A través de su proyecto “La Despensa Solidaria”, la compañía castellanomanchega reafirma su compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a cubrir sus necesidades básicas y promoviendo un consumo responsable a través de su plan contra el desperdicio alimentario.

El acto protocolario de la firma del acuerdo se celebró este lunes, 8 de septiembre, y contó con la presencia de representantes de ambas instituciones. Por parte de la Institución Benéfica asistieron: María Montoya, directora de El Cotolengo; la hermana superior Antonia Munuera; y Sibila Ouedraogo, coordinador del comedor social.

En representación de La Despensa Supermercados participaron David García Lázaro, director de calidad y seguridad alimentaria; Paco Serrano, responsable de las tiendas en Albacete; y Luis Aznal, director de comunicación y RSC.

Gracias a esta colaboración, El Cotolengo podrá recoger semanalmente los alimentos donados en las tiendas de La Despensa Supermercados en Albacete capital, para que los voluntarios del comedor social puedan seguir desarrollado su importante labor social. Además, la compañía donará un vale mensual de compra para que la Institución Benéfica, pueda adquirir aquellos productos que no se reciban mediante donaciones, pero que resulten esenciales para la preparación de los más de 300 menús diarios destinados a familias sin recursos.

Como novedad, La Despensa Supermercados ha anunciado que esta colaboración se verá reforzada con una donación extraordinaria anual, destinada a cubrir los picos de mayor demanda asistencial.

Con esta iniciativa, La Despensa Supermercados demuestra una vez más que su responsabilidad social va más allá de la actividad comercial, contribuyendo de manera directa al bienestar de quienes más lo necesitan en la comunidad.

Sobre la Institución Benéfica El Cotolengo

La Institución Benéfica Sagrado Corazón de Jesús abrió su Casa de Albacete el 24 de octubre de 1964 con el impulso del magistrado del Tribunal Supremo, Francisco de Paula Serra Martínez, quien dejó su fortuna a esta congregación para ayudar a las personas más desfavorecidas de su ciudad natal.

El Sagrado Corazón de Jesús, conocida como Cotolengo, tiene como misión ayudar a las personas más necesitadas que se encuentran en la capital albaceteña.

Además de las religiosas de la casa, son más de 100 los voluntarios que colaboran en la atención de las personas desfavorecidas internas que viven en ella, así como en el comedor social, al que acuden a desayunar y comer más de 300 personas a diario.

Sobre La Despensa Supermercados

La Despensa Supermercados es una empresa familiar de capital 100% castellanomanchego, que opera bajo las enseñas La Despensa, Ecofamilia y La Despensa Express (franquicias). Con 184 puntos de venta en Toledo, Ciudad Real, Albacete, Madrid, Cuenca y Ávila, y un centro logístico de más de 30.000 m² en Toledo, la compañía se ha consolidado como líder regional en distribución alimentaria.

Actualmente, el grupo genera cerca de 2.500 empleos, cifra que seguirá creciendo con nuevas aperturas previstas. En Albacete capital, la empresa cuenta con 12 tiendas y 250 trabajadores, siendo la ciudad con mayor implantación de Castilla-La Mancha.

La abogada Leonie Timmers (Bennekom, Países Bajos, 37 años) trabaja desde 2019 en un despacho de abogados de tres apellidos británicos a los que, en una fusión reciente, se ha añadido un cuarto estadounidense: Herbert Smith Freehills Kramer.

Residente en Madrid desde hace nueve años, Timmers habla un castellano fluido y sin titubear, al menos cuando el tema de conversación es el greenwashing (ecoblanqueo, ecopostureo), un asunto que conoce bien y al que dedica buena parte de su jornada laboral.

Su trabajo consiste en asesorar a las empresas sobre cómo no caer en el lavado verde de imagen. Es algo así como una fact-checker del greenwashing para ahorrar a las compañías problemas legales, ahora que las normativas europeas tratan de acabar con la publicidad engañosa sobre medio ambiente y otras prácticas consideradas desleales hacia los consumidores y la competencia.

¿Por qué un despacho de abogados ofrece un servicio a las empresas de revisar sus publicaciones y detectar riesgos de greenwashing?

En primer lugar, porque todo el proceso se desarrolla bajo secreto profesional, lo que brinda a las empresas un entorno seguro y confidencial para abordar cuestiones sensibles con total libertad. Por otro lado, en HSF Kramer contamos con una sólida práctica contenciosa. Asesoramos a clientes en investigaciones regulatorias y procedimientos judiciales relacionados con greenwashing en distintas jurisdicciones del mundo.

¿En qué consiste el lavado verde de imagen?

Es hacer una declaración sobre un impacto ambiental positivo de algo sin basarse en nada particular. Es decir: “Mi producto es ecofriendly” sin explicar por qué o sin tener hechos verificados para decirlo. O afirmar que un producto es más sostenible que otro sin tener una clara base para comparar los dos. No es necesariamente mentir, sino no demostrarlo.

Lo ambiental vende. Pero si una empresa dice "mi producto es sostenible", pero no tienes pruebas, y un competidor dice "yo no voy a decir que mi producto es sostenible sin poder probarlo", la primera empresa se puede llevar consumidores que de lo contrario podrían ir a la otra compañía. Es competencia desleal

El marketing consiste en pintar una imagen bonita, y está bien, pero debería no ser tan extravagante como se ha hecho. Estamos en un momento en el que lo ambiental vende. Una vez las empresas lo ven, todas se pintan de verde. Luego está lo que cae más en la competencia desleal. Si una empresa dice “mi producto es sostenible”, pero no hay pruebas para verificarlo, y un competidor dice “yo no voy a decir que mi producto es sostenible sin poder probar que lo es”, la empresa que lo hace sin verificación se puede llevar consumidores que de lo contrario podrían ir a la otra empresa. Es competencia desleal y es engañoso para el consumidor, que quiere ser sostenible y no tiene información para saber cómo puede serlo, porque le están mintiendo.

En España tenemos el precedente de Iberdrola y Repsol. ¿Cuántos casos hay en Europa?

Bastantes, no te sabría decir un número, pero la mayor parte es sobre cuestiones ambientales engañosas. Ese ha sido el enfoque principal de los casos, el greenwashing, pero también hay algunos de lavado social. Empezamos a ver un mayor foco en las alegaciones ambientales de las empresas, por ello la normativa se ha centrado en regular esta práctica. En los países del norte de Europa, las asociaciones de consumidores y ONG son muy activas, son ellas las que denuncian.

¿Cómo de frecuente es dar la razón a la empresa demandante?

Muy frecuente. Tenemos una base de datos de casos de greenwashing con, al menos, unos 100 casos en total. En muchos se da la razón a la parte demandante. En el sector financiero, por ejemplo, un fondo dice: “Yo soy sostenible, y me comprometo a que el 50% de mis inversiones sea en proyectos con una nota de compromisos ambientales de, digamos, 8 de 10. En muchos casos se ha investigado si eso efectivamente es así y, si no lo es, ha habido multas. Esos ejemplos en el sector financiero se dan siempre a través del supervisor regulador, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aquí.

Que un regulador haya emitido sanciones a una entidad financiera por estos casos de greenwashing ha ocurrido en Francia, Luxemburgo y Alemania, que yo sepa. En el caso de Alemania fueron millones, una sanción muy alta a DWS, la gestora de activos de Deutsche Bank. En el sector de los productos de consumo son más las agencias de consumidores las que impulsan los casos, o la competencia.

¿Hay una repercusión legal si una empresa miente en su recuento de emisiones asociadas a su actividad económica?

Publicar información incorrecta en las cuentas anuales es un delito, incumple la ley porque las cuentas deben mostrar el valor real del negocio. Ahora, además de publicar los resultados financieros, hay que incluir la información no financiera de sostenibilidad en las cuentas anuales. Si hay información engañosa puede pasar que, por ejemplo, los auditores no quieran firmarlas porque ven cosas que no cuadran. Otro riesgo son las sanciones registrales. Por ejemplo, el cierre de la hoja registral de una sociedad que ha tenido irregularidades en sus cuentas anuales, incluida la información sobre su impacto ambiental. Esto genera problemas en ámbitos como el acceso a financiación, la obtención de subvenciones, la participación en licitaciones y la comercialización de productos y servicios.

El paquete legislativo Ómnibus ha retrasado dos años, hasta 2028, las obligaciones de informar para para el segundo grupo de empresas a las que afectará la directiva; también se han cambiado los umbrales a las empresas a las que se les aplica primero: antes afectaba a las de más de 250 empleados, ahora lo quieren subir a los 1.000

¿En qué punto está la regulación sobre la obligación de informar de los impactos ambientales ahora mismo?

El paquete legislativo Ómnibus ha retrasado las obligaciones de informar: en lugar de 2026 para el segundo grupo de empresas a las que afectará la directiva, ahora va a ser 2028. También se han cambiado los umbrales a las empresas a las que se les aplica primero: antes afectaba a las de 250 o más empleados y ahora lo quieren subir a los 1.000. Así, hay muchas menos empresas afectadas por la directiva: el 80% de las empresas a las que en principio se iba a aplicar se deja fuera. Esto se sigue negociando a nivel europeo.

Más allá de lo que se está regulando en Bruselas, ¿con qué mecanismos legales contra el greenwashing contamos ya?

Lo que se ha aprobado ya es la Directiva de empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica. Esta directiva modifica la legislación existente que dota de protección al consumidor, y también la directiva sobre prácticas comerciales desleales, que incluye un listado de prácticas que son desleales per se.

Antes de aprobarse esta nueva directiva no se incluía nada sobre alegaciones ambientales. Con la aprobación de esta directiva hay diez o 12 cosas que tienen que ver con declaraciones ambientales que se consideran desleales. Por ejemplo, el uso de etiquetas no verificadas o poner “sostenible” cuando no lo respalda ningún organismo oficial. También afirmaciones genéricas sin base científica, sin información sobre la durabilidad o la reparabilidad de los productos, prácticas engañosas relacionadas con la sostenibilidad… Se amplía la lista de prácticas comerciales que se consideran engañosas. En el momento en que se apruebe esa directiva tendremos la foto completa: la prohibición de dar una declaración genérica sin verificación y la respuesta a cómo verifico esa información. Va a estar mucho más claro para una empresa lo que puede hacer y lo que no. A mí me parece que son cosas bastante obvias. Lo de las etiquetas no verificadas se hace mucho. Agua que dice cosas como '100% sostenible', y es algo que puso el equipo de marketing y parece como un sello, pero no existe.

No es fácil ser una empresa en este ambiente porque es verdad que hay compañías que tienen muy mala fama, como las petroleras o las de moda ultra rápida, y pueden hacer muchas cosas, pero la gente siempre va a rechazarlos por su propio modelo de negocio

¿Hay una preocupación en las empresas con las que trabajan en el despacho de que las puedan demandar más con las directivas en vigor?

Las empresas ya saben que la sostenibilidad no es un tema que pueden dejar a su equipo de comunicación o de marketing sin revisarlo. Es un tema en el que tienen que trabajar juntos para dar un mensaje adecuado y saber que lo que dicen es verdad.

Antes se podía poner un caso de estudio bonito en un informe de sostenibilidad y ahora, antes de hacer eso, hay que pensar muy bien en si alguien –un regulador, una ONG, los consumidores– puede señalarte por ello.

¿Cómo ve que haya empresas que quieran esforzarse por mejorar su impacto, pero una parte de la sociedad no se lo permita, pues siempre dudará de todo lo que hagan y lo calificará automáticamente como 'greenwashing'?

Todavía hay mucho por hacer. No es fácil ser una empresa en este ambiente porque es verdad que hay compañías que tienen muy mala fama, como las petroleras o las de moda ultra rápida, y pueden hacer muchas cosas, pero la gente siempre va a rechazarlos por su propio modelo de negocio.

Por otro lado, me parece muy bien que haya más claridad sobre lo que debes y no debes hacer. No deberías decir que tu ropa es la más sostenible si no tienes pruebas para demostrarlo o si no estás mirando todo el ciclo de vida de tu producto.

Combatir el greenwashing es tratar el tema con seriedad. El cambio climático, los problemas de sostenibilidad, no son inventados, son problemas reales. Si queremos seguir viviendo en este mundo tenemos que tomarlo en serio y no solamente pensar en el corto plazo y en hacer dinero. Tenemos que pensar que hay alguna forma de cambiar nuestra manera de pensar sobre qué es ser una persona y una empresa responsables en este mundo. Y a lo mejor eso pasa por ganar menos beneficios, porque tienes que invertir más en la sociedad. Veo necesario que haya ese escrutinio porque si no, nunca cambia nada. Y ya cambia muy poco, y ya estamos fatal.

El restaurante Abades Triana, perteneciente a Grupo Abades, ha celebrado la XV edición de la tradicional Olla de San Antón, un evento solidario que lleva varios años celebrandose en Sevilla. Como en años anteriores, la cita ha tenido un marcado carácter benéfico, animando a los asistentes a contribuir con dos kilos de alimentos no perecederos o una donación de cinco euros. Gracias a esta iniciativa, se han recaudado 1.100 euros y 800 kilos de alimentos destinados a la Diputación de Obras Asistenciales de la Hermandad del Rocío de la Macarena.

Los asistentes han disfrutado de este tradicional guiso granadino en un ambiente de convivencia y solidaridad. La Olla de San Antón no solo promueve la gastronomía andaluza, sino que también fomenta la ayuda a las personas que más lo necesitan.

La Olla de San Antón: una tradición con raíces granadinas

Originaria de la zona oriental de Andalucía, especialmente de Granada, la Olla de San Antón es un contundente guiso elaborado con habas secas, judías blancas, pimiento rojo, diversas partes del cerdo y arroz, entre otros ingredientes. Esta tradición gastronómica nació en el municipio de Monachil y se disfruta comúnmente junto a una gran hoguera, con la posterior “pringá”.

La Diputación de Obras Asistenciales de la Hermandad del Rocío de la Macarena, entidad receptora de la acción solidaria de la “olla”, desempeña un papel clave en el apoyo a familias en situación de vulnerabilidad en el barrio de la Macarena. Su programa de reparto de alimentos garantiza que numerosos hogares puedan cubrir sus necesidades básicas. Además, la hermandad ofrece asistencia integral a quienes atraviesan dificultades económicas y organiza iniciativas especiales en Navidad para que ningún niño se quede sin un regalo.

El “éxito” de la XV Olla de San Antón reafirma el compromiso de Abades Triana y Grupo Abades “con la responsabilidad social y la promoción de la cultura gastronómica andaluza”.

La reflexión sobre la movilidad –interna y externa– de las islas ha llegado después de la pausa que ha dividido en dos mitades la jornada 'Economía balear. Turismo y mucho más', organizada por la delegación balear de elDiario.es. En una mesa moderada por su directora, Angy Galvín, se han sentado José Luis Mateo, conseller de Mobilitat del Govern, Macarena Rodríguez, socia y directora de operaciones de Ético, Antonio Ginard, director de la Autoritat Portuària de Balears, y Tomás Melgar, director del aeropuerto de Palma.

“Nosotros tenemos que asumir el debate [de la movilidad], no podemos evadirlo. La presidenta Pohens, en sede parlamentaria, defendió la necesidad de crear una mesa de trabajo porque es imprescindible la colaboración de todos”, explicó el conseller, que puso la lupa no tanto en la cifra de turistas sino en la de residentes… y en la oferta ilegal: “Si contamos con los mismos accesos a Palma que hace treinta años y la población sigue aumentando, cae por su propio peso. La persecución implacable contra la oferta ilegal es importante porque perturba el funcionamiento normal de nuestras islas”.

¿Cómo se puede reducir el tráfico en los puntos más calientes de las carreteras baleares? El nuevo paseo marítimo de Palma podría ser, en un futuro próximo, el ejemplo a seguir. “Caminamos hacia un modelo de ciudad verde”, ha dicho Ginard, “el proyecto de reordenación del puerto va en esa dirección”.

El director de la APB ha incidido en que esta gran reforma duplicará el número de pasos de zebra que conectan el casco urbano con la zona portuaria, aumentarán el espacio para las bicicletas en detrimento de coches y motos, y llenarán de vegetación el paseo marítimo (habrá el doble de árboles y el triple de parterres).

“Los muelles serán más accesibles” para una ciudad que vivirá más aún de cara al mar. De hecho, ha explicado Ginard, los usos industriales y mecánicos del puerto se desplazarán hacia los extremos y, en el centro, el Moll Vell acogerá varias instalaciones que llenarán de vida la zona: el museo marítimo, la escuela náutica municipal y el centro de formación marítimo-pesquero.

De todas maneras, eliminar los atascos, la imagen de colapso, no es sólo una cuestión administrativa. Rodríguez ha apuntado también a la responsabilidad individual. “Hay que ser más conscientes de cómo nos movemos para ir al trabajo”, ha dicho la responsable de Ético. Y, también, la empresarial: “Dar la posibilidad de trabajar algunos días a la semana, o dejar entrar más tarde o más pronto en la oficina, son acciones que ayudan a descongestionar bastante las vías”.

Pero el punto clave de la mesa de movilidad ha sido, quizás, el tren. El AVE que podría eliminar conexiones entre Madrid y Barcelona y otras ciudades españolas, perjudicando a los baleares que vuelan con escala (“no deberíamos preocuparnos”, ha dicho Melgar, “porque Palma está conectada por aire con más de una veintena de aeropuertos nacionales”), el que demandan los municipios del Llevant mallorquín desde hace décadas, para tener una conexión más directa con Palma, y el que está proyectando el Govern para conectar el centro de la capital con el aeropuerto y construirlo… en el próximo mandato.

“No se trata de un proyecto de legislatura sino de legislaturas. Una de las cosas que reclamamos al Estado es un convenio ferroviario. Cualquier cuestión que afecte a la conectividad de estas islas nos tendrá enfrente”, ha precisado el conseller Mateo. Melgar aplaude la iniciativa: “Nosotros hemos apostado por contar con un tranvía o un tren excelente. Una de las cuestiones más importantes del aeropuerto es el lado tierra, cómo distribuimos a los pasajeros dentro de la isla. El apoyo de un tren rápido sería formidable. En verano hay días en los que estamos muy al límite porque recibimos casi la misma cantidad de pasajeros que los aeropuertos de Madrid o Barcelona”.

El representante de AENA ha aprovechado para reivindicar la importancia de la reforma de son Sant Joan, que está justo ahora en su punto intermedio. Empezó el año pasado y acaba el próximo. La terminal data de 1997 y “necesitaba una actualización”.

“Vamos a crecer en zona de llegadas (en horas punta tenemos varios vuelos en la misma cinta y es incómodo) y en mostradores; podremos distribuir mejor a los pasajeros. Nuestro filtro de seguridad será el más grande de España y de Europa. Con los nuevos escáneres ya no es necesario sacar líquido ni ordenadores. También hemos creado una salida directa para los vuelos interislas; si no llevas maleta facturada sales muy rápido. Y, además, se está trabajando en una gran terraza, que será muy interesante, sobre todo para los turistas, que suelen pasar más tiempo dentro del aeropuerto. Le estamos dando una vuelta completa a la terminal”.

¿Y qué influencia tienen los cruceros en el día a día de los habitantes que viven junto a los grandes puertos de Balears? Según el conseller de Mobilitat, el director de la APB y la responsable de Ético, el memorando que firmaron el Govern y la principal asociación de navieras –y que no permite que coincidan más de tres ciudades flotantes en el mismo puerto– ha surtido efecto.

“Se tiene que renovar en 2025, pero ya podemos decir que ha sido un éxito. Nos decían que era imposible porque las navieras deberían modificar sus rutas, pero se hizo. El resultado es que no ha bajado el número de cruceristas; al regularla, se ha esparcido. Desembarcan 8.500 al día, una cifra tomada a partir de una media semanal”, ha explicado Antonio Ginard.

Una definición genérica de liderazgo podría ser la siguiente: conjunto de habilidades directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. También se ve como la capacidad de delegar, tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea este personal o institucional.

Por lo tanto, el líder será la persona capaz de influir en las actitudes, opiniones y acciones de los demás miembros de un colectivo, sin necesidad de estar dotado de autoridad formal. Así pues, un buen jefe debe ser un líder, pero un líder no tiene por qué ser el jefe. El jefe tiene la función de decidir qué hacer, dónde, cuándo y cómo, sin tener porqué dar explicaciones. En cambio, el líder es capaz de conseguir que el equipo trabaje motivado con un objetivo común sin necesidad de 'imponer' las normas.

En la actualidad hay gran cantidad de personas que poseen las cualidades de un líder, en todos los ámbitos, desde la política a la empresa y tanto en sentido vertical como horizontal, ejerciendo este rol de diferentes maneras. Según Max Weber, más enfocado a la teoría política, hay tres tipos puros de liderazgo:

 - Líder carismático: Es el que tiene la capacidad de generar entusiasmo. Es elegido líder por su manera de dar entusiasmo a sus seguidores. Tienden a creer más en sí mismos que en sus equipos y esto genera problemas, de manera que un proyecto o la organización entera podrían colapsar el día que el líder abandone su equipo.

- Líder tradicional: Es aquel que hereda el poder por costumbre o por un cargo importante, o que pertenece a un grupo familiar de élite que ha tenido el poder desde hace generaciones. Ejemplos: un reinado.

 - Líder legítimo: podríamos pensar en 'líder legítimo' y 'líder ilegítimo'. El primero es aquella persona que adquiere el poder mediante procedimientos autorizados en las normas legales, mientras que el líder ilegítimo es el que adquiere su autoridad a través del uso de la ilegalidad. Al líder ilegítimo ni siquiera se le puede considerar líder, puesto que una de las características del liderazgo es precisamente la capacidad de convocar y convencer, así que un “liderazgo por medio de la fuerza” no es otra cosa que carencia del mismo.

Desde que Max Weber propuso esta clasificación ha pasado mucho tiempo, y como es lógico, se han producido numerosos cambios sociopolíticos, socioeconómicos, entre otros, que a aquellos que hemos estudiado el liderazgo, nos ha hecho cambiar nuestra perspectiva, e introducir nuevas herramientas de estudio o de análisis para elaborar un nuevo tipo que se adapte a las necesidades de los tiempos que estamos viviendo. Ese nuevo tipo de liderazgo podría ser “el inclusivo”.

Pero, ¿a qué llamamos liderazgo inclusivo? El liderazgo inclusivo es un estilo de liderazgo que persigue incluir y valorar las distintas perspectivas y orígenes. Se centra en reconocer y apreciar las diferencias entre los miembros del equipo, ya sean diferencias culturales, de género, de edad, de orientación sexual u otras áreas.

Y entonces, ¿qué rasgos ha de tener un líder que se considere inclusivo? Los líderes inclusivos reconocen y aceptan la diversidad, generan confianza y fomentan un sentido de pertenencia. Tienen presente la opinión de los demás cuando han de tomar decisiones. Esto los convierte en líderes más eficaces, además de inspirar a quienes los rodean a desear comportarse de igual modo. Además, el liderazgo inclusivo tiene la capacidad de liberar el potencial de cada miembro del equipo, lo que crea una cultura de comprensión donde todos pueden crecer y prosperar. Los líderes inclusivos demuestran una aguda conciencia de los prejuicios personales, sensibilidad cultural, empatía y coraje para desafiar las normas.

Los líderes inclusivos crean estructuras colaborativas, flexibles, eficientes y competitivas, consiguen que cada persona se sienta única y al mismo tiempo parte de un equipo al que pertenecen y al que aportan valor para ayudar de forma activa a una especie de misión común.

Las habilidades y competencias de un líder inclusivo son el signo de la excelencia de un buen mánager. Son personas comprometidas con la compañía, con una clara orientación al cliente, hacia la innovación y visionarios de la diversidad como una ventaja competitiva. A continuación, definimos algunas características que deberá tener:

• Cree que apostar por la diversidad e inclusión incrementa la competitividad del equipo.

• Reconoce la dignidad de todas las personas

• Ética y valores como base de las decisiones 

• Se ha comprometido con la diversidad, equidad e inclusión como parte de su propósito profesional.

• Humilde. Acepta y reconoce su propia vulnerabilidad, son personas críticas y están abiertas al aprendizaje y el cambio.

• Empáticas. Se ponen en el lugar de los demás, aceptando cómo piensan y cómo se sienten.

• Conscientes de los sesgos y prejuicios en la toma de decisiones. Trata de minimizarlos

• Construye el sentimiento de pertenencia al equipo.

• Integran y valoran la diferencia y singularidad de cada persona para crear equipos competitivos.

• Promueve un clima de respeto, participativo y colaborativo.

Pero ¿cualquiera podría aplicar dichas estrategias en su empresa? Por supuesto. En primer lugar, necesitamos crear un entorno favorable para el desarrollo de líderes inclusivos en la empresa. ¿Cuál es la antesala? Una estrategia de Diversidad Corporativa que no segmente a las personas ni las discrimine, y que responda a la globalidad de los grupos de interés, potenciando la relación humana de la empresa con las personas. Una diversidad que represente a las personas en su totalidad y sin ningún obstáculo que impida multiplicar su talento. El éxito de una estrategia de diversidad corporativa dependerá de su alcance, es decir, debe impactar en todas sus áreas estratégicas del negocio.

Según consultoras como McKinsey&Company en su Informe Delivering through Diversity existe una clara y muy vinculante relación entre los resultados de una compañía y la gestión de la diversidad. Y lo argumenta con razones claramente identificadas: atrae el mejor talento, refuerza la orientación al cliente, aumenta la satisfacción de los empleados, mejora la toma de decisiones y la reputación de las empresas. Según la consultora, el comportamiento de la empresa que refuerza más la relación entre ella y los trabajadores más orgullosos es su compromiso con la diversidad.

Habrá que crear un marco para el desarrollo inclusivo. Las empresas necesitan contar con cierta flexibilidad a la que deberán responder para hacer frente a los distintos retos u objetivos organizacionales, escenarios y culturas corporativas, que pueden ser adaptados dependiendo de su estado.

Es esencial comunicar a toda la organización porqué el liderazgo inclusivo es directamente proporcional al éxito de una compañía. Por esta razón será absolutamente necesario evaluar y reconocer las conductas inclusivas

Es esencial comunicar a toda la organización porqué el liderazgo inclusivo es directamente proporcional al éxito de una compañía. Por esta razón será absolutamente necesario evaluar y reconocer las conductas inclusivas. Debemos tener claro que los individuos progresarán en esa visión organizacional inclusiva si las conductas son coherentes y hay incentivos para hacerlo. A pesar de las evidencias que muestran los beneficios de convertir una organización en inclusiva y diversa, tradicionalmente se ha recompensado a los trabajadores por su desempeño, mucho más que por tener comportamientos inclusivos. 

En segundo lugar, hay que otorgar a la inclusión su protagonismo en ese liderazgo. La Diversidad no es un proceso que pertenezca a individuos sino a la organización en su conjunto. Una estrategia corporativa nos ayudará a su éxito a largo plazo. Esto requiere de un cambio cultural, es por ello por lo que muchas veces se usa el término agentes de cambio para la inclusión refiriéndonos a los líderes inclusivos. 

En tercer lugar, el compromiso con la diversidad y la inclusión necesita tener un origen en la alta dirección. El compromiso integral de la compañía empieza en los órganos de decisión que se encargaran de contagiar y transmitir este cambio cultural a toda la plantilla. 

El compromiso con la diversidad y la inclusión necesita tener un origen en la alta dirección. El compromiso integral de la compañía empieza en los órganos de decisión que se encargaran de contagiar y transmitir este cambio cultural a toda la plantilla

Diferentes estudios apuntan a que trabajar con líderes inclusivos cambia muchos la experiencia que el trabajador obtiene de la organización, haciendo que desarrolle su propia aproximación a la inclusión. El líder debe ser un espejo que dote de unas herramientas en las que poder construir tu experiencia de la inclusión y la diversidad.

Asimismo, respecto al desempeño de un líder inclusivo deben vencer la barrera de la individualidad y convertirse en figuras transversales con capacidad de impacto, es decir, influencers. Las habilidades y competencias de un líder inclusivo son el signo de la excelencia de un buen mánager. Son personas comprometidas con la compañía, con una clara orientación al cliente, hacia la innovación y visionarios de diversidad como una ventaja competitiva.

Finalmente, hay que señalar que la implantación de una estrategia de diversidad implica un resultado a largo plazo, es por esta razón que los indicadores deben medir tanto el impacto como el progreso de la implantación de los agentes de cambio. 

El director de la cátedra de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la Universal de Murcia, Longinos Marín, lleva 13 años convenciendo a los empresarios de la Región de que la clave del éxito pasa por una contribución activa y voluntaria a la mejora social, económica y medioambiental.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Murcia, y Doctor en Economía y Empresa, desde 2019 es el responsable de las ODSesiones de la UMU. En este proyecto difunde los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos.

La cátedra de RSC cumple 13 años este 2023, ¿cómo fueron los inicios?

Empezamos con muchas dudas porque entonces la responsabilidad social era un tema difícil, pero teníamos el convencimiento de que esto era bueno para las empresas. La ciencia lleva mucho tiempo diciendo que a las empresas que invierten en responsabilidad social les va mejor a medio y largo plazo, son más competitivas.

¿Hubo reticencias entre los empresarios de la Región?

Las creencias forman las actitudes y las actitudes forman el comportamiento, al principio la RSC se asociaba mucho exclusivamente a temas sociales. Se pensaba que era como dar dinero a las monjas para que hagan obras sociales.

Otra parte solo entendía la sostenibilidad exclusivamente en lo ambiental. Con el tiempo pudimos hacer desaparecer esas reticencias, esos mitos y falsas creencias.

¿Qué retos diría que queda todavía de responsabilidad social en la Región?

El siguiente paso sería profesionalizar las RSC dentro de la empresa. Igual que todas las empresas tienen un financiero, uno de recursos humanos y uno de comunicación y uno de calidad, pues que exista la figura del profesional de responsabilidad social. 

Ahora mismo las RSC se externalizan o se hacen a tiempo parcial, lo lleva por ejemplo el personal de recursos humanos o el de calidad.

¿Cuál sería el escenario ideal para las RSC en la Comunidad?

Las RSC se extenderán cada vez más en la cadena de distribución. Tengo la esperanza de que con el tiempo pasará algo parecido a lo que sucedió con la calidad en su momento. Incluso las empresas más pequeñas tienen su manual de calidad, su manual de procedimientos, su sello de AENOR. Espero que el futuro de la responsabilidad social vaya por ahí.

¿Qué gana un empresario en la Región al implementar la RSC en sus prácticas?

La responsabilidad social hace que sea más fácil, por ejemplo, que te contraten. Cuando Amazon contrata a Disfrimur y estos a su vez contratan a un autónomo.

Cuando hablamos de responsabilidad social se nos vienen a la cabeza grandes corporaciones, ¿cómo la puede aplicar un pequeño autónomo?

De hecho ya las están aplicando. Tengo muchos amigos y conocidos que son autónomos, y puedo decir que por ejemplo, en la época de la pandemia, los pequeños empresarios fueron seguramente los que más esfuerzo hicieron. Por no despedir a nadie, por aguantar el tirón, por hacer muchos gestos de temas medioambientales.

¿Por qué es una faceta de las PYMES que suele pasar desapercibida?

No le dan la forma de responsabilidad: no le ponen nombre, no hacen un reporte, una memoria de responsabilidad social, en definitiva, quizás no lo venden lo suficiente.

Es por esto que desde la Cátedra sacamos una guía de RSC para autónomos, con pequeñas medidas que puede poner en marcha cualquiera.

Qué hay de la Administración pública en Murcia, ¿cómo aplica las RSC?

En la Comunidad la Responsabilidad Social Corporativa y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están separados. La responsabilidad social está en una consejería que está más asociada a empresa y siempre ha estado ahí. Mientras que los ODS están más en un tema de cooperación y acción exterior.

Sí que ha habido en los últimos cuatro años una política bastante activa en responsabilidad social. De hecho, se empezó a elaborar la estrategia de RSC de la Comunidad Autónoma.

Hemos hablado de los retos a los que se enfrentan las empresas o la Administración, ¿pero qué desafios tendrá que afrontar la Universidad de Murcia de cara a este curso?

Hay una nueva ley, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que hay que implementar. Va a traer cambios en la contratación del profesorado o en la forma de acceder al doctorado. Y sin embargo, no está previsto el desarrollo normativo de esa ley, ni siquiera se ha planteado la financiación de las medidas que propone. Va a pasar un tiempo en el que tendremos que hacer un montón de cosas sin financiación.

Y ese es un problema que lleva tiempo acarreando la Universidad, la falta de financiación.

Al igual que la mayor parte de las universidades públicas: son los principales centros de investigación y de innovación. Y sin embargo, con la financiación pública que tienen, apenas se cubren los gastos fijos. No se apuesta decididamente por la investigación. La Universidad de Murcia y la UPCT son dos ejemplos muy claros de esto.

Dentro de los proyectos que tienen lugar en la UMU eres responsable de las ODSesiones, ¿en qué consisten?

Es un proyecto que nació en 2019. Teníamos claro en la universidad que no podíamos permitir que un estudiante pasara por la UMU y en ningún momento escuchase qué es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Agenda 2030 lo que busca es que cada uno esté donde esté, tanto a nivel individual como a nivel de organización o a nivel de empresa, haga su aportación a 17 problemas que tiene el mundo. ODSesiones no deja de ser una buena excusa para pasar por toda la universidad explicándole a todos los estudiantes que tenemos que aportar nuestro trabajo a nivel individual y a nivel profesional para arreglar estos problemas.

¿Qué destacarías de este año en ODSesiones?

La implicación de toda la comunidad universitaria, porque vamos de menos a más. También ha servido de encuentro entre las ONG, de todo el tercer sector, de los sindicatos y la administración pública.

El primer ejecutivo del fondo estadounidense Platinum, el multimillonario Tom Gores, ha recibido una comunicación “privada y confidencial” que le insta al “cese inmediato” de Fernando Abril-Martorell, consejero delegado de Urbaser, propiedad de esa firma de inversión, por su inacción ante un caso confeso de sobornos en Canarias a cambio de contratos para el gigante español de la limpieza viaria y la recogida de basuras.

Esa comunicación a Gores, a la que ha tenido acceso elDiario.es, le insta a fulminar a Abril-Martorell por no haber tomado medidas contra esos dos directivos. El hijo del que fuera vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía con Adolfo Suárez es consejero delegado del grupo español desde junio de 2022. 

Como contó elDiario.es, Urbaser mantiene en sus puestos a dos directivos, Manuel Andrés, número 2 del grupo, y su mano derecha, Santiago Alonso, que han reconocido los sobornos de los que les acusaba la Fiscalía Anticorrupción en vísperas del juicio en la Audiencia Provincial de Las Palmas por la “Operación Jable”. Se trata de la última pieza de la mayor trama de corrupción investigada en Canarias por número de imputados, el caso Unión.

Ambos han presentado ante la Sección Segunda de la Audiencia escritos idénticos en los que manifiestan su “reconocimiento de los hechos acontecidos” y admiten los delitos descritos por la Fiscalía Anticorrupción. En conformidad con el Ministerio Público, han efectuado sendos ingresos bancarios por un total de 220.000 euros en una cuenta de la Audiencia Provincial en concepto de pago a cuenta de la multa por delito de cohecho.

En la comunicación a la que ha tenido acceso este medio, con copia a la presidenta de Urbaser y directiva de Platinum, Mary Ann Sigler, el denunciante advierte al dueño del fondo de que, ante la falta de medidas contra estas dos personas, “el comportamiento del CEO es completamente contrario a cualquier Código de Conducta de ESG [las siglas de la expresión inglesa environmental, social and governance] y con el propio Código de Conducta de Urbaser”.

El pasado 22 de octubre el grupo español aprobó un código anticorrupción que asegura que “Urbaser rechaza toda forma de corrupción, aplicando una política de tolerancia cero ante cualquier indicio de soborno o corrupción cometido por un empleado/a de Urbaser o por un tercero, que actúe en nombre de Urbaser”.

“Estamos ahora ante una falta absoluta de integridad en el comportamiento del CEO, pagando o habiendo pagando nóminas, autorizando o habiendo autorizado con su propia firma todo tipo de gastos para restaurantes, hoteles, vuelos e, incluso, supuestamente y si se confirma, abonando a Corte Penal Regional las multas y los gastos de defensa legal de los dos criminales confesos”.

El escrito a Tom Gores continúa detallando el “enorme” daño que esta situación supone para la reputación de Urbaser y Platinum: “Desconocemos si el CEO ha perdido su moral, si alguna vez la tuvo, pero parece que en estos dos casos de comportamientos criminales en la dirección de Urbaser, un despido disciplinario sin compensación es una obligación ética y profesional”.

“También desconocemos si el CEO está considerando demandar a estos dos criminales confesos y pedirles que devuelvan los bonus y las acciones que ambos tienen en la compañía luxemburguesa LUNA I”.

Según el Registro de Luxemburgo, el 11 de marzo de 2022, cuando ya llevaba tiempo a la espera de juicio por este caso, Manuel Andrés recibió 200.000 títulos clase A de esa instrumental, mientras que Santiago Alonso recibió otros 49.338 títulos.

Luna I, de la que Abril-Martorell recibió un paquete millonario de acciones el día de su nombramiento, es una de las sociedades con las que Platinum controla Urbaser a través de cerca de una decena de firmas en el Gran Ducado. Esa larga cadena lleva en última instancia hasta Islas Caimán, como suele ocurrir en el mundo de los grandes fondos.

elDiario.es ha preguntado a Platinum por este asunto, sin obtener respuesta. Por su parte, el grupo Urbaser ha indicado que “el asunto está siendo analizado por el área de Compliance siguiendo los procedimientos establecidos y con el asesoramiento legal correspondiente para llevar a cabo las medidas oportunas; siempre de acuerdo al código ético y de conducta de Urbaser”.

Antigua filial de ACS

Los hechos se remontan a la época en la que Urbaser pertenecía a la constructora ACS, que la vendió en 2016 al grupo chino Energy Conservation and Enviromental Protection (Cecep) por 1.319 millones. En 2021 Cecep se la vendió a su vez a Platinum por más del doble, unos 3.500 millones. Cuando la adquirió, Gores indicó que la compañía “requiere de excelencia operacional y de las mejores prácticas de ESG”.

Estadounidense de origen israelí, Gores, de 58 años y dueño del equipo Detroit Pistons de la NBA americana, tiene una fortuna estimada de 6.200 millones de dólares. Figura en el número 427 del ránking mundial de millonarios de Forbes.

Abril-Martorell es consejero delegado de Urbaser desde el pasado 15 de junio. Antes de ocupar ese puesto, fue entre otros cargos presidente y consejero delegado de Indra o consejero delegado de Prisa. También tuvo responsabilidades en Telefónica, Credit Suisse y JP Morgan.

Los imputados en esta trama, según la acusación pública, “amañaron” concursos para adjudicar a Urbaser y FCC trabajos a cambio de pagos en efectivo o en forma de “dádivas” o regalos, que en el caso de Isabel Déniz, ex alcaldesa de Arrecife (Lanzarote), le permitieron incrementar su patrimonio en 400.000 euros, y además crearon varias sociedades que se favorecieron de esos contratos.

Según Anticorrupción, el fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, y la ex alcaldesa (primero en esa formación y luego en Coalición Canaria) se concertaron en 2001 con Manuel Andrés y Santiago Alonso, entonces directivos y apoderados de Tecmed (antigua Urbaser e histórica filial de ACS), para que, a cambio de una comisión, la empresa resultara adjudicataria en el concurso de recogida y transporte de residuos en Arrecife. Entre los acusados también se encuentra el entonces líder del PSOE en la localidad insular, Miguel Ángel Leal.

Urbaser se presenta como “una compañía de gestión medioambiental líder a nivel mundial, orientada hacia la sostenibilidad y la innovación, que da servicio a más de 70 millones de personas en 21 países a través de una red de más de 59.719 empleados”.

En la actualidad se encarga de la limpieza “de más de 8 millones de kilómetros de calles en diferentes ciudades de todo el mundo y el mantenimiento de 25 millones de metros cuadrados de zonas verdes. Opera 75 instalaciones de tratamiento de residuos con un total de 20,4 millones de toneladas tratadas; produce 2.885 GWh de energía a partir de residuos y en el último año ha evitado la emisión de casi 2,2 millones de toneladas de CO2 equivalente”.

La compañía, que ha pedido impulsar el incipiente negocio del biometano, es una de las interesadas en la compra del negocio de Medio Ambiente de Sacyr, junto a otras firmas como HIG. Esa operación permitiría a Urbaser competir en tamaño con el líder en España, FCC, que también está implicada en ese caso de corrupción en Canarias. 

Se da la circunstancia de que, también en la Audiencia Provincial de Canarias, la propia Sacyr está pendiente de juicio desde hace tres años por el caso Emalsa, por un presunto quebranto de 23 millones de euros. Y en este caso uno de los acusados es Pablo Abril-Martorell, hermano del consejero delegado de Urbaser y actual directivo de Sacyr Concesiones.

Los dos directivos de Urbaser que han confesado esos sobornos en el caso Jable ocupan posiciones clave en la compañía. Manuel Andrés Martínez, que en unos días cumplirá 65 años, es director general de la línea de negocio de Servicios Urbanos de Urbaser, la más importante del grupo. Por su parte, Santiago Alonso, de 62 años, era en el momento de producirse esos hechos director de Limpieza y Jardinería de Urbaser, que luego le nombró director internacional de Servicios Urbanos.

Según fuentes solventes, Alonso es director Adjunto de Servicios Urbanos, pertenece a la Alta Dirección de Urbaser y es la mano derecha de Manuel Andrés en la línea de negocio de Servicios Urbanos, que en 2021 (último ejercicio disponible) aportó 2.317 millones a la cifra de ventas consolidada de Urbaser, más del 90% de los 2.550 millones que facturó el grupo.

Ambos directivos fueron detenidos en 2010. La Fiscalía les acusó como autores de un delito continuado de cohecho y de un delito de uso o aprovechamiento de secretos, y como cooperadores necesarios en falsedad en documento público y fraude. Pidió para ellos sendas condenas de 10 años y dos meses de cárcel, fianzas de 13.857.415,8 euros para cada uno y sendas multas de 603.600 euros. 

Hay otros dos directivos de Urbaser encausados: Francisco José Martínez Llerandi, que, según su Linkedin, es director de Aguas y RCD de Urbaser, y para el que Fiscalía pidió 6 años y 8 meses de cárcel, fianza de 13.612.890,4 euros y multa de 420.206 euros; y Stephan Jean Antoine Balverde, para el que el Ministerio Público pidió 7 años y 6 meses de cárcel, fianza de 13.852.615,5 euros y multa de 600.000 euros.  

Fernando Abril-Martorell, consejero delegado de Urbaser, el gigante español de la limpieza viaria y la recogida de basuras, mantiene en la compañía a dos altos directivos del grupo, incluyendo a su número dos, que han reconocido su responsabilidad en un escándalo de sobornos de la antigua filial de ACS en Canarias.

Se trata de Manuel Andrés Martínez, director general de la línea de negocio de Servicios Urbanos de Urbaser, la más importante del grupo, y número dos de la compañía, y su mano derecha, Santiago Alonso Herreros. Ambos confesaron hace unas semanas su responsabilidad en la “Operación Jable”, última pieza de la mayor trama de corrupción investigada en Canarias por número de imputados, el caso Unión.

El caso se juzga en la Audiencia Provincial de Las Palmas trece años después de las detenciones practicadas en 2010 por la Guardia Civil. Se juzgarán presuntos delitos contra la Administración Pública en sus modalidades de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración y uso de información privilegiada por la adjudicación de decenas de millones de euros en contratos de recogida de basuras, limpieza de calles y cuidado de parques y jardines en Arrecife (Lanzarote) durante la etapa de Isabel Déniz, alcaldesa de ese municipio canario entre 2000 y 2007.

En vísperas del juicio, Manuel Andrés y Santiago Alonso han presentado ante la Sección Segunda de la Audiencia escritos idénticos en los que manifiestan su “reconocimiento de los hechos acontecidos” y admiten los delitos descritos por la Fiscalía Anticorrupción. En conformidad con el Ministerio Público, han efectuado sendos ingresos bancarios por un total de 220.000 euros en una cuenta de la Audiencia Provincial en concepto de pago a cuenta de la multa por delito de cohecho.

La Fiscalía les acusó como autores de un delito continuado de cohecho y de un delito de uso o aprovechamiento de secretos, y como cooperadores necesarios en falsedad en documento público y fraude. Pidió para ellos sendas condenas de 10 años y 2 meses de cárcel, fianzas de 13.857.415,8 euros para cada uno y sendas multas de 603.600 euros. 

Hay otros dos directivos de Urbaser encausados: Francisco José Martínez Llerandi, que, según su Linkedin, es director de Aguas y RCD de Urbaser, y para el que Fiscalía pidió 6 años y 8 meses de cárcel, fianza de 13.612.890,4 euros y multa de 420.206 euros; y Stephan Jean Antoine Balverde, para el que el Ministerio Público pidió 7 años y 6 meses de cárcel, fianza de 13.852.615,5 euros y multa de 600.000 euros.  

elDiario.es contactó con Urbaser para preguntar qué cargos ocupan estos directivos y si se va a tomar alguna medida, después de que al menos dos de ellos hayan reconocido su participación en estos hechos delictivos. En un correo electrónico, la compañía indica que “el asunto está siendo analizado por el área de Compliance siguiendo los procedimientos establecidos y con el asesoramiento legal correspondiente para llevar a cabo las medidas oportunas; siempre de acuerdo al código ético y de conducta de Urbaser”.

“Tolerancia cero”

Urbaser fue vendida en 2016 por ACS al grupo chino Energy Conservation and Enviromental Protection (Cecep) por 1.319 millones, que en 2021 se la vendió al fondo estadounidense Platinum por más del doble, unos 3.500 millones. El pasado 22 de octubre el grupo aprobó un código anticorrupción que asegura que “Urbaser rechaza toda forma de corrupción, aplicando una política de tolerancia cero ante cualquier indicio de soborno o corrupción cometido por un empleado/a de Urbaser o por un tercero, que actúe en nombre de Urbaser”.

Cuando fue adquirida por Platinum hace casi dos años, el primer ejecutivo de ese fondo, el estadounidense de origen israelí Tom Gores, indicó que la compañía “requiere de excelencia operacional y de las mejores prácticas de ESG” (las siglas de la expresión inglesa environmental, social and governance). Gores, de 58 años y dueño del equipo Detroit Pistons de la NBA americana, tiene una fortuna estimada de 6.200 millones de dólares y figura en el número 427 del ránking mundial de millonarios de Forbes.

Abril-Martorell, hijo del que fuera vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía con Adolfo Suárez, es consejero delegado de Urbaser desde el pasado 15 de junio. Antes de ocupar ese puesto, fue entre otros cargos presidente y consejero delegado de Indra o consejero delegado de Prisa. También tuvo responsabilidades en Telefónica, Credit Suisse y JP Morgan.

El ejecutivo salió de la tecnológica Indra hace dos años para ser sustituido en la presidencia por Marc Murtra. Se llevó una indemnización de 3,1 millones, más una compensación por no fichar por empresas del mismo sector que ascendió a otros 1,16 millones en 2022. En 2019, con él como presidente, Indra aceptó una condena por delito fiscal a cambio de una multa de 171.000 euros y la pérdida de la posibilidad de cobrar subvenciones durante 9 meses, a cambio de librarse de ser vetada para contratar con la Administración. Ese pacto llegó querellarse la Fiscalía de Madrid en octubre de 2018, previa inspección de la Agencia Tributaria sobre los ejercicios 2011-2014, cuando la empresa estaba todavía presidida por Javier Monzón.

Directivo clave

Desde su detención en 2010 y, sobre todo, desde que en enero de 2017 se dictó auto de apertura de juicio oral contra él y el resto de acusados en el caso Jable, el Registro Mercantil español recoge un rosario de ceses del principal directivo de la compañía que ha reconocido los sobornos en Arrecife, Manuel Andrés. Todavía mantiene cargos en algunas empresas del grupo. Preside por ejemplo la holding española Global Cauris SL, en la que también es consejero Santiago Alonso. Ambos administran la jiennense Resurja (Residuos Urbanos de Jaén), con cerca de 700 empleados y cuyos accionistas son Urbaser (60%) y la Diputación Provincial de Jaén.

Manuel Andrés, que en unos días cumplirá 65 años, figuró hasta 2015 en la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por ACS como miembro de la alta dirección de la constructora de Florentino Pérez, como director general de Servicios Urbanos de Urbaser. Unos meses después la filial cambió de manos y su nombre desapareció de la alta dirección de ACS, pero no de la de Urbaser, en la que, como premio a su gestión en la compañía, mantiene participaciones societarias.

Según el Registro de Luxemburgo, el 11 de marzo de 2022 Manuel Andrés recibió 200.000 títulos clase A de la instrumental Luna I, mientras que Santiago Alonso recibió otros 49.338 títulos. Esta firma, de la que Abril-Martorell recibió un paquete millonario de acciones el día de su nombramiento, es una de las sociedades con las que Platinum controla Urbaser a través de cerca de una decena de firmas en el Gran Ducado. Esa larga cadena lleva en última instancia hasta Islas Caimán, como suele ocurrir en el mundo de los grandes fondos.

En el momento de producirse los hechos que se juzgan en Canarias, Santiago Alonso, de 62 años, era director de Limpieza y Jardinería de Urbaser, que luego le nombró director internacional de Servicios Urbanos. Según fuentes solventes, Alonso es director Adjunto de Servicios Urbanos, pertenece a la Alta Dirección de Urbaser y es la mano derecha de Manuel Andrés en la línea de negocio de Servicios Urbanos, que en 2021 (último ejercicio disponible) aportó 2.317 millones a la cifra de ventas consolidada de Urbaser, más del 90% de los 2.550 millones que facturó el grupo.

Los imputados en esta trama, según la acusación pública, “amañaron” concursos para adjudicar a Urbaser y FCC trabajos a cambio de pagos en efectivo o en forma de “dádivas” o regalos, que en el caso de la ex alcaldesa de Arrecife le permitieron incrementar su patrimonio en 400.000 euros, y además crearon varias sociedades que se favorecieron de esos contratos.

Según Anticorrupción, el fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, y la ex alcaldesa (primero en esa formación y luego en Coalición Canaria) se concertaron en 2001 con Manuel Andrés y Santiago Alonso, entonces directivos y apoderados de Tecmed (antigua Urbaser e histórica filial de ACS), para que, a cambio de una comisión, la empresa resultara adjudicataria en el concurso de recogida y transporte de residuos en Arrecife. Entre los acusados también se encuentra el entonces líder del PSOE en la localidad insular, Miguel Ángel Leal.

Líder mundial

Urbaser se presenta como “una compañía de gestión medioambiental líder a nivel mundial, orientada hacia la sostenibilidad y la innovación, que da servicio a más de 70 millones de personas en 21 países a través de una red de más de 59.719 empleados”.

En la actualidad se encarga de la limpieza “de más de 8 millones de kilómetros de calles en diferentes ciudades de todo el mundo y el mantenimiento de 25 millones de metros cuadrados de zonas verdes. Opera 75 instalaciones de tratamiento de residuos con un total de 20,4 millones de toneladas tratadas; produce 2.885 GWh de energía a partir de residuos y en el último año ha evitado la emisión de casi 2,2 millones de toneladas de CO2 equivalente”.

La compañía, que ha pedido impulsar el incipiente negocio del biometano, es una de las interesadas en la compra del negocio de Medio Ambiente de Sacyr, junto a otras firmas como HIG. Esa operación permitiría a Urbaser competir en tamaño con el líder en España, FCC, que también está implicada en ese caso de corrupción en Canarias.

El caso Jable es uno de los litigios penales que tiene abiertos Urbaser, que fue una de las 51 integrantes del conocido como 'cártel de la basura', que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desmanteló con millonarias multas, que acabó tumbando la justicia por un defecto de forma.

El grupo también aparece como uno de los posibles partícipes a título lucrativo del caso Mutua Universal Mugenat, pendiente de juicio desde 2016. Urbaser fue una de las empresas más beneficiadas por el presunto desvío de cerca de 200 millones en cotizaciones de la Seguridad Social, con más de 10 millones. La compañía que pilota Abril-Martorell está encausada como una de las posibles beneficiarias de ese delito contra la Seguridad Social cometido por los antiguos responsables de esa mutua catalana.

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Incorporar la responsabilidad social empresarial (RSE) a los convenios colectivos y a las administraciones públicas son algunos de los retos con los que la Junta de Extremadura y los agentes sociales han firmado este miércoles una nueva estrategia de RSE tras el parón vivido con la pandemia, que ha frenado también el avance de esta acción en las empresas extremeñas.

Si en 2020 Extremadura contaba con 15 empresas certificadas como socialmente responsables, a las que se iban a sumar otras cinco que ya disponían de auditoría positiva, en la actualidad son solo 8 las reconocidas como tales, mientras que otras están pendientes de renovación y 4 en proceso de certificación, según datos de la Junta.

“Hay empresas que lo último que están pensando es en transformar su consideración respecto a la RSE porque tienen que sobrevivir”, ha reconocido el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, en alusión a las dificultades sufridas por ellas, primero con la pandemia y después con la subida de precios. No obstante, ha explicado que la responsabilidad social empresarial no es tanto una cuestión económica como de “convencimiento” y de búsqueda de alianzas para que el conjunto de las administraciones públicas, como los ayuntamientos y diputaciones, la adopten también.

Por ello, con el objeto de avanzar en la “labor de misionero” que hay que hacer este campo, este miércoles ha firmado la nueva Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial de Extremadura 2022-2025 junto a las secretarias regionales de UGT y CCOO, Patro Sánchez y Encarna Chacón, respectivamente, y el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), Javier Peinado.

Tras las estrategias de 20-15-2017 y 2018-2020, se busca avanzar en un proceso de transformación y cambio “que no es sencillo”, ha recalcado Fernández Vara. Para ello se establecen tres líneas estratégicas de actuación: desarrollo del modelo de liderazgo en responsabilidad social en las administraciones públicas, impulso de la RSE como dinamizadora para la transformación económica y social, y fomento de la incorporación de la RSE en el sector empresarial, el Tercer Sector y la ciudadanía.

El objetivo final es incorporar y reforzar la RSE en la gestión pública y privada de Extremadura, contribuyendo al desarrollo de un modelo socialmente responsable, competitivo y generador de empleo de calidad.

Obligación para los proyectos de interés autonómico

Este las novedades de esta nueva edición, el presidente de la Junta ha mencionado la posibilidad de incorporación a esta estrategia de otras administraciones públicas, el impulso del concepto de empresa saludable, el fomento de la RSE en la sociedad extremeña, su inclusión en los convenios colectivos a través de la concertación y la creación de un barómetro para realizar un diagnóstico de situación.

Además, a los nuevos proyectos empresariales que pretenden radicarse en la región y que se consideran proyectos empresariales de interés autonómico (PREMIA), se les exigirá que cuenten con una Estrategia de Responsabilidad Social, así como con planes específicos de igualdad, o en caso de no tenerlos, el compromiso de proceder a su elaboración.

La secretaria regional de CCOO, por su parte, ha considerado “fundamental” la inclusión de las cláusulas sociales en las contratación pública y mejorar el clima laboral a través de la RSE, así como incorporarla en los convenios colectivos.

Para su homóloga en UGT, es un “elemento importante” dentro del desarrollo de las empresas, entidades y ciudadanía, “pero también dentro de la negociación colectiva”. En cualquier caso, ha indicado Sánchez, contribuye a la competitividad, a la creación de empleo de calidad y al crecimiento de la región desde el respeto al medio ambiente.

Para el secretario general de la CREEX, hay que intentar que la RSE llegue también a las microempresas y los autónomos, pues son “las que más dificultades tienen para ir haciendo estos cambios que son tan necesarios”.

En este sentido, ha señalado que la responsabilidad social aporta “valor añadido” a los empresas, no solo a nivel de imagen, sino también de competitividad, de ahí la idoneidad de que esté presente “en todas las actividades de la empresa”, como las relaciones tanto con los trabajadores como con los proveedores y clientes.

Durante el año 2022 que, poco a poco, comienza a despedirse, Mercadona ha seguido reforzando su proceso de donaciones de productos de primera necesidad en provincias como Sevilla, sumando 11 nuevos centros a la red de entidades atendidas por la compañía, que asciende ya a un total de 23, a las que entrega diariamente productos frescos y de proximidad destinados a personas que son atendidas por tales centros.

Se trata de un proceso que no tiene pausa, ya que las necesidades de alimentos básicos son continuas, por lo que este año ha comenzado a colaborar con entidades sociales de los municipios de Gines, Alcalá del Río, Écija (en este caso se han sumado tres), Coria del Río, Lebrija, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Bollullos de la Mitación y Alcalá de Guadaíra.

En este último municipio funciona un lugar que ahora es receptor de la ayuda de la cadena de supermercados, el Centro de Atención Social Ciudad San Juan de Dios, cuyo coordinador, Miguel Collantes, explica gráficamente que “si no fuera por esta ayuda, esta semana no habríamos podido atender a todas las personas que nos han pedido alimentos”.

Así, desde el pasado 22 de noviembre recibe diariamente artículos de primera necesidad donados por estos supermercados, que reparten entre las más de 130 familias en situación de vulnerabilidad a las que atienden en su día a día.

Una “tienda” que solo descansa los fines de semana

El centro pertenece a la Orden de San Juan de Dios, y tiene a 14 voluntarios trabajando de lunes a viernes, “ya que los fines de semana no tenemos personal para atender”, y su coordinador explica que, aunque lo normal es que la cifra de familias no llegue a las 135, “solo esta semana, el miércoles y el jueves atendimos a 197”, mediante una fórmula que hace que puedan contar con pan, frutas o verduras, “alimentos que siempre son los que más se necesitan”, de modo que se completa con “productos de alimentación que necesitan ser cocinados”.

A las cifras habituales, se unen las de personas que son enviadas al centro por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, de modo que “la ayuda que tenemos ahora de Mercadona nos permite atender a más personas”.

Cruz Roja en Marchena, desde 2020

En la lista de entidades que ya contaban con ayuda de los supermercados de la cadena se encuentra Cruz Roja Española de Marchena. Como explica su presidente, Raúl Luque, desde mayo de 2020, dona diariamente los excedentes alimenticios a Cruz Roja Española en Marchena “para contribuir a paliar la necesidad de las personas más vulnerables del municipio, excedentes que son repartidos diariamente por nuestro voluntariado”. 

Mercadona colabora asimismo desde hace años con la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, con la donación de productos y su participación en campañas organizadas por el Banco. En total y a cierre de noviembre (último dato disponible) la compañía había donado en la provincia 303 toneladas de alimentos, lo que equivale a más de 5.000 carros de la compra. 

Desde hace algún tiempo, cuando se trata de abordar el lugar de las personas con discapacidad en la sociedad, la noción de inclusión ha dominado los debates. Una sociedad llamada “inclusiva” se adapta a las diferencias de la persona, va por delante de sus necesidades para darle todas las posibilidades de éxito en la vida. Por lo tanto, la inclusión requiere, para su plena aplicación, la movilización colectiva y la voluntad de los organismos sociales, políticos y económicos para lograr la integración de las personas más vulnerables.

Desde el inicio de la crisis de la COVID-19, han sido muchas las empresas que han demostrado su contribución social, no solo donando equipamiento médico y ayudando a los más desfavorecidos sino también invirtiendo grandes cantidades de dinero en la preservación del empleo y fabricando mascarillas, respiradores, geles y otros productos imprescindibles a nivel sanitario. Además, se han alzado voces para hablar del mundo después de la crisis. ¿Volverá todo a la normalidad? ¿Era aquella normalidad normal? ¿Es deseable volver a ese mundo de antes? ¿Podría surgir un mundo nuevo impulsado por el deseo de solidaridad? ¿Una nueva sociedad marcada por más ayuda mutua y tolerancia? ¿Un nuevo modelo económico?

Han pasado ya muchos años desde que las normas de Responsabilidad Social Empresarial daban sus primeros balbuceos y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU solicitaba el nombramiento de un representante especial para estos temas. Era imprescindible en aquellos momentos abrir a nivel europeo un ámbito explícito de reflexión y acción sobre derechos humanos en el mundo empresarial. Aún resonaban los ecos de Bhopal en los años ochenta, la masacre del pueblo Mapuche por la empresa hidroeléctrica Endesa o el desastre medioambiental en el Delta del Níger por los vertidos de la empresa holandesa Shell. Las grandes empresas, especialmente las multinacionales, querían demostrar lo responsables que se sentían más allá de la relación tradicional empresa-producto-cliente, pero seguía y sigue fallando la iniciativa de las grandes corporaciones en la distribución de los beneficios, (su responsabilidad fiscal), por lo que sus buenas acciones, consideradas a menudo meramente cosméticas, han sido objeto de todo tipo de críticas.

Entre las empresas privadas con sus normas de RSE y los sectores públicos, Stiglitz propone un tercer pilar que representa además una alternativa al modelo económico actual: la economía social. Este modelo formado principalmente por cooperativas y entidades sin ánimo lucrativo representan para el autor el modelo empresarial del futuro. Su virtud principal es que conjugan la eficiencia empresarial con la equidad en la distribución de los beneficios. La propiedad democrática de las cooperativas significa que la distribución de excedentes se hace de manera igual para cada asociado, en contraste con el mecanismo de distribución proporcional al aporte de capital de las sociedades anónimas y otras formas de empresas capitalistas. Además, es importante la aportación de la economía social como “fuente de innovación” de la que también se beneficia el resto de la economía, así como su capacidad de inclusión de los sectores más vulnerables de la población.

La estrategia de discapacidad aprobada por la Comisión el pasado 4 de marzo establece una serie de objetivos y legislación vinculantes de aquí a 2030 entre los que se incluye un plan de acción sobre economía social para mejorar el entorno propicio para las empresas sociales. Es importante aprovechar este impulso de la estrategia para fortalecer el lazo entre economía social y empresa inclusiva, pues el nivel de interacción entre el ámbito de la discapacidad y la economía social es aún insuficiente. A pesar de que se tiende a relacionar empresa inclusiva con economía social, esta relación está todavía lejos de ser una realidad. En España, por ejemplo, dentro de las empresas y entidades de la economía social, el 6,2% de los trabajadores tiene una discapacidad reconocida, un porcentaje muy superior al observado en las empresas mercantiles (1,7%).

Las empresas inclusivas pueden ser tanto sociales como mercantiles y, a pesar de la proximidad en valores y posicionamientos entre empresa inclusiva y economía social, se observa que el desconocimiento del ámbito de la discapacidad, en general, sigue siendo también una barrera a la contratación e incorporación del colectivo dentro de empresas con objetivos sociales.

Una economía en la que prevalece el interés privado por encima del público obstaculiza la innovación y la eficiencia para maximizar los beneficios de unos pocos. Un aumento de la democracia interna en las empresas no solo puede garantizar un entorno laboral más agradable, sino también más innovador y, con ello, una sociedad más innovadora en su conjunto. Son las entidades con una cultura socialmente responsable las que suelen traducir esta posición en una mayor representación de los colectivos que experimentan mayores cuotas de discriminación, como las personas con discapacidad. Por ello, es importante repensar la RSE para que deje un lugar real a la economía social e inclusiva en nuestra sociedad, acelerando la transición de la rentabilidad a la sostenibilidad y al bienestar social.

La Cumbre Social Europea prevista para mayo en Oporto es una gran oportunidad para materializar el principio 17 del pilar europeo de derechos sociales dedicado a la inclusión de las personas con discapacidad y poner por delante la economía social, estableciendo objetivos e indicadores concretos como el índice de desarrollo inclusivo que sustituya al ya obsoleto PIB y también indicadores de inversión en sistemas públicos de bienestar social.

La crisis que vivimos como consecuencia de la pandemia por la COVID-19 ha provocado una cascada de aprendizajes forzosos, no solo en el ámbito socio-sanitario, sino también en el plano económico. Empresas e instituciones han tenido que reaccionar rápido para adaptarse a una situación para la que no estaban preparadas.

Camino hacia la desescalada, esa palabra que no recoge ningún diccionario y que supone una transición hacia una “nueva normalidad”, podemos preguntarnos si más allá de lo puramente económico, las empresas (y la sociedad en general) tienen opciones para hacer de la crisis una oportunidad.

¿Es la estrategia win-win -la del beneficio para todos- una parte de la solución para que las empresas salgan reforzadas o, al menos, no tan tocadas? Hablamos con Elena Mañas, directora de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Alcalá (UAH) y miembro del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES).

La Responsabilidad Social Corporativa es una herramienta bastante nueva (años 90) coincidiendo con la generalización del proceso de globalización...

La reflexión acerca de cuál es el papel de las empresas en la sociedad no es nueva. Ya en los años 30 Ronald Coase se planteó que las empresas tienen sentido por motivos de eficacia.  También es conocida la aportación de Milton Friedman, que señala que la principal responsabilidad empresarial es maximizar beneficios para sus propietarios y accionistas (shareholders). Desde mediados de los  años 80 comenzó a tomar cuerpo  en ámbitos académicos, empresariales  e incluso normativos, la idea de que la Responsabilidad Social de una empresa  va mucho más allá de la mera obligación de generar un beneficio,  que debería ser capaz de llevar a cabo una actividad buena socialmente y tener en cuenta a otros grupos de interés a los que afecta y por los que se ve afectada (trabajadores, clientes, proveedores, comunidad local..).

Tanto por razones  éticas, como de supervivencia y buen desempeño, la RSC se ve cada vez más como algo esencial de las empresas. Por eso, aportaciones como las de Edward Freeman, con su teoría de los Stakeholders o grupos de interés de mitad de los 80, y de Michael Porter y Mark Kramer, con su enfoque del valor compartido ya en los inicios de nuestro siglo,  son cada más aceptadas en los últimos años, aunque quizá camina más rápido en el mundo de los conceptos y más lento en el de los hechos.

Recientes declaraciones sobre la necesidad de incorporar un propósito social en las organizaciones  con la vista puesta en la sostenibilidad y el largo plazo, de importantes referentes en el mundo de los negocios (como las de Larry Fink en su carta anual a los directores de las compañías en las que invierte BlackRock, o las del documento Business Roundtables, firmado por 181 Chief Executive Officer de USA), son dos buenos ejemplos.

¿Cómo de habitual es la implementación de esta estrategia en las empresas españolas?

Si nos guiamos por las estadísticas del Global Reporting Initiative (GRI), la herramienta de reporte de la RSC más utilizada a nivel internacional, España se encuentra entre los países que más memorias de responsabilidad social registran, sobre todo en las grandes empresas.

Eso es un buen indicativo de que bastantes organizaciones de nuestro país se han puesto en el camino hacia la RSC. Algunas empresas, líderes, lo han entendido de verdad y lo hacen de forma decida y con fundamento estratégico y ético; otras, con motivaciones menos profundas, tal vez solo tratan de seguir la estela de las primeras, pero eso también contribuye a avanzar.

Es menos habitual en las pymes por desconocimiento o porque consideran que implementarla requiere de muchos recursos y conocimientos. Eso frena extender estas estrategias a empresas más modestas en tamaño. Pero sí, la idea se va expandiendo e incluso algunas actúan bajo principios de RSC aunque no sean conscientes de ello.

A menudo se critica que su implantación es más cosmética que real y que las organizaciones se suben al carro solamente desde el ámbito de la Comunicación, que va por delante de los propios hechos. Está claro que una verdadera RSC se basa en la coherencia entre lo que se hace y lo que se comunica. En todo caso esa Comunicación también es importante: no basta con hacerlo bien, hay que comunicarlo de una forma adecuada.

“Estamos aprendiendo de forma acelerada los riesgos y debilidades de nuestro sistema económico y tecnológico”

¿Qué significa hablar de gestión socialmente responsable en una crisis sanitaria como la que vivimos?

Estamos viviendo una situación sin precedentes para las actuales generaciones que ha obligado a la adopción de medidas excepcionales, incluido el confinamiento de la población, a nivel mundial.

Una ocasión así obliga, más que nunca, a que nos esforcemos por extraer aprendizajes que nos ayuden a desenvolvernos mejor en el futuro. ¿Está ayudando el comportamiento socialmente responsable de las empresas a afrontar esta situación excepcional? ¿Podría hacerlo en mayor medida?  

Creo que  estamos aprendiendo de forma acelerada los importantes riesgos y debilidades que presenta nuestro sistema económico,  productivo y tecnológico, cuyo grado de interdependencia nos conecta a todos sin excepción, para bien y para mal.

Constatar esto una vez más, y en un contexto sanitario tan dramático, nos vuelve a dejar claro que existen unos retos globales a los que solo se puede hacer frente de forma conjunta, con el compromiso y la responsabilidad de todos y de forma coordinada.

Esa es precisamente la base de la RSC y para implementarla es imprescindible contar con buenos líderes en las organizaciones, que inspiren confianza, que muevan a la acción coordinada de los distintos actores. No es el momento de hacer valer el poder de la negociación sino de la cooperación y la confianza.

Ahora  el reto más acuciante es el de la salud, aunque también está derivando en enormes retos en el plano económico, pero tenemos por delante otros no menores, como los  medioambientales, los grandes movimientos de población, la pobreza, la desigualdad… La única perspectiva posible es aquella por la que apuesta la RSC: remar todos en la misma dirección y asumir que los costes que se han de afrontar a corto plazo deben ser compartidos por todos y de una forma justa. De esta forma serán globalmente mucho más reducidos que si cada uno persigue que sea otro el que pague.  

Uno de los pilares de una buena Responsabilidad Social Corporativa es la gestión de la salud en las organizaciones…

Sí, ese aspecto nos lleva a hablar de un segundo aprendizaje. Los países que nos autodenominamos avanzados, creíamos que teníamos casi todo bajo control, especialmente en el ámbito de la salud, y nos considerábamos al abrigo de graves enfermedades y pandemias. La COVID-19 nos ha venido a enseñar que esto no es así, que también somos vulnerables.

La salud no debe presuponerse, y se debe tener como principal  prioridad en todo momento puesto que puede llegar a ser  un elemento del entorno que provoque verdaderos estragos, y también en lo económico.

En la RSC de las organizaciones, tanto en el ámbito interno como externo,  la salud laboral y el cuidado de las personas han de ser elementos centrales, por delante de otras consideraciones  Noticias como las que escuchamos a finales de 2019 sobre la posibilidad de despido objetivo para trabajadores que bajo determinadas condiciones falten del trabajo por enfermedad no grave, son buena muestra de que la salud no se estaba tomando como una verdadera prioridad.

Por otro lado, ponerse en el papel del vulnerable frente al del que puede prestar ayuda, resulta en sí mismo otro aprendizaje que puede servir para que la ética salga reforzada. Esta crisis es un jarro de agua fría que cambia nuestros esquemas tradicionales de relación entre lo invisible y lo esencial, entre personas protegidas e indefensas, entre países ricos y pobres. Nuevos puntos de vista que pueden promover la búsqueda por las empresas de formas de gestión y de negocio más sostenibles.

¿Podemos comparar lo que ocurre hoy con la crisis de 2008 también en el ámbito de la RSC?

Los detonantes son distintos, pero hay cosas en común. En la crisis de 2008 el detonante fue una crisis financiera que derivó en una fuerte y generalizada pérdida de confianza en el sistema que se extendió rápidamente a la economía real, con una caída importantísima en las relaciones económicas nacionales e internacionales. Ahora, ha sido un problema sanitario a escala global el que ha encendido la mecha de una gravísima crisis en múltiples frentes; de nuevo la pérdida de confianza, aunque esta vez respecto al estado de salud de los que nos rodean, en lo local y en lo global, está en la base de la reducción de las relaciones económicas.

En el futuro podrían ser otros detonantes, tal vez el cambio climático, los que encienda la mecha de otras crisis.  De nuestra capacidad de haber aprendido estas lecciones dependerá cómo salgamos de esta y cómo seamos de vulnerables a las siguientes que vengan. La RSC es una pieza clave para mejorar algo que sí está en nuestras manos, el compromiso y la responsabilidad como base para generar la imprescindible confianza.

“El teletrabajo está funcionando”

Ahora estamos poniendo en práctica el teletrabajo por obligación y muchas empresas lo hacen por primera vez…

Sí, estábamos desaprovechando la posibilidad de introducir innovaciones en la gestión de los recursos humanos  que  la tecnología nos hacía posible desde hace tiempo: una de ellas es el teletrabajo, claramente infrautilizado hasta ahora en nuestro país.

Un tercer aprendizaje que nos ha traído consigo la pandemia y la imposibilidad casi generalizada de trabajar de forma presencial durante varias semanas, es que el teletrabajo está funcionando. Y además, se acompaña de importantes ventajas, como ahorros de  tiempo (para facilitar la conciliación con la vida familiar y personal), de combustibles, reduciendo  gastos y emisiones contaminantes,  entre otras. Estas ventajas ya se podrían haber obtenido antes de la crisis sanitaria si se hubiera recurrido más ampliamente a esta forma de trabajar, contribuyendo a otros objetivos fundamentales.

Reforzar la relación de confianza trabajador-organización, buscando metas comunes, como  pretende la RSC a nivel interno, resulta un elemento imprescindible para dar un paso más decidido hacia el teletrabajo.  En España, aunque hay excepciones notables  y una cierta dinámica de cambio,  predominan los sistemas de gestión  excesivamente tradicionales, basados en el control directo de las personas y no tanto en la consecución de objetivos.

Entonces esta excepcionalidad por la COVID-19, ¿puede ser, como se dice de toda crisis, una oportunidad para las empresas?

Una cuarta lección de esta crisis es recordarnos que vivimos en un entorno VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo), y que la única verdadera certeza es que estamos sometidos a un cambio continuo.

Hemos de ser conscientes de que vamos a tener que seguir adaptándonos a cambios que no esperábamos y, por ello, la resiliencia, la flexibilidad y la capacidad de innovar son y serán claves. Las organizaciones que sepan interpretar las nuevas oportunidades sobrevivirán y saldrán fortalecidas. 

Dejando claro que no es lo mismo aprovechar  las oportunidades que ser  oportunistas. Lo primero nos ayuda a ser mejores y lo segundo peores. Por desgracia, siempre hay quien se apunta a este segundo carro (por ejemplo, los que acaparan productos sanitarios básicos para lograr sobreprecios).

Afortunadamente, son muchas las empresas que han reorientado su actividad productiva, y en tiempo record, para producir aquellos bienes y servicios más imprescindibles y con más escasez en los mercados globales, atendiendo así a las necesidades más urgentes de la sociedad (batas, mascarillas, gel hidroalcohólico, respiradores, hoteles medicalizados…).

También, dependiendo de la forma en la que las organizaciones traten a sus empleados durante la crisis, saldrán o no reforzadas. Es también, en definitiva, una oportunidad para seguir profundizando en las estrategias de RSC y corregir a mayor velocidad los múltiples impactos negativos de nuestro sistema tradicional de producción y consumo.

También es un reto para las pymes, que son mayoría en nuestro país…

En materia de Responsabilidad Social Corporativa las grandes empresas son el espejo en el que deben mirar las pequeñas. A corto plazo la urgencia de las pymes es la supervivencia, pero reconforta que en épocas tan duras salgan a la luz tantas iniciativas empresariales para aportar su granito de arena, reconvirtiendo la actividad para generar servicios que verdaderamente necesitamos. Pongo el caso de bares y restaurantes que se han preocupado de preparar comidas para hospitales o atender a los transportistas.

Es el momento de subirse al carro de la responsabilidad social. Es el momento para todos, en realidad. El desarrollo sostenible, en el marco marco del compromiso global que supone la Agenda 2030 de Naciones Unidas, interpela a todos para afrontar retos muy difíciles pero imprescindibles.

El esfuerzo debe ser conjunto de todos los actores: empresas de todos los tamaños, ciudadanos, administraciones… y también de todos los países, cada uno en la medida de sus posibilidades.

Las mujeres tienen un creciente protagonismo en el desempeño de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las empresas, una labor que, además de consolidarse, se profesionaliza cada vez más, según un estudio de ámbito nacional.

Estas son las conclusiones generales a las que llega el II estudio de la función de Directivos de Responsabilidad Social (Dirse) que ha elaborado la asociación española y que este lunes ha presentado, para su debate, a la Federación de la pyme del sector del metal de Las Palmas, Femepa.

Según ha explicado la directora general de Dirse, Miwi Clavera, esta figura tiene cada vez más relevancia en el seno de la empresa porque informa más al comité de dirección y es más transversal, a lo que se suma el hecho de la relación que existe entre la antigüedad de ese puesto y el nivel de RSC o de madurez de la empresa.

Este estudio, en el que los resultados relativos a Canarias no son significativos y que incorpora sesgos, dada la gran proporción de empresas de grandes dimensiones que analiza, lo que diluye la realidad de las medianas y pequeñas sociedades, también destaca que los responsables de RSC llevan tiempo al frente de este departamento y tienen un nivel de formación superior, lo que no ocurría en 2013, cuando se hizo el último estudio.

Clavera también ha resaltado que sólo en un 28 % de los casos analizados el área de RSC está sola en la empresa, mientras que en un porcentaje “muy alto está o con Comunicación o con Recursos Humanos”.

Que se asocie a uno u otro departamento de los citados dependerá, ha dicho, de “los riesgos a los que tradicionalmente se haya enfrentado la empresa” en cuestión, de forma que si esos riesgos son “de puertas para adentro, con el personal o con sindicatos”, la RSC estará con Recursos Humanos, pero si tiene que ver más con temas reputacionales y relacionados con el consumidor, estará más vinculada a Comunicación.

Con la presentación de este informe en todas las zonas españolas, Dirse pretende suscitar un debate que permita “matizar estas conclusiones generales, que dicen hacia dónde vamos, ya que las empresas grandes suelen marcar el rumbo a seguir”, ha referido Miwi Clavera.

Ignasi Carreras acaba ya su mandato (12 años) al frente del Instituto de Innovación Social de la escuela de negocios Esade después de décadas pidiendo justicia social para los países del Sur desde la dirección de Intermon Oxfam. Aunque quizá a simple vista cueste apreciarlo, no son trabajos tan distintos: en realidad, lleva toda una vida tratando de convencer a todo tipo de gente, y singularmente, a empresarios y directivos, para que se comprometan con un mundo más justo. No solo por razones morales, que también, sino en beneficio propio. ¿Cómo no va a ser mejor vivir en un mundo sin miseria que en uno en que los ricos tengan que estar siempre protegidos por ejércitos armados hasta los dientes?  

En Esade se forma a una parte importante de la elite del capitalismo español, e incluso internacional, atraída sobre todo por las fórmulas de éxito que permiten triunfar en la selva. Pero ahí está también Carreras, empujando para que se entienda que las empresas responsables y que apoyen la innovación social lo tienen mucho mejor para prosperar en el siglo XXI. Esta música solía provocar risitas entre los más duros y machotes formados en el pensamiento de que la única responsabilidad de la empresa es maximizar el valor del accionista. Pero ahora hasta BlackRock exige a las corporaciones crear “valor compartido”: con los accionistas, aunque también con los trabajadores, con la sociedad, con el medio ambiente… Para Carreras (Barcelona, 1957), la innovación social es la llave para conseguirlo.

 ¿Qué entiende por “innovación social”?

Innovación orientada a desarrollar productos, procesos, ideas, alianzas, etcétera, que den respuestas a retos sociales y medioambientales para los que todavía no tenemos solución. Trata de promover soluciones colaborativas (tecnológicas o no) que pueden dar buenas respuestas a retos sociales y medioambientales, nuevos y viejos. La innovación social es necesaria para luchar contra la desnutrición infantil, contra la violencia de género, para conseguir medicamentos frente a enfermedades que el mercado no retribuye… Y así un larguísimo número de retos sociales que tenemos planteados y que difícilmente ningún actor logrará resolver en solitario.

¿Está necesariamente vinculada a los mecanismos de mercado? 

No necesariamente. En realidad, puede anidar en cualquier tipo de organización: en el sector público, en las ONG, en las empresas... Cuando más sentido tiene es cuando genera colaboración entre distintos actores para lograr juntos algo interesante. Por ejemplo: una colaboración entre Cruz Roja y Vodafone para desarrollar tecnología que pueda ayudar a personas mayores a tener mejor seguridad y estar más conectadas con más gente. O una ONG que desarrolla un sustituto de una incubadora, más barata, para ayudar a sobrevivir a niños prematuros en países en vías en desarrollo al ser más asequible para los sistemas de salud con escasos recursos… Hay muchos ejemplos.

¿Qué ganan las empresas con la innovación social?

Las empresas son las terceras que han llegado a la innovación social, después de las Administraciones públicas y el mundo no lucrativo. Ahora están llegando con fuerza las empresas, con dos vías posibles. La primera, más tradicional, es a través de la acción social: contribuir con sus beneficios a responder a retos sociales y medioambientales, que deciden abordar junto a la Administración pública o a las ONG. La segunda vía es más novedosa: una empresa considera que puede dar respuestas a estos retos desde el mercado y pone la innovación en relación con estos retos. En el primer caso no se busca rentabilidad, sino que es un planteamiento que forma parte de la tradicional responsabilidad social corporativa. En el segundo, en cambio, se va hacia la innovación social desde la cuenta de resultados, con implicaciones muy importantes. En este caso, se trata de hacer que sus productos sean más innovadores socialmente. Es decir, más sostenibles, con mejor contenido social… Intentan aunar innovación social con eficiencia.

¿Algún ejemplo de gran empresa que opte por este segundo enfoque?

Una podría ser Interface, que hace moquetas. A finales de la década de 1990, apostó por tener un impacto medioambiental nulo en 2020 y realmente está a punto de conseguirlo. Residuos, vertidos, emisiones de CO2, energía… Hizo un análisis del impacto medioambiental en su cadena de valor (desde que adquiere las materias primas hasta que la moqueta llega al consumidor y, finalmente, sobre qué se hace con el producto cuando acaba su función) aunando el departamento de innovación con el de responsabilidad. Se han ido cambiando las materias primas utilizadas (en la medida de lo posible, por materiales reciclables o no utilizados) y la forma de trabajo. Ahora el impacto medioambiental ya es casi nulo y el ahorro de costes ha sido espectacular. Pero hay cada vez más casos. Y en multinacionales: Nike, por ejemplo. 

¿Nike? En las campañas que usted impulsaba cuando dirigía Intermon Oxfam era una de las multinacionales más criticadas… 

¡Así es! Fue una de las dianas de muchas campañas críticas que exigían una cadena de aprovisionamiento mucho más transparente y sin trabajo infantil. Supongo que se dieron cuenta de que aquello no podía ser. Ahora Nike no solo no quiere verse más asociado a esas prácticas del pasado, sino que incluso se plantea ser una de las compañías más sostenibles del mundo. Llegará un momento en que todos sus productos estarán hechos con materiales reciclables y se utilizará muy poca agua y productos químicos para teñir. Tiene que ver con esta segunda visión de la innovación social de la que hablábamos: aplicada al centro del negocio, al producto mismo que se ofrece, y no solo en el ámbito de la RSC. Y con la idea de que será bueno para el medio ambiente y también para la empresa porque con la responsabilidad será más eficiente y reducirá costes.

¿Cree que hay realmente un cambio en las elites occidentales del capitalismo? Algunos gigantes del calibre de BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, asumen, al menos en teoría, las ideas de que la responsabilidad de la empresa va más allá del beneficio y defienden conceptos como el de “valor compartido”. ¿Es creíble todo esto?

Mi percepción es que este cambio efectivamente existe y que es imparable, al menos en Occidente. Muy singularmente en todo lo referente al cambio climático, por mucho que la Administración Trump lo entorpezca. Las empresas saben que va a haber cambios y las que son líderes quieren anticiparse a los cambios regulatorios para asimilarlos así mucho mejor y, cuando finalmente lleguen, tener una evidente ventaja competitiva. Todavía no es una tendencia masiva, pero sí resulta evidente en algunas élites.

¿La causa última de este cambio de mentalidad es mejorar la competitividad más que un imperativo moral?

Ambas. Algunos han cambiado tras campañas que los han dejado con muy mala reputación, como el caso que hemos hablado de Nike. Otras, como Interface o DKV, lo han hecho sin que nadie se lo pidiera, a través de liderazgos muy potentes que han creído que construir una empresa competitiva en el siglo XXI requiere también ser también apreciada por los valores a los que se asocia. Ciertamente, si la responsabilidad se vincula a factores de competitividad aumentan las posibilidades de conseguir el aval del consejo de Administración. Y hay sólidos motivos para hacerlo. Una empresa responsable es, a la larga, más competitiva.

¿Como cuáles?

El primero es la protección de la marca, uno de los mayores activos de las compañías líderes. Si tienes buena reputación, tienes menos escándalos porque la responsabilidad genera unas políticas que evitan las malas prácticas. El segundo elemento es la eficiencia, especialmente en temas de medioambiente: si luchas contra el cambio climático, acabarás gastando menos en energía, en residuos, en agua y pagarás menos por emisiones de CO2. Has de invertir, pero tienes un payback. El tercer aspecto es de equipo: las compañías más responsables son más apreciadas internamente, la gente se siente orgullosa de trabajar ahí, es más fácil generar sentido de pertenencia, atraer y retener el talento. Cuarto: tener una compañía más innovadora significa más capacidad de diálogo con actores distintos y los grupos de interés, con lo que tienes más radares que te permiten anticipar los cambios o no retrasarse. Y quinto: puedes desarrollar productos que pueden dar acceso a nuevos mercados e iniciativas que generan una situación mejor para todos.

¿Cómo se genera “una situación mejor para todos” desde la innovación social de las empresas? 

Miremos lo que ha hecho Nestlé en India, por ejemplo. La empresa tenía buena penetración allí, pero solo era asequible a las clases medias hasta que fue capaz de desarrollar un producto muy interesante y asequible para luchar contra la desnutrición infantil. Tuvo que dedicar muchos esfuerzos en desarrollarlo, pero ha ganado un mercado inmenso y al mismo tiempo ha generado un impacto beneficioso importante en la salud de los más pobres. O Unilever: ha desarrollado una línea de productos pensados para gente de bajos recursos y los vende a través de redes de ONG de mujeres, que han podido doblar sus ingresos. Son productos interesantes que a través de la innovación están dando resultados para las comunidades y también para las empresas que han hecho la apuesta. 

Escuchando estas tendencias, con corporaciones supuestamente aspirando no solo a hacer negocio sino también a hacer el bien… ¿no estamos ante el triunfo total del capitalismo? ¡El capitalismo resuelve los problemas de la humanidad!

¡Tampoco es eso! Los problemas de la humanidad no dependen solo del mercado, que llega donde llega. La economía de mercado, bien regulada y con actores interesantes, puede aportar soluciones. Pero esto no es la transformación social, que depende de la educación, de la salud, de la lucha contra las desigualdades, del empoderamiento de las comunidades, de tener democracias que realmente funcionan para los intereses de la gente… Lo que sí es verdad es que vamos a tener economía de mercado y que el mercado puede ser útil si está bien regulado y si sus actores aspiran a ser responsables y a generar valor social reduciendo las externalidades. Ahí sí que entiendo que ha habido un cambio de paradigma y algunas empresas se preguntan si son parte del problema o parte de la solución.

¿En qué áreas se ha avanzado más desde esta perspectiva?

Se ha avanzado mucho en las cadenas de aprovisionamiento de industrias tradicionales como la textil, pero no tanto en la industria extractiva y en sectores como el cobalto, tan necesario para la tecnología. Las empresas realmente responsables deben hacer una trazabilidad de toda su cadena de aprovisionamiento y especialmente, ahora, en el sector tecnológico con el cobalto.

¿Y dónde considera que queda más camino por recorrer?

Uno de los puntos débiles es también la lucha contra la corrupción. Hay muchas más políticas preventivas, pero en algunos países se sigue pagando y creo que algunas compañías deben plantearse no trabajar allí como medida de presión hasta que esto cambie. Veo pocas compañías que hagan públicos sus resultados en la lucha contra la corrupción, que divulguen a cuánta gente ha despedido por ello, que hagan una bandera pública de que no va a pagar nada. Luego está todo el área de la fiscalidad responsable. Las grandes empresas tienen una capacidad de ingeniería fiscal impresionante. Hay todavía poca presión ciudadana. En clase a veces pregunto: ¿Una empresa responsable puede ser proactiva en elusión fiscal? El 50% dice que sí, pero en realidad se trata de dos cosas incompatibles. Necesitamos compañías que digan que renuncian a ser proactivas en elusión fiscal. Y luego tenemos todo lo que tiene que ver con las políticas de género: equidad salarial, acoso, igualdad de oportunidades, conciliación…

¿Cómo distinguir la responsabilidad de la propaganda?

Personalmente, cuando intento ver si una empresa es realmente responsable me fijo sobre todo en tres cosas. Lo primero es la intención de los líderes: intento ver si se mueven porque tienen un problema, o porque ahora es políticamente correcto hacerlo, o si la razón es que creen de verdad que se trata de un camino de futuro. La segunda cuestión es cómo dialogan con los grupos de interés. ¿Tienen un diálogo sincero? ¿Aceptan sus críticas y sus observaciones? ¿Las reflejan en sus informaciones y las utilizan para avanzar? Y tres: ¿sobre qué rinden cuentas? ¿Qué indicadores nos dan? La responsabilidad tiene una componente de liderazgo y de confianza; ambas son imprescindibles.

¿Cuándo habrá medidores realmente independientes y que sean reconocidos por todos?

El problema de los informes de responsabilidad es que suelen hacerlo las mismas compañías. Existen certificadores, claro, pero sin el grado de intensidad de la auditoría económica. El futuro exigirá un informe integrado de la parte económica, financiera, social y medioambiental. Más pronto que tarde, las grandes auditoras tendrán que ofrecer una auditoría integrada porque esta información cada vez será más importante para los inversores. 

¿Cómo ve el futuro de las ONG?

Va a tener que seguir habiendo ONG dedicadas al trabajo humanitario y a la influencia política porque los conflictos siguen y el cambio climático va a agravar las migraciones, pero deberán tener la capacidad para trabajar de forma conjunta con organizaciones locales… Por otro lado, tiene que haber más ONG del conocimiento: expertas en algo relevante según su misión y que sepan influir desde la incidencia política o desde la transferencia de experiencias innovadoras a otros actores como las administraciones públicas, los organismos multilaterales o las empresas.

¿Cómo ha afectado a Oxfam el escándalo de los trabajadores despedidos por contratar prostitutas en Haití?

Ha afectado mucho. Fue terrible descubrir el pasado mes de febrero que una serie de personas actuaran en 2011 de forma tan alejada de los valores de Oxfam. Hemos pedido perdón por ello y hemos reaccionado para transformar nuestra organización. Afortunadamente, los mecanismos para luchar contra el acoso y el abuso sexual ya se han ido reforzando mucho durante los últimos años y se han emprendido ahora medidas adicionales, sugeridas por auditorías externas. Creemos que vamos a salir fortalecidos.

¿Se han perdido muchos donantes?

Inicialmente, hubo un impacto en los ingresos. Algunas instituciones congelaron fondos y perdimos algunos donantes privados. Pero Oxfam tiene el aval de muchos años de trabajo comprometido y eficiente contra la pobreza y estamos en camino de recuperar la confianza. La UE ha vuelto a confiar en la organización. Esta dura crisis nos tiene que hacer mejores.

¿Cuál va a ser el impacto en las empresas de la ola feminista?

Estoy convencido de que muy importante. Hay muchos retos pendientes: discriminación salarial, acoso, falta de igualdad de oportunidades... Los cambios deben acelerarse porque aún hay muy pocas compañías de referencia.  

A veces da la impresión de que el único criterio “responsable” que interesa a las empresas es el medioambiental.

No creo que sea exactamente así. El componente relacionado con recursos humanos es de los que más se está desarrollando. La igualdad de oportunidades, la equidad de género, los entornos laborales flexibles, el impulso a la formación... Son cuestiones que aportan cohesión al equipo y esto es muy valorado también por los directivos responsables. 

¿Y la promoción de liderazgo femenino ayudaría a impulsarlas?

Sí, y lo veremos. El liderazgo femenino es más colaborativo, con propósito, con unas condiciones donde la flexibilidad y el desarrollo personal son más potentes… A medida que haya más mujeres que desarrollen el liderazgo, estos componentes van a avanzar: las empresas cambiarán.

[Esta entrevista ha sido publicada en el número de 62 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

El Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha acogerá los días 4 y 5 de octubre el XVII Congreso Internacional de Investigadores en Economía Social de CIRIEC-España, bajo el lema general de “La Economía Social: transformaciones recientes, tendencias y retos de futuro”, y con una gran previsión de participación, que se situará en torno a las 250 personas, entre investigadores, representantes del sector y de las Administraciones Públicas.

Según se prevé en el Programa, el Congreso tendrá un gran acto inaugural, con la participación de la directora general del Trabajo Autónomo, Economía Social y RSE del Gobierno de España, Mª Antonia Pérez León; la consejera de Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Patricia Franco; el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado; el presidente del CIRIEC-Internacional, Jorge de Sá, y el presidente del Comité Científico del XVII Congreso, Felipe Hernández Perlines. A continuación tendrá lugar la conferencia inaugural, a cargo del Ángel Villafranca Lara, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Posteriormente, el Congreso se estructurará en 8 talleres generales y 17 talleres temáticos, en los que se recopilarán los debates actuales, científicos y prácticos en torno a la economía social, entre ellos y especialmente en esta ocasión, sobre su papel en el futuro del empleo y el bienestar social, formación y educación.

En los talleres generales los expertos tratarán temas como las nuevas formas jurídicas de la economía social, la inclusión social, el espacio iberoamericano,  la formación y educación en cooperativas, las nuevas políticas públicas, y la Economía Social en 40 años de Constitución Española.

Talleres temáticos y propuestas

Asimismo, en los talleres temáticos se debatirá en torno cuestiones como la revolución digital, el fomento de las empresas de economía social y cooperativa a través de la contratación pública, el relevo generacional en cooperativas de trabajo asociado, la innovación social, la Responsabilidad Social Empresarial, las nuevas empresas de participación de base digital, la igualdad de género y el emprendimiento sostenible.

Para la presente edición del Congreso el Comité Científico ha admitido un total de 185 propuestas de comunicaciones, procedentes de 12 países, lo cual demuestra una vez más el elevado interés de la comunidad científica por este sector, tanto en España como en otros países de nuestro entorno y de América Latina.

Junto con los investigadores, directivos de empresas y entidades de economía social, representantes de administraciones públicas, estudiantes y todas las personas interesadas en el sector están invitados a participar en esta nueva convocatoria de CIRIEC-España.

La banca española es, tras la de Irlanda, la segunda del mundo que peor reputación tiene. La European Systemic Risk Board, en su informe de junio de 2015, muestra una preocupante caída en la imagen de los bancos españoles, al pasar del 31% en 2009 al 16% en 2014. Según la Autoridad Bancaria Europea, el 97% de los grandes bancos se han visto envueltos en litigios por malas prácticas y el 55% ha tenido que pagar más de 100 millones de euros por compensaciones. Manipulación de los índices de referencia del dinero, acuerdos colusivos para repartirse el mercado, colocación masiva e indiscriminada de productos financieros engañosos y de gran riesgo y abusos en las comisiones por servicios financieros son los casos más destacados.

La caída de la reputación bancaria en Europa ha coincidido con la crisis financiera y con la reestructuración del sistema financiero. La UE ha buscado incrementar la capitalización de los bancos mediante inyección de dinero público a través del Banco Central Europeo, además de las ayudas directas y los rescates. Esto, lejos de mejorar la reputación bancaria la ha empeorado, pues los ciudadanos lo han visto como un derroche económico a pagar entre todos.

Las malas prácticas bancarias han sido posibles, en parte, por los fallos en la supervisión y el control de las autoridades monetarias. Aunque el Banco de España no lo ha reconocido, el comportamiento no ético de los bancos ha sido permitido e incluso escondido. Y poco o nada se ha aprendido de la crisis y de los comportamientos abusivos de los bancos. La Autoridad Europea de Valores y Mercados muestra su preocupación porque los bancos puedan colocar de manera masiva como inversiones seguras los títulos de deuda anticrisis (de elevado riesgo) que han ido acumulando para cumplir con las exigencias de la UE.

En España, las medidas basadas en el aumento de la dimensión mediante fusiones bancarias han incrementado aún más la concentración del sistema financiero, pues apenas seis entidades dominan más del 95% de los depósitos. Además, con la desaparición de las cajas de ahorros, se ha consolidado un modelo de banca de gran dimensión y especulativo, más propenso a actividades financieras de mayor riesgo, que no le resulta rentable financiar a la economía productiva.

La diversidad financiera que propone la UE como condición necesaria para garantizar un sistema financiero sano y seguro está en peligro en España, lo que supone: 1. El aumento del riesgo sistémico, al crear bancos de grandes dimensiones que de caer tendrían graves consecuencias para el conjunto de la economía, lo que obligaría a nuevos episodios de saneamientos y rescates bancarios. 2. La concentración del sector perjudica a los consumidores, que ven reducidas sus opciones de elección y quedan sometidos al poder de los grandes bancos, que seguirán cometiendo abusos y malas prácticas.

En el contexto apuntado, la aplicación de códigos éticos por los bancos podría ser un revulsivo para la mejora de su reputación. La ética empresarial incluye pautas de comportamiento y conductas que benefician o perjudican a la sociedad; pautas que han de ser coherentes con los valores y principios humanos (respeto, tolerancia, justicia, igualdad...).

La ética ha estado alejada del sistema financiero y del comportamiento de la banca; muchos señalan que ética y banca son un oxímoron, dos conceptos contrapuestos. Sin embargo, la introducción de valores éticos puede repercutir positivamente en sus cuentas de resultados, al mejorar la satisfacción de sus clientes y su grado de fidelización. Cada vez más clientes buscan bancos con criterios éticos, lo que explica el crecimiento espectacular que están teniendo bancos como Triodos Bank o Fiare Banca Ética. El cliente bancario ya no sólo se fija en el precio del dinero y el pago de comisiones; le interesa saber qué hacen los bancos con su dinero y se preocupa porque no se utilice para fines poco éticos (blanqueo de dinero negro, financiación de empresas de armamentos, financiación de empresas que emplean mano de obra infantil…), sino para fines sociales (protección del medio ambiente, inversión en energías renovables, creación de empresas sociales…).

Compromiso con la sociedad

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) forma parte de la reputación empresarial e influye en su mejora. Ahora bien, la RSE no puede ser el objetivo final, sino su punto de partida. Es una condición necesaria pero no suficiente para garantizar un cambio real y efectivo en el comportamiento de los bancos. En primer lugar, hay que separarla de acciones de marketing o estéticas; es más que eso, aunque su implantación puede repercutir positivamente en su imagen y puede traducirse en un incremento de su rentabilidad. La RSE ha de ser un compromiso real con el entorno y la sociedad. En segundo lugar, la RSE tiene una doble dimensión, interna y externa.

Externamente, además de las impactantes acciones de patrocinio de actividades culturales, deportivas, y artísticas, que apenas suponen un pequeño porcentaje de los sustanciosos beneficios económicos que obtienen, los bancos han de hacer un serio esfuerzo por implantar la transparencia. La transparencia es la asignatura pendiente de la banca y su carencia sustenta el fraude fiscal, el blanqueo de dinero negro y las evasiones de capitales, entre otros delitos fiscales y económicos. Algunos bancos son sostenedores/creadores de los paraísos fiscales y del uso de éstos por parte de sus clientes. La implantación de la transparencia en los bancos debería traducirse en el acceso a información relevante como el sobreendeudamiento de los clientes, los niveles de exclusión financiera a familias, trabajadores autónomos y pymes, número de desahucios producidos por impagos hipotecarios y personas afectadas, volumen de productos tóxicos colocados a clientes y sus efectos, cantidad de inversiones especulativas en deuda pública y en alimentos y materias primas, financiación de empresas armamentísticas, de sociedades que utilizan niños para fabricar sus productos y de compañías que agreden el medio ambiente, entre otros.

Otro eje clave en la dimensión externa es la inversión socialmente responsable. En este sentido, se debería considerar como axioma básico de cualquier banco (ético y no ético), el compromiso con la financiación de la economía productiva dejando de lado las actividades especulativas. Su verdadero cometido debería ser la concesión de préstamos y créditos a las empresas que generan actividad económica en el territorio. Muchos bancos que han recibido liquidez del Banco Central Europeo durante la crisis financiera, lejos de financiar actividades productivas, se han dedicado a la compra de deuda pública. Las operaciones especulativas que realizan los bancos (como actividades de trading o compra y venta de valores, bonos y otros activos financieros), de gran rentabilidad, tendrían que estar prohibidas o cuando menos ser transparentes y estar gravadas con una tasa (tasa Tobin).

La dimensión interna de la RSE tiene su influencia en las políticas de recursos humanos. Debe incluir acciones relacionadas con la situación de los trabajadores y con sus condiciones laborales y el ambiente y clima de trabajo. Las escalas salariales, que en los grandes bancos llegan a ser de 1:370, en la banca ética se sitúan en 1:10 y en algunos bancos cooperativos en 1:4. Las retribuciones variables (bonus) y las opciones sobre acciones forman parte de los sistemas retributivos de los bancos, son métodos no éticos para incentivar y motivar a sus trabajadores.

Algunos aspectos son poco cuidados: los sistemas de decisión participativos, la igualdad de género y de cualquier otra condición y la conciliación. Una contratación responsable debería potenciar el empleo estable y de calidad y eliminar los contratos temporales. Sin embargo, la destrucción de empleo ha sido otra de las características de la banca. Mediante ERE de dudosa legalidad, desde 2008 han despedido a más de 75.000 empleados, lo que representa un tercio del total de la plantilla del sector.

En tercer y último lugar, la RSE ha de formar parte de una estrategia más amplia de compromiso social. Aquí es donde se hace necesario plantear en qué términos se debería abordar la reforma del sistema financiero. El problema de fondo de los bancos no es la falta de capitalización, como pretenden las autoridades financieras, sino un problema de gobernanza y falta de transparencia. Las empresas en general y los bancos en particular deben gobernarse con criterios profesionales y con criterios éticos, pues viabilidad económica y ética son compatibles. Así, los bancos tienen que dotarse de un sistema de gobierno corporativo que garantice un funcionamiento profesional y responsable, centrando su negocio en la captación de depósitos destinados a financiar la economía productiva mediante préstamos y créditos concedidos de acuerdo con una gestión profesional y controlada del riesgo y eliminando las operaciones especulativas.

La Economía del Bien Común (EBC) puede ser un referente para la gobernanza de los bancos. Según la EBC, las empresas han de elaborar un Balance del Bien Común, a través del cual se determina su grado de compromiso desde el punto de vista de la responsabilidad social y de la ética. En este sentido, los bancos deberían comenzar a introducir la EBC en su funcionamiento y estructura. La mayoría de bancos éticos y de banca social (bancos cooperativos) ya lo hacen, y los bancos convencionales deberían también comenzar a implantarla. Sólo así podrán desarrollar una estrategia de sostenibilidad creíble por los ciudadanos y la sociedad y comenzar a recuperar su reputación.

Joan Ramon Sanchis Palacio es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Valencia.

Vanessa Campos i Climent es profesora de Organización de Empresas de la Universidad de Valencia.

[Este artículo ha sido publicado en el número 53 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

¿Qué esconde todo esto de la responsabilidad social en temas de género? Dejar las cosas como están, pero con una aureola de que "nosotros aquí hacemos políticas de igualdad" y nos ponemos la medalla correspondiente

Últimamente nos han acostumbrado a ver a las empresas y las administraciones públicas tratar el tema de la igualdad de género desde la perspectiva de la “responsabilidad social” o “del compromiso social”, una nueva manera de ejercer el “género-marketing” o lavado de cara empresarial en temas de género. La pregunta es: ¿De qué nos estáis hablando? Con responsabilidad social no hay más detrás que un claro eufemismo, una falta de voluntad a la hora de tratar el tema de la igualdad como una cuestión de medidas concretas de igualdad efectiva que debe ser capital en la empresa y al que nos obligan normas de máximo rango, como la Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres.

Lo más absurdo es que las propias instancias vinculadas a la igualdad se han creído esta broma de mal gusto y están dispuestas a aceptar -y aceptan sin ningún tipo de cuestionament- esta pura y burda falacia. ¿A alguien se le ocurre que el salario de los trabajadores o el tiempo de trabajo sea un tema de “responsabilidad social” o de “compromiso social”? ¿Verdad que no? Todo el mundo en la empresa quiere que sean efectivas las normas que obligan a pagar el salario a fin de mes, a respetar la jornada máxima o las vacaciones anuales sin tener que apelar al compromiso social y a la buena voluntad de la persona que dirige la empresa. Las mujeres queremos que se cumplan las normas laborales y los convenios colectivos de igual manera que el resto de derechos laborales, porque las normas de igualdad también son normas vinculantes.

¿Qué esconde todo esto de la responsabilidad social en temas de género? Si analizais un poco vereis una clara falta de mujeres en los puestos de decisión y una brecha salarial galopante que no se tiene ninguna voluntad de combatir. O sea, dejar las cosas como están, pero con una aureola de que “nosotros aquí hacemos políticas de igualdad” y nos ponemos la medalla correspondiente. Pues pasemos de las políticas a los derechos efectivos.

Desgraciadamente, estamos empezando a aceptar como un hecho indiscutible que los derechos de las mujeres tengan que depender del supuesto compromiso social o responsabilidad social de nuestra empresa o institución pública. Nosotras no queremos vernos en esta trampa que lo único que persigue es lavar la imagen sucia en temas de género en instituciones y empresas básicamente machistas y en absoluto paritarias. Efectivamente, en los últimos tiempos asistimos a una especie de género-marketing de instituciones públicas y privadas que quieren esconder bajo el paraguas de la responsabilidad o del compromiso social la falta de paridad en sus órganos de dirección, su ausencia de mujeres en los puestos de responsabilidad, la falta de normas efectivas de corresponsabilidad real... en definitiva, la falta de igualdad de oportunidades.

Acudir a responsabilidad social en temas de igualdad es una manera de desviar la atención hacia mecanismos no vinculantes (lo que los anglosajones llaman soft law) una cuestión que debería ser respetada y exigible como cualquier otro derecho contenido en una ley orgánica. Que no nos hablen de responsabilidad social cuando quieren decir género-marketing.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Ricardo Melchior, ha dado a conocer a la comunidad portuaria el primer Plan Director de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), al que el citado organismo tiene previsto destinar dos millones de euros en 2017.

La RSC está concebida como una forma de dirigir las empresas mediante un planteamiento basado en el análisis de la repercusión de su actividad sobre clientes, empleados, medioambiente y sociedad en general, los denominados grupos de interés, informa en un comunicado la Autoridad Portuaria de la provincia.

A este respecto, tal y como dijo Ricardo Melchior, Puertos de Tenerife orientará su RSC hacia la sostenibilidad y mejora continua, y para ello partirá de las expectativas que sus grupos de interés le hagan llegar mediante el establecimiento de un diálogo activo. Para ello ya se han dispuesto varios canales de comunicación.

La integración puerto-ciudad; implicación de empleados y sentimiento de empresa; la innovación en sostenibilidad ambiental y el buen gobierno, esto es, la transmisión de confianza y el comportamiento ético en todos los niveles de la organización, serán los cuatro ejes principales de desarrollo del proyecto.

En su intervención, Ricardo Melchior indicó que, si bien toda RSC es importante en un mundo globalizado, en el ámbito portuario esta adquiere una especial trascendencia al configurarse como una herramienta fundamental para avanzar y ser especialmente competitivos.

Si existe ese compromiso desde el ámbito privado, ¿cómo puede no darse la misma situación en el ámbito público?

Implicaría una mejora de la calidad democrática, mejora de la gobernanza, altos niveles de eficacia y eficiencia de las políticas públicas

Es innegable la tendencia al alza que ha presentado en los últimos años el tema de la Responsabilidad Social Empresarial. Tanto es así, que el número de informes anuales de sostenibilidad publicados se ha incrementado de forma significativa, tal y como muestra el siguiente gráfico:

Que por parte de la empresa privada se introduzcan criterios socialmente responsables en su gestión puede venir motivado, en parte, por la crisis económica que hemos sufrido, lo que ha generado una falta de confianza de la sociedad sobre las formas de actuación en el tejido empresarial.

Ese interés por integrar criterios de Responsabilidad Social no ha venido solo de parte del sector privado, sino que también se han dado una serie de impulsos gubernamentales tanto a nivel europeo como en el ámbito estatal en el caso de España.

Por poner una serie de ejemplos, el Parlamento Europeo aprobó en febrero de 2013 la resolución “La responsabilidad social de las empresas: comportamiento responsable y transparente de las empresas y crecimiento sostenible”. Asimismo, en abril de 2014 se aprobó desde el mismo Parlamento la directiva por la que se obliga a las empresas de más de 500 empleados a publicar información sobre los impactos no financieros que genera su actividad.

En el caso concreto de España, también se han realizado esfuerzos en este sentido, como por ejemplo, la aprobación en diciembre de 2013 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información pública y buen gobierno así como la aprobación de la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020 en octubre de 2014 por el Consejo de Ministros, entre otros. Mencionar aquí también la Ley 15/2010, de 9 de diciembre, de responsabilidad social empresarial en Extremadura, que tiene como ámbito de aplicación tanto las empresas que desarrollen su actividad en Extremadura como los propios poderes públicos y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Pero, si existe ese compromiso desde el ámbito privado, ¿cómo puede no darse la misma situación desde el ámbito público para una aplicación interna de este tipo de criterios socialmente responsables?

En los últimos años se ha identificado una tendencia al alza de los niveles de desafección y baja confianza que presenta la ciudadanía en las instituciones, motivado en gran medida por las malas prácticas que se dan en la gestión, todo ello alentado por los casos de corrupción que han salido a la luz (Centro de Investigaciones Sociológicas, Barómetro de noviembre 2016, Estudio nº3159).

Puesto que dar respuesta a la problemática actual que presenta la Administración está empezando a resultar complejo a través de los criterios clásicos, integrar en su gestión criterios de RS basados en el aumento la transparencia, el fomento de una ética pública y la gestión los impactos sociales, ambientales y económicos sería un primer paso hacia el buen gobierno en el sector público.

Introduciendo la Responsabilidad Social de la Administración Pública (RSA)

De otro lado, para entender el concepto de Responsabilidad Social de la Administración Pública es necesario mirar hacia una perspectiva europea. Fue el Consejo de la Unión Europea quien indicó tanto en su Resolución del Consejo de 29 de noviembre de 2001 relativa al seguimiento del libro verde, como en la Resolución de 10 de enero de 2003 relativa a la responsabilidad social de las empresas, la necesidad de la Administración Pública de “incorporar, si procede, los principios de RSE en su propia gestión”.

En el ámbito estatal también se han dado pasos en este sentido: en 2005 se creó una Subcomisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados, con el fin de determinar cuál debería ser el papel de las Administraciones Públicas en materia de RS. En dicha Subcomisión se llegó a la conclusión de que sería recomendable promover la Responsabilidad Social dentro de la propia gestión de las Administraciones Públicas.

A pesar de los avances comentados anteriormente, es difícil encontrar una definición específica de la RSA. Igualmente cabría analizar si esto se debe a que, en cierta medida, sería un concepto parecido al de la RSE pero teniendo en cuenta las particularidades del sector público. Por ello, partiendo de la base que es el bien común el elemento central que da valor a la actividad de las administraciones, la RSA debe basarse en la implementación de un sistema de gestión que integre criterios de buenas prácticas (económicas, ambientales, laborales, de buen gobierno o transparencia, entre otras), teniendo en cuenta los intereses de todos sus grupos de interés.

Tras lo descrito en líneas anteriores, la siguiente pregunta sería, ¿mantenemos el carácter voluntario de la Responsabilidad Social o se debe introducir un carácter más normativo para el caso del sector público?

Bajo mi punto de vista, el término medio sería la mejor de las situaciones. Éste se encontraría en combinar el carácter voluntario de la aplicación de ciertas medidas, pero contando con una mayor regulación en determinados ámbitos.

Esto implicaría una mejora de la calidad democrática, mejora de la gobernanza, altos niveles de eficacia y eficiencia de las políticas públicas, aumento de la participación ciudadana y en los niveles de transparencia, así como el establecimiento de una ruta hacia el buen gobierno.

Finalmente quisiera destacar la importancia que ha supuesto el impulso ciudadano ya que son nuestras demandas las que han propiciado exigir actuaciones socialmente más exigentes a la Administración, debido al aumento de la preocupación sobre el destino de los recursos públicos y los niveles de corrupción actualmente insostenibles. Atendiendo a los motivos descritos con anterioridad, ¿serán éstos suficientes para impulsar la Responsabilidad Social en los modelos de gestión de la Administración Pública?

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión de la autora.

Unas 100.000 cajas de Coca-Cola salen cada día de Nejapa, un municipio salvadoreño de 30.000 habitantes, ubicado a tan solo 21 kilómetros de la capital del país. Desde hace casi veinte años, la empresa embotelladora de Coca-Cola en El Salvador, La Constancia/Sab Miller, elabora, comercializa y distribuye esta bebida y otras marcas de la conocida multinacional de refrescos en toda Centroamérica. Para producir un litro de Coca-Cola se necesitan dos litros de agua y en Nejapa, en medio del país con menor disponibilidad hídrica de la región, hay un acuífero estratégico.

Un reciente informe de Alianza por la Solidaridad, que recoge el trabajo realizado por el Foro del Agua, denuncia que los nuevos planes de ampliación, que tienen como objetivo la producción de agua embotellada de otra marca [Cristal], tendrá consecuencias aún más críticas para el acuífero y la población. El estudio, elaborado por un reconocido hidrólogo en el país, Julio Quiñonez, concluye que el proyecto puede acabar con el agua del acuífero en los próximos 27 ó 30 años. Con la ampliación, la empresa pasaría de consumir 39,31 litros por segundo a 69,83, según sus cifras.

Pero efectos de la actividad de la embotelladora ya son notorios, aseguran los vecinos de Nejapa. Esta importante reserva natural suministra agua a casi la mitad de la población de la capital y es clave para los 30.000 habitantes del municipio. La gran paradoja es que, mientras los nejapenses observan a diario el ir y venir de camiones cargados de bebidas, el 40% de los hogares no tiene acceso al agua potable y en aquellos donde existe, el suministro no llega de manera continua y el coste es elevado. eldiario.es se ha puesto en contacto con La Constancia, así como con Coca-Cola Company y Coca-Cola España pero en el momento de publicar esta información continúa sin recibir respuesta.Varias ONG han lanzado una campaña de firmas contra la actuación de la multinacional en El Salvador.

“Hay más Coca-Cola que agua”, dice al otro lado del teléfono el líder comunitario Ines Flores. “La Coca-Cola la vemos en todas partes, está en todos los lados, hay quien deja de beber refrescos naturales pero la Coca-Cola no debe faltar. No somos conscientes del daño que nos causa la Coca-Cola”, subraya Flores, uno de los nejapenses que se ha dado a la lucha contra el gigante de las bebidas carbonatadas y su embotelladora, a la que acusan de no revertir en la sociedad los beneficios que obtiene de sus recursos y que, en 2013, presentó una solicitud para ampliar sus instalaciones con el propósito de producir allí agua embotellada de la marca Cristal.

Los estudios geológicos realizados por estas organizaciones advierten del colapso del acuífero. La ampliación solicitada por la empresa supondría una explotación al 200% de su capacidad de recarga. Por este motivo, alertan, el agua se agotará en los próximos 27 ó 30 años. “La gente ve una inminente amenaza, el río se está quedando sin agua, se sienten engañados. Cuando se acaben nuestros recursos la empresas se irán, quienes nos quedaremos con el problema seremos nosotros, eso la gente lo tiene claro”, afirma Karen Ramírez, gerente del programa de Agua y Saneamiento de la organización Provida.

“Una inmensa mayoría de las comunidades rurales no cuentan con agua, nosotros la tenemos racionada, tenemos agua cada dos o tres días mientras que las multinacionales extraen una cantidad enorme por segundo”, resalta Ines Flores al tiempo que destaca cómo esta escasez acaba generando problemas de higiene o epidemias. “Hay una comunidad que se llama Tutultepeque, a un kilómetro de ella baja un río sucio al que van a parar aguas negras de la capital y ahí va la gente. Han hecho un orificio a la orilla del río y de ahí llenan agua”, añade este hombre que ha liderado protestas al grito de “el agua no se vende, el agua se defiende”.

“El valor de la investigación del Foro del Agua es que el estudio respalda lo que la gente dice. Fueron las comunidades quienes vinieron a contarnos el problema del agua, se preguntaban cómo era posible que la subcontrata de Coca-Cola les dijera que el agua alcanza para todos cuando no es así, cuando llega racionalizada, cuando en este o ese río ya no hay, o está contaminada… Ellos hicieron el análisis desde su cotidianidad”, explica Ramírez.

Los problemas con el agua dan lugar a situaciones como las del colegio Las Mercedes. Karen Ramírez cuenta que este centro escolar no tiene acceso a agua potable. “Los niños y las niñas a veces tienen que suspender las clases, una escuela pública sin agua. Nosotros consideramos que es bien doloroso e indignante ver cómo en tu comunidad existen empresas que están generando riqueza a partir del agua y que aquí su falta provoque que no haya clases. ¿Qué tipo de desarrollo es este?”, se pregunta la responsable de Provida. Karen acusa al Estado y a las transnacionales “de estar violando los derechos humanos de la gente de Nejapa”.

Los planes de la embotelladora

La Constancia/Sap Miller inició su producción en Nejapa en el año 1999. La embotelladora de Coca-Cola se había trasladado a este municipio tras el agotamiento del acuífero de Soyapango. Entonces no existía en el país un Ley de Medio Ambiente y la empresa obtuvo el permiso de actividad sin ningún análisis previo de los impactos ambientales y sociales que generaría.

En 2013, la solicitud de ampliación sí fue acompañada de su correspondiente informe. Según el estudio elaborado por la empresa, cada año se extraen del acuífero 15,65 millones de metros cúbicos de agua, con una recarga de la misma de 21,76 millones. La Constancia afirma que su consumo se ampliaría en 79,1 metros cúbicos al mes. Sin embargo, las organizaciones sociales denuncian que la empresa no ha permitido la entrada a técnicos de la Unidad Ambiental del municipio para verificar estos datos. Las cifras no coinciden con las que se extraen de la investigación realizada por un reconocido hidrólogo en el país, Julio Quiñonez, cofinanciada por varias organizaciones, incluida la AECID.

Este informe determina que en la actualidad lo que se extrae al año son 34,67 millones de metros cúbicos. Además, mientras que en 1999 se sacaba el agua de uno de los pozos a una profundidad de 31,04 metros, en el año 2012, se bajó hasta los 75,69 metros. Con la ampliación, la empresa pasaría de consumir 39,31 litros por segundo a 69,83. Es por ello, enfatizan, que en 30 años, 27 teniendo en cuenta el cambio climático, el acuífero de Nejapa se agotará.

¿Y qué opina el Estado? Lina Pohl, la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno presidido por Salvador Sánchez Cerén, admite el estado crítico de los recursos hídricos en su país, problema que achaca a la escasez y a la contaminación pero también, reconoce a eldiario.es desde Madrid con motivo de su visita oficial a España, a la explotación y mala gestión de los mismos. Pohl, que llegó al ministerio en junio de 2014 tras la victoria electoral de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL), espera que durante el mandato actual se apruebe, tras 30 años de intentos, una Ley General de Aguas y que se reconozca el derecho humano al agua en la Constitución, algo que se reclama desde la sociedad civil pero que ha sido siempre tumbado en la Asamblea Legislativa.

“Todavía hay intereses muy fuertes, intereses privados que siguen queriendo imponerse al interés público, que quieren mantener este recurso como una mercancía y no como un derecho”, sostiene la ministra, quien no aclara si se concederá la ampliación a La Constancia: “Estamos evaluándolo y en el caso de que obtuviera el permiso tendría que compensar lo que saca del acuífero pero eso todavía no sabemos si es posible”.

El “compromiso” de Coca-Cola con el medioambiente

Desde la sociedad civil se exige responsabilidad y que realmente se compense por su actividad. Un simple vistazo al apartado de responsabilidad con el medio ambiente de la web de Coca-Cola es suficiente para comprobar el supuesto compromiso de la transnacional con “devolver a la naturaleza la misma cantidad de agua que consume”. Eso es lo que se pide también desde Nejapa. “Coca-Cola tiene el compromiso de devolver a los acuíferos gota a gota el agua que extraen y esto está planteado como un compromiso global. Nosotros estamos comprobando que eso aquí no se cumple”, revela Ramírez.

“Lo que estamos viendo es una campaña muy fuerte de movilización de recursos, imagen y publicidad. Su estrategia con las comunidades es el ”pan y circo“. Participan en las fiestas patronales, regalan comida, refrescos, organizan campeonatos deportivos, plantan algún árbol, etc. Pero esto no son medidas de responsabilidad sistemáticas, son acciones aisladas. Hay una publicidad muy engañosa”, señala Ramírez. Ines Flores coincide con ella. “¿A cuánta gente se engaña con esos anuncios mentirosos? Cuando andaban queriendo ampliar hicieron una consulta popular, invitaban a la gente a asambleas, les daban un buen almuerzo y un estudio amañado donde les hacían creer que nunca se terminaría el agua y a cambio les ofrecían apoyos y empleos, algo totalmente falso porque en la planta de Coca-Cola apenas trabajan unos 15 nejapenses”, desmiente Flores.

Según el informe de Alianza por la Solidaridad, las acciones de carácter social promovidas por La Constancia suelen ser ejecutadas por dos ONG (ASISTEDCOS y FUNDE), “sus ONG” -matiza Flores- y se resumen en: algunas becas, zapatillas de fútbol para algunos jóvenes, unas peceras para la alcaldía, pequeños proyectos de reforestación, refrescos para las comunidades, tanques de agua en una escuela y otras actividades puntuales.

Karen Ramírez llama la atención sobre lo difícil que es hacer pública esta denuncia ante los medios de comunicación. “Con solo mencionar el nombre de la empresa es suficiente, son anunciantes y jamás lo sacarán”, lamenta. Su petición, la del Foro del Agua y Alianza por la Solidaridad no es que cierre Coca-Cola. “Lo que queremos es que desista de esta ampliación y cumpla con los compromisos que tiene adquiridos. Somos un país frágil, donde falta una normativa, pero Coca-Cola ha manifestado compromisos a nivel global. Pensamos que El Salvador es digno de que se cumplan también en nuestro territorio”.