Los datos conocidos al cierre de este curso escolar nos obligan a reflexionar con urgencia. El reciente informe de UNICEF sobre infancia, adolescencia y bienestar digital revela que, en Castilla-La Mancha, un 14,4% de las niñas, niños y adolescentes de entre 11 y 18 años sufre malestar emocional crónico, y que el riesgo suicida detectado roza el 7%. Ante este escenario, desde el Consejo General de la Psicología de España y los colegios profesionales se insiste de forma unánime en que la detección temprana es vital y el sistema educativo, el escenario clave. Sin embargo, hay una etapa crucial en la biografía de cualquier estudiante donde este escudo emocional tiende a debilitarse: el cambio de Primaria a Secundaria.

Pasar del colegio al instituto supone una transición compleja. El alumnado deja atrás un entorno cohesionado y cercano para integrarse en la dinámica de un instituto, con una mayor presión académica y en plena ebullición adolescente. Las propias evaluaciones de las administraciones educativas reconocen que los planes de transición entre etapas son fundamentales para evitar el desenganche escolar. Si este proceso ya supone un reto para cualquier estudiante, para quienes tienen necesidades educativas especiales o realidades neurodivergentes, la falta de una continuidad fluida en los apoyos puede disparar situaciones de vulnerabilidad emocional, ansiedad o aislamiento.

Es aquí donde la teoría de la ley debe trasladarse a la realidad de los centros. La LOMLOE sitúa el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y la inclusión educativa en el centro del debate. Sobre el papel, el marco legal es garantista y apuesta por una escuela que no deje a nadie atrás. Sin embargo, transformar la norma en una práctica cotidiana requiere dotar a los centros de las herramientas necesarias. Un entorno inclusivo no depende de la voluntad individual del profesorado, sino de una estructura que permita una atención personalizada.

Al llegar a Secundaria, las necesidades de apoyo en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) a menudo se enfrentan a una mayor dispersión horaria y a una carga burocrática que limita el tiempo de intervención directa. Los departamentos de orientación realizan una labor encomiable, pero la optimización de sus ratios sigue siendo una tarea pendiente para garantizar que el bienestar emocional sea un eje prioritario en el día a día.

La inclusión educativa no es una meta estática, sino un proceso continuo que exige el compromiso de toda la comunidad. En Familias por la Inclusión Educativa en Castilla-La Mancha lo saben bien. Esta entidad regional realiza una labor fundamental como nexo, acompañando a madres y padres que buscan asegurar que sus hijas e hijos mantengan en el instituto las condiciones necesarias para su pleno desarrollo. El testimonio de estas familias es un termómetro imprescindible para el sistema porque nos recuerda que detrás de cada dictamen de escolarización hay una persona joven que necesita sentirse segura, comprendida y respaldada emocionalmente en su nuevo entorno.

El desafío de la salud mental en el ámbito educativo no se resuelve con medidas aisladas. El camino a seguir pasa por una alianza proactiva entre las administraciones, el profesorado y las organizaciones sociales. Es necesario reforzar los recursos de orientación en el paso clave a la Secundaria, flexibilizar las estructuras organizativas y escuchar activamente la experiencia acumulada por las asociaciones de familias. Solo coordinando esfuerzos lograremos que la inclusión sea una realidad consolidada en nuestra región, asegurando que cada joven cuente con el escudo emocional y el entorno seguro al que tiene derecho para construir su futuro.

Este mes de junio, miles de docentes se han vuelto a examinar en colegios, institutos, pabellones y universidades de toda España para acceder a una plaza pública de educación. El ambiente, como ocurre cada año, reflejaba una enorme tensión acumulada a través de rostros cansados por la falta de sueño, apuntes repasados de forma compulsiva en los pasillos y una densa sensación de presión flotando en el aire.

La paradoja, sin embargo, no reside en los nervios lógicos de jugarse un puesto de trabajo, sino en la contradicción pedagógica de un sistema que exige a gritos innovar en las aulas mientras evalúa a su futuro profesorado con las herramientas de selección del siglo pasado.

La actual ley educativa, la LOMLOE, ha transformado el diseño curricular de nuestros colegios introduciendo unos principios teóricos que resultan indiscutibles. Su enfoque busca desterrar la memorización pura y dura para priorizar la evaluación por competencias, fomentar la inclusión, potenciar el pensamiento crítico y convertir la curiosidad del alumnado en el verdadero motor del aprendizaje dentro de las aulas.

Desde las instituciones y los centros se insiste constantemente en que el aprendizaje basado en proyectos y las situaciones de aprendizaje sostienen el futuro del modelo, asumiendo que buscamos profesionales de la docencia capaces de ser creativos y despertar vocaciones, en lugar de perfiles que se limiten a repetir contenidos de forma mecánica.

La fase inicial del concurso-oposición reduce la evaluación a una prueba de resistencia y memorización abstracta. En unas pocas horas, cada aspirante debe reproducir de forma idéntica un tema extraído al azar de un temario desfasado, resolver un supuesto práctico bajo la rigidez de los tiempos marcados y, posteriormente, defender una programación didáctica ante un tribunal que arrastra el agotamiento de evaluar a decenas de personas en tiempo récord.

La indignación ha rozado el absurdo en algunas sedes donde se ha llegado a restringir el uso de abanicos bajo el argumento de evitar ruidos o posibles marcas identificativas en los ejercicios

En este proceso no se mide la madurez pedagógica ni la capacidad para conectar con el aula; tampoco se evalúan esas habilidades humanas esenciales que definen la buena docencia, como la gestión del conflicto y el entusiasmo por enseñar.

Para colmo, las elevadas temperaturas y las carencias en la ventilación inciden directamente en el desarrollo de estas pruebas, afectando tanto al colectivo aspirante como a los tribunales en instalaciones que no están preparadas para el periodo estival. La indignación ha rozado el absurdo en algunas sedes donde se ha llegado a restringir el uso de abanicos bajo el argumento de evitar ruidos o posibles marcas identificativas en los ejercicios. Esta situación de desamparo en los centros coincide, además, con un clima de profunda desafección y protestas generalizadas en el sector, donde el profesorado exige mejoras en las ratios, la adecuación de las plantillas e inversiones reales en unas infraestructuras expuestas año tras año a temperaturas extremas. Resulta contradictorio exigir la creación de entornos de aprendizaje saludables y libres de estrés cuando el propio sistema de acceso a la docencia ignora por completo el bienestar físico y emocional de los profesionales.

De este modo, el sistema perpetúa una dinámica de alta presión desde el inicio de la carrera pública, transmitiendo a la comunidad docente el contradictorio mensaje de que para implantar nuevos modelos educativos es necesario superar antes un filtro estrictamente tradicional y memorístico. Quienes consiguen plaza no son necesariamente los mejores perfiles pedagógicos, sino quienes mejor sobreviven a un embudo de selección desfasado.

Si el objetivo real es aplicar con éxito los nuevos enfoques educativos y evitar que las leyes se conviertan en papel mojado, el primer paso debe ser reestructurar la forma en que se evalúa y selecciona al profesorado. Necesitamos pruebas que valoren la práctica real, periodos de prácticas tutorizados con un enfoque formativo y dinámicas capaces de medir las habilidades sociales indispensables en un aula moderna.

Porque mientras la puerta de entrada a la docencia siga basándose en la acumulación de datos y el contenido retenido a última hora, el modelo educativo continuará arrastrando su peor defecto, ya que no podemos pedirle al profesorado que enseñe a pensar, a razonar y a cuestionar el mundo si para llegar al aula primero se le exige superar un filtro puramente mecánico.

“A veces se dice que hay proyectos que parecen imposibles hasta que alguien decide intentarlos. Este era uno de ellos. Y, sin embargo, gracias al esfuerzo, la generosidad y la confianza de muchas personas, el IES Numancia ha logrado hacerlo realidad: un viaje de estudios”. En octubre del año pasado, un instituto en un barrio obrero decidió que no iba a conformarse por tener menos recursos. Este centro de Vallecas, uno de los distritos con menor renta per cápita de Madrid, llevaba 15 años sin poder organizar una salida. Ocho meses más tarde, afrontan el último tirón del curso sabiendo que aquel deseo sí estaba a su alcance: gracias a una colecta viral, han regresado a casa después de tres días en Granada.

En otoño, un grupo de profesores abrió un crowdfunding con el objetivo de llegar a los 8.000 euros, la cantidad que necesitaban para que el alumnado del IES Numancia –con unos 300 estudiantes, entre Primaria y Secundaria– pudiera visitar la Alhambra, bañarse en las playas de Salobreña o contemplar la capital nazarí desde sus impresionantes miradores. No todos pudieron viajar, pero la cifra final ha ido creciendo con sus expectativas: si en un primer momento se plantearon llevar a unos 60 alumnos, en la madrugada del pasado 8 de junio fueron 84 estudiantes y siete docentes quienes, a bordo de un autobús, pusieron rumbo a la ciudad andaluza.

Habían quedado muy temprano, casi a las cinco de la mañana, en la puerta del instituto. “Sorprendentemente, nadie faltó ni llegó tarde. Está claro que esta ilusión que nos movía fue capaz de vencer hasta a la más pertinaz de las perezas adolescentes”, recuerda ahora con gracia su profesor de Geografía e Historia, David Sicilia. El es uno de los docentes que capitearon la colecta, que terminó duplicando su presupuesto inicial: de los 8.000 euros fijados, al cierre del crowdfunding habían recaudado casi 20.000 euros en donaciones, algunas de hasta 100, 200 o 400 euros.

Otros métodos más tradicionales para costear viajes largos no eran efectivos en Puente de Vallecas, donde vender dulces a 22 euros la caja no se logra fácilmente. Finalmente, el viaje salió puntual y con alguna sorpresa. “Tuvimos un nuevo momento de suspense antes de la salida: se presentó un estudiante que inicialmente había estado incluido en el viaje, pero que hace unos meses nos dijo que no podía ir”, recuerda el profesor en una crónica del viaje. Aunque no estaba previsto, comprobaron que aún quedaba un asiento libre y, rápidamente, contactaron con el hotel: “¡Se subió al bus en el último instante!”.

Los nervios impidieron conciliar el sueño, y algunos vieron amanecer desde sus ventanas. Después de una parada a medio camino, donde pudieron contemplar los territorios en los que tuvo lugar la batalla de Las Navas de Tolosa –y que aparece en su temario de Historia–, llegaron al embalse de Cubillas. Entre las montañas granaínas pasaron la mañana practicando actividades acuáticas. Kayak, remo, hidropedales, paddle surf... el alumnado disfrutó del enclave hasta las cinco de la tarde, cuando pudieron contemplar una panorámica de la ciudad que estaban a punto de conocer desde el mirador de San Cristóbal. “Las vistas desde allí son impresionantes”, admite Sicilia.

Se hicieron fotos, tomaron conciencia de dónde estaban y lo que habían logrado. Nada más llegar al hotel volvieron las sorpresas: Amanda, que había sido profesora en el Numancia tres cursos atrás, apareció en el hall para convertirse en guía inesperada en su primer paseo de reconocimiento. Después de cenar, disfrutaron “con responsabilidad” de la noche y volvieron a las habitaciones con un buen sabor de boca. Ya al día siguiente tocaba el plato fuerte del viaje: una visita a la Alhambra.

Divididos en grupos de cuatro, pasaron dos horas y media en el complejo fortificado, corazón del antiguo reino nazarí de Granada. “Nos impresionaron profundamente la belleza de los palacios y la gestión andalusí del agua”, sigue la crónica de David Sicilia. Antes de eso, a primera hora, pudieron disfrutar de otra joya del patrimonio nacional. En la Capilla Real les esperaba un grupo de guías voluntarios de una asociación local de Granada, taQa. Cuando conocieron su historia, se ofrecieron de manera gratuita a mostrar sus conocimientos al alumnado, que también accedió sin coste al monumento gótico.

“Antes de entrar, dedicamos unos minutos a tomar conciencia de todo lo que había hecho posible estar allí y a agradecer la generosidad”, reflexiona el docente, una semana después de aquel viaje. Esa noche, la última, fueron a la bolera: “Casi nadie había jugado nunca, así que nos reímos tanto de nuestros aciertos como de nuestros fallos”. A la mañana siguiente también hubo primeras veces. Cuando Somos Madrid se hizo eco de la colecta del IES Numancia, David Sicilia recordó que para muchos estudiantes esa sería la primera vez que ven el mar. Entonces aquello era solo un sueño bonito, pero ese día pudieron cumplirlo.

“Cuando llegamos a la playa de Salobreña, comprendimos que todo el esfuerzo había merecido la pena”, resume el profesor, uno de los principales impulsores del crowdfunding, en su recuerdo del viaje: “Uno de los motivos que nos hicieron ponerlo en marcha era que parte del alumnado nunca había visto el mar. Por eso, compartir ese instante tuvo algo de especial y de emocionante. Hubo reacciones de todo tipo, aunque algunas nos arrancaron una sonrisa inmediata. La meteorología se puso de nuestra parte y el cielo permaneció nublado durante buena parte de la mañana, lo que nos permitió disfrutar sin sufrir el calor directo del sol. Pasamos horas bañándonos, paseando por la orilla, jugando y, sobre todo, disfrutando de una experiencia que difícilmente olvidaremos”.

Dos menores han sido detenidos tras asaltar, armados con navajas y bates de béisbol, el IES Escultor Francesc Badia de Foios (Valencia) e herir de forma leve a otra menor, según han informado fuentes locales y de la investigación.

Uno de los menores permanece detenido y el otro ha sido puesto a disposición de sus padres por ser inimputable, es decir, menor de 14 años. El alcalde del municipio, Sergio Ruiz, ha informado a la agencia EFE de que el centro ha emitido un comunicado a las familias en el que detalla un incidente que ha requerido la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La Guardia Civil y la Policía Local de Foios han desplazado varias unidades al lugar, alertadas por el personal del centro. Tras su intervención, los agentes de la Comandancia Provincial investigan lo sucedido.

La Conselleria de Educación ha confirmado que el inspector del centro está en todo momento en contacto con el equipo directivo, y ha destacado que el ámbito de convivencia de la Unidad Especializada de orientación acompañará al centro educativo en la gestión del impacto en la comunidad educativa ante esta situación.

“Prudencia y responsabilidad”

El Ayuntamiento de Foios ha publicado un comunicado en redes sociales a través del cual envía un mensaje de “prudencia y responsabilidad”. Tal como ha confirmado el Consistorio, los hechos se encuentran bajo investigación de la Guardia Civil y afectan a personas menores de edad.

“La competencia sobre la investigación es de la Guardia Civil, mientras que las cuestiones relativas al funcionamiento y a la gestión del centro corresponden a las autoridades educativas competentes”, han explicado desde la corporación municipal, al tiempo que han solicitado que “no se contribuya a divulgar rumores, especulaciones o datos no contrastados que puedan identificar directa o indirectamente a los menores”.

“Pedimos igualmente que no se sobredimensionen los hechos mediante comparaciones o calificaciones alarmistas, ya que pueden generar una alarma innecesaria y perjudicar a los menores y a la comunidad educativa”, han insistido. Cualquier información sobre el contenido o la evolución de la investigación “deberá ser facilitada, si procede y en función del desarrollo de las actuaciones, por las autoridades competentes”, han concluido.

El consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha ratificado el “compromiso” del Gobierno regional para destinar ayudas a las diferentes administraciones para la climatización de centros escolares frente a las críticas de algunos consistorios, las protestas registradas en Toledo y Talavera de la Reina y la intención anunciada por el sindicato Comisiones Obreras de denunciar ante la Inspección de Trabajo por el incumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales.

Preguntado por los medios por esta cuestión, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno, el consejero ha reconocido que ha habido “reproches” por parte de diferentes administraciones con respecto a las competencias en esta materia, pero ha puesto encima de la mesa que las convocatorias de ayudas para la climatización, hasta tres, han tenido una “alta respuesta” por parte de más de 300 ayuntamientos “que no han cuestionado ni las competencias ni las titularidades, simplemente han aprovechado esta disposición de fondos”.

Respecto a la situación en Talavera de la Reina, ha referido que ha sido uno de los ayuntamientos que ha pedido las ayudas para la climatización de centros, concretamente la tercera convocatoria que se resolverá en breve, por lo que entiende que con la concesión de estas ayudas “rápidamente se podrán climatizar los centros educativos”.

En este contexto ha invitado a los consistorios a que “reconsideren determinadas posturas”. “Muchos de los colegios son utilizados en verano para las escuelas y campamentos urbanos en los meses de julio y agosto, por lo que invito a una corresponsabilidad en la climatización, al margen de la labor propia del gobierno regional, que está cometiendo la climatización paulatina de los centros de Secundaria, priorizando aquellos en los que precisamente se van a celebrar este próximo sábado las oposiciones al cuerpo de maestros”, ha concluido.

Los alumnos y alumnas del IES Las Sabinas, ubicado en la localidad albaceteña de El Bonillo, se han convertido en historiadores por un día y han realizado un 'viaje por la historia' para recorrer distintos periodos como la Edad antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea.

Así, el alumnado de este instituto se convirtió en un grupo de investigadores del pasado en la Feria 'Viaje por la Historia'. Organizados en equipos y dirigidos por el profesorado, los estudiantes realizaron un recorrido por las distintas etapas históricas para el que investigaron, recrearon y difundieron diferentes hechos, acontecimientos o personajes relevantes de cada época histórica. Todo esto mediante metodologías activas, usando herramientas digitales y recursos artísticos.

Desde juegos medievales hasta podcasts

Esta feria forma parte de un Proyecto de Innovación Educativa (PIE) impulsado por la Consejería de Educación de Castilla- La Mancha, basada en el proyecto Future Classroom Lab, desarrollado por el consorcio de Ministerios de Educación europeos, European Schoolnet (EUN). Dicho proyecto ha sido implantado en el centro durante los últimos dos cursos, lo que ha supuesto la implicación del profesorado y del alumnado en actividades interdisciplinares.

Para esta feria, los estudiantes han aprovechado las distintas zonas del Aula del Futuro para elaborar una gran variedad de productos finales (presentaciones de personajes famosos, recreaciones de pinturas, vídeos, podcasts, lapbooks, representaciones teatrales, poemas, juegos medievales y populares, diseño de adornos, exposiciones de objetos antiguos y maquetas), a la vez que han trabajado todas las competencias clave para el desarrollo personal y profesional del alumnado, características fundamentales del aprendizaje en el siglo XXI.

Para poder mostrar todos los trabajos a la comunidad educativa y otros organismos de nuestros municipios hemos transformado nuestro centro en un lugar en el que nuestros visitantes pueden viajar por la historia visitando las distintas etapas que se encuentran en las dependencias del centro. Además, el alumnado se encargó de acompañar a los visitantes explicando sus proyectos.

El alcalde de Toledo, el 'popular' Carlos Velázquez, se ha reunido este martes con los directores de varios colegios públicos de la ciudad para explicarles el funcionamiento de las ayudas europeas para climatizar los centros.

Ha sido su reacción un día después de que las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de doce colegios e institutos de la ciudad anunciasen concentraciones para los próximos 10 y 17 de junio bajo el lema 'Sin clima no hay educación' para reclamar que se climaticen sus centros. Unas protestas a las que se sumarán los docentes, convocados por el sindicato STE-Castilla-La Mancha.

En la reunión, el regidor y la concejala de Obras y Servicios, Loreto Molina, no han hablado de obras, sino que según ha informado el propio ayuntamiento se han limitado a detallar la subvención dirigida a ayuntamientos y entidades locales para la instalación de sistemas de aerotermia para refrigeración y calefacción.

O que la convocatoria está dotada con 16,6 millones de euros para Castilla-La Mancha y contempla ayudas de hasta 216.700 euros por proyecto para cubrir hasta el 85 por ciento del coste.

Se da la circunstancia de que el equipo de Gobierno de PP y Vox en el ayuntamiento toledano tumbó de forma reciente una moción del PSOE que proponía abordar un plan integral de climatización para los centros educativos. Entonces, el equipo de Carlos Velázquez culpó al Gobierno de Castilla-La Mancha y también a los socialistas, de los que dijeron que no habían hecho nada por solucionar la cuestión durante la pasada legislatura.

Este miércoles se concentran las AMPA de 12 institutos

Este encuentro ha tenido lugar el día después de que el sindicato de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM) recordara que todos los colegios de la ciudad de Toledo están sin climatizar y criticase que Junta y Ayuntamiento mantengan una 'guerra' de competencias que no da solución al problema.

Desde el sindicato aseguran que en las aulas de varios de estos colegios se han registrado temperaturas de 35, 34 o 32 grados, por encima de los 27 grados que recomienda la normativa.

Aunque la climatización es competencia de la Junta de Castilla-La Mancha, el sindicato afirma que hay municipios de la provincia de Toledo cuyos ayuntamientos han asumido este tipo de obras en los centros, afeando que la polémica entre administraciones de signo político contrario continúe mientras en las aulas “hace un calor insoportable y entraña un riesgo grave para la salud de los docentes” y del alumnado.

En el caso de los centros de la ciudad de Toledo “ninguna de las dos partes (Ayuntamiento de Toledo y Junta regional) ha buscado algún tipo de acuerdo y han preferido anteponer intereses partidistas”, señalaban desde STE-CLM, que apuntan a que “esa competencia no es un impedimento para que dos administraciones públicas sufraguen con dinero público y lleguen a acuerdos”.

Hace casi un año, el alcalde de Noblejas Agustín Jiménez inició una huelga de hambre para reclamar al Gobierno de Castilla-La Mancha la construcción de un instituto de Educación Secundaria para la localidad toledana. La infraestructura no está autorizada, porque el Ejecutivo regional ha optado por un nuevo centro en el vecino municipio de Ocaña.

Ahora, el ayuntamiento vuelve a reclamar el “desbloqueo” por parte del Ejecuitvo regional para construirlo. Lo hace después de las recientes movilizaciones de centenares de docentes, padres y madres, que el pasado 29 de mayo se concentraban ante la sede de la Consejería de Educación para protestar contra “la masificación, la falta de recursos y las dificultades derivadas de la elevada diversidad existente en las aulas” en zonas de la provincia como la comarca de la Sagra u Ocaña, el área de influencia en la que también se encuentra Noblejas.

El Ayuntamiento recuerda que las recientes movilizaciones del sector educativo “confirman una realidad que Noblejas lleva años denunciando: la masificación de los institutos de referencia, la falta de planificación educativa y la necesidad de nuevos recursos públicos en la comarca de Ocaña y otros puntos de Castilla-La Mancha”, señala en un comunicado.

Por eso, en Noblejas apoyan las reivindicacionesque piden “medidas urgentes en los centros educativos tensionados” de la Sagra, Ocaña y otros puntos de la región.

En opinión del ayuntamiento noblejano la concentración, que reunió a más de 1.000 de personas, según los convocantes, “vuelve a poner sobre la mesa una situación que la comunidad educativa viene denunciando desde hace tiempo: centros masificados, ratios elevadas, falta de recursos suficientes, dificultades organizativas y una presión creciente sobre el profesorado y las familias”.

El Ayuntamiento de Noblejas considera que esta movilización “no puede interpretarse como un hecho aislado, sino como la expresión pública de un problema estructural” que afecta a varias zonas de Castilla-La Mancha. Por eso exige “una respuesta inmediata, planificada y valiente por parte de la Junta de Comunidades”.

Un instituto para Noblejas que ya se pidió en 2007

En este contexto, el Ayuntamiento de Noblejas recuerda que la construcción del Instituto de Educación Secundaria número 1 de Noblejas es “una reivindicación histórica, justa y plenamente vigente, que permitiría descongestionar los institutos de Ocaña, reducir desplazamientos diarios, mejorar la atención educativa y ofrecer una respuesta equilibrada al crecimiento demográfico, social y económico de la comarca”.

El Ayuntamiento subraya que esta demanda “no nace ahora ni responde a una petición improvisada”. La construcción del instituto fue planteada ya en 2007 por el entonces delegado provincial de Educación Angel Felpeto, que a la postre sería consejero de Educación, y aprobada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 2011, sin que se haya materializado. “Desde entonces, Noblejas ha mantenido una posición firme, constructiva y documentada para hacer realidad esta infraestructura educativa”, incide el consistorio.

Se han cedido de forma gratuita los terrenos municipales necesarios para la construcción del centro, se ha elaborado un anteproyecto redactado por técnicos municipales e incluso se ha instado a la Consejería de Educación a firmar un convenio de colaboración económica mediante el cual el Ayuntamiento de Noblejas se ofrecía a adelantar hasta cuatro millones de euros para contribuir a la construcción del instituto.

Este ayuntamiento gobernado por el PSOE, no ceja en su empeño. También recuerda que una campaña permitió recoger más de 5.000 firmas que fueron registradas ante la Consejería de Educación, procedentes no solo de Noblejas, sino también de municipios del entorno como Villarrubia de Santiago, Villatobas y Dosbarrios. “Estas firmas reflejan una demanda social amplia, sostenida y comarcal, que reclama soluciones educativas reales y no nuevos retrasos”, señalan.

El apoyo social también “ha quedado acreditado”, abunda el ayuntamiento, en el estudio elaborado con el apoyo de la consultora Atrevia, según el cual más del 84% de la población de Noblejas, Villarrubia de Santiago, Villatobas y Dosbarrios considera necesaria la creación de un instituto en Noblejas. El mismo estudio señala que más del 85% de las personas encuestadas considera que la ausencia de un instituto dificulta la continuidad educativa del alumnado, mientras que el 82% cree que su creación contribuiría a reducir el abandono y el fracaso escolar.

El Ayuntamiento recuerda, además, que el respaldo no procede únicamente de las familias. El profesorado de Educación Secundaria de los tres institutos de Ocaña también ha manifestado mayoritariamente por escrito su apoyo a la construcción del instituto en Noblejas. Según los datos trasladados al Ayuntamiento, 171 docentes de un total de 204, el 84% del profesorado consultado, respaldan la creación del centro, alertando “de la saturación actual de los institutos de Ocaña y de los problemas derivados de la masificación de aulas, el exceso de alumnado, la presión sobre laboratorios y espacios comunes, los recreos, el transporte escolar y la gestión diaria de los centros”.

La Comunidad de Madrid ha dado marcha atrás a un polémico anuncio, apenas una semana después de hacerlo público. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, acaba de retractarse de su oferta inicial al Arzobispado para acoger a peregrinos en edificios públicos durante la visita del Papa: de los 80 que se confirmaron el martes pasado, el Gobierno regional ha eliminado la mayor parte de la lista y rebajado la cifra hasta las 18 escuelas, en su mayoría institutos. Serán 15 centros de Secundaria y tres colegios.

Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades citadas por Europa Press, que también aludieron a las críticas recientes que emanaban, principalmente, de los propios centros. En las últimas semanas, algunos colegios o institutos de entre los seleccionados han alzado la voz y denunciado la “injusticia” que, como reiteraron las familias del IES Cardenal Cisneros –una escuela pública del centro– en un comunicado, suponía el tomar esa decisión sin someterla antes a votación en un Consejo Escolar, el órgano público que representa a la comunidad educativa y los responsables de cada centro.

Esta misma escuela catalogó lo ocurrido como un “abuso de poder”, y su rechazo quedó latente en los días previos a la visita de León XIV. Antes de eso, ya habían trascendido informaciones que señalaban otras quejas comunes, como la del colegio Mejico en Ciudad Lineal –donde el AMPA denunció la anulación de una actividad extraescolar para alojar a peregrinos en el gimnasio– e incluso algunos polideportivos de Arganzuela.

“Dada la laicidad, amparada por nuestra Constitución, de los centros educativos públicos, hay entornos más adecuados para alojar a los peregrinos. La misma Diócesis no ha obligado a los colegios católicos sino que ha hecho un llamamiento a la voluntariedad, al que sólo han respondido cinco colegios de los agustinos, que nos conste”, indicaron en un comunicado los usuarios del instituto Cardenal Cisneros, reprobando públicamente la noticia. “Es una orden impuesta, sin opción a negarse, frente a la voluntariedad de los centros católicos privados o concertados”, consideran, intuyendo una “obligación” implícita.

Las mismas fuentes de la Consejería de Educación mencionadas por la agencia de noticias respondieron, sobre la acusación de no haber pasado por un Consejo Escolar, que a aquellos centros que comunicaron alguna actividad programada e incompatible con las fechas para las que se quería disponer del espacio se les informó de que “podría hacerla con normalidad”, sin la obligación de participar en el dispositivo municipal. Algo que entra en conflicto, directamente, con la experiencia relatada a Somos Madrid desde el colegio de Ciudad Lineal.

La Conselleria de Educación ha publicado una nueva orden para hacer frente a las olas de calor en las aulas valencianas. El departamento que dirige Carmen Ortí ha dictado unas instrucciones específicas destinadas a paliar los efectos de las altas temperaturas en los centros educativos, unas medidas que entrarán en vigor de forma oficial a partir del próximo curso 2026-2027, aunque la Administración permitirá que se apliquen de manera transitoria durante lo que resta del presente año escolar.

El documento normativo contempla, como principal novedad, la posibilidad de implantar la jornada reducida en los institutos durante los meses de junio y septiembre. Bajo este supuesto, los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP) podrán concentrar las clases en horario continuo de 8:00 a 13:00 horas, evitando así la permanencia del alumnado en las aulas durante las horas centrales del día, cuando la insolación es más intensa. Asimismo, se autoriza a retrasar una hora el inicio de las clases en las modalidades de tarde.

Para poder llevar a cabo esta flexibilización horaria, la propuesta deberá contar con el visto bueno del Consejo Escolar de cada centro público y ser comunicada posteriormente a la Dirección Territorial correspondiente. No obstante, la Conselleria establece como línea roja que esta reducción horaria no altere en ningún caso los servicios de comedor ni de transporte escolar, y que no suponga ningún tipo de coste económico adicional para las arcas de la Generalitat.

Más allá de los horarios, las directrices obligan a los equipos directivos a implementar un paquete de medidas preventivas diarias. Entre las tareas fijadas se encuentra el control estricto de la temperatura, la identificación de las zonas más frescas del recinto, el mantenimiento de persianas bajadas bajo sol directo, la ventilación en las horas más frescas y la suspensión de actividades físicas intensas en las horas de máxima calor. Además, los centros deberán vigilar de cerca la conservación de alimentos y medicamentos, así como facilitar la hidratación constante de los estudiantes.

Para las situaciones más extremas, el protocolo establece que, si los termómetros registran valores excesivos y el centro carece de espacios alternativos adecuados, la dirección podrá ponerse en contacto con el responsable municipal de Protección Civil. Al ser esta la autoridad competente, será la encargada de evaluar el riesgo y decretar, si lo estima oportuno, la suspensión temporal de la actividad académica, notificándolo de forma paralela a la Dirección Territorial.

El STEPV tilda el plan de “insuficiente”

STEPV, sindicato mayoritario de la enseñanza pública valenciana, valora de forma positiva que, “por primera vez, la conselleria reconozca formalmente la necesidad de adoptar medidas específicas ante las altas temperaturas” y que se abra la puerta a la flexibilización horaria en las etapas de Secundaria, Bachillerato y FP.

Sin embargo, la central sindical considera que el documento se queda “corto” al no resolver el problema de fondo de las infraestructuras educativas. Según denuncia el STEPV, la resolución es insuficiente porque no define un protocolo claro ante situaciones de estrés térmico, no concreta medidas estructurales para climatizar los edificios ni desarrolla un registro de temperaturas y de sus efectos sobre la salud. Por todo ello, el sindicato ha anunciado que continuará exigiendo a la Generalitat un Plan Integral de Adaptación Climática que incluya inversiones reales en sistemas de sombreado, ventilación y climatización para garantizar el bienestar de la comunidad educativa.

La adolescencia es una etapa para buscarse a uno mismo, forjar la personalidad, probar los límites y cometer errores. Cuando en medio de ese proceso aparece el absentismo escolar, suelen saltar las alarmas familiares, a veces, sin recursos sobre cómo actuar o información sobre qué está pasando.

“Si un chaval viene teniendo un desarrollo académico adecuado, es decir, llega a los objetivos de cada curso, con más o menos esfuerzo, está adecuadamente socializado y tiene una estructura adecuada en casa que le permite rendir es muy raro que de la nada empiece a faltar a clase”, introduce Abel Domínguez, psicólogo infantojuvenil y director de Domínguez Psicólogos, que en ese caso recomienda mirar qué sucede en el entorno y en su interior porque puede ser síntoma de algo más profundo.

Uno de los motores principales en esta etapa es la pertenencia al grupo y, como señala el psicólogo, son extremadamente sensibles a la opinión de sus iguales, por lo que si ese grupo refuerza el absentismo, el joven es mucho más vulnerable a seguir esa corriente. “Si yo me siento aceptado entre mi grupo siendo un 'malote', voy a buscar aumentar la probabilidad de vestir de una forma o ir con determinados amigos”, comenta Domínguez. En ese contexto, saltarse una clase puede ser una forma de ganar estatus.

No siempre se trata de una cuestión de rebeldía, detrás de un adolescente que deja de ir a clase también puede haber sufrimiento o desmotivación. “El fracaso escolar suele ser previo al absentismo”, asegura el psicólogo. “Es decir, los chavales que suspenden, sobre todo los que se han esforzado y fracasan una y otra vez, al final no resisten esa frustración y acaban de alguna manera desenganchándose de la dinámica escolar normativa”, explica.

A esto el experto suma la autoestima frágil, porque “aunque parezcan ya adultos por fuera, por dentro no dejan de estar en constante evolución emocional y en formación de su estructura psicológica”. “Son tan sensibles que a veces un simple comentario negativo de un profesor o una simple crítica los pone en emergencia o incluso les destruye su seguridad”, comenta Domínguez, que cree que esa situación puede llegar a empujar al adolescente a evitar el centro educativo para no enfrentarse a ese malestar.

En este mismo sentido, la presión que sientan desde casa o la relación con los compañeros de clase pueden ser también clave en este tipo de comportamientos. “Puede ser que falten a clase por miedo a las consecuencias de lo que pasaría si aparecen en clase o también porque haya una desmotivación y que de repente hayan encontrado alternativas más atractivas, porque consideren que es una pérdida de tiempo y que no que no van a llegar a nada estudiando o, simplemente, porque entre sus iguales se ha puesto de moda faltar clase para ir a cualquier otro sitio”, apunta el psicólogo.

Desde el punto de vista paternal, Domínguez advierte de que centrarse exclusivamente en el castigo puede bloquear al menor. “Cuando aparece un fenómeno de falta de asistencia a clase, ya sea estable u ocasional, tenemos que hablar con ellos, tenemos que interesarnos sobre todo por qué se ha hecho, para qué, qué se quería conseguir y pedir una corrección o intentar solucionar las causas”, destaca. Algunas de las pautas que el especialista recomienda a los padres son:

“Como en muchas cuestiones relacionadas con salud mental, en la infancia y la adolescencia necesitamos padres y madres formados, interesados, con capacidad de aprendizaje y con mente abierta, es decir, con capacidad para entender que lo que saben puede no ser suficiente y puedan considerar que necesitan aprender algunas habilidades para llegar a sus hijos”, concluye Domínguez.

Queda menos de una semana para que el Papa pise Madrid. La capital remata sus preparativos antes del evento, que durará varios días y se prevé tan histórico como masivo: ya a finales de febrero, el alcalde aventuró la llegada de “cientos de miles” de visitantes. Desde entonces, uno de los principales retos del Arzobispado ha sido buscar alojamiento gratuito para buena parte de ellos, los llamados peregrinos. Pero la tarea se complica en una ciudad encarecida, atravesada por la crisis de la vivienda y donde una noche de hotel ronda los 170 euros. Así que se tanto Ayuntamiento como Comunidad de Mdrid optaron por ceder espacio público con tal de darles cobijo.

Las administraciones públicas, municipales y autonómicas, anunciaron su intención de colaborar con la Diócesis ofreciendo edificios municipales donde acoger a los peregrinos. Sin embargo, para lograrlo en tiempo y forma hubo que soslayar algunos filtros. “La Comunidad de Madrid, como si pudiera disponer libremente de lo público, decidió unilateralmente cederlo como alojamiento de peregrinos, con una orden obligatoria al centro, sin audiencia de los interesados o las familias”, han denunciado este lunes, en un comunicado público, desde la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) de histórico instituto Cardenal Cisneros, en pleno centro de la capital.

En esa zona y para esa fecha, los precios de pisos turísticos rondan los 300 y 500 euros entre el viernes y el domingo, mientras que en hoteles u hostales el alojamiento pasa de 150 hasta 400 euros para estos tres días. Aunque la administración se compromete a que todo quedará a punto de cara a las clases del lunes y que la cesión no interrumpirá su actividad lectiva, las familias denotan otros problemas colaterales.

“Habrá gastos extra, consumo de agua, electricidad, vigilancia y limpieza. No sabemos quién los sufragará, pero ya sabemos que no va a ser la diócesis”, añaden desde uno de esos institutos, donde intuyen que finalmente se hará a expensas de “todas las familias de Madrid, y especialmente el alumnado del centro que se muere de calor y el próximo invierno, puede que de frío”. Con esta última frase, las familias hacen alusión a las obras de climatización que, en los últimos meses, han mantenido sin ventanas los pasillos y estancias del centro.

Las familias condenan una situación “injusta y desigual”

Ahora, con la llegada de los peregrinos y la cesión “obligatoria” de un espacio público –insisten desde el Cardenal Cisneros–, este instituto de Madrid reanuda sus vaivenes con la Consejería de Educación, Ciencia y Universidad. Primero fue por el retraso en la reparación de sus ventanas y la falta de alternativas durante el invierno; y esta vez por una decisión que consideran “injusta y una desigualdad”. Para explicarlo, contraponen la visita del Papa a otra experiencia reciente y con distinto desenlace.

Malasaña a Escena, una iniciativa vecinal que promociona el teatro de barrio y a la que está adherida su centro, solicitó “en tiempo y forma” el uso del salón de actos para una de sus obras, en sinergia con el grupo de teatro que ya existe en el instituto. “La cesión del uso de este espacio se aprobó por unanimidad en el Consejo Escolar del centro y, sin embargo, fue denegada unilateralmente y con vagos argumento por parte de la DAT”, concluyen, refiriéndose a la Dirección de Área Territorial (una forma de ordenación y supervisión autonómica de las escuelas), encargada de autorizar o considerar este tipo de solicitudes.

A finales de mayo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso confirmó que la Consejería de Educación ofrecerían un total de 80 institutos públicos al Arzobispado de Madrid para que, en sus patios o gimnasios, pudieran alojar a los peregrinos que antes se habían inscrito en la Archidiócesis. En un comunicado, la Comunidad de Madrid explicó que este uso exclusivo durará desde el viernes por la tarde hasta la noche del domingo, y uno de sus consejeros ya vaticinó que la cifra de centros podía aumentar en los próximos días: en total, el Ejecutivo autonómico ha ofrecido hasta 100 colegios e institutos a la organización católica.

Educación se niega a dar nombres de los institutos seleccionados

Este periódico se ha puesto en contacto con los responsables de Educación para conocer los nombres y ubicaciones de todas estas instalaciones comunes, pero la Consejería ha preferido no aportar esa información. Somos Madrid también ha podido constatar que al menos otros dos centros educativos más de la capital no han recibido ninguna solicitud previa, ni tenido opción de celebrar consejos escolares para decidir si ofrecían o no el espacio.

Según el reglamento interno de la propia Comunidad, estos órganos de participación –con representes de la Dirección, docentes u otros trabajadores, familias y alumnado– deben emitir un informe con cada solicitud de utilización, y confirmar que esta no interfiere con sus actividades escolares. Es lo que expone el artículo 5 del decreto 11/2018, por el que se regula el régimen de utilización de los inmuebles e instalaciones de los centros educativos públicos no universitarios en la región.

Uno de los colegios seleccionados, el Mejico de Ciudad Lineal, también denunció que habían tenido que anular una de las actividades extraescolares que tenían programadas, y para la que habían recibido una aprobación oficial desde la Junta Municipal del Distrito. Sin embargo, la visita del Papa y la necesidad de hallar espacio para todos cambió las tornas, y hubo que aplazar el evento. Las críticas contra esta cesión “involuntaria” no solo llega desde las familias, sino también a través de sindicatos como STEM, una entidad madrileña de enseñanza. A pocos días de la llegada de León XIV, Madrid ultima sus preparativos aunque eso pase por saltar algún escollo en el camino.

En pocos días se acaba el curso escolar y empiezan a llegar las calificaciones en las mochilas escolares o en las bandejas de entrada de los correos de los padres. Para muchas familias, este pequeño gesto contiene múltiples emociones: orgullo, ansiedad, decepción, esperanza… y las tan temibles comparaciones (e incluso quizás alguna que otra reacción de sorpresa). 

Esa letra o número impresa en un papel es solo una pieza de un rompecabezas mucho más complejo. Indica el rendimiento de nuestro hijo en los exámenes y deberes durante unos meses. Pero revela muchas más cosas. La respuesta y la reacción que podamos tener como padres es importante porque nuestro hijo empieza a comprender su valor, su esfuerzo y su relación con el aprendizaje a largo plazo. 

Cómo responder ante las notas (y lo que el informe no dice)

Cuando las calificaciones no sean las esperadas, es probable que nuestro hijo se sienta vulnerable. El objetivo es brindarle apoyo, no añadir una fuente de presión adicional. Además, y como nos explica Nerea López, psicóloga infantojuvenil, “las notas no deberían vivirse como una medida del valor personal de un niño o adolescente, por tanto, es importante separar el resultado académico de la relación afectiva con ellos, porque perciben rápidamente la decepción aunque no se verbalice”. 

En lugar de ir directamente a la cifra y reaccionar es importante invitar a la conversación y “escuchar qué explicación hace de esa nota y cómo se sienten porque ayuda mucho hablar del proceso: hábitos de estudio, esfuerzo, motivación o posibles dificultades emocionales”, aclara López. 

Las calificaciones finales son una instantánea de una historia más compleja, por lo que frente a una mala nota puede surgir la “oportunidad para entender qué está pasando y qué necesita el menor en ese momento. Aprenden más desde la calma y el acompañamiento que desde el miedo o la presión”, afirma López. 

Si bien todos los padres quieren que sus hijos brillen y saquen buenas notas, las notas escolares no deben convertirse en una especie de evaluación pública que mida nuestro éxito en la crianza. Estas inquietudes de los padres llevan muchas veces a caer en ciertas actitudes que, en realidad, no ayudan para nada.

Evitar las comparaciones con hermanos o compañeros de clase

Comparar con los demás puede parecer inofensivo. Sin embargo, puede minar la confianza y generar vergüenza. Cada niño aprende y crece de forma distinta. Al compararse con los demás, puede desarrollar creencias internas sobre el perfeccionismo y lo que significa ser ‘suficientemente bueno’. Cuando son ellos los que se comparan con los demás, y nos dicen que a sus compañeros les ha ido peor que a ellos, “muchas veces está intentando protegerse emocionalmente o disminuir la sensación de fracaso”, advierte López, que admite además que compararse con los demás sí puede aliviar de forma momentánea, “pero no ayuda a responsabilizarse del propio proceso”. 

Tampoco ayuda que nos dirijamos a ellos con frases del tipo ‘tu hermano sí puede’ o ‘mira las notas de tu hermana’. Estas frases aparentemente inofensivas, muchas veces “generan rivalidad y afectan directamente al autoconcepto. Cada hijo necesita sentir que es valorado por quien es, no por cómo rinde respecto al otro”, matiza López.

Cuando hay hermanos, “lo más recomendable es hablar de las notas de forma individual, respetando las fortalezas y dificultades de cada menor: algunos niños son brillantes académicamente y otros tienen grandes habilidades sociales, deportivas, creativas o emocionales, y todas son importantes”, reconoce López, para la que “la relación entre hermanos puede resentirse cuando sienten que compiten por la aprobación de sus padres”. La clave está en dar valor el crecimiento personal de cada uno, “no en quién destaca más”.

Para la especialista, lo más importante es no entrar en comparaciones “y devolver la conversación a cómo se sienten ellos: ‘Más allá de los demás, ¿cómo te has sentido tú con este resultado?’ El objetivo no es buscar culpables ni medir quién va peor, sino ayudarles a reflexionar sobre qué pueden aprender de la situación”. 

Es importante respetar el ritmo y las capacidades de cada niño porque “educar desde la comparación constante suele generar inseguridad, rivalidad o autoestima basada únicamente en el rendimiento”, afirma la experta. Comparar a nuestro hijo con otros también puede hacer que pasemos por alto las cualidades únicas que posee, por tanto, ayudarle a ver sus fortalezas desde nuestra perspectiva le permite desarrollar la confianza y la resiliencia que necesita para avanzar. 

Por tanto, y aunque a veces es tentador fijarse en la nota más baja, los niños necesitan saber que son más que un simple número. De ahí que centrarnos en su crecimiento individual, sin comparaciones, puede ayudarle a sentirse apoyado y aceptado, independientemente de las expectativas externas. 

Recompensas a las notas, ¿ayudan a enseñarles que un mal resultado puede ser una forma de aprendizaje?

Muchos padres caen en la tentación de recompensar a sus hijos para que saquen buenas notas. A primera vista, parece una situación del todo práctica y beneficiosa para las dos partes: uno se asegura de que su hijo mantenga un buen rendimiento académico y el otro recibe una recompensa por su esfuerzo. 

Pero las recompensas, como las comparaciones, no son lo mejor cuando hablamos de notas. Si bien hacerlo de forma puntual no es algo negativo, sí lo puede ser si “se convierten en la única motivación ya que puede acabar estudiando solo por el premio y no por aprendizaje o responsabilidad personal”, advierte López. 

Al usar recompensas, les transmitimos el mensaje de que ‘obtienen algo’ por hacer una tarea que simplemente deben hacer como parte de la vida. Además, “a largo plazo, es más saludable reforzar el esfuerzo, la constancia y la capacidad de superación y que entiendan que los errores forman parte natural del aprendizaje y ayudan al cerebro a generas nuevas estrategias y conexiones”, afirma López, que concluye que “una mala nota no define a un niño sino que lo importante es qué hacemos después con esa experiencia”. 

Calor insoportable en las aulas de La Rioja. Así lo denuncia UGT que asegura que “en el IES Tomás Mingot se han registrado temperaturas superiores a los 30 grados”. Ante esta situación, la formación sindical exige al Gobierno de La Rioja y a la Consejería de Educación “la puesta en marcha urgente de medidas concretas para hacer frente al calor extremo en los centros educativos riojanos, mediante actuaciones inmediatas de climatización, mejora de infraestructuras y protocolos específicos de actuación”.

Consideran “intolerable” que alumando, docente y personal educativo tengan que desarrollar la jornada lectiva “en condiciones asfixiantes”, teniendo en cuenta que la referencia legal que marca la temperatura máxima para estudiar o trabajar en oficinas o centros educativos es de 27º, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Además denuncian que “numerosos centros educativos de nuestra comunidad siguen careciendo de sistemas adecuados de climatización, ventilación y aislamiento térmico, mientras las altas temperaturas son cada vez más frecuentes e intensas durante los meses lectivos”.

Y culpan ala Administración edcuativa de “falta de previsión e inacción ante un problema que lleva años repitiéndose y que afectan al rendimioento académico del alumando y a las condiciones laborales del profesorado y del conjunto de trabajadores y trabajadoras de la educación”. Por ello exigen la adopción inmediata de medidas concretas y eficaces, entre ellas:

Y advierten: “la educación pública no puede seguir funcionando en condiciones indignas mientras la Administración continúa sin ofrecer soluciones reales a un problema que afecta directamente a toda la comunidad educativa”.

Desde la Consejería de Educación ya informaron de que “los propios centros poseen autonomía de gestión económica para poder atender sus necesidades particulares y pueden tramitar contratos menores tanto de obras como de servicios y suministros”. También depende de cada centro las medidas específicas a aplicar estos días con temperaturas más propias de agosto.

Con la inminente llegada del mes de junio comienzan los nervios de última hora para los 5.157 estudiantes que están convocados la próxima semana para realizar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), en la convocatoria ordinaria, en Asturias. El equipo directivo de la Universidad de Oviedo quiere evitar que el alumnado pueda hacer trampas recurriendo al uso de dispositivos electrónicos y para descartar cualquier tipo de actuación fraudulenta va a emplear detectores de frecuencia.

El vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, Alfonso López Muñiz, ha anunciado este jueves la incorporación de detectores de frecuencia en las pruebas de la PAU como una medida orientada a reforzar las garantías de equidad y transparencia del proceso.

Responsabilidad y honestidad

“En ningún caso se trata de partir de una visión de desconfianza hacia el estudiantado, cuya inmensa mayoría realiza los exámenes con responsabilidad y honestidad, sino de preservar unas condiciones justas para todos los estudiantes, especialmente para quienes afrontan las pruebas cumpliendo las normas”, ha asegurado.

Alfonso López Muñiz ha presentado la prueba que se desarrollará entre el martes, 2 y el jueves, 4 de junio. Este año se han inscrito en el Principado 44 estudiantes más que el año pasado, cuando se registraron 5.113.

Las ubicaciones del examen

Este año están programadas un total de 17 ubicaciones, repartidas entre las ciudades de Oviedo/Uviéu, Gijón/Xixón, Avilés, Mieres, Langreo, Ribadesella, Cangas del Narcea, Luarca y Tapia de Casariego.

En Oviedo/Uviéu, se han habilitado las siguientes sedes: Aulario A – Campus de Humanidades; Edificio Departamental-Campus de Humanidades; Aulario 2– Facultad de Economía y Empresa; Aulario 1– Facultad de Economía y Empresa y Aulario de Ciencias Jurídico-Sociales en la Facultad de Derecho.

Otras sedes

En Gijón/Xixón se hará la prueba en el Aulario Sur, el Aulario Norte y el Edificio Polivalente en el Campus de Viesques.

En Avilés, se ha dispuesto como sedes el Polideportivo de El Quirinal y los institutos Ramón Menéndez Pidal y Carreño Miranda.

Otras sedes habilitadas para la realización de la PAU son el Campus de Mieres, el instituto Jerónimo González en Sama de Langreo, el IES Avelina Cerra de Ribadesella, el IES de Cangas del Narcea, el IES Marqués de Casariego en Tapia y el IES Carmen y Severo Ochoa de Luarca.

Los exámenes y la puntuación

Los estudiantes de Bachillerato deberán examinarse de las cuatro asignaturas, que constituyen la fase de acceso, cursadas en segundo de Bachillerato, según la modalidad e itinerario realizado.

Cada ejercicio de la fase de acceso se calificará de 0 a 10 puntos. La calificación de esta fase será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las materias, expresada en una escala de 0 a 10 puntos con tres cifras decimales y redondeada a la milésima. Esta calificación deberá ser igual o superior a 4 puntos para hacer media con la calificación final del bachillerato.

Las notas

La nota de la PAU se calculará en base a un 60% de la calificación final del Bachillerato y un 40% de la calificación de la fase de acceso de la prueba. Se entenderá que un estudiante reúne los requisitos de acceso cuando el resultado de esta fórmula sea igual o superior a 5 puntos. La nota máxima en esta fase es de 10 puntos.

Aquellos estudiantes que quieran subir nota para acceder a sus estudios universitarios deberán presentarse además a la fase de admisión.

Prueba para subir nota

Esta prueba consistirá en la evaluación de materias de segundo curso de Bachillerato. Las materias de esta fase no requieren haber sido cursadas en el bachillerato para ser evaluadas en la prueba y los estudiantes se podrán examinar de un máximo de tres asignaturas. La nota final una vez realizadas ambas fases (acceso y admisión) alcanzará un máximo de 14 puntos.

Como consecuencia se realizará examen de Dibujo Artístico que se llevará a cabo en las siguientes ubicaciones: Edificio Departamental del Campus Humanidades (Oviedo/Uviéu), Edificio Polivalente del Campus de Viesques (Gijón/Xixón), IES Ramón Menéndez Pidal (Avilés), IES Jerónimo González (Sama de Langreo), IES Avelina Cerra (Ribadesella), IES Carmen y Severo Ochoa (Luarca) y, por primera vez este año, en el IES Cangas del Narcea.

Faltas de ortografía

Alfonso López Muñiz ha resaltado el buen momento de la la Universidad de Oviedo que, según sus datos, se sitúa muy por encima del acuerdo de mínimos de la Conferencia de Rectores de España (Crue) en lo que respecta a la competencialidad de las pruebas.

La tasa de competencialidad será del 80 al 100%. Con referencia a la optatividad, la Universidad de Oviedo tiene una tasa mínima de optatividad del 75%. Esto significa, según el vicerrector, que todo el temario de las 32 materias puede ser objeto de examen, pero que dentro de cada bloque el alumnado dispondrá de distintas opciones entre las que elegir para responder.

Por lo que respecta a las faltas de ortografía, el vicerrector ha indicado que restarán de 0,1 hasta un máximo de 2 puntos las faltas ortográficas en lengua española y un máximo de 1 punto en lengua extranjera. En ciencias, no se aplicarán criterios ortográficos.

La Consejería de Educación ha autorizado este miércoles el cierre excepcional del Instituto de Educación Secundaria Río Trubia, en Oviedo, por las altas temperaturas previstas para la jornada.

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha apuntado que la consejería ha dado el visto bueno al cierre solicitado por la dirección dadas las características del centro, con todos los ventanales orientados al sur y con techos metálicos en la zona del salón de actos y del gimnasio, lo que favorece la absorción de calor.

Suspensión de clases presenciales

Educación publicó ayer en el portal Educastur un aviso por las altas temperaturas, además de una guía que informa, entre otras cuestiones, de cómo se puede solicitar la suspensión de las clases presenciales ante episodios de temperaturas muy elevadas o situaciones extremas.

La consejería también envió un boletín informativo a todos los centros públicos en el que se pide extremar la prudencia en la organización y desarrollo de las actividades en los centros educativos durante el episodio de calor que se espera para los próximos días.

Adaptar los horarios

Educación aconseja adaptar los horarios y actividades para evitar, en la medida de lo posible, la realización de actividades físicas intensas o al aire libre en las horas de mayor calor.

Asimismo, pide garantizar una adecuada hidratación del alumnado, procurar el uso de espacios bien ventilados y protegidos del sol, y prestar especial atención al alumnado que pueda ser especialmente sensible en estas condiciones.

Asturias, en alerta por calor

Asturias se encuentra este miércoles en aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 34 grados y por tormentas que irán acompañadas por granizo.

La alerta por calor estará activa entre las 14:00 y las 20:00 horas en la suroccidental, la central y valles mineros, la cordillera y los Picos de Europa.

En la jornada de ayer, coincidiendo con otro aviso por calor, se alcanzaron en Asturias máximas de 34,6 grados en Mieres; 33,4 en Amieva; 33 en Piloña; 32,7 en Oviedo, o 32,6 en Lena.

Dimisión en bloque. El equipo directivo del IES Bartolomé Cossío de Haro se ha plantado y ha presentado su dimisión ante la falta de espacios que llevan pidiendo resolver desde hacer años y la “falta de respuestas” de la Consejería de Educación durante todo este curso y de cara a los preparativos del curso próximo.

El instituto acoge actualmente a alrededor de un millar de alumnos y alumnas de Haro y de hasta 30 localidades del entorno. Las necesidades de nuevos espacios son patentes desde hace tiempo, tanto que ya este curso han estado ocupando cuatro aulas de la Escuela Oficial de Idiomas de la localidad, si bien el centro prefiere que no se utilicen. “La Consejería tiene que decidir cómo resolverlo y de momento no tenemos respuesta”, resalta la directora, Elena Gurría.

Este equipo directivo lamenta que se les esté insistiendo en no pedir programas educativos si no tienen espacios para ellos. “La idea de reducir a programas educativos, como programas de atención a la diversidad, simplemente porque no hay espacio para ellos y sin darme otra opción, me parece intolerable”, denuncia la directora. De hecho, ahora es el momento en el que los centros educativos solicitan los proyectos a desarrollar en el próximo curso y Gurría no sabe si se los concederán o no, exclusivamente por el espacio.

Tampoco están de acuerdo con otras posibles soluciones que se plantean, como reducir aulas grandes que, según explica la directora, “están hechas precisamente para grupos grandes”, aumentar el alumnado al límite de la ratio legal o utilizar de forma permanente como aulas espacios que habían adaptado por obras de forma temporal, como bibliotecas o el salón de actos, que “se utiliza para actividades complementarias que hacen en colaboración con la Consejería de Educación”, como puntualiza Gurría.

El equipo directivo del Bartolomé Cossío de Haro cree que “se ha puesto en duda” su capacidad de organizar horarios y distribuir grupos. “Todo este cuestionamiento a nosotras nos resulta especialmente doloroso, ya que los criterios estaban expuestos en nuestro proyecto de dirección, que son atender la diversidad del alumnado y gestionar la convivencia del centro”, explica Elena Gurría, que lleva dos años como directora del centro, pero que tenía un proyecto para cuatro.

Entre los proyectos que quedan en riesgos están las Aulas Procua (Programa de Curriculum Adaptado), que actualmente hay dos y podría reducirse o un programa de aprendizaje por tareas, que se quiere implantar, pensado para que el alumnado de 16 años pueda acceder a un empleo. Igualmente, Elena Gurría destaca que el centro necesita dos aulas programa de inmersión lingüística para que el alumnado extranjero que se incorpora nuevo pueda acceder con garantía al sistema escolar español: “Todos los años me conceden una en julio y otra más adelante en octubre o noviembre. Pero la tengo que tener ahora para recibir a los alumnos”.

Los sindicatos CCOO y UGT y los partidos políticos IU y PSOE han trasladado mensajes de apoyo a la dirección y han respaldado su situación. “Los equipos directivos no pueden trabajar bajo una presión constante ni asumir en solitario problemas estructurales que corresponde resolver a la Administración educativa”, ha dicho UGT para pedir una “solución inmediata y definitiva” para el centro. En la misma línea se ha manifestado el PSOE: “La educación pública no puede sostenerse únicamente sobre el esfuerzo y la buena voluntad de los profesionales. Los equipos directivos necesitan planificación, recursos y apoyo institucional, no abandono ni cuestionamientos constantes a su labor”. Por su parte, CCOO ha apuntado que se podría haber habilitado el antiguo edificio de la escuela infantil para la construcción de aulas, que ahora está derruida y ha reclamado construcción de nuevos edificios educativos públicos y la reforma de los existentes.

El alumnado y el profesorado del centro se han sumado al apoyo este miércoles, pegando carteles en ventanas y en los corchos. Además del lema “SOS Cossío”, se podía leer en los carteles: “La educación va despacio, mil alumnos sin espacio”. Este jueves se concentrarán para reclamar soluciones a Educación en los dos recreos, el primero la protesta la encabezará el alumnado, mientras en el segundo se concentrarán profesores y la ciudadanía que quiera acompañar.

Desde la dirección del centro han explicado también que el director general se ha puesto en contacto con ellos para pedirles que reconsideren su decisión, que se produce en un momento especialmente complicado. El PSOE de La Rioja advirtió hace pocos días que alrededor del 20% de los centros públicos no tiene candidatos para la dirección para el próximo curso.

A esta lista se suma hoy el instituto público de Haro, a pesar de que su directora tenía un proyecto de cuatro años, centrado en la “atención a la diversidad del alumnado y la gestión de la convivencia del centro”. Sin embargo, que su cumplimiento quede en el aire por la necesidad de nuevos espacios que arrastra el instituto desde hace años y la falta de respuestas y soluciones de la Consejería de Educación, ha llevado a la directora y a todo su equipo a presentar su dimisión.

El proyecto de ley que tramita el Gobierno para reducir las ratios de estudiantes por aula y bajar las horas lectivas del profesorado le va a costar al Estado unos 2.818 millones de euros netos al año, según ha calculado EsadeEcPol en su informe La nueva ley de ratios escolares: estimando su impacto económico, durante una década.

Esta cifra media supone el 4% del gasto educativo total que realizó el Estado el año 2024, último con datos oficiales, pero alcanzará picos de hasta el 7,2% (5.169 millones de euros) el curso de máximo impacto debido al calendario de implantación progresiva. En total, según EsadeEcPol, Gobierno y, sobre todo, comunidades autónomas, invertirán 28.180 millones de euros en este programa en la próxima década.

Para los cálculos se parte del coste de crear nuevas aulas en las escuelas y contratar más profesorado para ajustarse a las ratios máximas de 22 estudiantes en Primaria y 25 en la ESO que fijará la nueva ley, siempre que sea aprobada por el Congreso (4.293 millones de euros anuales). A esa cantidad hay que restarle el ahorro que va a suponer la caída de la natalidad que va a llegar a la escuela en los próximos cursos porque liberará a docentes que se podrán utilizar para esta rebaja (1.475 millones de euros). Se ha obviado el efecto de reducir la semana lectiva del profesorado porque es una medida que tendrá menos impacto, ya que la mayoría de las comunidades autónomas ya la aplica.

Tres comunidades acaparan el gasto

El programa implicará, sostiene Esade, una inversión desigual. Dos de cada tres euros se destinarán a Andalucía, Catalunya y Madrid. Son las tres regiones con más alumnado, pero no acumulan tanto como el 63% del gasto que acapararán: suman aproximadamente el 50% de todos los estudiantes de Primaria y Secundaria.

Este desfase tiene que ver con el reparto del alumnado por los centros y la necesidad de ajustarse a las nuevas ratios o no de los diferentes colegios e institutos. Los tres factores que más inciden en el coste son “un volumen de alumnado elevado, ratios medias por encima del umbral de la reforma y una prevalencia relativamente alta del alumnado con necesidades educativas especiales” (cuentan doble a la hora de establecer las ratios), sostiene el informe, características que se dan en estas tres autonomías con más frecuencia que en el resto.

“Es mucho dinero”, reflexiona Lucas Gortázar, coautor del informe. “No estamos en contra de invertir ese dinero, todo lo contrario, pero pensamos que hay mejores maneras de hacerlo que bajando las ratios de todo el mundo por igual”, sostiene apoyado en un estudio previo, también de EsadeEcPol, que argumentaba que quitar dos estudiantes en una clase de 25 personas no tiene excesivo efecto (académico, principalmente).

Gortázar admite que puede resultar impopular esa afirmación en un contexto de fuertes huelgas docentes por medio país, pero cree que ese presupuesto tendría más sentido en acciones más dirigidas, como mejorar las condiciones salariales específicamente del profesorado que trabaje en centros de alta complejidad (una medida que en países como EEUU ha aprobado con éxito), por ejemplo, reforzar el exitoso programa de refuerzo extraescolar PROA+ o tutorías intensivas a gran escala, además de, también, bajar las ratios a los centros que más lo necesiten.

31% vs 22%

Porque, si no, se va a destinar más dinero (un 31% del total de la inversión) a centros con alumnado del primer cuartil socioeconómico (el 25% de los más acomodados) mientras que colegios e institutos que atienden a hogares del último cuartil recibirán un 22% de los fondos. Esto se debe básicamente, sostiene Esade, a que los estudiantes más ricos tienen ratios más altas y, por tanto, más aulas que desdoblar. La pregunta es si lo necesitan tanto.

EsadeEcPol sostiene que no, y cita el propio anteproyecto de ley, que en su exposición de motivos (la parte de una norma que la justifica) reconoce que “los mayores beneficios educativos de las reducciones de ratios se observan cuando estas intervenciones se realizan en determinados centros docentes. Centros en los que existe una elevada diversidad académica o un elevado número de estudiantes con necesidades complejas, como dificultades lingüísticas o necesidades especiales de apoyo educativo o ubicados en zonas de especial complejidad social”.

Una acción selectiva que el proyecto del Gobierno no hace y que va en línea con el anterior estudio de Esade, que sostenía que el efecto de bajar las ratios (cuando ya son relativamente bajas, en torno a 25 estudiantes por aula) es pequeño. “No se identifican efectos significativos sobre el rendimiento, el bienestar subjetivo del alumnado ni en la repetición”, sostiene aquel informe. Tampoco “se generan subgrupos con beneficios sustanciales (...) ni por nivel socioeconómico ni por curso o materia ni por características de centros docentes ni por la frecuencia de prácticas individualizadas”. Esto es, no hay beneficio significativo ni para el conjunto del estudiantado ni para algún pequeño grupo de alumnos, normalmente los más desfavorecidos, en básicamente ningún tipo de centro.

Este estudio levantó una cierta polémica entre la comunidad educativa, con voces a favor y en contra. Entre quienes lo rechazan se argumenta que “la educación no puede ser un cálculo financiero” y que “reducir la ratio del aula no es una varita mágica, pero tampoco es una variable neutra. Actúa como amplificador o amortiguador de otras dinámicas: la diversidad del grupo, la presencia de alumnado con necesidades educativas especiales, el nivel de disrupción, el clima emocional, la calidad de la interacción docente-estudiante. En un grupo de quince alumnos/as, esos factores operan de una manera; en uno de treinta, de otra muy distinta”, según escribía Teresa Esperabé, secretaria de Enseñanza de CCOO, en este artículo.

Gortázar admite que “es un momento complejo para la profesión, hay huelgas y las ratios son unas de las banderas de las movilizaciones”, en alusión a las protestas docentes que tienen paralizada la educación valenciana, catalana y la infantil en medio país, pero añade que “no necesariamente es una medida que vaya a ayudar al profesorado y al alumnado que más lo necesita”.

De fondo sobrevuela otra cuestión. Las dos ministras de Educación que ha habido desde las últimas elecciones, Pilar Alegría y Milagros Tolón, han calificado esta como “la legislatura del profesorado”, una vez aprobadas la ya no tan nueva ley educativa (Lomloe) y la de Formación Profesional (FP). Pero la “legislatura del profesorado” avanza sin avances, el Estatuto Docente del que habla la Lomloe no está ni se le espera en el corto plazo y la medida que debe mejorar la situación del profesorado depende ahora de que el Congreso apruebe una propuesta que carga la mayor parte del gasto en las comunidades autónomas, lo que puede poner en cuestión el apoyo necesario del PNV (descontado siempre el PP).

“Y de una supuesta reforma de la profesión docente acabamos en una medida que puede tener mucha demanda, pero creemos que ni siquiera ayuda a la profesión docente. Vas a hacer menos informes, sí, pero eso no es un cambio estructural”, cierra Gortázar.

Continua la crisi educativa a la Comunitat Valenciana. Dijous, centenars d’equips directius de col·legis i instituts s’han concentrat a les portes de les Corts Valencianes amb l’objectiu presentar la dimissió en bloc davant la consellera d’Educació, Carmen Ortí. L’acció, anunciada com a ultimàtum dilluns passat, es produeix el nové dia d’una vaga indefinida que manté les negociacions trencades i les postures entre sindicats i Administració més allunyades que mai.

El testimoniatge dels directors presents, davant una situació “insostenible” i la “falta de respecte” del Govern valencià, dibuixa un mapa de l’educació pública marcat per la precarietat material i l’esgotament psicològic. Des de l’entorn rural, Jaume Olmos, director del CRA (Col·legi Rural Agrupat) Benavites-Quart de les Valls, justifica la renúncia per “dignitat i responsabilitat”, i denuncia que el seu alumnat conviu amb instal·lacions del 1955 en condicions “deplorables”. Una realitat compartida per Irene Rial (CEIP Tirant lo Blanc d’Albalat dels Tarongers) i Adam Badenes (CEIP Montolivet de València), que alerten d’obres interminables i edificis antics sense climatització ni manteniment bàsic. “Hi ha alumnes que no s’atreveixen a anar al bany perquè les condicions són deplorables; anem posant pegats per a tapar les mancances de la Conselleria”, relata Olmos.

No obstant això, la preocupació més gran rau en l’atenció a la diversitat. Els directius denuncien que la falta d’especialistes en Pedagogia Terapèutica (PT) i Audició i Llenguatge (AL) va buidant de contingut el concepte d’inclusió. “No és possible que les sessions de suport siguen de 30 minuts; això no és inclusió”, lamenta Maite Donet, del col·legi Ausiàs March de Paiporta, un dels més grans de la Comunitat Valenciana situat en la zona zero de la dana. A aquest dèficit se suma la lentitud en la cobertura de baixes, que obliga els centres a fer “sobreesforços i malabarismes” per a no desatendre a l’alumnat més vulnerable.

La càrrega administrativa és un altre dels detonants d’aquesta “plantada”. Javier Catalá, cap d’estudis del CRA El Pinar les Alcubles-Figueroles de Domenyo, resumeix el sentiment general: “La burocràcia ens ix per les orelles”. Per a molts dels concentrats, el conflicte no és només una qüestió de recursos, sinó de gestió, i assenyalen directament la consellera Ortí, al secretari autonòmic Daniel McEvoy i el titular d’Hisenda (exresponsable d’Educació), José Antonio Rovira, com a responsables del bloqueig actual.

El malestar també s’estén a altres col·lectius essencials. Educadors d’Educació Especial han denunciat que els serveis mínims decretats per la Generalitat en el seu cas —fixats en un 60% per al seu sector— han “coartat” el seu dret a la vaga. “Som imprescindibles per a l’autonomia dels xavals, però les nostres ràtios són elevadíssimes”, assenyalen des del CEE Rosa Llàcer.

Pérez Llorca demana “autocrítica”

En una trobada informal a les portes del parlament autonòmic, on dijous hi havia sessió de control al president, Juanfran Pérez Llorca ha intentat rebaixar la tensió dialogant amb alguns dels manifestants. El cap del Consell ha admés que “alguna cosa està fent-se malament” si no s’arriba a un acord, però ha instat els docents a assumir “el cinquanta per cent de la responsabilitat” en el bloqueig.

El president ha vinculat la falta de recursos a l’infrafinançament autonòmic, i ha demanat el suport de la comunitat educativa per a reclamar més fons al Govern central. “Quan demanem diners al Govern d’Espanya, també necessitem ajuda”, ha traslladat als directors. No obstant això, per als equips directius presents, la solució no passa per la política institucional, sinó per una negociació immediata que dote les aules de la dignitat que, asseguren, han perdut.

Continúa la crisis educativa en la Comunitat Valenciana. Este jueves, centenares de equipos directivos de colegios e institutos se han concentrado a las puertas de las Corts Valencianes con el objetivo presentar su dimisión en bloque ante la consellera de Educación, Carmen Ortí. La acción, anunciada como ultimátum el pasado lunes, se produce en el noveno día de una huelga indefinida que mantiene las negociaciones rotas y las posturas entre sindicatos y Administración más alejadas que nunca.

El testimonio de los directores presentes, ante una situación “insostenible” y la “falta de respeto” del Gobierno valenciano, dibuja un mapa de la educación pública marcado por la precariedad material y el agotamiento psicológico. Desde el entorno rural, Jaume Olmos, director del CRA (Colegio Rural Agrupado) Benavites-Quart de les Valls, justifica la renuncia por “dignidad y responsabilidad”, y denuncia que su alumnado convive con instalaciones de 1955 en condiciones “deplorables”. Una realidad compartida por Irene Rial (CEIP Tirant Lo Blanc de Albalat dels Tarongers) y Adam Badenes (CEIP Monteolivete de València), quienes alertan sobre obras interminables y edificios antiguos sin climatización ni mantenimiento básico. “Hay alumnos que no se atreven a ir al baño porque las condiciones son deplorables; estamos poniendo parches para tapar las carencias de la Conselleria”, relata Olmos.

Sin embargo, la mayor preocupación reside en la atención a la diversidad. Los directivos denuncian que la falta de especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) está vaciando de contenido el concepto de inclusión. “No es posible que las sesiones de apoyo sean de 30 minutos; eso no es inclusión”, lamenta Maite Donet, del colegio Ausiàs March de Paiporta, uno de los más grandes de la Comunitat Valenciana ubicado en la zona cero de la dana. A este déficit se suma la lentitud en la cobertura de bajas, que obliga a los centros a realizar “sobreesfuerzos y malabarismos” para no desatender al alumnado más vulnerable.

La carga administrativa es otro de los detonantes de este “plantón”. Javier Catalá, jefe de estudios del CRA El Pinar Alcublas-Higueruelas, resume el sentimiento general: “La burocracia nos sale por las orejas”. Para muchos de los concentrados, el conflicto no es solo una cuestión de recursos, sino de gestión, y señalan directamente a la consellera Ortí, al secretario autonómico Daniel McEvoy y al titular de Hacienda (exresponsable de Educación), José Antonio Rovira, como responsables del bloqueo actual.

El malestar también se extiende a otros colectivos esenciales. Educadores de Educación Especial han denunciado que los servicios mínimos decretados por la Generalitat en su caso —fijados en un 60% para su sector— han “coartado” su derecho a la huelga. “Somos imprescindibles para la autonomía de los chavales, pero nuestras ratios son elevadísimas”, señalan desde el CEE Rosa Llàcer.

Pérez Llorca pide “autocrítica”

En un encuentro informal a las puertas del Parlamento autonómico, donde este jueves había sesión de control al president, Juanfran Pérez Llorca ha intentado rebajar la tensión dialogando con algunos de los manifestantes. El jefe del Consell ha admitido que “algo se está haciendo mal” si no se alcanza un acuerdo, pero ha instado a los docentes a asumir “el cincuenta por ciento de la responsabilidad” en el bloqueo.

El president ha vinculado la falta de recursos a la infrafinanciación autonómica, y ha pedido el apoyo de la comunidad educativa para reclamar más fondos al Gobierno central. “Cuando pedimos dinero al Gobierno de España, también necesitamos ayuda”, ha trasladado a los directores. Sin embargo, para los equipos directivos presentes, la solución no pasa por la política institucional, sino por una negociación inmediata que dote a las aulas de la dignidad que, aseguran, han perdido.