El martes 14 de abril la plantilla Txinzer ha cumplido 100 días de huelga indefinida. Este miércoles, el comité de la empresa pública, dependiente de los ayuntamientos de Irún y Hondarribia, ha declarado ante los medios que alcanzar esta cifra evidencia el “no querer resolver el conflicto”. Asimismo, advierte de que la falta de “avances en la negociación” ya está generando consecuencias en los servicios públicos de ambos municipios.

Alaitz Egiazabal, presidenta del comité de empresa, afirma que el conflicto se origina en un “deterioro de las condiciones laborales” prolongado en el tiempo. En comparación con otros servicios públicos similares, señala que los trabajadores acumulan “veinte puntos de pérdida de poder adquisitivo”. Según explica, el salario de un subcontratado ronda los 33.000 euros anuales, el de un trabajador interno los 28.000, mientras que la nueva propuesta lo reduciría a 26.000 euros.

La brecha salarial, añade Egiazabal, se triplica entre directivos y operarios, lo que considera una muestra “de un modelo claramente clasista” en la empresa. A ello se suma la falta de reconocimiento de la labor de los operarios, sin tener en cuenta la “toxicidad, peligrosidad y penosidad” de muchos puestos.

Seis meses antes de convocar la huelga, el comité intentó negociar sin éxito con la empresa. Ante la falta de avances, recurrieron al sindicato ELA y, desde el 5 de enero, los trabajadores se encuentran en huelga, que desde el 6 de febrero es indefinida. ELA ha denunciado a la empresa ante la Inspección de Trabajo y ha interpuesto una demanda en el juzgado de lo social por esquirolaje, es decir, por sustituir a trabajadores en huelga. La Constitución Española recoge en su artículo 28.2 el derecho fundamental a la huelga, que prohíbe esta práctica. Egiazabal ha señalado que el día anterior conocieron la sustitución de un miembro del comité de huelga.

La presidenta describe “una estrategia clara” por parte de la empresa: “reuniones sin contenido, calendarios abiertos, sin propuestas y dilación constante”. Reclama “decisiones políticas” y sostiene que existe una solución “sobre la mesa que supone menos de un 1%” del presupuesto de Txinzer para 2026. Insiste en que la empresa busca “alargar para descargar” mientras “intenta trasladar una imagen de normalidad que no existe”.

Las consecuencias del conflicto ya son visibles en Hondarribia, donde la atención pública y el Garbigune permanecen cerrados. Tampoco se están limpiando los depósitos de agua ni la red de alcantarillado, ni se realizan mantenimientos preventivos. Además, más de 24.000 hogares han recibido un recibo de agua incorrecto debido a la implantación de un nuevo sistema, lo que ha generado perjuicios económicos. Egiazabal advierte de que, si la situación continúa, podrían producirse daños en las instalaciones, malos olores y la aparición de ratas y cucarachas.

Agentes de la Guardia Civil en Gipuzkoa detectaron este domingo una furgoneta con diez gallos de pelea sin documentación ni anillar. En el peaje de Irún, los cinco ocupantes del vehículo fueron interceptados en la carretera. Según fuentes policiales, todos ellos cuentan con antecedentes por apuestas ilegales y maltrato animal.

La furgoneta había partido desde Cantabria y se dirigía a Baiona, ya pasada la frontera de Francia. La Guardia Civil confirma a este medio que colabora con el Seprona (la unidad especializada en delitos ambientales) de Cantabria para conocer el estado de crianza de los animales y con la Gendarmería francesa de Baiona para esclarecer “las posibles actividades” previstas en destino. Una vez recopilada la información, valorarán “la pertinencia o no de cursar las oportunas denuncias administrativas”.

El cuerpo ha difundido el caso este martes a través de su cuenta en la red social X. En respuesta a un comentario publicado en su perfil, ha expresado su “rechazo ante prácticas tan crueles, incompatibles con cualquier mínimo respeto por los animales”. Cabe recordar que la Ley de Bienestar Animal, en vigor desde 2023, prohíbe las peleas entre animales, con excepciones en Andalucía y Canarias. Actualmente, los animales permanecen bajo la custodia de sus propietarios, siempre que se verifique su buen estado y se acredite su situación veterinaria. Aunque en España las peleas de gallos están prohibidas, la cría de estas aves sí está permitida.

Este 2026 se cumplen veinte años del inicio de la construcción del corredor ferroviario vasco de alta velocidad, la conocida como 'Y vasca' por ser la forma en que se conectan las capitales, Bilbao, Donostia y Vitoria. A comienzos de año continuaban en obras un tramo entre Álava y Gipuzkoa, otro en Bizkaia y, sobre todo, el denominado 'nudo de Bergara', el punto que une las tres patas de la 'Y'. Está avanzada la remodelación de la estación central de Donostia, pero los accesos a Vitoria y Bilbao no han arrancado. No está garantizada la conexión hacia Francia desde la frontera de Hendaya, aunque hay obras en el enlace hasta Irún. Falta por definir si se irá a Pamplona por Vitoria o por la pequeña localidad guipuzcoana de Ezkio/Itsaso, si bien se han invertido millones en construir en la segunda una estación que quizás nunca tenga trenes. El enlace a Madrid vía Burgos avanza, pero muy lento. En marzo, el ministro Óscar Puente habló de “tres o cuatro” años para acabar las obras, que no es lo mismo que la puesta en marcha del servicio. Antes, en otra visita, señaló que el Estado había puesto 5.000 millones en el proyecto y que tenía pendientes otros 4.000. Es el noveno en el cargo desde que arrancaron las obras.

En las últimas semanas, los Gobiernos central y vasco han cerrado un acuerdo para crear un órgano bilateral que refuerce la participación de las instituciones vascas en la toma de decisiones sobre los aeropuertos. Uno de los argumentos repetidos por la parte vasca es que es necesario ya primar la conectividad aérea al carecer de servicios de AVE o de las alternativas privadas que han ido surgiendo estos años, Ouigo o Iryo. Vitoria, por ejemplo, ha rescatado ya los vuelos a Madrid o Barcelona ante la escasa eficacia de los servicios de Renfe. Aunque el accidente de Adamuz ha abierto el debate sobre la eficacia de la red de alta velocidad, en menos de dos horas es posible plantarse de Madrid a València, por ejemplo. El servicio actual más eficiente de Bilbao a Donostia dura casi tres; y Vitoria y Bilbao no tienen ruta directa y hay que buscar un enlace en Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos.

En 1987, un joven Abel Caballero, el ahora alcalde de Vigo, era ministro de Transportes. Entonces se planificó el AVE Madrid-Sevilla. En Euskadi, el Gobierno vasco aprobó ese año el proyecto del metro de Bilbao y se esbozó un plan para crear una nueva red ferroviaria vasca de alta velocidad. El AVE a Sevilla lleva circulando desde la Expo de 1992 y el metro de Bilbao se inauguró en 1995.

La primera piedra de la 'Y vasca' es de 2006. Se colocó a las afueras de Vitoria, en Arrazua-Ubarrundia. Hace años que hay allí, sin uso, un gran viaducto sin continuidad hacia la ciudad. Es más, ahora ha habido que replanificar el acceso porque el plan inicial era que la estación estuviera en el norte, en Lakua. Finalmente, se mantendrá la estación central histórica, en el sur, para lo que hay que trazar una gran curva, el conocido como 'nudo de Arkaute', que tiene que salvar un espacio protegido, Salburua.

La obra es una infraestructura del Estado. Pero las obras se han repartido. La parte de Gipuzkoa la ha construido el Gobierno vasco mediante una figura llamada “encomienda de gestión”. Es la que más rápido ha ido. La pata de la 'Y vasca' desde Bergara hasta Donostia está hecha, salvo los remates pendientes de la estación. A 31 de diciembre de 2025 se habían destinado 2.029,76 millones. El presupuesto inicial fue de 1.902,7 y las adjudicaciones de 1.744,82. Los sobrecostes se han debido, además de a incrementos de las obras, a que el IVA ha experimentado subidas en dos décadas (solo eso ha supuesto más de 32 millones) o incluso a que la normativa ha dejado obsoletas obras ni siquiera estrenadas. Es el caso de las salidas de emergencia de los túneles, que han tenido que ser adaptadas. El proyecto no ha estado exento de sospechas de corrupción.

En el tramo que construye directamente Adif (el operador ferroviario estatal), a 31 de diciembre estaba sin finalizar un pequeño tramo desde Legutio, al norte de Álava, hasta el 'nudo de Bergara', otro desde Elorrio hasta esa conexión y, desde luego, ese punto central determinante para el funcionamiento de la infraestructura. En 2025 se aludía a adjudicaciones que rondaban los 383 millones para completar ese 'nudo'. Según Adif, “son 21 kilómetros de obra titánica en los que se entrelazan los ramales [...] formando un auténtico laberinto bajo tierra”.

Fuentes del Gobierno central destacan que las obras están ya en una nueva fase, la de instalar la denominada superestructura, es decir, vías, catenaria, sistemas de seguridad y el resto de elementos que van sobre las plataformas en túneles y viaductos. En octubre de 2025, Adif anunció una inversión de 86,5 millones para la catenaria de toda la 'Y vasca'. “La actuación supone instalar, tendido longitudinalmente sobre las vías, el cableado de alta tensión del que los trenes tomarán energía para circular en toda la línea”, se indicó. Y hace solamente unos días se ha cerrado otra adjudicación de 18 millones para una base en Martutene, en Donostia, desde donde gestionar la instalación de vías en el ramal guipuzcoano. Después tendrán que venir nuevos contratos para hacer lo propio en Álava y en Bizkaia.

En una tercera fase, se realizarían pruebas antes de la entrada en servicio. En otras líneas han durado años. La fecha ofrecida inicialmente, la de 2010, queda ya muy lejos. Igualmente olvidadas están las promesas de 2014, 2023, 2024, 2026 y, salvo milagro, la de 2027. En 2019 se llegaron a presentar las frecuencias y los precios de los billetes, de unos 8 euros entre capitales.

Salvo el comentario de Puente en Vitoria, los diferentes responsables institucionales son ya ahora mucho más prudentes en sus pronósticos. Desde 2006 se han inaugurado en España líneas de AVE a Córdoba, Tarragona, Lleida, Segovia, Málaga, Barcelona, Cuenca, Albacete, València, Ourense, Santiago de Compostela, A Coruña, Girona, Alicante, Vigo, Pontevedra, Palencia, León, Zamora, Castellón, Granada, Elche, Valladolid, Burgos o Asturias, entre otras.

Los accesos y conexiones

Accesos y conexiones son las grandes carpetas pendientes en la planificación. En Donostia las obras de la estación avanzan. Son también las más sencillas, ya que es una actualización de la antigua instalación. “Además, se está avanzando también en el despliegue del tercer carril en el tramo Astigarraga-Irún (19 km), para adaptarlo a circulaciones de ancho ibérico y ancho estándar hasta la frontera, mientras se lleva a cabo la transformación y ampliación de la estación de Irún, que ya ha culminado la primera fase de las obras, con la puesta en servicio de parte de las instalaciones”, agrega Adif. Las circulaciones de gran velocidad se realizan en vías de ancho internacional, frente al ancho ibérico de los trenes de Renfe y la vía estrecha de los servicios de Euskotren o de los de la antigua FEVE, actualmente también bajo la marca Renfe.

En Irún se produciría el enganche con la red del TGV francés. Los trenes de ese tipo llevan años llegando a Hendaya, pero no en alta velocidad, que se acaba en Burdeos dentro del viaje desde París. Los planes para seguir a Dax están congelados. El lehendakari, Imanol Pradales, lleva meses clamando a las autoridades francesas -carta incluida al presidente Emmanuel Macron- para que reactiven la continuidad de la 'Y vasca'. En principio, es una ruta prioritaria para la Unión Europea para garantizar la conexión Lisboa-Madrid-Vitoria-París. Encuestas recientes apuntan a apoyos cercanos al 90% entre los residentes en el sudoeste francés a esta conexión ferroviaria hasta Irún.

Desde Vitoria partiría la ruta hasta Madrid. Ahora, entre Burgos y la capital de España ya es en alta velocidad, pasando por Valladolid. Expone Adif que “están en marcha cuatro de los ocho tramos de la [línea de alta velocidad de] Burgos-Vitoria, que conectará el País Vasco al resto de la red de alta velocidad, mientras se ultima la redacción y licitación de los cuatro restantes”. En todo caso, son avances de fechas muy recientes.

El gran debate es cómo llegar a Pamplona y, desde allí, hasta Barcelona. ¿Por Vitoria o por Ezkio/Itsaso? El asunto divide no ya a los territorios, sino a los propios partidos en función del lugar en que se pronuncien sobre el asunto. Los hechos muestran que la idea original era hacer la unión navarra por Gipuzkoa. Por eso hay una estación ya construida en la minúscula Ezkio/Itsaso, una de las pocas zonas a cielo abierto. Después, se presentó una alternativa entre Vitoria y Pamplona, con mucho menos coste por no tener que tunelar la sierra de Aralar. Además, la solución guipuzcoana obligaría a maniobrar con los trenes para que puedan cambiar el sentido de la marcha en algunos trayectos. Se puede leer aquí más sobre ambas opciones. Por el momento, se trabaja en nuevos estudios sobre Aralar antes de anunciar una decisión definitiva, aunque varios documentos oficiales ya han explicitado que será por Vitoria. Tampoco hay plazos muy claros para hacerlo público.

En cuanto a los accesos de Vitoria y Bilbao, los primeros están más avanzados. El Gobierno vasco ha recibido la encomienda de gestión para hacer el 'nudo de Arkaute'. Se presentó en 2025, con una inversión próxima a los 180 millones de euros. 146,33 corresponden a la infraestructura, la parte que adelantará ETS (el equivalente autonómico a Adif), y 34,67 a la superestructura. Son 10,7 kilómetros.

Sea como fuere, en ambas ciudades se ha ofrecido una solución provisional para la llegada de los primeros servicios con el ánimo de acelerar la inauguración. En el verano de 2025, se indicó que la entrada soterrada en Vitoria quedaría para un momento posterior y que se reconvertirá la actual estación con un nuevo vestíbulo inferior bajo los andenes en superficie, que serán adaptados. Unos años antes, a falta incluso de saber qué opinan instituciones como la Diputación de las obras de llegada de los trenes al centro de Bilbao, ya se dijo que los primeros convoyes se quedarán en Basauri y que será necesario completar la ruta en Cercanías. En la primavera de 2025 se aludía a una cifra cercana a los 800 millones para acometer la gran transformación urbanística que precisaría Bilbao, donde se liberarían 130.000 metros cuadrados para viviendas y equipamientos.

Además de la lentitud de las obras, dos décadas han dado para otros muchos problemas. En una primera fase, ETA -inactiva desde 2011 y desaparecida en 2018- se opuso al proyecto con atentados. El punto más crítico de la ofensiva terrorista fue el asesinato del empresario Inaxio Uria en diciembre de 2008. Altuna y Uria es una de las contratistas de la 'Y vasca'.

Murciélagos, ranitas y aguas

Las obras, asimismo, han generado afecciones ambientales. Hace menos de un mes, trascendió que la Agencia Vasca del Agua (URA) ha incoado cuatro expedientes a una constructora de un ramal del 'nudo de Bergara'. Se han secado manantiales. “El entorno del nudo de Bergara ha requerido medidas de protección ambiental y de conservación del medio natural, que generan paradas biológicas por presencia de murciélagos, milano real, alimoche y visón europeo. También ha sido preciso tomar medidas especiales para la conservación de los cauces fluviales”, expone Adif. Los accesos a Vitoria tendrán que cuidar también de la ranita ágil de Salburua.

Andrés Illana, de Ekologistak Martxan, asegura que aunque sea “el proceso de nunca acabar”, la “espada de Damocles” del nuevo corredor ferroviario sigue ahí y con un efecto “demoledor” en el plano ambiental. Cita el ejemplo de Rivabellosa, al sur de Álava, donde se unirá la línea nueva con Miranda de Ebro camino de Burgos y que se suma al nudo ferroviario convencional y al de carreteras y a grandes parques solares. O la posibilidad de que entre Vitoria y Pamplona haya “una línea paralela a la que ya existe”. “Eso es bestial para el territorio”, sostiene. “Toda la 'Y vasca', en general, tiene un impacto terrible, por muchos viaductos que hagan [para no ir en superficie]. Siempre lo hemos cuestionado y apostado por mejorar el ferrocarril convencional, que tiene muchas carencias”, argumenta.

La orografía vasca, en efecto, ha obligado a diseñar un trayecto en el que priman túneles y viaductos. Es esencial controlar la pendiente para que puedan alcanzarse velocidades comerciales altas. “En total, 180 kilómetros de vía, más de la mitad bajo tierra con 80 túneles y el resto elevado en 71 viaductos que cruzan valles y ríos. Solo entre Vitoria y Bilbao hay 44 viaductos y 23 túneles, el más largo de casi 5.000 metros. El viaducto más extenso de toda la línea mide 1.755 metros, como 17 estadios de San Mamés en fila. Se apoya en 26 pilas, una de ellas con forma de ”V“ invertida, y la más alta roza los 85 metros, lo que equivale a un edificio de 23 plantas, como las dos torres más altas de Bilbao”, publicitada un pódcast de Adif hace unos meses.

Otro mensaje: “El tráfico de mercancías se verá enormemente potenciado, en eficiencia, sostenibilidad y tecnología, por la primera plataforma multimodal de España, situada en Jundiz, Álava, conectada en ancho estándar con el corredor atlántico europeo, fortaleciendo así la infraestructura logística de nuestro país”. El pódcast se cerraba así: “El futuro ya se vislumbra. La 'Y vasca' marcará un antes y un después en la movilidad del país”.

La Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca, un órgano ahora con el exvocal del CGPJ Enrique Lucas al frente, ha abierto una investigación por el fallecimiento de un varón de 33 años en aguas del río Bidasoa en febrero y cuyo cadáver fue hallado días después en la costa, pero ya en aguas de jurisdicción francesa. Se trata de un hombre, vecino de Irún, que había cometido un pequeño robo y que huía de la Ertzaintza. Se arrojó al agua y se le perdió el rastro durante ocho días.

En concreto, a instancias del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, la comisión fue informada de que el 15 de febrero, a las 1.35 horas, un varón que huía de la Policía “tras cometer presuntamente un robo con fuerza” consistente en forzar una máquina de monedas del lavacoches de una gasolinera de Behobia “se arrojó al río Bidasoa, hundiéndose en las aguas tras mantenerse a flote unos minutos”.

El punto exacto fue en la calle de Juan Thalamas Labandibar de Irún. Se activó un dispositivo de rescate urgente pero no dio sus frutos hasta más de una semana después. El 23 de febrero, un operativo conjunto de la Guardia Civil española y de la Gendarmería francesa localizó un cadáver después de varios días de trabajo y se confirmó que era el del fugado. Estaba en aguas de Hendaya, frente a la playa. El operativo requirió de embarcaciones y de un helicóptero.

La comisión actúa en todos los casos en que hay un herido o un fallecido en el marco de una intervención policial. Eso sí, solamente se ceñirá a revisar la actuación de la Ertzaintza en el primer momento, el del descubrimiento del pequeño robo y las circunstancias de la fuga y del salto al Bidasoa. En una reunión celebrada el propio 23 de febrero, este órgano requirió al Departamento de Seguridad que concrete las actuaciones en marcha para esclarecer este caso, incluidos posibles expedientes de Asuntos Internos, las posibles comunicaciones en la noche de los hcechos, las grabaciones de videoviligancia y las denominadas 'bodycam', los sistemas de grabación que portan los agentes en sus uniformes.

El Tribunal de Instancia de Irún ha suspendido 'sine die' la vista en la que se iba a sustanciar la admisión de culpabilidad de un agente de la Ertzaintza que propinó un golpe en la cara a un varón en la calle ante la pasividad de otros cinco ertzainas y de cuatro agentes municipales. Según planteó la Fiscalía, el policía iba a asumir un delito de atentado contra la integridad moral en su modalidad menos grave para evitar la entrada efectiva en prisión, pero con pena de inhabilitación.

Según fuentes judiciales, la comparecencia prevista para la pasada semana tuvo que suspenderse por cuestiones relacionadas con la salud de la víctima, que tenía 30 años en 2023 cuando se produjeron los hechos. Se fijará una nueva fecha cuando supere sus circunstancias, sin que haya ahora ningún calendario prefijado. Actualmente, el funcionario está realizando sus tareas habituales de patrullaje en la calle tras un primer período de suspensión al trascender los hechos en 2024 y otra estancia haciendo labores de otro tipo.

Este caso tiene su origen el 22 de julio de 2023. En Irún, entre las 3.08 y las 3.17 horas -exactamente en el minuto 1 y 9 segundos de un vídeo de 3 minutos y 19 segundos-, el agente de la Ertzaintza con número profesional 25145 “elevó el brazo izquierdo, increpó a una persona civil [que estaba tendida en el suelo] y le propinó una bofetada en la cara con la mano izquierda abierta”. “Cállate ya, coño. Se acabó la tontería. ¡Se acabo la tontería! ¡Venga! ¡Venga!”, espetó el uniformado. A.A.C., la víctima, “por efecto del golpe cayó al suelo de espaldas”, mostrando “gestos de dolor”.

Sin que los otros nueve policías hicieran nada, un segundo hombre que estaba en la zona ayudó a la víctima unos minutos después y a las 3.36 horas se dio parte al 112: “No se puede mover”. La Ertzaintza envió a dos patrullas. Eran cuatro de los agentes que habían estado con él minutos antes, incluido el funcionario 25145. Los uniformados mintieron por radio al asegurar que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol, que se había propasado con ellos y que las lesiones las había sufrido golpeándose con una pared. Dijeron que no era necesaria una ambulancia.

La comisión de control y transparencia de la Policía vasca emitió un dictamen denunciando la actuación policial y, en paralelo, el Tribunal de Instancia de Irún tiene abierta una causa penal. Las fuentes judiciales recalcan que el ertzaina ya ha admitido los hechos para buscar una pena en la modalidad “no grave” del delito imputado. La condena de prisión no superará los dos años y, por lo tanto, evitará la entrada efectiva en la cárcel, aunque se expone a una inhabilitación de entre dos y cuatro años.

En una respuesta a preguntas de EH Bildu en el Parlamento Vasco, el consejero Bingen Zupiria indicó a comienzos de marzo que “en relación con estos hechos la jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza instruyó atestado” contra el agente de la agresión y “paralelamente se incoaron seis expedientes disciplinarios, uno de ellos al presunto agresor, y los otros cinco, a los ertzainas que se encontraban presentes en el lugar en el momento de los hechos”. Pero “todos los expedientes se encuentran a la espera de que recaiga resolución judicial firme”. Es más, el principal protagonista de estos hechos grabados en vídeo desde una casa presentó un recursos y logró levantar la suspensión temporal de empleo y sueldo, aunque recibiendo una “ayuda familiar”.

El juicio contra el profesor de Irún acusado de delitos de solicitud de favores sexuales, exhibicionismo y amenazas a tres menores ha continuado este miércoles en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y ha quedado ya visto para sentencia. Durante la sesión han testificado dos profesoras como testigos del docente, las dos víctimas restantes y, finalmente, el acusado. La Fiscalía ha seguido proponiendo 22 años de cárcel para el acusado.

Una de las profesoras conoce al acusado desde 2004. Lo que empezó siendo un trato entre colegas acabó en una amistad. Años más tarde, volvieron a coincidir en el instituto de Irún donde se sitúan los presuntos hechos. La otra docente lo conoció en el centro en 2023, al inicio del curso académico. Ambas han defendido que eran las víctimas quienes se acercaban constantemente al profesor durante los recreos. Han calificado a una de las chicas como “conflictiva” y han señalado que su dinámica con el docente llegaba a ser “molesta”, al no dejarles conversar con él. La amiga del acusado ha recordado que una de las víctimas se había cambiado de asignatura optativa para asistir a la que impartía el profesor.

Según su testimonio, entre las víctimas existía una competencia por ser la favorita del docente. El acusado ha explicado que siempre se ha encontrado con chicas que quieren ser “la elegida” frente a las demás. Ha afirmado que frenar la interacción con chicas “más lanzaditas y que no se cortan mucho” ha sido su “ruina”. También ha asegurado haber vivido más de ocho años de acoso laboral derivado de estas situaciones en distintos institutos, aunque es la primera vez que llega a juicio.

Por otra parte, el docente ha admitido haberse creado una cuenta pública y falsa en Instagram. Ha explicado que compartió su usuario con una de las víctimas porque ella se lo había pedido. A partir de entonces, su cuenta aumentó de seguidores con “cuentas falsas” que le pedían contenido sexual. Tras estas declaraciones, y debido a filtraciones de nombres de las víctimas por parte del acusado y su abogado, el público tuvo que abandonar la sala y la declaración continuó a puerta cerrada.

El abogado del acusado, Daniel Loza, ha defendido que la relación entre su cliente y las víctimas era de amistad, una en la que el profesor “se ha equivocado”. Ha insistido en que “no tenía mala intención” y que no ha sido correcto “tener un carácter infantil”, pero que equivocarse no es delito. Loza ha recordado que el docente ha sido bien valorado por los alumnos, incluida una de las víctimas. Ha solicitado la absolución del acusado o, en su defecto, una reducción de la pena.

En defensa de las víctimas, el fiscal, Jorge Bermúdez, ha mostrado a ambas profesoras una captura de pantalla. En ella constaba un mensaje del acusado para una de las víctimas: “¿Me ayudas a buscar una 'sugar baby'?”. La amiga del docente ha reconocido que, de haber visto ese mensaje en su momento, lo hubiese llevado a dirección. Por otro lado, la otra profesora ha considerado que, aunque no es una interacción común entre profesor y alumno, “no es una falta de respeto” y que podría faltar contexto.

La Fiscalía ha seguido proponiendo 22 años de cárcel para el acusado. Su representante ha concluido que las conversaciones mantenidas entre el profesor y sus alumnas son “inapropiadas”. Además, ha recordado al magistrado que el informe forense recoge la página sugardaddy.eu dentro del historial de búsqueda del profesor en noviembre de 2023. También ha señalado que el acusado cambió a un teléfono móvil con un sistema operativo distinto al anterior, lo que imposibilitó acceder a la información del dispositivo previo. Ello lo ha considerado importante debido a que se trata de un profesor licenciado en Tecnologías.

El viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Páez, ha confirmado que en 2026 Gipuzkoa va a vivir “una importante revolución ferroviaria” con la finalización de la pasante soterrada de Donostia, y la variante entre Altza, en la capital, y Galtzaraborda, en Errenteria, y su posterior puesta en servicio. Así, el nuevo Topo de Donostialdea se estrenará este año con una “nueva generación de sistemas de seguridad, con más innovación y digitalización”.

En la feria Mubil Mobility Expo, que se ha inaugurado este miércoles en Ficoba con la presencia del lehendakari, Imanol Pradales, de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y de otras autoridades, el viceconsejero ha destacado las obras permiten un “cambio clave”, la eliminación del conocido como fondo de saco -el punto donde los trenes rebotan y que obliga a transbordar- tanto en la actual estación de Amara como en Altza. Esta supresión genera una línea ferroviaria continua. “Nos va a permitir mejorar las frecuencias para que pasen trenes cada siete minutos y medio. Ésa es la revolución, la de una ciudadanía que no va a tener que mirar al reloj para coger el tren, simplemente va a tener que acercarse a la estación y esperar unos pocos minutos al siguiente”, ha resaltado Páez, informa Europa Press.

El responsable de infraestructuras ha recordado que, para hacerlo posible, ha sido necesario modificar el sentido de la marcha de conducción entre Hendaya y Pasaia a partir del mes de febrero, un proceso que se completará hasta Amara en otoño, para que toda la red de Euskotren circule desde el mismo lado, el izquierdo. “Con el arranque de la pasante soterrada en Donostia pondremos en marcha un nuevo sistema de seguridad, el ERTMS, que sustituirá al anterior y que supone una nueva generación de sistemas de seguridad, con más innovación y más digitalización”, ha explicado asimismo Páez en Irún.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha iniciado este martes el juicio contra un docente de Irún por la presunta comisión de delitos de solicitud de favores sexuales, exhibicionismo y amenazas a tres menores de entre 13 y 15 años, exalumnas suyas. El acusado se enfrenta ante una posible pena que ascienden los 22 años en prisión. En la primera sesión de la vista, se han presentado los testigos y una de las víctimas; este miércoles estarán las víctimas restantes y se cerrará el juicio con la declaración del acusado.

Según lo expuesto en esta primera vista, el acusado se creó una cuenta falsa en Instagram y se puso en contacto con alumnas específicas para hablar con ellas. Una de las profesoras testigo indicaba que, al principio, las víctimas desconocían quién estaba detrás de la cuenta, hasta que el acusado se lo confesó.

Un agente de la Ertzaintza ha testificado que las conversaciones mostraban contenidos de índole sexual. Ha destacado propuestas de parte del acusado para que fuese su 'sugar daddy', preguntas sobre la película '50 sombras de Grey', comentarios sobre el físico de las víctimas y amenazas ante la idea de contarle a otra persona sobre su dinámica. Otra docente que ha comparecido afirmaba que una de las chicas le había compartido su dirección y que temía de su presencia en ella. 

Los presuntos hechos fueron denunciados en diciembre de 2023, días antes de las vacaciones de Navidad. Dos profesoras del instituto de Irún fueron alertadas por alumnos cercanos a las víctimas y por dos de ellas. Acto siguiente, le comunicaron a la directora los hechos y, después de haber escuchado audios y leído las capturas, contactó con la Inspección de Educación. Esta última fue quien se comunicó con la Fiscalía.

Entendiendo que habían vacaciones, la Ertzaintza no actuó ante el acusado sino semanas después, el 8 de enero de 2024. El agente describía haber obtenido el móvil del acusado, mas no portaba ninguna conversación ya vista desde los móviles de las víctimas. Confirmó con expertos forenses que se trataba de un nuevo móvil y de otro sistema operativo.

El profesor no ha declarado aún en la vista, pero sí ha hablado a los medios de comunicación. En una declaración previa a la vista y fuera de la Audiencia, se ha escudado en que ha sufrido “quince años de acoso laboral”. Insistía en que él es quien ha recibido mensajes de sus alumnas de índole sexual y que necesitó “pedir ayuda” ante la situación. En los procesos penales, los acusados tienen derecho a mentir y a no incriminarse.

Sin embargo, una exalumna del acusado y no en Irún sino en Oiartzun, Claudia Pérez Artola, ha asegurado igualmente a los periodistas que él proyectaba porno en sus clases. Las chicas tenían entre 11 y 12 años cuando el profesor les preguntaba sobre su talla de sujetador y les comentaba cuestiones como “de mayor vas a ser un bollito”. Pérez Artola mostraba duda ante la declaración del acusado: “Por mucho que una niña de 11 años vaya detrás de ti hay una clara posición de poder y es él quien se tendría que apartar”.

El fiscal Jorge Bermúdez ha compartido, también fuera de la vista, que el ministerio público considera que “hay un límite entre lo que es un profesor cercano y que no es rígido, y un comportamiento que trata de llevar a las menores a un entorno claramente sexualizado”. Aunque el interés de la Fiscalía no sea “meter a una persona en la cárcel porque sí”, el portavoz ha defendido que el “ordenamiento jurídico está para ser respetado, para proteger a los menores, para proteger a las víctimas”.

El docente era responsable de 'Diversificación curricular' en el segundo ciclo de la ESO (alumnado de 15 y 16 años) en el instituto de Irún. Estas clases son para que alumnos con dificultades de aprendizaje alcancen la titulación bajo métodos adaptados y de mayor acompañamiento. El inspector de educación, Koldo Bañares, ha catalogado a estos menores como “vulnerables”, ante una pregunta de Bermúdez.

Previo a este empleo, el acusado fue sancionado por “conducta inadecuada” en un centro de Errenteria, en el curso académico 2017/2018. Bañares señalaba que aquello le abrió un “expediente disciplinario”. Por otra parte, el agente de la Ertzaintza informaba sobre conocer previamente al docente por un suicidio de una chica en Donostia, en 2018. Al parecer, el acusado le había compartido un vídeo en el que él realizaba actos de autoestimulación.

Un varón ha fallecido y otro ha resultado herido en un incendio originado esta tarde en un sótano en la localidad guipuzcoana de Irún y, al parecer, se baraja como principal hipótesis la explosión de una bombona como causa del fuego, según ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco a Europa Press.

El siniestro ha ocurrido a las 13:50 horas en la calle Pelegrín de Uranzu cuando se ha originado el incendio, resultado muerto un varón, mientras que otro ha resultado herido con quemaduras y ha sido evacuado en helicóptero al hospital de Cruces tras ser estabilizado. Por su parte, fuentes de la Diputación de Gipuzkoa han precisado que, sobre las 13.47 horas, se ha observado que salía fuego de un sótano, en cuyas inmediaciones hay un centro cívico y un supermercado.

El fuego ha sido controlado por los Bomberos sobre las 14:15 y, posteriormente, se ha procedido a airear el bajo. La Ertzaintza ha confirmado que se ha abierto una investigación para determinar lo ocurrido, pero se baraja como principal hipótesis la explosión de una bombona.

La Ertzaintza y el Tribunal de Instancia de Irún tienen abierta una investigación por la existencia de un posible delito de “daños” en el descarrilamiento de un tren de mercancías peligrosas ocurrido en Irún el 6 de febrero. Se trata de determinar “si ha podido haer algún tipo de negligencia o imprudencia”, explica el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, en la cronología de este incidente ferroviario ocurrido pocos días después del de Adamuz en Córdoba y de los problemas en la red de Rodalies de Barcelona.

Los datos facilitados al Parlamento vasco a instancias del representante del PP Santiago López Céspedes, sitúan a las 22.56 horas del 6 de febrero el momento en que el titular de la infraestructura, el organismo estatal Adif, informó al 112 del “descarrilamiento de un convoy de mercancías, el penúltimo vagón del tren”. Los hechos se produjeron en la estación de Irún, a la altura de Belaskoenea. Inicialmente, se indicó que “no se habían producido daños personales ni materiales”, aunque el tráfico quedó cerrado. Se movilizó a Bomberos y Policía Local, además de a la Ertzaintza.

La primera patrulla de la Ertzaintza llegó en seis minutos, a las 23.02 horas. A las 23.05 horas, Adif ya había despejado una vía para “restablecer” el tráfico ferroviario. A las 23.13 horas, la patrulla indicó que eran tres los vagones afectados, todos ellos cisternas. Eran los últimos del tren. Los Bomberos llegaron a las 23.40 horas (a los 44 minutos del aviso) y “en principio” descartaron tanto un posible sabotaje como “daños graves”.

Los agentes de la Ertzaintza identificaron al responsable de Adif y al maquinista del tren. Y elaboraron un reportaje fotográfico del suceso. Hasta las 4.23 horas los técnicos estuvieron trabajando en la zona, ya siendo 7 de febrero. Sin embargo, hasta 48 horas después no se dio por resuelta la incidencia. Y no del todo. Porque la comisaría de Irún “instruye diligencias de investigación por un posible delito de daños, para determinar si ha podido haber algún tipo de negligencia o imprudencia”. Con este informe policial, se ha incoado una pieza penal en el Tribunal de Instancia de Irún.

“Al encontrarse los hechos bajo investigación judicial, no es posible trasladar más información técnica acerca del incidente”, se excusa Zupiria. Añade, eso sí, que los servicios de emergencia operaron en coordinación y que, además, trabajaron de la mano de Adif y de otros organismos. “Se activaron los protocolos operativos correspondientes, confirmándose que las cisternas permanecían intactas, sin fugas ni afección al entorno, y que no existía riesgo inmediato para la población”, asegura el consejero de Seguridad.

Según Adif, el tren llevaba “diversas materias peligrosas”, pero no se concretan. Cada vagón llevaba una indicación informativa, “con sus correspondientes códigos de peligro”. Se insiste en que nunca hubo “riesgo inmediato” para la ciudadanía. Renfe indicó en su momento que las sustancias transportadas eran, dentro de la clasificación, de las de menore peligrosidad.

La región de Nueva Aquitania, por boca de su representante Mathieu Bergé, se ha sumado este martes en un encuentro de la eurorregión con el lehendakari, Imanol Pradales, y con la presidenta navarra, María Chivite, a la presión al Gobierno de Emmanuel Macron para que acelere la unión en alta velocidad hasta la frontera de Hendaya, un proyecto pospuesto durante lustros. Bergé, que ha intervenido en francés, euskera y castellano, ha señalado que las regiones francesas presionan, que Europa tiene muy clara la 'hoja de ruta' y que el tapón está en el Gobierno francés. Pradales ya había activado también iniciativas para intentar que Francia dé pasos. El PNV es socio en Europa del macronismo.

Bergé también ha apostado por la conectividad “de Cercanías” en la zona transfronteriza. En este sentido, en el ámbito de la eurorregión existe un proyecto de conexión ferroviaria entre Donostia y Baiona que supere el actual Topo, que se queda en Hendaya. Igualmente, los planes de la eurorregión incorporan financiación para facilitar la movilidad en bicicleta en el entorno.

Pradales ha asumido este martes la presidencia de la eurroregión de manos de la navarra Chivite. Ha señalado que la cooperación transfronteriza es muy relevante y que hay que ampliarla buscando la puesta en marcha de la macrorregión. Además, ha hecho alusión al contexto global de “incertidumbre”, en el que “las crisis y las guerras se acumulan unas detrás de otras”.

Ficoba, el recinto ferial de Irún al borde de la frontera con Francia, estrenará este 2026 un nuevo festival llamado BidaSound. Reunirá a artistas y bandas de pop y rock de las décadas de 1990 y 2000. El 28 y 29 de agosto, el recinto se transformará en una “mini ciudad” con capacidad para entre 6.000 y 10.000 personas durante el fin de semana.

La delegada de Promoción de Ciudad y Cultura, la socialista Nuria Alzaga, sostiene que el festival puede “activar la economía local”. La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, la también socialista Azahara Domínguez, ha destacado la iniciativa como “una puerta a la cultura, a la dinamización económica, al equilibrio territorial y a un modelo de turismo más sostenible y distribuido”. La organización prevé que el evento se beneficie del turismo habitual de finales de verano en Irún, Hondarribia y Hendaya.

El cartel, gestionado por Cult Productions, incluye nombres como Maldita Nerea y Celtas Cortos, además de Efecto Pasillo, La Cabra Mecánica, David Otero -ex de El Canto del Loco-, El Vega life y La Frontera, entre otros que se confirmarán más adelante. BidaSound también reservará un espacio para grupos emergentes como Volavent, Embusteros, La Bona Dea y Sao. Completarán la programación las sesiones de los DJ Aitana Grandes y Oihan Vega.

Bajo el lema “Cuando el río suena…”, el segundo guiño al Bidasoa, la promotora busca vender el producto como un cierre del verano disfrutando “ese último fin de semana antes de volver a la realidad”. El festival contará con zona VIP y oferta gastronómica. Las puertas abrirán a las 15:00 y el cierre está previsto a las 02:30 de la madrugada. Las entradas cuestan entre 48,94 euros, más 3,55 euros de gastos de gestión, y 117,55 euros, con 4,95 euros adicionales de gestión, de las VIP. Actualmente, pueden adquirirse a través del formulario oficial del evento.

La inversión inicial asciende a 500.000 euros y la organización confía en duplicar esa cifra en retorno económico. Ander Sarratea, director de Ficoba, afirma confiar en “la capacidad de Irún para impulsar proyectos ambiciosos que atraen público”, subrayando el impacto previsto en alojamientos, restauración y transporte público. BidaSound colaborará con la empresa irundarra Zebra para el merchandising y con A&B Shows en la dinamización del evento. El montaje y la producción correrán a cargo de Events Onddar2.

Exactamente 584 coches Renault Twingo, de la versión original, recorrerán España durante los próximos diez días en el marco del Twing Raid. Es una carrera similar a las que se hacen con 'cuatro latas', los Renautl 4L o con Seat y Fiat Panda. Desde las siete de la mañana, el recinto de Ficoba, en Irún, cerca de la frontera con la Francia de procedencia de estos utilitarios, comenzó a teñirse de amarillo y a llenarse de coches coloridos para inaugurar el evento. Finalmente, a las once y media, todos estaban listos para la salida.

La tercera edición del Twing Raid combina la euforia del viaje con un objetivo solidario. Durante el control técnico de los vehículos, Restos du Cœur recibió diez kilos de alimentos por equipo, destinados a personas locales en situación de vulnerabilidad. Además, al finalizar la carrera, los participantes entregarán kits de material escolar a varias escuelas primarias de Marruecos, que atienden a aproximadamente 450 estudiantes.

Mientras esperaban la hora de salida, los participantes disfrutaban del ambiente con música y comida. Uno de los organizadores dio la bienvenida en francés. Solo 60 coches, es decir, 120 personas, no son francesas. Tras los discursos de agradecimiento y el recordatorio del sentido de la experiencia, la espera terminó y los participantes corrieron hacia sus vehículos.

Entre música, bocinas y bengalas de humo de colores, los Twingo de primera generación comenzaron a circular por Irún. La organización interrumpió temporalmente la circulación habitual en la avenida Iparralde. A la alegría de los participantes se sumó el malestar de algunos vecinos, que veían retrasados sus desplazamientos. Ahora, los Twingo ya están lejos de Euskadi, recorriendo parte de los 4.000 kilómetros previstos para los próximos diez días.

El agente 25145 de la Ertzaintza, que propinó un golpe en la cara a un varón en Irún en 2023 y que ha admitido ya en sede judicial los hechos, como ha adelantado este periódico, vio levantada en febrero del año pasado la suspensión cautelar que pesaba sobre él desde que trascendió un vídeo sobre lo sucedido, en 2024, y ha vuelto al cuerpo. Aunque inicialmente no realizaba tareas de cara al público, según ha expuesto este martes el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria –“no está haciendo labores de patrullaje”–, en la actualidad ya trabaja de nuevo en la calle.

El caso ha vuelto a la actualidad luego de que la Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca, un órgano que revisa operativos tanto de la Ertzaintza como de los cuerpos locales, emitiera un duro dictamen sobre este episodio. No solamente censuran el golpe injustificado al joven sino que otros cinco ertzainas y cuatro municipales de Irún, presentes allí mismo, no lo impidieran o atendieran a la víctima. Igualmente, revela que minutos después, tras ser socorrido por otro ciudadano y habiendo pedido asistencia al 112, el mismo agente 25145 hizo que se le negara una ambulancia mintiendo sobre lo sucedido. Nada quedó plasmado por escrito en los informes.

Fuentes judiciales indicaron que en marzo habrá una vista en la que se determinarán las responsabilidades penales del ertzaina, aunque ya ha admitido su responsabilidad en una declaración que tuvo lugar a finales de 2025. La Fiscalía entiende que podría ser encuadrado como un atentado “leve” y no “grave”, lo que le permitiría evitar la entrada efectiva en prisión, si bien sí se expone a inhabilitación.

Temporalmente, este funcionario estuvo suspendido de empleo, aunque no de sueldo. Tuvo una retribución “básica” y una ayuda familiar. Sin embargo, ganó un recurso interno y el propio Zupiria admitió la reincorporación. En un primer momento estuvo en otro puesto, realizando “otras actividades en comisaría”. Ahora, en cambio, ya está de nuevo en Seguridad Ciudadana, haciendo trabajo de calle.

¿Y a partir de marzo? Desde el “absoluto respeto” al informe de la comisión y asumiendo la “obligación” de atender a sus propuestas de mejora para evitar nuevas situaciones de este tipo, Zupiria ha emplazado a la sentencia para determinar el “futuro profesional” del ertzaina 25145.

El “general” y el “comandante” del alarde “tradicional” de Irún, en el que las mujeres quedan relegadas a cantineras, han presentado su dimisión ante la tensión generada por un presunto caso de violencia sexual ocurrido en el San Marcial de 2025. Asier Etxepare y Rubén Fraile alegan que no pueden liderar un grupo en el que hay un sector que ha cuestionado su forma de gestionar esta denuncia interna, que en ningún caso ha trascendido a la Policía o a los tribunales.

En un comunicado, exponen que el pasado verano se abrió un “expediente sancionador” a raíz de una “denuncia interna” por una “conducta inapropiada”. Se refieren así a unos presuntos tocamientos en una compañía del Alarde por parte de un “jefe de unidad” a la cantinera, una joven veinteañera. Se añade que tanto la “Junta de Mandos” como la “Junta del Alarde” no pueden “mirar hacia otro lado” ante la denuncia de un “símbolo del alarde” y entienden que han de “evaluar” lo ocurrido “dentro del régimen disciplinario”.

A partir de ahí, reconocen la tensión interna en una reunión celebrada en Palmera Montero hace una semana, con ocho “capitanes y jefes de unidad” disconformes con las actuaciones. Hicieron un escrito crítico con Etxepare y Fraile, que ahora dan un paso al lado. En una carta difundida este martes, Etxepare se despide haciendo alusión a la emoción con la que llegó al cargo en 2023 y con la que se despide tres años después. Si bien no hace referencia directa al supuesto caso de violencia sexual, ni lo denomina como tal, cuenta cómo fueron conscientes de lo que ocurrió y explica que fue la joven la que se acercó a la organización para denunciar “varios comportamientos inadecuados” por parte del mando del Alarde. “En los prolegómenos a nuestro gran Día de San Marcial una cantinera se acercó para hacernos llegar varios comportamientos inadecuados de uno de los mandos del Alarde. ¿Qué opciones teníamos? ¿Mirar hacia otro lado o analizar la situación? Yo, como general, pero sobre todo como Asier Etxepare Iza, no puedo hacer otra cosa que respetar y defender la base del Alarde de San Marcial, que es la Ordenanza. Y quiero remarcar que esta debería ser la base de todas las personas que forman la Junta de Mandos y la Junta del Alarde, la de respetar la Ordenanza. Como bien indican nuestros reglamentos, ante este tipo de denuncias internas se abre un proceso para analizar, investigar y resolver las actitudes que han llevado a la persona a tocar nuestra puerta. Y eso hemos hecho: analizar, investigar y resolver”, sostiene en la carta.

Así, detalla que “no puede seguir liderando” un grupo de personas que duden del proceso que ha seguido. “Amo el Alarde, amo todo lo que rodea el Alarde, pero no puedo con que algunos quieran mirar hacia otro lado ante actitudes que no podemos tolerar ni en el Alarde ni en la sociedad”, finaliza Etxepare en el escrito.

Después de que una de las cantineras del Alarde de Irún denunciara ante la Junta de Mandos (órgano soberano, cuya misión principal es la organización del Alarde de San Marcial, mientras que la Junta del Alarde es el órgano de estudio y asesoramiento del Alarde) un presunto episodio de agresión sexual por parte de uno de los 'mandos' de una de las compañías durante uno de los ensayos de la fiesta celebrada el pasado 30 de junio, el pasado lunes, 3 de febrero, se celebró una reunión para comunicar la sanción al presunto agresor. La medida no es definitiva, ya que ahora se abre un plazo para la presentación de alegaciones antes de que se adopte una resolución final. Sin embargo, fuentes del entorno del 'mando' sancionado detallan a este periódico que la resolución de la Junta del Alarde, por la que el hombre ha sido sancionado, “no califica, ni tipifica lo sucedido como agresión sexual, ni atribuye connotación sexual a la conducta denunciada”. Además, no niegan ni reconocen los hechos, pero ponen en cuestión que la Junta del Alarde tenga competencia para poder juzgar un hecho de estas características.

La resolución del expediente sancionador, que el aludido tiene previsto recurrir, rebaja lo sucedido a una “falta de respeto” a un “símbolo” del Alarde tradicional, como puede ser en este caso la cantinera, pese a tratarse de una persona. En este sentido, la Ordenanza del Alarde de San Marcial de Irún recoge en su artículo 40 en el que define las faltas graves, “la falta de respeto a la Bandera de Irún, los banderines, los estandartes y cuantos símbolos forman parte del Alarde”. Según confirman las fuentes del 'mando' sancionado, es en este caso en el que contemplan desde la Junta del Alarde para sancionarlo tras el suceso que denuncia la cantinera. Los hechos, a la luz de la información recabada por este periódico, no han sido denunciados por conductos oficiales ni a la Policía ni ante los tribunales.

La Ordenanza del Alarde de San Marcial recoge que según el grado de sanción que se le imponga, ya sea leve, grave o muy grave, podrían prohibir desfilar en el Alarde durante cinco años consecutivos al presunto agresor, además de imposibilitarle ser mando. el sancionado es un mando que cuenta con la máxima responsabilidad de la compañía en la que participa y que lleva desfilando en el Alarde tradicional más de tres décadas.

Por el momento, la cantinera, que para participar en el Alarde debe tener una edad de entre los 20 y 27 años, no ha interpuesto ninguna denuncia en instancias policiales o judiciales, pero, según fuentes conocedoras del suceso, parte de la agresión fue grabada en un vídeo que ha ido circulando por la ciudad. Este vídeo ha funcionado como herramienta para los miembros del Alarde que defienden al presunto agresor, y que se manifestaron frente a la reunión celebrada el 3 de febrero, asegurando que es “absolutamente estrambótico” calificar de agresión sexual lo que muestra.

El agente de la Ertzaintza con código profesional 25145, que en 2023 propinó un golpe en la cara a un varón ante la pasividad de otros cinco ertzainas y cuatro agentes municipales de Irún y que luego ocultó los hechos hasta el punto de negar una ambulancia que se había pedido al 112, ha admitido su responsabilidad en sede judicial. La Fiscalía plantea que pueda ser condenado por atentado contra la integridad moral, con penas de hasta dos años de cárcel -que no suelen ser efectivas si se carece de antecedentes-, aunque, según el Código Penal, “en todo caso” comportan la “inhabilitación especial” durante entre dos y cuatro años.

El funcionario, que estuvo suspendido cautelarmente desde que trascendieron los hechos, en mayo de 2024, hasta febrero de 2025, cuando ganó un recurso de alzada interno, compareció el 23 de octubre en el Tribunal de Instancia de Irún. La entonces titular de la plaza 1 de la sección de primera instancia e instrucción de ese partido judicial, Maider Imaz, tomó declaración en calidad de imputado al ertzaina. Según las fuentes consultadas, pidió disculpas, asumió que sus actos no fueron correctos e indicó que perdió los nervios, aunque también insistió en que existe un contexto que justificaba la actuación policial contra A.A.C., la persona que recibió el puñetazo.

Unas semanas después, en diciembre, el ministerio fiscal presentó un informe dejando constancia de este reconocimiento de los hechos y asumiendo que el delito de atentado puede ser considerado como “leve”. Sin esa rebaja, la pena de prisión es sustancialmente superior y podría comportar el ingreso efectivo en un centro penitenciario. Hay una vista programada para el próximo mes de marzo en la que se podrá cerrar una conformidad y resolver esta causa judicial.

Aunque los hechos son de 2023 y se conocieron en 2024, ha sido en los últimos días cuando se ha publicado un dictamen de la Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca con severos reproches por lo ocurrido. Se señala con claridad la desproporción de la intervención de los diez agentes implicados y el trato vejatorio dispensado a la víctima. Además, se relata cómo 'a posteriori' se trató de ocultar lo sucedido hasta el punto de impedir que el golpeado recibiera asistencia sanitaria. Consta también que la Ertzaintza tardó meses en entregar la información requerida por el organismo de control, mucho más que la Policía de Irún.

Fuentes del Departamento de Seguridad, preguntadas por la parte disciplinaria del caso, indican que el asunto “está en los juzgados”. Remarcan que cautelarmente ya fue suspendido este ertzaina. En todo caso, las actuaciones de Asuntos Internos están paralizadas a expensas de la resolución judicial.

El 22 de julio de 2023, entre las 3.08 y las 3.17 horas -exactamente en el minuto 1 y 9 segundos de un vídeo de 3 minutos y 19 segundos-, el agente de la Ertzaintza con número profesional 25145 “elevó el brazo izquierdo, increpó a una persona civil [que estaba tendida en el suelo] y le propinó una bofetada en la cara con la mano izquierda abierta”. “Cállate ya, coño. Se acabó la tontería. ¡Se acabo la tontería! ¡Venga! ¡Venga!”, espetó el uniformado. La persona agredida, de 30 años y cuyas iniciales son A.A.C., “por efecto del golpe cayó al suelo de espaldas”, mostrando “gestos de dolor”. Otros cinco ertzainas y cuatro agentes municipales presentes en el lugar, la calle de Zubiaurre de Irún, dieron la espalda al joven y se marcharon sin auxiliarle. Hasta aquí, es una historia más o menos conocida, porque el vídeo, tomado por un vecino, se publicó en redes sociales y en los medios de comunicación.

¿Qué pasó a continuación? Un segundo hombre que estaba en la zona ayudó a la víctima unos minutos después y a las 3.36 horas se dio parte al 112: “No se puede mover”. La Ertzaintza envió a dos patrullas. Eran cuatro de los agentes que habían estado con él minutos antes, incluido el funcionario 25145. Los uniformados mintieron por radio al asegurar que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol, que se había propasado con ellos y que las lesiones las había sufrido golpeándose con una pared. Dijeron que no era necesaria una ambulancia.

La Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca, en un informe emitido pocos días antes de la salida de Juan Luis Ibarra de la presidencia y de todos los vocales salvo uno, ha concluido ya la investigación de este operativo y ha emitido una severa crítica a los agentes intervinientes. Es más, ha constatado que la agresión fue ocultada deliberadamente de los informes emitidos esa noche, así como de las comunicaciones por emisora.

Así, estima que “la conducta del funcionario afecta objetiva e ilícitamente a la integridad moral y física de la persona agredida”. “Lo determinante es que la actuación del agente policial expresa un indudable acto de dominación que veja y degrada a la persona sujeta a la acción policial”, señalan sobre el puñetazo. Después, afean que otros nueve funcionarios fueran incapaces de “evitar la acción denigrante” y “contraria a la dignidad humana”. Igualmente, vulnera las normas deontológicas mínimas de la Policía que se “ocultara” que la persona que demandaba asistencia médica había sido agredida “minutos antes”.

Al margen de la investigación realizada por esta comisión, cuyo objetivo es emitir recomendaciones para mejorar la praxis de la Policía autonómica y de los cuerpos municipales, el Tribunal de Instancia de Irún tiene abierta igualmente una causa penal contra los agentes actuantes como consecuencia de la denuncia de A.A.C. Asimismo, se han incoado expedientes disciplinarios al menos en el caso de la Ertzaintza, aunque su resolución está a expensas de la sentencia judicial. En el caso concreto de 25145, el autor de la bofetada, llegó a estar suspendido varios meses, aunque manteniendo su nómina “básica” y una “ayuda familiar”. Se reincorporó al servicio en febrero de 2025, sin que consten más detalles de cuáles son sus cometidos actuales. Lo hizo después de que el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, estimara un recurso de alzada. Dice la Comisión de Control que “no consta fecha” de la adopción de ese acuerdo.

El dictamen recuerda que el caso solamente se conoció después de que empezara a circular el vídeo de la agresión en redes sociales y medios de comunicación, es decir, casi un año después de que se produjeran los hechos. Este periódico informó el 10 de mayo de 2024. La comisión, que mantuvo en la etapa de Ibarra tiranteces con el Departamento de Seguridad por su falta de colaboración en otros casos, reseña que solicitó información tanto a la Ertzaintza como a la Policía de Irún en junio de ese año. Y expone que, mientras el Ayuntamiento atendió el requerimiento en apenas 16 días, la unidad de Asuntos Internos autonómica no entregó la documentación hasta pasados ocho meses y tras un segundo oficio. Lo hizo incluso después de la reincorporación al servicio de 25145, según la cronología que se ofrece.

En el apartado de “propuestas” de medidas de mejora, la comisión insiste en que hubo un “grave déficit de autocontrol” de un funcionario y pide revisar los planes de “formación” de los agentes para recalcar la importancia de la deontología. Igualmente, pide fomentar la “expresión inmediata de la crítica” entre quienes observan esos comportamientos. Se insiste, asimismo, en la necesidad de que los atestados recojan con fidelidad lo ocurrido. La comisión recuerda también que, en uno de sus primeros informes, de 2022 y relativo a una detención con abuso de la fuerza en Bilbao, planteó la necesidad de que los funcionarios portasen una 'bodycam' que registrase las actuaciones. Tres años después, el dictamen señala que la “generalización” no se ha logrado.

Un presunto caso de agresión sexual en el seno del Alarde 'tradicional' de San Marcial, el que relega a las mujeres al papel de cantineras, ha tensionado Irún en las últimas semanas. Durante la tarde-noche de este lunes se ha celebrado una reunión en el edificio Palmera Montero, de titularidad pública, en la que ha habido protestas por la posible sanción a un 'mando' de una compañía que sería el responsable de unos hechos que, a la luz de la información recabada por este periódico, no han sido denunciados por conductos oficiales ni a la Policía ni ante los tribunales.

El pasado 30 de junio, San Marcial, como cada año, Irún celebró su Alarde con dos desfiles. Por un lado, el tradicional, que solo cuenta con hombres desfilando como soldados y las mujeres tan solo pueden ocupar el papel de cantineras; por otro, el mixto, en el que tanto mujeres como hombres desfilan con escopeta en mano. Dentro del primero, una de las cantineras denunció ante la Junta de Mandos el presunto episodio de agresión sexual que durante la fiesta sufrió por parte de uno de los mandos.

Según recoge el artículo 37º de la Ordenanza del Alarde de San Marcial, la Junta de Mandos es el órgano soberano, cuya misión principal es la organización del Alarde de San Marcial, además de velar, cuidar y decidir sobre todo aquello que rodea al mismo Alarde y/o hiciere referencia o afectase a este. Así, la Junta de Mandos abrió una comisión de investigación dentro de la Junta del Alarde y este lunes, en una reunión celebrada en el espacio Palmera Montero de Irún, ha comunicado a la Junta de Mandos su decisión de sancionar al presunto agresor.

La medida no es definitiva, ya que ahora se abre un plazo para la presentación de alegaciones antes de que se adopte una resolución final. Igualmente, el suceso ha avivado las quejas de parte de los miembros del Alarde tradicional, quienes a la entrada y salida de la Junta de Mandos al edificio, los han recibido entre abucheos, pitidos y peticiones de dimisión.

En la protesta han participado cerca de 200 personas para lamentar la “excesiva” condena al presunto agresor. Los que han acudido equivalen a un pequeño porcentaje del total de participantes del Alarde tradicional, que rondan las 8.000 personas. Entre ellos estaban familiares y amigos cercanos del presunto agresor, antiguas cantineras y miembros del Alarde junto a sus familias. Este periódico ha tratado de recabar sus, pero se han negado a responder las preguntas formuladas por elDiario.es/Euskadi.

Durante la protesta, los manifestantes no han querido narrar su versión de los hechos, alegando que la gente externa a Irún y al entorno del Alarde “desconoce la historia completa” y defendiendo que se trata de un suceso que “debería quedar en el pueblo”. Incluso miembros de la compañía a la que pertenece el presunto agresor han asegurado de que se trata de un hecho “infundado” y que la sanción por parte de la Junta de Mandos sucede “por motivos ideológicos”. No obstante, otras fuentes conocedoras de lo sucedido consultadas por este periódico lamentan justo lo contrario: el hecho de que un presunto caso de violencia sexual se haya querido resolver de puertas para adentro, en lugar de acudir a los órganos oficiales.

La Ordenanza del Alarde de San Marcial recoge que según el grado de sanción que se le imponga, ya sea leve, grave o muy grave, podrían prohibir desfilar en el Alarde durante cinco años consecutivos al presunto agresor, además de imposibilitarle ser mando. El presunto agresor es un mando que cuenta con la máxima responsabilidad de la compañía en la que participa y que lleva desfilando en el Alarde tradicional más de tres décadas.

Por el momento, la cantinera, que para participar en el Alarde debe tener una edad de entre los 20 y 27 años, no ha interpuesto ninguna denuncia en instancias policiales o judiciales, pero, según fuentes conocedoras del suceso, parte de la agresión fue grabada en un vídeo que ha ido circulando por la ciudad. Este vídeo ha funcionado como herramienta para los miembros del Alarde que defienden al presunto agresor asegurando que es “absolutamente estrambótico” calificar de agresión sexual lo que muestra.

Desde el Ayuntamiento de Irún confirman que son conocedores del hecho, pero que no se van a pronunciar al respecto por no haber una denuncia oficial. Del mismo modo actuará, por ahora, la asociación feminista Txingudiko Elkarte Feminista, que no descarta llevar a cabo movilizaciones, pero que sostiene que la presunta víctima no se ha acercado a ellas para denunciar lo ocurrido, por lo que se encuentran a la espera.

El puente Avenida, construido en 1915, es ya desde ahora un lugar de memoria democrática. Fue escenario del éxodo de cerca de 15.000 personas, en su mayoría mujeres y niños. Primero en 1936, con el estallido de la Guerra Civil, y posteriormente durante la dictadura franquista. Por el peso histórico de estos hechos, el puente internacional ha sido incluido en una reducida lista en la que está Gernika, bombardeada por los nazis en 1937, Eibar, donde se proclamó la II República, y la iglesia de Zaramaga escenario de la masacre del 3 de marzo de 1976, con diferentes ritmos de tramitación.

A las 12 de la mañana, el Ayuntamiento de Irún dio inicio al acto de declaración. Comenzó con un desfile por el puente junto a entidades de memoria democrática, acompañadas de banderas republicanas y música en vivo. Tras el tradicional aurresku, la alcaldesa de, Cristina Laborda, tomó la palabra y confesó sentirse emocionada: “Este reconocimiento supone, por siempre, un acto de responsabilidad con quienes nos precedieron y con quienes vendrán”.

La alcaldesa del PSE-EE evocó a sus abuelos, Joaquina y Marceliano, que forman parte de la cifra de personas exiliadas. “Hoy pienso en todas las joaquinas y marcelianos, en las familias separadas e incomunicadas. En esas cartas que tanto se esperaban y que muchas nunca llegaron. También pienso en la fuerza y en la determinación de quienes pasaban por este puente y seguían adelante, caminando hasta llegar a un futuro más seguro”, ha solemnizado. Por ello, Laborda subrayó que se trata de hechos que “no podemos olvidar” y señaló que la placa “no debiera ser solamente un homenaje al pasado, sino una lección para el futuro”.

A continuación, la consejera socialista de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, puso el foco en la dura realidad de las personas exiliadas. Pensaba en esa necesidad de “huir de sus casas” para adentrarse en “un futuro incierto, muchas veces plagado de violencia, discriminación e incomprensión”. En la misma línea que la alcaldesa, San José defendió que un lugar de memoria no es un acto “nostálgico”, sino “un grito que reivindica la solidaridad” hacia las personas migrantes. La secretaria y consejera destacó la declaración de estos espacios como una “herramienta” para construir “una ciudadanía activa, reflexiva y crítica para comprender los retos que se enfrentan en el presente”.

Antes de desvelar la placa, el secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de Pedro Sánchez, Fernando Martínez, abrió su intervención saludando a las autoridades presentes, entre ellas representantes del Ayuntamiento, del Parlamento Vasco y de asociaciones de memoria democrática. Martínez destacó el “gran honor” que supuso impulsar la petición del Ayuntamiento y “haber firmado la resolución” que oficializa la declaración.

El puente Avenida de Irún, también conocido como puente Internacional por ser la frontera hispanofrancesa, ha sido oficialmente declarado “lugar de memoria democrática” tras el acuerdo de 21 de enero de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y una vez se ha materializado su publicación este lunes en el BOE. Además de ser punto de huida de refugiados españoles durante la Guerra Civil, fue un punto controlado por la Alemania nazi y, como tal, se vivieron episodios como la entrega al franquismo del 'president' catalán Lluís Companys.

La resolución establece una serie de medidas de protección y difusión, como impulsar la realización de recursos audiovisuales y digitales explicativos y la promoción de instalación de placas, paneles o distintivo memorial interpretativo por parte de la Administración General del Estado, así como de señalización de punto de reconocimiento de las víctimas con finalidad conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora. También se integrará el puente Avenida, inaugurado en 1915, en los circuitos internacionales que respondan a situaciones de construcción de memoria democrática semejantes.

Según señaló el Ayuntamiento de Irun en su solicitud, recogida por el BOE, “el puente Avenida, construido para facilitar el paso a Hendaya, fue para los iruneses y para muchos de los que huían de la barbarie del golpe de estado de 1936 el lugar que abría la puerta a la libertad; el espacio en el que muchos exiliados y exiliadas iniciaban una dura andadura escapando de las fuerzas franquistas, como aquellos miles de iruneses e irunesas que escaparon, cruzándolo, del fuego que asoló la ciudad de Irun aquel 4 de septiembre de 1936”. “Esas imágenes de niños, adultos y personas mayores, cargando con colchones y bolsas donde llevaban las pertenencias que habían podido rápidamente coger de sus casas antes de escapar de las llamas resultan imborrables”, añadió.

Además, en el acuerdo publicado en el BOE se explica que “este puente es un símbolo de cooperación franco-española y ha tenido un rol importante en la historia fronteriza de ambos países, sirviendo no solo como vía de comunicación, sino también como lugar de encuentros diplomáticos y símbolo de unión en tiempos de paz y de conflicto”. Como este lugar, también son lugares de memoria Gernika, bombardea por los nazis en 1937, o la iglesia de San Francisco del barrio de Zaramaga de Vitoria, donde el 3 de marzo de 1976 la Policía Armada realizó una carga que acabó con la vida de cinco trabajadores.