Finalmente, será el 17 de septiembre cuando se celebre en el Tribunal de Instancia de Irún la vista que se tuvo que retrasar en primavera por el caso del agente de la Ertzaintza que propinó un puñetazo a un varón en esa localidad en 2023, según ha podido saber este periódico. El policía ya ha admitido los hechos y la Fiscalía pide para él una condena por atentado contra la integridad moral, que implica prisión e inhabilitación.

Lo que se trendrá que dilucidar en la vista es si hay una conformidad entre la acusación pública y el acusado. El ministerio fiscal ofrece la aplicación de la modalidad menos grave del delito, con penas de no más de dos años de cárcel, que no suelen ser efectivas si se carece de antecedentes, como es el caso. Sin embargo, esa modalidad “en todo caso” comporta la “inhabilitación especial” durante entre dos y cuatro años, lo que obligaría a su salida de la Ertzaintza. Fuentes judiciales agregan que una condena con admisión de responsabilidad en la fase de instrucción podría conllevar, incluso, una rebaja adicional de un tercio de la condena, tanto la de cárcel como la de inhabilitación.

Los hechos se produjeron hace justo tres años, en julio de 2023. Entre las 3.08 y las 3.17 horas -exactamente en el minuto 1 y 9 segundos de un vídeo de 3 minutos y 19 segundos que grabó todo-, el agente de la Ertzaintza, con número profesional 2514,5 “elevó el brazo izquierdo, increpó a una persona civil [que estaba tendida en el suelo] y le propinó una bofetada en la cara con la mano izquierda abierta”. “Cállate ya, coño. Se acabó la tontería. ¡Se acabo la tontería! ¡Venga! ¡Venga!”, espetó el uniformado. La persona agredida, de 30 años y cuyas iniciales son A.A.C., “por efecto del golpe cayó al suelo de espaldas”, mostrando “gestos de dolor”. Otros cinco ertzainas y cuatro agentes municipales presentes en el lugar, la calle de Zubiaurre de Irún, dieron la espalda al joven y se marcharon sin auxiliarle.

Un segundo hombre que estaba en la zona ayudó a la víctima unos minutos después y a las 3.36 horas se dio parte al 112: “No se puede mover”. La Ertzaintza envió a dos patrullas. Eran cuatro de los agentes que habían estado con él minutos antes, incluido el funcionario 25145. Los uniformados mintieron por radio al asegurar que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol, que se había propasado con ellos y que las lesiones las había sufrido golpeándose con una pared. Dijeron que no era necesaria una ambulancia.

Este relato de los hechos lo hizo la comisión de control y transparencia de la Policía vasca, que emitió un dictamen sobre los hechos. El funcionario estuvo suspendido cautelarmente de empleo pero no de sueldo desde que trascendieron los hechos, en mayo de 2024, hasta febrero de 2025, cuando ganó un recurso de alzada interno.

Compareció el 23 de octubre de 2025 en el Tribunal de Instancia de Irún. La entonces titular de la plaza 1 de la sección de primera instancia e instrucción de ese partido judicial, Maider Imaz, tomó declaración en calidad de imputado al ertzaina. Según las fuentes consultadas, pidió disculpas, asumió que sus actos no fueron correctos e indicó que perdió los nervios, aunque también insistió en que existe un contexto que justificaba la actuación policial contra A.A.C., la persona que recibió el puñetazo.

Unas semanas después, en diciembre, el ministerio fiscal presentó un informe dejando constancia de este reconocimiento de los hechos y asumiendo que el delito de atentado puede ser considerado como “leve”, entendido como la modalidad menos grave del tipo penal del atentado contra la integridad moral. La vista que se celebrará en septiembre estaba programada para marzo, pero los problemas de salud de la víctima motivaron un retraso. Ha sido ahora, en las últimas semanas, cuando se ha realizado el nuevo señalamiento, ya para después del parón judicial de agosto. Tras la reincorporación, en un primer momento este policía estuvo en otro puesto, realizando “otras actividades en comisaría” sin contacto con la ciudadanía. Ahora, en cambio, ya está de nuevo en Seguridad Ciudadana, haciendo trabajo de calle.

La izquierda abertzale ha llamado este martes 14 de julio, fiesta nacional de Francia y fecha de las semifinales de la Copa del Mundo de fútbol masculina entre España y Francia, a la movilización a favor de la oficialidad de la selección vasca. Asimismo, los colectivos Gure Esku (en defensa de la autodeterminación), Zazpi Baietz o Gu ere Bai! han convocado a las 17.00 horas una cadena humana entre Irún y Hendaya, la zona fronteriza.

“Los vascos no somos franceses. Tampoco españoles. Somos vascos. Y estamos muy orgullosos. Desde EH Bildu llamamos a toda la sociedad a participar en la movilización. Ese lugar tiene una significación especial. Nos juntaremos en el puente que divide en dos Estados [a Euskal Herria]. Por encima de las fronteras y de las negaciones, aquí hay un pueblo. Euskal Herria no es Francia, ni España. Es una nación propia. Y, como nación, tiene derecho a participar de modo oficial en las competiciones internacionales y a decidir libre y democráticamente su futuro”, ha señalado en un vídeo el dirigente de EH Bildu Arkaitz Rodríguez.

En la grabación aparece con una camiseta verde de la selección vasca con el número 7 a la espalda, el mismo que territorios vascos. Paradójicamente, parte del vídeo está rodado en el palacio de Miramar de Donostia, residencia histórica de la monarquía española. Según Rodríguez, exlíder Sortu, la fuerza mayoritaria de la coalición EH Bildu, la “mayoría” de la sociedad vasca es partidaria de contar con equipos deportivos propios y diferenciados.

El PNV no ha realizado un llamamiento como tal a secundar la movilización, pero dirigentes como Markel Olano o María Eugenia Arrizabalaga sí han expresado en los últimos días en X su adhesión a la selección vasca. En el caso de Olano, que es miembro del Euzkadi Buru Batzar, ha recibido una batería de insultos por hacerlo con una imagen de su hijo con una camiseta verde. En un acto en Madrid, además, el lehendakari, Imanol Pradales, deseó que España pueda jugar en San Mamés pero “contra Euskadi”. “Yo soy de la selección vasca, punto”, manifestó en un acto de RTVE.

El Gobierno central, en el marco de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, ha emitido una declaración de reconocimiento y reparación personal en la que reconoce que Josu Zabala Erasun, vecino de Irún (Gipuzkoa) muerto por un disparo de la Guardia Civil en Hondarribia el 8 de septiembre de 1976, “padeció persecución por razones políticas e ideológicas”. Por ello, “tiene derecho a reconocimiento y a obtener la reparación moral y recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, al estimarse que su circunstancia le hace ser considerado como víctima”, según han informado desde GEBehatokia, Observatorio de Derechos Humanos de Euskal Herria.

GEBehatokia, que ha informado este jueves de los avances en el caso, ha apuntado, además, que el procedimiento judicial de Jurisdicción Voluntaria ha sido admitido a trámite en el Tribunal de Instancia de Irún. Según ha explicado y recoge Europa Press, “este proceso no supone ya la persecución penal del perpetrador, el guardia civil Enrique Pascual procesado como autor de la muerte, sino la certificación judicial de los hechos”. En esa línea, ha recordado que este guardia civil “fue amnistiado un año más tarde por medio de un decreto de la Capitanía General Burgos” en el que también se acuerda el “sobreseimiento definitivo de la causa seguida contra él”.

Por otra parte, el observatorio ha mostrado su “sorpresa”, cuando se van a cumplir 50 años de su asesinato, de que la documentación recibida desde el Archivo Militar de El Ferrol “está censurada”. “Los archivos siguen cerrados a cal y canto para las víctímas del Estado”, ha lamentado, al tiempo que ha subrayado que “la necesidad de poder incluir estos archivos en el proceso de Jurisdicción Voluntaria es fundamental”. “En el mismo aparecen los datos censurados de un testigo del asesinato de Josu Zabala Erasun, detenido y, en el mismo, narra las torturas a las que fue sometido durante el tiempo de detención. Ese testimonio sería muy esclarecedor”, ha considerado.

En este sentido, ha denunciado “la grave arbitrariedad” que supone que una víctima reconocida por el Gobierno central “no pueda acceder al archivo completo de su expediente como le garantiza la ley”. Ante esta situación, GEBehatokia ha reclamado al juez de Irún que solicite el expediente completo al archivo de El Ferrol, y ha pedido el amparo del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. “El calvario que sufren las víctimas de vulneraciones de derechos humanos para el acceso a la documentación existente de sus familiares en los archivos oficiales es inaceptable. Supone una grave revictimización a añadir a su ya profundo dolor”, ha concluido.

España y Francia han acordado 'salvar' las vías de ancho ibérico en Hendaya para que la línea de Cercanías de Donostia puede llegar a esa estación también después de pasar Irún. El secretario de Estado José Antonio Santano, exalcalde de Irún, ha ratificado el acuerdo con representantes de SNCF, de modo que se van a posponer las obras de retirada de las vías de ancho ibérico actualmente instaladas.

El secretario de Estado ha asegurado que desde el Gobierno central se trabaja para permitir la puesta en marcha del proyecto piloto de extensión del servicio de Cercanías de Brinkola a Irún hasta Hendaya, ya al otro lado de la frontera. Desde 2025, aunque el operador sigue siendo Renfe, es una línea gestionada por el Gobierno vasco. El Topo de Euskotren, de vía estrecha, también llega a Hendaya.

Durante la reunión, los participantes han repasado la situación general de las conexiones ferroviarias entre España y Francia y, en particular, la evolución de las infraestructuras transfronterizas de los corredores Atlántico y Mediterráneo. Santano ha puesto en valor las inversiones que España está realizando para cumplir los objetivos de la Red Transeuropea de Transporte y ha señalado la necesidad de acompasar los calendarios de ejecución a ambos lados de la frontera.

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Irún, Cristina Mere, rechazó en junio restituir de manera cautelar al 'mando' sancionado por la Junta del Alarde de San Marcial, el 'tradicional' de Irún, en el que las mujeres quedan relegadas a cantineras, hasta que resuelva sobre la demanda interpuesta por este hombre contra la resolución que lo sancionó por una falta grave vinculada con una “conducta inapropiada” hacia una cantinera. La sanción impuesta implicaba la pérdida del cargo y no poder participar en el desfile durante dos años consecutivos, incluido el de este año que ha tenido lugar este 30 de junio.

No obstante, pese a lo ocurrido, su compañía le ha dedicado durante el Alarde, que tuvo lugar este martes, un homenaje debajo de su balcón, en el que el mando, vestido con el traje reglamentario del evento, ha gritado en varias ocasiones “Gora Tamborrada” a lo que la multitud le respondía “Gora”, seguido de la frase “Hoy toca ser felices”, tras lanzar un abrazo a sus compañeros. El homenaje ha sido grabado y distribuido en las redes sociales de la compañía, donde abundan los mensajes de apoyo al investigado.

El mando solicitó que, de manera cautelar, y hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, se suspendiera la eficacia de la sanción para poder participar en el Alarde de este año. Argumentó que si no se atiende su solicitud, el daño podría ser “irreparable” ya que, atendiendo a la inminencia de las fiestas de este año, “perderá la oportunidad de participar en ellas”. No obstante, la jueza apreció en el auto que existe un “proceso penal abierto por denuncia previa por los mismos hechos objeto del expediente sancionador de la Junta del Alarde”, y que “aparte de la posible lesión de los derechos del actor, es preciso ponderar (...) otros derechos cuya eventual lesión podría ser mayormente irreparable una vez que aquel procedimiento sea resuelto, que son los de la cantinera”.

A finales de abril la Junta del Alarde tradicional de Irún informó en un comunicado dirigido “a la ciudadanía” que existen diligencias previas en el ámbito penal “actualmente en tramitación en un juzgado de Irún” por la denuncia de un presunto caso de violencia sexual ocurrido en el San Marcial de 2025. Según la denuncia, que en un momento se limitó a ser interna de la organización, pero ha saltado ya a la Justicia ordinaria, un “jefe de unidad” realizó presuntamente “unos tocamientos” a la cantinera, una joven veinteañera. Desde el Departamento de Seguridad confirman a este periódico que hasta el momento, no tienen constancia de que se haya interpuesto ninguna denuncia ante la Ertzaintza relacionada con estos hechos, por lo que el caso puede haber llegado al juzgado por otros cauces.

Después de que una de las cantineras del Alarde de Irún denunciara ante la Junta de Mandos (órgano supuestamente soberano, cuya misión principal es la organización del Alarde de San Marcial, mientras que la Junta del Alarde es el órgano de estudio y asesoramiento del Alarde) un presunto episodio de agresión sexual por parte de uno de los 'mandos' de una de las compañías durante uno de los ensayos de la fiesta celebrada el pasado 30 de junio, el 3 de febrero, se celebró una reunión para comunicar la sanción al presunto agresor, que ha sido expedientado y suspendido de su cargo.

A raíz de lo ocurrido, el “general” y el “comandante” del Alarde tradicional de Irún presentaron su dimisión. Asier Etxepare y Rubén Fraile alegaron que no podían liderar un grupo en el que hay un sector que ha cuestionado su forma de gestionar la denuncia interna de la supuesta agresión sexual. En un comunicado hecho público el pasado febrero, expusieron que en verano se abrió un “expediente sancionador” a raíz de una “denuncia interna” por una “conducta inapropiada”. Se refirieron así a unos presuntos tocamientos en una compañía del Alarde por parte de un “jefe de unidad” a la cantinera. Se añadió que tanto la “Junta de Mandos” como la “Junta del Alarde” no podían “mirar hacia otro lado” ante la denuncia de un “símbolo del alarde” y entendían que han de “evaluar” lo ocurrido “dentro del régimen disciplinario”.

A partir de ahí, reconocieron la tensión interna en una reunión celebrada en Palmera Montero, con ocho “capitanes y jefes de unidad” disconformes con las actuaciones y decenas de personas manifestándose en la puerta en contra de sancionar al supuesto agresor. “En los prolegómenos a nuestro gran Día de San Marcial una cantinera se acercó para hacernos llegar varios comportamientos inadecuados de uno de los 'mandos' del Alarde. ¿Qué opciones teníamos? ¿Mirar hacia otro lado o analizar la situación? Yo, como general, pero sobre todo como Asier Etxepare Iza, no puedo hacer otra cosa que respetar y defender la base del Alarde de San Marcial, que es la Ordenanza. Y quiero remarcar que esta debería ser la base de todas las personas que forman la Junta de Mandos y la Junta del Alarde, la de respetar la Ordenanza. Como bien indican nuestros reglamentos, ante este tipo de denuncias internas se abre un proceso para analizar, investigar y resolver las actitudes que han llevado a la persona a tocar nuestra puerta. Y eso hemos hecho: analizar, investigar y resolver”, apuntó en aquel momento uno de los miembros que presentó su dimisión.

Fuentes del entorno del 'mando' sancionado detallan a este periódico que la resolución de la Junta del Alarde, por la que el hombre ha sido sancionado, “no califica, ni tipifica lo sucedido como agresión sexual, ni atribuye connotación sexual a la conducta denunciada”. Además, no niegan ni reconocen los hechos, pero ponen en cuestión que la Junta del Alarde tenga competencia para poder juzgar un hecho de estas características. La resolución del expediente sancionador rebaja lo sucedido a una “falta de respeto” a un “símbolo” del Alarde tradicional, como puede ser en este caso la cantinera, pese a tratarse de una persona. En este sentido, la Ordenanza del Alarde de San Marcial de Irún recoge en su artículo 40 en el que define las faltas graves, “la falta de respeto a la Bandera de Irún, los banderines, los estandartes y cuantos símbolos forman parte del Alarde”. Según confirman las fuentes del 'mando' sancionado, es en este caso en el que contemplan desde la Junta del Alarde para sancionarlo tras el suceso que denuncia la cantinera.

Como cada 30 de junio, Irún se echa a la calle por San Marcial. A las 10:15 horas de la mañana, un hombre, Pablo Basurko, se ha preparado para la arrancada en la plaza Urdanibia con una motivación personal que resume tres décadas de conflicto: “Siempre he querido desfilar con mi hermana y eso no se me permite en el alarde tradicional”. Se cumplen treinta años desde que Bidasoaldeko Emakumeak solicitó por primera vez un alarde municipal e igualitario para una celebración con origen en 1522, pero treinta años después, en otro siglo y en otro milenio, Irún sigue con dos desfiles, el 'tradicional', que relega a las mujeres al papel de cantineras, y el igualitario, donde forman en pie de igualdad.

Mientras el desfile mixto caminaba hacia el Ayuntamiento, Basurko ha rebatido a quienes ven en ellos una ruptura histórica. “Abogar por la pureza histórica no tiene sentido cuando ya es algo actualizado. Ni las prendas ni las armas coinciden con el siglo XVI”, razona. La anomalía de este doble festejo se sustenta en una pretendida “neutralidad” institucional. Sandra Monsalve, txilibito del alarde mixto, la cree inexistente. “La alcaldesa [Cristina Laborda] participa en numerosos eventos del alarde tradicional, mientras que al alarde público simplemente lo recibe con mala cara el día 30”, ha denunciado. Cree que el Ayuntamiento simplemente “dejó de organizar la fiesta municipal para evitar aplicar la sentencia” de igualdad.

En el otro extremo de la jornada, el alarde tradicional —que solo permite a las mujeres el rol de cantinera— ha iniciado su marcha a las 7:30 bajo las órdenes de un nuevo general, Javier García Nieto, quien ha pedido “olvidar las diferencias” para cumplir el “mandato” de hacer disfrutar a la ciudad. El contexto de sus palabras hay que encontrarlo en la denuncia de una cantinera por presuntos tocamientos por parte de un mando en 2025, acontecimiento que ha ocasionado una disputa interna. Por ejemplo, el hermano de una cantinera tradicional de este año, aunque admite que es “un tema muy serio”, le ha confesado a este medio que critica a la Junta de Mandos por asumir funciones judiciales ante el caso: “El resto del año son fontaneros, electricistas o abogados... la justicia tenía que haber tomado las riendas”.

Este malestar interno provocó la dimisión del anterior general, Asier Etxepare, quien defendió la sanción alegando que no podía “mirar hacia otro lado” ante la agresión a un “símbolo del alarde”. Es un término con el que la ordenanza equipara a la mujer con una bandera. Junto a Etxepare, otros se despidieron de sus cargos, marcando un nuevo inicio al alarde tradicional que sigue siendo apoyado por al menos 8.000 irundarras, por 2.400 del mixto. Una de sus cantineras actuales describe la experiencia como el cumplimiento de “un sueño” de su infancia, sintiéndose “respetada y respaldada” por su compañía. Ese deseo desde tan joven se ve respaldado por el testimonio de su hermano, quien reconoce que el modelo es mayoritario por inercia generacional. “Todos hemos nacido viendo al tradicional. Las generaciones antiguas siguen inculcando ese sentido”, expone.

Desde el balcón del Ayuntamiento, Sonia Calvo, integrante de la Gaita Mixta de Cervera del Río Alhama, ha observado el arranque igualitario con lágrimas en los ojos. Gracias a la invitación que recibió por parte de la Casa de la Mujer de Irún, Calvo ha podido vivir e identificar en Irún el mismo patrón de exclusión que sufre en La Rioja, utilizando “exactamente las mismas excusas y los mismos argumentos arcaicos”. En su pueblo, la cofradía incluso reformó estatutos para prohibirles el baile alegando falta de capacidad física o vestimenta inadecuada, argumentos que Calvo ve derrumbarse ante la realidad del desfile mixto irundarra.

Junto a ella, la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, pone voz al respaldo institucional autonómico, aunque admite que los avances tras treinta años son “insuficientes”. Elgarresta rinde homenaje a las pioneras que enfrentaron situaciones “muy violentas” en los noventa. La adjunta del Ararteko, Estefanía Ocáriz, ha recordado también que las mujeres tienen “derecho inalienable a la igualdad”.

Mientras Gorka Álvarez, del PNV, durante la conmemoración de los treinta años desde la solicitud en el pleno del Ayuntamiento; ha defendido que el actual sistema de dos alardes asegura la “paz social” y el “equilibrio”. Para un joven participante del mixto, esta postura es puramente electoral: “La alcaldesa prioriza sus votos políticos a la igualdad... no puedes ser neutral sabiendo lo que pasa con las mujeres”.

La jornada de la tarde ha vuelto a mostrar la cara más agria del conflicto cuando, según fuentes del pueblo, algunas personas han reaccionado dando la espalda. “Una fiesta que no respeta la igualdad, deja de ser fiesta”, sentencia otro joven soldado del bando igualitario. “Parece mentira, pero 30 años después seguimos sin celebrar las fiestas en igualdad”, ha señalado Thania Pazos, quien ha portado la bandera.

El desdoblamiento festivo concluye con la devolución de la bandera en los arcos del Ayuntamiento, un acto que el alarde tradicional realiza mientras el mixto ya ha finalizado su ruta. La paradoja de una ciudad que recorre el mismo camino dos veces para no encontrarse nunca se resume en la contradicción de sus protagonistas: mientras unos se aferran a una tradición que requiere “justicia interna” para sus mandos, otros apuestan por una evolución que consideran inevitable. “La historia hay que utilizarla para aprender y avanzar, nunca por encima de los derechos de las mujeres”, reflexiona un participante del desfile público.

Al caer la noche, Irún recupera el silencio, dejando atrás el eco de las descargas de fusilería de dos bandos que visten igual pero sienten la ciudad de forma opuesta. La bandera de la ciudad descansa en el consistorio, custodiada por una institución que sigue observando desde el balcón una realidad dual en la que deciden mantenerse al margen. Tras tres décadas de banderas divididas, la fiesta se despide con la sombra de un proceso penal abierto y la certeza de que, el próximo año, Irún volverá a citarse consigo misma en dos horarios distintos.

Las calles de Irún volvieron a ser escenario de una concurrida protesta en defensa de la Sanidad pública este fin de semana. Bajo el lema 'Aski da' ('Basta ya'), la plataforma Osasun Bidasoa movilizó a más de 3.000 personas para denunciar lo que considera un deterioro progresivo de la atención sanitaria en la comarca, que engloba a Hondarribia e incluso a zonas de Navarra. Entre sus principales demandas figuran la reapertura de las urgencias pediátricas del hospital del Bidasoa y el refuerzo de la atención primaria.

La plataforma denuncia que lo que vive la comarca no son problemas aislados, sino un “efecto dominó” devastador. El cierre de las urgencias pediátricas del hospital del Bidasoa es la medida más reciente, aunque supera ya el año de vigencia. Manel Ferran, portavoz de Osasun Bidasoa y médico jubilado, explica a este medio que la consecuencia ha sido el aumento de la saturación laboral en los Puntos de Atención Continuada (PAC). Ahora, los trabajadores afrontan esta realidad con una “angustia constante”, debido a que se está obligando a “profesionales no especializados en pediatría a asumir parte de la atención”.

Anteriormente, el hospital contaba con un pediatra, pero Osakidetza decidió desistir del puesto. Ferran explica que la justificación se centra en que “no hay partos en la zona”. Sin embargo, el portavoz ve “falta de lógica” debido a que siempre ha habido un pediatra durante los últimos 36 años. Además, Mariaje Alfonso, igualmente portavoz de la plataforma y enfermera jubilada, recuerda una obra en 2020 para mejorar las Urgencias pediátricas. N o comprende cómo la administración gastó “ese dineral” y luego “desmontó” el servicio alegando una falta de partos que ya existía desde hace décadas.

La demanda de emergencias pediátricas no solo se ha trasladado al PAC de Irún. Entendiendo que solo pueden atender casos de leve y media urgencia, el hospital de Donostia es el nuevo de referencia. Alfonso ve saturación del servicio en la captial. Sin embargo, no es el único problema. Menciona la falta de aparcamiento o de conexiones de transporte público. Llevar al menor en coche es inviable para muchas familias.

Aún así, las críticas se extienden también a otras especialidades como urología y radiología. La plataforma denunció el pasado sábado la falta de profesionales y considera que esta situación repercute directamente en las listas de espera y en la calidad asistencial. Ferran habla incluso de un “maltrato” hacia algunos especialistas que habría favorecido su marcha a otras comarcas. Como consecuencia, denuncia, “dos médicos tienen que hacer el trabajo de cuatro”. A ello se suma las dificultades que, según el colectivo, atraviesa la atención a la salud mental por la insuficiencia de recursos humanos y materiales.

Osasun Bidasoa alerta igualmente sobre el aumento de las derivaciones a centros privados. Sus portavoces consideran que cada vez más intervenciones y consultas son asumidas por la Sanidad concertada. Ferran pone como ejemplo determinadas prótesis y consultas de traumatología que, según reclama, se están derivando fuera del sistema público. A su juicio, esta dinámica genera problemas posteriores de “seguimiento del paciente”. Para la plataforma, existe una estrategia encaminada a “desmantelar” progresivamente los hospitales comarcales y favorecer la actividad del sector privado.

Alfonso considera que las necesidades asistenciales de la comarca no están siendo atendidas de la misma manera que en otros puntos del territorio. “Mi dinero vale lo mismo que el de los demás, ¿por qué se me discrimina?”, cuestiona. Además, recuerda que el hospital del Bidasoa no solo presta servicio a la población de la comarca, sino también a vecinos de Bortziriak y a una población flotante vinculada a la cercanía de la frontera francesa. Se calcula que el hospital atiende a aproximadamente 100.000 personas que se “están dejando desatendidas”, incluyendo a los vecinos fronterizos.

Para revertir esta situación, la plataforma reclama cambios en la gestión sanitaria de la comarca. Tras catorce años con la misma dirección asistencial, consideran necesario un cambio de rumbo. Además de exigir la reapertura de las Urgencias pediátricas y asegurar mayor atención pública, Xabier Vázquez, integrante de Osasun Bidasoa y actual médico de emergencias, sostiene que parte de la solución es ofrecer “contratos más atractivos” a los profesionales. A su juicio, la temporalidad y la precariedad de algunos contratos dificultan la captación y permanencia de especialistas, puesto a que no se trata de una falta de profesionales para que cubran los puestos. Si se opta por la “fidelización” y la proporción de material adecuado, más especialistas mostrarán interés en trabajar en Bidasoa.

Osasun Bidasoa nació en septiembre de 2021 como respuesta al proyecto de Osakidetza de cerrar durante tres años los quirófanos del hospital del Bidasoa por unas obras de remodelación. Lo que comenzó siendo un recorrido por las asociaciones vecinales para explicar las consecuencias del traslado de la actividad quirúrgica a Donostia, terminó convirtiéndose en un movimiento que aglutinó a más de 40 entidades de la comarca. Tras lograr en abril de 2022 el descarte del cierre de los quirófanos, Osasun Bidasoa se ha consolidado como una entidad en defensa de una sanidad pública. La plataforma advierte de que retomará las movilizaciones en septiembre si no hay avances: “No pedimos la luna, reclamamos lo que ya teníamos y que nunca debimos perder”.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado los cuatro años y medio de prisión al profesor guipuzcoano condenado por acercamiento sexual a menores, a las que daba clases en un centro de Irún, a través de Internet y amenazas. La Sala de lo Civil y Penal del TSJPV rechaza así el recurso interpuesto por el docente contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa que le condenó como autor de dos delitos de acercamiento sexual a menor de 16 años a través de Internet ('child grooming'), un delito de amenazas condicionales y otro leve de acoso sexual.

En su fallo, el TSJPV ha ratificado también el resto de medidas que se le impusieron, como los 20 días de localización permanente que se le impusieron por un delito leve de acoso sexual, así como los cuatro años de libertad vigilada tras finalizar la pena de cárcel, según informa Europa Press. La Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa consideró probado que el acusado contactó a través de una red social con tres alumnas del centro escolar en el que trabajaba en el curso 2023-2024, buscando un acercamiento a las mismas con afirmaciones “trufadas de carácter sexual” y que realizó a dos de ellas “propuestas serias” de encuentros que no llegaron a consumarse, entre otras razones, porque el caso llegó a conocimiento de la dirección del centro.

El profesor condenado recurrió esa sentencia al Superior vasco solicitando como pretensión principal su absolución y subsidiariamente la condena a penas en su mínima extensión legal. El Ministerio Fiscal se opuso al recurso y solicitó la confirmación de la resolución de la Audiencia de Gipuzkoa. En sus alegaciones, la defensa argumentó ante el TSJPV que la Audiencia guipuzcoana no había contextualizado todas las situaciones y las conversaciones entre el profesor y sus alumnas, unas conversaciones que, según el letrado, eran “siempre en un contexto de colegueo y bromista”, desde el prisma de una relación de amistad preexistente entre las alumnas y su defendido, un docente con “cresta”, “aspecto de punki” y “hasta un poco pasota”.

Añadía que esas conversaciones podrían ser “reprochables”, por no mantener la distancia profesor-alumna, y “por tener, connotaciones sexuales”, pero que en ningún caso hubo en su representado “un ánimo sexual o de buscar algo” con las mismas, “más allá del cachondeo”, por lo que no constituyeron un ilícito penal. Sin embargo, el TSJPV recuerda que el derecho penal del hecho prohíbe condenar a alguien por su personalidad o apariencia y que “no se responde por lo que se es, sino por lo que se hace o no se hace siendo como se es”.

A continuación, analiza las conversaciones obtenidas de los teléfonos móviles de las menores y el resto de prueba desplegada en la vista oral celebrada en la Audiencia guipuzcoana y concluye que “existió prueba suficiente para justificar la condena de una forma compatible con la vigencia del derecho a la presunción de inocencia”. Asimismo, el TSJPV describe el patrón de actuación que reflejan esas conversaciones y como el acusado llevó a cabo primero una “aproximación afectiva” a las menores que incluían “expresiones de contenido sexual”, después las blindó frente a injerencias de otras personas y, finalmente, propuso a dos de ellas “encuentros más privados para estar a solas”. Unos encuentros, añade el TSJPV, que eran “absolutamente” ajenos “a la función educativa” y respondían, de forma “concluyente al objetivo de mantener con ellas unas relaciones íntimas”.

El TSJPV afirma también que es “incuestionable” que el acusado trató de “infundir temor” a las menores con las consecuencias punitivas de difundir los mensajes que intercambiaron con él y el emplazamiento a que los borraran. “Exigir desde una posición de superioridad manifiesta por el rol que se tiene -educador de menores entre trece y quince años- una conducta no debida - eliminación de pantallazos- a través de la conminación de denunciar la comisión de delitos o infracciones que conllevan la imposición de penas de prisión o pecuniarias constituye la exteriorización del propósito de causar un mal serio, real”, asegura el TSJPV.

Penas “proporcionadas”

Respecto a las penas de prisión impuestas por la Audiencia de Gipuzkoa, el máximo órgano judicial vasco las considera “proporcionadas”, ya que el delito de acercamiento sexual a menor de 16 años a través de Internet “está penado con entre uno y tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses” y que en este caso se optó por la prisión por el “carácter intenso y prolongado del acercamiento telemático”.

Además, considera “proporcionados” los dos años de cárcel impuestos por cada delito de acercamiento sexual a menor de 16 años a través de Internet dada la asimetría inherente en la relación profesor-alumnas y las circunstancias de edad y fragilidad emocional de las víctimas. También avala los seis meses de cárcel fijados por la Audiencia de Gipuzkoa por el delito de amenazas y el resto de las penas principales y accesorias acordadas. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Irún, Cristina Mere, ha rechazado restituir de manera cautelar al 'mando' sancionado por la Junta del Alarde de San Marcial, el 'tradicional' de Irún, en el que las mujeres quedan relegadas a cantineras, hasta que resuelva sobre la demanda interpuesta por este hombre contra la resolución que lo sancionó por una falta grave vinculada con una “conducta inapropiada” hacia una cantinera. La sanción impuesta implicaba la pérdida del cargo y no poder participar en el desfile durante dos años consecutivos, incluido el de este año que tendrá lugar el próximo 30 de junio, en unos días.

Sin embargo, el 'mando' solicitaba que, de manera cautelar, y hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, se suspendiera la eficacia de la sanción para poder participar en el Alarde de este año. Argumentaba que si no se atiende su solicitud, el daño podría ser “irreparable” ya que, atendiendo a la inminencia de las fiestas de este año, “perderá la oportunidad de participar en ellas”. No obstante, la jueza aprecia en el auto, que no es firme y puede ser recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, que existe un “proceso penal abierto por denuncia previa por los mismos hechos objeto del expediente sancionador de la Junta del Alarde”, y que “aparte de la posible lesión de los derechos del actor, es preciso ponderar (...) otros derechos cuya eventual lesión podría ser mayormente irreparable una vez que aquel procedimiento sea resuelto, que son los de la cantinera”.

A finales de abril la Junta del Alarde tradicional de Irún informó en un comunicado dirigido “a la ciudadanía” que existen diligencias previas en el ámbito penal “actualmente en tramitación en un juzgado de Irún” por la denuncia de un presunto caso de violencia sexual ocurrido en el San Marcial de 2025. Según la denuncia, que en un momento se limitó a ser interna de la organización, pero ha saltado ya a la Justicia ordinaria, un “jefe de unidad” realizó presuntamente “unos tocamientos” a la cantinera, una joven veinteañera. Desde el Departamento de Seguridad confirman a este periódico que hasta el momento, no tienen constancia de que se haya interpuesto ninguna denuncia ante la Ertzaintza relacionada con estos hechos, por lo que el caso puede haber llegado al juzgado por otros cauces.

Después de que una de las cantineras del Alarde de Irún denunciara ante la Junta de Mandos (órgano supuestamente soberano, cuya misión principal es la organización del Alarde de San Marcial, mientras que la Junta del Alarde es el órgano de estudio y asesoramiento del Alarde) un presunto episodio de agresión sexual por parte de uno de los 'mandos' de una de las compañías durante uno de los ensayos de la fiesta celebrada el pasado 30 de junio, el 3 de febrero, se celebró una reunión para comunicar la sanción al presunto agresor, que ha sido expedientado y suspendido de su cargo.

A raíz de lo ocurrido, el “general” y el “comandante” del Alarde tradicional de Irún presentaron su dimisión. Asier Etxepare y Rubén Fraile alegaron que no podían liderar un grupo en el que hay un sector que ha cuestionado su forma de gestionar la denuncia interna de la supuesta agresión sexual. En un comunicado hecho público el pasado febrero, expusieron que en verano se abrió un “expediente sancionador” a raíz de una “denuncia interna” por una “conducta inapropiada”. Se refirieron así a unos presuntos tocamientos en una compañía del Alarde por parte de un “jefe de unidad” a la cantinera. Se añadió que tanto la “Junta de Mandos” como la “Junta del Alarde” no podían “mirar hacia otro lado” ante la denuncia de un “símbolo del alarde” y entendían que han de “evaluar” lo ocurrido “dentro del régimen disciplinario”.

A partir de ahí, reconocieron la tensión interna en una reunión celebrada en Palmera Montero, con ocho “capitanes y jefes de unidad” disconformes con las actuaciones y decenas de personas manifestándose en la puerta en contra de sancionar al supuesto agresor. “En los prolegómenos a nuestro gran Día de San Marcial una cantinera se acercó para hacernos llegar varios comportamientos inadecuados de uno de los 'mandos' del Alarde. ¿Qué opciones teníamos? ¿Mirar hacia otro lado o analizar la situación? Yo, como general, pero sobre todo como Asier Etxepare Iza, no puedo hacer otra cosa que respetar y defender la base del Alarde de San Marcial, que es la Ordenanza. Y quiero remarcar que esta debería ser la base de todas las personas que forman la Junta de Mandos y la Junta del Alarde, la de respetar la Ordenanza. Como bien indican nuestros reglamentos, ante este tipo de denuncias internas se abre un proceso para analizar, investigar y resolver las actitudes que han llevado a la persona a tocar nuestra puerta. Y eso hemos hecho: analizar, investigar y resolver”, apuntó en aquel momento uno de los miembros que presentó su dimisión.

Fuentes del entorno del 'mando' sancionado detallan a este periódico que la resolución de la Junta del Alarde, por la que el hombre ha sido sancionado, “no califica, ni tipifica lo sucedido como agresión sexual, ni atribuye connotación sexual a la conducta denunciada”. Además, no niegan ni reconocen los hechos, pero ponen en cuestión que la Junta del Alarde tenga competencia para poder juzgar un hecho de estas características. La resolución del expediente sancionador rebaja lo sucedido a una “falta de respeto” a un “símbolo” del Alarde tradicional, como puede ser en este caso la cantinera, pese a tratarse de una persona. En este sentido, la Ordenanza del Alarde de San Marcial de Irún recoge en su artículo 40 en el que define las faltas graves, “la falta de respeto a la Bandera de Irún, los banderines, los estandartes y cuantos símbolos forman parte del Alarde”. Según confirman las fuentes del 'mando' sancionado, es en este caso en el que contemplan desde la Junta del Alarde para sancionarlo tras el suceso que denuncia la cantinera.

El puente Avenida, el que une Irún con Hendaya o España con Francia, ha vuelto a convertirse en lugar de encuentro con motivo del día de recuerdo y homenaje al exilio republicano, previsto en el artículo 8 de la Ley de Memoria Democrática. El acto estatal, celebrado en el recinto de Ficoba, a cinco minutos a pie del puente, ha sido organizado por el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Irún. La periodista irunesa Lourdes Maldonado ha conducido una ceremonia marcada por testimonios, música, poesía y memoria compartida.

El acto ha comenzado con el recorrido simbólico por el puente Avenida, declarado lugar de memoria democrática el pasado 30 de enero. Allí, autoridades públicas, junto a la Asociación Republicana Irunesa Nicolás Guerendiain, han cruzado los mismos 112 metros que miles de personas atravesaron en su huida de la guerra y la represión franquista en 1936, cuando Irún cayó conquistada por los sublevados. Después, en 1940 se izó la esvástica cuando Francia fue ocupada por los nazis. Precisamente en estas fechas de 1945 finalizó la II Guerra Mundial en Europa con la caída de Adolf Hitler. Este viernes, las banderas que ondeaban eran rojas, amarillas y moradas.

El momento central del homenaje ha sido la entrega de declaraciones de reconocimiento y reparación concedidas por el Gobierno de España a familiares de personas exiliadas. Para ello, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la alcaldesa, Cristina Laborda, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, han subido al escenario y han entregado personalmente los documentos a cada familiar presente en el auditorio.

La alcaldesa de Irún, del PSE-EE, ha reivindicado que la ciudad “fue frente y fue frontera”, recordando a “las miles de personas que emprendieron un camino hacia lo desconocido” desde el puente Avenida. Ha definido el exilio como “una herida que se ha transmitido durante mucho tiempo y que todavía hoy pervive”. En la misma línea, el ministro Torres ha descrito el exilio como “una herida abierta a hachazos en nuestras raíces”.

La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha insistido en el “no olvidemos nunca” el origen del éxodo, especialmente en un contexto en el que avanzan “discursos de odio” contra quienes “huyen de las guerras, de la miseria y del hambre”. Torres, por su parte, ha defendido la necesidad de preservar la memoria frente a “posturas absolutamente descabelladas” que “resucitan fantasmas del pasado”.

La ceremonia se ha completado con el testimonio de Alda Blanco, hija y nieta de exiliados. Ha confesado que “nunca se supera el exilio” porque implica “la pérdida del hogar y de un proyecto político democrático”. Ha reivindicado el paso de la memoria familiar a la memoria histórica a través de actos institucionales como el celebrado en Irún.

Entre el público se encontraba un grupo de cuarenta estudiantes del colegio El Pilar Ikastetxea Mariaren Lagundia Irun. Han recibido mensajes directos del ministro y del periodista Gorka Landaburu, también presente en la sala. El padre de Landaburu, Francisco Javier, fue presidente del PNV de Álava y tuvo que buscar refugio en Francia. Torres ha recordado que la memoria democrática sirve para “desterrar el odio y cultivar la paz”. Landaburu, que hace 25 sufrió un atentado de ETA, ha insistido en la importancia de informarse, puesto a que, “para construir el futuro, hay que saber lo que ha pasado”.

La ceremonia ha incorporado también el lenguaje artístico como forma de memoria. Se ha presentado una actuación de Verdini Dantza Taldea, con la participación de bailarines con diversidad funcional. Además, se han proyectado piezas audiovisuales sobre personas exiliadas, en colaboración con la Asociación de Descendientes del Exilio Español. También se han realizado dos lecturas poéticas: 'Memoria de la melancolía', de María Teresa León, y 'Agur Euskal Herriari', de José María de Iparraguirre.

Las personas homenajeadas han sido Adolfo Lozano Olarzabal, Victor Claudio García Serrano, Antonio Díaz, Juana Alonso, Luis Amadoz, Agustín Cortés, Tomás Ramírez, Agapito Nicolás, Carlota Falgueras, Ramón Morales, Massimiliano Paiser, Teresa Alonso, Rosi Pérez, Joxe Mari Lopetegui, Anastasio Blanco, Carlos Blanco Aguinaga, Castor Martín, la Asociación de Descendientes del Exilio Español, Patxi Arocena, y la familia Carranza Arnaiz.

El cuerpo sin vida de un hombre ha aparecido este martes de madrugada, junto a una chabola de un barrio de Irún (Gipuzkoa), y las primeras investigaciones apuntan a que la muerte se habría producido por disparos de un arma de fuego.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, y recoge Europa Press, pasadas las 3.30 horas, un comunicante alertó a la Ertzaintza de la aparición del cuerpo de un hombre junto a unas chabolas del barrio Belaskoenea de la localidad guipuzcoana de Irun.

Hasta el lugar se desplazaron miembros de la Ertzaintza y de Osakidetza, que constatarón el fallecimiento de un varón de 34 años, que presentaba una herida producida, supuestamente, con un arma de fuego.

La Ertzaintza ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte. Tras comunicar el hallazgo al juez, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal.

Sobre las 15.30 horas la Ertzaintza ha detenido un hombre de 29 años por su presunta implicación de la muerte. La Ertzaintza continúa con las investigación para determinar la circunstancias que han rodeado este trágico suceso.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha condenado a un profesor de Secundaria de Irún a cuatro años y medio de prisión como autor de dos delitos de acercamiento sexual a menores de 16 años a través de internet (“child grooming”) y un delito de amenazas condicionales. Además, tribunal le ha impuesto una condena de 20 días de localización permanente por un delito leve de acoso sexual y cuatro años de libertad vigilada tras finalizar la pena de cárcel.

La Sección Primera de la Audiencia guipuzcoana ha considerado acreditado que el acusado contactó con tres alumnas del centro escolar en el que trabajaba en el curso escolar 2023-2024 a través de una cuenta que con una identidad ficticia abrió en una red social, manteniendo con ellas conversaciones con “manifestaciones trufadas de carácter sexual” y que en dos supuestos incluyeron “propuestas serias” de encuentros que finalmente no llegaron a consumarse, entre otras razones, porque el caso llegó a conocimiento de la dirección del centro.

Para ello, el tribunal valora las evidencias digitales que se han obtenido de los teléfonos móviles de las menores y el “relato sólido y persistente de estas”, además del testimonio de varios profesionales del centro escolar que también declararon durante el juicio que tuvo lugar el pasado marzo. El acusado mantuvo con las tres menores conversaciones en una red social “cuyo contenido, duración e intensidad es claramente impropio para lo que marca la relación profesor-alumna; de aparente ‘colegueo’, con el que buscaba ganarse su confianza, introduciendo siempre el acusado en el desarrollo de estas interacciones (…) manifestaciones trufadas de carácter sexual, que posteriormente acompañó, en alguno de los casos, de alguna propuesta de encuentro, con igual trasfondo, y actos materiales concretos, dirigidos a estrechar el acercamiento ya realizado a través de internet”, añade la Audiencia de Gipuzkoa.

Por su parte, la Audiencia guipuzcoana rechaza las alegaciones del acusado que se declaró la supuesta víctima de los hechos enjuiciados argumentado que era él el “objeto de deseo de estas menores”. Según argumentó el acusado, eran las alumnas quienes le “ofrecían noches locas a cambio de una chaqueta” y que una joven le ofreció “dejarse besar si le daba dinero, porque lo necesitaría o algo”. “Parezco una rock star nada más entrar al colegio, rodeado de un montón de jóvenes, con los que a veces se normaliza el trato de amistad, porque cuando la gente tiene problemas se dirige a mí. Me he podido equivocar y este no dudo que ha sido un caso”, reconoció en el uso de la última palabra, para añadir que su situación ha sido “complicada” y su “único apoyo han sido los alumnos”.

“La valoración individualizada pero también conjunta de los múltiples medios de prueba permite descartar la veracidad intrínseca de estas afirmaciones. No eran las menores sino él quien buscaba su proximidad física, en un acercamiento en modo alguno neutral o inocuo, sino con una clara finalidad de búsqueda, de preparación del terreno para ulteriores interacciones sexuales con las niñas”, afirma el tribunal sobre esta cuestión.

A pesar de ello, el acusado sí que reconoció haber abierto una cuenta con un pseudónimo en una red social, hecho que ha quedado probado por el tribunal que considera que el contacto a través de internet y la cuenta falsa que el acusado creó al efecto, “buscaba el acercamiento virtual” a las menores, “para estrechar sobre ellas el cerco de seducción, acompañando esta conducta de una búsqueda de cercanía física” para “mantener e intensificar esa relación creada en la red y propuestas concretas de encuentros para culminar el cerco de seducción creado, que en ningún caso llegaron a consumarse”. La resolución recuerda asimismo que fue el acusado el que facilitó a las menores su perfil falso, el que buscó a estas con un “claro instinto sexual” como se desprende de las conversaciones que mantuvo con ellas, en las que se incluían referencias a su aspecto físico, a quién podría ser su “sugar baby” y similares, y les ofrecía llevarlas a dar una vuelta en moto o en coche.

“El acusado andaba a la búsqueda de una menor que cayera seducida por sus encantos y preparaba el terreno para aquello que luego pudiera suceder, pero que no se materializó en este caso”, recoge la sentencia, en la que el tribunal también estima acreditado que el acusado incurrió en un delito leve de acoso en relación con una de las menores porque junto al contenido de las conversaciones mantenidas a través de internet, también le pidió que le informara del domicilio en el que vivía, provocando en ella “un claro sentimiento de desasosiego y temor”.

Además, la Audiencia de Gipuzkoa condena al profesor por un delito de amenazas condicionales ya que también ha quedado probado que este remitió un correo electrónico a varios alumnos del centro, con un aviso expreso a las menores concernidas, de que debían borrar todas las capturas de sus móviles, que no difundieran nada, dado que en caso de que él denunciara, la policía iba a rastrear los móviles que él les dijera. El acusado acompañó el mensaje con un archivo adjunto con las posibles infracciones civiles y penales en las que podrían incurrir las menores en caso de seguir compartiendo esas capturas en un intento, dice el tribunal, por “infundir más temor” en ellas si no cumplían con la “condición de destrucción de las evidencias que les indicaba”. “El propósito de su correo era claro: infundirles el suficiente temor para que borraran esas conversaciones, para que no las difundieran, siendo plenamente consciente del carácter absolutamente impropio cuando no delictivo de las mismas”, precisa la Audiencia.

No obstante, el tribunal absuelve al acusado de tres delitos de solicitud de favores sexuales bajo precio y uno de exhibición sexual ante menores de los que también estaba acusado debido a que no consta que el acusado solicitara a ninguna de las menores realizar actos concretos de contenido sexual a cambio de prestación económica alguna o promesa de algún tipo. Tampoco consta, según el tribunal, que enviara a ninguna de estas tres menores, ni a ninguna otra que haya sido identificada en el procedimiento, ningún tipo de vídeo de contenido sexual en el que exhibiera sus partes íntimas. Se trata de una sentencia que no es firme y contra la que cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

El martes 14 de abril la plantilla Txinzer ha cumplido 100 días de huelga indefinida. Este miércoles, el comité de la empresa pública, dependiente de los ayuntamientos de Irún y Hondarribia, ha declarado ante los medios que alcanzar esta cifra evidencia el “no querer resolver el conflicto”. Asimismo, advierte de que la falta de “avances en la negociación” ya está generando consecuencias en los servicios públicos de ambos municipios.

Alaitz Egiazabal, presidenta del comité de empresa, afirma que el conflicto se origina en un “deterioro de las condiciones laborales” prolongado en el tiempo. En comparación con otros servicios públicos similares, señala que los trabajadores acumulan “veinte puntos de pérdida de poder adquisitivo”. Según explica, el salario de un subcontratado ronda los 33.000 euros anuales, el de un trabajador interno los 28.000, mientras que la nueva propuesta lo reduciría a 26.000 euros.

La brecha salarial, añade Egiazabal, se triplica entre directivos y operarios, lo que considera una muestra “de un modelo claramente clasista” en la empresa. A ello se suma la falta de reconocimiento de la labor de los operarios, sin tener en cuenta la “toxicidad, peligrosidad y penosidad” de muchos puestos.

Seis meses antes de convocar la huelga, el comité intentó negociar sin éxito con la empresa. Ante la falta de avances, recurrieron al sindicato ELA y, desde el 5 de enero, los trabajadores se encuentran en huelga, que desde el 6 de febrero es indefinida. ELA ha denunciado a la empresa ante la Inspección de Trabajo y ha interpuesto una demanda en el juzgado de lo social por esquirolaje, es decir, por sustituir a trabajadores en huelga. La Constitución Española recoge en su artículo 28.2 el derecho fundamental a la huelga, que prohíbe esta práctica. Egiazabal ha señalado que el día anterior conocieron la sustitución de un miembro del comité de huelga.

La presidenta describe “una estrategia clara” por parte de la empresa: “reuniones sin contenido, calendarios abiertos, sin propuestas y dilación constante”. Reclama “decisiones políticas” y sostiene que existe una solución “sobre la mesa que supone menos de un 1%” del presupuesto de Txinzer para 2026. Insiste en que la empresa busca “alargar para descargar” mientras “intenta trasladar una imagen de normalidad que no existe”.

Las consecuencias del conflicto ya son visibles en Hondarribia, donde la atención pública y el Garbigune permanecen cerrados. Tampoco se están limpiando los depósitos de agua ni la red de alcantarillado, ni se realizan mantenimientos preventivos. Además, más de 24.000 hogares han recibido un recibo de agua incorrecto debido a la implantación de un nuevo sistema, lo que ha generado perjuicios económicos. Egiazabal advierte de que, si la situación continúa, podrían producirse daños en las instalaciones, malos olores y la aparición de ratas y cucarachas.

Agentes de la Guardia Civil en Gipuzkoa detectaron este domingo una furgoneta con diez gallos de pelea sin documentación ni anillar. En el peaje de Irún, los cinco ocupantes del vehículo fueron interceptados en la carretera. Según fuentes policiales, todos ellos cuentan con antecedentes por apuestas ilegales y maltrato animal.

La furgoneta había partido desde Cantabria y se dirigía a Baiona, ya pasada la frontera de Francia. La Guardia Civil confirma a este medio que colabora con el Seprona (la unidad especializada en delitos ambientales) de Cantabria para conocer el estado de crianza de los animales y con la Gendarmería francesa de Baiona para esclarecer “las posibles actividades” previstas en destino. Una vez recopilada la información, valorarán “la pertinencia o no de cursar las oportunas denuncias administrativas”.

El cuerpo ha difundido el caso este martes a través de su cuenta en la red social X. En respuesta a un comentario publicado en su perfil, ha expresado su “rechazo ante prácticas tan crueles, incompatibles con cualquier mínimo respeto por los animales”. Cabe recordar que la Ley de Bienestar Animal, en vigor desde 2023, prohíbe las peleas entre animales, con excepciones en Andalucía y Canarias. Actualmente, los animales permanecen bajo la custodia de sus propietarios, siempre que se verifique su buen estado y se acredite su situación veterinaria. Aunque en España las peleas de gallos están prohibidas, la cría de estas aves sí está permitida.

Este 2026 se cumplen veinte años del inicio de la construcción del corredor ferroviario vasco de alta velocidad, la conocida como 'Y vasca' por ser la forma en que se conectan las capitales, Bilbao, Donostia y Vitoria. A comienzos de año continuaban en obras un tramo entre Álava y Gipuzkoa, otro en Bizkaia y, sobre todo, el denominado 'nudo de Bergara', el punto que une las tres patas de la 'Y'. Está avanzada la remodelación de la estación central de Donostia, pero los accesos a Vitoria y Bilbao no han arrancado. No está garantizada la conexión hacia Francia desde la frontera de Hendaya, aunque hay obras en el enlace hasta Irún. Falta por definir si se irá a Pamplona por Vitoria o por la pequeña localidad guipuzcoana de Ezkio/Itsaso, si bien se han invertido millones en construir en la segunda una estación que quizás nunca tenga trenes. El enlace a Madrid vía Burgos avanza, pero muy lento. En marzo, el ministro Óscar Puente habló de “tres o cuatro” años para acabar las obras, que no es lo mismo que la puesta en marcha del servicio. Antes, en otra visita, señaló que el Estado había puesto 5.000 millones en el proyecto y que tenía pendientes otros 4.000. Es el noveno en el cargo desde que arrancaron las obras.

En las últimas semanas, los Gobiernos central y vasco han cerrado un acuerdo para crear un órgano bilateral que refuerce la participación de las instituciones vascas en la toma de decisiones sobre los aeropuertos. Uno de los argumentos repetidos por la parte vasca es que es necesario ya primar la conectividad aérea al carecer de servicios de AVE o de las alternativas privadas que han ido surgiendo estos años, Ouigo o Iryo. Vitoria, por ejemplo, ha rescatado ya los vuelos a Madrid o Barcelona ante la escasa eficacia de los servicios de Renfe. Aunque el accidente de Adamuz ha abierto el debate sobre la eficacia de la red de alta velocidad, en menos de dos horas es posible plantarse de Madrid a València, por ejemplo. El servicio actual más eficiente de Bilbao a Donostia dura casi tres; y Vitoria y Bilbao no tienen ruta directa y hay que buscar un enlace en Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos.

En 1987, un joven Abel Caballero, el ahora alcalde de Vigo, era ministro de Transportes. Entonces se planificó el AVE Madrid-Sevilla. En Euskadi, el Gobierno vasco aprobó ese año el proyecto del metro de Bilbao y se esbozó un plan para crear una nueva red ferroviaria vasca de alta velocidad. El AVE a Sevilla lleva circulando desde la Expo de 1992 y el metro de Bilbao se inauguró en 1995.

La primera piedra de la 'Y vasca' es de 2006. Se colocó a las afueras de Vitoria, en Arrazua-Ubarrundia. Hace años que hay allí, sin uso, un gran viaducto sin continuidad hacia la ciudad. Es más, ahora ha habido que replanificar el acceso porque el plan inicial era que la estación estuviera en el norte, en Lakua. Finalmente, se mantendrá la estación central histórica, en el sur, para lo que hay que trazar una gran curva, el conocido como 'nudo de Arkaute', que tiene que salvar un espacio protegido, Salburua.

La obra es una infraestructura del Estado. Pero las obras se han repartido. La parte de Gipuzkoa la ha construido el Gobierno vasco mediante una figura llamada “encomienda de gestión”. Es la que más rápido ha ido. La pata de la 'Y vasca' desde Bergara hasta Donostia está hecha, salvo los remates pendientes de la estación. A 31 de diciembre de 2025 se habían destinado 2.029,76 millones. El presupuesto inicial fue de 1.902,7 y las adjudicaciones de 1.744,82. Los sobrecostes se han debido, además de a incrementos de las obras, a que el IVA ha experimentado subidas en dos décadas (solo eso ha supuesto más de 32 millones) o incluso a que la normativa ha dejado obsoletas obras ni siquiera estrenadas. Es el caso de las salidas de emergencia de los túneles, que han tenido que ser adaptadas. El proyecto no ha estado exento de sospechas de corrupción.

En el tramo que construye directamente Adif (el operador ferroviario estatal), a 31 de diciembre estaba sin finalizar un pequeño tramo desde Legutio, al norte de Álava, hasta el 'nudo de Bergara', otro desde Elorrio hasta esa conexión y, desde luego, ese punto central determinante para el funcionamiento de la infraestructura. En 2025 se aludía a adjudicaciones que rondaban los 383 millones para completar ese 'nudo'. Según Adif, “son 21 kilómetros de obra titánica en los que se entrelazan los ramales [...] formando un auténtico laberinto bajo tierra”.

Fuentes del Gobierno central destacan que las obras están ya en una nueva fase, la de instalar la denominada superestructura, es decir, vías, catenaria, sistemas de seguridad y el resto de elementos que van sobre las plataformas en túneles y viaductos. En octubre de 2025, Adif anunció una inversión de 86,5 millones para la catenaria de toda la 'Y vasca'. “La actuación supone instalar, tendido longitudinalmente sobre las vías, el cableado de alta tensión del que los trenes tomarán energía para circular en toda la línea”, se indicó. Y hace solamente unos días se ha cerrado otra adjudicación de 18 millones para una base en Martutene, en Donostia, desde donde gestionar la instalación de vías en el ramal guipuzcoano. Después tendrán que venir nuevos contratos para hacer lo propio en Álava y en Bizkaia.

En una tercera fase, se realizarían pruebas antes de la entrada en servicio. En otras líneas han durado años. La fecha ofrecida inicialmente, la de 2010, queda ya muy lejos. Igualmente olvidadas están las promesas de 2014, 2023, 2024, 2026 y, salvo milagro, la de 2027. En 2019 se llegaron a presentar las frecuencias y los precios de los billetes, de unos 8 euros entre capitales.

Salvo el comentario de Puente en Vitoria, los diferentes responsables institucionales son ya ahora mucho más prudentes en sus pronósticos. Desde 2006 se han inaugurado en España líneas de AVE a Córdoba, Tarragona, Lleida, Segovia, Málaga, Barcelona, Cuenca, Albacete, València, Ourense, Santiago de Compostela, A Coruña, Girona, Alicante, Vigo, Pontevedra, Palencia, León, Zamora, Castellón, Granada, Elche, Valladolid, Burgos o Asturias, entre otras.

Los accesos y conexiones

Accesos y conexiones son las grandes carpetas pendientes en la planificación. En Donostia las obras de la estación avanzan. Son también las más sencillas, ya que es una actualización de la antigua instalación. “Además, se está avanzando también en el despliegue del tercer carril en el tramo Astigarraga-Irún (19 km), para adaptarlo a circulaciones de ancho ibérico y ancho estándar hasta la frontera, mientras se lleva a cabo la transformación y ampliación de la estación de Irún, que ya ha culminado la primera fase de las obras, con la puesta en servicio de parte de las instalaciones”, agrega Adif. Las circulaciones de gran velocidad se realizan en vías de ancho internacional, frente al ancho ibérico de los trenes de Renfe y la vía estrecha de los servicios de Euskotren o de los de la antigua FEVE, actualmente también bajo la marca Renfe.

En Irún se produciría el enganche con la red del TGV francés. Los trenes de ese tipo llevan años llegando a Hendaya, pero no en alta velocidad, que se acaba en Burdeos dentro del viaje desde París. Los planes para seguir a Dax están congelados. El lehendakari, Imanol Pradales, lleva meses clamando a las autoridades francesas -carta incluida al presidente Emmanuel Macron- para que reactiven la continuidad de la 'Y vasca'. En principio, es una ruta prioritaria para la Unión Europea para garantizar la conexión Lisboa-Madrid-Vitoria-París. Encuestas recientes apuntan a apoyos cercanos al 90% entre los residentes en el sudoeste francés a esta conexión ferroviaria hasta Irún.

Desde Vitoria partiría la ruta hasta Madrid. Ahora, entre Burgos y la capital de España ya es en alta velocidad, pasando por Valladolid. Expone Adif que “están en marcha cuatro de los ocho tramos de la [línea de alta velocidad de] Burgos-Vitoria, que conectará el País Vasco al resto de la red de alta velocidad, mientras se ultima la redacción y licitación de los cuatro restantes”. En todo caso, son avances de fechas muy recientes.

El gran debate es cómo llegar a Pamplona y, desde allí, hasta Barcelona. ¿Por Vitoria o por Ezkio/Itsaso? El asunto divide no ya a los territorios, sino a los propios partidos en función del lugar en que se pronuncien sobre el asunto. Los hechos muestran que la idea original era hacer la unión navarra por Gipuzkoa. Por eso hay una estación ya construida en la minúscula Ezkio/Itsaso, una de las pocas zonas a cielo abierto. Después, se presentó una alternativa entre Vitoria y Pamplona, con mucho menos coste por no tener que tunelar la sierra de Aralar. Además, la solución guipuzcoana obligaría a maniobrar con los trenes para que puedan cambiar el sentido de la marcha en algunos trayectos. Se puede leer aquí más sobre ambas opciones. Por el momento, se trabaja en nuevos estudios sobre Aralar antes de anunciar una decisión definitiva, aunque varios documentos oficiales ya han explicitado que será por Vitoria. Tampoco hay plazos muy claros para hacerlo público.

En cuanto a los accesos de Vitoria y Bilbao, los primeros están más avanzados. El Gobierno vasco ha recibido la encomienda de gestión para hacer el 'nudo de Arkaute'. Se presentó en 2025, con una inversión próxima a los 180 millones de euros. 146,33 corresponden a la infraestructura, la parte que adelantará ETS (el equivalente autonómico a Adif), y 34,67 a la superestructura. Son 10,7 kilómetros.

Sea como fuere, en ambas ciudades se ha ofrecido una solución provisional para la llegada de los primeros servicios con el ánimo de acelerar la inauguración. En el verano de 2025, se indicó que la entrada soterrada en Vitoria quedaría para un momento posterior y que se reconvertirá la actual estación con un nuevo vestíbulo inferior bajo los andenes en superficie, que serán adaptados. Unos años antes, a falta incluso de saber qué opinan instituciones como la Diputación de las obras de llegada de los trenes al centro de Bilbao, ya se dijo que los primeros convoyes se quedarán en Basauri y que será necesario completar la ruta en Cercanías. En la primavera de 2025 se aludía a una cifra cercana a los 800 millones para acometer la gran transformación urbanística que precisaría Bilbao, donde se liberarían 130.000 metros cuadrados para viviendas y equipamientos.

Además de la lentitud de las obras, dos décadas han dado para otros muchos problemas. En una primera fase, ETA -inactiva desde 2011 y desaparecida en 2018- se opuso al proyecto con atentados. El punto más crítico de la ofensiva terrorista fue el asesinato del empresario Inaxio Uria en diciembre de 2008. Altuna y Uria es una de las contratistas de la 'Y vasca'.

Murciélagos, ranitas y aguas

Las obras, asimismo, han generado afecciones ambientales. Hace menos de un mes, trascendió que la Agencia Vasca del Agua (URA) ha incoado cuatro expedientes a una constructora de un ramal del 'nudo de Bergara'. Se han secado manantiales. “El entorno del nudo de Bergara ha requerido medidas de protección ambiental y de conservación del medio natural, que generan paradas biológicas por presencia de murciélagos, milano real, alimoche y visón europeo. También ha sido preciso tomar medidas especiales para la conservación de los cauces fluviales”, expone Adif. Los accesos a Vitoria tendrán que cuidar también de la ranita ágil de Salburua.

Andrés Illana, de Ekologistak Martxan, asegura que aunque sea “el proceso de nunca acabar”, la “espada de Damocles” del nuevo corredor ferroviario sigue ahí y con un efecto “demoledor” en el plano ambiental. Cita el ejemplo de Rivabellosa, al sur de Álava, donde se unirá la línea nueva con Miranda de Ebro camino de Burgos y que se suma al nudo ferroviario convencional y al de carreteras y a grandes parques solares. O la posibilidad de que entre Vitoria y Pamplona haya “una línea paralela a la que ya existe”. “Eso es bestial para el territorio”, sostiene. “Toda la 'Y vasca', en general, tiene un impacto terrible, por muchos viaductos que hagan [para no ir en superficie]. Siempre lo hemos cuestionado y apostado por mejorar el ferrocarril convencional, que tiene muchas carencias”, argumenta.

La orografía vasca, en efecto, ha obligado a diseñar un trayecto en el que priman túneles y viaductos. Es esencial controlar la pendiente para que puedan alcanzarse velocidades comerciales altas. “En total, 180 kilómetros de vía, más de la mitad bajo tierra con 80 túneles y el resto elevado en 71 viaductos que cruzan valles y ríos. Solo entre Vitoria y Bilbao hay 44 viaductos y 23 túneles, el más largo de casi 5.000 metros. El viaducto más extenso de toda la línea mide 1.755 metros, como 17 estadios de San Mamés en fila. Se apoya en 26 pilas, una de ellas con forma de ”V“ invertida, y la más alta roza los 85 metros, lo que equivale a un edificio de 23 plantas, como las dos torres más altas de Bilbao”, publicitada un pódcast de Adif hace unos meses.

Otro mensaje: “El tráfico de mercancías se verá enormemente potenciado, en eficiencia, sostenibilidad y tecnología, por la primera plataforma multimodal de España, situada en Jundiz, Álava, conectada en ancho estándar con el corredor atlántico europeo, fortaleciendo así la infraestructura logística de nuestro país”. El pódcast se cerraba así: “El futuro ya se vislumbra. La 'Y vasca' marcará un antes y un después en la movilidad del país”.

La Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca, un órgano ahora con el exvocal del CGPJ Enrique Lucas al frente, ha abierto una investigación por el fallecimiento de un varón de 33 años en aguas del río Bidasoa en febrero y cuyo cadáver fue hallado días después en la costa, pero ya en aguas de jurisdicción francesa. Se trata de un hombre, vecino de Irún, que había cometido un pequeño robo y que huía de la Ertzaintza. Se arrojó al agua y se le perdió el rastro durante ocho días.

En concreto, a instancias del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, la comisión fue informada de que el 15 de febrero, a las 1.35 horas, un varón que huía de la Policía “tras cometer presuntamente un robo con fuerza” consistente en forzar una máquina de monedas del lavacoches de una gasolinera de Behobia “se arrojó al río Bidasoa, hundiéndose en las aguas tras mantenerse a flote unos minutos”.

El punto exacto fue en la calle de Juan Thalamas Labandibar de Irún. Se activó un dispositivo de rescate urgente pero no dio sus frutos hasta más de una semana después. El 23 de febrero, un operativo conjunto de la Guardia Civil española y de la Gendarmería francesa localizó un cadáver después de varios días de trabajo y se confirmó que era el del fugado. Estaba en aguas de Hendaya, frente a la playa. El operativo requirió de embarcaciones y de un helicóptero.

La comisión actúa en todos los casos en que hay un herido o un fallecido en el marco de una intervención policial. Eso sí, solamente se ceñirá a revisar la actuación de la Ertzaintza en el primer momento, el del descubrimiento del pequeño robo y las circunstancias de la fuga y del salto al Bidasoa. En una reunión celebrada el propio 23 de febrero, este órgano requirió al Departamento de Seguridad que concrete las actuaciones en marcha para esclarecer este caso, incluidos posibles expedientes de Asuntos Internos, las posibles comunicaciones en la noche de los hcechos, las grabaciones de videoviligancia y las denominadas 'bodycam', los sistemas de grabación que portan los agentes en sus uniformes.

El Tribunal de Instancia de Irún ha suspendido 'sine die' la vista en la que se iba a sustanciar la admisión de culpabilidad de un agente de la Ertzaintza que propinó un golpe en la cara a un varón en la calle ante la pasividad de otros cinco ertzainas y de cuatro agentes municipales. Según planteó la Fiscalía, el policía iba a asumir un delito de atentado contra la integridad moral en su modalidad menos grave para evitar la entrada efectiva en prisión, pero con pena de inhabilitación.

Según fuentes judiciales, la comparecencia prevista para la pasada semana tuvo que suspenderse por cuestiones relacionadas con la salud de la víctima, que tenía 30 años en 2023 cuando se produjeron los hechos. Se fijará una nueva fecha cuando supere sus circunstancias, sin que haya ahora ningún calendario prefijado. Actualmente, el funcionario está realizando sus tareas habituales de patrullaje en la calle tras un primer período de suspensión al trascender los hechos en 2024 y otra estancia haciendo labores de otro tipo.

Este caso tiene su origen el 22 de julio de 2023. En Irún, entre las 3.08 y las 3.17 horas -exactamente en el minuto 1 y 9 segundos de un vídeo de 3 minutos y 19 segundos-, el agente de la Ertzaintza con número profesional 25145 “elevó el brazo izquierdo, increpó a una persona civil [que estaba tendida en el suelo] y le propinó una bofetada en la cara con la mano izquierda abierta”. “Cállate ya, coño. Se acabó la tontería. ¡Se acabo la tontería! ¡Venga! ¡Venga!”, espetó el uniformado. A.A.C., la víctima, “por efecto del golpe cayó al suelo de espaldas”, mostrando “gestos de dolor”.

Sin que los otros nueve policías hicieran nada, un segundo hombre que estaba en la zona ayudó a la víctima unos minutos después y a las 3.36 horas se dio parte al 112: “No se puede mover”. La Ertzaintza envió a dos patrullas. Eran cuatro de los agentes que habían estado con él minutos antes, incluido el funcionario 25145. Los uniformados mintieron por radio al asegurar que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol, que se había propasado con ellos y que las lesiones las había sufrido golpeándose con una pared. Dijeron que no era necesaria una ambulancia.

La comisión de control y transparencia de la Policía vasca emitió un dictamen denunciando la actuación policial y, en paralelo, el Tribunal de Instancia de Irún tiene abierta una causa penal. Las fuentes judiciales recalcan que el ertzaina ya ha admitido los hechos para buscar una pena en la modalidad “no grave” del delito imputado. La condena de prisión no superará los dos años y, por lo tanto, evitará la entrada efectiva en la cárcel, aunque se expone a una inhabilitación de entre dos y cuatro años.

En una respuesta a preguntas de EH Bildu en el Parlamento Vasco, el consejero Bingen Zupiria indicó a comienzos de marzo que “en relación con estos hechos la jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza instruyó atestado” contra el agente de la agresión y “paralelamente se incoaron seis expedientes disciplinarios, uno de ellos al presunto agresor, y los otros cinco, a los ertzainas que se encontraban presentes en el lugar en el momento de los hechos”. Pero “todos los expedientes se encuentran a la espera de que recaiga resolución judicial firme”. Es más, el principal protagonista de estos hechos grabados en vídeo desde una casa presentó un recursos y logró levantar la suspensión temporal de empleo y sueldo, aunque recibiendo una “ayuda familiar”.

El juicio contra el profesor de Irún acusado de delitos de solicitud de favores sexuales, exhibicionismo y amenazas a tres menores ha continuado este miércoles en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y ha quedado ya visto para sentencia. Durante la sesión han testificado dos profesoras como testigos del docente, las dos víctimas restantes y, finalmente, el acusado. La Fiscalía ha seguido proponiendo 22 años de cárcel para el acusado.

Una de las profesoras conoce al acusado desde 2004. Lo que empezó siendo un trato entre colegas acabó en una amistad. Años más tarde, volvieron a coincidir en el instituto de Irún donde se sitúan los presuntos hechos. La otra docente lo conoció en el centro en 2023, al inicio del curso académico. Ambas han defendido que eran las víctimas quienes se acercaban constantemente al profesor durante los recreos. Han calificado a una de las chicas como “conflictiva” y han señalado que su dinámica con el docente llegaba a ser “molesta”, al no dejarles conversar con él. La amiga del acusado ha recordado que una de las víctimas se había cambiado de asignatura optativa para asistir a la que impartía el profesor.

Según su testimonio, entre las víctimas existía una competencia por ser la favorita del docente. El acusado ha explicado que siempre se ha encontrado con chicas que quieren ser “la elegida” frente a las demás. Ha afirmado que frenar la interacción con chicas “más lanzaditas y que no se cortan mucho” ha sido su “ruina”. También ha asegurado haber vivido más de ocho años de acoso laboral derivado de estas situaciones en distintos institutos, aunque es la primera vez que llega a juicio.

Por otra parte, el docente ha admitido haberse creado una cuenta pública y falsa en Instagram. Ha explicado que compartió su usuario con una de las víctimas porque ella se lo había pedido. A partir de entonces, su cuenta aumentó de seguidores con “cuentas falsas” que le pedían contenido sexual. Tras estas declaraciones, y debido a filtraciones de nombres de las víctimas por parte del acusado y su abogado, el público tuvo que abandonar la sala y la declaración continuó a puerta cerrada.

El abogado del acusado, Daniel Loza, ha defendido que la relación entre su cliente y las víctimas era de amistad, una en la que el profesor “se ha equivocado”. Ha insistido en que “no tenía mala intención” y que no ha sido correcto “tener un carácter infantil”, pero que equivocarse no es delito. Loza ha recordado que el docente ha sido bien valorado por los alumnos, incluida una de las víctimas. Ha solicitado la absolución del acusado o, en su defecto, una reducción de la pena.

En defensa de las víctimas, el fiscal, Jorge Bermúdez, ha mostrado a ambas profesoras una captura de pantalla. En ella constaba un mensaje del acusado para una de las víctimas: “¿Me ayudas a buscar una 'sugar baby'?”. La amiga del docente ha reconocido que, de haber visto ese mensaje en su momento, lo hubiese llevado a dirección. Por otro lado, la otra profesora ha considerado que, aunque no es una interacción común entre profesor y alumno, “no es una falta de respeto” y que podría faltar contexto.

La Fiscalía ha seguido proponiendo 22 años de cárcel para el acusado. Su representante ha concluido que las conversaciones mantenidas entre el profesor y sus alumnas son “inapropiadas”. Además, ha recordado al magistrado que el informe forense recoge la página sugardaddy.eu dentro del historial de búsqueda del profesor en noviembre de 2023. También ha señalado que el acusado cambió a un teléfono móvil con un sistema operativo distinto al anterior, lo que imposibilitó acceder a la información del dispositivo previo. Ello lo ha considerado importante debido a que se trata de un profesor licenciado en Tecnologías.

El viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Páez, ha confirmado que en 2026 Gipuzkoa va a vivir “una importante revolución ferroviaria” con la finalización de la pasante soterrada de Donostia, y la variante entre Altza, en la capital, y Galtzaraborda, en Errenteria, y su posterior puesta en servicio. Así, el nuevo Topo de Donostialdea se estrenará este año con una “nueva generación de sistemas de seguridad, con más innovación y digitalización”.

En la feria Mubil Mobility Expo, que se ha inaugurado este miércoles en Ficoba con la presencia del lehendakari, Imanol Pradales, de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y de otras autoridades, el viceconsejero ha destacado las obras permiten un “cambio clave”, la eliminación del conocido como fondo de saco -el punto donde los trenes rebotan y que obliga a transbordar- tanto en la actual estación de Amara como en Altza. Esta supresión genera una línea ferroviaria continua. “Nos va a permitir mejorar las frecuencias para que pasen trenes cada siete minutos y medio. Ésa es la revolución, la de una ciudadanía que no va a tener que mirar al reloj para coger el tren, simplemente va a tener que acercarse a la estación y esperar unos pocos minutos al siguiente”, ha resaltado Páez, informa Europa Press.

El responsable de infraestructuras ha recordado que, para hacerlo posible, ha sido necesario modificar el sentido de la marcha de conducción entre Hendaya y Pasaia a partir del mes de febrero, un proceso que se completará hasta Amara en otoño, para que toda la red de Euskotren circule desde el mismo lado, el izquierdo. “Con el arranque de la pasante soterrada en Donostia pondremos en marcha un nuevo sistema de seguridad, el ERTMS, que sustituirá al anterior y que supone una nueva generación de sistemas de seguridad, con más innovación y más digitalización”, ha explicado asimismo Páez en Irún.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha iniciado este martes el juicio contra un docente de Irún por la presunta comisión de delitos de solicitud de favores sexuales, exhibicionismo y amenazas a tres menores de entre 13 y 15 años, exalumnas suyas. El acusado se enfrenta ante una posible pena que ascienden los 22 años en prisión. En la primera sesión de la vista, se han presentado los testigos y una de las víctimas; este miércoles estarán las víctimas restantes y se cerrará el juicio con la declaración del acusado.

Según lo expuesto en esta primera vista, el acusado se creó una cuenta falsa en Instagram y se puso en contacto con alumnas específicas para hablar con ellas. Una de las profesoras testigo indicaba que, al principio, las víctimas desconocían quién estaba detrás de la cuenta, hasta que el acusado se lo confesó.

Un agente de la Ertzaintza ha testificado que las conversaciones mostraban contenidos de índole sexual. Ha destacado propuestas de parte del acusado para que fuese su 'sugar daddy', preguntas sobre la película '50 sombras de Grey', comentarios sobre el físico de las víctimas y amenazas ante la idea de contarle a otra persona sobre su dinámica. Otra docente que ha comparecido afirmaba que una de las chicas le había compartido su dirección y que temía de su presencia en ella. 

Los presuntos hechos fueron denunciados en diciembre de 2023, días antes de las vacaciones de Navidad. Dos profesoras del instituto de Irún fueron alertadas por alumnos cercanos a las víctimas y por dos de ellas. Acto siguiente, le comunicaron a la directora los hechos y, después de haber escuchado audios y leído las capturas, contactó con la Inspección de Educación. Esta última fue quien se comunicó con la Fiscalía.

Entendiendo que habían vacaciones, la Ertzaintza no actuó ante el acusado sino semanas después, el 8 de enero de 2024. El agente describía haber obtenido el móvil del acusado, mas no portaba ninguna conversación ya vista desde los móviles de las víctimas. Confirmó con expertos forenses que se trataba de un nuevo móvil y de otro sistema operativo.

El profesor no ha declarado aún en la vista, pero sí ha hablado a los medios de comunicación. En una declaración previa a la vista y fuera de la Audiencia, se ha escudado en que ha sufrido “quince años de acoso laboral”. Insistía en que él es quien ha recibido mensajes de sus alumnas de índole sexual y que necesitó “pedir ayuda” ante la situación. En los procesos penales, los acusados tienen derecho a mentir y a no incriminarse.

Sin embargo, una exalumna del acusado y no en Irún sino en Oiartzun, Claudia Pérez Artola, ha asegurado igualmente a los periodistas que él proyectaba porno en sus clases. Las chicas tenían entre 11 y 12 años cuando el profesor les preguntaba sobre su talla de sujetador y les comentaba cuestiones como “de mayor vas a ser un bollito”. Pérez Artola mostraba duda ante la declaración del acusado: “Por mucho que una niña de 11 años vaya detrás de ti hay una clara posición de poder y es él quien se tendría que apartar”.

El fiscal Jorge Bermúdez ha compartido, también fuera de la vista, que el ministerio público considera que “hay un límite entre lo que es un profesor cercano y que no es rígido, y un comportamiento que trata de llevar a las menores a un entorno claramente sexualizado”. Aunque el interés de la Fiscalía no sea “meter a una persona en la cárcel porque sí”, el portavoz ha defendido que el “ordenamiento jurídico está para ser respetado, para proteger a los menores, para proteger a las víctimas”.

El docente era responsable de 'Diversificación curricular' en el segundo ciclo de la ESO (alumnado de 15 y 16 años) en el instituto de Irún. Estas clases son para que alumnos con dificultades de aprendizaje alcancen la titulación bajo métodos adaptados y de mayor acompañamiento. El inspector de educación, Koldo Bañares, ha catalogado a estos menores como “vulnerables”, ante una pregunta de Bermúdez.

Previo a este empleo, el acusado fue sancionado por “conducta inadecuada” en un centro de Errenteria, en el curso académico 2017/2018. Bañares señalaba que aquello le abrió un “expediente disciplinario”. Por otra parte, el agente de la Ertzaintza informaba sobre conocer previamente al docente por un suicidio de una chica en Donostia, en 2018. Al parecer, el acusado le había compartido un vídeo en el que él realizaba actos de autoestimulación.