínimo de cuatro meses de preaviso, la propiedad dio la estocada final y le informó de que no le iba a renovar, argumentando que había una deuda impagada. Valentina pidió la prórroga por vulnerabilidad (de hasta un año), pero su casera se la denegó. Así que, a pesar de que el contrato acabó el pasado 9 de febrero, ella sigue en el piso. “Estaré aquí hasta que encuentre una alternativa, al menos”, asegura.
Valentina explica que supuso “mucho trabajo” reconstruir su vida tras la separación. Y ahora ve que tendrá que volver a empezar. Seguramente, en un barrio nuevo. El suyo, el del Born, es uno de los más gentrificados de la ciudad. Cuando se mudó a su edificio, durante la COVID, estaba lleno de familias y personas locales. Pero, a la que se han ido acabando los contratos, esos vecinos se han ido sustituyendo por expats y alquileres de temporada.
“Mi hijo no va a saber lo que es el sentimiento de barrio. Tiene derecho a jugar en el parque con sus vecinos y yo, sobre todo siendo madre soltera, tengo derecho a pedir ayuda a una vecina, a cuidarnos a los niños mutuamente y a echarnos una mano”, lamenta. Ella, igual que Montse, siente que la expulsión de su casa es el último golpe tras una separación traumática. Algo que sus exparejas no han tenido que soportar.
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