El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el alcalde de Verín, Gerardo Seoane, y ha confirmado la condena a dos años de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Ourense por un delito de ordenación del territorio, lo que le impedirá también presentarse a las próximas elecciones municipales.

El fallo del alto tribunal gallego alega que “el delito no desaparece por intentar regularizar lo actuado, haciendo legal lo radicalmente ilegal” y rechaza el recurso presentado por el condenado, al tiempo que también descarta el recurso de la Fiscalía y reitera que no ve en los hechos un delito de prevaricación urbanística, como reclamaba el Ministerio Público, informa Europa Press.

La sentencia, confirmada en su totalidad, le impone al regidor una multa de 2.500 euros y lo inhabilita durante un año para el ejercicio de la actividad de promotor de obras, al considerar probado que el alcalde de Verín, arquitecto de profesión, promovió la realización de las obras sin presentar el correspondiente proyecto técnico.

Asimismo, reprueba que no contase con la preceptiva autorización de la Consellería de Cultura, necesaria al realizarse los trabajos en el entorno de la zona de protección de la Iglesia de San Bartolomé, integrada en el catálogo del plan general de ordenación municipal (PGOM) de Verín de 2012 y en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia.

Sin embargo, el tribunal descarta por falta de pruebas la realización por parte del acusado de la demolición de restos del edificio ruinoso y la ejecución de un nuevo muro de bloques, pero mantiene que las obras “no son de escasa complejidad técnica” y, por lo tanto, “no pueden considerarse obra menor ni de conservación”, cuestiones “necesariamente conocidas” por el alcalde, apunta el fallo.

Del mismo modo, la sentencia dicta que las obras fueron ejecutadas “por exclusiva iniciativa” del alcalde, “a espaldas de la corporación municipal” y “comportaron afectación importante en el bien protegido”, al suponer movimiento de tierras, realización de canalizaciones e introducción de arquetas y cambio de alineaciones.

Los magistrados argumentan que “la figura del alcalde” cumple “un papel crucial” en la ordenación del territorio y que, por lo tanto, “es el encargado de velar” por el “cumplimiento de la normativa” y de “representar los intereses de la comunidad” en la gestión del territorio.

Según se recoge en la sentencia, el regidor acordó realizar en el entorno de la Iglesia de San Bartolomé obras de demolición y levantado del firme de hormigón existente en el tramo de la calle, saneamiento y soterramiento de las redes de suministro eléctrico y alumbrado público, o la introducción de arquetas y canalizaciones.

Un entorno que constituye un “bien inventariado” recogido en el PGOM del Ayuntamiento de Verín de 2012 y en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia, algo que requiere “preceptiva autorización” de la Consellería de Cultura, así como la presentación de un “proyecto técnico elaborado por técnico competente”.

En esta línea, durante la realización de las obras, el 20 de febrero de 2019 un técnico del Servicio de Gestión Cultural de la Xunta visitó las mismas y emitió un informe en el que pedía al Ayuntamiento de Verín que las “paralizara cautelarmente” por no contar con el informe de Patrimonio, y ordenó, además, la presentación del proyecto.

La Consellería de Cultura solicitó entonces a la Policía Autonómica que enviase a Gerardo Seoane la notificación del informe, el 28 de febrero de 2019, pero este continuó con las obras “a sabiendas de la ilegalidad de las mismas”.

La Audiencia Provincial de Ourense ha decretado el sobreseimiento de la causa en la que se investiga al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por un posible delito continuado de prevaricación al no haber solicitado la compatibilidad entre su condición de regidor con dedicación exclusiva y el desarrollo de actividades profesionales, en especial la dirección de su televisión local Auria TV. La noticia llega poco más de 24 horas después de que se conociese que la Fiscalía solicitó la apertura de juicio oral y una pena de nueve años de inhabilitación para un Jácome convencido de que las acusaciones quedarían “en nada”.

Tal y como ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la Audiencia ha estimado el recurso interpuesto por la defensa del alcalde y revoca el auto de abril del Tribunal de Instancia de Ourense en el que, tras concluír la investigación, el magistrado decretó que se continuase el proceso.

La Sala, tras analizar la jurisprudencia sobre la prevaricación imputada al regidor, subraya que “no toda omisión o incumplimiento de un deber por parte de un funcionario puede catalogarse de prevaricación administrativa omisiva”, pues destaca que no es “equivalente a una resolución arbitraria expresa”. Por ello, incide en que “no basta que una resolución administrativa sea contraria a Derecho para que constituya el delito de prevaricación”.

Entiende la Sala que resulta “cuestionable” exigir “la necesidad de declaración de compatibilidad en el supuesto de que el miembro de una Corporación que tenga reconocida la dedicación exclusiva desarrolle ocupaciones marginales remuneradas”, algo que afirma que “resultaría propio de la jurisdicción contencioso-administrativa, vía a la que no se ha acudido”. El escrito del fiscal negaba que las actividades empresariales de Jácome fuesen “marginales” y afirmaba que le “generaban importantes ingresos anuales, superiores a su retribución como alcalde”. En total,  787.687,93 durante el lustro 2019-2024.

Mientras, la Audiencia recalca que la conducta del investigado pudo estar amparada por informes técnicos y por la postura del Ministerio Fiscal, que tras haber abierto “diligencias de investigación por idénticos hechos a los que ahora nos ocupan”, finalizó “archivando las mismas, por entender que no existía infracción penal y sí una irregularidad de carácter administrativo en el proceder del alcalde”.

Los magistrados también resaltan que “durante todo el tiempo transcurrido desde que el alcalde ejerce como tal, siendo además un hecho notorio, en ningún momento consta efectuado reparo alguno de legalidad por parte de los técnicos del Ayuntamiento”. En el auto concluyen que “en su caso, y de existir una irregularidad de carácter administrativo, será en esa vía en la que deban depurarse las responsabilidades a las que haya lugar”. La resolución de la Audiencia Provincial no es firme, pues cabe presentar recurso de casación.

La Fiscalía Provincial solicita la apertura de juicio oral contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana) y pide para él nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un supuesto delito de prevaricación. El ministerio público argumenta que Jácome cobró como regidor un sueldo, con dedicación exclusiva, superior a los 70.000 euros anuales, mientras mantenía unas actividades empresariales “que le generaban importantes ingresos anuales, superiores a su retribución como alcalde” y sin solicitar la compatibilidad “a sabiendas de la ilegalidad que ello supone”. A traves de su cuenta en la red social X, Jácome aseguró que la acusación es “algo sin base que se quedará en nada”.

En el escrito –al que ha tenido acceso elDiario.es–, el fiscal desgrana los sueldos públicos del alcalde que, desde su toma de posesión el 15 de junio de 2019 hasta noviembre de 2025, rozaron los 470.000 euros. En un período ligeramente menor –entre 2019 y 2024–, sus ingresos por otras actividades fueron casi el doble: 787.687,93 euros.

La práctica totalidad de ese montante procedía de la televisión local Auria TV –sólo en 2020 facturó 218.000 euros–, “de la que es propietario y único responsable, y ello, a sabiendas de la ilegalidad que ello supone, y del perjuicio que conlleva para las arcas municipales, cobrando un sueldo que en caso de no serle concedida la compatibilidad no tendría derecho a cobrar”. El fiscal añade la mercantil Jolper Música SA, una tienda de instrumentos musicales de la que Jácome fue administrador único hasta que cesó su actividad en agosto de 2020 y también 73.260 euros de una operación inmobiliaria del año 2021.

El ministerio público concluye que Jácome “estaba dado de alta simultáneamente en el régimen general y en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, dándose así por lo tanto una situación de pluriempleo y pluriactividad”. Esas ocupaciones “ajenas al cargo” no tenían “carácter de residual, secundario o marginal”. Sin embago, el regidor “nunca solicitó la compatibilidad de sus actividades privadas, porque sabía que no le iban a conceder dicha declaración de compatibilidad por el Pleno del Concello de Ourense, y le iba a tocar renunciar a su condición de concejal o al abandono de la situación que dio origen a la referida incompatibilidad”.

El 5 de agosto de 2019, menos de dos meses después de tomar posesión, Jácome “solicita formalmente al Concello de Ourense, la declaración de compatibilidad de sus actividades” con las funciones de alcalde “en régimen de dedicación exclusiva”. Sin embaro, tres días despues, el 8 de agosto –víspera de un pleno extraordinario–, “desiste por escrito”, y lo hace, a juicio del fiscal, “porque sabía que no le iban a conceder la compatibilidad”. Dos años después, en diciembre de 2021, el pleno del Concello de Ourense aprobo una moción que instaba al regidor a renunciar a su sueldo por incompatiblidad, “moción a la que el acusado hizo caso omiso”.

“Vivimos mirando al cielo y cruzando los dedos”. Así resume la alcaldesa de A Rúa (Ourense), María González Albert (BNG), la preocupación por la posibilidad de que caigan nuevas trombas de agua que arrastren monte abajo piedras, troncos de árboles y lodo. En las últimas semanas, en este municipio, cuyo terreno forestal ardió por completo en los incendios de agosto de 2025, han anotado varios episodios de anegamientos que dejaron numerosas calles cubiertas de barro y desechos. Temen que habrá más este verano. La situación se repite en el vecino Vilamartín de Valdeorras, que esta semana vio como una fuerte tormenta provocó que se desbordasen ríos y entrase en agua en numerosas viviendas. La carretera N-120, que atraviesa toda la comarca de Valdeorras, tuvo que cortarse al tráfico.

Vecinos, responsables municipales y expertos miran ladera arriba para explicar la virulencia de las descargas de agua y los arrastres de material desde el monte: el terreno quedó abrasado por un gigantesco incendio hace menos de un año -el que empezó en Larouco, que el más grande desde que hay registros en Galicia, con 33.000 hectáreas, según el cálculo de la Xunta-. Los efectos del fuego siguen apareciendo mucho después de extinguidas las llamas y lo hacen por varias vías. Serafín González, edafólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), explica que el terreno que ha ardido queda oscurecido. Cambia el albedo, que es la proporción entre la energía luminosa que recibe una superficie y la que se refleja. Es decir, la tierra más oscura absorbe más radiación, se calienta más y eso provoca más evaporación, que favorece la aparición de las nubes de tormenta.

Ese es el primer factor que cita este experto, que razona que, por este motivo, los terrenos quemados van a seguir contribuyendo todo el verano a que se formen tormentas. Además, González expone que estas tierras que han ardido se vuelven, en cierta medida, repelentes al agua: pierden capacidad de empaparse y almacenar las precipitaciones. “Si llueve, no la retienen y hay más escorrentía”, señala. Y esto facilita que el material, troncos enteros de árboles afectados por el fuego incluidos, se vea arrastrado ladera abajo y haya riadas. “Suelo poner el ejemplo de que un suelo natural sin quemar es como una esponja: almacena agua y luego la suelta lentamente. Si se quema, deja de hacerlo”, expone y añade que esto afecta a que el agua baje con más velocidad por las laderas empinadas en las que, además, no encuentra ninguna vegetación que la frene.

Lo han comprobado en los últimos días en la comarca de Valdeorras, pero también en otros puntos de la provincia, como en Viana do Bolo, en donde las trombas de agua arrastraron a varias aldeas una enorme cantidad de barro, rocas, troncos y ramas de árboles que provocaron destrozos en viviendas, coches y carreteras. El alcalde, Germán García-Ávila (PSdeG), habló ante los medios de un escenario “dantesco”, en el que hubo que rescatar a varios vecinos de sus casas y pidió la declaración de zona catastrófica. Manifestó que la sensación es de que ha pasado “un tsunami”, con lenguas de barro y rocas dentro de las aldeas y coches medio sepultados. Como la regidora de A Rúa, el de Viana teme otra tormenta que descargue con fuerza, especialmente si llega antes de que se puedan retirar todos los materiales que atascaron arroyos y canalizaciones y presionaron los pilares de un puente en Pradocabalos, uno de los núcleos que salió peor parado de la tormenta del pasado miércoles, junto A Bouza, Pixeiros y O Castro.

García-Ávila apunta también a las consecuencias que se siguen desplegando meses después de los incendios: asegura que las cortas realizadas en los terrenos afectados contribuyeron al desastre porque no se retiró la maleza, que fue arrastrada por el agua y contribuyó a los taponamientos. En el municipio, dice, hay vecinos que se quedaron sin agua y sin electricidad. También en Vilamartín de Valdeorras hay zonas sin suministro de agua porque las captaciones quedaron bloqueadas.

“Llevamos un año avisando”

Al hacer el repaso de los daños, la regidora de A Rúa lamenta que se trata de una situación que se veía venir: “Llevamos un año avisando. La sensación es de total abandono”, dice la alcaldesa, que el pasado agosto estuvo días lanzando peticiones de ayuda para poder apagar el incendio que prendió en un vertedero de materiales industriales que desprendía humo tóxico. Cree que la Xunta tiene “abandonados” a los ayuntamientos que no son de su mismo color político, es decir, que no son del PP.

Tras los fuegos del pasado verano, Albert asegura que el Ayuntamiento mantiene areneros y rejillas limpios, pero nada de esto es suficiente cuando la tromba de agua arrastra tanto material. “Limpiamos las canalizaciones, pero llueve y se vuelven a reventar. Es un coste muy grande”, añade y recuerda que el suyo es un municipio pequeño -4.200 habitantes-. En este caso concreto se suma otro factor que incrementa el riesgo para muchas viviendas: hay, desde la dictadura, dos cauces de agua canalizados que atraviesan la localidad. Si se atascan, el agua encuentra la forma de seguir su curso en la superficie. Es lo que les ocurrió a los vecinos del barrio de Fontei hace una semana. En lugar de celebrar la noche de San Antón bailando con una orquesta, como tenían previsto, se dedicaron a retirar lodos de bajos y calles. “Lo que tenemos aquí es una rambla”, dice.

En A Rúa están salvando el suministro de agua por la labor del fontanero, que, según destaca la alcaldesa, está pendiente de los avisos de tormenta y va a cerrar la llave del depósito aunque sean las 2.00 de la madrugada. Albert relata que ha enviado comunicaciones a la Xunta y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, pero sostiene que ni la primera hizo labores de restauración ni la segunda se ocupó de limpiar los arroyos. Añade que la maquinaria pesada que se está introduciendo en los terrenos forestales -casi todos propiedad de dos comunidades de montes- para retirar los troncos que aún se pueden aprovechar está “reventando” tanto la escasa vegetación que empezaba a crecer como elementos patrimoniales, como algunas mámoas -montículos funerarios prehistóricos-. “El incendio en el momento que ocurre es muy grave y muy espectacular, pero es luego cuando vienen muchos problemas importantes”, concluye.

La Consellería do Medio Rural, por su parte, insiste en que ha trabajado todos estos meses para evitar daños derivados de los incendios. Entre las medidas cita el mulching -que consiste en extender paja sobre el suelo a modo de cubierta protectora- y albarradas -barreras para tratar de frenar la erosión-, que sostiene que ha aplicado en municipios como A Rúa. Ofrece, en respuesta a preguntas de esta redacción, numerosos datos generales: cifra en 100 los kilómetros de pistas forestales reparadas y en 5 los millones de euros destinados a cubrir daños en bienes municipales o a compensar gastos asumidos por administraciones locales y vecinos para apagar fuegos. Para ello, indica que la Xunta firmó convenios con 46 ayuntamientos. Hace referencia también a partidas de la Consellería de Medio Ambiente, que reservó, entre sus primeras medidas tras el fuego, un millón de euros a los cazadores (a través de los tecores, los terrenos cinegéticamente ordenados) y ayuntamientos y mancomunidades de montes en terrenos gestionados por tecores.

El cantante Miguel Ríos, de 82 años, ha suspendido los conciertos programados para los días 19 y 23 de junio en Ourense y Arucas, en la isla de Gran Canaria, por un “leve traumatismo craneal” sufrido este miércoles tras un “pequeño accidente doméstico”.

Un comunicado hecho público en su cuenta oficial de Instagram informa de que “por recomendación médica, y aunque su evolución es favorable, deberá guardar unos días de reposo, lo que le impedirá actuar en los próximos conciertos programados con tanta ilusión y cariño”, informa EFE.

“Sentimos profundamente las molestias que esta situación pueda ocasionar y agradecemos de corazón la comprensión, el cariño y el apoyo de todos sus seguidores”, afirma el texto.

“En los próximos días informaremos, a través de los canales oficiales, sobre la posibilidad de reprogramación de las fechas afectadas. Miguel Ríos quiere trasladar personalmente su agradecimiento a todos y espera reencontrarse muy pronto con su público”, remata el comunicado.

Fuentes de su entorno han confirmado a elDiario.es que el cantante “se encuentra bien, recuperándose”. Ríos ha ironizado sobre lo sucedido compartiendo con los más próximos “Más dulce será la caída”, una de las canciones de su reciente disco, El último vals.

La letra parecía anticiparse a lo sucedido, si bien el accidente del protagonista tenía lugar sobre el escenario: “A esta edad caerse es un riesgo total / O te rompes la tibia, o el tabique nasal / Un simple resbalón, alarma general /Y todos tus amigos te guasapearán”. En otra estrofa, afirma: “La hostia del cantante sale por televisión / Pero si saca un disco no se entera ni dios / Cargarse la turné te costará un riñón / Ningún seguro cubre a un viejo ronco trovador”.

Las fuertes trombas de agua que descargaron en los últimos días en la zona este de la provincia de Ourense han puesto de manifiesto un efecto a largo plazo de los incendios: las tormentas arrastran más tierra cuando caen sobre el terreno ardido que se ha quedado sin vegetación. La situación fue especialmente grave en la tarde del miércoles, cuando las tormentas volvieron a caer en varios puntos de Valdeorras -escenario, en agosto de 2025, del incendio más grande anotado en los registros en Galicia- y en zonas de Viana do Bolo y A Gudiña y provocaron inundaciones de bajos, cortes de carreteras y destrozos en varias aldeas. También se vio afectado el sur de la provincia de Lugo, con anegamientos en lugares como Monforte.

En Vilamartín de Valdeorras tuvo que ser cortada la carretera N-120 a la altura de Arcos porque se desbordó el río Farelos. El tráfico quedó interrumpido también en la OU-533, entre A Gudiña y Viana do Bolo, a la que el agua arrastró tierra y munerosos troncos de árboles, como se aprecia en el vídeo que acompaña a esta información, tomado en Pradocabalos (Viana do Bolo). En diferentes aldeas los vecinos han tenido que esperar a que pasase la tromba de agua en los pisos superiores de las viviendas porque se anegaron los bajos.

MeteoGalicia indicó que se registraron unos 5.000 rayos el miércoles por la tarde en Galicia, sobre todo en la provincias de Lugo y Ourense y que el tramo de las 19.00 a las 20.00 fue el de más actividad eléctrica. Para el jueves avisa de la posibilidad de tormentas fuertes en la montaña de Lugo, entre A Fonsagrada y Folgoso do Courel, sobre todo entre las 15.00 y las 21.00 horas.

El alcalde de Viana do Bolo, Germán García-Ávila, asegura que la situación en algunas partes del municipio es “dantesca” y que el agua ha arrastrado “toneladas de piedras y árboles”. Pide la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para acometer la reparación tras este “auténtico desastre”, según recoge Europa Press.

El regidor teme que haya inundaciones graves si vuelve a llover porque todos los restos acumulados impedirían que el agua fluya por los arroyos.Le preocupa también uno de los puentes de la localidad, que asegura que está lleno de restos y podría derrumbarse.

La Consellería do Medio Rural ha decidido desactivar la situación 2 del incendio de Boborás (Ourense) al dejar de correr peligro las casas. La decisión se tomó a las 17.34 horas de este lunes, en un fuego que ha arrasado 230 hectáreas, según las estimaciones provisionales de la Xunta.

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, ha explicado que el pico de calor de este lunes dificulta las tareas de extinción. La principal causa que se baraja como origen del fuego es un rayo, informa Europa Press.

Este mismo lunes, la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, ha advertido de que la situación es “compleja”, si bien “nada que ver” con lo “terrible” que fue en la tarde del domingo, por el riesgo para viviendas. La regidora ha valorado la actuación “ejemplar” de vecinos que refrescaron tanto los entornos de sus casas como la de aquellas personas que no se encontraban en ellas.

Varios helicópteros, hidroaviones y brigadas, así como medios del Ministerio para la Transición Ecológica, participan en las tareas de extinción.

El Gobierno gallego ha avanzado que, en el marco del plan autonómico de actuaciones frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, este viernes se activará el nivel de alerta 3 (rojo) por episodio de calor en la zona isoclimática del interior de Pontevedra y nivel de alerta 2 (naranja) en las zonas del noroeste y del interior de A Coruña.

MeteoGalicia informa que las altas presiones están localizadas desde este jueves al norte de la Península Ibérica, acercando aire muy cálido de origen norteafricano. La presencia de esta masa de aire cálido junto con los cielos muy abiertos, que propicia la situación anticiclónica, harán que las temperaturas asciendan notablemente desde esta misma tarde, informa Europa Press.

Las jornadas con temperaturas más elevadas serán el viernes y el sábado, cuando se espera que las máximas superen los 35º en muchos puntos del interior de Pontevedra. Las mínimas aún serán suaves el viernes, pero durante la madrugada del sábado podrá darse una noche tropical, con mínimas que no descenderán por debajo de los 20° en algunos puntos. Por lo tanto, el sábado se combinarán elevadas temperaturas a lo largo de todo el día tanto en las mínimas como en las máximas.

En el caso del deporte, la Xunta, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, ha determinado, para este viernes, la suspensión de la actividad deportiva federada y del programa 'Xogade' en el exterior en ayuntamientos del interior de Pontevedra. Los municipios y los horarios afectados pueden consultarse en la web Deporte Galego. La situación de fuerte calor podría ir remitiendo lentamente en la jornada del domingo.

As Conchas es un embalse sometido a una degradación ambiental de tal calibre que los derechos fundamentales a la vida, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y la propiedad, vinculados al disfrute del agua, de los vecinos se están viendo vulnerados. La situación aparece descrita en estos términos en una sentencia judicial que quienes viven en el entorno de la presa califican de histórica, pero que, pese a que pronto cumplirá un año, no ha provocado cambios palpables. Los residentes siguen con preocupación los avisos sobre la llegada del calor estos días porque saben que eso favorece los episodios de proliferación de algas y los olores insoportables. Pero la inquietud no se disuelve tampoco cuando las temperaturas bajan: las bacterias peligrosas siguen ahí.

“Si me meto al agua, estoy tomando una cucharada de veneno”, compara uno de los vecinos de pueblo de As Conchas (Lobeira, Ourense), Pablo Álvarez, que vuelve a hablar con elDiario.es poco más de un año después de que la demanda contra las administraciones públicas por el estado del embalse tomase forma. Él es uno de los siete residentes en la zona que participó en el proceso judicial, junto a la Federación de Consumidores y Usuarios (Cecu) y con el apoyo de Amigas de la Tierra y ClientEarth.

El enfoque no fue el habitual: lo que se exponía era que lo que se estaban vulnerando eran los derechos básicos de las personas y que las responsabilidades estaban repartidas entre administraciones por no haber frenado una proliferación de granjas -algunas de ellas, macrogranjas- en la comarca de A Limia que derivó en la grave contaminación de las aguas. Ganaron los vecinos. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se dio a conocer a principios de julio de 2025 y, en febrero de 2026, quedó confirmada en el Tribunal Supremo. Ahora está pendiente que la Justicia ordene su ejecución.

Y, a la espera de esa ejecución, los vecinos denuncian que todo sigue igual. Pablo Álvarez critica que se sigan organizando competiciones deportivas en aguas del embalse y que no se haya actuado en el origen de la contaminación, que está en los residuos de las explotaciones -de cerdos y pollos-, que pasan a las aguas del río Limia y resultan en nitratos que alimentan a las bacterias que proliferan en la presa y que producen, a su vez, toxinas peligrosas. Pasada la mitad de mayo, este vecino indica que las aguas se ven turbias, sin que haya asomado el verde de las cianobacterias, pero da por hecho que, con el calor, habrá alguna floración. Cuenta que le consta que en noviembre había terrenos “encharcados de purín” aguas arriba.

Coincide en la ausencia de medidas útiles uno de los expertos que mejor conoce lo que ocurre en As Conchas y que más se implicó en el caso, como uno de los peritos responsables de los informes presentados en la causa por los demandantes, Serafín González, que es biólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). “Las administraciones no se han movido. En la Xunta esta es la estrategia recurrente: ir posponiendo las cosas”, dice. Para ejemplificarlo, señala que siguen pendientes de declarar las zonas vulnerables por contaminación de nitratos. No hay ninguna en Galicia. “Marean la perdiz, dicen que hacen falta más datos, quieren más estudios, cuando la situación está muy clara”, protesta.

El silencio de la Xunta

La Consellería do Medio Rural no ha contestado a las preguntas de esta redacción sobre el punto en el que se encuentra el proceso, después de que, en julio de 2025, el presidente gallego, Alfonso Rueda, anunciase la exposición pública del anteproyecto de decreto sobre la contaminación por nitratos procedentes de origen agrario.

Tampoco ha contestado a las cuestiones planteadas la Consellería de Medio Ambiente, que no ha aclarado si ha adoptado alguna medida tras la sentencia, que condena la inacción tanto de la Xunta como del Gobierno estatal, a través de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS). Sobre el caso, la responsable del departamento autonómico, Ángeles Vázquez, lamentó en unas declaraciones en febrero, tras la confirmación de la sentencia por parte del Supremo, que no había la “coordinación” que le gustaría con la CHMS. Por su parte, el órgano que gestiona las cuencas del Miño y del Sil sostiene que remitió varias propuestas para reunirse a la Xunta: el 16 de febrero y el 3 de marzo le escribió al delegado en Ourense, aunque no se llegó a cerrar una fecha. El 17 de marzo y el 14 de abril la misiva se dirigió al presidente gallego, pero “continua sin fecha”.

La CHMS pone el foco en la administración autonómica por ser la que autoriza la actividad que genera la contaminación y asegura que, por su parte, hace analíticas cada 15 días desde 2011 y que, en los episodios de proliferación de cianobacterias pasan a ser semanales. Tras la sentencia, asegura que tomó otras medidas, entre las que están intensificar la vigilancia de posibles vertidos o acumulaciones de purines, el desarrollo de modelos para predecir los episodios de proliferación o iniciar los trámites para pagar las indemnizaciones.

González considera que, “al menos”, la CHMS ha admitido el problema que representa para el medio ambiente y la salud humana la multiplicación de macrogranjas en la comarca de A Limia, que es de donde parte la contaminación que afecta a As Conchas. La Xunta, por la contra, “pretende seguir negando que son el origen”, opina sobre la intención del Gobierno gallego y los retrasos en el proceso.

Advertencias desde finales de los 90

El experto se remonta a finales de los 90. La Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), que él preside, avisó en 1998 a un ayuntamiento de los severos impactos negativos que iba a tener la multiplicación de granjas y apunta que el problema procede de las medianas y no solo de las de tamaño macro. Desde entonces, protesta, se ha duplicado la carga ganadera en la cabecera del río Limia, que es el que llena el embalse de As Conchas.

“Está claro que hay una relación de causa-efecto”, afirma. Hay demasiadas granjas para el terreno disponible y eso se traduce en grandes cantidades de nitrógeno y fósforo que pasan a las aguas subterráneas, en las que los nitratos aumentan hasta hacer que no sean potables. Y esto provoca la eutrofización de As Conchas, que son esas proliferaciones de algas que tiñen de verde el agua. Añade que la “pésima gestión” de los últimos 15 años ha provocado que se hayan arrastrado también bacterias fecales, algunas de ellas resistentes a antibióticos y “muy peligrosas”. En su momento, recuerda, pidieron una moratoria para que no se autorizasen más explotaciones. Ahora, eso sería “insuficiente”. Es decir, considera que habría que cerrar algunas.

Estos días, en los que empiezan a subir las temperaturas, Pablo Álvarez cuenta que ya teme que el verde empiece a asomar, pero recalca la preocupación por las sustancias relacionadas con algunos tipos de cáncer y estas bacterias resistentes. Dice que no se explica cómo en el censo de aguas de baño de la Xunta para la temporada de 2026 aparecen como aptas dos zonas del embalse de As Conchas, una en el municipio de Bande y otra en el de Muíños, mientras que una tercera, en Lobeira, figura con una prohibición permanente del baño. Critica que la Consellería de Sanidade -la competente en control de la calidad de las aguas- está “engañando y confundiendo a la población” sobre la situación real: “¿Acaso el problema desaparece al cambiar de término municipal?”.

En busca de una fórmula contra los olores insoportables

La CHMS expone que desde agosto de 2025 hasta ahora se han hecho inspecciones a 72 granjas de A Limia y está previsto que la cifra llegue a 178 en diciembre de este año. Añade que desde enero de 2025 resolvió 25 expedientes sancionadores a explotaciones de la zona por vertidos de aguas residuales, daños al dominio público hidráulico o actividades que pueden causar contaminación.

El órgano de cuenca indica que son 60 los puntos de control, sumados los de aguas superficiales, subterráneas y el propio embalse, en busca de toxinas. Además, asegura que ha contactado con universidades y empresas para tratar de cerrar algún tipo de convenio a través del cual se busque una solución para otro de los problemas que persigue a los vecinos: los fuertes olores cuando hay un boom de cianobacterias.

Toda la oposición ha rechazado otorgar la confianza al ahora alcalde en funciones de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de Ourense para este año 2026, abriéndose así el plazo de un mes –hasta el 22 de junio– para que los partidos presenten moción de censura.

En concreto, según recoge Europa Press, los 15 concejales de PP, PSOE y BNG han manifestado su “no” a dar confianza al regidor --que ha contado con 9 votos favorables de los ediles de su partido, Democracia Ourensana-- durante el segundo pleno extraordinario celebrado este viernes, tras el convocado esta misma mañana, en el cual PP, PSOE y BNG rechazaban el expediente, dando paso al regidor a someterse a la cuestión de confianza.

El proyecto ha sido votado esta mañana con el rechazo de toda la oposición, por lo que no pudo salir adelante. Durante la primera sesión plenaria, BNG (con cuatro ediles) y PP (siete) pidieron retirar el expediente al carecer de un informe “preceptivo” de Intervención, pero el voto en contra del PSOE (con cuatro ediles, dado que faltaban la portavoz y Francisco Rodríguez) y de Democracia Ourensana (10) facilitó que continuase el debate.

egún recoge la normativa, al estar la cuestión de confianza vinculada a la aprobación de presupuestos, si en el plazo de un mes no se presenta una moción de censura con un candidato alternativo a la Alcaldía, el expediente quedaría aprobado inicialmente y sometido a posibles alegaciones.

Jácome: “Me arriesgue por Ourense”

Así las cosas, Jácome ha apuntado a la oposición por enumerar una “lista de mentiras”, y ha instado a los tres partidos a “no bloquear” el expediente presupuestario “si no son capaces de articular una alternativa”. “Esta situación se podría haber evitado antes, pero no estaban por la labor”, ha añadido.

En esta línea, durante su intervención ha cargado contra los tres partidos alegando que “cree el ladrón que todos son de su condición”, y ha subrayado que el grupo de gobierno sí cuenta con un “proyecto de ciudad”. “Proyecto de ciudad es hacer cosas, y nosotros hemos hecho muchas cosas”, ha añadido. Tras el pleno, en redes sociales, aseguró: “Me arriesgue por Ourense”.

PP: “Ourense se merece mucho más”

Los populares han achacado un papel “absolutamente lamentable” de socialistas, quienes “llevan meses dando lecciones de etica y responsabilidad política”, pero ahora “le hacen el trabajo a Jácome”. “Hoy se desenmascararon las caretas de todos”, ha señalado la portavoz popular, Ana Méndez.

En esta línea, Méndez ha calificado al regidor ourensano de “mentiroso y trilero”, recalcando que este “perdió su respeto hace tiempo”. “Tengo absolutamente acreditada mi ética profesional, usted no, me da igual que me diga y me llame lo que le de la gana. Hace mucho tiempo que le perdí el respeto que le tenía al principio del mandato”, ha lamentado.

Así, ha insistido que PP es el partido “con más concejales” en la oposición y ha subrayado que “si el cambio tiene que pasar por alguien, es por el PP”. “Somos el partido que mejor gestiona siempre. La única posibilidad de que la ciudad salga adelante es con el PP al frente”, ha añadido Méndez.

“Ourense se merece mucho más que tener a Jácome ahí. Veremos como le salen las cosas, mucho me temo que no le van a salir, de ninguna de las maneras, como tenía usted orquestado desde el lunes. Reitero que lo que pasó hoy iba a pasar el lunes, y daba igual cuando”, ha subrayado.

PSOE: “Nadie se cree que el PP es una alternativa”

Asimismo, socialistas han rechazado dar la confianza al regidor, afeando su gestión municipal y recalcando que “hay otra manera” de gobernar. Por ello, la concejala del PSOE María Fernández ha instado a la oposición a “responder con coherencia” ante el escenario actual, postulando al partido como “alternativa con proyecto y equipo”.

En este sentido, Fernández ha apuntado a populares por “financiar” la Alcaldía de Pérez Jácome durante las elecciones de 2023 para “solventar sus problemas internos”. “Votar o apoyar al PP que es quien sostiene a Jácome es votar a Jácome”, ha añadido la socialista.

Por ello, María Fernández ha recalcado que populares tienen ahora “una oportunidad” ante una oposición que suma más concejales que el grupo de gobierno. “No se cree nadie que el PP es una alternativa porque Jácome gobierna con su apoyo. Pueden culpar a quien quieran, pero la responsabilidad es de todos, y tenemos la oportunidad de que deje de ser alcalde y buscar una alternativa”, ha añadido.

BNG: “Comedia en dos actos”

En esta línea, nacionalistas han afeado una “comedia en dos actos”, apuntando al regidor por su “habilidad” para convencer a socialistas, quienes “cometieron la torpeza” de rechazar la retirada del expediente del orden del día durante la primera sesión plenaria de este viernes.

Así, el portavoz del BNG local, Luís Seara, ha seguido su intervención enumerando una lista de las cualidades que, a su parecer, posee Pérez Jácome, acusándolo, entre otras cosas, de “deteriorar el prestigio” de su cargo, “denigrar” a la institución, “menospreciar” a representantes políticos y trabajadores públicos, o “traicionar a sus votantes”.

“Jácome venía a luchar contra la corrupción y resultó ser un fraude. Pedir confianza supone creer en su integridad, honestidad y buenas intenciones; la confianza no se pide, se gana. Quien actúa así comprenderá que no puede tener la confianza de nadie”, ha señalado Seara.

En esta línea, el portavoz del BNG local ha recordado su intención de postularse como candidato nacionalista a las próximas elecciones, recalcando que el grupo cuenta “cada día con mejor valoración de vecinos”. “La alternativa a Gonzalo Pérez Jácome, eso cada vez lo sabe mas gente, así que le auguro malos tiempos, alcalde”, ha sentenciado.

Arena blanca y fina, aguas cristalinas y templadas, alquiler de equipo náutico, zonas de baño y todo ello a más de 100 kilómetros del mar más cercano. Hablamos de la Playa de los Franceses, ubicada en el municipio de A Veiga, al sureste de la provincia de Ourense, en Galicia. Un arenal reconocido en 2026 con la distinción de Bandera Azul.

Se trata de una playa fluvial situada en el margen izquierdo del río Xares, en su desembocadura en el embalse de Prada, justo antes del puente que da acceso al núcleo urbano de A Veiga. A más de 800 metros sobre el nivel del mar, queda rodeada por densos bosques verdes y montañas que dominan el horizonte: un entorno privilegiado que atrae a bañistas y aficionados a la naturaleza por igual.

La Playa de los Franceses se ganó su nombre en homenaje a los emigrantes gallegos que regresaban desde el país galo, atraídos por sus aguas templadas para pasar sus vacaciones en este rincón de montaña. Este enclave nació en 1958 tras la construcción del embalse de Prada, una presa que sumergió bajo sus aguas al antiguo pueblo de Alberguería. Hoy en día, tras una inversión de 140.000 euros en infraestructuras, la playa ha hecho historia este 2026 al lograr la primera Bandera Azul de interior en la provincia.

En verano —y, en general, en días calurosos—, este arenal se convierte en un paraje turístico de primer nivel. Sus orillas son ideales para una escapada fresca en el interior de Galicia: un oasis ribereño al que los visitantes llegan para darse un baño, practicar deportes acuáticos o pasar tiempo con amigos y familia.

Durante el resto del año, el entorno se presta más a explorar sus alrededores. En esos días en los que no hay gente, el silencio de los árboles solo se rompe por el canto de algún ave o por el susurro del río. Es un lugar de contemplación. El visitante lo puede descubrir recorriendo sus rutas de senderismo o bicicleta, como la Senda circular del Xares.

La playa fluvial: un arenal con kayaks, paddle surf y catamarán

Este destino destaca por su equipamiento, que ofrece a sus visitantes una amplia gama de actividades. Este rincón fluvial combina áreas de arena con amplias zonas de sombra proporcionadas por un frondoso pinar. Cuenta con tumbonas y sombrillas, duchas públicas, aseos y un pantalán o embarcadero desde el que se gestionan las actividades acuáticas.

Durante los meses de verano, la Playa de los Franceses habilita servicio de socorrista y puesto de vigilancia, así como alquiler de material náutico y deportivo. El servicio incluye kayaks, tablas de paddle surf, bicicletas acuáticas y equipos para esquí acuático. También existe un servicio de catamarán, el “Santa María de Alberguería”, con capacidad para ocho personas, que realiza rutas de una hora por el embalse, visitando pueblos sumergidos y aldeas ribereñas. El coste de este recorrido es de cuatro euros por persona.

Ya en tierra firme, el recinto cuenta con parque infantil, zonas de merendero y aparcamiento gratuito, elementos que facilitan la visita a familias o grupos grandes. En las cercanías hay varios servicios de restauración, así como una considerable oferta de alojamiento, en caso de que el visitante desee alargar un poco más su estancia.

El camino que atraviesa el corazón del Xares

Para quienes buscan descubrir la otra cara de esta zona de bosque, montaña y playas tranquilas, la senda verde del Xares es la mejor opción. Es una experiencia obligada para quienes buscan una inmersión en la naturaleza. Con una longitud de 34 kilómetros, esta ruta circular rodea por completo el embalse de Prada y se puede realizar tanto a pie como en bicicleta.

Si se realiza a pie, el recorrido tiene una dificultad media, aunque completarlo entero puede llevar más de ocho horas, por lo que resulta exigente. Por esta razón, es importante llevar calzado adecuado, hidratación, provisiones, protección solar y mapas.

La ruta comienza en la Playa de los Franceses. A partir de ese momento, el camino se abre paso bajo las copas de frondosos pinos y robles. A medida que el visitante avanza, la ruta cuenta con paradas que son auténticos museos al aire libre. La primera gran pausa es el Bosque de las Esculturas, donde el arte dialoga con el entorno natural en una armonía silenciosa.

Muy cerca, el Aula de Naturaleza, junto a la Playa de Coiñedo, ofrece el rincón perfecto para observar la biodiversidad del entorno y sentir su arena blanca y fina. Es una parada estratégica para reponer fuerzas frente al agua antes de seguir andando por un camino que alterna bosques cerrados y vistas panorámicas del embalse.

Conforme se sigue el camino que rodea el embalse, el caminante pasará por diferentes aldeas ribereñas, huellas de una realidad rural del interior gallego. Pero la imagen más impresionante del camino es una que no se puede ver realmente: el pueblo hundido bajo la superficie del Xares, Alberguería, que lleva más de 60 años bajo el agua.

Todo el recorrido está vigilado desde las alturas por las cumbres de Trevinca, que acompañan cada kilómetro de esta travesía por el interior montaraz de Ourense. La ruta culmina donde empezó, en la Playa de los Franceses. En temporadas de calor, un chapuzón en sus aguas puede ser la mejor recompensa para el senderista.

España lidera el ranking mundial de banderas azules en 2026 con un total de 794 distintivos repartidos por todo el país pero, aunque la costa suele acaparar el protagonismo, el interior gana terreno con hasta 15 playas reconocidas en siete provincias distintas. Córdoba, Jaén, Badajoz, Cáceres, Madrid, Ourense y Álava demuestran que no tener mar no es obstáculo para la calidad. Estas provincias han logrado certificar sus zonas de baño de agua dulce bajo estrictos estándares internacionales de excelencia. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) premia así su compromiso con la sostenibilidad y la buena gestión, un logro que destaca el esfuerzo de los municipios por preservar sus ecosistemas acuáticos con gran rigor a pesar de encontrarse lejos del mar.

Extremadura encabeza el listado nacional de playas continentales con un total de ocho Banderas Azules para este año. La provincia de Badajoz acumula siete de estos prestigiosos galardones ambientales regionales. Entre sus arenales premiados figuran la Costa Dulce de Orellana, La Dehesa en Cheles y la playa de Campanario. Se suman Los Calicantos en Casas de Don Pedro y El Espolón-Peloche, en la localidad de Herrera del Duque. También repiten Talarrubias-Puerto Peña y la recuperada bandera para la playa Isla del Zújar situada en Castuera. Esta región se ha posicionado como un referente del turismo azul de alta calidad en todo el interior. Mientras, en la provincia de Cáceres, la playa de Cancho del Fresno en Cañamero revalida su distintivo de alta calidad internacional.

Más al norte, Ourense ha hecho historia al obtener la primera Bandera Azul para una playa de su interior. La playa de los Franceses en A Veiga representa un hito para el turismo ourensano y su proyección exterior. Este reconocimiento es fruto de años de trabajo para convertir al municipio en un gran referente turístico. Galicia amplía así su oferta más allá de sus famosas costas marítimas sumando calidad en el sector interior. Estas zonas de baño ofrecen servicios comparables a los mejores destinos costeros de todo el territorio nacional. Su integración en la lista resalta la riqueza y diversidad del patrimonio hidrológico que posee España. 

Andalucía también aporta enclaves de interior de alta calidad en las provincias de Córdoba y Jaén este verano. La playa de La Breña, en Almodóvar del Río, ha revalidado su bandera por quinta temporada consecutiva con éxito. En Jaén, la playa del Encinarejo en Andújar se consolida como una de las referencias continentales de todo el país. Ambas representan los únicos arenales de interior con este distintivo en toda la amplia comunidad autónoma andaluza. Estos espacios son fundamentales como refugios climáticos durante las altas temperaturas del periodo estival del sur. El galardón certifica la excelente calidad de las aguas y la seguridad de todas sus instalaciones públicas, enclaves que se han convertido en lugares de veraneo imprescindibles para locales y para los visitantes. 

La provincia de Álava mantiene su excelencia en el interior vasco con tres Banderas Azules en sus enclaves naturales. Las zonas de Landa, Moskurio y Salurriaga, en el embalse de Ullibarri-Gamboa, continúan portando el galardón con orgullo. Estos parajes se ubican en los municipios de Arratzua-Ubarrundia, Barrundia y Elburgo respectivamente. Suman tres de las cuatro banderas de Euskadi, un reconocimiento que valora aspectos esenciales como la limpieza del agua, la seguridad técnica y la accesibilidad universal. La estabilidad de estos premios consolida a Álava como un destino de turismo verde de gran calidad. Las playas alavesas son ya habituales en este selecto listado internacional de excelencia de carácter ambiental.

Entornos naturales

Madrid mantiene su presencia en el mapa de enclaves de calidad con la playa de la Virgen de la Nueva. Situada en San Martín de Valdeiglesias, esta zona del pantano de San Juan es un clásico del baño madrileño. Es la única bandera de la comunidad, aportando un espacio seguro y controlado para disfrutar del baño estival. Estas playas de interior deben cumplir los mismos criterios exigentes que las marítimas para ser finalmente galardonadas. Entre estos requisitos destacan la educación ambiental, la sanidad, la seguridad y también la accesibilidad para todos. De hecho, el 86% de los enclaves continentales de 2026 están adaptados para personas con cualquier discapacidad, garantizando que cualquier usuario pueda disfrutar de estos entornos naturales con plenas garantías de seguridad. 

El proceso para obtener una Bandera Azul es muy riguroso y exige una verificación anual de todos los enclaves. La calidad excelente de las aguas de baño es el primer requisito fundamental para optar al galardón internacional. En el caso de las playas continentales, se valora especialmente su ubicación protegida en entornos naturales. Estos espacios promueven el uso racional de recursos y la concienciación ambiental activa de la población local. El auge de las banderas azules de interior refleja una tendencia clara hacia un turismo mucho más sostenible. Estos enclaves impulsan el desarrollo económico de zonas rurales mediante una oferta turística de gran calidad, como han demostrado estos 15 lugares donde remojarse en verano… a pesar de no tener el mar muy cerca.

La Fiscalía de Ourense acusará al alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), de un delito de prevaricación administrativa por no pedir la compatibilidad para compaginar este cargo y sus actividades privadas como propietario de su televisión, Auria TV. Por el momento, pide desestimar el recurso de reforma interpuesto por la acusación particular, que solicitaba juzgar al regidor también por malversación y falsedad documental.

Fuentes de la Fiscalía, citadas por Europa Press, señalan que el fiscal del asunto no ha presentado aún el escrito de calificación porque está pendiente de la resolución del recurso de reforma que presentó la acusación particular. En caso de ser aceptada finalmente la solicitud de que Jácome sea juzgado por malversación, cambiaría el procedimiento a jurado. El regidor de Ourense ha aprovechado esta circunstancia para lanzar a través de sus redes sociales un mensaje en el que aseguraba que la Fiscalía “no formula acusación por prevaricación contra el alcalde”.

El Ministerio Público adelanta que el fiscal sí va a presentar escrito por prevaricación administrativa contra Jácome. Eso sí, en relación con el recurso de reforma interpuesto por la acusación particular, Fiscalía no está de acuerdo en atribuirle al alcalde ourensano ni los delitos de malversación ni el de falsedad.

Al respecto, el fiscal argumenta que “no se está ante ningún delito de malversación” porque el investigado “obtiene indebidamente fondos públicos”, pero estos “no son fondos que estén a su cargo previamente al acto”, sino que “posteriormente a obtenerlos lo hace indebidamente”. “Dicha disposición es posterior al acto de obtenerlos, por lo que no concurrirían los elementos del tipo de malversación de caudales públicos”, subraya.

Asimismo, considera que “no habrá delito de falsedad”, al recalcar que “el bien jurídico protegido por el tipo de falsedad es la seguridad y veracidad de tráfico jurídico” y que dicho bien no estuvo en peligro. Como prueba apunta a la moción aprobada en pleno en diciembre de 2021, en la que se pedía a Jácome que renunciase a su sueldo municipal por considerarlo “claramente incompatible” con su actividad profesional.

“Los concejales del Ayuntamiento de Ourense sabían perfectamente las actividades a las que se dedicaba el investigado, por lo que la declaración de bienes públicos que hizo el mismo nunca logró el objeto de confundir o alterar la percepción de la realidad, siendo un hecho notorio que el investigado era el dueño de la televisión Auria, y que por la misma recibía importantes ingresos, por lo que la declaración anterior nunca consiguió su propósito de alterar”, incide el fiscal.

La Guardia Civil ha tomado declaración en calidad de investigado a un vecino de A Pobra de Trives (Ourense) como presunto autor de un delito de maltrato animal, tras encontrar los restos de 90 cabras y ovejas en las inmediaciones de una granja.

El Seprona tuvo conocimiento el pasado mes de marzo del hallazgo de restos óseos de animales en las proximidades de unas instalaciones dedicadas a la cría de ganado ovino y caprino, según informe Europa Press.

La Guardia Civil, dentro de la operación Custodia Gregi, junto a personal del servicio de veterinarios de la Xunta, realizó una inspección en la explotación para comprobar el estado de los animales y localizó 90 cadáveres de cabras y ovejas en estado de descomposición, por lo que se procedió a la imputación del responsable.

El puente del Milenio marca un antes y un después en la fisonomía urbana de Ourense. Inaugurado oficialmente el 1 de septiembre de 2001, esta estructura no solo buscaba mejorar la movilidad, sino proyectar la ciudad hacia la vanguardia arquitectónica del nuevo siglo. Su construcción fue una respuesta directa a la necesidad de aliviar el tráfico rodado tras el cierre definitivo del histórico Puente Romano a la circulación de vehículos. Desde entonces, se ha consolidado como el quinto viaducto que cruza las aguas del río Miño, atrayendo tanto a locales como a visitantes. No es simplemente un medio de transporte, sino un monumento que define la silueta contemporánea de una ciudad milenaria. Su presencia ha modificado el paisaje, convirtiéndose en un punto de referencia ineludible para quienes desean comprender la evolución de Galicia.

Detrás de su diseño se encuentra la visión creativa del arquitecto Álvaro Varela de Ugarte y la precisión técnica del ingeniero Juan M. Calvo. Varela, formado en Madrid, Yale y Tokio, propuso una solución innovadora que resultó ganadora en un certamen internacional de gran calado. Para llevar a cabo esta ambiciosa tarea, contaron con la colaboración de la firma Pondio Ingenieros, que asumió el reto del proyecto de construcción. La ejecución de la obra involucró a empresas como Oca y Acs, además de la participación de casi cuarenta subcontratistas especializados. Los diseñadores buscaron un equilibrio entre la robustez necesaria para soportar el tránsito diario y una elegancia visual que no dejara indiferente a nadie. El resultado es una pieza de ingeniería civil que los expertos consideran entre los diez puentes más interesantes de toda España. Su carácter exclusivo se ve potenciado por el uso de materiales tradicionales como el hormigón y el acero, pero aplicados con una técnica totalmente renovadora. Cada detalle fue pensado para que la estructura tuviera movimiento y personalidad propia sobre el cauce fluvial.

El proceso de construcción, que se inició oficialmente en el año 1999 tras la colocación de la primera piedra, no estuvo exento de dificultades. El cauce del río Miño, conocido por su carácter indomable, provocó importantes inundaciones que retrasaron el cronograma inicial de tres años. Las crecidas del río llegaron a arrastrar la cimentación de una de las torres, obligando a las constructoras a realizar nuevos y complejos cálculos. A pesar de estos contratiempos naturales, que quedaron como anécdotas en la historia del puente, las obras se reanudaron con normalidad bajo estrictos estándares. 

Fueron necesarios veintiocho meses de arduo trabajo continuado para que la estructura tomara su forma definitiva de gaviota en pleno vuelo. La meticulosidad en la fase de ingeniería permitió que hoy disfrutemos de un puente seguro, duradero y estéticamente superior. La paciencia de los ourensanos se vio finalmente recompensada con un hito que transformó para siempre la conexión entre ambas orillas del río.

Técnicamente, el puente del Milenio destaca por su configuración de luces y su sistema estructural de carácter extradosado. Con una longitud total que ronda los 275 metros y un ancho de 23 metros, la estructura ofrece un espacio generoso para el tránsito. Se sustenta mediante dos grandes pilares inclinados y un sofisticado sistema de tirantes metálicos pareados situados en la parte superior. Una de las innovaciones más reseñables en su momento fue el uso del pretensado exterior extradorsal tanto superior como inferior. El vano central del puente alcanza los 36 metros de altura respecto al nivel del río, lo que permite una navegación segura por debajo. La superficie de la estructura es totalmente redondeada y carece de aristas, lo que suaviza su integración visual en el entorno natural. Consta de cuatro carriles para vehículos, distribuidos dos por sentido, además de arcenes destinados a la circulación segura de los peatones. 

El aspecto más fascinante de su arquitectura es, sin duda, la pasarela peatonal que envuelve la estructura principal a modo de anillo elíptico. Esta cinta, que para algunos tiene una función meramente ornamental, es en realidad el corazón de la experiencia del visitante en Ourense. Por su silueta curva y elegante, el monumento ha recibido popularmente el sobrenombre de “el puente de la gaviota” entre los ciudadanos. La pasarela se eleva de manera sinuosa por encima de la calzada, creando un juego de alturas que otorga dinamismo y singularidad al conjunto. Es un diseño que rompe con la linealidad tradicional de los puentes urbanos, proponiendo un recorrido que parece flotar sobre el Miño. La iluminación nocturna, cuidadosamente diseñada, resalta estas líneas elípticas, ofreciendo una estampa mágica cuando la luz del sol se retira de la ciudad. No es de extrañar que se haya convertido en uno de los lugares más fotografiados y admirados de toda la comunidad gallega.

Sin embargo, acceder a las mejores vistas que ofrece esta infraestructura requiere de un esfuerzo físico que no todo el mundo está dispuesto a realizar. La impresionante pasarela peatonal está compuesta por un total de 100 escalones que suben y bajan de forma constante por sus laterales. Este recorrido, descrito a menudo como un paseo exigente, permite al peatón elevarse hasta los 22 metros sobre el nivel de la carretera. La pendiente de estos alerones llega a alcanzar un asombroso 67%, lo que puede provocar una sensación de vértigo en los menos valientes. Al subir, el caminante se encuentra en los picos más altos de la estructura, ganando una perspectiva privilegiada sobre todo el entorno urbano.

58 metros sobre el Miño

Una vez alcanzada la cima de la pasarela, la recompensa visual justifica con creces el esfuerzo realizado durante el exigente ascenso. Al sumar la altura de la propia pasarela a los metros del vano central, el observador se sitúa en un mirador a 58 metros sobre el nivel del río. Desde este punto, se abre un horizonte excepcional que permite contemplar el curso del río Miño y la ciudad desde una perspectiva inédita. Las vistas panorámicas incluyen los otros puentes históricos, las zonas verdes de las riberas y la expansión urbana de Ourense. Es un balcón privilegiado donde los aficionados a la fotografía encuentran ángulos sugerentes y encuadres que no existen en ninguna otra parte. 

En definitiva, el puente del Milenio es mucho más que una simple conexión de hormigón y acero sobre las aguas del Miño. Se ha convertido en el símbolo definitivo del Ourense contemporáneo, marcando el paso de la ciudad hacia los retos del siglo veintiuno. Su diseño vanguardista sigue sorprendiendo hoy como el primer día por su singularidad y su movimiento intrínseco. La combinación de sus 100 escalones, su silueta de gaviota y su luz nocturna lo convierten en una joya arquitectónica irrepetible. Atravesar sus 275 metros de longitud es sumergirse en una experiencia donde la funcionalidad y la belleza se dan la mano.

Todo empezó en octubre de 2023, cuando la Xunta decidió, de oficio, hacer una valoración de la situación de I.T.D.F., un menor de edad de Ourense que hasta ese momento tenía reconocido un grado III de dependencia, el máximo. Reevaluar a un dependiente es un procedimiento habitual para hacer seguimiento de su estado. Pero, en este caso, esa revisión dejó fuera uno de los diagnósticos que más afectan al día a día del menor y de quienes están con él: un trastorno del espectro autista severo no verbal. Los padres del niño, que tiene ahora 10 años, denuncian que esta omisión provocó que el grado de dependencia se rebajase al II. Ellos emprendieron una batalla por que la administración autonómica enmendase el error y una sentencia judicial les dio la razón, en noviembre de 2024, en su postura de que el nivel reconocido debe ser el III. Pero aseguran que los servicios de la Xunta la están aplicando “de forma defectuosa”. El enfrentamiento acaba de derivar en la retirada de las prestaciones económicas que estaba recibiendo la familia.

Joaquín Dosrey, el padre del menor, y Julieta Fernández, la madre, acusan a la administración autonómica gallega de estar actuando con mala fe. Defienden que, si acata que debe devolver el grado III de dependencia a su hijo -cosa que la Xunta, en efecto, ha hecho-, debe también incluir el diagnóstico de TEA y volver a darle la misma ayuda que tenía reconocida antes. Con aquella revisión de 2023, explican, se elaboró también un nuevo programa individual de atención (PIA) para el menor. El PIA es el documento que recoge las prestaciones públicas a las que tiene derecho un dependiente. Los padres indican que su hijo tenía concedida una libranza por cuidados en su entorno, es decir, una cantidad mensual para apoyar los cuidados que recibía por parte de su familia en su casa. Eran 500,94 euros. Cuando, en la nueva valoración, se consideró que su grado de dependencia era II, se hizo también un nuevo PIA, que establecía una libranza por cuidados en su entorno de 200 euros y otra pensada para pagar terapias de 150 euros. En total, 350 euros mensuales, 151 menos que en el plan anterior.

El padre del menor expone que lo que quieren es que se corrija la valoración que se hizo en 2023, que se tenga en cuenta que el niño tiene un trastorno del espectro autista severo que afecta a su desempeño cognitivo y que se recuperen las ayudas que tenía reconocidas antes de esa evaluación. Por eso, dice Dosrey, no han presentado, tras la sentencia judicial que les da la razón, facturas de las terapias a las que llevan al menor. Quieren evitar que se interprete como una aceptación tácita de una valoración y un PIA que son incorrectos. Y, sin esos recibos, la Xunta no abona los fondos. Esto es lo que ha llevado a que la administración gallega haya paralizado desde inicios de este año los ingresos. La Consellería de Política Social, consultada sobre el caso, asegura que ha seguido la normativa vigente y ha aplicado los baremos de valoración establecidos en la ley para determinar el grado de dependencia de I.T.D.F.

El departamento que dirige Fabiola García también sostiene que ha cumplido “estrictamente con lo dictaminado en la sentencia, la cual solamente se pronuncia sobre el grado de dependencia reconocido”. Los padres aseguran que lo que significa esto es que la Xunta ha cambiado el número en el grado de dependencia y nada más. Lo que dice exactamente esa sentencia es que la situación del niño es “la misma en la actualidad que en 2017, cuando le fue reconocida la dependencia en grado III” y concluye que ese es el nivel que debe aplicarse. “Se condena a la Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia a estar y pasar por esta declaración y a asumir, en sus respectivas responsabilidades, las consecuencias que de ello se deriven”, indica el fallo.

La sentencia recoge, dentro de los hechos probados, todos los diagnósticos del niño: parálisis cerebral infantil tipo diparesia espástica, displasia de caderas bilateral, trastorno del desarrollo del lenguaje y la comunicación, trastorno del espectro autista, una duplicación que afecta al gen CHRNA 7, trastorno del lenguaje, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno grave de conducta. La explicación continúa: “Tiene ausencia de lenguaje verbal, emplea un comunicador. Tiene alteraciones de los procesos cognitivos. Tiene alteradas las funciones ejecutivas, precisando planificación, organización y supervisión constante de un adulto. Tiene alteraciones del estado de ánimo (irritabilidad, euforia, rabietas). Tiene episodios de agresividad hacia él y hacia los demás”.

Hay más: tiene movilidad reducida y necesita unos dispositivos ortopédicos para poder hacer desplazamientos cortos, además de andador. Si la distancia es larga o está en exteriores, necesita silla de ruedas. En su colegio precisa “apoyo constante de un cuidador” para su higiene personal, para ponerse y quitarse prendas que llevan sujeciones o las ayudas ortopédicas y para tomar líquidos. En casa también requiere “supervisión constante de sus padres”. “No es independiente”, concluye la sentencia.

El diagnóstico de TEA

Los padres relatan cómo empezó el enfrentamiento con la Xunta: ellos alegaron contra la valoración de 2023 que consideraba que su hijo tenía un grado II de dependencia, pero Política Social no admitió sus argumentos. Aquello fue en 2024. En su respuesta, la administración autonómica se reafirmaba en que la valoración se había realizado correctamente y que se habían tenido en cuenta los diagnósticos que constaban en el expediente. Señalaba también que los informes médicos que se habían aportado por parte de Joaquín y Julieta reflejaban “nuevos diagnósticos”, en alusión al TEA. Sin embargo, varios documentos con fecha anterior a la valoración de 2023 recogen ese trastorno del espectro autista. Los firman diferentes profesionales del Servizo Galego de Saúde (Sergas) de las áreas de psiquiatría, psicología infantil y rehabilitación de Ourense.

Al ver rechazados sus argumentos, los padres del menor acudieron a la Justicia. La sentencia que les dio la razón es de noviembre de 2024. Fue prácticamente un año después cuando la administración hizo lo que ellos consideran “un intento de ejecutar la sentencia de forma defectuosa”. La acusación se refiere a que hubo un reconocimiento del grado III, pero se mantuvieron los recortes económicos y la “valoración errónea”. Cuentan también que un funcionario llamó al centro de terapia al que va su hijo para dar de alta servicios sin conocimiento de los padres, lo que ellos ven como un intento de que pareciese que había una “aceptación tácita” por su parte de esa ejecución de sentencia que critican.

También se quejan del trato recibido en el servicio de dependencia de la Xunta en Ourense. Aseguran que, en una conversación telefónica, un funcionario los amenazó con influir en los servicios sociales o “rebajar más recursos” si se hace una nueva valoración del menor. La Consellería de Política Social afirma que ha hecho las consultas pertinentes al respecto y defiende que esa comunicación tuvo “como único propósito informar sobre la situación administrativa de los expedientes en curso y la normativa en vigor”. El capítulo siguiente se registró en diciembre de 2025, con el aviso de la administración de que iba a parar cautelarmente los ingresos de las ayudas por no haberse remitido las facturas.

Un conflicto que sigue sin resolverse

Los padres del niño han vuelto a dar la batalla: el pasado mes de febrero registraron un escrito reclamando una revisión de oficio para corregir el error en la valoración de 2023 e incluir el TEA. Recalcan que el diagnóstico no es nuevo, sino que consta desde hace años en el Sergas, es decir, en los sistemas de la administración autonómica. Esa omisión, insisten, es la que está en el centro de todo el problema y no se van a rendir, a pesar de que ahora mismo no cuentan con ayudas públicas.

En respuesta a preguntas sobre cómo se realizan las valoraciones, la Consellería de Política Social indica que los equipos que se ocupan de las mismas están integrados por profesionales del área sanitaria y de la social, que analizan de forma “exhaustiva” toda la documentación, pero no aclara cómo es posible que un diagnóstico de TEA como el de este caso, que consta en el Sergas, no figure en esa evaluación. Añade que, cuando se hace una revisión del grado de dependencia, ese equipo técnico hace una propuesta basada en la “documentación actualizada” para determinar el nuevo grado y ajustar los servicios o prestaciones, “si la situación de la persona cambió”. Si hay errores, la administración tiene establecido un procedimiento para corregirlos “en cualquier momento”, pero solo si se trata de “fallos evidentes de escritura o de cálculo que no alteren el sentido jurídico del acto”.

La Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, tras la querella de un exconcejal de Democracia Ourensana en la que se denunciaba la supuesta adquisición con fondos municipales de material técnico derivado a la televisión privada Auria TV, propiedad del regidor. Según ha señalado el magistrado Leonardo Álvarez en un auto, “no se ha acreditado” que los hechos investigados “sean contrarios al ordenamiento jurídico penal”, al recalcar que comprar material técnico para grabar actuaciones relacionadas con el Ayuntamiento o contratar a un asesor con el fin de encargarse, entre otras funciones, de realizar tales grabaciones “en ningún caso es constitutivo de delito”.

En este sentido, el juez ha señalado que, el posible “trato preferencial que desde el Ayuntamiento de Ourense se le puede estar dando a la televisión del alcalde”, debe de debatirse en el pleno municipal, subrayando que si la decisión que se tome “no es del agrado de algún concejal”, habrá que impugnar dichos acuerdos ante los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa, “mucho más adecuados para dar respuesta a dicha cuestión”.

En concreto, la querella cuestionaba la posible adquisición por parte de Pérez Jácome en junio de 2020 de diverso material técnico entre el que se encontraba dos cámaras por un total de 8.698,04 euros, con cargo al Ayuntamiento de Ourense, recalcando que dichas cámaras “fueron utilizadas con fines privados”, en concreto para realizar grabaciones para Auria TV, “televisión propiedad del señor alcalde”. Ante dicha cuestión, el magistrado ha considerado que la prueba aportada no es “en absoluto suficiente para afirmar que dichas grabaciones se hiciesen para ser emitidas exclusivamente por Auria TV”, subrayando que es “indudable” el interés que dichas grabaciones “tienen para la ciudadanía ourensana”.

“A juicio de este instructor se antoja totalmente razonable que el Ayuntamiento de Ourense adquiera material técnico adecuado para realizar grabaciones de actos que guardan relación con el Ayuntamiento y que son de interés para los ourensanos teniendo en cuenta la importancia que hoy en día tienen las redes sociales”, ha señalado en el auto.

Contratación de un asesor

En esta línea, el querellante cuestionaba además la contratación del asesor municipal, quien “en realidad desempeña funciones para Auria TV”, destacando el juez que “ninguna prueba se ha practicado al objeto de acreditar esta circunstancia”. “El testigo únicamente desempeña funciones para el Ayuntamiento de Ourense desde el año 2019 y desde esa fecha no ha realizado ningún tipo de actividad al servicio de Auria TV, si bien reconoce el testigo que es el encargado de realizar grabaciones para el Ayuntamiento de Ourense lo cual tampoco se considera contrario al ordenamiento jurídico penal”, ha añadido el juez. Sin embargo, en este sentido, el magistrado ha matizado que, en cuanto a la compatibilidad entre la condición de alcalde y su condición de propietario de la televisión Auria TV, “es una cuestión que forma parte del objeto de otras diligencias previas”.

En la provincia de Ourense el río Miño fluye como testigo de un milagro geológico que ha definido la identidad de su capital durante milenios. De ahí que las termas de Outariz sean el destino predilecto para aquellos que buscan una conexión profunda con el bienestar natural en un entorno incomparable. Este paraje, situado a unos cinco kilómetros del centro urbano, ofrece una experiencia sensorial única donde el vapor se confunde con la bruma matutina del cauce fluvial. Los visitantes llegan atraídos por la promesa de sumergirse en pozas de piedra que parecen brotar directamente del suelo gallego para aliviar el cuerpo y el espíritu. Es un espacio donde el tiempo parece detenerse mientras el murmullo del agua corriente acompaña cada suspiro de relajación.

La tradición termal de la ciudad, arraigada desde la época de los romanos, encuentra en este enclave su expresión más moderna y accesible para todos. Un paseo por las orillas del Miño revela la magia de una tierra que late con calor interno y generosidad. Outariz no es solo un conjunto de piscinas, sino un refugio de paz abierto al cielo de Galicia. El secreto de este fenómeno reside en la compleja estructura del subsuelo, donde la fracturación de la roca granítica permite que el agua de lluvia realice un viaje de miles de metros. Durante siglos, este líquido se filtra hacia las profundidades terrestres calentándose un grado cada treinta metros hasta alcanzar temperaturas extremas en el interior de la corteza.

Al encontrar fallas y grietas ascendentes, el agua hirviendo y el vapor inician su retorno a la superficie convertidos en potentes manantiales de vida. En Outariz, este flujo hidrotermal de gran penetración aflora con una fuerza imparable entre las grietas de la roca granítica del río Miño. Es un proceso de geotermia fascinante que desafía las leyendas locales sobre volcanes subterráneos que asustaban a los antiguos habitantes. La reactivación reciente de estas fracturas tectónicas ha permitido que las surgencias mantengan un caudal constante y vigoroso durante todo el año. Así, la naturaleza gallega expulsa sus tesoros más cálidos a través de los poros de piedra que rodean las pozas. Este afloramiento natural es el resultado de un ciclo hidrológico milenario que purifica el agua en su tránsito.

Una de las características más asombrosas de estas termas es la temperatura del agua, que al aire libre puede alcanzar los 60 grados centígrados. Este calor intenso, que en manantiales cercanos como Muíño da Veiga llega incluso a los 72 grados, requiere una gestión cuidadosa para el baño. Las aguas de este entorno son clasificadas como de mineralización débil, destacando por ser alcalinas, sódicas y marcadamente fluoradas. Además, su composición incluye elementos químicos esenciales como el litio y el azufre, otorgándoles un carácter terapéutico de gran valor.

La combinación de estos minerales las convierte en aguas hipertermales y ligeramente radiactivas, siguiendo el patrón de las famosas fuentes de las Burgas. Cada gota que emerge a la superficie ha sido cargada con las propiedades de las rocas por las que ha pasado durante su descenso profundo. Esta riqueza química es lo que diferencia a una simple piscina de un verdadero manantial de utilidad pública declarada. Los bañistas disfrutan así de un cóctel mineral que rejuvenece la piel y revitaliza los sistemas internos del organismo.

El área termal de Outariz se divide en dos propuestas distintas que conviven en armonía para todos los gustos de los usuarios. Por un lado, se encuentran las Pozas de Outariz y Burga de Canedo, un conjunto de instalaciones públicas y gratuitas que invitan al disfrute libre. Este espacio permite a cualquier persona sumergirse en la cultura del agua sin barreras económicas, manteniendo viva la tradición popular. Por otro lado, hay una alternativa privada de pago para quienes buscan servicios de spa más avanzados, que cuenta con una capacidad limitada y ofrece tratamientos personalizados como masajes, saunas y circuitos especializados de relajación. Ambas opciones comparten el mismo origen geológico. 

El recinto público de Outariz y Burga de Canedo es una joya de la arquitectura paisajística que respeta el entorno fluvial del Miño. Consta de varias piscinas de agua caliente y pozas de agua fría diseñadas para realizar baños de contraste que activan la circulación. El diseño de estas pozas, construidas con piedras de la zona, busca recrear la manera tradicional en la que los antiguos orensanos tomaban las aguas. Rodeadas de amplias zonas verdes y jardines, estas termas gratuitas suelen estar abiertas para el disfrute de toda la población. Es un espectáculo ver el vapor emergiendo de las charcas durante las frías noches de invierno bajo la luz de la luna gallega. Para utilizar estas instalaciones, los usuarios solo necesitan traer su propio bañador, toalla y chanclas, ya que el acceso es directo. Es común ver a familias enteras y grupos de amigos compartiendo confidencias mientras el calor del agua reconforta sus músculos cansados.

Beneficios variados

Los beneficios para la salud que ofrecen las aguas de Outariz son tan variados como los minerales que las componen en su origen. Están especialmente indicadas para combatir el estrés crónico de la vida moderna y aliviar diversas dolencias del aparato locomotor como la artritis. Las propiedades antiinflamatorias del agua ayudan a reducir dolores musculares y facilitan la recuperación de lesiones leves o contracturas persistentes. Además, estas termas son famosas por su eficacia en el tratamiento de afecciones dermatológicas, mejorando notablemente la salud de la piel. El calor del agua, combinado con la presencia de flúor y azufre, estimula la circulación sanguínea y favorece la rápida cicatrización de tejidos. Muchos visitantes acuden regularmente por recomendación médica para tratar problemas reumáticos que encuentran alivio inmediato en el calor de las pozas. 

Llegar a este paraíso termal es una experiencia agradable que permite disfrutar del paisaje fluvial que rodea a la ciudad de Ourense. Los entusiastas del ejercicio pueden optar por recorrer el Paseo Termal del Miño caminando o en bicicleta durante unos cinco kilómetros. Otra opción muy popular es el Tren de las Termas, un transporte turístico que conecta la Plaza Mayor directamente con el área de Outariz. Para aquellos que prefieren el vehículo particular, existen aparcamientos habilitados en la margen izquierda del río, en la zona de Reza. Desde el parking, el acceso se realiza a pie cruzando una pasarela peatonal que ofrece vistas espectaculares del cauce del río Miño. Este breve trayecto de unos quince minutos sirve de preparación mental para la desconexión que espera en el recinto de las termas. Visitar Outariz es, en definitiva, sumergirse en la esencia misma de Galicia, donde se funden el agua, la piedra y el calor. 

La Consellería de Sanidade no va a tomar medidas por ahora para investigar si un grupo sanitario privado le está pasando facturas infladas en Ourense. La Fiscalía decidió presentar denuncia tras una investigación llevada a cabo por la policía judicial que concluye que el centro médico El Carmen, propiedad del Grupo Recoletas, ha cobrado por intervenciones maxilofaciales con sedación cuando, en realidad, a los pacientes se les había aplicado anestesia local. El primer procedimiento, el de la sedación, es más caro, de modo que el informe policial advierte de “un perjuicio económico para el erario público”. La información, adelantada por elDiario.es, ha sido publicada por varios medios después de que la propia Fiscalía distribuyese un comunicado de prensa al respecto.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) insiste en que no se le ha notificado la denuncia y en que, por ese motivo, no va a emprender ninguna acción por ahora. “Cuando se tenga conocimiento de los términos concretos de esa denuncia, se evaluará en profundidad y se obrará en consecuencia”, señala, en respuesta a preguntas de esta redacción. En la jornada de ayer, después de que la información apareciese publicada, la Xunta añadía que colaborará en la investigación judicial. La sanidad pública deriva en Ourense a los pacientes a esta clínica privada -y a Cosaga, del mismo grupo- para intervenciones maxilofaciales.

La Fiscalía señala en su resolución que presenta denuncia ante los juzgados de Ourense por si los hechos pueden constituir un delito de falsedad documental o un delito de estafa. En ese mismo documento pide que se le notifique la decisión al centro médico El Carmen, al Grupo Recoletas y a tres trabajadores de estas empresas.

Los partidos de la oposición han reaccionado a la información acusando a la Xunta de falta de control en las derivaciones de la pública a la privada. La diputada del BNG Noa Presas anuncia iniciativas parlamentarias para pedir explicaciones y denuncia que esto pone de manifiesto los problemas de la sanidad en Ourense: “constante” privatización de servicios y reducción de la competencia porque el mismo grupo empresarial compró las dos clínicas a las que se hacen derivaciones. “La pregunta es clara: ¿cuántos más fraudes puede haber?”, dice la parlamentaria en un vídeo compartido en redes sociales.

Por su parte, la diputada del PSdeG Carmen Rodríguez Dacosta ha presentado en el Parlamento varias iniciativas tras conocer la denuncia de la Fiscalía. Apunta también a la falta de control de la Xunta, a la que acusa de estar “mirando para otro lado” en las derivaciones, que funcionan con “deficiencias”. Reclama que se aclaren las responsabilidades y se evalúe el alcance de los hechos, por lo que pide al Gobierno gallego que abra un expediente informativo y encargue una auditoría independiente sobre los servicios que prestan los centros privados con cargo al Sergas.

La Fiscalía de Ourense ha presentado denuncia en los juzgados ante la sospecha de que el centro médico El Carmen de Ourense, una clínica privada propiedad del Grupo Recoletas, haya facturado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) intervenciones maxilofaciales con sedación en las que, en realidad, no se aplicó más que anestesia local y haya cobrado, en consecuencia, más de lo que debería. Tras una investigación previa, pide analizar si los hechos constituyen un delito de falsedad documental y estafa.

Las indagaciones, de las que se encargó la policía judicial, se iniciaron a raíz de una denuncia registrada en el verano de 2025 por Xosé Rubal, cirujano maxilofacial asociado a Cosaga -otro centro privado- a través del Instituto Dental Facial. En el proceso fueron identificados tres pacientes que confirmaron que, para sus intervenciones, habían recibido anestesia local, con un pinchazo en la zona del diente, y no habían sido sedados, pese a que las facturas cargadas después a la sanidad pública decían otra cosa. El escrito de la Fiscalía expone que los pacientes del Sergas que requieren intervención quirúrgica maxilofacial en Ourense son derivados a dos centros privados: Cosaga y centro médico El Carmen, ambos pertenecientes al grupo Recoletas, originario de Castilla y León y que anunció la adquisición de las clínicas ourensanas en 2022. En el momento de redactar esta información ni la Consellería de Sanidade ni el grupo Recoletas habían contestado a las preguntas remitidas por este diario.

El informe de la policía judicial, entregado en enero de 2026, relata las comprobaciones hechas y llega a la conclusión de que en el centro médico El Carmen se han emitido facturas por importes que “no se corresponden con las intervenciones realmente efectuadas, produciendo un perjuicio económico para el erario público”. Y añade que, si el grupo empresarial sigue aplicando esta metodología detectada en El Carmen, “no resulta descabellado inferir” que esté facturando al Sergas intervenciones “con sedación, que conllevan una tarifa más elevada, cuando en realidad las mismas podrían estarse realizando únicamente con anestesia local”.

La investigación recoge que uno de los pacientes tuvo que ser intervenido en el centro médico El Carmen en dos ocasiones, en 2022 y en 2023, para extraerle una pieza dental y que las dos veces fue anestesiado con un pinchazo en la encía. El documento del alta, sin embargo, indica que hubo sedación y se cobraron 110,89 euros, pese a que la extracción que se le hizo a esta persona tenía un coste de 76,44 euros. En el caso de otro paciente al que se le quitó una muela del juicio en esta clínica en 2023 sucedió lo mismo, según el escrito.

El tercer caso que aparece en la documentación también muestra irregularidades, según la policía judicial: una paciente fue primero a consulta, en mayo de 2023, y luego fue intervenida en junio de ese año porque tenía un quiste apical. El procedimiento habitual es que, si tras la consulta hay una operación, se emite una única factura, expone la policía judicial. Pero aquí se le cargaron al Sergas por separado la consulta inicial, por 34,25 euros, y la intervención después, por 1.284,77 euros. El informe añade que, además, esta segunda cantidad “no se corresponde con concepto alguno de los que figura en la autorización de uso (normativa reguladora)”. El concepto que sí figura es el de “quiste odontogénico”, con un coste algo inferior, de 1.218 euros.

Las conclusiones del informe policial son que hay irregularidades por la inclusión de operaciones con sedación que no la tuvieron y también en la conceptualización porque se aplican tarifas que no coinciden con “los conceptos autorizados” ni con los diagnósticos que constan en los informes médicos. “Se han constatado irregularidades en la aplicación de tarifas superiores a las acordadas en las autorizaciones de uso vigentes en ese momento”, indica. También advierte “discrepancias” entre la factura electrónica emitida por el centro médico y el listado de intervenciones entregado físicamente al departamento de admisión que supervisa y valida el pago de las facturas.

La derivación de pacientes ourensanos a la privada

En el área sanitaria de Ourense, los pacientes de la sanidad pública que necesitan una intervención maxilofacial se derivan a centros privados. La relación con el del Carmen fue objeto de críticas por parte del Consello de Contas, que analizó los servicios externalizados en un informe publicado en 2024, pero que fiscalizó la actividad de 2022. Señalaba que, pese a los más de 20 años transcurridos desde que se empezaron a derivar pacientes no había habido “el debido soporte contractual” y la relación se basaba en “la utilización pertinaz de la figura de la autorización de uso y lejos en todo momento de los criterios que deben regir la contratación por la administración”.

En la actualidad, las derivaciones tanto al centro médico El Carmen como a Cosaga, están amparadas por un acuerdo marco, que está vigente desde el 1 de marzo de 2025. En la licitación hubo varias empresas adjudicatarias: la unión de El Carmen y Cosaga consiguió el lote de los procedimientos de media y baja complejidad y parte del de procedimientos de especial diagnóstico y terapéuticos. En aquel proceso se decidió también derivar los casos complejos de Ourense a Vigo, al hospital privado Vithas.

Tras la formalización de este acuerdo marco, el médico que presentó la denuncia ante Fiscalía acudió también a la Comisión Galega da Competencia porque asegura el servicio del que él se ocupa está siendo estrangulado. Rubal se encarga, a través del Instituto Dental y Facial, del área de maxilofacial y odontología de Cosaga. El cirujano señala que, desde la concentración de esta empresa con el centro médico El Carmen, dentro del grupo Recoletas, su unidad ha sido marginada, con unos precios que le han sido impuestos y que considera inviables. Y critica que esto supone reducir a una sola las alternativas en el área sanitaria para los pacientes derivados de la pública.