El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), ha dado los primeros pasos para volver a entregar, como ocurrió justo antes de las elecciones municipales de 2023, un bono de 100 euros a cada vecino de la ciudad para que se lo gaste en el comercio que prefiera. Y, también como aquella vez, va a coincidir con la cita con las urnas, dado que están previstos comicios locales para mayo de 2027 y el regidor manifestó que su pretensión es que los fondos se puedan gastar en la primavera del año que viene. Su intención ya ha recibido las críticas de PSOE y BNG.

La Junta de Gobierno Local aprobó el miércoles, en una sesión extraordinaria y urgente, el proyecto para hacer una modificación presupuestaria que permita destinar 10 millones de euros para dar a cada ourensano 100 euros. El alcalde justificó la propuesta asegurando que es necesario incentivar el consumo en los establecimientos comerciales y hosteleros de la ciudad. Hace cuatro años, el bono derivaba de una de esas iniciativas para incentivar el consumo en el contexto de la pandemia, aunque se fue retrasando hasta terminar activándose justo antes de las elecciones de mayo de 2023.

“Fue una de las mejores cosas que se hicieron en la ciudad en los últimos años”, afirmó Jácome, que razonó que es una forma de “devolver una parte de los impuestos a los vecinos y, para mucha gente, es un bono social”. El Ayuntamiento señala que la idea es financiar la iniciativa con fondos del remanente de tesorería para gastos generales. Deberá pasar por el pleno, en donde tiene que lograr la aprobación. Según Jácome, la fecha para ese debate puede ser el 16 de octubre.

El BNG se ha pronunciado ya en contra y ha adelantado que no va a apoyar la propuesta. Su portavoz local y candidato a la Alcaldía, Luís Seara, recuerda que en la edición pasada del bono sí dieron su voto favorable, a pesar de estar en desacuerdo con el formato, pero sostiene que “es bueno aprender de las experiencias”. Y el BNG tiene ahora claro que los objetivos de Jácome son “comprar votos a cuenta del dinero público” y no ayudar al comercio.

También el PSOE rechaza la propuesta y su portavoz y candidata a la Alcaldía, Natalia González, la relaciona con la intención de obtener rédito electoral. Considera que no es el tipo de medida necesita el comercio, para el que reclama una política de desarrollo económico y no una inyección puntual de fondos. “Ourense no necesita un alcalde que aparezca de vez en cuando con una chequera, necesita una ciudad que funcione, se modernice y mejore”, insiste González.

En el municipio de Boborás, en la provincia de Ourense, se encuentra Pazos de Arenteiro, una aldea que conserva un importante conjunto patrimonial dentro del medio rural gallego. Desde 1973 está reconocida como Conjunto Histórico-Artístico, una distinción que la convierte en un caso singular dentro de Galicia. Entre sus construcciones se encuentran una iglesia románica, varios pazos y casonas, dos puentes de origen medieval y antiguos molinos relacionados con los ríos Avia y Arenteiro.

La historia del lugar está vinculada a distintas órdenes religiosas y a la actividad económica que se desarrolló en esta parte de Ourense durante siglos. En el siglo XII ganó importancia con la presencia de la Orden del Santo Sepulcro y, a partir de 1542, con la Encomienda de San Xoán de Jerusalén. Esta última tuvo un papel destacado en la economía local, especialmente a través de la producción y comercialización del vino durante el siglo XVI.

Buena parte de ese pasado sigue siendo visible en sus calles. Las antiguas residencias señoriales conviven con construcciones religiosas, viviendas tradicionales, molinos y pasos sobre los cursos fluviales. Recorrer Pazos de Arenteiro permite comprobar cómo la arquitectura civil, la presencia de las órdenes religiosas y el aprovechamiento del agua fueron dando forma a un pequeño núcleo que todavía conserva elementos de distintas épocas.

La iglesia de San Salvador y la antigua Encomienda

Entre los principales edificios se encuentra la iglesia de San Salvador, de estilo románico y con algunos elementos góticos. En el exterior destaca especialmente la portada, donde aparece una pequeña cruz en el tímpano. A ambos lados se sitúan dos pares de columnas cuyos capiteles están decorados con motivos vegetales y representaciones de aves.

La iglesia forma parte del patrimonio relacionado con las órdenes religiosas que tuvieron presencia en el lugar. Muy cerca se encuentra la Rectoral Pazo da Encomenda, un inmueble rectangular de dos plantas que estuvo vinculado a un antiguo complejo monástico de mayor tamaño. Tras su rehabilitación, actualmente funciona como hospedería.

Los pazos que explican el pasado señorial de la aldea

Buena parte del patrimonio civil de Pazos de Arenteiro se concentra en sus antiguas residencias. Una de ellas es el Pazo de Arriba, cuya fachada incorpora un escudo de armas. Cuenta además con cuatro chimeneas rematadas en formas piramidales con bola y una cubierta restaurada a cuatro aguas. En la actualidad está dividido en dos partes, una de ellas acondicionada.

Otro de los inmuebles destacados es el Pazo de los Feijóo, cuya construcción comenzó en 1553 y fue ampliada posteriormente. Entre sus elementos arquitectónicos aparecen varios arcos de medio punto apoyados sobre pilares. También forma parte de este grupo el Pazo de Doña Elisa, organizado en forma de U alrededor de un patio privado y con un escudo rematado con decoración vegetal en la fachada. A estas residencias se suman varias casonas. La Casa do Médico tiene planta cuadrada, dos alturas y patio privado, mientras que la Casa do Palenque conserva carpintería de madera, tejado a tres aguas y un balcón sostenido por canecillos.

La Casa de Penedo tiene una historia diferente. Fue residencia del Inquisidor de Santiago y más tarde fue rehabilitada. En su fachada destaca una barandilla principal procedente del Monasterio de Oseira, trasladada hasta este lugar después de la desamortización de Mendizábal.

Dos antiguos molinos junto a los ríos

La cercanía de los ríos Avia y Arenteiro tuvo también una utilidad práctica para los habitantes de la zona. Junto al primero se encuentra el Muíño da Carauquela, situado cerca del puente de entrada. Aunque hoy está en ruinas, todavía conserva tres de sus muros originales y parte de los canales por los que se conducía el agua hasta la construcción.

En la margen del Arenteiro se encuentra el Muíño do Arenteiro. En su interior permanecen parte del mecanismo utilizado para la molienda y los conductos por los que circulaba el agua. Ambos molinos muestran cómo los cursos fluviales se aprovecharon durante años para tareas cotidianas y económicas diferentes de las relacionadas con las residencias señoriales o los edificios religiosos.

Dos puentes de origen medieval

Los ríos condicionaron también los accesos y las comunicaciones de Pazos de Arenteiro. Sobre el Avia se encuentra la Ponte da Cruz, que originalmente contaba con cuatro arcos. La estructura sufrió daños durante la Guerra de la Independencia y, del antiguo puente medieval, solo se conserva una de aquellas arcadas. La construcción posterior de un embalse dejó además el paso a una altura considerable respecto al nivel actual del río.

El otro paso histórico es la Ponte do Santo Sepulcro, situada sobre el Arenteiro. Está formada por dos arcos de medio punto, uno de diez metros y otro de 4,82 metros. En su estructura aparecen la cruz del Santo Sepulcro y el relieve de un santo, elementos relacionados con la presencia histórica de esta orden.

La protección concedida en 1973 permite entender la importancia del conjunto dentro del patrimonio rural gallego. En apenas unas calles se concentran huellas de la actividad religiosa, señorial y económica que marcó la evolución de Pazos de Arenteiro durante siglos y que todavía pueden reconocerse en buena parte de su trazado actual.

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España es el país líder en Europa en macrogranjas, con casi 4.000 explotaciones de ganadería intensiva, un modelo insostenible que daña nuestra agua subterránea y superficial, nuestro modo de vida y nuestra naturaleza. Pero algo ha cambiado en As Conchas, al sur de Ourense: después de años viendo cómo la mala gestión de los excrementos de las granjas del río Limia contaminaba su embalse, las vecinas han dicho basta y han hecho historia.

Con el apoyo de Amigas de la Tierra, Cecu y ClientEarth, han conseguido una sentencia que condena tanto a la Confederación del Miño-Sil como a la Xunta a repararlas porque, por culpa de su inacción, se han vulnerado derechos fundamentales como su derecho a la vida, a la intimidad, a un medio ambiente adecuado y, por supuesto, al agua. 

Puedes ver este programa completo aquí:

Carne Cruda viaja hasta allí en un documental sonoro en colaboración con Amigas de la Tierra para comprobar cómo el embalse de As Conchas está invadido por el color verde y el olor a huevo podrido. Conocemos a vecinas como Maricarmen, Pablo Álvarez y Mercedes Álvarez para que nos cuenten cómo ha sido este proceso, cómo ha marcado sus vidas, y qué le piden a las autoridades que les han dado la espalda durante tantos años.

El investigador del CSIC Serafín González nos explica qué implican los millones de cianobacterias generadas por los nitratos provenientes de los purines de las granjas y cómo ha actuado como perito independiente en esta demanda. Y recorremos la cabecera del río con Manuel García, un agricultor que fundó en 1981 el Movemento Ecoloxista da Limia y que lleva años midiendo y denunciando la contaminación del agua potable por culpa de esas granjas que en su mayoría aglutina Coren.

Y desgranamos el proceso judicial y las implicaciones que puede tener a nivel internacional con Nieves Noval, abogada de esta causa a través de la organización ClientEarth, Blanca Ruibal, coordinadora de Amigas de la Tierra y David Sánchez Carpio, director de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU).

Ana Vázquez, conocida también como Ana de Bande, se ha pasado media vida en el Congreso. Literalmente. Con la pequeña excepción de los meses de la legislatura corta de 2016, la ourensana ha ocupado un escaño durante más de un cuarto de siglo. Siempre en un segundo nivel, con nulo protagonismo, la llegada del Gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos, primero, y Sumar, después, le permitió que su personaje lograra repercusión pública estatal.

Formó parte de la ‘ejecutiva’ de Casado. Y se mantuvo con el cambio. Hoy es la secretaria de Interior de Feijóo, en teoría la responsable de la política de seguridad del PP. Como tal, es el enlace del partido con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Vázquez estaba en la reunión en la que policías y guardias civiles, tras reunirse con Feijóo, pactaron movilizarse en las calles contra el Gobierno.

En los últimos años ha sido parte de las comisiones de Seguridad Nacional o de Interior, donde ha logrado que su protagonismo como dirigente del PP haya ido en aumento en paralelo al endurecimiento de su discurso y sus señaladas intervenciones públicas, muchas de ellas viralizadas en Internet por su particular forma de expresarse.

Lejos de amilanarse, Vázquez mantiene esa estrategia de comunicación, que le ha llevado a la televisión de ámbito nacional. La diputada, fallida aspirante a policía nacional, es tertuliana habitual del programa Todo es mentira de Cuatro que presenta el exjurado de OT Risto Mejide.

Este miércoles tuvo una aparición especial en el programa después de la polémica que provocó ella misma al exhibir en el Pleno del Congreso un spray de gas pimienta, catalogado como arma por la legislación española, y cuya manipulación en un cuarto de baño por parte de un trabajador del PP para vaciarlo provocó una docena de intoxicaciones que precisaron de asistencia médica, la baja laboral de una trabajadora de la cocina y una denuncia ante la Policía Nacional, que requisó el bote.

Pese a la cadena de mentiras y contradicciones de Vázquez, quien dijo primero que el bote estaba vacío y acabó pidiendo a su empleado que lo vaciara por ella, la responsable de las políticas de Interior de Feijóo se fue a Cuatro a defender su actuación. Allí recibió el aplauso de Mejide, quien dijo que le parecía bien: “Si les ha puesto en riesgo, aquí hay uno que te aplaude. Porque has trasladado al Congreso una centésima parte de lo que viven los ceutíes”. “No sabes cómo te lo agradezco”, respondió la diputada ourensana.

Concejal a los 20, alcaldesa durante seis meses

Ana Vázquez Blanco procede de Bande, una pequeña localidad en la comarca de la Baixa Limia (Ourense) de apenas 1.500 habitantes. Allí comenzó en política a los 20 años. Era 1995 y había sido elegida concejala. En 2006, el sempiterno alcalde popular Amador de Celis falleció, y Vázquez Blanco, que se había enfrentado a él, recogió el bastón de mando. Lo sostendría apenas seis meses, porque no se presentó a las elecciones municipales de mayo de 2007. Lo hizo su entonces marido, José Antonio Armada, que encadenó cuatro mayorías absolutas y hoy es diputado en el Parlamento gallego. En su lugar al frente de la alcaldía de Bande está, desde el año pasado, Sandra Quintas. Que es, por cierto, sobrina de Vázquez Blanco. “Son un clan, como los Baltar”, acusa José Luis Álvarez, líder de los socialistas de Bande.

En los últimos meses su nombre ha vuelto a sonar con fuerza en la política gallega como virtual candidata de su partido a la alcaldía de Ourense. La idea no ha cristalizado, a pesar de que el propio Alfonso Rueda parecía verla con buenos ojos. Atrás queda la posibilidad de un duelo de personajes inclasificables; ella por un lado y Gonzalo Jácome, líder de Democracia Ourensana por otro.

Siempre que puede regresa a Bande, donde posee un chalé y su familia regenta un restaurante. Su relación con el baltarismo, una idea de hacer política caciquil, agraria y que no conoce el cambio de siglo, está además sellada. Si algún día pierde su escaño en el Congreso, le espera un empleo en la Diputación de Ourense, obtenido tras superar unas oposiciones que, informó en su día El País, coparon parientes y cargos del PP. Con Rajoy estaba en la última fila, creció con Casado y Feijóo la aupó a la primera línea de la formación. Su exabrupto de esta semana ha caricaturizado a un personaje que siempre se ha comportado del mismo modo. Ourense la espera y en Galicia sus compañeros de partido no esbozan la mínima crítica a sus salidas de tono ni a sus maneras airadas.

El incendio forestal iniciado este jueves en el municipio de Calvos de Randín (Ourense) permanece activo, tras arrasar al menos 460 hectáreas, mientras que se ha declarado un nuevo fuego, también la provincia de Ourense, en el municipio de Manzaneda.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Consellería do Medio Rural, el incendio de Manzaneda se inició sobre las 1.15 horas de la madrugada de este viernes, en la parroquia de Reigada y, por el momento, se estima que la superficie quemada supera las 20 hectáreas. La Xunta considera que está estabilizado.

Para su extinción se han movilizado (medios acumulados) 6 agentes, 8 brigadas, 6 motobombas y una pala.

Mientras, sigue activo en Calvos de Randín el incendio forestal iniciado a mediodía de este jueves y que ya ha quemado al menos 460 hectáreas. Se ha desactivado la situación 2 que se había declarado por la cercanía de las llamas al núcleo de As Meaus, en el municipio vecino de Baltar.

Este jueves, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicaba la ampliación del período de máximo riesgo de incendio hasta el 15 de octubre por las altas temperaturas y la escasez de lluvias

Un bombero del Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de Ourense ha demandado a la entidad –cogestionada por la Deputación y la Xunta de Galicia– por no tutelar sus derechos fundamentales durante la oleada de fuegos de agosto de 2025, la peor desde que existen registros en la comunidad. En aquella crisis, en la que ardieron en la provincia unas 100.000 de las 120.000 hectáreas arrasadas en la comunidad durante todo el año, se le convocó para siete turnos de 24 horas en doce días, incluso tras recibir un golpe durante las tareas de extinción. Como referencia, la disponibilidad máxima en una emergencia de ese nivel para los bomberos forestales –dependientes de la Consellería de Medio Rural– es exactamente la mitad: doce horas de cada 48. Esta demanda pionera tiene ya fecha de juicio, este mismo otoño.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se detalla cómo el trabajador tenía señaladas en el cuadrante correspondiente a agosto ocho guardias de 24 horas –de las nueve de la mañana a las nueve del día siguiente–, que sumaban un total de 192 horas, frente a las seis jornadas de promedio del conjunto del año. Durante ese mes, es habitual que el número de turnos aumente para cubrir las vacaciones de los compañeros.

A esas ausencias previstas se sumó después la baja de otro de los integrantes del parque, lo que provocó que al denunciante lo convocasen a otras tres guardias más. A una de ellas, incluso, tras manifestar su oposición por estar recuperándose de un golpe recibido durante las labores de extinción. En total, los requerimientos sumaban 264 horas en el mes de agosto, 168 en un período de doce días en los que debía trabajar turnos de 24 horas cada 48.

Como referencia, en una emergencia de nivel 2 –la que se activa cuando están en peligro personas o bienes y que fue la que se mantuvo en toda la provincia de Ourense durante dos semanas– los bomberos forestales de la Xunta sólo pueden prestar, como máximo un servicio de 12 horas cada 48; es decir, la mitad de los que le fueron requeridos al denunciante. No es la única comparación en la que duplica los promedios: en agosto fue convocado a trabajar 11 días frente a los 6 de media mensual que recoge el convenio colectivo de los parques comarcales.

Entre los argumentos de la demanda se considera que, con esos turnos, el Consorcio vulneró el derecho fundamental a la integridad física y mental del bombero. Además, esa acumulación de guardias para sustituir a compañeros de vacaciones y de baja –esto último, según subrayan, explícitamente prohibido por el convenio colectivo– se sumaba a una jornada anual ya excesiva porque los cuadrantes de trabajo de 2025 no se adaptaron a las nuevas condiciones marcadas por el convenio.

El documento, aprobado en febrero y publicado en marzo de 2025, fijaba para todo el año en curso –de forma retroactiva desde el 1 de enero–, una jornada de 1.608 horas anuales –divididas en 67 guardias de 24 horas–. Sin embargo, el cuadrante mantuvo inalterados los 73 turnos previstos desde finales del año anterior.

Tras meses negándose a hacerlo, en junio, el Consorcio aceptó al fin pagar esas seis guardias de diferencia como horas extraordinarias, pero no completas: lo haría restándoles las bajas, los permisos o las horas sindicales. Ese recorte ha provocado que, de forma individual, la práctica totalidad de los más de 70 bomberos que integran los cuatro parques comarcales de la provincia, hayan recurrido a los tribunales para reclamar ese dinero.

“Cada cosa que sabemos es más preocupante”. Así ha reaccionado el PSdeG a las nuevas revelaciones de elDiario.es sobre el conselleiro de Emprego, José González, quien sigue siendo el dueño del 39% de Mirador de Banga, una sociedad del sector vitivinícola, ubicada en la misma sede que las empresas del grupo Casal de Armán, incluida Viña Campinas, la filial sancionada por la Inspección de Trabajo por tener trabajando en la vendimia de 2025 a migrantes sin papeles. Desde que este periódico desveló la multa, González ha insistido en que no tiene relación con Casal de Armán, el holding de su familia que abandonó en 2018 al entrar en el gobierno gallego.

En un comunicado, los socialistas exigen que el conselleiro comparezca en el Parlamento y que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “explique también su papel en esta historia” en lugar de “dar el asunto por cerrado para pasar página cuanto antes”. Consideran que los nuevos datos aportados por elDiario.es “desmontan el principal argumento de González” quien “lleva una semana repitiendo que no tiene nada que ver con las empresas de su familia”.

Según la Consellería, Mirador de Banga carece de actividad, pero las cuentas de 2025 “dicen otra cosa”: recogen 250.000 euros en inversiones financieras a largo plazo, “casi el doble de lo que registraba pocos años antes”. La explicación del gobierno gallego “abre aún más preguntas” al justificarlo como la aportación de una viña a otra sociedad “en la que también entraría el conselleiro pero se niega a decir cuál es”. “Un conselleiro que asegura non tener ninguna relación con el mundo del vino resulta que aporta viñas a sociedades que no quiere identificar. Eso es justo lo contrario a la transparencia”, concluyen el PSOE

El portavoz de Presidencia del BNG en el Parlamento de Galicia, Iago Tabarés, considera “inaceptables” las declaraciones del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en las que dio por “buenas” las explicaciones del conselleiro de Emprego, José González, sobre la sanción que Inspección de Trabajo impuso a una filial de la bodega de su familia, Casal de Armán, tras descubrir a tres migrantes irregulares trabajando en la vendimia.

“El señor Rueda y el PP, que se oponen a la regularización de trabajadores migrantes, mantienen un conselleiro de Emprego e Emigración, cuyo núcleo más directo se beneficia de la contratación irregular de estos trabajadores extranjeros en situación de vulnerabilidad”. Para el diputado nacionalista, “no está en condiciones de exigir el cumplimiento de la legalidad quien no la practica”, asegura en un comunicado.

Tabarés subraya que la consellería de González tiene “precisamente” las competencias en materia de derechos laborales y de política migratoria y de integración sociolaboral de las personas extranjeras en Galicia. Por eso vuelve a reclamarle a Rueda el “cese con carácter inmediato” del conselleiro“.

Señaló que la empresa sancionada, Viña Campinas, pertenece a un entramado societario al que González “ni fue ni parece ser ajeno”; un grupo empresarial que “en múltiples ocasiones se está viendo beneficiado por actuaciones o por la propia pasividad de la Xunta”.

Como ejemplo, el parlamentario aludió a las subvenciones recibidas por el grupo familiar o la continuidad de uso y explotación económica de su salón de eventos, situado en el entorno de la rectoral de San André de Campo Redondo (Ribadavia), una obra declarada “ilegal e ilegalizable” hace más de una década.

El BNG anuncia la presentación en el Parlamento de una batería de iniciativas para exigir a PP y Xunta explicaciones que justifiquen los más de 750.000 euros que las empresas del grupo recibieron del gobierno gallego en los últimos años, así como por la demora en los trámites para la demolición del salón de eventos gestionado por Bodegas Casal de Armán, “vinculada al conselleiro”. González afirma haber abandonado todas las sociedades del grupo en 2018, cuando fue nombrado conselleiro. “Yo no soy socio, es de mi familia, yo no participo en la gestión ni, por supuesto, en la organización, ni en la contratación de los trabajadores de la empresa”, respondió tras conocerse el escándalo.

UGT: “Se están dando explicaciones”

“Tendrá que aclararse, pero se están dando explicaciones”. Cristóbal Medeiros, secretario xeral de UGT —el único de los grandes sindicatos gallegos que no abandonó el diálogo social después de que la Xunta presentase su plan contra las bajas— ratifica que va “va a continuar” tras la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo a la bodega de la familia de González. En declaraciones a Europa Press, rechazó valorar si los argumentos esgrimidos por el titular de la consellería y por la propia empresa son o no son suficientes. Frente al a postura de la primera central de Galicia, la CIG, que reclamó el cese del conselleiro, Mediros consideró que eso “no compete a un sindicato”.

Apostando por ser “prudente”, reivindica que, “como organización sindical, UGT va a defender siempre el cumplimiento de la legalidad y los derechos de los trabajadores”, pero apela, a renglón seguido, que en este caso “hay una inspección y hay una sanción”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado este jueves que da por “buenas” las explicaciones del conselleiro de Emprego, José González, sobre la sanción impuesta a la bodega de su familia por la situación irregular de dos trabajadores extranjeros, y también ha defendido la “legalidad” de las ayudas otorgadas por la administración autonómica a ésta y al resto de empresas. Desde que, el lunes, una investigación de elDiario.es desveló la noticia, Rueda había guardado silencio sobre este asunto, lo que llevó a la oposición a acusarlo de estar “escondido”.

En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press tras participar en el acto de inauguración del centro de la empresa BorgWarner en Nigrán (Pontevedra), el presidente de la Xunta ha subrayado que “cuando ocurren este tipo de situaciones, siempre se pide que se den explicaciones y yo entiendo que es lógico. Y esas explicaciones se dieron. Por tanto, ahí están”, ha señalado antes de afear a los grupos de la oposición que, tras exigir esas explicaciones, ahora “les siguen sin valer”, y prefieren “seguir haciendo ruido”.

Según Rueda, la polémica en torno a lo ocurrido en la empresa de la familia del conselleiro de Emprego “era un tema que había que explicar”, pero ha insistido en que “las explicaciones fueron dadas”. “Y, por supuesto, las doy por buenas”, ha zanjado.

Con respecto a las ayudas recibidas por la bodega y otorgadas por la Consellería do Medio Rural después de que la empresa ya hubiera sido sancionada por Inspección de Trabajo, que suman más de 760.000 euros (según ha avanzado Nós Diario), el presidente de la Xunta ha garantizado que “todas las ayudas de la Xunta de Galicia se dan cumpliendo la legalidad”.

“Por lo tanto, si a esta empresa, como otras muchas, le correspondía, pues bien dadas estarán, y cuando no corresponden, no se otorgan. Si están otorgadas es porque procedía”, ha aseverado Alfonso Rueda.

“Creo que expliqué suficientemente los hechos y remito cualquier aclaración a lo que diga la empresa, que supongo que algo también explicará”. En declaraciones a elDiario.es, el conselleiro de Emprego, José González, pasaba este miércoles la pelota a la bodega de su familia, Casal de Armán, para que fuera ella la que aclarase las dudas que todavía planean sobre las circunstancias de la multa impuesta por Inspección de Trabajo a una de sus filiales, Viña Campinas, después de descubrir a migrantes sin papeles trabajando en la vendimia. Esa misma tarde, actuando de forma coordinada, el gerente de Casal de Armán colgaba un vídeo en Instagram para dar su versión de los hechos. “En estos tiempos de bulos y relatos interesados quisimos que tuvieras de primera mano toda la información”, asegura Nolo Giráldez. En la grabación desveló que los irregulares descubiertos por la Inspección fueron tres y no dos como se pensaba hasta ahora pero mantuvo oculto uno de los datos fundamentales de todo este escándalo: el nombre de la empresa de trabajo temporal a la que señalan como responsable de la contratación de los temporeros.

“Puede que en las últimas horas hayas escuchado hablar de nosotros. Quédate un minuto conmigo y te doy todos los datos”. Como si fuese un creador de contenidos profesional, Giráldez lanza el cebo. El rótulo lo identifica como gerente de Viña Campinas, cuando en realidad lo es de toda la bodega y no sólo de la filial encargada de gestionar los viñedos. “En la vendimia de 2025 tuvimos que incorporar trabajdores temporales, una práctica habitual en nuestro sector para atender las demandas de la campaña. Para ello, recurrimos a ETT y empresas especializadas en trabajos agrícolas. Como siempre, solicitamos el listado nominal de los trabajadores que iban a prestar los servicios en nuestros viñedos. También la documentación que acreditaba su contratación y alta en la seguridad social”.

Tras el contexto, Giráldez llega a la parte central de los hechos: “Una inspección de trabajo hecha el 9 de septiembre del año 2025 comprobó que la identidad de tres de las personas contratadas a través de la ETT no coincidía con el listado facilitado previamente por ésta”. Insiste en que, “desde que fuimos conocedores de esta circunstancia pusimos una denuncia ante la Guardia Civil por presunta suplantación de identidad” y, como el propio conselleiro, trata de quitar hierro a lo que González definiese como “desgraciado incidente”: “La Inspección consideró que Viña Campinas incurrió en responsabilidad por la presencia de estos trabajadores en el viñedo. Por eso, aplicó una sanción administrativa en el grado mínimo y en la cuantía legal más baja. También hizo constar expresamente que no concurrían agravantes”.

El gerente de la empresa afirma que, tras pagar la multa, introdujeron “mejoras” en los protocolos para este tipo de contrataciones: “Incorporamos un contraste presencial de las identidades de los trabajadores para cotejar con el listado previamente enviado por la ETT”. Dicho en otras palabras, reconoce que han empezado a controlar que la documentación aportada por sus temporeros corresponda con su identidad real, tal y como les obliga la ley.

“Hasta aquí las explicaciones”, finaliza Giráldez antes de afirmar que quisieron ofrecer “de primera mano toda la información” como respuesta a tiempos de bulos y relatos interesados“. Mientras, elDiario.es sigue a la espera de respuesta a las preguntas enviadas a Casal de Armán después de que el conselleiro remitiese a la bodega ”cualquier aclaración“. La bodega sigue sin desvelar la identidad de la ETT que les surte de operarios ni muestra la denuncia que dicen haber presentado ante la Guardia Civil en el momento en el que la inspección de trabajo les pilló con trabajadores de origen africano desprovistos de la documentación y permisos que les permitan ejercer su labor y disfrutar el amparo a sus derechos.

De perfil discreto y sin grandes apuros en su mochila –y eso que le tocó lidiar, desde Medio Rural, con alguna de las peores oleadas de incendios–, el conselleiro José González seguía siendo un gran desconocido para los gallegos tras ocho años en la Xunta. Ahora, el responsable Empleo y Emigración tiene sobre él todos los focos después de que Inspección de Trabajo sancionase a la bodega de su familia –de la que él fue socio hasta entrar en la Xunta, en 2018– por tener trabajando en la vendimia a dos inmigrantes sin papeles, contratados a través de la ETT “habitual”. Empleo, Emigración y Medio Rural –su anterior cartera– se juntan en una crisis sobre la que intenta echar tierra pero en la que todavía quedan muchos interrogantes. Empezando por saber...

¿Quién es el conselleiro de Emprego?

José González (Ourense, 1970), ingresó en el cuerpo de inspectores de Hacienda con 27 años, mucho antes de heredar, junto a sus hermanos, la bodega familiar. En 2016, llegó al Parlamento como diputado raso y solo dos años después ya era conselleiro de Medio Rural. El detonante de su despegue, la presidencia de la comisión creada tras los incendios del otoño de 2017, donde el fuego llegó a correr por las calles del centro de Vigo. El dictamen, muy crítico con la propia Xunta, le granjeó enemistades en el partido pero hizo que Feijóo se fijase en él y lo incorporase a su gobierno. Tras ganar sus primeras elecciones, Alfonso Rueda lo desplazó a Emprego.

Su sucesora, María Jose Gómez –protegida de la presidenta provincial y alcaldesa de Lugo, Elena Candia, curiosamente más próxima a Feijóo que a Rueda– guardó en el cajón o “reformuló” algunas de sus medidas estrella, como la anunciada ley de incendios, que sigue en el limbo. Con ella pretendía poner el colofón a un sistema que se basaría, por primera vez, más en la prevención que en la extinción.

¿Cuál es la ETT que contrató a los trabajadores sin papeles?

Ni la bodega Casal de Armán ni el propio conselleiro –que dice limitarse a repetir lo que le contaron en el “ámbito familiar”– han identificado a la ETT a la que responsabilizan de haber llevado a sus viñas de Ribadavia (Ourense) a los dos migrantes en situación irregular. Es la ETT “con la que tratan habitualmente”, afirmó González mientras defendía la “honorabilidad” de la empresa de sus hermanos.

Sin embargo, Trabajo no multó a la ETT sino a una filial de Casal de Armán, Viña Campinas S.L., la encargada de gestionar los viñedos. Lo hizo, según la empresa, porque “aunque la contratación de ese personal fue realizada por la ETT, la Inspección derivó la actuación contra la empresa que le realizó el encargo”. La ley 14/1994 que regula las empresas de trabajo temporal ya recoge en su artículo 16.2 que “la empresa usuaria es responsable de la protección en materia de seguridad y salud laboral”.

¿Por qué se denunció a los migrantes?

Casal de Armán y González esgrimen, como prueba de que no existió intención de fraude, la denuncia presentada ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –la Guardia Civil, aclara el conselleiro– cuando conocieron los hechos. Sin embargo, la demanda no es contra la tantas veces mencionada ETT, como responsable de la contratación, sino contra los migrantes en situación irregular que supuestamente se han hecho pasar por otras personas que sí tenían los papeles en regla. Si son declarados culpables de usurpación del estado civil, que es como se encuentra tipificado en el Código Penal, podrían afrontar penas de cárcel de 6 meses a 3 años.

¿Se esconde Alfonso Rueda?

Eso dice la oposición, porque el presidente de la Xunta no ha abierto todavía la boca sobre el “desgraciado incidente”, como definió González lo sucedido en Casal de Armán. Desde la publicación de la noticia por elDiario.es en la noche del lunes, Rueda ha seguido protagonizando actos públicos: el martes visitó la ampliación de una depuradora en Padrón y el miércoles participó en el 50 aniversario del Centro Príncipe Felipe de Pontevedra, donde se atiende a menores en riesgo de exclusión. En ninguno de ellos hizo declaraciones más allá de la intervención protocolaria.

El único miembro del gobierno gallego que ha hablado es el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, número dos de facto del ejecutivo, que ha dado por buenas las explicaciones de González. Este, mientras, ha evitado aclarar si cuenta con el apoyo del presidente: “Pertenece al ámbito privado de nuestras conversaciones”.

¿Tiene Casal de Armán un salón de eventos ilegal?

Sí, desde el año 2015, cuando el hoy conselleiro todavía era uno de los socios de la empresa. Se trata de una estructura próxima a la antigua casa rectoral de Santo André de Campo Redondo, en Ribadavia, un edificio protegido por Patrimonio donde la Xunta, en 2019 –siendo ya González responsable de Medio Rural– abrió el Museo do Viño de Galicia. Desde entonces, los diversos intentos de demolerlo –como ha informado ampliamente Praza.gal– se han visto retrasados una y otra vez, en parte por el retraso de la Consellería de Cultura para responder a los recursos. El último, si una vez derribado, en el espacio habría que plantar viñas o se podría instalar una zona ajardinada. Mientras los despachos ralentizan la piqueta, Casal de Armán ha seguido explotando comercialmente la edificación.

¿Qué otros frentes abiertos tiene González?

La gestión de González en Emprego pasaba sin pena ni gloria hasta que la Xunta, con él como mascarón de proa, hizo bandera de la lucha contra el absentismo laboral, una categoría en la que el ejecutivo autonómico equiparaba –aunque después se ha venido esforzando en tratar de diferenciarlo– las ausencias injustificadas con las bajas e incapacidades. Fue ese espíritu el que hizo que dos de los principales sindicatos gallegos –el mayor, la CIG, y CCOO– se negasen a participar en una mesa de diálogo e hicieron que UGT se quedase sola con la patronal y una Xunta que ahora insiste, con poco éxito, en que el futuro decreto no busca “demonizar” a los trabajadores.

“No pienso en dimisiones”. El conselleiro de Emprego de la Xunta, José González, no se plantea abandonar el cargo después de que la Inspección de Trabajo sancionase a la bodega de su familia, Casal de Armán, por haber contratado para la vendimia del pasado año, a través de una ETT, a dos inmigrantes sin papeles. González admite que ha hablado del asunto con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pero no aclara si éste le ha dado su apoyo: “Eso pertenece al ámbito interno de las conversaciones que tenemos el presidente y yo”. Rueda todavía no ha hablado en público de lo que la oposición ya califica como “escándalo”.

González realizó estas declaraciones a elDiario.es en Moraña (Pontevedra), antes del acto de entrega de los premios de responsabilidad empresarial, organizados por la Secretaría Xeral de Emprego, dependiente de su Consellería, donde destacó la necesidad de “poner a las personas en el centro”. No quiso entrar en la casualidad de que este evento se celebrase justo después de que se conociese el “desgraciado incidente” –las comillas son suyas– protagonizado por la empresa de su familia. “Hoy hay que destacar a los premiados por este reconocimiento, es su día”.

“Me va a permitir, está suficientemente contestado”, despejó una cuestión sobre si había hablado de lo sucedido con Rueda. “Hablo con el presidente constantemente”. ¿Sobre este asunto también? “También sobre este asunto” ¿Y él le ha dado su respaldo? “Eso pertenece al ámbito interno de las conversaciones que tenemos el presidente y yo”. El BNG y la CIG, el principal sindicato gallego, han pedido su dimisión. “No estoy pensando en dimisiones, sino en entregar estos premios”. Y sobre la comparecencia en el Parlamento que solicita el PSdeG: “Si me llaman, claro, no tendré inconveniente en dar explicaciones donde me las pidan”.

Que lo aclare la empresa

Antes, el conselleiro pasó la pelota a la bodega familiar a la hora de añadir nuevas explicaciones a las aportadas por él este martes: “Creo que expliqué suficientemente los hechos y remito cualquier aclaración a lo que diga la empresa, que supongo que algo también explicará”.

Cuestionado por el hecho de que Casal de Armán presentase una denuncia por lo sucedido, pero no contra la ETT sino contra los dos inmigrantes irregulares, acusados de usurpar la identidad de personas que sí tendrían los papeles en regla, González respondió que no conocía el contenido de la querella y que lo que sabía era lo que le habían trasladado en el “ámbito familiar”.

“Para precisar: yo hablé de una denuncia de usurpación de identidad, de poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil para que determinaran qué es lo que había pasado. Simplemente transmití lo que en su momento me transmitió a mí mi familia. No sé exactamente el contenido de esa denuncia”, aclaró. Pese a que esta redacción se lo solicitó, Casal de Armán se negó a mostrar una copia de la demanda.

Para finalizar, preguntado por su opinión sobre los hechos como representante del gobierno gallego, y no como hermano de los propietarios de la bodega sancionada, respondió con tono rotundo: “Yo, como conselleiro de Emprego –y quiero ser muy claro–, evidentemente, cualquier empresa tiene que respetar sus obligaciones, por supuesto, también en materia de seguridad social”.

El conselleiro de Emprego, José González, defendió este martes la “honorabilidad” de Casal de Armán, la bodega de su familia, tras la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo al descubrir a dos inmigrantes sin papeles trabajando en la vendimia, tal y como adelantó elDiario.es. González culpó de la situación a la empresa de trabajo temporal con la que trabajan habitualmente, pese a que la multa le fue impuesta a Viña Campinas, una filial del grupo que dirigen sus hermanos y que él mismo abandonó en 2018 para tomar posesión de su cargo en el gobierno gallego.

En una visita al parque empresarial de San Cibrao das Viñas (Ourense), el conselleiro consideró que ese “desgraciado incidente” se debe al “error” de “confiar en que las personas contratadas, o puestas a disposición, a través de una empresa de trabajo temporal con la que se habla habitualmente tengan los papeles en regla”.

“Aunque la contratación de ese personal fue realizada por la ETT, la Inspección derivó la actuación contra la empresa que le realizó el encargo”, habían explicado a elDiario.es los responsables de Casal de Armán, quienes llegaron a asegurar que, cuando tuvieron conocimiento de las irregularidades, presentaron una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, se negaron a proporcionar una copia del documento a esta redacción. Este martes, González ha explicado que la denuncia, por “usurpación de la identidad” se interpuso contra los temporeros, “no contra la ETT”. Para él, esa querella “acredita claramente que no había intención de fraude ni había conocimiento previo de la situación”.

Sin embargo, en su respuesta oficial, la Xunta no se suma a esa estrategia de desviar el foco. A través de un portavoz, afirmó por escrito a las preguntas de elDiario.es que el ejecutivo autonómico “como no puede ser de otra manera, aboga por el cumplimiento de las condiciones laborales en cualquier actividad que se desarrolle en Galicia y, evidentemente, también durante la vendimia”. Añadió que “cualquier trabajador que desarrolle su actividad en Galicia tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social y, por tanto, las empresas deben cumplir todos los requerimientos en materia de contratación”.

A preguntas de los periodistas, González también argumentó que Trabajo impuso la sanción “en su grado mínimo” y “en la cantidad legalmente mínima” ya que “no apreciaba circunstancias agravantes”. “Quiero defender la honorabilidad de la empresa y, por supuesto, también de mi familia”, manifestó el conselleiro, tras insistir en que él ya no tiene vinculación con Casal de Armán, el grupo que los tres hermanos heredaron de su padre. “No soy socio, es de mi familia, no participo en la gestión, ni por supuesto en la organización ni en la contratacion de los trabajadores”.

“Sinceramente, espero que no se den más problemas de este tipo”. En su reaparición al frente del Consello de la Xunta el primer día de septiembre, el presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, no restaba importancia a la crisis de su partido en la localidad ourensana de Verín, donde los cuatro concejales abandonaron en bloque el ayuntamiento: “No se lo voy a negar, fue una situación complicada”. Una situación que alcaldes veteranos achacan en parte a “las formas” con las que el presidente provincial, Luis Menor —hombre de Rueda en la provincia tras décadas de baltarismo—, está llevando a cabo la renovación del partido apostando por la “imposición” frente al “diálogo”, una actitud que no deja de agitar el eterno fantasma de una escisión en una demarcación con personalidad política propia desde la Transición. El objetivo final, que el “granero de votos del PP” vuelva a teñirse de azul en las próximas elecciones municipales. Lejos quedan los tiempos en los que casi ocho de cada diez alcaldes de Ourense eran populares. Y lo que es aún más grave para sus intereses: hoy, el dominio que aún mantiene entre los pequeños concellos no llega a las grandes villas.

Al mismo tiempo que Rueda hablaba en Santiago, Menor, desde la Deputación que preside gracias al apoyo de la populista Democracia Ourensana, tampoco ponía tiritas: “El partido está lejos de su mejor momento, a 18 alcaldías del que fue el techo del PP ourensano, que eran 72. Eso es un dato objetivo”. Pero el problema no es sólo el número total: también el tamaño de los lugares donde gobiernan. La provincia tiene 306.000 habitantes de los que más de un tercio (105.000) viven en la capital, que no tiene un regidor popular desde 2019. Sólo hay otros ocho concellos por encima de los 5.000 habitantes y, prácticamente ninguno es de color azul.

“Yo soy el alcalde con más votos que tiene el PP en la provincia de Ourense. Me gustaría no serlo, porque significa que no ganamos en las villas importantes”. Sus palabras en público demuestran que el propio Menor, alcalde de Pereiro de Aguiar (6.500 habitantes, séptimo de la provincia) es una excepción. La otra, de facto, se encuentra en O Carballiño (14.000 habitantes, segundo municipio más poblado). Allí, en una situación inédita, el PSOE —tras perder la mayoría absoluta— selló un pacto con el PP que incluía la cesión del bastón de mando durante el último año de gobierno. Un traspaso que ha necesitado hacerse oficial, ya que la baja del regidor socialista ha convertido desde hace meses al popular José Castro en regidor de la localidad.

El resto del mapa deja alcaldes del PSOE en Verín y O Barco de Valdeorras; en Barbadás –donde al PP se le han ido dos concejales al grupo de no adscritos–, a un exsocialista, apartado del partido por denuncias de acoso, que se deja querer por Democracia Ourensana. También son independientes los regidores de Xinzo –en coalición con el PP– y de Celanova –gracias a los socialistas–. Allariz, por su parte, se mantiene como feudo del BNG desde 1991.

“Algunos no aceptan no pasar de los 300 votos”

Mención especial merece la capital provincial, donde un PP estancado en los 7 de ediles vio como hace tres años el alcalde, el populista Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), rentabilizaba su acuerdo de gobierno para alcanzar los 10. El candidato, el que fuera regidor Manuel Cabezas, se negó a reeditar un pacto que concedía a los populares la diputación a cambio del bastón de mando y renunció a su acta. Su sustituta, Ana Méndez, ha sido confirmada como próxima cabeza de lista en un movimiento que dejó numerosos descontentos entre la militancia de la ciudad. Antes que ella, sonó con fuerza otra Ana, Ana Vázquez, la diputada, muy conocida por su estilo bronco y sus frecuentes lapsus lingüísticos. Jácome –que recibió la posibilidad en redes con un rotundo “¡Ojalá!”– se quedó con las ganas de lo que hubiera sido un duelo en la cumbre del trumpismo galaico.

Menor descarta cualquier duda sobre la fidelidad de la militancia. “Están completamente equivocados los que dicen lo contrario” y, después de tratar de ceñir la crisis de Verín a lo personal –“aunque podía haber alguna cuestión política”–, insiste en la necesidad de actuar, sobre todo, donde no gobiernan. Allí no lo hacen desde 2015, pero su movimiento de ficha se complicó más de lo que esperaban. Tras la marcha de los cuatro ediles se produjeron siete renuncias en el grupo municipal, alguna después de anunciarse que recogería el acta. Eso obligó a llegar hasta el puesto número 15 –de 17– para encontrarles relevo. Unos días después, trataban de zanjar la crisis confirmando al candidato a la alcaldía, el diputado Víctor Baladrón. “Creo que fue la manera de actuar que la gente esperaba”, diagnosticó Rueda. Pese a su deseo de que no se produzcan nuevas crisis, avanzó que “si se dan, intentaremos solucionarlo de la manera más rápida y eficaz posible”.

“Algunas personas en un momento determinado no aceptan decir: no consigo pasar de los 300 votos y nos hacen falta 500 o 600 para gobernar”, insistía Menor. En esa situación, añadía, a la dirección le quedan dos opciones: “O no me meto en líos y dejo que sigamos perdiendo como siempre o intento hacer algo diferente”. Él eligió la segunda y, en ocasiones, tensando demasiado la cuerda.

“No se puede obligar a nadie a marcharse, hay que negociar”

“Después de tantos años de gobierno, hay un desgaste, sobre todo en las vilas. En los municipios pequeños todo es más fácil pero, en las ciudades, los equipos están cansados y cuando aparecen otros nuevos se producen las discrepancias”. Todo esto lo ve ya de retirada –“estoy en la salida de la autopista”– el alcalde de Muíños (1.400 habitantes), Plácido Álvarez. Centrista en los primeros 90 como la práctica totalidad de los veteranos del PP ourensano, el actual vicepresidente tercero de la Deputación fue la mano derecha de Baltar padre en su última etapa al frente del ente provincial. Aún se le nota. En conversación telefónica con elDiario.es, apenas tarda un par de minutos en citar al autodenominado cacique bueno para asegurar que el partido volverá a apretar las filas cuando toque: “Hay dificultades, pero cuando llega el momento, todos nos ponemos las pilas”.

A sus 68 años, Álvarez no se presentará a la reelección. En abril pasó el testigo a Israel León, un sucesor, elegido “unánimemente” como presidente local y al que tiene intención de ceder también el bastón de mando antes de la cita con las urnas. “Hay que saber estar y hay que saber marchar”, aconseja tras criticar a la actual dirección por “las formas” con las que está pilotando otras renovaciones locales.

“Ya no se lleva eso de decir 'aquí estoy yo', no se puede obligar a nadie a marcharse, hay que negociar”. Para él, el diálogo es “fundamental” porque de las “imposiciones” salen los descontentos y “las candidaturas independientes”, el gran temor de los populares, sobre todo, pensando en conservar la Deputación. Pero no le parece algo nuevo: “Eso siempre pasó” y no cree que haya nada “insalvable” ni que el riesgo de ruptura sea hoy peor que en otros tiempos. “Lo malo siempre se magnifica”, zanja en referencia al caso de Verín.

Habilitado nacional durante los últimos años, Álvarez tuvo su plaza de secretario e interventor municipal en Pereiro de Aguiar, justo donde Luis Menor es alcalde: “Él siempre lo dice, algo tuve que ver en su vuelta desde Santiago”. Por eso, asegura que estas mismas cosas se las dice en persona al presidente provincial: “Lo que le recomiendo es que escuche a todo el mundo, no sólo a un grupo, a los mismos de siempre, los que hasta le ríen los chistes”. Y, después de Baltar, cita a Jordi Pujol –de quien sí señala que “no acabó bien”– para concluir que, tras oír a todos, un presidente toma las decisiones “en soledad”. “Y ahí él hará lo que considere, no se lo voy a decir yo”.

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ourense ha abierto una causa contra tres hombres como presuntos autores de la violación grupal a una joven de 19 años perpetrada en un prostíbulo de la ciudad. Los tres fueron arrestados por la Policía Nacional y dos de ellos permanecen desde entonces en prisión provisional, comunicada y sin fianza. El tercero está acusado de cooperación necesaria por no hacer nada para impedir la agresión. Los agentes buscan todavía a un cuarto implicado

Los hechos, adelantados por el diario La Región, tuvieron lugar el pasado 23 de mayo. Según el auto de la Audiencia Provincial, que desestima la petición de libertad provisional para uno de los encarcelados, la víctima estuvo con uno de los detenidos –el que no está en prisión–en un after del casco antiguo de Ourense, donde mantuvieron relaciones sexuales consentidas. Después, se desplazó con él al prostíbulo.

Allí, siempre según el auto, el hombre la invitó a una bebida. Luego, “por indicación de éste”, la dejó en la barra para salir a fumar un cigarro y fue al regresar cuando bebió del vaso. Sólo cinco minutos después, empezó a sentirse mal. Desde ese momento, sus recuerdos están fragmentados.

La víctima asegura que tuvo un “breve intervalo de lucidez” en el que vio cómo uno de los hombres la penetraba vaginalmente por detrás, agarrándola por la cintura, y otro la penetraba por la boca mientras la sujetaba por la cabeza. Al mismo tiempo, un tercer individuo, que es al que ahora busca la policía –“un señor mayor al que no había visto en su vida”– intententaba sumarse a esa práctica. Todo sucedía en una de las habitaciones del prostíbulo. Al mirar hacia la puerta, la joven vio a su acompañante inicial irse del lugar.

El auto indica que la chica trató de defenderse, haciéndose daño en los nudillos. “Sintió cómo la estaban mordiendo en la espalda y agarrando por el cuello para que estuviese quieta”. Según la Audiencia, su declaración –“muy detallada, sólida, creíble” y “sin contradicciones”– se ve corroborada por el informe médico emitido horas después de lo sucedido, en el que se recogen “heridas genitales y en distintas zonas del cuerpo, algunas compatibles con defensa, incluyendo mordedura en zona escapular izquierda”.

Los dos hombres fueron detenidos en el mismo mes de mayo en Monforte de Lemos (Lugo), donde comparten piso. Se enfrentan a una pena de entre doce y quince años de cárcel. Aunque carece de antecedentes penales, a uno de ellos ya le consta otra detención por agresión sexual en junio de 2025 y una más en octubre por quebrantamiento de condena.

El presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, no da por zanjada la crisis en el partido en la provincia de Ourense que se evidenció con los problemas en Verín, en donde renunciaron todos sus concejales y dejaron a la formación temporalmente sin representación. “No voy a negar que fue una situación complicada”, admitió y, en respuesta a una pregunta sobre si da por resueltos los problemas, manifestó que espera que no se den nuevas situaciones similares.

El partido se encontró con una crisis abierta en Verín a nueve meses de las elecciones municipales, previstas para mayo de 2027. Todos los ediles renunciaron y dejaron al PP sin representantes en el Ayuntamiento. La formación, con una gestora al mando a nivel local, procuró acelerar el recambio y no tardó ni una semana en anunciar quiénes serán los nuevos representantes y el nombre que liderará la lista para los comicios del próximo año. El cabeza de lista va a ser Víctor Baladrón, diputado en el Parlamento de Galicia.

Rueda defendió esta manera de actuar acelerada para pasar página y aseguró que cree que eso era lo que la gente esperaba del partido. Las interinidades, dijo, “deben durar lo menos posible”. A la pregunta de si teme que emerja algún otro malestar en algún otro punto de la provincia, replicó que espera que no, pero que si sucede, la reacción será la misma que en Verín.

Entidades ecologistas y ambientalistas han presentado alegaciones al proyecto de decreto de nitratos de la Xunta de Galicia para tratar de conseguir que se reformule y “sirva realmente para reducir y evitar la contaminación por nitratos generada por el sector agropecuario y, muy en particular, por la ganadería intensiva”. El Gobierno gallego abrió el proceso el 15 de julio del año pasado, sólo cuatro días después de la sentencia pionera que condenaba la “inacción” tanto de la administración gallega como de la estatal en la degradación ambiental provocada por las macrogranjas en el embalse de As Conchas (Ourense). La conselleira de Medio Rural pedía entonces que no se “culpabilizase” a la actividad ganadera.

Esa postura no parece haber cambiado en doce meses. En un comunicado conjunto emitido este lunes, Greenpeace, el Movemento Ecoloxista da Limia y la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) acusan a la Xunta de “enrocarse en el negacionismo” y en una “falsa carencia de estudios que acrediten el origen agrario de la contaminación”.

Las tres entidades aseguran que “más de la mitad del preámbulo y casi un tercio de la extensión total del borrador de decreto” se centran en “cuestionar las evidencias sobre la importancia de la contaminación por nitratos de origen agrario en Galicia” lo que “retrasa de manera irresponsable la toma de decisión y la adopción de medidas correctoras, algo que se debería haber llevado a cabo hace años”.

El comunicado cita extractos del borrador en los que se asegura que en Galicia no hay declaradas zonas vulnerables pues “no existe acreditación del origen agrario de la contaminación” y a día de hoy “no se dispone de los datos definitivos y concluyentes aprobados por la autoridad competente sobre las presiones agropecuarias, urbanas y otras que puedan considerarse significativas, por lo que no cabe la designación de zonas vulnerables por parte de la comunidad autónoma, ya que la correcta designación de ellas exige la acreditación, mediante las pruebas pertinentes, del origen agrario de los compuestos nitrogenados detectados en los puntos de medición así como de su contribución de forma significativa a la referida contaminación”.

Sin embargo, los ecologistas replican que los planes hidrológicos vigentes ya incluyen los planos con la presión por “escorrentías urbanas y alcantarillado” y con los excedentes de nitrógeno (kg/ha/año) de origen agrario debidos a cultivos de secano, cultivos de regadío, ganadería no estabulada y ganadería estabulada. En el caso concreto del embalse de As Conchas y la necesidad de declarar zona vulnerable la cuenca del Limia, “los datos no pueden ser más claros”.

Mientras la presión por “escorrentías urbanas y alcantarillado” es “muy baja” –apenas está urbanizado entre el 1% y el 4%–, el excedente de nitrógeno por los cultivos de secano y regadío está entre 1 y 10 kg/ha/año; de ganadería no estabulada se mueve entre 2,5 y 15 kg/ha/año, pero el de ganadería estabulada se dispara entre 20 y 102 kg/ha/año en la mayor parte de la cuenca, “por lo que es responsable de un 80-85% del excedente de origen agrario”.

“Por si dichas evidencias fueran insuficientes”, añaden las tres entidades, “las estadísticas oficiales de 2020 revelan que, en la cuenca del Limia hasta la presa de As Conchas, la carga ganadera era de 111.500 UGM (unidades de ganado mayor), que en producción de heces y orina equivalen a unos 2 millones de personas, cuando la población era de tan sólo 24.736 personas”. “Es decir, la generación de heces y orina por la ganadería era unas 80 veces mayor que la de la población humana”, concluyen.

Esa “desmesurada carga ganadera que soporta Galicia” ha sido confirmada, señalan, por el informe recién elaborado por la Comisión Europea en el que se analiza la aplicación de la Directiva de Nitratos durante el período 2020-23. En él, citan, se establece que “la carga ganadera de Galicia es de 2,3 UGM/ha, solo por detrás de Cataluña con 3 UGM/ha, y muy por encima de la media estatal y europea de 0,7 UGM/ha”.

“Leyendo el 'no-proyecto' de nitratos y las declaraciones del presidente Rueda da la sensación de que a la Xunta no le importa que las aguas de Galicia estén contaminadas por nitratos –que lo están, y el mejor ejemplo es el embalse de As Conchas– sino determinar el origen de la contaminación, cuando éste está más que claro: es la agricultura y muy principalmente la ganadería industrial”, manifiestan las organizaciones firmantes.

Por todo ello, reclaman que el futuro decreto de nitratos debe incluir como objetivo la reducción, “al menos en un 50%” de la cabaña ganadera en intensivo hasta el 2030. También la disminución del uso de fertilizantes sintéticos y, “especialmente”, la prohibición de nuevas granjas o ampliación de las existentes en municipios con balance de nitrógeno por encima del promedio de la comunidad –41 kg N/ha/año–; en aquellos en los que la concentración de nitratos en las aguas aumentase en más de 5 mg/l entre 2016 y 2024 o en las parcelas o parroquias donde el incremento de UGM por unidad de superficie agricola utilizada sobrepase los niveles de carga ganadera recomendados por la Unión Europea. El plazo para la presentación de alegaciones finaliza el jueves 3 de septiembre.

El PP de Verín (Ourense) ha tenido que recurrir hasta el puesto número 15 –de una lista electoral de 17 personas– para cubrir las vacantes que dejaron los cuatro ediles de su grupo municipal que renunciaron en cascada la pasada semana. Pese a la confianza mostrada tanto por la gestora local del partido como por el presidente provincial en la facilidad de darles relevo, la realidad se ha mostrado muy diferente. Hasta siete integrantes de la candidatura se han negado a recoger las actas que quedaban vacantes a nueve meses de las próximas elecciones locales. Aún así, los populares insisten en negar ningún tipo de crisis.

“Hoy mismo, en el momento en que se apruebe la renuncia de estos cuatro compañeros, están otros cuatro que tienen una experiencia importante y ganas de trabajar con lo cual no hay ningún vacío de poder ni de funciones en el grupo municipal”. Así hablaba este lunes el presidente del PP y de la Deputación de Ourense, Luis Menor, el único que ha admitido que la marcha de todos los concejales en bloque no se debía sólo a “razones personales” sino que también “podía haber cuestiones políticas”. Sin embargo, no fue hasta el jueves cuando la cúpula local pudo anunciar de forma definitiva a los sustitutos.

Las nuevas caras de la corporación son Bernardo Rodríguez, Tamara Velázquez, Benito Quiñones y Celestino Cid. Rodríguez y Velázquez ocuparon los puestos 5 y 6 de la lista electoral de 2023, con lo que se perfilaban como los reemplazos naturales de los cuatro dimisionarios. Quiñones, por el contrario, no aparece hasta el noveno lugar. A Cid es más fácil encontrarlo empezando desde el final: es el número 15 de los 17 integrantes de la candidatura.

Su nombre fue la gran sorpresa de este cuarteto, porque se daba por hecho –algunos medios habían llegado incluso a publicarlo– que ese lugar correspondía al octavo de la lista, Juan Pablo García. Éste, sin embargo, no aceptó finalmente un cargo que ya llevaba su nombre, y provocó que el último relevo cayese siete puestos más abajo. Pese a la cascada de dimisiones y renuncias, la presidenta de la gestora, la veterana Luisa Valladares –al frente de la formación desde el pasado octubre–, insiste en que el partido está “muy lejos de una crisis” y sólo vive un “momento de cambios”.

Aarón Álvarez, exteniente de la regidora socialista de A Pobra de Trives (Ourense), Patricia Domínguez, será el nuevo candidato del PP a la alcaldía del municipio en las próximas elecciones de mayo de 2027. El presidente de los populares ourensanos, Luis Menor, anuncia que no será el último fichaje “importante” en los ayuntamientos donde son oposición y “tendremos que hacer cosas distintas para intentar llegar al gobierno”.

En un comunicado recogido por Europa Press, el nuevo candidato del PP ha comunicado que da este paso “con mucha ilusión, pero también siendo consciente de la responsabilidad que supone. Quiero escuchar a los vecinos, estar cerca de ellos, conocer sus problemas y trabajar para encontrar soluciones que mejoren su día a día”. Álvarez recalco que Trives, un concello de casi dos mil habitantes, “necesita un proyecto capaz de sumar personas y aprovechar todas las oportunidades”.

Este miércoles, a preguntas de los medios, el presidente de la Deputación de Ourense y líder del PP en la provincia, Luis Menor, consideró la incorporación “satisfactoria” y recordó que Álvarez abandonó en marzo el grupo de gobierno “por discrepancias políticas, renunciando a una dedicación porque no creía en el proyecto ni en lo que se estaba haciendo en Trives”. La noticia trasciende al día siguiente del abandono en bloque de todos los concejales populares en otro ayuntamiento ourensano, Verín. En aquel caso, sin embargo, Menor minimizó las diferencias políticas –“puede haber alguna”– y lo centró en desavenencias “personales”.

El líder popular ha aprovechado para destacar la “formación, experiencia e implicación social” del exteniente de alcaldesa, recalcando que el municipio contará con una “gran oferta electoral capaz de conectar con los problemas y oportunidades y dar solución a los mismos”.

“Hablamos con él y hace tiempo nos dio la palabra de venir con nosotros. Ayer en una reunión que tuvo lugar con la directiva del partido y con el grupo municipal del PP en Trives se oficializó. Es la persona que nosotros entendemos que está destinada a liderar el Ayuntamiento de Trives. Yo creo que la oferta ganadora será la del PP”, ha relatado Menor.

La renuncia de los cuatro concejales que hasta ahora conformaban el grupo municipal del PP en Verín (Ourense) se ha formalizado este martes en dos plenos extraordinarios en los que la bancada popular ha permanecido vacía a la espera de que los nuevos ediles tomen el relevo.

Según informa Europa Press, la dirección local de la formación popular, en manos de una gestora que capitanea Luisa Valladares, ya ha avanzado los nombres de quienes, una vez que tomen posesión, serán los sustitutos de los ediles salientes: Bernardo Rodríguez, Tamara Velázquez, Juan Pablo García y Benito Quiñones, a la espera de tomar posesión en pleno.

Entre tanto, el Ayuntamiento de Verín ha albergado dos plenos consecutivos en los que ha quedado oficializada la renuncia de los cuatro miembros del grupo municipal que fueron dimitiendo en días sucesivos de la semana pasada: la portavoz, Lara Da Silva, y sus tres compañeros de grupo, Aitor Álvarez, Sonia Arias y Beatriz Blanco.

La gestora salió al paso de las renuncias negando la existencia de una “crisis” y atribuyendo las dimisiones a “motivos personales”. También aludió al ámbito personal el presidente de la Diputación de Ourense y líder del PP en la provincia, Luis Menor, aunque con un matiz: que puede que hubiese, además, “alguna cuestión política”.

“Más obedientes”

Por su parte, el alcalde de Verín, Gerardo Seoane (PSdeG), tiene su propia visión de los hechos y este martes ha augurado que la nueva agrupación popular “adoptará otro tipo de política”, indicando que los nuevos ediles serán “más obedientes” y seguirán la “misma estrategia nacional” del PP de “decir que no a todo” y “montar el máximo escándalo posible”.

Así lo ha trasladado este martes en preguntas a medios de comunicación tras las sesiones plenarias, subrayando que el “objetivo principal” de populares es “coger la Alcaldía” de Verín, incidiendo en que dicho municipio se caracteriza porque “todos los servicios públicos son locales”.

“Eso es muy goloso y para tenerlo aquí hay que tener una capacidad de gestión determinada e ir corrigiendo errores. Pero si tu vienes, no tienes ni idea de nada y la privatizas, dejas de hacer nada y te dedicas a hacer fotos”, ha añadido el regidor.

Así, ha aprovechado para trasladar su “respeto” ante la decisión tomada por los cuatro exconcejales, indicando que, aunque “la primera motivación es personal”, estos seguían “las directrices del PP, basadas en decir que es de noche cuando es de día”. “A la gente razonable, eso no. Dos y dos son cuatro, no puedo llegar y decir que son seis, y eso es lo que ha pasado aquí durante estos tres años. Al final uno se cansa”, ha recalcado.

En esta línea, ha incidido en que “cada uno quiere tener su criterio” con el que “se puede estar más o menos de acuerdo”, pero ha destacado que la moderación de la exagrupación local del PP “no tiene nada que ver con la actitud” del partido, “cuya moderación es cero”.