Once empresas del transporte de autobuses y nueve de sus directivos se enfrentan a una posible sanción por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por desarrollar posibles supuestas anticompetitivas que afectarían especialmente al transporte escolar de Castilla-La Mancha.

La CNMC inició la investigación en octubre de 2025 “por manipulación de contratos de transporte escolar y de viajeros en Castilla- La Mancha” tras recibir un aviso por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page.

Según ha confirmado dicha Consejería a este medio, dio el aviso tras detectar que un “elevado número de contratos de transporte escolar quedaban desiertos”, lo que “obligaba” posteriormente a recurrir a “contratos menores con un coste superior”.

La CNMC informa de que estas prácticas se habrían llevado a cabo a través de intercambios de información estratégica entre competidores, recomendaciones de tarifas mínimas, ofertas de cobertura y la no presentación de ofertas. “Se trata de prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia”, explica la Comisión.

Tras las inspecciones llevadas a cabo, la CNMC ha decidido abrir un expediente sancionador a determinadas empresas y algunos de sus directivos por posibles prácticas anticompetitivas.

Empresas y directivos propuestos para sanción

El expediente incluye a las siguientes empresas: Autocares Álvarez Serrano Hermanos, S. L., Autocares Demetrio Álvarez e Hijos, S. L., Autocares García Bus, S. L., Autocares IM Gómez, S. L., Autocares Marín Colmenero, S. L., Compañía Europea de Viajeros España, S. A., Jesús Álvarez Escobar, S. L., Ramos Bus, S. L., Ricardo y Navabus, S. L, Te Llevo 2003, S. L. Victorino Álvarez, S. L.

También afecta a un total de nueve directivos de las siguientes empresas: Autocares Álvarez Serrano Hermanos, S. L., Autocares Demetrio Álvarez e Hijos, S. L., Autocares García Bus, S. L., Autocares Marín Colmenero, S. L., Compañía Europea de Viajeros España, S. A., Jesús Álvarez Escobar, S. L., Ramos Bus, S. L., T Llevo 2003, S. L. y Victorino Álvarez, S. L.

La Federación Regional de Transporte de Viajeros por Carretera de Castilla- La Mancha y la Asociación Provincial de Transportistas de Viajeros por Carretera de Toledo están incluidas en el expediente.

La Consejería de Educación y Empleo ha convocado las ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso 2026/2027 por un importe total de 82.500 euros y que podrán solicitarse desde este martes, día 6, y a lo largo de los próximos diez días hábiles, hasta el 20 de octubre. 

A través de estas ayudas, que publica este lunes el Boletín Oficial de La Rioja, el Gobierno regional colabora en la financiación de los gastos corrientes de transporte ocasionados al alumnado residente en La Rioja, así como también en los gastos derivados de la residencia en centros educativos de comunidades autónomas limítrofes. 

Podrán beneficiarse de estas subvenciones el alumnado escolarizado en segundo ciclo de Educación Infantil y en la enseñanza obligatoria, incluidas las secciones bilingües, que no puedan hace uso de las rutas de transporte escolar contratadas por la Consejería de Educación y Empleo. Los alumnos escolarizados en Escuela-Hogar u otros centros con residencia dependientes de Educación también podrán beneficiarse de estas ayudas en lo relativo al traslado a sus respectivos domicilios durante los fines de semana. 

Además, también podrá solicitar estas ayudas el alumnado con necesidades educativas especiales por motivos de discapacidad física que cursen bachillerato o ciclos formativos de grado medio y que deban desplazarse de su localidad de residencia a un centro de otro municipio donde disponga de los recursos personales y materiales necesarios para atender su educación y que, salvo por motivos de enfermedad claramente justificados, no hayan repetido curso escolar.

La cuantía de las ayudas dependerá del tipo de transporte al que pueda acceder el beneficiario de las ayudas para su desplazamiento. Así, el alumnado que pueda utilizar una ruta de transporte público regular de uso general para el desplazamiento entre la localidad de residencia y la del centro en que se encuentre escolarizado, recibirá una cantidad que será correspondiente al precio del billete o, en su caso, el abono más reducido existente aplicado a estudiantes.

El alumnado que para el traslado desde su localidad de residencia a la del centro en la que se encuentre escolarizado precise utilizar un transporte privado, recibirá una cantidad máxima en función de los kilómetros a los que ascienda el desplazamiento. Cuando el transporte sea ocasional, ni diario ni de fin de semana, el importe de la ayuda será proporcional al número de días lectivos en que se hiciera efectivo el desplazamiento. 

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha activado este viernes la Mesa de Transporte Escolar, un nuevo órgano de trabajo que reunirá de manera periódica a la Administración autonómica, las empresas del sector y los representantes de las familias para realizar un seguimiento continuado sobre el funcionamiento de las rutas en la región y elevar propuestas de mejora.

En la sesión constitutiva han estado representadas todas las partes implicadas en la prestación diaria del servicio. Junto a la Dirección General del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (EPESEC), han participado las asociaciones del sector del transporte, las organizaciones de familias, el Instituto de Consumo, la Dirección General de Movilidad y Transporte y la empresa adjudicataria de las labores de acompañamiento del alumnado.

La creación de este foro responde al objetivo de canalizar un control exhaustivo sobre la atención que reciben los usuarios en su día a día. Entre sus funciones principales, la Mesa evaluará de forma recurrente la operatividad de los trayectos escolares, el nivel de atención ofrecido a los estudiantes y el cumplimiento estricto de los estándares de calidad y seguridad aplicables en el transporte de menores.

Según ha detallado el Ejecutivo regional a través de una nota de prensa, este nuevo órgano se concibe como un cauce de diálogo estable y permanente entre la Administración y los diferentes colectivos vinculados, orientado a garantizar una red de transporte escolar “segura, eficiente y adaptada a las necesidades reales” de las familias extremeñas.

La Junta de Extremadura confía en que las 605 rutas de transporte escolar estén operativas con normalidad este jueves, coincidiendo con el inicio del curso escolar, aunque a un día del comienzo de las clases todavía quedan algunas adjudicaciones pendientes de completar.

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha asegurado este miércoles que el 100% de las rutas cuenta con oferta y que su departamento está trabajando en la propuesta de adjudicación de las que todavía no se han cerrado. “Tenemos oferta para todas las rutas y se está trabajando para hacer la propuesta de adjudicación de las que quedan”, ha señalado Valencia, quien ha apuntado que son ya “muy pocas” y ha expresado su confianza en que no habrá problemas para que el servicio funcione desde el primer día.

La consejera ha explicado que el procedimiento requiere que las empresas presenten sus ofertas y posteriormente aporten la documentación necesaria, que debe ser revisada por la Administración antes de realizar la adjudicación provisional. Por este motivo, ha definido el proceso como “muy tedioso y lento”.

Valencia ha insistido en que su departamento continúa trabajando para garantizar que todos los alumnos extremeños que necesiten transporte escolar puedan disponer de él desde el comienzo del curso.

La situación tampoco está completamente cerrada porque el periodo de matriculación continúa abierto, lo que puede provocar cambios en el número de alumnos que utilizan el transporte y, en consecuencia, modificaciones en las rutas. La consejera ha definido por ello el procedimiento como un “proceso vivo”, en el que pueden surgir nuevas rutas en función de las necesidades que se vayan detectando.

Educación mantiene así su previsión de que el conjunto de las rutas pueda comenzar a funcionar con normalidad este jueves, aunque el proceso de adjudicación y los posibles ajustes derivados de la matrícula continuarán.

El Departamento de Educación ha reaccionado a las críticas por la supresión de una ruta escolar que dejaba fuera por primera vez en 34 años a dos estudiantes del instituto de Aínsa que comienzan esta semana el curso. Los alumnos residen en los núcleos de Sarratiás y en Castejón de Sobrarbe, ambos pertenecientes al municipio altoaragonés de Aínsa-Sobrarbe.

La Dirección Provincial de Educación de Huesca asume el contrato del servicio de transporte que, tras negociar con las empresas, recogerá a los alumnos finalmente el próximo martes.

Esta semana, las familias han tenido que organizarse entre la preocupación y la indignación por la falta de información. Como explicaba Judith Kiss, la madre de una de las jóvenes afectadas por el recorte, “nos enteramos hace tres días, cuando al ver que en la relación de rutas de transporte escolar la nuestra no aparecía. Nadie nos ha llamado ni nos ha dado una alternativa, es lamentable”, continúa.

Además, cree este es un recorte más en el proceso de desarticulación de los servicios públicos que, en el caso del instituto, acabó el pasado curso sin cubrir plazas de profesores entre las quejas de la comunidad educativa, que también reclama la mejora de unas instalaciones ya obsoletas. “Es necesario levantar la voz y exigir a lo que tenemos derecho ante el silencio y la falta de respuesta”, opina Kiss.

El Ayuntamiento ha mostrado su apoyo a las dos familias afectadas y se sumó inmediatamente a la denuncia por la supresión de una ruta que supera los treinta años de antigüedad. “Llevamos más de veinte años haciendo importantes esfuerzos por asentar población no solo en Aínsa, sino también en el resto de pequeños núcleos, un total de 26, que pertenecen al municipio. En muchos de ellos viven familias y jóvenes en edad escolar”, explicaba el alcalde Enrique Pueyo. “Pero de nada sirven los logros que vamos consiguiendo por un lado, si luego por otro las administraciones superiores no responden”.

El alcalde recordaba igualmente las deficiencias con las que tanto el colegio Asunción Pañart como el IES Sobrarbe cerraban el curso anterior. Falta de profesorado, bajas en secretaría y de personal de limpieza sin cubrir, equipos informáticos y laboratorios anticuados, goteras, problemas en el sistema de calefacción o calor extremo en verano, son algunas de las carencias que los equipos directivos llevan tiempo trasladando sin que de momento hayan recibido respuesta favorable por parte del Gobierno de Aragón, la administración competente.

Las críticas también vinieron desde las filas del PSOE y de Chunta Aragonesista.

Dos estudiantes del instituto de Aínsa comienzan esta semana el curso sin transporte escolar. Viven en los núcleos de Sarratiás y en Castejón de Sobrarbe, ambos pertenecientes al municipio altoaragonés de Aínsa-Sobrarbe. Es, denuncian desde el Ayuntamiento, la primera vez en 34 años que esta zona se queda sin un servicio esencial que hasta la fecha financiaba el Gobierno de Aragón.

“Estamos indignados y preocupados”, asegura Judith Kiss, la madre de una de las jóvenes afectadas por el recorte. “Nos enteramos hace tres días, cuando al ver que en la relación de rutas de transporte escolar la nuestra no aparecía. Nadie nos ha llamado ni nos ha dado una alternativa, es lamentable”, continúa. Su hija estudia en el IES Sobrarbe, el único instituto de la comarca. “Nos vinimos aquí porque este servicio estaba garantizado. Mi marido y yo tenemos la posibilidad de teletrabajar, pero ahora nos toca reorganizar nuestros horarios y confiar en que el coche no nos falle. Eso sin contar con el gasto extra que supondrán los 20 kilómetros diarios de gasolina”.

La alumna de 4º de la ESO recorre habitualmente casi dos kilómetros en bici por la pista forestal hasta la carretera asfaltada donde la recoge un taxi, pero como explica su madre, “no es factible hacer casi una hora desde Sarratiás a través del monte para llegar a clase”. Según Judith Kiss, “nosotros podemos llevar a nuestra hija, pero dependemos de un solo coche en casa que se utiliza para todo y por todos”. En este sentido, recuerda que hay gente que no tiene tanta disponibilidad, por lo que expresa la queja de quienes mantienen el medio rural y cada día encuentran más obstáculos para seguir.

Además, cree este es un recorte más en el proceso de desarticulación de los servicios públicos que, en el caso del instituto, acabó el pasado curso sin cubrir plazas de profesores entre las quejas de la comunidad educativa, que también reclama la mejora de unas instalaciones ya obsoletas. “Es necesario levantar la voz y exigir a lo que tenemos derecho ante el silencio y la falta de respuesta”, opina Kiss.

“No sabemos cómo lo vamos a hacer”

José Andrés Escapa es el padre del otro joven afectado. Ellos viven en Castejón de Sobrarbe, a media hora de Aínsa. Al igual que Judith, se queja de la falta de información, ya que no han recibido ningún comunicado oficial que les pusiera al tanto. “Estamos a pocos días de que nuestro hijo retome las clases y aún no sabemos cómo lo vamos a hacer porque nosotros entramos a trabajar antes. Existe la posibilidad de hacer uso de otra ruta de autobús, pero tenemos que acercarle a Mediano, a 7 kilómetros de distancia. Esta decisión es un gran trastorno para todos”.

El Ayuntamiento ha mostrado su apoyo a las dos familias afectadas y se suma a la denuncia por la supresión de una ruta que supera los treinta años de antigüedad. “Llevamos más de veinte años haciendo importantes esfuerzos por asentar población no solo en Aínsa, sino también en el resto de pequeños núcleos, un total de 26, que pertenecen al municipio. En muchos de ellos viven familias y jóvenes en edad escolar”, explica el alcalde Enrique Pueyo. “Pero de nada sirven los logros que vamos consiguiendo por un lado, si luego por otro las administraciones superiores no responden”.

El alcalde añade que este grave hecho, “que deja a dos familias sin un servicio básico a pesar de tener el mismo derecho que todas las demás”, se suma a las deficiencias con las que tanto el colegio Asunción Pañart como el IES Sobrarbe cerraban el curso anterior. Falta de profesorado, bajas en secretaría y de personal de limpieza sin cubrir, equipos informáticos y laboratorios anticuados, goteras, problemas en el sistema de calefacción o calor extremo en verano, son algunas de las carencias que los equipos directivos llevan tiempo trasladando sin que de momento hayan recibido respuesta favorable por parte del Gobierno de Aragón, la administración competente.

“Estamos hablando de la educación de las personas que sostendrán nuestros pueblos el día de mañana. ¿Este es, de verdad, el apoyo al mundo rural con el que algunos dirigentes se llenan la boca? ¿Este es el cariño al territorio que estamos inculcando?, -concluye el alcalde-. ”Necesitamos soluciones ya, sin excusas y sin demoras“.

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón atiende estos días numerosas quejas con motivo de la apertura del curso escolar y busca la información relativa a este caso concreto, según han informado fuentes internas.

Críticas políticas

Tanto el PSOE como Chunta Aragonesista han lanzado duras críticas a la supresión de líneas de transporte escolar.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Morales, ha criticado el deficiente comienzo de curso en Aragón en Aragón y ha asegurado que “la consejera de Educación es la consejera de los recortes”.

“Hoy, primer día de curso, hay alumnos que todavía no saben qué centro les corresponde, alrededor de 2.000 niños empiezan las clases en barracones y vuelve a haber problemas de transporte escolar que afectan especialmente al medio rural”, ha asegurado.

En concreto, se ha referido a los problemas que hay en transporte escolar en localidades de todo Aragón como La Cuba, Tronchón, Bordón, Castejón de Sobrarbe, Saravillo y distintos municipios de la comarca del Somontano. “En algunos casos, las familias tienen que llevar personalmente a sus hijos al centro; en otros, los alumnos afrontan recorridos que pueden superar las dos horas diarias de autobús”, ha lamentado.

El portavoz adjunto del PSOE ha reprochado a Jorge Azcón que siempre busque excusas en el Gobierno de España para no ejercer sus competencias. Morales ha recordado que Azcón lleva más de tres años gobernando y ahora, para argumentar por qué no ha implantado la gratuidad de 0-3 años que el propio Azcón prometió, responsabiliza al Gobierno de España por la regulación de las ratios cuando “las competencias educativas son del Gobierno de Aragón”.

Por su parte, el grupo parlamentario de CHA registrará una batería de preguntas en las Cortes de Aragón para pedir explicaciones ante la decisión del Gobierno PP-Vox de “dejar sin transporte escolar” al alumnado de Sarratiás y Castejón de Sobrarbe.

Para el portavoz municipal en el municipio de Aínsa-Sobrarbe y consejero comarcal, Agustín Muñoz, “por primera vez en 34 años se suprime esta ruta escolar, una supresión que ni siquiera desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón se han dignado a notificar a las familias”.

“Desde el mundo rural resulta indignante que tengamos que soportar a un Gobierno cuya prioridad es concertar con dinero público el bachillerato privado, cuando por otro lado se dedican a recortar recursos educativos en nuestros pueblos, negando derechos básicos como el transporte escolar”, ha denunciado el portavoz de CHA.

“¿De qué libertad de elección de centro nos habla el PP y VOX, cuando en nuestra comarca solo hay un centro de secundaria público en Aínsa, al que el alumnado de otros pueblos tiene que desplazarse diariamente como es el caso de alumnado de Sarratiás y Castejón de Sobrarbe?, ha preguntado Muñoz.

A menos de una semana del inicio del curso escolar, la Junta de Extremadura mantiene todavía 27 rutas de transporte escolar sin adjudicar, después de que la convocatoria publicada el pasado viernes sacara a concurso 36 rutas y solo nueve encontraran empresa dispuesta a asumirlas. Las otras 27 siguen vacantes y, según coinciden los transportistas, “no las quiere nadie” en las condiciones económicas actuales. Este dato contrasta con el mensaje repetido por la consejera de Educación, Sandra Valencia, que durante días aseguró que el proceso estaba “prácticamente cerrado” y que la Junta había puesto en marcha una “tercera licitación”.

La controversia, sin embargo, no se limita a estas rutas vacantes. El sector cuestiona qué procedimiento se ha utilizado para cubrir las otras 265 rutas que tampoco habían encontrado adjudicatario en el primer llamamiento y que, según aseguran, no han vuelto a salir a licitación pública. Reclaman explicaciones porque, al no haberse convocado un nuevo concurso para esas 265 rutas, no todas las empresas han tenido las mismas oportunidades para optar a ellas, pese a tratarse de servicios que quedaron igualmente desiertos.

La consejera anunció a finales de la semana pasada que la Junta había puesto en marcha una nueva licitación, que ella consideraba la tercera y los empresarios la segunda, para intentar cubrir las rutas que permanecían vacantes. No precisó inicialmente su número, aunque aseguró que eran “muy pocas” y representaban “un porcentaje muy pequeñito” del total de las más de 500 rutas existentes en Extremadura. Los empresarios situaron ese número en 36.

La preocupación del sector se centra en las otras 265 rutas: rutas que quedaron sin empresa en el primer procedimiento y que, según denuncian, han sido adjudicadas sin un proceso público de licitación, lo que abre interrogantes sobre cómo se ha resuelto su asignación y por qué no se ha garantizado un procedimiento abierto y competitivo para todas las empresas interesadas.

Un transportista consultado por elDiario.es Extremadura asegura que esas 265 rutas no fueron incluidas en una nueva licitación abierta, sino que se han ido asignando directamente a empresas. “Han dejado 27 rutas sin adjudicar pero es que otras 265 las han dado a dedo”. Explica que tenía intención de presentarse a una de esas rutas, pero no ha tenido oportunidad de hacerlo porque “ni he podido licitar ni me la han ofrecido”.

Según su versión, la Administración habría contactado directamente con empresas del sector para conocer su disponibilidad y negociar las condiciones para asumir determinadas rutas. “Habrán ido llamando y habrán negociado unos precios para unas y otros para otras porque si no, no se entiende nada”, sostiene. Los empresarios plantean una cuestión central que la Junta debería aclarar: qué procedimiento administrativo se ha utilizado para adjudicar esas 265 rutas, qué empresas las han asumido y con qué condiciones económicas.

Mayores dificultades

Mientras esas 265 rutas han quedado, según los transportistas, fuera de una nueva convocatoria abierta, las 27 que siguen sin adjudicatario son ahora las que vuelven a salir a licitación. Se trata, además, de rutas que presentan mayores dificultades para encontrar empresas interesadas, bien por su localización, bien por las características del servicio. La propia consejera ha reconocido que las rutas pendientes son aquellas de “difícil cobertura” o que tienen “unas características específicas”. Para hacerlas más atractivas, la nueva convocatoria incorpora un incremento de las tarifas y otras condiciones planteadas por las empresas del sector.

Según las fuentes consultadas, los precios se han incrementado de forma significativa respecto a las cantidades inicialmente previstas. En las rutas correspondientes a la categoría de taxis, la cuantía ha pasado de 23.000 a 25.000 euros, aproximadamente un 8,7% más. En las rutas de categoría C, correspondientes a vehículos de unas 26 plazas, el precio habría pasado de 49.000 a 54.000 euros, un incremento de alrededor del 10,2%. Y en las de categoría B, el importe habría aumentado de 41.000 a 46.000 euros, aproximadamente un 12,2%. La consejera se ha referido a este cambio como un “pequeño incremento” de los precios para intentar conseguir empresas para las rutas más complicadas, aunque los transportistas sostienen que el aumento real supera el 15% en varios casos.

El conflicto tiene una consecuencia directa para algunos pequeños transportistas. Otro de los empresarios consultados asegura que disponía de un vehículo y que estaba dispuesto a competir por una de las rutas que habían quedado sin adjudicar. En su caso, se trata de una furgoneta adaptada para transportar a dos personas usuarias de silla de ruedas. “Pensaba concursarla ahora, pero resulta que se la habrán ofrecido directamente al que la tuvo el año pasado o a alguien que en la primera convocatoria fue rechazado”, explica. La situación le deja con “un coche parado” y sin la ruta por la que tenía previsto presentar oferta. Reconoce que incluso una nueva licitación no garantizaba que hubiera conseguido la adjudicación, pero considera que la ausencia de una convocatoria abierta le impide directamente competir: “No sacarla ya está mal y favorece a las empresas grandes”.

Por su parte, Educación confía en que todo esté resuelto antes del 10 de septiembre. Defiende que el proceso está avanzando y que la segunda licitación fue“un éxito”, una segunda licitación inexistente según los interesados. Según la consejera, ese procedimiento ha permitido cerrar cerca de 300 rutas de las más de 500 existentes en Extremadura. No ha garantizado que esta vaya a ser la última licitación. “No puedo asegurar que esta ‘tercera’ licitación sea la última y definitiva”, ha reconocido. No obstante, ha asegurado que Educación todavía tiene margen hasta el 10 de septiembre, día fijado para el inicio del curso escolar, y ha transmitido “total confianza” en que todos los alumnos podrán llegar a sus centros con normalidad.

Valencia ha defendido además que su departamento lleva semanas trabajando directamente con las empresas y las asociaciones del sector. “No se ha cansado de hablar, de llamar y de tener contacto directo con todas las empresas”, ha señalado. Pero, según los transportistas, no ha sido con todas. La Junta confía en poder anunciar esta semana la cobertura total del servicio. El sector, en cambio, reclama transparencia sobre el destino de las 265 rutas que no volvieron a salir a licitación e insiste en conocer qué procedimiento permitió adjudicarlas, a qué empresas fueron asignadas y qué precios se han pactado. La respuesta a esas preguntas determinará si se trató de adjudicaciones directas conforme a alguno de los procedimientos previstos legalmente o si, como denuncian los empresarios consultados, se evitó una nueva concurrencia abierta perjudicando a muchos, sobre todo a los más modestos.

Una empresaria denuncia que el sistema empleado por la Junta de Extremadura para adjudicar las rutas durante la situación de emergencia estaría perjudicando especialmente a las pequeñas empresas y favoreciendo la concentración del servicio en manos de grandes operadores. Según relata, la Administración habría invitado a participar principalmente a las empresas que ya prestaban las rutas el año anterior y a otros operadores de fuera de la zona que saben de antemano que no van a optar, dejando al margen por ejemplo a pequeños transportistas interesados en optar a nuevos servicios. Los afectados cuestionan así que el procedimiento pueda considerarse una licitación abierta y advierten de que este modelo estaría contribuyendo a reforzar el monopolio de determinados grupos empresariales: “No sabemos si esto es legal o no, pero desde luego no es ético”.

Desde Guareña, un último transportista sentencia ante esta situación: “Parece mentira que yo siendo empresario del sector no me haya enterado de nada de cómo ha sido este proceso que se supone abierto. Todo ha sido un chanchullo detrás de otro”.

El cambio de procedimiento introducido por la Junta de Extremadura para adjudicar las rutas de transporte escolar, según empresarios y empresarias, está alterando también el equilibrio del sector. Frente al sistema de licitación pública, el nuevo mecanismo consiste en ofrecer cada ruta a tres empresas: una de ellas, generalmente próxima al itinerario y con posibilidades reales de asumir el servicio, y otras dos que pueden encontrarse a una distancia considerable y para las que, por costes y logística, la ruta resulta poco atractiva. En la práctica, las empresas con mayor capacidad para asumir estos servicios están adquiriendo un mayor peso en el proceso y cuentan con más margen para fijar sus condiciones económicas. El sector alerta de que este modelo está favoreciendo una progresiva concentración de las rutas en manos de las compañías de mayor tamaño y está provocando un incremento de los precios, en un mercado en el que cada vez tienen menos capacidad de competir las pequeñas empresas. El resultado, denuncian, es un sistema que, lejos de garantizar una competencia efectiva, puede estar abriendo la puerta a una suerte de monopolio de facto.

La Junta de Extremadura ha abierto una segunda convocatoria de emergencia para el transporte escolar después de que en la primera, planteada para cubrir 356 rutas, solo se haya propuesto la adjudicación de 91 itinerarios. La nueva convocatoria, comunicada por la Consejería de Educación el jueves al filo de la medianoche, incorpora 20 rutas más y eleva un 5% los precios respecto a la primera contratación.

Las empresas disponen ahora hasta el domingo 23 de agosto a las 23.59 horas para presentar sus ofertas, en una nueva carrera contrarreloj para garantizar el transporte escolar cuando quedan menos de tres semanas para el inicio del curso, previsto para el 10 de septiembre.

La nueva convocatoria llega apenas unas horas después de que Educación comunicara, a las 21.37 horas del jueves, la propuesta de adjudicación de 91 de las 356 rutas incluidas en la primera emergencia. Eso significa que permanecen pendientes 265 itinerarios de aquella primera convocatoria.

En cualquier caso, la dimensión del problema sigue siendo considerable: la Administración tiene que resolver en cuestión de días la cobertura de cientos de rutas para garantizar que el servicio esté disponible desde el primer día de clase.

Una segunda convocatoria que llega antes de cerrar la primera

La publicación de la segunda convocatoria se produce mientras algunas empresas todavía estaban esperando conocer el resultado de la primera. El plazo para presentar ofertas a las 356 rutas iniciales terminó el pasado lunes, 17 de agosto, a las 12.00 horas. Sin embargo, uno de los transportistas consultados por elDiario.es asegura que hasta este jueves desconocía si había resultado adjudicatario de alguna de las dos rutas a las que había concurrido con sus vehículos.

La comunicación de las primeras propuestas de adjudicación llegó finalmente a las empresas este jueves por la noche.

El empresario considera que, antes de abrir nuevos procedimientos, la Administración debería facilitar el resultado completo de la primera convocatoria, incluyendo no solo las empresas adjudicatarias sino también los importes por los que se ha adjudicado cada itinerario. “Si a una ruta han ido tres empresas, queremos saber a quién se la han dado y por cuánto importe”, señala. A su juicio, disponer de esa información resulta fundamental para comprobar la transparencia del proceso y poder comparar las ofertas presentadas. “Todavía estamos esperando que nos digan si me han dado alguna de las dos a las que opté”, explica.

La publicación de una segunda convocatoria mientras todavía se estaban conociendo las adjudicaciones de la primera le genera desconcierto: “¿Cómo van a sacar la segunda convocatoria si todavía estamos esperando que nos digan las adjudicaciones de la primera?”.

Un 5% más de precio

Una de las novedades de la segunda convocatoria es que la Junta ha decidido incrementar un 5% los precios respecto a los establecidos en la primera. La subida se produce después de que los transportistas hayan advertido del incremento de sus costes, especialmente por el combustible, y de que parte del sector esperase conseguir una mejora superior en las sucesivas contrataciones de emergencia.

Otro empresario consultado sostiene que algunas empresas están esperando a las últimas convocatorias para presentar sus ofertas y tratar de conseguir mejores condiciones económicas. Según su versión, el sector aspira a obtener alrededor de un 10% adicional en las nuevas rutas.

Su argumento es que el año pasado las empresas lograron una mejora aproximada del 20% y que ahora pretenden volver a presionar a la Administración. “Hay gente no va a concursar hasta que vayan llegando los días porque quieren volver a apretarle a la Junta como el año pasado”, sostiene.

La Junta finalmente ha aplicado finalmente una subida del 5% en esta segunda convocatoria, por debajo de ese incremento del 10% que, según el empresario, algunas compañías estaban esperando.

La paradoja del acuerdo marco

Otro transportista también cuestiona las condiciones económicas que afrontan las empresas que sí participaron en el procedimiento ordinario. En su caso, asegura que tiene cuatro rutas adjudicadas dentro del acuerdo marco por un periodo de dos años. Los precios, afirma, son los establecidos en aquel procedimiento y los considera insuficientes.

El empresario sostiene que esas rutas quedaron vinculadas durante dos años a unos precios que considera “ridículos”, mientras que las empresas que no participaron en el procedimiento ordinario o que esperan a las contrataciones de emergencia pueden terminar consiguiendo mejores condiciones económicas: “Nos dieron el precio que salió en el acuerdo marco y estamos hablando de que ese precio es ridículo”, afirma.

A su juicio, esta situación penaliza a quienes siguieron el procedimiento ordinario frente a quienes esperan a las contrataciones de emergencia para negociar unas tarifas superiores.

“Lo que no hay derecho es que uno que se porta mal, para cobrar, vaya a conseguir un 30% más”, se lamenta, en referencia a su previsión de que las empresas que esperan a las nuevas convocatorias puedan acabar obteniendo mejoras de alrededor de un 30% acumulado.

El origen: un concurso paralizado por un anexo

La actual sucesión de contratos de emergencia tiene su origen en la paralización del procedimiento ordinario para adjudicar las rutas del próximo curso. Según explica el transportista, las empresas habían dispuesto de aproximadamente un mes para presentar sus ofertas cuando la Administración decidió anular el procedimiento por un problema relacionado con uno de los anexos.

La discrepancia, según su relato, estaba relacionada con la forma de calcular la antigüedad de los vehículos. En uno de los documentos se establecía que debían calcularla las propias empresas y en otro anexo el cálculo aparecía realizado de otra manera.

El empresario considera que el problema podía haberse resuelto mediante una subsanación sin necesidad de anular el procedimiento: “Una hora antes de que se acabe el tiempo dicen que se anula todo por un anexo”, recuerda. A su juicio, la Administración podría haber concedido unos días para corregir el documento y continuar con la contratación.

La paralización obligó a la Junta a recurrir a la contratación de emergencia para intentar garantizar las rutas desde el inicio del curso.

Más de 5.000 euros pendientes desde junio

A los problemas con la contratación se suma, según este transportista, el retraso en el pago de servicios que ya ha realizado. El empresario asegura que la Junta todavía le debe más de 5.000 euros correspondientes a dos rutas realizadas durante el mes de junio. Pero esta no sería la única cantidad pendiente. También reclama el pago de otro servicio de transporte individualizado que presupuestó inicialmente en unos 38.000 euros.

Se trata de lo que en el sector denominan un coste de servicio. Según explica, el procedimiento consiste en que el empresario presenta un presupuesto para un transporte determinado y posteriormente el servicio se factura directamente al colegio. En su caso, asegura que recibió inicialmente un presupuesto de unos 38.000 euros para un servicio que había realizado. Sin embargo, la Administración le indicó que debía facturar en principio unos 17.700 euros.

El empresario explica que el servicio correspondía al transporte de dos estudiantes. Según su relato, a una de ellas la Junta le habría asignado alrededor de 17.000 euros para el transporte, mientras que la segunda “ni siquiera aparecía” inicialmente en la documentación. El resultado, denuncia, es que a estas alturas del verano todavía mantiene una cantidad importante pendiente de cobro: “Vamos a empezar el curso y todavía me deben 5.000 y pico euros por un lado y casi 21.000 por el otro”, afirma.

Según el empresario, la explicación que ha recibido es que no hay dinero para pagar. Si la situación no se resuelve, asegura que en septiembre tendrá que acudir a la Administración educativa para reclamar el importe pendiente y hablar el responsable del área de Educación al que identifica como interlocutor de estos servicios en Cáceres.

Una nueva carrera hasta el domingo

La segunda convocatoria abre ahora un nuevo plazo de apenas unos días. Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta las 23.59 horas del domingo. La incógnita es cuántas compañías concurrirán con los precios ahora incrementados un 5% y cuántas de las rutas quedarán finalmente cubiertas.

El sector ya contempla la posibilidad de que algunas vuelvan a quedar desiertas y de que la Administración tenga que recurrir a una tercera convocatoria de emergencia a partir del lunes si no consigue cubrir todos los itinerarios.

Todo ello ocurre mientras el procedimiento ordinario continúa pendiente y cuando apenas quedan unas semanas para el inicio de las clases.

La situación deja sobre la mesa tres problemas simultáneos para la Administración educativa: resolver cientos de rutas que todavía no tienen empresa adjudicataria, garantizar que el transporte funcione desde el 10 de septiembre y afrontar las reclamaciones económicas de empresas que aseguran tener servicios ya realizados y todavía pendientes de cobro.

Para los transportistas, además, queda pendiente una cuestión de transparencia: conocer el resultado completo de las adjudicaciones, las empresas que han obtenido cada ruta y los precios por los que se han contratado los servicios.

La sucesión de procedimientos de emergencia, tras la paralización del concurso ordinario, mantiene así al sector pendiente de una nueva convocatoria que se resolverá prácticamente contra el reloj.

La Consejería de Educación y Formación Profesional prevé sacar este jueves un segundo contrato de emergencia, con plazo hasta el domingo, para intentar blindar el servicio de transporte escolar en Extremadura. La urgencia del procedimiento responde a la necesidad de resolver 'in extremis' la cobertura de las 356 rutas afectadas por el error detectado a mediados de agosto en los pliegos de la licitación ordinaria.

Aquel fallo obligó a rehacer el expediente y ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta el 9 de septiembre, a escasas 24 horas de la apertura de los colegios, lo que abocó al Ejecutivo autonómico a activar esta vía rápida para no arrancar el curso con estudiantes en tierra.

Tras un primer procedimiento extraordinario con el que “ya se han cubierto algunas rutas”, según la consejera Sandra Valencia, la Junta confía en que esta segunda licitación de urgencia despeje las dudas sobre los trayectos que aún continúan en el aire. Con estas contrataciones de emergencia, dotadas en total con más de 17 millones de euros, la administración busca amortiguar el estrecho margen de maniobra que dejó la licitación ordinaria y dar cobertura a las líneas no integradas en el acuerdo marco.

La titular de Educación ha eludido ofrecer cifras concretas sobre el número de itinerarios adjudicados o pendientes, argumentando que existen “subsanaciones” en el primer proceso que hacen “fluctuar” los datos. Pese a no concretar el balance, Valencia ha enviado un mensaje de “tranquilidad” a las familias y ha asegurado que su departamento no ha dejado de trabajar “de forma muy rigurosa y prudente” para cumplir el objetivo prioritario de que “todos nuestros alumnos estén en sus centros el día 10 de septiembre”.

Para estabilizar el servicio a medio plazo y evitar parches de última hora en próximos ejercicios, la Consejería ha anunciado la convocatoria de la Mesa del Transporte Escolar en la segunda quincena de septiembre, un foro en el que participarán la administración, las patronales del sector y las asociaciones de madres y padres (AMPAs).

El despliegue de estos contratos de urgencia busca ahuyentar el fantasma del pasado curso escolar, cuando el colapso en la adjudicación de 242 rutas dejó desatendidos a cerca de 7.000 estudiantes y provocó protestas de las familias, indemnizaciones por kilometraje y un duro choque político.

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura se ha visto obligada a publicar una nueva licitación para el servicio de transporte escolar del curso 2026/2027 tras detectar un error en los pliegos del proceso anterior, difundidos el pasado mes de julio. Esta nueva vía de contratación implica ampliar el plazo para la presentación de ofertas hasta el 9 de septiembre, apenas un día antes del inicio del curso escolar, fijado para el 10 de septiembre. A pesar de la premura, el Gobierno autonómico asegura que el procedimiento agilizará los trámites administrativos y permitirá resolver la adjudicación de las 356 rutas afectadas “en tiempo y forma”.

Para adaptar las condiciones económicas a la realidad del servicio y dar respuesta al incremento generalizado de los costes (situación sobre la que el sector del transporte escolar ya previno en marzo advirtiendo de la dificultad de mantener el servicio si no se tomaban medidas), la Consejería ha introducido ajustes financieros respecto al presupuesto original, que superaba los 17 millones de euros para estas 356 rutas (adicionales a las 228 cubiertas por el Acuerdo Marco vigente). En concreto, la nueva licitación contempla el litro de combustible un 16% por encima del Observatorio de Costes del Ministerio de Transportes y aplica una subida del 24,76% en el precio de las rutas de categoría B.

La tramitación del servicio a 24 horas del regreso a las aulas ha reavivado en la comunidad educativa la inquietud ante un posible repliegue del escenario vivido el pasado curso. Al inicio del año académico anterior, un total de 242 rutas quedaron desiertas, lo que impidió a cerca de 7.000 alumnos extremeños empezar las clases con normalidad. Aquella crisis desencadenó protestas de las familias, el rechazo a la enseñanza telemática propuesta por la Junta, la aprobación de ayudas directas de 0,26 euros por kilómetro para los desplazamientos privados, reuniones de urgencia con las empresas y acciones legales en los juzgados de Mérida contra un “grupo minoritario” de transportistas por presunto incumplimiento del acuerdo marco firmado en 2024.

Duras críticas de la oposición

La gestión del Ejecutivo regional ha suscitado una contundente respuesta por parte de la oposición. El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha denunciado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, “vuelve a llegar tarde” a la planificación de un servicio esencial y ha exigido garantías absolutas de que todas las rutas estarán totalmente cubiertas el 10 de septiembre. “La Junta ha tenido 365 días para solucionar este problema y vuelve a dejarlo para el último momento”, ha aseverado el líder socialista, alertando de la incertidumbre que vuelven a afrontar las familias.

Sánchez Cotrina ha remarcado que las dificultades en el sector no son nuevas, recordando que tras el acuerdo marco de 2024 se reprodujeron los problemas con rutas sin cubrir en septiembre de 2025 y se tuvo que recurrir a contratos de emergencia en mayo de este mismo año para sostener el servicio. A juicio del dirigente del PSOE, el hecho de que las deficiencias persistan tras la llegada de la nueva titular de Educación, Sandra Valencia, demuestra que “el problema ya no es una consejera, sino que la señora Guardiola no sabe gestionar”.

Desde las filas socialistas han reclamado a la Junta que aclare cuántas rutas continúan actualmente sin adjudicar, cuáles son las causas concretas y qué plan de actuación inmediato se va a ejecutar con las empresas del sector para revisar las rutas desiertas. Cotrina ha incidido en la trascendencia del transporte escolar para salvaguardar la igualdad de oportunidades en la región, donde miles de niños dependen a diario de estas líneas para desplazarse desde sus municipios a los colegios e institutos, concluyendo que “después de un año ya no hay excusas ni sonrisas que valgan, hacen falta soluciones serias”.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha exigido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que garantice el funcionamiento del transporte escolar desde el primer día del próximo curso y aporte “certidumbre” a las 16.000 familias extremeñas que dependen de este servicio.

González Andrade ha recordado que la Junta ha licitado el contrato del transporte escolar, dotado con 17,15 millones de euros, pero ha advertido de que el procedimiento vuelve a plantearse “sin haber corregido los errores que provocaron el caos del pasado curso”.

El portavoz socialista ha recordado que el pasado año quedaron desiertas 335 rutas escolares porque las empresas advirtieron de que los precios fijados por la Junta no cubrían los costes del servicio, una situación que provocó que 7.000 alumnos y alumnas permanecieran durante las dos primeras semanas del curso sin transporte escolar.

Ha lamentado que las empresas han vuelto a alertar de que las condiciones económicas continúan siendo insuficientes para prestar el servicio por el encarecimiento de los combustibles, las dificultades para encontrar conductores y el envejecimiento de las flotas.

Para el PSOE, la Junta “onoce perfectamente cuál fue el origen del problema” pero ha decidido volver a licitar el servicio “con prácticamente la misma receta”, lo que genera una enorme incertidumbre.

Por ello, ha reclamado a Guardiola que dialogue con el sector, adopte las medidas necesarias para evitar que vuelvan a quedar rutas desiertas y garantice que el próximo 10 de septiembre ningún estudiante extremeño se quede sin poder acudir a clase por falta de transporte escolar.

Archivo de la causa contra Olga García

Por otra parte, González Andrade ha valorado el archivo de la investigación judicial que afectaba a la exconsejera socialista Olga García, por emitir informes favorables a la construcción de una planta solar en un espacio natural protegido de Alcántara (Cáceres).

El portavoz socialista ha reclamado al PP que rectifique y pida disculpas por las acusaciones vertidas cuando se conoció la apertura de la investigación, ya que “quienes entonces calificaron el asunto de extraordinaria gravedad deberían explicar ahora dónde está esa gravedad y pedir perdón por haber intentado utilizar políticamente un procedimiento judicial”.

Andrade ha acusado al PP de actuar con una doble vara de medir ante las resoluciones judiciales.

Los socialistas se hacían eco ayer de la petición de 14 familias de Rioja Baja cuyos hijos e hijas quieren estudiar formación profesional en Calahorra y necesitan trasporte escolar para llegar. Un día después, el Gobierno de La Rioja ha contestado: Educación habilitará servicio de transporte escolar para el alumando de la comarca de Cervera del Río Alhama que estudie en Calahorra.

Así, desde el Ejecutivo regional explican que a partir del mes de septiembre, el alumnado que haya finalizado sus estudios de ESO y continúe con su formación en Calahorra, dispondrá de servicio de transporte escolar en horario lectivo. La Consejería de Educación y Empleo habilitará servicio de transporte escolar para el alumnado procedente de la comarca de Cervera del Río Alhama que continúe sus estudios de Bachillerato y Formación Profesional en la localidad de Calahorra durante el curso 2026-2027.

De esta forma, a partir de septiembre, el alumnado de Cervera del Río Alhama, Igea, Rincón de Olivedo, Grávalos, Aguilar, Cornago, Cabretón y Valverde que, una vez finalizados los estudios de ESO continúen con su formación en Calahorra, también dispondrán de transporte escolar en horario lectivo. 

El PSOE de La Rioja denuncia la falta de respuesta del Gobierno regional con las familias y el alumnado de la zona de Cervera del Río Alhama. En concreto, se refieren a estudiantes de Cervera, de Igea, Rincón de Olivedo y Grávalos que, tras finalizar la educación secundaria obligatoria, necesitan transporte escolar para poder continuar sus estudios, libremente elegidos, de Formación Profesional y de bachiller en Calahorra.

Esta situación afecta a 14 jóvenes que desean matricularse en distintos Ciclos Formativos y en Bachiller de Artes, impartidos en Calahorra y que, “a pocos días de que finalice el plazo de matrícula previsto para este viernes, continúan sin conocer si podrán disponer de un servicio de transporte que les permita acceder a los estudios que han elegido”. Por esta razón, los socialistas hablan de “incertidumbre”, más aún cuando “a principios del mes de marzo, las familias trasladaron formalmente a la Consejería de Educación una propuesta para resolver esta situación”. Sin embargo, “cuatro meses después, y a falta de dos días para que acabe el plazo de matrícula, el Gobierno de La Rioja sigue sin ofrecer una respuesta a estas familias”.

Tachan de “inaceptable que la administración autonómica permanezca impasible mientras 14 estudiantes ven condicionado su futuro académico por una cuestión que es de exclusiva competencia pública”. Y recuerdan que “el acceso a la educación no puede depender del lugar de residencia, ni de la capacidad económica de las familias para asumir los desplazamientos diarios”. Y, en este caso, “la falta de transporte escolar está vulnerando el principio de igualdad de oportunidades, algo especialmente grave cuando afecta al alumnado de la zona rural porque los jóvenes de la zona de Cervera del río Alhama tienen exactamente el mismo derecho que cualquier otro estudiante riojano a elegir libremente su formación y acceder a los ciclos formativos que mejor se adapten a sus intereses y expectativas profesionales”.

Por todo ello, los socialistas exigen al Gobierno de La Rioja que “actúe de manera inmediata y dé respuesta a las familias afectadas y habilite las soluciones de transporte necesarias para que estos 14 estudiantes puedan iniciar sus estudios de formación profesional en Calahorra el próximo curso en condiciones de igualdad”. Y recuerdan que “el diseño de las rutas de transporte escolar está orientado en la actualidad, prácticamente en exclusiva hacia Alfaro, lo que impide que numerosos estudiantes puedan acceder a la oferta educativa existente en Calahorra”.

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha impuesto sanciones que rondan los 900.000 euros en total a 31 compañías de autobuses por su “boicot” a las licitaciones de transporte escolar para los colegios públicos en el curso 2023/2024. Después de una investigación que ha implicado un sumario de unas 16.000 páginas y una resolución de 163, a la que ha tenido acceso este periódico, este organismo concluye que estas empresas pergeñaron una “forma de coacción” al Departamento de Educación para “obligar” a la Administración a “cambiar las condiciones de la prestación del servicio”, lo que se tradujo en una subida del 6% para el siguiente año, el 2024/2025. Otras 28 empresas o asociaciones que estaban siendo igualmente investigadas han quedado exoneradas.

La investigación, que ha sido realizada por los instructores Guillermo Aranzabe y Zorione Garitano, constata de entrada que desde el curso 2019/2020 el servicio en la red pública -que aglutina al 50% del alumnado, aproximadamente- se ha prestado “por medio de adjudicaciones directas”, es decir, con selección 'a dedo' de las compañías y con precios sin concurrencia a través de un concurso. Se menciona, como causas de esto, que en 2021 se presentaron 14 recursos, que 11 fueron estimados y que Educación acabó renunciando al concurso o que, en 2022, las alegaciones en bloque de las empresas volvieron a tumbar la licitación.

En 2023, el momento de inicio de la investigación, la licitación no fue cancelada y la respuesta a los recursos empezó a avisar de “mala fe” por parte de las compañías. Sin embargo, lo que sucedió es que hubo una “baja participación” en el concurso, particularmente en Álava y en Bizkaia. Hay que tener en cuenta es un proceso que ha de cubrir a 219 centros y 18.719 alumnos, por lo que las contrataciones se dividen en una miríada de pequeñas rutas o lotes. El Gobierno llegó a amagar con enviar el asunto a la Fiscalía ante las sospechas de que había una acción concertada detrás.

En Álava solamente se presentaron ocho empresas, siete de ellas de fuera y únicamente una de las habituales locales. Solamente se cubriría el 10% del servicio con esas ofertas. Más crítica aún era la situación en la provincia con más población, Bizkaia, donde no hubo ni una sola oferta válidas, de modo que el 100% de las rutas estaban en el aire. En Gipuzkoa hubo una participación mayor, que alcanzaba el 38% de la demanda. Se estima que fue una “coacción ejercida colectivamente” para “condicionar al poder adjudicador” en una licitación cuyo precio estimado total para dos años con otros dos de prórroga rozaba los 100 millones de euros. Se apunta a la existencia de pruebas, como un correo recibido por el propio Bildarratz en el que se aludía textualmente a que “desde alguna asociación empresarial estaban barajando dejar desierta la licitación”.

Aquel arranque del curso 2023/2024 fue verdaderamente caótico. En los primeros días no hubo autobuses porque muchas empresas boicotearon, igualmente, una “orden forzosa” del consejero Bildarratz para prorrogar las adjudicaciones directas de años anteriores y que hubiera autobuses, según expone competencia. Solamente volvió la normalidad el 18 de septiembre, cuando había una garantía de subida de los precios que cobraban. En marzo de 2024 se confirmó una mejora del 6%. El Ejecutivo tuvo que arbitrar ayudas económicas extraordinarias para compensar desplazamientos en coche o en otros medios.

El asunto tuvo tal repercusión que se llegó a volver en contra de Bildarratz, porque contrató como asesor jurídico externo a Joanes Labayen, del bufete Cuatrecasas y muy cercano a su partido, el PNV. Concurría la doble circunstancia de que era también consejero de una empresa de autobuses (Urpa, no sancionada en esta trama) y que el responsable de los servicios jurídicos de Educación, Eneko Goenaga, ahora en Musikene, fue colega suyo en Cuatrecasas.

La resolución de Competencia, que desestima las alegaciones de las empresas aludidas, considera “muy grave” la práctica colusoria detectada. Es una de las sanciones más fuertes de las impuestas hasta ahora por este organismo. Precisamente uno de sus grandes casos fue la desactivación del cártel que boicoteaba durante años la otra gran contrata de la enseñanza pública, la de los comedores, que llegó a motivar una comisión de investigación en el Parlamento Vasco. Firman la resolución Ainara Herce como presidenta, los vocales Tontxu Rodríguez y Jorge Aranguren y la secretaria de la AVC, Noemí Angulo.

Competencia, en todo caso, no ha impuesto la más dura de las multas posibles a las empresas implicadas. La norma facultaba a multarles con cantidades de hasta el triple de lo establecido, ya que se permite una horquilla de hasta el 10% del volumen de negocio en el año anterior a la condena, es decir, 2025. La media fijada es del 3%, con algunos casos con porcentajes del entorno del 3,5% como es el supuesto de la empresa más afectada, Autobuses Cuadra, la única con participación en las irregularidades en los tres territorios, según Competencia. La suya es la más alta de las multas, de casi 180.000 euros. En la tabla se pueden ver todas las multas y también las empresas exoneradas.

Y eso que el quebranto económico para las arcas públicas es mayor que un 3%. Según las conclusiones de la resolución, cuando hay concurso la Administración ahorra por término medio un 8% con respecto al precio de salida y, cuando no, tiene que pagar un 3% más, pero un 6% cuando las intervinientes son las empresas ahora multadas.

El organismo de control ha decidido también no establecer a estas empresas la prohibición de volver a contratar en la Administración, otra posibilidad legal en estos supuestos graves. Argumenta Competencia que ello entraría “en conflicto” con la “eficaz” prestación del servicio porque las compañías implicadas son decenas y apenas habría mercado en Euskadi para poder atender las rutas. La investigación ha motivado la apertura de hasta seis piezas sepadas por motivos de “confidencialidad”. La resolución no es firme porque puede ser recurrida ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

La Guardia Civil de Ciudad Real ha denunciado al conductor de un automóvil que realizaba transporte escolar por circular con dicho vehículo teniendo presencia de drogas en el organismo, cuestión que fue confirmada en el informe de ensayo confirmatorio de drogas en saliva realizado por el laboratorio de referencia.

La infracción fue detectada a finales del pasado mes de febrero cuando componentes del Subsector de Tráfico de Ciudad Real realizaban un punto de verificación de transporte escolar y de menores en las inmediaciones de un centro de educación especial, de una localidad de la provincia de Ciudad Real, del que no se ha dado detalle, y procedieron a la parada aleatoria del turismo con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las condiciones del vehículo y sus autorizaciones administrativas.

Dio positivo en cocaína

Realizada la prueba de detección de drogas en el ámbito de la seguridad vial al conductor del vehículo de transporte escolar arrojó un resultado positivo a cocaína en el test indiciario salival al que fue sometido, por lo que hubo de hacerse cargo de la conducción del automóvil otro conductor debidamente habilitado.

Con motivo de los hechos relatados se confeccionó el preceptivo boletín de denuncia por infracción de la Ley de Seguridad Vial, por 'Circular con el vehículo reseñado teniendo presencia de drogas en el organismo', el cual ha sido remitido al ayuntamiento correspondiente por tener las competencias atribuidas.

Los efectos de la borrasca 'Leonardo' han afectado a un total de 321 usuarios de rutas escolares de Castilla-La Mancha, según informa la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a Europa Press.

Por provincias, en la Albacete se han visto afectados 63 alumnos y alumnas, de nueve rutas afectadas, mientras que en Ciudad Real han sido 245 estudiantes de 21 rutas los afectados.

Por contra, en Guadalajara, tan solo cuatro menores de una ruta se han visto perjudicados por el mal tiempo.

La llegada de la borrasca 'Leonardo' a Castilla-La Mancha ha afectado a 26 rutas escolares de la región, alcanzando a un total de 259 alumnos en las provincias de Cuenca y Guadalajara.

En Guadalajara se han visto afectadas 19 rutas, de las que 14 han sido suspendidas en su totalidad y cinco de forma parcial, con un total de 231 alumnos.

En la provincia de Cuenca, siete rutas no han podido hoy desarrollarse con normalidad, cuatro de ellas se han suspendido totalmente y el resto se han visto afectadas de forma parcial, según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico.

Ambas provincias están este miércoles en aviso amarillo por nevadas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Han tenido que pasar casi tres meses para que una joven de 15 años vecina de una aldea de Sevilla llamada Peroamigo vuelva a acudir a clases en su instituto con el resto de compañeros, y lo ha conseguido después de una odisea de papeleo, gestiones y quejas por parte de su familia, hasta que, por fin, este jueves volverá a tener un taxi a su disposición para que pueda tener el derecho a la educación igual que sus compañeros.

La joven es una de los poco más de diez vecinos de la aldea, que pertenece al término municipal de El Castillo de las Guardas, y llevaba sin ir a clase desde el pasado 4 de noviembre, al haber suspendido la ruta la empresa de autobús interurbano que la llevaba a diario al IES de Gerena, a media hora de su casa.

De por sí no era un viaje fácil, ya que tiene que levantarse a las 6.00 de la madrugada, para que un taxi la recoja y la deje en El Castillo de las Guardas, para montarse en el autocar que, en media hora larga, la deja en el instituto de Gerena. A la vuelta, lo mismo.

Ya no era rentable

Su madre, Carmen Cabeza, se quejaba en su día de que solo unos días antes de quedarse sin transporte se enteró por casualidad. Fue el 29 de octubre, cuando el conductor que recogía a su hija y la dejaba cada día le dijo que dejaría de prestar el servicio, ya que consideraba que no era rentable llevar a una sola persona a diario.

Además de que “parecía que estaba haciendo un favor”, le dijo que la Junta de Andalucía no le compensaba lo suficiente como para mantener la ruta, y cinco días después dejó de llevar a la niña a clase.

Desde entonces, la menor ha recibido clases telemáticas en el salón de su casa, con una conexión a internet inestable y sin poder tener clases al mismo nivel que el resto de su clase.

Y todo ello porque la Junta aseguraba que encontrar un taxi que prestase el servicio no era fácil, pero se unía a la complicación de que tenían que contratar a un monitor que acompañase a la menor junto al conductor, algo indispensable en este tipo de vehículos de transporte escolar, aunque no así en los autobuses que lleve al alumnado a los centros educativos.

Al monitor había que darle de alta solo unas horas, y la burocracia se puso por delante de la necesidad de la joven de acudir a clase, aunque al final se ha podido solventar.

Este jueves, volverá a sus clases en el IES Gerena, al que llegará dos horas después de despertar cada día, y todo porque, además, en El Castillo de las Guardas existe un instituto que da servicio al alumnado hasta segundo de ESO, pero a partir de ese curso se tienen que desplazar a Gerena como localidad más cercana, y así seguirá hasta que se amplíen las líneas del instituto de su pueblo o bien se levante un centro nuevo.

Desde hace dos meses, una niña de 12 años recién llegada a Altorricón pasa los días en su casa sin poder acudir al colegio. El motivo: no hay un transporte escolar que la lleve hasta el centro educativo y sus padres no tienen posibilidad de acercarla cada día. El Ayuntamiento de esta localidad oscense ha denunciado públicamente la situación, que consideran “preocupante” ya que se trata de una menor en edad de escolarización obligatoria “que necesita socializar y adquirir conocimientos, el año que viene tendría que ir al instituto”. Desde el Departamento de Educación aseguran que “desde el minuto uno” se está trabajando para encontrar una solución y que se sigue buscando un transportista o taxi rural que pueda realizar el servicio.

Son cinco kilómetros los que impiden la escolarización de esta niña, recién llegada a España y que vive con su familia en una torre situada fuera del núcleo urbano. “Por su situación familiar, la niña no puede desplazarse por sus propios medios hasta el colegio”, señala Susana Ramón, alcaldesa de la localidad. Ante esta circunstancia, el centro educativo solicitó una solución de transporte escolar al Departamento de Educación, que reclamó un informe de los servicios sociales. Dicho informe fue remitido y certifica la situación real de la familia, pero, pese a ello, la menor no pudo incorporarse a las clases a la vuelta de las vacaciones junto al resto del alumnado del municipio.

Según explica la alcaldesa, la madre de la menor no tiene forma de transportarla y los horarios de trabajo del padre son “muy complicados de conciliar con los horarios escolares”. Ahora, están intentando que la empresa le permita una mayor flexibilidad horaria para poder dejar a la niña en madrugadores y el Ayuntamiento buscaría alguna opción de extraescolar para por la tarde: “No vamos a permitir que una niña de esa edad esté sin escolarizar”.

Desde el Ayuntamiento sostienen que Educación se ha negado a facilitar el transporte escolar alegando que la única ruta que pasa por la zona es de alumnado de Secundaria y que no puede recoger a una alumna de otro nivel educativo. “Sabemos que en otras comarcas niños de Primaria y Secundaria comparten ruta escolar”, subraya Ramón, que considera que esta negativa supone “una grave dejación de funciones”.

La alcaldesa recuerda además que la educación es obligatoria hasta los 16 años y que es la Comunidad Autónoma la administración competente para garantizar este derecho. “El Gobierno de Aragón es plenamente conocedor de la situación y, aun así, está vulnerando el derecho fundamental de esta menor al acceso a la educación”, afirma.

Ramón lamenta también la falta de respuesta por parte de la Administración autonómica. “Desde que se envió el informe de Servicios Sociales han pasado casi dos meses y la dirección del centro no ha obtenido ninguna contestación”, explica. Mientras tanto, y “pese a no ser de su competencia”, la Comarca de La Litera ha enviado una monitora varias horas a la semana al domicilio de la niña para que pueda recibir clases. “No es una solución. Quien debe resolver esta situación es el Departamento de Educación”, insiste la alcaldesa, que denuncia que “la única razón que se nos da es que la niña vive fuera del casco urbano”. Ramón asegura que esto “no había pasado nunca” y que no es infrecuente que haya familias que vivan en torres o viviendas fuera del pueblo.

Por su parte, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón señala que la alumna llegó fuera de plazo al sistema educativo y que la familia se instaló fuera del municipio sin contar con medios propios de desplazamiento. Educación recuerda que la normativa aragonesa —la misma que estaba en vigor con el anterior Ejecutivo autonómico— establece un mínimo de seis alumnos para crear una ruta de transporte escolar, aunque matiza que, con el objetivo de garantizar el servicio educativo y la vertebración del territorio, existen rutas por debajo de ese umbral, incluso con un único alumno.

Asimismo, la normativa contempla la concesión de Ayudas Individualizadas de Transporte (AIT) en aquellos casos en los que no es posible prestar el servicio mediante una ruta escolar. “Esa es la obligación del departamento: si no hay posibilidad de transporte, ofrecer ayuda individual”, indican desde Educación.

Desde el Servicio Provincial aseguran que “desde el minuto uno” se está trabajando para encontrar una solución y que se sigue buscando un transportista o taxi rural que pueda realizar el servicio, aunque reconocen las dificultades existentes en el medio rural por la falta de vehículos y conductores. En este contexto, Educación afirma haber consultado al Ayuntamiento la posibilidad de que alguna persona del municipio realice el transporte, con el correspondiente abono posterior de la ayuda individualizada. En cuanto a la posibilidad de utilizar la ruta de Secundaria, el Departamento descarta esta opción al tratarse de una línea regular cuya gestión de recorrido y horarios no es competencia de Educación. La alcaldesa expresa su disposición a colaborar pero matiza: “No pueden pretender que personal del Ayuntamiento vaya a buscar cada día a la niña, no es nuestra competencia y es una responsabilidad, estamos abiertos a ayudar en todo lo posible”.

Estas navidades, Carmen no ha pedido juguetes ni regalos. Su único deseo era volver al instituto a la vuelta de las vacaciones. Pero los Reyes Magos no se lo han podido conceder. Esta joven de 15 años que vive en Peroamigo –una aldea dependiente del municipio sevillano El Castillo de las Guardas en la que solo residen tres familias– lleva sin ir a clase desde el 3 de noviembre. Aquel día, el autobús escolar que la recogía a diario dejó de prestar el servicio alegando que no estaba cobrando esa parada.

Desde entonces, Carmen, que es la única alumna de Secundaria de Peroamigo, ha tratado de seguir el curso de forma online, lo que significa que “le han cortado su vida social de golpe y porrazo”, como lamenta su madre, Mari Carmen Cabeza, en conversación con este periódico. Recuerda que para que su hija pudiera continuar los estudios en el IES de Gerena, situado a unos 40 minutos de su casa, solicitó un servicio de transporte escolar específico que la Junta de Andalucía le concedió a principios de curso.

Así empezó tercero de diversificación en septiembre: a las 6:40 un autobús la recogía para llevarla desde Peroamigo hasta El Castillo de las Guardas, donde se incorporaba a la ruta general junto a otros estudiantes de Secundaria, rumbo al instituto del municipio vecino. Sin embargo, apenas dos meses después del inicio del curso, la empresa adjudicataria decidió suspender la parada en casa de Carmen, bajo el pretexto de que la administración no le estaba pagando, como explica a SevillaelDiario.es el alcalde de El Castillo de las Guardas, Gonzalo Domínguez.

Después de presentar varios escritos y reclamar el derecho que tenía reconocido desde el inicio del curso, la madre de Carmen recibió en diciembre una notificación de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo comunicándole que ya habían localizado un taxi para cubrir el trayecto. La llamada la recibió diez días antes de las vacaciones de Navidad, pero Carmen todavía no ha podido incorporarse a clase. El motivo es que al ser menor de 16 años, la normativa exige que vaya acompañada por un auxiliar de transporte, un puesto que aún no ha podido cubrirse “a pesar de las gestiones realizadas”, como indican fuentes de delegación consultadas por este periódico.

Coste académico y emocional

Mientras tanto, Carmen sigue las clases desde casa gracias a un sistema de videoconferencia habilitado por el propio instituto. “El centro está haciendo un trabajo excepcional, pero no es lo mismo”, defiende la madre, recordando que su hija cursa 3º de ESO dentro de un programa de diversificación curricular porque es disléxica, lo que dificulta aún más la enseñanza a distancia. “Las clases online no son la solución: los ruidos se multiplican, si tiene dudas no puede preguntar igual que si estuviera presencial y muchas veces se corta la conexión porque vivimos en una zona aislada”, relata Mari Carmen, quien advierte una merma progresiva en la calidad del aprendizaje que está recibiendo su hija.

Más allá del impacto que la situación le está provocando a nivel académico, Mari Carmen lamenta cómo le está afectando emocionalmente a una adolescente tal aislamiento. “Carmen empezó en un sitio nuevo y estaba muy contenta porque estaba haciéndose un grupo de amigos, pero de repente le han cortado su vida social de golpe y porrazo”, deplora esta madre, que no se explica que la solución se esté demorando tanto. “Si hay un contrato firmado con la empresa, se tiene que cumplir”, insiste.

Desde el IES de Gerena, su director, Enrique Olivera, califica la situación de “inverosímil”. “No tiene sentido que a su hermano lo recojan todas las mañanas y que ella no tenga derecho a ese mismo servicio”, apostilla. En efecto, al hermano menor de Carmen lo siguen recogiendo a diario en Peroamigo para acudir al CEIP Peña Luenga en el municipio de 1.514 habitantes al que pertenece su pedanía. La diferencia es que, al haber cambiado de nivel de enseñanza, el horario ya no es el mismo, por eso la mayor tenía autorizado un servicio específico para entrar una hora antes al instituto.

El director del IES de Gerena –centro que acoge a unos 60 alumnos de toda la comarca– explica que el centro ha tenido que articular de forma excepcional un sistema de enseñanza a distancia para evitar que la alumna pierda completamente el curso. “Es una medida que hemos adoptado porque la solución no va a ser a corto plazo, pero debería ser temporal”, opina Olivera, antes de reconocer que la calidad de la enseñanza no es la misma. “La interacción con sus compañeros, con el profesorado y las actividades complementarias del centro Carmen no las está disfrutando”, asevera.

El precio de vivir en una aldea

El alcalde de El Castillo de las Guardas, Gonzalo Domínguez, asegura que es la primera vez que el municipio se enfrenta a un caso así. “Carmen tenía el transporte concedido desde septiembre y la empresa estaba prestando el servicio con normalidad hasta el 3 de noviembre”, recuerda. Según relata, tras consultar con la Delegación Territorial, se confirmó que la parada estaba autorizada por la Consejería competente, pero que se había producido un error en la tramitación. “A alguien se le olvidó incluir esa parada en la licitación y la empresa no estaba recibiendo el pago”, cuenta extrañado.

Desde la Delegación Territorial aseguran que se sigue buscando una solución alternativa que garantice el traslado conforme a la normativa vigente. Entretanto, la menor continúa sin poder asistir presencialmente a clase. La ruta escolar ha seguido funcionando con normalidad para el resto del alumnado de El Castillo de las Guardas. “Los demás chavales están yendo en el autobús, pero falta una niña: falta Carmen, que no va ningún día y tiene el mismo derecho”, denuncia su madre, exigiendo el cumplimiento de un derecho que se le había concedido como a los demás niños del municipio vecino.

Mientras los días pasan y el curso avanza, Carmen sigue esperando a que la recojan para volver con sus compañeros. “Desde el minuto uno está deseando regresar a clase”, asegura la madre, poniendo palabras al deseo que su hija manifiesta en silencio. “El regalo que esperaba a la vuelta de las vacaciones era ver al taxi en la puerta, pero no tenemos novedades”, lamenta Mari Carmen, quien no piensa rendirse: “Hasta que no vea a mi hija montada en el coche y llegando al instituto, no voy a parar”. Porque está convencida de que Carmen tiene el mismo derecho que los demás niños a ir al instituto, “que es donde tiene que estar”.