La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha impuesto sanciones que rondan los 900.000 euros en total a 31 compañías de autobuses por su “boicot” a las licitaciones de transporte escolar para los colegios públicos en el curso 2023/2024. Después de una investigación que ha implicado un sumario de unas 16.000 páginas y una resolución de 163, a la que ha tenido acceso este periódico, este organismo concluye que estas empresas pergeñaron una “forma de coacción” al Departamento de Educación para “obligar” a la Administración a “cambiar las condiciones de la prestación del servicio”, lo que se tradujo en una subida del 6% para el siguiente año, el 2024/2025. Otras 28 empresas o asociaciones que estaban siendo igualmente investigadas han quedado exoneradas.

La investigación, que ha sido realizada por los instructores Guillermo Aranzabe y Zorione Garitano, constata de entrada que desde el curso 2019/2020 el servicio en la red pública -que aglutina al 50% del alumnado, aproximadamente- se ha prestado “por medio de adjudicaciones directas”, es decir, con selección 'a dedo' de las compañías y con precios sin concurrencia a través de un concurso. Se menciona, como causas de esto, que en 2021 se presentaron 14 recursos, que 11 fueron estimados y que Educación acabó renunciando al concurso o que, en 2022, las alegaciones en bloque de las empresas volvieron a tumbar la licitación.

En 2023, el momento de inicio de la investigación, la licitación no fue cancelada y la respuesta a los recursos empezó a avisar de “mala fe” por parte de las compañías. Sin embargo, lo que sucedió es que hubo una “baja participación” en el concurso, particularmente en Álava y en Bizkaia. Hay que tener en cuenta es un proceso que ha de cubrir a 219 centros y 18.719 alumnos, por lo que las contrataciones se dividen en una miríada de pequeñas rutas o lotes. El Gobierno llegó a amagar con enviar el asunto a la Fiscalía ante las sospechas de que había una acción concertada detrás.

En Álava solamente se presentaron ocho empresas, siete de ellas de fuera y únicamente una de las habituales locales. Solamente se cubriría el 10% del servicio con esas ofertas. Más crítica aún era la situación en la provincia con más población, Bizkaia, donde no hubo ni una sola oferta válidas, de modo que el 100% de las rutas estaban en el aire. En Gipuzkoa hubo una participación mayor, que alcanzaba el 38% de la demanda. Se estima que fue una “coacción ejercida colectivamente” para “condicionar al poder adjudicador” en una licitación cuyo precio estimado total para dos años con otros dos de prórroga rozaba los 100 millones de euros. Se apunta a la existencia de pruebas, como un correo recibido por el propio Bildarratz en el que se aludía textualmente a que “desde alguna asociación empresarial estaban barajando dejar desierta la licitación”.

Aquel arranque del curso 2023/2024 fue verdaderamente caótico. En los primeros días no hubo autobuses porque muchas empresas boicotearon, igualmente, una “orden forzosa” del consejero Bildarratz para prorrogar las adjudicaciones directas de años anteriores y que hubiera autobuses, según expone competencia. Solamente volvió la normalidad el 18 de septiembre, cuando había una garantía de subida de los precios que cobraban. En marzo de 2024 se confirmó una mejora del 6%. El Ejecutivo tuvo que arbitrar ayudas económicas extraordinarias para compensar desplazamientos en coche o en otros medios.

El asunto tuvo tal repercusión que se llegó a volver en contra de Bildarratz, porque contrató como asesor jurídico externo a Joanes Labayen, del bufete Cuatrecasas y muy cercano a su partido, el PNV. Concurría la doble circunstancia de que era también consejero de una empresa de autobuses (Urpa, no sancionada en esta trama) y que el responsable de los servicios jurídicos de Educación, Eneko Goenaga, ahora en Musikene, fue colega suyo en Cuatrecasas.

La resolución de Competencia, que desestima las alegaciones de las empresas aludidas, considera “muy grave” la práctica colusoria detectada. Es una de las sanciones más fuertes de las impuestas hasta ahora por este organismo. Precisamente uno de sus grandes casos fue la desactivación del cártel que boicoteaba durante años la otra gran contrata de la enseñanza pública, la de los comedores, que llegó a motivar una comisión de investigación en el Parlamento Vasco. Firman la resolución Ainara Herce como presidenta, los vocales Tontxu Rodríguez y Jorge Aranguren y la secretaria de la AVC, Noemí Angulo.

Competencia, en todo caso, no ha impuesto la más dura de las multas posibles a las empresas implicadas. La norma facultaba a multarles con cantidades de hasta el triple de lo establecido, ya que se permite una horquilla de hasta el 10% del volumen de negocio en el año anterior a la condena, es decir, 2025. La media fijada es del 3%, con algunos casos con porcentajes del entorno del 3,5% como es el supuesto de la empresa más afectada, Autobuses Cuadra, la única con participación en las irregularidades en los tres territorios, según Competencia. La suya es la más alta de las multas, de casi 180.000 euros. En la tabla se pueden ver todas las multas y también las empresas exoneradas.

Y eso que el quebranto económico para las arcas públicas es mayor que un 3%. Según las conclusiones de la resolución, cuando hay concurso la Administración ahorra por término medio un 8% con respecto al precio de salida y, cuando no, tiene que pagar un 3% más, pero un 6% cuando las intervinientes son las empresas ahora multadas.

El organismo de control ha decidido también no establecer a estas empresas la prohibición de volver a contratar en la Administración, otra posibilidad legal en estos supuestos graves. Argumenta Competencia que ello entraría “en conflicto” con la “eficaz” prestación del servicio porque las compañías implicadas son decenas y apenas habría mercado en Euskadi para poder atender las rutas. La investigación ha motivado la apertura de hasta seis piezas sepadas por motivos de “confidencialidad”. La resolución no es firme porque puede ser recurrida ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

La Guardia Civil de Ciudad Real ha denunciado al conductor de un automóvil que realizaba transporte escolar por circular con dicho vehículo teniendo presencia de drogas en el organismo, cuestión que fue confirmada en el informe de ensayo confirmatorio de drogas en saliva realizado por el laboratorio de referencia.

La infracción fue detectada a finales del pasado mes de febrero cuando componentes del Subsector de Tráfico de Ciudad Real realizaban un punto de verificación de transporte escolar y de menores en las inmediaciones de un centro de educación especial, de una localidad de la provincia de Ciudad Real, del que no se ha dado detalle, y procedieron a la parada aleatoria del turismo con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las condiciones del vehículo y sus autorizaciones administrativas.

Dio positivo en cocaína

Realizada la prueba de detección de drogas en el ámbito de la seguridad vial al conductor del vehículo de transporte escolar arrojó un resultado positivo a cocaína en el test indiciario salival al que fue sometido, por lo que hubo de hacerse cargo de la conducción del automóvil otro conductor debidamente habilitado.

Con motivo de los hechos relatados se confeccionó el preceptivo boletín de denuncia por infracción de la Ley de Seguridad Vial, por 'Circular con el vehículo reseñado teniendo presencia de drogas en el organismo', el cual ha sido remitido al ayuntamiento correspondiente por tener las competencias atribuidas.

Los efectos de la borrasca 'Leonardo' han afectado a un total de 321 usuarios de rutas escolares de Castilla-La Mancha, según informa la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a Europa Press.

Por provincias, en la Albacete se han visto afectados 63 alumnos y alumnas, de nueve rutas afectadas, mientras que en Ciudad Real han sido 245 estudiantes de 21 rutas los afectados.

Por contra, en Guadalajara, tan solo cuatro menores de una ruta se han visto perjudicados por el mal tiempo.

La llegada de la borrasca 'Leonardo' a Castilla-La Mancha ha afectado a 26 rutas escolares de la región, alcanzando a un total de 259 alumnos en las provincias de Cuenca y Guadalajara.

En Guadalajara se han visto afectadas 19 rutas, de las que 14 han sido suspendidas en su totalidad y cinco de forma parcial, con un total de 231 alumnos.

En la provincia de Cuenca, siete rutas no han podido hoy desarrollarse con normalidad, cuatro de ellas se han suspendido totalmente y el resto se han visto afectadas de forma parcial, según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico.

Ambas provincias están este miércoles en aviso amarillo por nevadas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Han tenido que pasar casi tres meses para que una joven de 15 años vecina de una aldea de Sevilla llamada Peroamigo vuelva a acudir a clases en su instituto con el resto de compañeros, y lo ha conseguido después de una odisea de papeleo, gestiones y quejas por parte de su familia, hasta que, por fin, este jueves volverá a tener un taxi a su disposición para que pueda tener el derecho a la educación igual que sus compañeros.

La joven es una de los poco más de diez vecinos de la aldea, que pertenece al término municipal de El Castillo de las Guardas, y llevaba sin ir a clase desde el pasado 4 de noviembre, al haber suspendido la ruta la empresa de autobús interurbano que la llevaba a diario al IES de Gerena, a media hora de su casa.

De por sí no era un viaje fácil, ya que tiene que levantarse a las 6.00 de la madrugada, para que un taxi la recoja y la deje en El Castillo de las Guardas, para montarse en el autocar que, en media hora larga, la deja en el instituto de Gerena. A la vuelta, lo mismo.

Ya no era rentable

Su madre, Carmen Cabeza, se quejaba en su día de que solo unos días antes de quedarse sin transporte se enteró por casualidad. Fue el 29 de octubre, cuando el conductor que recogía a su hija y la dejaba cada día le dijo que dejaría de prestar el servicio, ya que consideraba que no era rentable llevar a una sola persona a diario.

Además de que “parecía que estaba haciendo un favor”, le dijo que la Junta de Andalucía no le compensaba lo suficiente como para mantener la ruta, y cinco días después dejó de llevar a la niña a clase.

Desde entonces, la menor ha recibido clases telemáticas en el salón de su casa, con una conexión a internet inestable y sin poder tener clases al mismo nivel que el resto de su clase.

Y todo ello porque la Junta aseguraba que encontrar un taxi que prestase el servicio no era fácil, pero se unía a la complicación de que tenían que contratar a un monitor que acompañase a la menor junto al conductor, algo indispensable en este tipo de vehículos de transporte escolar, aunque no así en los autobuses que lleve al alumnado a los centros educativos.

Al monitor había que darle de alta solo unas horas, y la burocracia se puso por delante de la necesidad de la joven de acudir a clase, aunque al final se ha podido solventar.

Este jueves, volverá a sus clases en el IES Gerena, al que llegará dos horas después de despertar cada día, y todo porque, además, en El Castillo de las Guardas existe un instituto que da servicio al alumnado hasta segundo de ESO, pero a partir de ese curso se tienen que desplazar a Gerena como localidad más cercana, y así seguirá hasta que se amplíen las líneas del instituto de su pueblo o bien se levante un centro nuevo.

Desde hace dos meses, una niña de 12 años recién llegada a Altorricón pasa los días en su casa sin poder acudir al colegio. El motivo: no hay un transporte escolar que la lleve hasta el centro educativo y sus padres no tienen posibilidad de acercarla cada día. El Ayuntamiento de esta localidad oscense ha denunciado públicamente la situación, que consideran “preocupante” ya que se trata de una menor en edad de escolarización obligatoria “que necesita socializar y adquirir conocimientos, el año que viene tendría que ir al instituto”. Desde el Departamento de Educación aseguran que “desde el minuto uno” se está trabajando para encontrar una solución y que se sigue buscando un transportista o taxi rural que pueda realizar el servicio.

Son cinco kilómetros los que impiden la escolarización de esta niña, recién llegada a España y que vive con su familia en una torre situada fuera del núcleo urbano. “Por su situación familiar, la niña no puede desplazarse por sus propios medios hasta el colegio”, señala Susana Ramón, alcaldesa de la localidad. Ante esta circunstancia, el centro educativo solicitó una solución de transporte escolar al Departamento de Educación, que reclamó un informe de los servicios sociales. Dicho informe fue remitido y certifica la situación real de la familia, pero, pese a ello, la menor no pudo incorporarse a las clases a la vuelta de las vacaciones junto al resto del alumnado del municipio.

Según explica la alcaldesa, la madre de la menor no tiene forma de transportarla y los horarios de trabajo del padre son “muy complicados de conciliar con los horarios escolares”. Ahora, están intentando que la empresa le permita una mayor flexibilidad horaria para poder dejar a la niña en madrugadores y el Ayuntamiento buscaría alguna opción de extraescolar para por la tarde: “No vamos a permitir que una niña de esa edad esté sin escolarizar”.

Desde el Ayuntamiento sostienen que Educación se ha negado a facilitar el transporte escolar alegando que la única ruta que pasa por la zona es de alumnado de Secundaria y que no puede recoger a una alumna de otro nivel educativo. “Sabemos que en otras comarcas niños de Primaria y Secundaria comparten ruta escolar”, subraya Ramón, que considera que esta negativa supone “una grave dejación de funciones”.

La alcaldesa recuerda además que la educación es obligatoria hasta los 16 años y que es la Comunidad Autónoma la administración competente para garantizar este derecho. “El Gobierno de Aragón es plenamente conocedor de la situación y, aun así, está vulnerando el derecho fundamental de esta menor al acceso a la educación”, afirma.

Ramón lamenta también la falta de respuesta por parte de la Administración autonómica. “Desde que se envió el informe de Servicios Sociales han pasado casi dos meses y la dirección del centro no ha obtenido ninguna contestación”, explica. Mientras tanto, y “pese a no ser de su competencia”, la Comarca de La Litera ha enviado una monitora varias horas a la semana al domicilio de la niña para que pueda recibir clases. “No es una solución. Quien debe resolver esta situación es el Departamento de Educación”, insiste la alcaldesa, que denuncia que “la única razón que se nos da es que la niña vive fuera del casco urbano”. Ramón asegura que esto “no había pasado nunca” y que no es infrecuente que haya familias que vivan en torres o viviendas fuera del pueblo.

Por su parte, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón señala que la alumna llegó fuera de plazo al sistema educativo y que la familia se instaló fuera del municipio sin contar con medios propios de desplazamiento. Educación recuerda que la normativa aragonesa —la misma que estaba en vigor con el anterior Ejecutivo autonómico— establece un mínimo de seis alumnos para crear una ruta de transporte escolar, aunque matiza que, con el objetivo de garantizar el servicio educativo y la vertebración del territorio, existen rutas por debajo de ese umbral, incluso con un único alumno.

Asimismo, la normativa contempla la concesión de Ayudas Individualizadas de Transporte (AIT) en aquellos casos en los que no es posible prestar el servicio mediante una ruta escolar. “Esa es la obligación del departamento: si no hay posibilidad de transporte, ofrecer ayuda individual”, indican desde Educación.

Desde el Servicio Provincial aseguran que “desde el minuto uno” se está trabajando para encontrar una solución y que se sigue buscando un transportista o taxi rural que pueda realizar el servicio, aunque reconocen las dificultades existentes en el medio rural por la falta de vehículos y conductores. En este contexto, Educación afirma haber consultado al Ayuntamiento la posibilidad de que alguna persona del municipio realice el transporte, con el correspondiente abono posterior de la ayuda individualizada. En cuanto a la posibilidad de utilizar la ruta de Secundaria, el Departamento descarta esta opción al tratarse de una línea regular cuya gestión de recorrido y horarios no es competencia de Educación. La alcaldesa expresa su disposición a colaborar pero matiza: “No pueden pretender que personal del Ayuntamiento vaya a buscar cada día a la niña, no es nuestra competencia y es una responsabilidad, estamos abiertos a ayudar en todo lo posible”.

Estas navidades, Carmen no ha pedido juguetes ni regalos. Su único deseo era volver al instituto a la vuelta de las vacaciones. Pero los Reyes Magos no se lo han podido conceder. Esta joven de 15 años que vive en Peroamigo –una aldea dependiente del municipio sevillano El Castillo de las Guardas en la que solo residen tres familias– lleva sin ir a clase desde el 3 de noviembre. Aquel día, el autobús escolar que la recogía a diario dejó de prestar el servicio alegando que no estaba cobrando esa parada.

Desde entonces, Carmen, que es la única alumna de Secundaria de Peroamigo, ha tratado de seguir el curso de forma online, lo que significa que “le han cortado su vida social de golpe y porrazo”, como lamenta su madre, Mari Carmen Cabeza, en conversación con este periódico. Recuerda que para que su hija pudiera continuar los estudios en el IES de Gerena, situado a unos 40 minutos de su casa, solicitó un servicio de transporte escolar específico que la Junta de Andalucía le concedió a principios de curso.

Así empezó tercero de diversificación en septiembre: a las 6:40 un autobús la recogía para llevarla desde Peroamigo hasta El Castillo de las Guardas, donde se incorporaba a la ruta general junto a otros estudiantes de Secundaria, rumbo al instituto del municipio vecino. Sin embargo, apenas dos meses después del inicio del curso, la empresa adjudicataria decidió suspender la parada en casa de Carmen, bajo el pretexto de que la administración no le estaba pagando, como explica a SevillaelDiario.es el alcalde de El Castillo de las Guardas, Gonzalo Domínguez.

Después de presentar varios escritos y reclamar el derecho que tenía reconocido desde el inicio del curso, la madre de Carmen recibió en diciembre una notificación de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo comunicándole que ya habían localizado un taxi para cubrir el trayecto. La llamada la recibió diez días antes de las vacaciones de Navidad, pero Carmen todavía no ha podido incorporarse a clase. El motivo es que al ser menor de 16 años, la normativa exige que vaya acompañada por un auxiliar de transporte, un puesto que aún no ha podido cubrirse “a pesar de las gestiones realizadas”, como indican fuentes de delegación consultadas por este periódico.

Coste académico y emocional

Mientras tanto, Carmen sigue las clases desde casa gracias a un sistema de videoconferencia habilitado por el propio instituto. “El centro está haciendo un trabajo excepcional, pero no es lo mismo”, defiende la madre, recordando que su hija cursa 3º de ESO dentro de un programa de diversificación curricular porque es disléxica, lo que dificulta aún más la enseñanza a distancia. “Las clases online no son la solución: los ruidos se multiplican, si tiene dudas no puede preguntar igual que si estuviera presencial y muchas veces se corta la conexión porque vivimos en una zona aislada”, relata Mari Carmen, quien advierte una merma progresiva en la calidad del aprendizaje que está recibiendo su hija.

Más allá del impacto que la situación le está provocando a nivel académico, Mari Carmen lamenta cómo le está afectando emocionalmente a una adolescente tal aislamiento. “Carmen empezó en un sitio nuevo y estaba muy contenta porque estaba haciéndose un grupo de amigos, pero de repente le han cortado su vida social de golpe y porrazo”, deplora esta madre, que no se explica que la solución se esté demorando tanto. “Si hay un contrato firmado con la empresa, se tiene que cumplir”, insiste.

Desde el IES de Gerena, su director, Enrique Olivera, califica la situación de “inverosímil”. “No tiene sentido que a su hermano lo recojan todas las mañanas y que ella no tenga derecho a ese mismo servicio”, apostilla. En efecto, al hermano menor de Carmen lo siguen recogiendo a diario en Peroamigo para acudir al CEIP Peña Luenga en el municipio de 1.514 habitantes al que pertenece su pedanía. La diferencia es que, al haber cambiado de nivel de enseñanza, el horario ya no es el mismo, por eso la mayor tenía autorizado un servicio específico para entrar una hora antes al instituto.

El director del IES de Gerena –centro que acoge a unos 60 alumnos de toda la comarca– explica que el centro ha tenido que articular de forma excepcional un sistema de enseñanza a distancia para evitar que la alumna pierda completamente el curso. “Es una medida que hemos adoptado porque la solución no va a ser a corto plazo, pero debería ser temporal”, opina Olivera, antes de reconocer que la calidad de la enseñanza no es la misma. “La interacción con sus compañeros, con el profesorado y las actividades complementarias del centro Carmen no las está disfrutando”, asevera.

El precio de vivir en una aldea

El alcalde de El Castillo de las Guardas, Gonzalo Domínguez, asegura que es la primera vez que el municipio se enfrenta a un caso así. “Carmen tenía el transporte concedido desde septiembre y la empresa estaba prestando el servicio con normalidad hasta el 3 de noviembre”, recuerda. Según relata, tras consultar con la Delegación Territorial, se confirmó que la parada estaba autorizada por la Consejería competente, pero que se había producido un error en la tramitación. “A alguien se le olvidó incluir esa parada en la licitación y la empresa no estaba recibiendo el pago”, cuenta extrañado.

Desde la Delegación Territorial aseguran que se sigue buscando una solución alternativa que garantice el traslado conforme a la normativa vigente. Entretanto, la menor continúa sin poder asistir presencialmente a clase. La ruta escolar ha seguido funcionando con normalidad para el resto del alumnado de El Castillo de las Guardas. “Los demás chavales están yendo en el autobús, pero falta una niña: falta Carmen, que no va ningún día y tiene el mismo derecho”, denuncia su madre, exigiendo el cumplimiento de un derecho que se le había concedido como a los demás niños del municipio vecino.

Mientras los días pasan y el curso avanza, Carmen sigue esperando a que la recojan para volver con sus compañeros. “Desde el minuto uno está deseando regresar a clase”, asegura la madre, poniendo palabras al deseo que su hija manifiesta en silencio. “El regalo que esperaba a la vuelta de las vacaciones era ver al taxi en la puerta, pero no tenemos novedades”, lamenta Mari Carmen, quien no piensa rendirse: “Hasta que no vea a mi hija montada en el coche y llegando al instituto, no voy a parar”. Porque está convencida de que Carmen tiene el mismo derecho que los demás niños a ir al instituto, “que es donde tiene que estar”.

Los taxistas rurales aragoneses han denunciado que los nuevos pliegos del Gobierno de Aragón para el transporte escolar les dejan fuera de la licitación, un cambio que pone en riesgo la viabilidad de su actividad en muchas localidades del medio rural. Para muchos de estos profesionales, trasladar a niños y niñas de casa al colegio y viceversa constituye gran parte de sus ingresos, pero también les permite mantener otros servicios esenciales: desde llevar a personas mayores a citas médicas hasta transportar a jóvenes en verano para evitar que conduzcan bajo los efectos del alcohol.

La licitación recién publicada deja desiertos el 55% de los lotes de rutas escolares. La situación es más crítica en Huesca, donde solo se presentó oferta para uno de los 13 lotes, mientras que en Zaragoza se adjudicaron 12 de 21 lotes, y en Teruel 7 de 11. Los contratos que han quedado desiertos seguirán siendo prestados por los mismos profesionales hasta finales de curso. Los que sí han sido adjudicados continúan con las mismas empresas de momento, aunque sin certeza de lo que ocurrirá a partir de febrero, cuando se prevé que entren en servicio las nuevas empresas adjudicatarias.

Pedro Antonio Lázaro, taxista de Zaragoza, explica que “antes se hacía ruta por ruta y cualquier autónomo podía participar. Ahora, los lotes exigen un mínimo de vehículos y plazas, y la subcontratación favorece a grandes empresas. Nos deja fuera”. Estos profesionales denuncian que el cambio amenaza no solo su supervivencia profesional, sino también la prestación de servicios sociales en el medio rural.

Desde el Gobierno de Aragón, sin embargo, aseguran que la continuidad del servicio está garantizada y que la licitación, por valor de 52 millones de euros, busca “ordenar las rutas y garantizar estabilidad y sostenibilidad”. Las rutas desiertas serán objeto de nueva licitación, ajustando importes y composición de lotes, y se prevé que en Teruel y Zaragoza se vuelva a licitar entre finales de este mes y principios de febrero. En Huesca, por la complejidad del territorio y del sector, la revisión será “más profunda”, con lotes fragmentados y diseñados para permitir la participación de taxistas y pequeños transportistas.

Fuentes del Departamento de Educación insisten en que los nuevos pliegos no impiden la participación de los taxistas, que podrán seguir prestando servicios mediante subcontrataciones bajo condiciones garantizadas. No obstante, los profesionales cuestionan esta fórmula, ya que supondría una pérdida de derechos e ingresos, y podría empeorar la calidad del servicio en los pueblos más pequeños.

Los taxistas rurales han presentado recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), argumentando que los pliegos vulneran la Ley de Contratos del Sector Público al dificultar la participación de autónomos y pymes, no valorar adecuadamente la calidad del servicio ni tener en cuenta la vinculación territorial de las empresas. Por el momento el tribunal no se ha pronunciado. 

El 40 por ciento de los vehículos de transporte escolar controlados fueron denunciados. La DGT llevo a cabo una campaña de control de este transporte del 10 al 14 de noviembre. Se controlaron 72 vehículos de los que 29 fueron sancionados. En total, las infracciones interpuestas ascienden a 53. Esta es una de las campañas habituales de vigilancia y control que lleva a cabo la Dirección General de Tráfico con la finalidad de comprobar que este tipo de vehículos cumplen con la normativa establecida para el transporte escolar y de menores.

En concreto, los resultados obtenidos por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la comunidad autónoma fueron 56 vehículos controlados, 28 de ellos denunciados. Las infracciones detectadas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil corresponden a:

− Autorización especial para el transporte escolar: 14

− Seguro de responsabilidad civil ilimitada: 3

− Ausencia de la Señal Transporte Escolar V-10: 3

− Exceso tiempo conducción o minoración descanso superiores al 50%: 19

− Otras infracciones: 14

Por su parte, las policías locales de Logroño y Arnedo que participaron en esta campaña controlaron 16 vehículos de transporte escolar, resultando uno de ellos denunciado.

Desde hoy lunes y hasta el próximo viernes 14, la Dirección General de Tráfico pone en marcha una nueva campaña especial de vigilancia y control centrada en el transporte escolar, dada la importancia que tiene la seguridad vial en el transporte de viajeros en general, siendo más trascendente aún en el vinculado al ámbito escolar.

En estos cinco días, tanto agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como policías locales de aquellos municipios que se han sumado a la campaña, vigilarán especialmente que estos vehículos circulen a la velocidad permitida y que sus conductores no hagan uso del teléfono móvil u otros aparatos que supongan distracción, ya que los siniestros más habituales en los que se ven involucrados los autobuses escolares están causados principalmente por circular a una velocidad inadecuada o por distracciones. También se realizarán controles de alcohol y otras drogas entre los conductores.

Además, debido a la importancia que tiene el cinturón de seguridad en caso de accidente, se prestará especial atención al uso de estos en aquellos autobuses escolares que los lleven instalados.

Por supuesto, también se intensificarán las inspecciones sobre estos vehículos, comprobando que las autorizaciones y documentos que deben tener son los correctos para la prestación del servicio. Verificarán también, que las condiciones técnicas y los elementos de seguridad del vehículo sean los que exige la normativa, así como los requisitos especiales que debe cumplir el propio conductor, como son el permiso de conducción o los tiempos de conducción y descanso.

Resultados de la última campaña

La última campaña de vigilancia y control sobre el transporte escolar, que se llevó a cabo entre los días 20 y 24 de enero, concluyó en La Rioja con 68 vehículos controlados, de los cuales ocho resultaron sancionados (11,76%). En total, las denuncias interpuestas ascendieron a 14.

Las denuncias interpuestas correspondieron a:

Un conductor de autobús escolar ha dado positivo en cocaína y benzodiacepinas en un control efectuado por la Guardia Civil de Tráfico.

Ha sido mientras llevaba a tres menores de edades comprendidas entre los siete y los doce años en la zona de Baixa Limia, en Ourense.

Según informa el Instituto Armado –y recoge Europa Press–, la prueba se efectuó el pasado 14 de octubre en el marco de la campaña de control sobre el transporte escolar y su resultado fue contrastado por un laboratorio homologado.

La Guardia Civil de Tráfico asegura, en un comunicado, que casos como estos son “aislados y puntuales”. No obstante, incide en que se continuarán desarrollando “controles específicos” en el ámbito escolar durante “todo el curso académico”.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga posibles acuerdos o bien prácticas concertadas para el reparto en licitaciones del servicio de transporte público de viajeros por carretera, especialmente en el ámbito del transporte escolar en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Entre los días 6 y 8 de octubre, la CNMC inspeccionó las sedes de varias entidades operativas y no descarta la apertura de un expediente sancionador. De momento, señala el organismo regulador no se prejuzga el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas afectadas.

En los últimos años, la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha sacado a concurso los servicio de transporte escolar en las distintas provincias hasta el curso de 2026-2027.

La CNMC recuerda que los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la normativa de competencia (LDC), que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas.

La investigación de los cárteles, abunda, constituye una de las prioridades de actuación “por la gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el funcionamiento de los mercados”.

Competencia recuerda que cuenta con el programa de clemencia, que permite a las empresas y asociaciones que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten pruebas que ayuden a detectarlo. También permite a las empresas, que aporten información con un valor añadido significativo una vez iniciada la investigación, beneficiarse de una reducción de la multa.

Educación detectó ausencia de ofertas en el concurso destinado a las empresas

Sobre este caso, desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, a preguntas de elDiario.es Castilla-La Mancha, recuerda que “en los contratos sujetos a regulación armonizada”, como es el caso de los de transportes, si se aprecian indicios de conductas colusorias, “debe suspender la tramitación del procedimiento y dar traslado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”. Se actúa así desde el órgano de contratación de la Consejería, cumpliendo lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.

“Estos indicios resultan de la ausencia de ofertas en el concurso que se estaba tramitando, de 84 rutas de transporte para vehículos de más de 10 plazas”, explica para detallar que de las 84 rutas, 54 quedaban desiertas; y en las 30 restantes “se observaba muy poca concurrencia, habiendo tan solo una oferta en 18 de ellas”.

Además, explica que dicha práctica, con menor porcentaje incluso, “ya se observó en el concurso del pasado año, donde de 233 rutas, quedaron 55 desiertas”.

Educación asegura que, debido a esta circunstancia, al margen de tramitar el procedimiento que incluye el grueso de las rutas de transporte escolar, “tiene que hacer hasta dos y tres procedimientos de contratación menores, hasta conseguir empresas que realicen el transporte” y que eso supone además incrementar el precio inicialmente previsto.

Este departamento, sostiene que los precios tipo de la licitación “están en línea con el resto de comunidades autónomas”, y que fueron objeto de una importante subida en 2022 con arreglo a un estudio de costes de las rutas basado en el Observatorio de Costes del Transporte de Viajeros en Autocar del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible.

Según el estudio, que se aplicó por primera vez para la licitación del año 2023, los nuevos precios alcanzaron un promedio de incremento del 8% y un margen de beneficio del 31,31% de media, “considerándose suficiente para los cinco años previstos de contratación, así como para fomentar la concurrencia de las empresas y la libre competencia”.

Agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Teruel interceptaron, la mañana del 26 de septiembre, un autobús de transporte escolar tras recibir aviso de un ciudadano sobre un posible exceso de ocupación. En el momento de la inspección, viajaban 58 personas en un autobús habilitado para 55 plazas, de las cuales 45 eran menores. Tres de ellos estaban sentados en las escaleras de acceso al vehículo.

El vehículo iniciaba su ruta en Sarrión y finalizaba en Teruel. El control se realizó en el km 1 de la carretera A-232, a las afueras de La Puebla de Valverde. Tras detener el autobús y verificar la documentación y autorizaciones, los agentes realizaron las pruebas de control de alcoholemia y drogas al conductor. La prueba de drogas mediante muestra salival arrojó resultado positivo en marihuana (THC) y cocaína. Esta prueba está actualmente pendiente de confirmación por laboratorio autorizado.

Ante estas infracciones, la Guardia Civil formuló las denuncias correspondientes: una de carácter muy grave por conducción bajo los efectos de drogas, con sanción de 1.000 euros y retirada de 6 puntos del permiso; y otra leve por exceso de ocupación, sancionada con 100 euros, según el Reglamento General de Circulación.

El autobús quedó inmovilizado y los pasajeros permanecieron en el lugar hasta ser recogidos por otros vehículos enviados por la misma empresa para completar el transporte.

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al puesto de Valencia de Alcántara (Cáceres), han detenido al conductor de un autobús de transporte escolar, que se encontraba realizando una ruta con 12 menores a bordo, al triplicar la tasa de alcohol permitida.

Los hechos se produjeron el pasado jueves cuando durante un control de seguridad ciudadana en una vía de comunicación en la comarca de la Sierra de San Pedro, los agentes dieron el alto al autobús, para verificar la documentación del vehículo y de su conductor.

Ante la sospecha de que este pudiera haber consumido bebidas alcohólicas, fue sometido a la prueba con un alcoholímetro de muestreo, donde arrojó un resultado que triplicaba la tasa máxima permitida.

Los agentes solicitaron la presencia de una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Cáceres, que le sometieron a la prueba en un etilómetro evidencial (precisión), que dio un resultado positivo en alcohol.

De este modo, le formularon un boletín de denuncia al artículo 20 del Reglamento General de Circulación sancionado con 1.000 euros y una detracción de seis puntos del permiso de conducir. Asimismo, se le sometió a la prueba de drogas en la que arrojó un resultado negativo, según detalla la Guardia Civil en nota de prensa.

Al ser final de ruta, los menores fueron recogidos por sus tutores y el vehículo quedó inmovilizado hasta la llegada de otro conductor que se hizo cargo del autobús.

La Guardia Civil ha recordado a los usuarios de la vía la peligrosidad y el riesgo que entrañan estas conductas, especialmente en el transporte escolar, y ha insistido en la importancia de no consumir alcohol ni drogas al volante. 

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha rechazado este jueves presentar su dimisión por el conflicto del transporte escolar porque ha actuado “con lealtad a los extremeños y respetando la ley”, y ha advertido de “las buenas relaciones” que las empresas que no prestaron el servicio mantienen con el PSOE, al que ha acusado de hacer un uso político de una situación “ya resuelta”.

“Tengo la cabeza muy alta, no tengo nada de qué avergonzarme. He estado trabajando junto con todo el equipo de gobierno para defender los intereses de los niños y niñas que usan el transporte escolar, de sus padres, de los extremeños, de las empresas”, ha aseverado en el pleno de la Asamblea de Extremadura, donde este asunto monopoliza este jueves los asuntos del orden del día.

“Aquí quienes tienen que marcharse son los que mienten a los extremeños y, por supuesto, los que burlan la ley, no los que la cumplimos”, ha manifestado a la diputada socialista Ana María Fernández Rodríguez, quien le ha interpelado por la política general de la Junta en esta materia.

También desde el PSOE, su portavoz, María Piedad Álvarez, como replica a la consejera tras su intervención para abordar el transporte público, ha instado a Vaquera a “coger la puerta” de la Asamblea y “desaparecer”, como “hizo Guardiola” durante “la crisis”.

Álvarez ha preguntado “quién mandó el 11 de septiembre, como han denunciado algunas empresas, supuestos empleados públicos a domicilios de empresarios”, una acusación a la que Vaquera ha respondido con la petición de que se aporten pruebas.

Previamente, la consejera ha recalcado que en esta crisis no se ha dejado llevar por las “artimañas” de “unos cuantos que lo único que quieren es sacar rédito económico o político” y ha defendido la “responsabilidad” mostrada por el Ejecutivo a la hora de afrontar este conflicto, que dejó a miles de niños sin transporte escolar en los primeros días del nuevo curso.

Vaquera insinúa “relaciones” de empresas de transporte escolar con el PSOE

En su intervención, ha acusado a los socialistas de querer “tapar el bulto” que tiene su partido, en alusión al procesamiento de su líder, Miguel Ángel Gallardo, por el caso David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y les ha recriminado que hayan decidido ponerse del lado de un grupo “reducido” de empresas, “las más grandes, que son las que menos problemas económicos pueden tener”.

Igualmente, se ha preguntado porqué en el año 2021, bajo el mandato del socialista Guillermo Fernández Vara, “no hubo protestas ni coacciones” cuando se congelaron los precios que se abonan a las empresas prestatarias del servicio, y ahora sí cuando el Ejecutivo de María Guardiola los ha incrementado. En esta línea, ha asegurado que, “presuntamente”, el PSOE tiene “muy buenas relaciones con algunas de esas empresas”, al tiempo que le ha pedido que deje de utilizar el transporte escolar como arma política, dado que el servicio se presta con normalidad desde el 17 de septiembre.

Las peticiones de dimisión de Vaquera han sido reiteradas por los diputados socialistas -también la ha pedido Unidas-, entre ellos Fernández Rodríguez, quien ha responsabilizado asimismo a la presidenta de la Junta y ha acusado al Ejecutivo de presentarse como “víctima” de una situación en la que, a su juicio, ha demostrado incompetencia y falta de talante negociador.

Vox señala a Guardiola

Para Vox, la ultima responsable de “esta crisis, la más grave de las que se recuerdan, es la presidenta extremeña, María Guardiola, cuyo gobierno ”ya no tiene la confianza de los ciudadanos“, donde ”todo es improvisación“ y no hay gestión alguna.

Los socialistas José María Vergeles y Jorge Amado, en el turno de control al Gobierno, han acusado a Vaquera de haber “retorcido” la ley y discriminado a los núcleos rurales, además de haber intentado hacer un “cortafuegos” para que este asunto no salpique a la jefa del Ejecutivo.

Por Vox, Juan José García le ha preguntado si asume en primera persona toda la responsabilidad de la negociación del conflicto o si, por el contrario, hizo lo que le mandaron de instancias superiores. “Cada consejero es el responsable último de su área y las acciones” que en ella se deciden, por lo que “tanto la interposición como la retirada de la denuncia -a las empresas que no prestaron el servicio- corresponde en exclusiva a mi incumbencia”, le ha respondido.

El parlamentario ha acusado además a la Junta de haber “pasteleado” con esta denuncia para intentar “coaccionar” a las empresas, pero “al final le ha salido mal porque se han bajado del carro y han tenido que aumentar la partida económica”, ha señalado.

Por contra, el PP ha respaldado la gestión de Vaquera y ha aseverado que el origen de lo sucedido está “en la herencia recibida de parálisis” por parte del Ejecutivo socialista anterior. 

Toda la oposición ha criticado la gestión del transporte escolar en Extremadura, que ha supuesto una de las mayores crisis educativas y ha afectado al Gobierno de María Guardiola al dejar durante casi una semana a 5.000 alumnos, sobre todo de zonas rurales, sin forma de llegar a sus centros educativos en el inicio del curso. Esta situación puso en contra de la Consejería de Educación a los estudiantes, sus familias e incluso los docentes.

Por eso, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura no han desaprovechado la oportunidad de convertir el pleno de este jueves en la Asamblea en un debate prácticamente monotemático con preguntas de todos los grupos a la presidenta de la Junta y a la titular de Educación, Mercedes Vaquera, que también ha comparecido a petición propia para explicar su gestión.

Todos los grupos han reclamado consecuencias políticas por la situación que han vivido miles de familias, que en algunos casos han tenido que llevar a sus hijos a los colegios e institutos por medios propios y, en otras, han intentado conciliar al implantarse la educación telemática, una decisión unilateral de la Junta de Extremadura.

A pesar de las diferencias ideológicas, la oposición ha funcionado como un bloque con argumentos que han coincidido: “Soberbia” e “incapacidad para negociar” han sido algunas de las críticas directas a María Guardiola en el turno de preguntas a la presidenta, que ella ha sorteado echando balones fuera.

A la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, le ha contestado a su reprobación por la gestión de la crisis educativa con la responsabilidad de la exministra Irene Montero con las pulseras antimaltrato. Al portavoz de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, le ha recriminado que ejerciera la oposición durante los incendios “desde el sillón de sus vacaciones”. Al líder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, le ha recordado su situación procesal, después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya decidido sentarle en el banquillo por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

Entre las preguntas y respuestas se han dado dos situaciones insólitas. El portavoz de Vox ha intercedido a favor de la representante de la coalición de izquierdas ante la actitud de Guardiola de poner en el debate asuntos que nada tenían que ver con el transporte escolar. En segundo lugar, y a pesar de que el calificativo de “soberbia” lo han usado los tres grupos políticos, la presidenta de la Junta ha exigido al líder del PSOE que no vuelva a “calificarla”.

La presidenta tampoco ha respondido a por qué estuvo “desaparecida”, según Unidas por Extremadura y los socialistas, durante los seis días que se quedaron sin servicio 223 rutas escolares, sin actividad pública en su agenda ni en sus redes sociales, donde es especialmente activa. Tan solo ha enumerado las reuniones, llamadas y horas que la Junta empleó en negociaciones con las empresas de transporte que se negaron, en primer lugar, a presentarse a las licitaciones y, en segundo lugar, a prestar el servicio.

No obstante, María Guardiola ha defendido la gestión “seria y responsable” de la consejera de Educación ante una situación “tan difícil y tan dura”, pero ha vuelto a señalar a las empresas, que “presionaron” e hicieron exigencias de imposible cumplimiento para cualquier administración pública“. Aunque esas exigencias han sido asumidas por la administración tras comprometerse a estudiar su cobertura legal.

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado el decreto-ley por el que se establece una ayuda urgente de 0,26 euros por kilómetro para las familias afectadas por la ausencia de prestación del servicio de transporte escolar al inicio del curso escolar, con una dotación global de 596.960 euros.

Los beneficiarios son los 5.000 alumnos de centros docentes públicos no universitarios, pertenecientes a más de 200 rutas, que aproximadamente se han visto afectados por el conflicto del transporte escolar, desbloqueado la semana pasada tras el acuerdo alcanzado entre la Consejería de Educación y empresas del sector.

Las ayudas consistirán en el abono de 0,26 euros por kilómetro recorrido para llevar a los estudiantes al centro escolar, para lo cual se tendrán en cuenta un recorrido de ida y otro de vuelta entre el domicilio familiar y el centro en el que estén matriculados. Las familias pedían cuatro recorridos, dos de ida y dos de regreso.

El periodo subvencionable de estas ayudas comprenderá del 11 de al 19 de septiembre de 2025, ambos incluidos, según establece el decreto.

El Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios publicará en cinco días hábiles y en el portal web Educarex la relación provisional de personas beneficiarias atendiendo a las rutas y trayectos donde se hayan detectado incidencias por falta de prestación del servicio educativo complementario de transporte escolar.

Quienes no aparezcan en dicha relación y consideren que tienen derecho a percibir la ayuda podrán presentar solicitud según modelo normalizado que se acompaña al decreto-ley en el plazo improrrogable de los cinco días hábiles siguientes a la publicación de la relación provisional.

La Consejería de Educación ha cifrado en cinco las rutas escolares que este lunes no han funcionado, con más de un centenar de alumnos afectados.

En la provincia de Cáceres la incidencia se ha producido en una ruta y en la de Badajoz en cuatro. Está previsto que este martes una de esas cuatro rutas de Badajoz comience a funcionar con normalidad, según ha indicado Educación.

En una rueda de prensa, la portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha criticado que el alumnado de Almoharín (Cáceres) que va al instituto en Don Benito (Badajoz) no estaba este lunes en la parada porque nadie de la “consejería sonámbula” les había avisado de que el servicio se ha restituido.

El conflicto del transporte escolar, desbloqueado la semana pasada tras el acuerdo alcanzado entre Educación y empresas del sector, ha llegado a afectar a más de 200 rutas y cerca de 5.000 alumnos. 

Unidas por Extremadura ha tildado de “insuficiente” el decreto de medidas para los sectores afectados por los 17 grandes incendios forestales de este verano en la región, que suman un importe de 3,5 millones de euros, y ha avanzado que apoyará la creación en la Asamblea de una Comisión de Investigación sobre la gestión de estos incendios, cuya solicitud ha registrado el PSOE.

La portavoz de la coalición, Irene de Miguel, ha criticado que el Gobierno regional “en minoría” presente un nuevo decreto “sin consensuar y sin negociar” con la oposición en otro ejercicio más de “soberbia” y “de postureo político”. Además, ha indicado que plantear que el problema han sido las normativas ambientales para introducir cambios en las leyes es una “irresponsabilidad” porque el verdadero problema es la despoblación y ha incidido en que la dotación de las ayudas son “migajas para las familias”.

Una cuestión que ha censurado especialmente cuando la Junta mantiene la exención del impuesto de patrimonio a las grandes fortunas que supone la pérdida “de 6 millones de euros” y se opone además a la condonación de la deuda autonómica.

Apoyarán la comisión de investigación solicitada por el PSOE

En relación a la Comisión de Investigación, ha asegurado que Unidas por Extremadura presionó al PSOE para solicitarla pues su grupo no puede hacerlo ante la falta de apoyo y que los socialistas finalmente han decidido registrarla en solitario.

La coalición respaldará su creación pues entiende que ha habido “negligencias” y “descoordinación” en la gestión, al tiempo que ha defendido que en la Asamblea se necesita escuchar a los bomberos forestales, a los agentes del Medio Natural o a los vecinos afectados más que a los políticos.

De Miguel se ha referido, por otra parte, a la celebración este domingo de la segunda Marcha Columna de los 8.000, en Fuente del Arco (Badajoz), que recuerda el primer éxodo de población que tuvo lugar durante la guerra civil, para rechazar que la presidenta extremeña, María Guardiola, “patee” la memoria histórica con la “mal llamada Ley de Concordia” que “va a aprobar con los herederos del franquismo”.

“A día de hoy hay 14.000 extremeños y extremeñas desaparecidos, en fosas comunes. Honrar y dignificar su memoria es un deber democrático... y la Ley de Memoria Democrática no es una ley de izquierdas es una ley que lo que quiere poner encima de la mesa es una cuestión de derechos humanos”, ha aseverado.

Situación de la Educación

En su comparecencia ha aludido además a la situación del transporte escolar tras “la mayor crisis” en materia educativa en la comunidad por la que -ha criticado- la consejera aún no ha dimitido, y a la espera de conocer si se ha restablecido el servicio en todas las líneas sin excepción.

Al mismo tiempo, ha sumado el apoyo de Unidas por Extremadura a la “justa reclamación” de los docentes sobre la homologación salarial, con concentraciones la próxima semana, y un “compromiso electoral” del PP que ahora pretende saldar con una “mísera” subida de 30 euros.

Cuestionada por los problemas con las pulseras de control telemático de agresores machistas, ha afirmado que fueron conocedores de algunos casos y así lo trasladaron en su momento a quien correspondía, y que hoy tras saber que es un hecho “generalizado” requiere “toda la transparencia” y “explicaciones”, sobre todo a las mujeres que se han visto “desprotegidas”, lo que considera “muy preocupante”.

Irene de Miguel ha pedido en esta línea que todo el dinero del Pacto de Estado esté “mejor orientado”, en su mayor parte a la protección de las mujeres víctimas de violencia machista, lo que actualmente no es suficiente y agravado con que las medidas no sean efectivas.

A preguntas de los medios sobre que la Audiencia Provincial dé a conocer mañana su resolución a los autos presentados contra el procesamiento de David Sánchez, ha manifestado que si se abre juicio oral estarán muy pendientes de la sentencia, que espera sea “rápida”, y en función de la cual el PSOE debería tomar “una decisión”.

“No sería justo decir que la apertura de juicio oral pudiera condicionar el futuro político de alguien pero también es verdad que hay bastantes mimbres que nos dicen que en este caso hubo trato de favor y así lo denunciamos en su momento”, ha puntualizado la portavoz, para quien, no obstante, elevar los casos de “enchufismo” a la vía penal está “un poco fuera de lugar”. 

 La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha criticado este lunes que el Gobierno regional ha necesitado dos consejos extraordinarios para aprobar las ayudas a los afectados por los incendios forestales de este verano y ha hecho hincapié en que todavía no se hayan publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Gil Rosiña ha considerado que no saben gestionar, ya que han tenido que reunirse en un segundo consejo porque en el primero se les había olvidado la declaración de zona de actuación urgente de los municipios afectados. El Gobierno de María Guardiola “sólo acierta cuando rectifica” y le “falta humildad”, según Gil Rosiña, que ha preguntado de qué sirven tantas visitas a las zonas de los incendios, chalecos, ruedas de prensa y reuniones.

Como ejemplo de la “incapacidad” de la Junta de Extremadura ha expuesto que Galicia y Castilla y León, gobernadas por los populares, ya tienen publicadas las ayudas.

Sobre las declaraciones del PP, que considera que la petición de la comisión de investigación sobre los incendios es un intento de tapar la causa judicial en la que están procesados David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y el socialista Miguel Ángel Gallardo, ha manifestado a pregunta de los periodistas que no les importa el “dolor” de la gente, sino “dar un tortazo” al líder regional del PSOE

Además, ha aclarado que el PSOE jamás ha rechazado ayudas para afectados por una emergencia, una “especialidad del PP” que durante la pandemia votaba no “sin arrugarse”. Ha señalado que estudiarán el decreto-ley e intentarán mejorarlo, pero lo primero es que se publique en el DOE.

“Ausencia” de Guardiola durante la crisis del transporte escolar

Por otro lado, ha considerado que el Ejecutivo regional debe dejar de “despachar” el asunto del transporte escolar como si ya estuviera resuelto en su totalidad. Gil Rosiña ha negado que la crisis esté “zanjada” y ha subrayado que el pasado viernes no funcionaron 30 rutas escolares, 25 en la provincia de Badajoz y cinco en la de Cáceres, con unos 800 alumnos afectados.

Además, este lunes el alumnado de Almoharín (Cáceres) que va al instituto en Don Benito (Badajoz) no estaba en la parada porque nadie de la “consejería sonámbula” les había avisado de que el servicio se ha restituido.

Al hilo de la mayor crisis que ha sufrido el transporte escolar, ha criticado la “ausencia” de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en esos días, que nadie ha explicado todavía. No ha tenido ni agenda pública ni virtual, ya que ha señalado que tampoco ha publicado nada en sus redes sociales, donde es muy activa. La portavoz socialista ha planteado que si ha sido por un asunto de tipo personal, ¿por qué no lo dicen?“. Gallardo preguntó recientemente si esos días había estado de vacaciones en el extranjero.

Sobre el funcionamiento de las pulseras para proteger a las mujeres en riesgo de sufrir violencia machista, al que se ha referido hoy el PP de Extremadura, ha pedido “menos cinismo” y que no “alarme” a la opinión pública, porque en su momento votó no en el Parlamento regional a la ley autonómica de violencia de género e igualdad.

Ha aclarado a pregunta de los periodistas que la “incidencia” se produjo en el último trimestre de 2024 por el cambio de la empresa adjudicataria y “afectó a procedimientos judiciales no a la seguridad de las víctimas”.