El sumario de la investigación a Tubos Reunidos sitúa a Antxon Alonso como 'comercial' ante otras empresas vascas

El 6 de julio suele ser un día de bullicio en Pamplona: es el día del chupinazo de San Fermín. Pero en 2021, como un año antes, no hubo fiestas por la COVID-19. Sin embargo, en Servinabar 2000, la empresa domiciliada en Pamplona en la que presuntamente el dirigente del PSOE Santos Cerdán tenía una participación del 45%, se produjo una reunión clave. Era la víspera de la autorización del rescate de 112,8 millones de euros a la empresa alavesa Tubos Reunidos y los asistentes, aparentemente, querían recaudar una comisión por su intermediación.

El orden del día de ese encuentro en “Pamplona-Iruña” ha aparecido por triplicado en la investigación que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a raíz de una denuncia de finales de 2025 de la Fiscalía Anticorrupción. La UCO de la Guardia Civil encontró el Word en el teléfono móvil de Antxon Alonso, el empresario guipuzcoano dueño de Servinabar 2000 y amigo de Cerdán. A su vez, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, lo envió también por la aplicación Threema. Y, finalmente, una versión aderezada con notas manuscritas forma parte del abundante material que se le ha incautado a la vizcaína Leire Díez. Ese papel, de 29 puntos, esboza los negocios que el trío, que se hacía llamar Hirurok en euskera (y más adelante Hirurok Berriro), tenía en cartera en ese momento. De su lectura, así como de otras notas incorporadas al sumario, se deduce que Alonso ejercía como una suerte de 'comercial' con empresas vascas.

El relativo a Tubos Reunidos es el vigesimonoveno y último punto del orden del día. Ahí ya se menciona la posibilidad de que Alonso (al que se refieren en todo momento como Antton y no como Antxon) pudiera interceder con el PNV. Otro de los puntos hace mención a Teknei. Esta compañía llegó a Bilbao en 2019 desde México. Su fundador, Joseba Lekube, era el presidente del PNV en México. La empresa ha adquirido gran notoriedad en 2025 por ser parte de la 'cuadrilla' que, de la mano del Gobierno vasco, lideró la recompra de Ibermática a Ayesa. Se puede leer más aquí sobre esta firma.

Sobre Teknei, el grupo Hirurok aboga por tener una “relación preferente”. “Antton y Teknei se reunirán a corto plazo. Antton fijará fecha”. En otro documento que la Guardia Civil halló en posesión de Díez, se apostillaba: “Tienen un proyecto grande y bonito, pero es un proyecto suyo. En la comida: al principio había reticencias y dijeron que no, posteriormente dijeron que sí. Pretendían una reunión con Calviño [Nadia, vicepresidenta del Gobierno de España] o algo así para tener algo grande. Eso no le gustó a Antton, que le planteó que xa [para] hacer eso, nosotros comprábamos una empresa y gestionábamos directamente. Trabajar xa otros, es jodido”. Por el momento, los informes de la UCO o las resoluciones judiciales no han concretado nada más sobre este asunto.

La trama menciona igualmente ITP, gigante aeronáutico que en aquella época cambió de dueños. Rolls Royce vendió su participación al fondo Bain Capital, liderado por SAPA y JB Capital. Fue una operación de 1.700 millones. “Cada vez más complicado el tema” o “hay que seguir observando la operación” son algunas de las anotaciones. Aluden a que “la oferta compradora” no incluía a Talde. En los cuadernos de Díez hay más menciones a Talde —“Antton ya ha enviado los contratos”—y a SAPA, particularmente a la familia Aperribay. “Llegada de Antton en avión. Comida con Ibon y Jokin. Quién ha ayudado en el tema ITP”, expone Díez. Jokin Aperribay es el presidente de la Real Sociedad. El informe de la Hacienda de Navarra sobre las cuentas de Servinabar 2000 acreditaba una relación mercantil entre esta empresa y SAPA. Los pagos ascendieron a unos 145.200 euros. En 'El Mundo', Ibon Aperribay explicó que las facturas que respondían a un “tema puntual inmobiliario”.

En el negocio de Erri Berri en Asturias con la SEPI, donde la Fiscalía ve pruebas claras del abono de comisiones por la mediación sobre todo de Fernández Guerrero —“estoy influyendo”, escribió textualmente en un mensaje sobre las vicisitudes de una adjudicación—, aparece la firma VUSA como una de las empleadas para canalizar los pagos. Esta compañía, en 2019, fue objeto de controversia en Hondarribia en relación al fallido proyecto de Zaldunborda y por haber fichado al exalcalde del PNV Aitor Kerejeta.

La lista de asuntos en los que Servinabar 2000 tenía interés era más larga. Se menciona, por ejemplo, una “papelera del Cadagua y residuos de purines” en Bizkaia O el traslado de Mercabilbao: “Intentar que sea en Mungia o en Amorebieta, no en Abanto y Ciérbana. Liberación de suelos en Basauri”. La realidad desmiente estos planes porque, en 2022, se eligió Ortuella por parte del Gobierno vasco. Sin embargo, este año este periódico ha explicado que ni siquiera están adquiridas las parcelas para el traslado.

Varios cargos públicos, como el líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, el ahora presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, antes en el Ente Vasco de la Energía, el exvicepresidente navarro Félix Taberna o las presidentas María Chivite y Uxue Barkos han admitido que conocían a Alonso por haber venido en nombre de Forestalia, como su representante. Esta empresa aragonesa promovía una línea eléctrica para trasladar energía renovable desde Zaragoza hasta Vitoria pasando por Navarra. En la documentación aparecida ahora se menciona que “VCT”, por Fernández Guerrero, iba a preparar un “papel” para que “Santos”, presumiblemente Cerdán, intentara que el Ministerio aprobara el plan. En 2026 quedó frustrado el proyecto por su impacto ambiental. Las anotaciones del sumario sitúan también a “Antton” preguntando por “seis parcelas en Derio” relacionadas con “Blackstone-Aliseda”.

Esta investigación de corrupción se fundamenta en una denuncia de la fiscal Elisa Lamelas basándose en pruebas halladas en otra causa, la que inició el Tribunal Supremo contra Cerdán y Alonso. La mayoría de las primeras evidencias fueron localizadas en el domicilio de Elorrio del empresario cuando fue arrestado en junio del pasado año por la Guardia Civil o, en su defecto, en la oficina de Servinabar 2000 en la plaza del Castillo de Pamplona. Después, tras el escrito de la Fiscalía, Alonso fue de nuevo arrestado, como también Fernández Guerrero y Díez. Fue entonces cuando se conoció la existencia de Hirurok, como llamaban a su grupo de Threema. En algún momento le tuvieron que cambiar el nombre y optaron por Hirurok Berriro, pero su misión y componentes era la misma, según los responsables de la investigación.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los indicios apuntan a la posible comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales, tráfico de influencias y organización criminal. El asunto, que permaneció bajo secreto hasta hace una semana, acabó recayendo en el juez Pedraz y esta parte económica ha quedado opacada porque derivó en una ampliación de la investigación para indagar en la actividad llevada a cabo por Díez para atacar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La tesis del ministerio público es clara: el grupo Hirurok “valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre personas vinculadas a la función pública, habría orientado la resolución de diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros”. Además, se analiza si Cerdán, que mantenía contacto con los tres, coordinaba de alguna manera esta operativa.