La unidad de cuidados intensivos pediátrica del Hospital de La Paz vivió un terremoto que acabó con su cierre temporal en los primeros meses de 2024. Los facultativos se negaron a volver al trabajo mientras su superior, Pedro de la Oliva, al que habían denunciado por acoso y hostigamiento, siguiera al frente del departamento. Los tribunales terminaron avalando su cese y, una vez jubilado, una nueva sentencia revela los detalles del ambiente que generó y que llevó al colapso de una de las divisiones clave del hospital: “Graves faltas de respeto, tono menospreciante” y un trato distinto a las madres “por su género” que, según los jueces, justificaban una de las sanciones impuesta antes de su cese definitivo, aunque no todas formaron parte del pliego de cargos contra él.

De la Oliva forma parte de uno de los sectores críticos de La Paz desde los años 90, pero fue puesto al frente de su UCI pediátrica en 2013. Se trata de una referencia a nivel nacional por la que pasan cientos de menores y que quedó al borde de la desaparición hace un año y medio. Cuando se enfrentó a un cierre técnico porque buena parte de los médicos cogieron baja o renunciaron a sus contratos denunciando que su jefe les sometía desde hace años a un “trato vejatorio”.

En sus escritos, recursos y alegaciones, De la Oliva siempre ha enmarcado este conflicto en la detección de problemas e incumplimientos de seguridad en el departamento que derivaron en un aumento de la mortalidad en la UCI pediátrica. Negando siempre que su actitud respondiera a una intención de hostigar a los médicos sino a intentar corregir esos problemas.

El caso terminó en los tribunales. Las primeras resoluciones dieron la razón a De la Oliva y una jueza obligó al hospital a readmitir al responsable del departamento al entender que detrás de su cese no había “acoso” sino médicos insubordinados a las órdenes de su jefe. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) terminó dando la razón a la Consejería y avaló su cese definitivo. Pero los tribunales todavía tenían pendiente decidir si una sanción de ocho meses que se le impuso tiempo antes tenía o no fundamento.

Esa sentencia, dictada antes de agosto y a la que ha tenido acceso elDiario.es, avala que la dirección de La Paz le suspendiera temporalmente por una falta muy grave de “desconsideración con los subordinados”. Una resolución –ya cuestionada por los abogados de De la Oliva para solicitar aclaraciones y rectificaciones– que refleja cómo las denuncias de los facultativos de la UCI arrancaron en el primer año de pandemia y llegaron a su punto álgido cuando casi todo el servicio se dio de baja cuatro años después.

Los jueces describen en primer lugar las “graves faltas de respeto hacia compañeros y subordinados” a las que sometió a algunos miembros de su equipo, destacando, de entre otros casos recogidos en el expediente, una reunión de septiembre de 2020 en la que “trató de manera desconsiderada” a una de las facultativas porque discutió su postura sobre un paciente, acusando a su subordinada de “no usar la razón adecuadamente”. Unas semanas después, describe también el Tribunal Superior, usó un “tono menospreciante” para dirigirse a varios compañeros en otra reunión.

Menospreciadas por “su condición de madres”

Varias de las quejas que pasaron a formar parte del relato de hechos probados en este pleito incluyen “expresiones menospreciantes hacia compañeras, subordinadas, precisamente por su género femenino y condición de madres”. Según se declaró probado, el entonces jefe de la UCI pediátrica se refería a estas mujeres como “las madres” del departamento y mantenía charlas con ellas para pedir que aumentaran su rendimiento tras tener hijos, algo que no hacía con los hombres. Estas expresiones que recogen las magistradas no formaron parte del pliego de cargos durante el expediente.

Esta acusación se sustenta tanto en los testimonios de varios trabajadores y trabajadoras de La Paz como también en una grabación de dos horas aportada por los afectados, cuyo contenido según la defensa de De la Oliva no ha sido correctamente transcrito. “Estás completamente parada, yo entiendo que te has parado durante un periodo de tu vida como mujer, eso se entiende, y lo descuento, ¿vale?”, le dijo a una de las mujeres de su servicio en esa reunión grabada.

“Emplea calificativos machistas, afirma que las mujeres rinden menos por ser mujeres, que toman decisiones clínicas influenciadas por sus emociones o por ser madres”, explicó uno de los médicos que testificaron a lo largo de este proceso disciplinario. Diversos facultativos, hombres y mujeres, incidieron en cómo sus “expresiones humillantes” tenían por objetivo que su rival “pierda la dignidad”, mostrando “un constante desprecio por el conocimiento de otros compañeros”. “El lenguaje que utiliza cada vez va elevando más el tono, es amenazante, intimidatorio y el lenguaje verbal es agresivo también”, explicó uno de los testimonios.

Una de las doctoras detalló las consecuencias de esta actitud en una unidad de cuidados críticos donde las decisiones pueden llegar a ser la diferencia inmediata entre la vida y la muerte. “Inhibe nuestra capacidad de decisión del trabajo en un servicio de críticos. Por las características de mi trabajo tengo que tomar decisiones por las que depende la vida de los pacientes. A lo largo de los años esa capacidad de decisión ha estado influenciada por el miedo al descrédito, al ataque y a la vejación a la que hemos sido sometidas”, explicó. “Una de las enfermedades del servicio es que no se opinaba libremente”, añadió otro de ellos.

“No hace sino aplicar un estereotipo de género”

Esta sentencia del TSJM que avala la sanción de ocho meses de suspensión no tiene efectos prácticos: Pedro de la Oliva fue cesado con aval judicial hace más de un año y en la actualidad está jubilado. Sus letrados, según explican fuentes del caso a elDiario.es, han solicitado que sea aclarada y completada antes de decidir si van hasta el Tribunal Supremo después de que sus argumentos no hayan prosperado en esta instancia. Alegan, entre otras cosas, que su forma de dirigirse a sus subordinados eran solo “expresiones de disgusto o desacuerdo”.

El tribunal entiende que para dirigir una unidad “tan importante” como la UCI pediátrica de La Paz no es “permisible” ese tipo de conducta. “Una cosa es que se impartan instrucciones y se discrepe del criterio de otros facultativos (...) otra muy diferente es que tales instancias, directrices o recriminaciones se realicen con la falta de respeto y consideración que aquí es posible apreciar en un ámbito público”.

El TSJM destaca que utilizó “argumentos relativos al género femenino de las personas subordinadas para hacer aparecer que, por su condición de mujeres y madres, carecen de metas profesionales y de la capacidad de remontar la situación en que se interrumpen sus funciones profesionales por el simple hecho de la maternidad, como si por ser madres el resto de sus capacidades desaparecieran o necesitaran de la ”arenga“ del superior, hombre, para despertarlas de nuevo”.

En esas grabaciones, cuyas transcripciones han sido impugnadas por la defensa del doctor ya jubilado, las juezas destacan que se refería a sus subordinadas como “tremendamente inteligentes” pero con ello no hacía sino “aplicar un estereotipo de género” que deriva en un trato discriminatorio hacia ellas “al implicar que las mujeres facultativas del servicio, no los facultativos hombres, son incapaces de remontar, sin su ”estímulo“, situaciones con fuerte carga emocional, como serían la maternidad o, incluso, la atención a pacientes de la UCI cuya vida y salud están comprometidas”.

La defensa de De la Oliva, que siempre ha negado estas acusaciones y ha solicitado aclaraciones y complementos a la resolución, reclamaba al tribunal que especificara qué pruebas tenía no solo de los hechos, sino de su intención de hacer la vida imposible a todos los trabajadores de su departamento. Las magistradas del Tribunal Superior de Madrid destacan la “amplia actividad probatoria” del expediente disciplinario para entender que “ninguna duda cabe” de que los hechos ocurrieron así y que esa sanción de ocho meses de suspensión, previa a su cese, fue correctamente impuesta. Sí reconoce el tribunal que la carta que firmaron 37 facultativos detallando la situación no puede ser considerada una prueba sino, en todo caso, una primera denuncia.

Los tribunales terminaron avalando en firme su cese definitivo, pero por el camino una sentencia, posteriormente revocada, obligó a readmitir a De la Oliva en la UCI pediátrica de La Paz, llegando a afirmar que no solo no hubo acoso, sino que todo lo que reflejaban las quejas de los médicos era un “claro incumplimiento” de las órdenes de su jefe. Un año y medio después del conflicto la UCI pediátrica sigue en funcionamiento con La Paz recientemente envuelta en protestas de los trabajadores reclamando más medios y mejores condiciones.

La llegada de septiembre ha vuelto a traer imágenes de saturación al Hospital de La Paz, donde en las últimas horas ha llegado a haber hasta 70 personas esperando por hospitalización en Urgencias, según han denunciado los sindicatos sanitarios. “Lo hemos venido denunciado desde el verano, cada vez hay menos personal y además al que hay no lo dejan librar y no lo sustituyen”, denuncia Marisol Castro, de CCOO. La falta de personal obliga al cierre de camas, 382 de las algo más de 1.000 de que dispone el centro. 

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha negado que la situación se deba a que Sanidad escatime fondos. “No hay ningún plan de austeridad relacionado con La Paz ni sus urgencias. Siempre que hay una mayor demanda se ponen los medios necesarios para minimizar el impacto y en eso está trabajando la consejería de Sanidad”, ha declarado a preguntas de los medios tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El portavoz del Gobierno ha hablado de “demanda no prevista”, pero el episodio es recurrente y se da en los meses de julio y septiembre, según señala Daniel Bernabeu, presidente del sindicato de médicos Amyts y delegado precisamente en La Paz. “Es un problema que venimos denunciando de forma crónica y se debe a una planificación inadecuada. No se sustituyen las vacaciones de verano por razones económicas, de personal o porque no se hacen suficientemente atractivos estos puestos. Tanto en julio como en septiembre la población es prácticamente la normal mientras que las camas se reducen hasta el 30%. Así es imposible gestionar adecuadamente las urgencias”, protesta.

“En una comisión en julio con directivos de La Paz nos dijeron que habían decidido no hacer sustituciones”, recuerda Castro. “Hoy hay un pico, con cerca de 400 camas cerradas, si está toda la hospitalización llena, no hay personal para abrir las camas y [los enfermos] se quedan en Urgencias”, resume.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado el cese del jefe de la UCI pediátrica del Hospital La Paz de Madrid, el doctor Pedro de la Oliva, decretado por la Comunidad de Madrid. La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el Ejecutivo autonómico y ha revocado la sentencia de un juzgado de lo Contencioso de la capital que, en febrero del año pasado, había anulado ese cese y ordenado su readmisión en el puesto.

Esa decisión acabó derivando en el “cierre técnico” de la unidad por la renuncia de sus compañeros ante el regreso de De la Oliva, al que atribuyen comportamientos agresivos e intimidatorios. Ahora, la instancia superior considera que la “situación de conflictividad” y los distintos hechos en los que esta situación se “exteriorizó” justificaban “suficientemente” su cese en el puesto de libre designación que venía ocupando desde 2013.

Los “hechos” a los que se refiere la resolución —que destacan que no son negados por el propio de De la Oliva— son la existencia de un escrito de queja ante el “comportamiento agresivo e intimidatorio” del doctor firmado por 37 de sus compañeros médicos del hospital infantil, la presentación de 15 solicitudes de “conflicto interno y acoso” o los “diversos” conflictos que mantenía con el personal de enfermería.

La sentencia conocida este viernes es el último capítulo de un enquistado conflicto laboral que se remonta años atrás. Y abre la vía a su resolución, según ha afirmado en su cuenta de X —antes Twitter— la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. “La UCI Pediátrica del Hospital La Paz podrá recuperar su actividad lo antes posible. La Justicia avala la decisión de la Comunidad de Madrid de cesar al jefe del servicio”, ha afirmado.

En 2020, la gerencia del centro sanitario acordó el cese de De la Oliva por razones organizativas y ante la “situación insostenible” que se vivía en la unidad. La práctica totalidad de facultativos y demás personal sanitario del centro, además de la dirección, lo acusan de “trato vejatorio” reiterado. El cese se basó en las conclusiones de una investigación interna realizada a instancias de seis médicos del servicio que en agosto de 2020 pidieron que se pusiera en marcha el protocolo interno de conflictos por un posible caso de acoso laboral. Tras meses de investigación, la Junta Técnica Asistencial instó a su cese por su incapacidad para gestionar el servicio.

Pero esa decisión fue anulada el 6 de febrero de 2023. El juez consideró que “no se estaba ante [un caso de] acoso laboral”, sino ante “claros incumplimientos” de unas órdenes impartidas por un superior jerárquico. Y que, en ese supuesto, decaía la “motivación y razón” del cese. En su recurso ante esa decisión, la Comunidad de Madrid alegó que había sido un cese “por causas organizativas” teniendo en cuenta la “situación insostenible” que se vivía en la unidad.

Con estos elementos, los jueces del TSJ de Madrid entienden, a diferencia de la sentencia anulada, que el cese no se justificó únicamente en la existencia de una situación de acoso, sino, principalmente, en “necesidades organizativas”. Unas necesidades que, a juicio de los magistrados, se basan en un cambio en las condiciones subjetivas que se tuvieron en cuenta para nombrarlo como jefe. En concreto, de sus habilidades en la gestión de personas.

La Policía Nacional investiga el robo de 16 máquinas para realizar colonoscopias y gastroscopias del hospital de La Paz (Madrid), cada una de ellas valorada en unos 30.000 euros y adquiridas recientemente por el centro sanitario. El montante total del robo ascendería a 480.000 euros.

Los hechos sucedieron el pasado 29 de diciembre cuando los ladrones se llevaron las máquinas de una sala que no tenía cierre de seguridad, situada en la cuarta planta del hospital, según han informado fuentes policiales. Las máquinas, al ser de reciente adquisición, no estaban todavía instaladas ni en uso.

Individuos saliendo con maletas

Un día después, los responsables de La Paz presentaron una denuncia en la comisaría de Fuencarral-El Pardo. Fuentes de la investigación han asegurado a EFE que los agentes ya han revisado las cámaras de seguridad y en las imágenes puede verse a unos individuos sospechosos saliendo del centro con unas maletas.

El hospital ha confirmado a EFE la denuncia, pero no ha ofrecido más detalles y se ha limitado a recordar que la Policía Nacional está investigando el caso.

El temporal Filomena ha dejado mermadas las instalaciones del hospital de La Paz (Madrid). En un vídeo grabado por una trabajadora del centro sanitario este martes se observan goteras y salas inundadas en la planta de la unidad de pruebas digestivas. “Es el recorrido del horror”, plantea esta trabajadora mientras comienza retratando con una cámara las goteras que hay cerca de los ascensores y los pasillos cercanos cubiertos con toallas. 

En las imágenes se observan espacios sin luz. “Estas zonas empiezan a estar a oscuras para evitar el cortocircuito”, cuenta la trabajadora, que inmortaliza cómo sus compañeras utilizan papeleras para sacar agua de consultas y cuartos en los que hay grandes goteras y parte del techo está abierto. “Esto se acaba de caer ahora mismo”, señala la trabajadora mientras enseña otra habitación en la que también hay un boquete en el techo. 

A lo largo de todo el vídeo, se observa a trabajadoras del hospital tratando de solventar la situación, cubos a lo largo de los pasillos para aglutinar agua y toallas empapadas. En algunas salas la fuerza con la cae el agua es mayor. “El suelo, aunque no lo parezca, está empapado y todo esto [material sanitario] recubierto porque hay goteras por todos los lados”, sentencia la sanitaria.

Fuentes internas del hospital aseguran a esta redacción que “los sindicatos han denunciado varias veces” las condiciones en las que se encuentran las instalaciones del centro. “Estas situaciones son bastante frecuentes cuando llueve y ocurren en cualquier planta”, añaden.

Desde el departamento de prensa del hospital aseguran que las inundaciones en la unidad de endoscopias se han producido por la rotura de una tubería debido a las condiciones meteorológicas. “Se está actuando en las goteras que han salido. Se están arreglando”, apunta una portavoz.

Las imágenes grabadas este martes no son nuevas en La Paz. Hace tres años las circunstancias eran parecidas, con las urgencias, el parking de personal y las secciones sindicales inundadas, también en estas fechas, a causa de otro temporal. Un año antes, en 2017 se desplomó parte del techo de una habitación mientras dos pacientes se encontraban allí ingresados. “Estaba ya acostado, escuché un par de ruidos y de repente el techo del hospital se cayó sobre nosotros”, expuso uno de los enfermos a elDiario.es.

El hospital de La Paz no es el único que ha sufrido problemas en sus instalaciones. Desde el sindicato Comisiones Obreras aportan otro vídeo en el que se observan goteras y el suelo encharcado en el Hospital del Sureste (Arganda del Rey). Estas fuentes sindicales, aseguran que el incidente se ha producido en la zona de hospitalización de Pediatría. Las imágenes recogen varias goteras, que desde el equipo sanitario tratan de solventar con toallas y cubos.

La situación en esta ala del complejo sanitario se complicó “debido a las heladas”. “Hay que recordar que ayer dimos la temperatura más baja de la Comunidad de Madrid y se produjo esta gotera”, reconocen desde el equipo de comunicación del hospital.

La coordinadora de Izquierda Unida-Verdes del municipio de Murcia, Alicia Martínez, ha expresado hoy su “sensación agridulce” con motivo de la inauguración de la nueva sede de la Escuela Infantil Municipal La Paz.

Por un lado, Martínez consideró “un paso adelante en la dignificación de las condiciones para usuarios y trabajadoras del centro” el hecho de abandonar las instalaciones provisionales para ocupar un espacio más amplio y mejor dotado de recursos. Pero al mismo tiempo, “no olvidamos el origen de esta situación, los casi trece años de aulas prefabricadas, el daño a las familias y el perjuicio para el barrio La Paz, que ha perdido uno de los escasos centros de interés social con los que contaba”.

La coordinadora de IU-V de Murcia ha vuelto a denunciar “el ataque que sufrió este barrio en 2007”, cuando la anterior sede de la escuela municipal fue derribada siguiendo las directrices políticas del exalcalde Miguel Ángel Cámara y los intereses particulares de un supuesto promotor urbanístico privado.

“Cámara aseguró a los vecinos de La Paz que era inminente el inicio de la remodelación del barrio para justificar el derribo de un bien patrimonial del Ayuntamiento. Trece años después, el supuesto promotor se sigue riendo de todos sin cumplir su palabra”, apuntó Martínez.

La coordinadora también recordó que el Ayuntamiento de Murcia “no ha creado una sola nueva escuela infantil en los últimos 30 años, como si esta no fuera una necesidad real y básica para cientos de familias murcianas. Tampoco ha corregido la precariedad laboral de las trabajadoras de estos centros, que llevan trabajando años en condición de interinidad”.

La escuela infantil está construida sobre una sola planta dispone de un total de 9 aulas, de las cuales 6 se destinarán a la etapa de 2 a 3 años, otras dos a los menores de 1 a 2 años, y una unidad, zona de cambio y de cunas independientes, para bebés de 0 a 1 año.

Las aulas están situadas con orientaciones sur y este, en torno a la zona principal del patio de juegos, y tanto su fachada como su acceso principal, se localizan hacia el jardín público que hay en la zona, de forma que este espacio verde se integre en el itinerario para entrar y salir de la escuela infantil.

Problemas de cimentación obligarán a un modificado del proyecto de construcción del edificio de oficinas del Ayuntamiento de Santander en la calle La Paz, cuyo coste se encarecerá en 211.000 euros.

Las obras de construcción del edificio municipal fueron adjudicadas en abril del pasado año a Ferrovial-Agroman, por un presupuesto de 2.423.324 euros y un plazo de ejecución de 14 meses. Si el modificado se aprueba, la obra costará finalmente 2,6 millones de euros.

La obra está siendo promovida por la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS), que es la empresa pública municipal que se dedica a este tipo de obras, entre los que se encuentra también la construcción de vivienda protegida.

El encarecimiento de la obra de La Paz se ha producido cuando los trabajos están en la fase de cimentación, produciéndose un desfase entre los costes derivados del estudio de catas y el estado de consistencia real del terreno cuando se excava, toda vez que el proyecto incluye una planta sótano y otra semisótano.

El Ayuntamiento sigue careciendo de una dotación moderna y funcional para el conjunto de sus dependencias. La Casa Consistorial dispone de oficinas abiertas al público, aunque el edificio es obsoleto y precario. Asimismo, dispone de otros despachos y locales con oficinas municipales repartidos por la ciudad, como varias plantas del edificio Ribalaygua o las instalaciones que para Recaudación tiene en la calle Antonio López. El edificio de la calle La Paz pretende albergar precisamente estas oficinas y de paso conseguir un ahorro en alquileres, ya que la intención es que acoja los servicios económicos y de gestión tributaria del Ayuntamiento.

La nueva sede contará con una superficie de casi 1.700 metros cuadrados distribuida en sótano, semisótano, planta baja y seis plantas de piso. El acceso al edificio se realizará a través de un porche cubierto en la esquina suroeste, entre las calles La Paz e Isabel II, y habrá otro acceso secundario por la calle Francisco de Quevedo. Además del área de acceso y control, la planta baja albergará también el vestíbulo y la zona de información.

El sótano se destinará a zona de almacén y cuartos de instalaciones, mientras que en el semisótano habrá una parte destinada a almacén y otra a usos administrativos.

Y las seis plantas de piso con las que contará el edificio en altura tendrán un uso administrativo y de atención al público.

Para un mejor aprovechamiento de los espacios, la solución arquitectónica opta por un concepto estructural de fachada portante (soporta la carga de la estructura), complementado por un núcleo de comunicaciones (escaleras, ascensores, aseos…) también portante, lo que permite disponer de más superficie libre de pilares para una distribución más flexible de los espacios.

Además, y al igual que en otras iniciativas municipales, se proyecta un edificio de consumo energético prácticamente nulo.

Restos de muralla medieval

Restos de la muralla medieval hallados durante las prospecciones serán recuperados e integrados en el mismo lugar en el que se encuentran, que coincide con lo que será en el futuro la zona de uso administrativo del semisótano.

Los restos, que quedarán a la vista en dicho espacio, corresponden a las primeras hiladas de los cimientos de la antigua muralla, compuesta por sillares, sillarejos y mampuestos de caliza unidos por argamasa.

En la puerta de los Recreativos Levante en el Polígono de La Paz en Murcia, una barriada marginal muy cerca del centro de la ciudad, charlan en corrillo seis vecinos de la zona sobre la jornada electoral. “No he ido a votar, ¿para qué? Si siempre pasa lo mismo, es decir, nada”, apunta Juan, uno de ellos.

“Con el ADN ese nos quieren traer las favelas de Colombia a Murcia. Se creen que esto es es el Polígono Disneyworld”, añade Juan, en referencia al proyecto ADN Urbano La Paz impulsado por el Ayuntamiento de Murcia y cuya primera acción ha consistido en una de las intervenciones artísticas al aire libre más grandes del mundo con un total de 7.200 m2 de superficie y 1.500 kilos de pintura ecológica realizada por parte del colectivo internacional Boa Mistura en la calle Río Tajo. Se trata de un gran mural artístico sobre los propios edificios en el que se podrá leer la palabra ‘Alma’, junto a la frase ‘Juntos somos barrio’, en los edificios colindantes. La sección censal de esa calle contó con un 61,9% de abstención en las pasadas elecciones generales del 28 de abril frente a la abstención del 13,4% de la calle Trapería, la zona céntrica más rica del municipio.

Jesús señala a su hermano y dice: “Además no han tenido en cuenta a la gente del barrio para pintar los edificios. Mi hermano, que está aquí, el de rojo, está separado y con dos hijos y no le han cogido el currículum”. Antonio se levanta de la silla y mueve sus brazos llenos de tatuajes: “Sí que hay gente del barrio pintando allí, como yo. Eso sí, la única vez que han barrido la acera fue el día que se esperaba al presidente de la Comunidad que al final no vino”, señala.

“He vivido en este barrio toda la vida. Antes las calles no estaban asfaltadas, pero estaba limpio y vivía gente trabajadora”, apunta Jesús mientras se dirige a la calle Río Tajo. “Ahora muchos jóvenes no tienen ganas de trabajar y rompen los suelos de los edificios para hacer sótanos que están llenos de hierba. Se conectan a la red eléctrica directamente hasta el punto de que nos apagan la luz. A muchos los conozco desde chiquillos, pero si les dices algo te tienes que pegar un tiro con sus padres”, añade.

“En esa calle es donde venden caballo. Mejor no sacar la cámara y llevar cuidado”, apunta el vecino de 60 años antes de doblar la esquina y contemplar el bloque B10, en el corazón de La Paz y declarado ruina inminente en diciembre de 2018 por un grupo de expertos de arquitectos e ingenieros que supervisaron los 49 bloques que forman el barrio a encargo del Ayuntamiento y concluyeron que el 90% no reúne las condiciones básicas de habitabilidad.

El barrio Polígono de la Paz se levantó en los años sesenta en una antigua zona de huerta. Se trataba de viviendas de protección oficial construidas durante la dictadura franquista, pisos de entre 40 y 50 metros cuadrados en bloques de cinco plantas sin ascensor que ahora se encuentran muy deteriorados. “Si en lugar de tanta pintura para las fachadas de los edificios hubieran traido para fumigar ya que aquí hay muchos mosquitos y ratas o nos hubieran ayudado a quitar las humedades hubiera sido mucho mejor”, señala Fina, una vecina del barrio que ha votado al PP “porque al final hacen todos lo mismo”.

En el barrio se creó la primera asociación vecinal de Murcia y en la década de los setenta consiguieron que se construyera un centro social, una iglesia y el colegio Nuestra Señora de la Paz. Pedro, un funcionario de la limpieza del Ayuntamiento que admite haber votado “socialista” y que ha vuelto al barrio 30 años después al divorciarse, considera que “ha empeorado mucho”. “Nosotros luchamos y conseguimos muchas cosas. Ahora la gente joven no hace nada porque no espera nada. Aquí no hay cultura. Y, además, gana el PP”, apunta.

Pedro señala el solar lleno de matojos que hace doce años ocupaba la guardería municipal y que fue derribada para erigir una torre faraónica dentro de un proyecto impulsado por el promotor José López Rejas para transformar la barriada en una moderna zona residencial diseñada por Ricardo Bofill con la creación de 1.500 viviendas que nunca llegó a ejecutarse. El alcalde de Murcia de entonces Miguel Ángel Cámara y los miembros de la Junta de Gobierno que tomaron parte en aquella decisión fueron imputados.

En diciembre del año pasado López Rejas hizo público que retomaba su proyecto estrella y prometió levantar decenas de edificios de diversas alturas, cinco de los cuales serán cinco torres de más de 30 pisos. “Este hombre vendió humo y ahora será más de lo mismo, pero como la gente está desesperada se agarra a un clavo ardiendo”, dice Pedro.

Enfrente del mural artístico de la calle Río Tajo varios jóvenes se apoyan en un coche rojo, a uno de ellos le cuelga del cuello una identificación de apoderado del PSOE. Los otros tres señalan que no han votado. “¿Para qué?”, dice José. “Yo estoy esperando la herencia de mi padre que está ahora en el hospital”, añade. “Bueno, es que su padre se fue a por tabaco y no volvió”, añade Ginés. Ninguno de ellos tiene trabajo. El 21% de los vecinos se encuentra en el paro.

“Me he acercado a votar porque estaba en la calle con las crías y por hacer algo”, dice Eva, una peluquera de 23 años, quien va a votar a “los socialistas” acompañada de su hija y su sobrina en el colegio Nuestra Señora de la Paz. “Pero aquí la mayoría de la gente no vota porque sabe que no sirve para nada, sólo votan al PP unos cuantos a los que les han comido la cabeza”, añade.

“Yo he votado a Vox”, apunta Pepe en la puerta de un bazar chino cerrado. “Aquí hay funcionarios que se han comprado casas de 300.000 euros. Hay que limpiarlo todo”, añade el obrero que ha vuelto a la construcción “hace medio año” después de estar “siete u ocho años en paro”.

El sistema informático del hospital La Paz se ha restablecido sobre las nueve de la noche de este lunes después de siete horas caído. El fallo, que se registró sobre las dos y media de la tarde, ha ocasionando problemas en el funcionamiento habitual de las urgencias y también de las plantas, según el sindicato MATS.

La caída del sistema HCIS ha afectado a muchos niveles: desde la impresión de las pegatinas para identificar a los pacientes hasta el acceso al historial médico de cada uno. Tampoco ha sido posible que el personal sanitario volcara peticiones de analíticas, resultado de tensiones u otras pruebas de los pacientes. De manera que, una vez solucionado el problema, toda esa información generada durante horas tendrá que ser trasladada del papel al sistema.

Desde la Consejería de Sanidad aseguran a eldiario.es que el servicio se ha restablecido sobre las nueve de la noche de este lunes, después de alargar todo los tiempos del hospital público. “Todo lo estamos haciendo en papel y nos lo vamos pasando porque va muy lento, funciona a ratos y luego vuelve a caerse. Y la saturación se multiplica”, explicaba Guillén del Barrio, delegado del sindicato MATS en el centro hospitalario en plena caída del sistema, asegurando que, por ejemplo, el proceso de triaje está llevando más tiempo de lo normal. 

Fuentes de la dirección del hospital confirman el error del sistema y aseguran que “los servicios técnicos están trabajando desde el primer momento en solucionarlo”. Horas después han conseguido identificar el fallo: un error de conexión de red en uno de los equipos del centro.

Laura, que trabaja como enfermera en el hospital asegura que el servicio ha estado fuera de uso desde el mediodía: “Va y viene a ratos, pero estamos haciendo todo en papel, como antiguamente”. Según explica, todas las funciones del hospital se informatizaron el pasado mes de junio.  “Como en junio todo se informatizó, estamos colapsados. El tratamiento médico, el triaje, las analíticas, hasta el sistema de clasificación está informatizado. No podemos hacer nada sin él”, cuenta. 

“Esto claro, implica una demora en la atención a los pacientes importante. Hemos tenido que pedir que dejen de derivarnos a pacientes de urgencia y los envíen en este caso al Ramón y Cajal”, ha añadido. A pesar de que los técnicos informáticos llevan trabajando en solucionar el problema desde las dos de la tarde, cuando se han registrado los primeros incidentes, hasta las nueve de la noche no se ha subsanado el error. Aunque desde la Consejería de Sanidad aseguran que “sobre las 19:30 ya había red en muchas zonas del hospital”.

Según ha explicado Laura los fallos en el sistema no son nada nuevo, por lo que siempre guardan las hojas de registro antiguas para poder hacer frente a este tipo de situaciones. “Hace unas semanas hubo otro problema similar y el sistema informático estuvo hasta cuatro días sin funcionar. La única diferencia es que en aquel momento era un problema que afectaba al servidor de la Comunidad de Madrid, cuando en este caso se trata de una avería interna”. 

“Sabemos que estaban arreglando la red wifi del hospital porque estaba muy vieja, pero no sabemos si ha sido por eso”, ha apuntado. 

La mujer de unos 38 años hospitalizada la tarde del martes en Murcia en estado muy grave con quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo ha muerto la mañana del miércoles después de que otra de 33 le vaciara una garrafa de un líquido inflamable, tras lo que le ha prendido fuego, informan a Efe fuentes de la Policía Nacional.

Según el 112, la agresión se produjo sobre las 17:45 horas del martes en la avenida Primero de Mayo, en el barrio del Polígono de La Paz, adonde fueron enviadas varias ambulancias, una de las cuales trasladó a la herida a la unidad de cuidados intensivos de la sección de quemados del Hospital Virgen de la Arrixaca, en El Palmar.

Al mismo centro sanitario ha sido llevado un hombre de nacionalidad marroquí, pareja de la agredida, el cual se ha quemado los brazos al intentar protegerla, según el Centro de Coordinación de Emergencias.

La Policía Local ha pedido asistencia médica para un hijo de la víctima, afectado por una crisis de ansiedad, según el 112.

Fuentes de la investigación señalan que las dos mujeres discutieron en un comercio el pasado sábado, lo que pudo dar origen al ataque de hoy, en el que también ha resultado lesionada la agresora, trasladada por la Policía Nacional al hospital tras ser detenida el martes por la tarde.

Como decía aquel, ‘Murcia no typical’. Efectivamente lo que no se barrunte en Murcia no se barrunta en ninguna parte. Y aquí sobre urbanismo se ha barruntado todo, incluso lo más inverosímil, y ha logrado salir adelante para convertirse en un pelotazo. Cuando traté de explicar en un foro en Madrid que en Murcia había una práctica conocida como ‘teletransporte’ de edificabilidad, los que me escuchaban no daban crédito: ¿cómo se le puede dar la misma edificabilidad a un barranco situado en el pico de una montaña que a una parcela urbanizable en el valle?, preguntaban atónitos al percatarse de que eso significaba asignarle el mismo valor económico al metro cuadrado del picacho barrancoso que al suelo urbanizable previsto dotar de servicios urbanísticos.

Pues sí, eso es así porque así lo han decidido los políticos murcianos, y así lo han avalado una serie de altos funcionarios puestos a dedo por esos políticos, y ello utilizando tres artículos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia con una redacción ambigua y contradictoria que, convenientemente retorcidos e interpretados, dan cabida a aparentar que amparan esta kafkiana práctica del ‘teletransporte’. Kafkiana y absurda, pero que durante los años en los que se materializó convirtió en millonarios a unos cuantos promotores espabilados, y es de suponer que también a ese puñado de políticos y altos funcionarios indispensables para poder llevarla a cabo.

Otro ejemplo: la desprotección de todo el suelo de huerta del municipio tan solo cuatro años después de haberlo protegido, y ello sin hacer una evaluación de impacto ambiental ni informes que se le pareciesen. Así por las bravas. Y coló esa desprotección de 75 millones de metros cuadrados de huerta tradicional de la noche a la mañana sin que nadie abriese la boca. Otra hazaña de los mismos políticos y altos funcionarios que ya tenían en su haber el milagro del ‘teletransporte’.

Ahora estamos en un nuevo ciclo, y ya no es tiempo de ir a saco con ocurrencias tan descabelladas como las antes descritas y que solo podían darse en un municipio con las características político-sociológicas como Murcia. Ahora hay que afinar el lápiz y pensar jugadas más sibilinas, porque la indolencia murciana del tiempo en los que los perros se ataban con longaniza ha pasado, y la descontrolada financiación de las cajas de ahorros ya no existe. Ya no puede pensarse en pelotazos de urbanizaciones en medio de la nada surgidos tras reclasificaciones de suelo, ni en infraestructuras absurdas; ahora el nicho que se abre es el de actuar sobre suelo urbano ya consolidado, que no necesita de infraestructuras y donde la gente no se lo pensaría para comprar una vivienda. Y de esto en la ciudad de Murcia hay un par de proyectos.

Hablamos de dos zonas tan emblemáticas como el barrio de La Paz y el barrio de El Carmen. Dos zonas de las que no ha dejado de hablar el Gobierno municipal en los últimos años, prometiendo lo indecible, pero sin invertir ni un euro. En La Paz tenemos aprobado desde hace casi diez años un Plan Especial para su rehabilitación, con la construcción de unas 3.000 viviendas donde ahora hay 1.500 en paupérrimas condiciones. En El Carmen, lo mismo, un Plan Especial para rehabilitar la zona afectada por las vías del tren y la estación con la construcción del equivalente a unas 2.000 viviendas. Dos planes especiales con los que se promete todo lo que desde la política murciana se puede prometer, es decir, un montón de mentiras. Mentiras que algunos repiten sin empacho una y otra vez desde hace una década sobre estos dos barrios, donde la única realidad papable a día de hoy es la falta de inversión, el abandono y el dejarlos hundirse en la decadencia más absoluta, como si no importara que una parte de la ciudad sucumbiese al desastre, como si esos barrios fuesen prescindibles y se les pudiera dejar morir por falta de inversión pública.

En este mandato, como no podía ser de otra forma, se volvió a insistir por parte del Gobierno municipal en que el interés por estos dos barrios era máximo, y la prueba de ello fue la formación de una mesa de trabajo para el barrio de la Paz y algún que otro proyecto, como poner cámaras de vigilancia en el barrio del Carmen. Una mesa de expertos para constatar lo que todo el mundo sabe, y es que el barrio de La Paz está al límite de lo que se puede considerar una zona habitable. Y cámaras de vigilancia para aparentar que el barrio de El Carmen las necesita porque ya es una zona insegura para vivir.

Pero lo último es que ahora el Gobierno municipal se saca de la chistera una nueva iniciativa, y la anuncia a bombo y platillo. Una nueva ponencia de valores aprobada por Catastro que hará que el IBI que se paga por las viviendas situadas en estos dos barrios se reduzca. Bajar impuestos puede estar bien, pero hacerlo depreciando el valor de las viviendas puede ser cuestionable.

Lo que ha hecho el Gobierno municipal por los habitantes de los barrios de La Paz y de El Carmen es bajarles el impuesto de inmuebles que pagan bajando el valor de sus casas. En otros municipios como el de Madrid también se ha puesto en marcha esta misma iniciativa, pero con la importante diferencia de que allí en 2011 el Gobierno del PP aprobó una ponencia de valores en la que aplicaba un ‘catastrazo’ que elevaba los valores de los inmuebles a los precios de la burbuja inmobiliaria, siendo lo lógico entonces que ahora, pasada esa burbuja y ante valores totalmente irreales, estos fuesen bajados hasta adecuarse a la realidad de hoy. En el municipio de Murcia, a diferencia de Madrid, la última ponencia que se tenía era la de 2001, es decir, antes de la burbuja inmobiliaria y el alza de precios, por lo que los valores que Catastro asignaba hasta ahora a los pisos eran los valores de 2001, que al ser previos a la burbuja especulativa podríamos decir que son los que ahora, sin burbuja, volverían a tener esos inmuebles. Si en esos años no se aprobó una ponencia de valores que recogiese la subida de los precios, no tiene ningún sentido que se haga ahora para bajar dichos valores por debajo de lo que estaban en 2001. No es de recibo esta maniobra, pues si lo que se quería era bajar el impuesto a los vecinos de estos dos barrios se podía haber hecho aplicando bonificaciones, rebajas de coeficiente de la base imponible o cualquier otra solución que no fuese bajar el valor catastral de esas viviendas por debajo de lo que valían en 2001.

Llama la atención que esta bajada del valor catastral no se produzca igual en otros barrios con problemas similares a los de La Paz o El Carmen, cuya diferencia con estos es que no tienen previsto su desarrollo urbanístico mediante planes especiales, es decir, en esos barrios no existe la expectativa de un futuro pelotazo como en los otros dos.

Como estamos en Murcia y aquí se barrunta lo que no está escrito, y teniendo en cuenta que en el poder continúan los mismos políticos y altos funcionarios y en la oposición los mismos de siempre, lo que toca es ponerse en guardia, y empezar a analizar posibles maniobras de aquellos para los que Murcia y los murcianos no son más que una vaca lechera a la que exprimir hasta dejar seca.

Veamos, para que unos proyectos urbanísticos como los planes especiales de La Paz y de El Carmen salgan adelante, deben obtener financiación, pues ambos fueron aprobados para ejecutarse mediante iniciativa privada y no pública. Para obtener financiación en los tiempos que corren hoy día ya no se puede recurrir a las cajas de ahorro ni a los bancos intervenidos por el Estado, ahora hay que girar la vista hacia los fondos de inversión que son los amos del dinero. Estos fondos de inversión no se andan por las ramas, y para invertir exigen rentabilidad efectiva y no vagas promesas con las que justificar el crédito como se hacía antes.

¿Cómo se hace atractivo un proyecto para que estos fondos de inversión financien y ‘suelten la pasta’? Muy sencillo: garantizando beneficios del orden del 10%, que es lo que moviliza a estos inversores extranjeros. La forma de poder garantizar ese beneficio solo puede lograrse rebajando los costes de urbanización y construcción de esos planes especiales lo máximo posible. Para ello hay que tener en cuenta que el mayor coste en estos proyectos de los barrios de La Paz y de El Carmen lo constituyen las expropiaciones de los inmuebles cuyos propietarios no tengan riñón suficiente para poder afrontar los gastos que la junta de compensación exija. Por lo tanto, resulta que estar años depreciando dichos barrios es efectivo para que el valor de los inmuebles baje, y luego avalar dicha bajada del valor aprobando una ponencia de Catastro que determine que el precio de la vivienda es inferior al que tenía en 2001; la puntilla para garantizar a los fondos buitre que el beneficio de invertir en el desarrollo de los planes especiales de estos dos barrios de Murcia es un negocio redondo, porque el gasto de expropiación de los pisos de los actuales vecinos va a ser más que asumible.

En definitiva, se puede afirmar que con el paulatino abandono y falta de inversiones de dinero público en los barrios de La Paz y de El Carmen, y su consiguiente depreciación avalada por una bajada de los valores catastrales de los inmuebles a niveles anteriores al año 2001, lo que se hace es que los desarrollos urbanísticos previstos mediante los planes especiales aprobados sean mucho más apetecibles para los fondos de inversión extranjeros, conocidos como fondos buitre, que sobrevuelan el cielo español en busca de gangas con las que obtener suculentos beneficios en unos años, a costa de lo que sea y de quien sea.

Barrunten ustedes, murcianos de dinamita, porque de lo contrario ya lo harán los de siempre por todos.

*Ángeles Micol es concejala de Ahora Murcia

Los trabajadores de urgencias del hospital La Paz, en Madrid, siguen denunciando la situación de “colapso” del servicio. “El día 11 de diciembre, en torno a las 20h, este servicio tenía 129 pacientes en camas y camillas, a pesar de contar con 61 camas”, dicen en comunicado, donde subrayan que se ha “duplicado la capacidad de pacientes encamados” y, por tanto, “el servicio funciona en estado de emergencia”. En la nota de prensa alarman de que esta sobrecarga afecta a “la seguridad del paciente”. 

Los sanitarios del centro público concretan que en “la sala 1, de 12 camas, tenía 36 pacientes; las salas 2A y 2B, de 6 camas cada una, albergaban respectivamente 27 y 20 pacientes; en la sala 3 hay 36 pacientes para 18 camas; y la sala 4 alberga 10 pacientes en lugar de las 6 que debería, dos de ellos en el pasillo de consultas de traumatología”. Además, añaden, “en un intento de ”parchear“ la situación se está empleando la sala de tránsito, que no cuenta con enchufes suficientes ni tomas de oxígeno, para albergar ocho pacientes pendientes de ingreso”. 

Los enfermeros de varios turnos llevan semanas poniendo en conocimiento de la justicia con escritos esta saturación. Esta vez también lo han hecho. “Lo estamos notificando por si hay algún accidente con los pacientes, que quede constancia de que avisamos del riesgo”, dice un sanitario que ha firmado varios.  “Las enfermeras, con hasta 16 pacientes a su cargo en lugar de los 6 que recomienda el Ministerio de Sanidad, no pueden atenderles debidamente, conocer su patología de base, alergias... lo que afecta a la seguridad del paciente”, dice el comunicado, que apunta también el estado de “ansiedad” en que se encuentran los sanitarios. 

Tras la publicación de este comunicado, la Consejería de Sanidad ha anunciado que va a incrementar desde hoy el número de profesionales y camas habilitadas en los servicios de Urgencias de los hospitales públicos para ajustarlos a las necesidades asistenciales actuales, debido, dicen, al incremento que se ha detectado los últimos días. El departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero admite que ha detectado “saturación” en algunas de estos servicios. 

La sobrecarga obligó a Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a través del centro coordinador del SUMMA 112, a cortar las derivaciones de ambulancias durante la tarde y la noche del jueves 23 de noviembre. 

El exconsejero de Sanidad Jesús Sánchez-Martos anunció en enero que su departamento iba a mejorar las instalaciones de las urgencias de La Paz, ampliándolas, como reclaman los trabajadores. El pasado 27 de noviembre, casi un año después y el pico de atención mediática por las denuncias de los sanitarios, la Consejería de Sanidad anunció que las obras habían sido adjudicadas y la superficie se verá ampliada en 1.418 metros cuadrados: pasará de los 4.009 actuales a los 5.427. La inversión asciende a 13,7 millones de euros y la actuación será por fases. 

Esta resolución se produce tras la petición de la jueza de Instrucción número 1 de Murcia, Ana Isabel Navarro Prieto, instructora del caso, que ha solicitado que la alto cargo sea imputada, aunque lo decidirá TSJ al estar aforada por ser miembro del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma en calidad de consejera de Agricultura

Martíne-Cachá era concejala del Ayuntamiento de Murcia cuando entonces se produjo el derribo de la guardería, con el objetivo de utilizar los terrenos con fines inmobiliarios.

Hasta ahora, los imputados son el exalcalde Miguel Ángel Cámara, el promotor de la remodelación de la Paz José López Rejas, la actual concejala María del Carmen Pelegrín y los exediles, Joaquín Moya-Angeler y Antonio Castillo, los tres últimos por participar en la junta de gobierno en la que se votó favorablemente el derribo.

La providencia está firmada por Miguel Pasqual del Riquelme, presidente del TSJ, y por los magistrados Julián Pérez-Templado y Enrique Quiñonero. Según la Asociación Nuevo Barrio y otros colectivos que presentaron la denuncia contra el Ayuntamiento el proceso de derribo y traslado estaba plagado de irregularidades.

“Las condiciones en las que trabajamos son tercermundistas”, reconoce a eldiario.es el doctor José Abelairas, que ha dirigido durante doce años la unidad de Oftalmología Infantil del Hospital de La Paz (Madrid). En enero transmitió en un documento esta queja al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.

“He remitido a la Gerencia durante este año más de diez escritos pasados por registro avisando de la situación y de que el Hospital de La Paz no tiene capacidad ni medios para tratar los cinco centros de referencia nacional que conseguimos en el año 2008”, explicaba en ese documento.

La sección de Oftalmología Pediátrica de La Paz atiende a pacientes procedentes de toda España. En el año 2008 los miembros de la unidad, entre ellos Abelairas, impulsaron el servicio y tras un proceso de seis meses consiguieron que el Ministerio de Sanidad acreditase a cinco de sus especialidades como centros de referencia nacional, una calificación que se denomina CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia en el Sistema Nacional de Salud).

Lleva 17 meses enviando quejas a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y a sus superiores para que quede constancia por escrito de sus denuncias. En esa documentación, a la que ha tenido acceso eldiario.es, asegura que hay escasez de recursos personales y materiales en la unidad que ha dirigido hasta hace unas semanas.

Asegura que la unidad de la que ha sido responsable más de una década “no cumple el requisito (para ser centro de referencia) de disposición de enfermería quirúrgica especializada”. Asimismo denuncia retrasos al suministrar tratamientos, escasez de material y falta de quirófanos adaptados para bebés prematuros en el Hospital Infantil.

Según apuntan desde el departamento de comunicación de La Paz, Abelairas fue cesado como jefe de la unidad hace un mes por “las importantes deficiencias en cuestiones de gestión y organización de la sección”. Él señala que nadie le ha comunicado esto y cree que las quejas que ha ido transmitiendo tienen relación con la destitución.

Más pacientes y la misma plantilla

Desde 2008, según Abelairas –que preside la Sociedad Española de Oftalmología Pediátrica– aumentó la carga de trabajo, ya que tras la decisión de nombrarlos centro de referencia atienden a niños procedentes de otras regiones con patologías graves, pero no se incrementó la plantilla. Según sus estimaciones, entre el 40% y el 50% de los niños que reciben diariamente son enviados por otras comunidades autónomas.

El departamento de comunicación del hospital desmiente estas acusaciones, aseguran que la sección de Oftalmología Infantil “cuenta con los profesionales adecuados tanto por su cualificación y formación como por número de efectivos”. “El hospital ha realizado un importante esfuerzo para mejorar la estructura física de las consultas y para renovar equipos de alta tecnología, en los que se han invertido más de 300.000 euros”, aseguran.

Por su parte, fuentes del Ministerio señalan que tras recibir la queja han pedido información a la Consejería de Sanidad de Madrid y están a la espera de recibirla. La calificación de CSUR se renueva cada cinco años, la unidad de Oftalmología Infantil de La Paz superó una auditoría en 2013 y la siguiente se realizará en 2017, según la información facilitada por el hospital.

Abelairas decidió hacer partícipe al ministro Alfonso Alonso de sus protestas tras considerar que los responsables a los que se había dirigido con anterioridad no le habían planteado una solución. Por eso le advirtió por escrito de que, a su parecer, “el Hospital de La Paz no cumple los criterios necesarios para atender a los CSUR”.

“Por el bien de los pacientes y por el riesgo de incumplir la normativa, no sería factible renovarlos, si no se corregían (sic) las anomalías observadas”, añadía. “Dada la masificación que padecemos preferiríamos renunciar a ser centro de referencia nacional y concentrarnos en la Comunidad de Madrid”, incidía en una argumentación remitida anteriormente por escrito, en octubre del 2014, al gerente del Hospital. Fuentes sanitarias consultadas por eldiario.es respaldan la queja de Abelairas sobre la precariedad laboral de este servicio.

En el escrito que este doctor remitió al ministro explicaba que hace ocho años la gerencia se comprometió a liberar gradualmente de otras funciones a los seis médicos de la unidad, para que se dedicasen exclusivamente a la Oftalmología Pediátrica. “Sin embargo esto solo se ha producido en dos casos, que son insuficientes para la marcha de la sección”, añade en el documento.

Abelairas atiende a un perfil variado de pacientes, desde bebés prematuros hasta adolescentes, y en algunos casos con patologías muy graves como tumores, malformaciones congénitas o cegueras.

“A los recién nacidos les tenemos que trasladar en incubadoras del Hospital Infantil al General por los pasillos y ascensores por los que circula todo el mundo. Si durante el recorrido surge alguna complicación con el bebé puede suponer un problema”, indica a eldiario.es. Por eso pide que se dote a la unidad de equipamiento específico para que esos casos sean operados en el mismo emplazamiento y no tengan que ser desplazados.

Además, protesta por la masificación de su consulta, que le impide transmitir mensajes de forma confidencial: “En las reclamaciones planteo que no podemos tener una consulta tercermundista. No tenemos una sala acondicionada para explicarle a unos padres que le tenemos que quitar el ojo a su hijo porque tiene un tumor o que se puede morir por una metástasis. Creo que es vergonzante”.

Durante estos 17 meses de quejas reiteradas Abelairas no ha estado solo: En noviembre remitió un documento al gerente explicando todas las deficiencias que considera que hay en la unidad y fue firmado por 12 jefes de servicio y 19 encargados de sección del Hospital Infantil de La Paz.

Nacho Tornel ha dicho este jueves, el mismo día en el que Miguel Ángel Cámara ha acudido a los juzgados para prestar declaración sobre el derribo de la guardería de La Paz, que el exalcalde popular de Murcia “está entorpeciendo la labor de la Justicia al asegurar que desconoce quién ordenó el derribo de la escuela infantil de La Paz en 2007”.

El concejal de Cambiemos Murcia ha recordado que antes de que tuviera lugar el derribo, “el promotor inmobiliario José López Rejas, imputado al igual que Cámara en el caso, señaló el solar que ocupaba la guardería como el espacio ideal para iniciar el proyecto de recuperación de La Paz”.

Tornel ha opinado que las declaraciones del exregidor de Murcia han añadido “más confusión” al caso, que “lejos de resolverse y cerrarse, adquiere una mayor dimensión porque mañana puede ser derribada otra escuela municipal y el alcalde de turno alegar que él no ha sido”. A su juicio, Cámara debería haber comparecido en sede judicial “hace mucho tiempo” y de manera voluntaria, ya que fue el “máximo responsable” como regidor en aquel de momento, de la decisión de derribar el centro educativo municipal.

El edil ha recordado que la guardería no se demolió porque tuviera problemas, sino porque el PP “había hecho varias promesas de fechas concretas para el inicio de la rehabilitación del barrio, y como no las cumplieron derribaron el centro al objeto de prolongar una mentira extendida en el tiempo”.

La gestión municipal en torno a la recuperación de La Paz “siempre ha bordeado lo legal”, ha explicado Nacho Tornel, y ha recordado que dos meses antes del derribo, el Ayuntamiento disolvió el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles “sin ningún motivo” y “con el fin de que los grupos municipales representados en ese órgano no pudieran denunciar la demolición”.

“También desde el equipo de Gobierno se fuerzan informes de funcionarios que en ningún momento argumentan ni reclaman esta actuación en la guardería, y posteriormente, en Junta de Gobierno, se toma la decisión de tirarla sin que este tema fuera un asunto del orden del día”, ha relatado el portavoz de Cambiemos Murcia.

Además, Tornel ha calificado de “inconcebible” el hecho de que nadie dé el nombre de quien ordenó la demolición, a excepción de un funcionario municipal que señaló directamente a la Alcaldía: “No se puede justificar esta situación porque el hecho de que nadie sepa nada es sinónimo de que se está ocultando la verdad”, ha sostenido.

Esta situación, en opinión de la formación municipalista, sitúa al equipo de Gobierno actual frente al reto de evaluar el perjuicio que ha supuesto la pérdida de una escuela infantil que fue levantada por los vecinos, y años después derribada por el Ayuntamiento, así como “restituir el daño hecho por el equipo de Gobierno, con Cámara a la cabeza, en anteriores legislaturas”.

Cambiemos Murcia participó en el debate del 50º aniversario del barrio murciano de La Paz por medio de su candidato Nacho Tornel, nacido y crecido en esa misma zona de la ciudad. Tornel expuso algunas de las propuestas de la formación, basadas en una reforma “bloque a bloque del barrio como la única manera realista de sacar adelante un proyecto necesario”, y “no mediante proyectos faraónicos como ha pretendido el Partido Popular”.

Para Nacho Tornel, la empresa Urbanizadora Municipal, Urbamusa,“ debe establecer una unidad de actuación con el realojo de los vecinos para ir construyendo nuevos bloques o ampliando los antiguos uno a uno”. “No tiene sentido tirar y levantar el barrio completo, sino ir construyendo y reconstruyendo, dando trabajo en estas tareas a quienes allí habitan para generar empleo en el mismo lugar”. Se trataría de “trabajo garantizado” con contratos de la Administración.

La reforma bloque a bloque tendría que ir de la mano de un plan de emergencia de inversión para la reactivación económica en el municipio, lo que a juicio de Tornel, permitiría la creación de puestos de trabajo reconvirtiendo “el empleo del ladrillo en empleo de rehabilitación de barrios, fachadas, patrimonio artístico y viales, para dar trabajo a la gente que se especializó en la construcción durante los años de la burbuja inmobiliaria”.

El presupuesto podría salir, según el candidato de Cambiemos Murcia, “de los abultados beneficios de las grandes empresas municipales como Emuasa, Cespa o los servicios privatizados como los pabellones deportivos y los sueldos de los asesores del Ayuntamiento”, que “no son técnicos de la NASA sino nietos e hijos de pedáneos”. Y Tornel puso un ejemplo gráfico: “De un sueldo de asesor salen tres de otros trabajadores”. Según Nacho Tornel se podrían conseguir inversiones de programas europeos, pero el Ayuntamiento “no quiere entrar porque Europa te fiscaliza y los del PP no tienen la costumbre de ser fiscalizados”.

Otras propuestas de Cambiemos Murcia irían encaminadas a la educación: Tornel propuso ampliar las funciones del colegio de La Paz, adonde se podría trasladas la guardería pública que se instaló en barracones después de tirar el edificio que la albergaba para comenzar el proyecto de López Rejas, hoy parado por falta de financiación. También incluiría la formación hasta el primer ciclo de la ESO para “para atrapar en el colegio a los chicos que luego no se enganchan a la educación secundaria, lo que no cuesta dinero”. Lo primero, dijo Tornel, era una propuesta aceptada por los técnicos de la concejalía y denegada por la concejala, y lo segundo “lo negaron los señores del PP por no romper su dinámica del no”.

Por último, el candidato de Cambiemos Murcia habló de la necesidad de recuperar los Programas de Cualificación Profesional Inicial, “cuya supresión por parte del Ayuntamiento dejó en la calle a 16 profesores y sin posibilidad de formación a más de 300 alumnos al año”. Ahora “los jóvenes del barrio ni van a la universidad ni tienen formación laboral”.

Cuando se cumple el 50º aniversario del barrio murciano de La Paz, una de las zonas más deprimidas del centro de la ciudad, se están poniendo sobre la mesa una vez más sus problemas, y con mayor intensidad por estar inmersos en campaña electoral. Muchos candidatos se han acercado a hablar con los vecinos, han comprobado la degradación de las viviendas y del entorno urbano y han constatado una vez más la situación generada con el derribo de la guardería pública del barrio, dentro del proyecto urbanístico del promotor López Rejas, hoy paralizado por falta de financiación. La mayoría de las propuestas planteadas desde partidos como PSOE o Cambiemos Murcia, aluden a que el ayuntamiento recupere la iniciativa de las actuaciones y se aproveche la rehabilitación de los edificios, entre otras cosas, como fuentes de empleo.

En esa línea incide Es Ahora Murcia, candidatura ciudadana que lidera Alicia Morales, que se ha comprometido a llevar a cabo una “regeneración integral del barrio, con diseño y ejecución por parte del Ayuntamiento, anulando así el proyecto de López Rejas”. También ha anunciado que impulsará “la rehabilitación de viviendas y la construcción de otras nuevas, la inversión de recursos para la integración social de los vecinos y vecinas, y la puesta en marcha un plan de formación y empleo”. La candidatura de Morales asegura además que “todas las nuevas viviendas necesarias estarían construidas antes de la finalización de la próxima legislatura”.

“Los habitantes del barrio de la Paz se merecen una vivienda digna y es el Ayuntamiento quien debe poner en marcha un proceso para regenerar el área, creando el marco legal más propicio, buscando fondos europeos y creando programas de participación de los vecinos y vecinas”, se explica desde Es Ahora Murcia, para lo cual dicho barrio “debe ser objeto de declaración de 'Actuación de regeneración y renovación urbana', regulada en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas”.

“La finalidad de esta ley”, prosiguen, “es que los poderes públicos deben formular y desarrollar en el medio urbano las políticas de su competencia, de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica, social y medioambiental; cohesión territorial; eficiencia energética y complejidad funcional”.

“Que la rehabilitación de la Paz se ajustase a este marco legal aseguraría el interés general y social de la intervención y que ésta fuera realizada íntegramente desde el Ayuntamiento, evitando así la participación privada y el consiguiente riesgo de especulación urbanística, y dotando de mucha mayor rapidez y agilidad al diseño y ejecución del proyecto”, justifican.

Es Ahora Murcia ha profundizado en sus planes: “El Ayuntamiento elaboraría un proyecto para determinar qué viviendas se pueden rehabilitar y cuántas deben hacerse nuevas; los nuevos edificios se construirían en los espacios comunes sin viviendas ni infraestructuras, y estos pisos de nueva construcción se adjudicarían a los vecinos y vecinas cuyas viviendas no sea posible rehabilitar según los criterios establecidos; se establecería un Plan de Realojo Temporal y otro de Retorno, es decir, trasladar a los nuevos edificios a los vecinos y vecinas cuyas viviendas vayan a rehabilitarse mientras dure la rehabilitación, tras la cual volverían a sus casas”.

“Para que sea viable la operación descrita”, explican, “siendo gestionada exclusivamente desde el ámbito público y en el menor tiempo posible, es necesaria la aprobación de la citada 'Actuación de regeneración y renovación urbana'”. Y para precisar la viabilidad, señalan que “el aumento de la densidad edificatoria del barrio de la Paz se realizaría únicamente hasta el índice que permita que se afronten los gastos de rehabilitación y construcción de las viviendas a través de las plusvalías urbanísticas, para que la nueva construcción no suponga una carga a las arcas públicas municipales, resultando así viable económicamente”.

Para acabar, Es Ahora Murcia contrapone su plan al del Partido Popular, del que dice que “se hizo a medida de los especuladores y no con el fin de beneficiar a los vecinos, ya que se aumentó desmesuradamente el índice de edificabilidad para la obtención de plusvalías urbanísticas”. Según esta formación, tampoco “se contempló la posibilidad de rehabilitación de parte de las viviendas, se quería todo de nueva construcción, lo que supone un mayor coste, y nunca se consideró la gestión pública del proyecto como la más idónea, dejando la iniciativa exclusivamente en manos privadas”.

“La actuación que propone la candidatura municipal encabezada por Alicia Morales no sólo beneficiaría al barrio y al municipio sino a toda la Región, pues la finalidad, además de mejorar la calidad de vida de los más de 5.000 habitantes de las más de 1.500 viviendas afectadas, es también dinamizar económicamente una parte importante de la ciudad que es capital de la Región”, concluyen.

La mesa redonda sobre la situación del barrio de La Paz se celebró en los salones parroquiales de la Iglesia de la Paz y ha contado con la participación como ponentes de José Aledo, de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Alzamora, profesor de  Sociología en la Universidad de Murcia, Juan Antonio Muñoz, miembro de Cáritas Diocesana del Barrio de La Paz, y Jesús Salmerón del Secretariado Gitano.

Miguel Ángel Alzamora habló de “los barrios vulnerables y de cómo éstos son abandonados por las instituciones, de cómo se quiere crear mala imagen del barrio, por ejemplo con las últimas redadas de la policía”. Además apeló a que “la gente se reúna y haga cosas”, pues de esta forma, según dijo, “se ha conseguido que sean muchas las familias que no vean cortado el suministro de agua”.

Juan Antonio Muñoz por su parte se refirió a la bolsa de pobreza extrema que existe en el barrio: “Caritas ha tenido que atender en el 2008 a 240 familias, y en el 2015 ya va por a 360”. “Las carencias son muchas” afirmó, señalando también que en “el Polígono de La Paz se violan sistemáticamente los derechos humanos, hay dinero para otras cosas pero no para ayudar a estas familias”. “La democracia sin derechos no es democracia, y desde Cáritas se aspira a una sociedad en la que no sea necesaria Cáritas para estas cosas”, añadió.

José Aledo incidió en “la falta de recursos de Servicios Sociales para atender las demandas”: “La crisis se está cebando principalmente en los niños de La Paz, son los más necesitados y los menos atendidos”. También aludió a la vergüenza que siente cuando tiene que recurrir a Cáritas “para que atiendan casos para los que ellos no tienen recursos”.

Y por último, Jesús Salmerón incidió en “la importancia de revisar la historia, y cómo se están haciendo las cosas en La Paz”. “Los barrios son organismos vivos que pasan por muchas incidencias, como le está sucediendo a La Paz, dijo, y lamentó que ”de la vulnerabilidad de un barrio algunos intentan hacer negocio“, refiriéndose al ”López Rejismo, enfermedad que ha puesto en peligro la supervivencia del barrio como tal“, según señaló. El acto concluyo con un debate que contó con la participación del público.

¿Cómo está señor López Rejas? Muchos piensan que “desaparecido”.

Estoy bien, y no he “desaparecido”. He estado y estoy dedicado a lo que tengo que estar dedicado, que es a trabajar, no a ser persona pública, que no es mi oficio.

Pero es verdad que después de una etapa de máxima exposición mediática, prácticamente no se sabía nada de usted, hasta esta semana que ha comparecido en el juzgado a consecuencia de la Operación Barraca.

No se sabía nada de mí como de tanta gente de Murcia. Yo no me dedico a la política ni quiero, eso que quede claro, y además en mi periodo más público fue con la intención de mejorar el oficio de promotor inmobiliario y la visión que se tenía en la calle de nuestro trabajo. Creo que lo conseguí. La Asociación de Promotores que presidí alcanzó un puesto representativo en la sociedad aunque todavía no se ha asimilado la diferencia que hay entre promotor y constructor. El promotor yo siempre he dicho que es como un productor de cine que elige a un director que es el arquitecto y a unos actores, que en este caso son los albañiles y los constructores, y que después expone su obra a los espectadores que son los clientes que compran las casas.

Fue una época muy buena para su sector.

Efectivamente. Fíjese hasta qué punto, que se decía que la promoción, digo yo, y la construcción, dicen otros, suponía el 16% del PIB regional. Y yo siempre dije que no, que era el 80%, que había que incluir a todos los que estaban relacionados por su trabajo, desde notarios, registradores, abogados o economistas, hasta la banca. La mayoría de polígonos industriales quedaron paralizados por la crisis. Al final la representación en el PIB, obra pública aparte, del sector de la construcción representaba mucho para la economía.

¿Actualmente a que se dedica? Muchos son los que se preguntan qué ha sido de usted.

Es verdad hay gente que me sitúa incluso en otro país, pero vivo aquí, estoy en Murcia. Sólo me marché durante un año, en 2007, en el que estuve yendo y viniendo a Nigeria.

¿Y en qué trabaja?

Pues en lo mío: promociones inmobiliarias, construcción, obras, dirección de gente y preparación de proyectos, muchos proyectos.

¿Está arruinado?

No. Vivo, sobrevivo, como todo el mundo. Unas veces me va mejor y otras peor, pero vamos, arruinado no estoy.

¿Tiene los mismos amigos que tuvo cuando estuvo en primera línea?

Sí, yo siempre trato bien a todo el mundo. Siempre le digo a mi familia, “no busquéis enemigos gratis que ya vienen solos”.

¿Se arrepiente de su estrecha cercanía al poder político, especialmente al municipal? Incluso se le fotografió con aquella camiseta en un Pleno del ayuntamiento, con el lema “I love Cámara”.

Yo nunca he tenido cercanía al poder político, aunque le cueste creerme. He sido totalmente apolítico.

¿Entonces que pasó? ¿Que los políticos se acercaron a usted?

Creo que tampoco. La gente que me conoce sabe que suelo tener las ideas medio claras, y actualmente estoy en un momento mental que yo denomino ecléctico y que me permite ver las cosas con cierta perspectiva. Ahora creo que entiendo las posturas de todo el mundo.

¿Entonces ni fue ni es tan amigo de los políticos como parecía?

Yo no me he ido a cenar en la vida con ningún político, en la vida, ni he comido, ni me he ido a su casa, ni me ido de viaje, ni he montado en ningún yate.

Esto no se yo si se lo va a creer la gente...

Entiendo que no se lo crean, pero los que me conocen de verdad, como por ejemplo los miembros de todas las Juntas que he tenido en la Asociación de Promotores, saben que es cierto, o los compañeros empresarios de CROEM, donde por cierto yo no era precisamente bien visto por su Junta Directiva... Siempre se me consideró la oveja negra, nunca me admitieron en su directiva. Hice un acta de manifestaciones con cuarenta promotores y llegaron incluso a hacerme un “Consejo de Guerra” en CROEM. Gracias a Dios, yo estaba en esa época yendo y viniendo a Nigeria y allí me acompañaban a todas partes dos “tíos” con metralleta, así que miedo al staff de CROEM no he tenido nunca

¿Tiene relación con Miguel Ángel Cámara, alcalde de Murcia, o con Fernando Berberena, exconcejal de Urbanismo?

No.

¿La ha tenido alguna vez, más allá de lo que por todos se ha visto?

Un tú a tú no he tenido nunca con Cámara, jamás he tenido ninguna reunión privada con él. Siempre han sido reuniones con los vecinos de La Paz o delante de Bofil, o cuando fui presidente de la Asociación de Promotores y estaba delante mi secretario. Le repito que reuniones privadas nunca he tenido con el alcalde de Murcia, ni cosas de esas que la gente pueda imaginarse y que son más propias de películas de miedo. Yo entiendo que se pueda pensar de todo pero la realidad no es esa que se imaginan. Y en cuanto a Fernando Berberena, luego hablaré de él.

¿Qué le pasa o le pasó con Fernando Berberena?

Fernando Berberena es uno de los que más ha paralizado el proyecto de La Paz.

¿Por qué?

No lo sé, pregúnteselo a él.

Lo haré, pero ahora se lo estoy preguntando a usted.

Berberena fue una pieza muy importante para que el proyecto de La Paz se paralizara. Él gobernaba y pudo impulsar que se llevara cabo la remodelación del Polígono, pero no lo hizo, todo lo contrario. Para demostrárselo le puedo poner algún ejemplo por si acaso él lo negara: Cuando llegó el momento de derribar, porque piense usted que había que empezar por ahí, por derribar, al ser una obra de reconstrucción de un barrio, el capitulo uno pasa por demoler lo que hay. No podíamos demoler las viviendas de los vecinos porque viven en ellas, pero sí podíamos demoler aquello que se podía trasladar provisionalmente, para poder construir esos edificios de transición.

La guardería pública.

Sí, en el barrio de La Paz los únicos solares en los que era posible ese traslado eran la guardería y el colegio. La guardería era de gestión municipal y el colegio de gestión regional, por eso se pudo derribar la guardería porque solo había una cabeza que decidía. ¿Por qué no se derriba el colegio primero? Porque el suelo sí era municipal, pero la gestión era de la comunidad autónoma. Yo explico el proyecto entonces a las dos partes, Ayuntamiento y Comunidad. El primero, como tiene potestad en el tema de la guardería, decide que sí, que adelante con la demolición a la misma vez que apoyan la modificación del PGOU y el Plan parcial para la renovación del barrio.

¿Y en la comunidad autónoma?

En la comunidad autónoma me reúno con José Gabriel Ruiz, que era secretario de la Consejería de Educación, y me pide un documento del ayuntamiento en el que se diga que efectivamente el Plan Parcial de La Paz está en desarrollo. Vale, pues yo me dirijo a Berberena y le pido ese documento, estamos hablando de finales del 2007, y hasta el 4 de agosto del año 2008 no me lo da. Cuando lo tengo en mi mano después de pasar por la Concejalía de Urbanismo, llamo a los vecinos y me voy tan contento a la Consejería. Cuando llego allí me dicen que suba solo, subo solo, al despacho, y entonces se me pide un aval de 3.000.000 de euros para derribar el colegio. Al final me entero de que en el camino de la Concejalía a la Consejería, Berberena había llamado a Ruiz para que me pidiera un aval contra la demolición.

¿Y qué interés podría tener Berberena en paralizar La Paz?

Yo tengo mi opinión personal, pero no se la voy a decir. Creo que la rehabilitación de La Paz debería ser un proyecto de todos, y yo estoy de acuerdo en todo lo que dicen los contrarios, Camino e Iracheta entre otros, que afirman que la rehabilitación la debe de hacer la Administración. Pues que la hagan... El problema es que no hay dinero.

Cuando pasa junto al solar donde estaba la guardería, derribada ahora hace ocho años, y como consecuencia de ello los niños están desde entonces en barracones, ¿qué piensa, qué siente?

Los chiquillos están en otros muchos lugares de la región en barracones.

Estos, que siguen ocho años después en barracones, estaban estupendamente en su escuela infantil, en un edificio que se tiró a cuenta de la construcción en él de la primera torre de viviendas de su proyecto de remodelación.

La idea de tirar la guardería y hacer una guardería provisional, era algo provisional. Yo tenía entonces dinero y dos bancos que me apoyaban. Lo que nadie pensaba es esto se iba a dilatar tanto en el tiempo. Yo no hubiera tirado la guardería de La Paz si llego a saber que viene la crisis. Y si llego a saber que viene la crisis, tampoco hubiera habido crisis en mi empresa.

¿Por qué no ha hecho usted finalmente la rehabilitación de La Paz teniéndola aprobada?

No se ha hecho todavía porque ha venido la crisis, pero se va a hacer, se lo aseguro. Para no hacerlo tendía que cambiar el PGOU de Murcia.

¿Y si en mayo cambia el gobierno en la Glorieta?

Pues si entra algún grupo político a gobernar y no quiere hacer la rehabilitación, tendrá que cambiar las leyes, porque aprobado está y lo único que falta para hacerlo es la financiación.

¿Cuándo cree que pueda reactivarse otra vez la rehabilitación?

Todavía estamos en un periodo de maquillaje bancario. En esta región, como en las colindantes, casi todas las entidades bancarias que más hipotecas hicieron entraron en el FROB, y como consecuencia de ello tienen prohibida la financiación hipotecaria hasta principios de 2016. Por lo tanto parece que ahora se puede conseguir dinero fácil al 0%, pero no tienen permiso para prestarlo para hipoteca. En los medios estamos viendo que ha subido la venta de viviendas, pero de momento el mercado inmobiliario ha aumentado su negocio con las viviendas de segunda mano. Hasta que no vuelva la compra sobre plano, esto no se va a mover.

¿Cómo lleva las gestiones para empezar ?

Bien. Hace tres meses firmamos el contrato de construcción con una constructora nacional, y está colaborando con nosotros en buscar fondos de inversión. Estamos también preparando la SOCIMI del Barrio de La Paz, que es una sociedad de capital inmobiliario, lo que eran antes las SICAV; sociedades reguladas en el mercado alternativo de valores, a través de la CNMV, para que sea de alguna manera la que financie y venga de fuera de España, entre en mercado regulado y no tenga una participación en una SL, sino que tenga la confianza de la CNMV., entre comillas, aunque eso no sea ninguna confianza.

Total, que López Rejas no se rinde.

El que piense eso es que no me conoce.

En otro orden de cosas, ¿cuánto sabe de los políticos con los que trató?

Ni sé, ni quiero. No me interesan. Lo único que me interesa de los políticos, es que apoyen mi proyecto de forma consensuada.

Entonces si le importará el resultado de las próximas elecciones de mayo.

No es que me de igual quien esté, pero tampoco me ha demostrado alguien que estando me va a apoyar.

Vamos, si le parece, a hablar un poco de sus problemas con la justicia. Lo último que se sabe es que ha tenido que declarar ante el juez por el Caso Barraca.

Gracias a Dios no estoy metido en ningún lio más allá de la investigación a la que estoy sometido en la operación Barraca, aunque socialmente estoy condenado.

De momento no pesa sobre usted ninguna sentencia judicial. ¿A qué se refiere cuando dice que está condenado socialmente, a la conocida como “pena del telediario”?

Así es y eso lo llevo muy mal. Eso se lleva siempre mal.

Cuénteme de donde viene su relación con Joaquín Peñalver, exjefe de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Murcia, principal imputado en el caso Barraca

En el año 97 yo acababa toda la promoción de la zona de La Seda que hice, y había que buscar más trabajo. Estaba evolucionando la empresa, veníamos de cuarta generación y en la sociedad no se acostumbraba a tener profesionales, ni economistas, ni abogados, ni técnicos... Entonces, después de la crisis del 92 parece que se intentó profesionalizar las empresas, y al hilo de eso Sandra, que es la mujer de Joaquín Peñalver, al que conozco desde hace cuarenta años, es economista y empezó a colaborar con mi empresa. Antiguamente no se hacían 'casting' para contratar, se tiraba de amigos, de conocidos... No existía el departamento de recursos humanos en muchas empresas, y como teníamos relación y ella es economista y yo técnico, empezamos a trabajar juntos. Por aquella época había gente especialista en buscar solares y en buscar gente, estaba de moda la formación de cooperativas y las promociones de esas cooperativas, era lo único que se podía vender. Yo acababa de terminar las promociones de La Seda y estaba buscando otras fórmulas de negocio, así que Sandra y yo nos juntamos, y constituimos una sociedad, que no hizo gran cosa en su principio. Fue en el año 1999 cuando se transmiten las participaciones con tan mala suerte, según parece, que once días antes habían nombrado a Joaquín Jefe de Planeamiento.

Y a usted nunca se le ocurrió pensar que esa sociedad podría traerle complicaciones.

Pues no, porque como dije ante la jueza, en aquella época nosotros no trabajábamos el planeamiento, trabajábamos el solar y su licencia.

Pero no me negará que algunos de sus proyectos sí pasaron por las manos de Peñalver y que usted sabía que era el marido de su socia.

Mire, nosotros trabajábamos en solares de licencia inmediata con cédula urbanística, no nos dedicábamos a comprar limoneros y transformar suelo. Eso eran otras empresas, muy grandes. Y hasta que nosotros no crecimos no pudimos acceder a ese mercado. Cuando ya fuimos grandes, Joaquín no estaba en planeamiento, y aun así esa empresa no tuvo actividad.

¿Estaba usted entre los clientes del despacho particular de Peñalver, o sus proyectos estaban en la Gerencia de Urbanismo dentro de las famosas carpetas naranjas que contenían asuntos de la clientela de este despacho, y que según parece, tenían preferencia sobre cualquier otro presentado para su tramitación y en su caso aprobación?

Un 5% de nuestros proyectos se hicieron en el despacho de la familia Peñalver, entre ellos uno que era en La Manga. Por tanto nada que ver con Murcia. Otro en Villanueva del Rio Segura, tampoco nada que ver con el ayuntamiento de Murcia, donde sólo teníamos una rehabilitación de despachos profesionales, y un estudio de detalle en Zarandona tres. No es en absoluto representativo el trabajo que nos hacían los Peñalver. Teníamos mucha amistad con ellos pero trabajábamos poco con su firma.

Entonces, ¿nunca pagó a Peñalver por algún trato de favor, a través de la sociedad que usted tenía con su mujer?

Todo lo contrario. Yo me he visto perjudicado en un Plan Parcial que desarrollé en La Ñora, por un informe negativo de Joaquín Peñalver, así que todo lo contrario a beneficiado. Perjudicado. Este plan parcial de La Ñora no se aprobó definitivamente, hasta que Joaquín Peñalver dejó su puesto.

¿De verdad que no hubo trato de favor hacia usted?

No lo hubo. En mi familia vamos por la cuarta generación, y siempre hemos querido presentar las cosas por oficio, no por nada para que constaran los plazos. A partir de ahí yo no hacía el seguimiento de los expedientes, cada jefe de obra se encargaba de su proyecto, como no sea que el trato de favor me lo dieron cuando me presenté a un concurso de un solar para VPO, y tengo constancia de la gente que hubo en el jurado que el mío fue el mejor proyecto presentado. Fue un proyecto que hicimos con una arquitecta catalana que se llevó unos premios allí, del Colegio de Arquitectos de Barcelona, y que nos pareció tan interesante que la contratamos para este proyecto de concurso de un solar de VPO. Y siendo el mejor proyecto quedamos los segundos. Ese es el trato de favor que yo recibí.

Estamos terminando. Vaya pensando el titular que me queda una pregunta relacionada con el caso Umbra: ¿Tuvo usted algo que ver en la compra de los terrenos a los suegros de Miguel Ángel Cámara? Según se afirma en el informe patrimonial del alcalde, el dinero de esa venta habría revertido en una cuenta del matrimonio de Cámara.

No, en el Caso Umbra no estoy, y gracias a Dios, en la operación de compra de esos terrenos de los que me habla tampoco, y no estuve en ninguna reunión sobre ese asunto ni sé que hubiera reuniones para convocar a los compradores a participar en esa historia. Yo no estoy en esa operación a pesar de que haya quien quiera o crea que estoy. Por lo único que estoy siendo investigado es por el Caso Barraca, que dicho sea de paso, nació de una falsa denuncia puesta por Francisco Camino Arias, entonces Decano del Colegio de Arquitectos de Murcia.

También está en ese asunto por la relación que tenía con la esposa de Peñalver y el gran número de proyectos que el despacho de su familia realizó para usted, ¿no?

El informe inicial de Fiscalía dice que el estudio de los Peñalver me hizo 600 proyectos, y eso es un disparate. Yo no he hecho en toda mi vida 600 proyectos, y en cuanto a la relación con la esposa de Peñalver ya se lo he contado.

¿Tiene ya el titular?

Pues es difícil... Yo no quiero que la gente me defina como nada, porque no soy nada, ni he hecho nada. Mi condena es por haber estado “ahí”, como dice Pablo Iglesias, el de Podemos. Haber estado con la casta, sin ser de la casta.