La vida política y la biografía personal del expresidente chileno Sebastián Piñera Echenique se vieron signadas por tsunamis y sismos, crisis sanitarias y migratorias, estallidos sociales y resistencias mapuches, incendios forestales y cataclismos mineros. Cuando este empresario multimillonario asumió su primera presidencia el 11 de marzo de 2010, el peor terremoto desde 1960 causaba los mayores daños registrados a la infraestructura nacional y dejaba 500 muertes. La segunda presidencia de Piñera se vio marcada a sangre y fuego por las violencias del estallido social de 2019 y la pandemia de COVID-19.

El líder de Renovación Nacional (RN), el partido de derecha chileno más antiguo que él abrazó y reformó con un decidido giro al centro, se enfrentó a todas las tempestades sin desviarse del norte que le señalaba la brújula de la preservación personal. Pero no pudo escapar de la última fatalidad. El incendio voraz de la región de Valparaíso exhibe máximos daños territoriales y mismo desprecio por la vida humana en febrero de 2024. Este martes, en el momento de la caída fatal en la comuna de Lago Ranco del helicóptero que mató al exaccionista principal de la aerolínea de bandera LAN a sus 74 años, las llamas ya se habían cobrado 20 víctimas.

Dos presidencias distintas

Sebastián Piñera Echenique fue el único presidente de derecha que gobernó Chile desde el fin de la dictadura pinochetista. Sin embargo, falta a su legado el sello de cualquier giro hacia esta orientación ideológica que lo distinguiera con nitidez de la obra de la Concertación de socialistas y democristianos que había gobernado el país latinoamericano hasta que su predecesora Michelle Bachelet le cediera el mando en medio de un terremoto que el ni el presidente ni sus cuadros inexpertos, que jamás habían integrado la administración, sabían cómo afrontar.

O de la Nueva Mayoría de su sucesora, nuevamente Bachelet, que incorporó al Partido Comunista a la Concertación. E incluso de su segundo sucesor, Gabriel Boric, que preside el gobierno más a la izquierda de la historia chilena. Porque tanto Boric ahora como antes Piñera han sido gobiernos de una debilidad tan extrema, por su ausencia de mayorías en el Congreso, y de apoyos exteriores sólidos y firmes, solo comparable a la endeblez padecida por el Gobierno de la Unidad Popular (UP) del derrocado socialista Salvador Allende. 

Un multimillonario en el poder

Al multimillonario le gustaba presentarse, desde el inicio de su carrera política, como un emprendedor. Un empresario de esos que crean riquezas para el país y puestos de trabajo para los pobres. La realidad era diversa: la fortuna de Piñera crecía gracias a su destreza para la especulación y la compra y venta de empresas como LAN Chile, la aerolínea de bandera nacional.

Cuando hizo campaña presidencial, dejó de especular, y un fideicomiso ciego se hizo cargo de la administración de su fortuna, una medida necesaria para evitar ostentosos conflictos de intereses. Como en los casos del italiano Silvio Berlusconi, el estadounidense Donald Trump, el ecuatoriano Guillermo Lasso, el británico Rishi Sunak y el argentino Mauricio Macri –uno de los primeros en llorar la muerte de un aliado y hermano mayor trasandino–, cada vez que un millonario llega al gobierno, un poder que nunca será democrático entra en el Ejecutivo: el poder del dinero.

Del crecimiento económico al estallido social

Sebastián Piñera fue presidente de 2010 a 2014 y de 2018 a 2022.

En su primer mandato, representó a la coalición electoral Alianza por Chile, el equivalente de centroderecha de la centroizquierdista Concertación. Derrotó a su rival concertacionista, el expresidente y candidato presidencial democristiano Eduardo Frei Ruiz Tagle. La victoria de Piñera puso fin a un ciclo de 20 años de poder de la Concertación a la vez que significaba el primer triunfo electoral de la derecha chilena en una elección presidencial desde 1958.

En los años del primer mandato de Piñera, Chile vivió un crecimiento económico acelerado y una simultánea caída del desempleo. Al mismo tiempo, en esos mismos años, varios socios comerciales de Chile, y sus países vecinos, reconocían crecimientos comparativamente muy lentos.

En su segundo mandato, Piñera había sido elegido con los votos de la extrema derecha, como los Republicanos del postpinochetista José Antonio Kast, y con los votos de la desilusión centrista de la Concertación que gobernó Chile durante más años que Pinochet. Se esforzó por encontrar esa ancha avenida del centro que siempre acaba por enangostarse a la hora de buscar la reconciliación entre democristianos y socialdemócratas, por la izquierda, y neoliberales y neoconservadores, por la derecha. 

Esta segunda presidencia quedará marcada por el estallido social de octubre de 2019 y las violaciones de derechos humanos en la violenta represión armada por las fuerzas de seguridad. Se trataba de protestas masivas contra la desigualdad social estructural del régimen económico neoliberal chileno heredado de la dictadura y domesticado, pero no sustancialmente modificado, por las dos coaliciones de centroizquierda y centroderecha que habían gobernado Chile alternándose en el poder durante décadas desde 1989 y que en esto se habían mostrado más concertadas y aliadas que antagónicas entre sí. Una popular consigna es la frase por la que se recordará a Piñera: “No son 30 pesos [los del aumento del billete de metro], Piñera: son 30 años”.

¿Un político de centro?

Llegada a su clímax, Piñera logró frenar la movilización al facilitar un intenso proceso para redactar una nueva Constitución que sustituiría a la Ley Fundamental pinochetista de 1981, aún en vigencia. El pacto entre partidos abrió las puertas al protagonismo de la izquierda independiente con un impulso que la llevó a su victoria electoral y a la actual presidencia de Gabriel Boric. 

Cuando fue elegido, Boric se convirtió en el presidente más joven de la historia chilena y americana. En 1990, Piñera había sido elegido como el senador más joven de la historia de Chile. Un año antes, en el plebiscito de 1988, el político centroderechista que en ese década se había enriquecido como pionero de las tarjetas de crédito votó 'no'. No a la prolongación durante ocho años más de la dictadura cívico-militar presidida por el capitán general Augusto Pinochet, sí a la convocatoria de elecciones presidenciales libres.

Criticado por la izquierda por su apoyo a sectores que habían respaldado la dictadura, el desplazamiento al centro de Piñera para la elección fue visible. Empezó a referirse a quienes defendían a Pinochet como “cómplices pasivos” de la dictadura.

Liberal en economía, de fe religiosa católica, Piñera no fue un neoconservador. Impulsó la entrega gratuita de la píldora del día después, promovió en el Congreso legislación en favor de la unión civil homosexual y en su segundo mandato vio cómo el matrimonio igualitario se convirtió en ley

Todo parecería indicar que de Piñera, que a principios de 2019 llegó a gozar de la popularidad sin par para un presidente en funciones del 54%, queda el recuerdo de un gestor ocasionalmente acertado, generalmente mediocre, siempre corto de miras y de horizontes futuros que solo eran la prolongación de la bonanza económica dada por descontada en un presente donde, sin embargo, ya estaba carcomiéndose.

En estas penurias, Piñera se reveló un auténtico pinochetista: al establecer con la sociedad un pacto fundado sobre promesas prudentes pero no incumplidas de mayores ingresos, mayor poder adquisitivo y mejor acceso al crédito en el medio pero soportable plazo para todas las familias que se entregaran a las manos del mercado benefactor. 

El expresidente de Chile Sebastian Piñera murió este martes al estrellarse el helicóptero que al parecer pilotaba sobre el Lago Rengo, en el sur del país, informó su oficina.

“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del expresidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique. Durante la tarde de este martes 06 de febrero de 2024, el exmandatario sufrió un accidente aéreo en la Región de Los Ríos”, señaló su despacho.

“Oportunamente se informará sobre sus funerales. Agradecemos las masivas muestras de cariño y preocupación que hemos recibido durante estas amargas horas”, agregó. 

Minutos después, la información fue confirmada igualmente por la ministra de Interior, Carolina Toha, quien expresó las condolencias del Gobierno y señaló que el presidente de la República, Gabriel Boric, dio las instrucciones para el funeral de estado que despida al político conservador, que lideró el país en dos ocasiones.

La ministra apenas dio detalles, pero confirmó que en el aparato viajaban otras tres personas -según la prensa, familiares del expresidente- que resultaron heridos.

Según informaciones de prensa, el expresidente iba a los mandos del aparato, quedó atrapado por el cinturón de seguridad, y se hundió en el lago, de donde los servicios de seguridad y emergencia tratan ahora de sacar su cuerpo.

Dos veces presidente

Piñera nació el 1 de diciembre de 1949, en Santiago, era padre de cuatro hijos, fue militante del Partido Demócrata Cristiano (DC), sirvió como embajador en Bélgica y ante la ONU en el Gobierno de Eduardo Frei Montalva.

Graduado en la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tenia un doctorado en la Universidad de Harvard y empezó a trabajar como consultor en instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, mientras que en 1978, asumió la gerencia general del Banco de Talca, cargo que dejó en 1980.

En 1989, lanzó su campaña como candidato independiente a senador por la Región Metropolitana, para las elecciones parlamentarias del mismo año, las que ganó.

Tras ser elegido, ingresó como militante del partido conservador Renovación Nacional (RN), que presidiría a partir de 2001. Cuatro años más tarde se presentó por primera vez a la presidencia del país, cargo que lograría en enero de 2010, año en el se enfrentó a una segunda vuelta a Frei Ruiz-Tagle.

En esta, se impuso con el 51,60 % de los sufragios por sobre el candidato de la Concertación que logró el 48,39 %. El 11 de marzo de 2010 asumió la Presidencia de Chile, que ejerció hasta el 11 de marzo de 2014.

Volvió a ser elegido en 2018, en un segundo mandato muy polémico en el que tuvo lugar el “estallido social”, la mayor protesta popular en Chile desde el fin de la dictadura, que fue brutalmente reprimida.

Según la prensa local, a lo largo de su vida, el exmandatario generó una gran fortuna debido a sus inversiones, las que involucran diversos negocios, desde las aerolíneas hasta los equipos de fútbol. Aunque hace años no se dedicaba a la administración directa de sus empresas, sino que a la compra y venta de estas, y a la participación en sus directorios.

Mensaje de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado sus condolencias a la familia y amigos del expresidente de Chile, Sebatián Piñera, fallecido este martes en un accidente de helicóptero. Sánchez ha asegurado sentirse “consternado por la trágica muerte” de Piñera en un mensaje publicado en X.

El líder socialista ha recordado además que coincidió con Piñera durante su mandato en Chile, años en los que “estrechamos los lazos entre nuestros dos países y juntos hicimos posible la COP 25 en un momento crucial para la lucha contra la emergencia climática”.

Otra gran fortuna latinoamericana en la larga lista de ultrarricos atraídos por Madrid. Se trata del discreto multimillonario chileno Guillermo Harding, que se hizo de oro con la venta de la mayor cadena de farmacias de su país, Cruz Verde, tras formar un cártel con sus dos principales rivales para inflar los precios de cientos de medicamentos en Chile, en uno de los casos de falseamiento de la competencia más graves de la historia de ese país.

Según documentación oficial, Harding ha notificado recientemente al Registro Mercantil de Luxemburgo, donde administra una sociedad con cerca de 1.100 millones en activos, su nuevo domicilio profesional en Madrid. Ha cambiado el barrio de Vitacura, en Santiago de Chile, por el número 14 de la céntrica calle de Alcalá, donde se encuentra el complejo de viviendas de ultralujo del Centro Canalejas. 

Este multimillonario chileno posee una de las 22 exclusivas viviendas que desarrolló allí OHL. Como es conocido, la constructora que entonces todavía pertenecía a la familia Villar Mir promovió en un conjunto de siete edificios históricos junto a la Puerta del Sol un complejo que incluye un hotel de la cadena Four Seasons, una exclusiva galería comercial y el que en su momento fue el lote de pisos más caro de la capital de España: 22 apartamentos que se vendían a unos 15.000 euros el metro cuadrado, con un precio medio de 4,7 millones de euros por unidad, según contó en 2021 Cinco Días.

Una de esas viviendas, en la planta siete, pertenece a Harding, que también tiene allí varias plazas de garaje. Todo a nombre de una empresa española de nombre impronunciable, Jungfernstieg Inversiones, de la que es administrador único y propietario. La vivienda está “arrendada”, según indica en sus últimas cuentas esa sociedad, constituida en 2021 y cuya denominación social remite a un bulevar en Hamburgo (Alemania).

No es la única propiedad de Harding en la capital de España. El chileno es también administrador único de la inmobiliaria española H4H Asesoría e Inversiones, en la que su hijo Guillermo, con el que elDiario.es contactó sin obtener respuesta, figura como “director” en Madrid en su perfil en LinkedIn desde septiembre de 2021.

Constituida en 2021, H4H tiene casi 7 millones en activos: “Un inmueble que la Sociedad adquiere en mayo del 2022 y que en estos momentos está reformando para instalar sus futuras oficinas en Madrid”, dice en sus últimas cuentas.

De acuerdo con el Registro de la Propiedad, el inmueble tiene unos 650 metros cuadrados de superficie y está en un edificio en la Plaza de la Lealtad pegado al hotel Ritz, junto a la Bolsa de Madrid y a tiro de piedra del Parque del Retiro. 

Dinero en una socimi

Harding, que en Chile reinvirtió en inmobiliario con las millonarias plusvalías de la venta de Socofar, la matriz de las farmacias Cruz Verde, tiene más inversiones en ladrillo español. Otra de sus empresas aquí, Senex Mundi Inversiones SL, la más antigua (se creó a finales de 2017), cerró 2021 con 8,5 millones en activos, según sus últimas cuentas disponibles, formuladas el 31 de marzo. La mayor parte eran suscripciones de ampliaciones de capital en varias firmas, entre ellas, el family office Mazabi y la inmobiliaria cotizada (socimi) Healthcare Activos Yield.

Esta última está especializada en residencias de ancianos en España, donde tiene su sede, aunque cotiza en la Bolsa de París. Por su parte, Mazabi gestiona un patrimonio inmobiliario de unos 1.700 millones para 40 grupos familiares en 14 países. Suya es la socimi Silicius, cuyo primer accionista (24,17%) es El Arverjal SL, sociedad con la que familiares políticos de Esperanza Aguirre dieron un pelotazo multimillonario con los terrenos de Valdeluz en Guadalajara, en un páramo a 13 kilómetros de la capital alcarreña en el que el Gobierno de José María Aznar decidió ubicar una estación de AVE a finales de los 90.

Lejos de Guadalajara y Madrid, y a miles de kilómetros de Chile, en Luxemburgo, está la sociedad que concentra el tesoro de Harding en Europa. Allí el chileno, que el próximo 26 de octubre cumplirá 72 años, figura como administrador de una société de gestion de patrimoine familial (SPF), Covadonga Investment, junto a sus hijos varones, Felipe Andrés y Guillermo Jesús Harding Delgado, de 30 y 40 años, respectivamente.

Esta firma sin empleados fue constituida en el Gran Ducado por cinco sociedades gestionadas por una firma suiza de gestión de patrimonios. Se creó en plena pandemia, el 30 de septiembre de 2020, meses después de cerrarse la venta del 100% de Cruz Verde.

En las cuentas de 2022 que presentó hace unas semanas, Covadonga Investment declaraba unos activos de 1.096 millones de dólares. La mayor parte, “inversiones” que no detallaba. Sus pérdidas fueron de 194 millones, por ajustes de valor de activos financieros durante el ejercicio, frente al beneficio de 116 millones de un año antes.

Esos 1.100 millones de dólares se aproximan a la valoración que se dio en su momento, deuda incluida, al grupo Socofar, dueño de Cruz Verde, cuando fue adquirido por Fomento Económico Mexicano (Femsa). Esta última es un gigante con más de 350.000 empleados y 34.500 millones de dólares de facturación, dueño de la mayor embotelladora de Coca-Cola en el mundo. Hasta este año ha sido accionista relevante de la holandesa Heineken, la segunda cervecera mundial.

La venta de la dueña de Cruz Verde se hizo en dos fases: hace ocho años, en septiembre de 2015, Harding vendió el 60% de ese grupo, matriz de esa cadena de farmacias, de los laboratorios del mismo nombre y de una cadena de perfumerías, Maicao. Y en enero de 2020, Femsa ejerció la opción de compra del 40% restante de Socofar. Su principal activo, Cruz Verde, nació como una farmacia fundada por Harding en 1984 en el centro de la ciudad de Viña del Mar. Hoy es la mayor cadena de Chile, con más de 700 locales y 6.300 trabajadores, según su web. 

La relación entre Harding y los mexicanos no acabó bien, con arbitrajes cruzados, acusaciones de incumplir el pacto de accionistas que firmaron en su momento y reclamaciones del grupo mexicano por las indemnizaciones que tuvo que realizar Socofar para paliar los daños a la competencia que realizó Cruz Verde junto sus rivales Farmacias Ahumada y Salcobrand con esos acuerdos ilegales.

Las tres empresas protagonizaron el que se ha considerado uno de los peores cárteles de la historia de Chile. Entre diciembre de 2007 y marzo de 2008, manipularon los precios de 222 medicamentos, algunos de ellos destinados a personas con enfermedades crónicas, como el párkinson, el trastorno bipolar, la insuficiencia cardíaca, el asma, la diabetes o la esquizofrenia.

La multa impuesta en 2012 a las dos infractoras que optaron por no cooperar con la investigación, Salcobrand y Cruz Verde, fue de unos 19 millones de dólares para cada una, la máxima que entonces permitía la ley chilena.

El procedimiento se inició tras la apertura de una investigación de la Fiscalía Nacional Económica de Chile y tuvo una derivada en noviembre de 2020. Tras un acuerdo extrajudicial como consecuencia de una demanda colectiva, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) de Chile obligó además a esas dos empresas a indemnizar a 53.000 clientes, los “más vulnerables” y afectados por los sobreprecios, de hasta el 3000%. 

El cártel de las farmacias, que tiene su propia entrada en la Wikipedia, generó un fuerte polémica en ese laboratorio neoliberal que ha sido Chile durante décadas. Hubo llamadas al boicot por parte de las asociaciones de consumidores, disturbios en las calles y proliferaron las “farmacias populares” y comunales, con precios intervenidos por la Administración, y que ya se cuentan por centenares.

El caso tuvo también su derivada política. Al iniciarse la investigación se supo que el entonces candidato conservador a la presidencia y a la postre presidente del país, el también empresario y multimillonario Sebastián Piñera, era accionista de una de las infractoras, Farmacias Ahumada. Piñera, otra de las grandes fortunas chilenas, vendió sus acciones tras asegurar que “no sabía que las tenía”.

Al escándalo de las farmacias chilenas se refirió la socialista Michelle Bachelet, entonces presidenta, en un discurso a la nación del 21 de mayo de 2009: “Cuesta imaginar que la codicia de esos ejecutivos los lleve a ese extremo, ponerse de acuerdo para subir los precios de los remedios sin pensar ni un minuto en la salud de las personas. Mi indignación, estoy segura, es la misma que la de todos los chilenos”.

Uno de esos ejecutivos era Guillermo Harding, el fundador de Cruz Verde, que en esos años era máximo responsable de la compañía y ahora es poseedor de uno de esos exclusivos apartamentos en el centro de Madrid solo al alcance de unos pocos. 

El empresario, ingeniero civil mecánico de la Universidad Federico Santa María, ha vuelto al sector que le hizo multimillonario con la compra a la estadounidense Walgreens Boots Alliance (WBA), este mismo año, de Farmacias Ahumada, la tercera cadena del sector y la misma de la que fue accionista Piñera.

Harding lo ha hecho aliado con el empresario Gabriel Ruiz-Tagle, que fue ministro de Deportes con Piñera. Expresidente del club de fútbol Colo-Colo, por cuya venta está siendo investigado en su país por un supuesto delito de uso de información privilegiada, Ruiz-Tagle también tiene su propia sociedad patrimonial familiar en Luxemburgo y aspira a que la justicia chilena le deje salir del país con destino a España. Pero esa ya es otra historia.

Tal y como apuntaban las encuestas, el balotaje presidencial —segunda vuelta— de Chile se disputará entre el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, y el representante de la izquierda, Gabriel Boric. Kast se ha impuesto en la primera vuelta con un 27,9% de los votos, mientras que Boric quedó segundo con el 25,8%. Una sorpresa para muchos, ya que la mayoría de pronósticos apuntaban al triunfo de la izquierda en esta primera ronda. Solo dos puntos de diferencia separan ambos candidatos, la cifra más estrecha en los últimos 20 años entre las dos primeras mayorías que ganan en primera vuelta.

“Hemos dado el primer paso para que la esperanza sea una realidad. Vamos a recuperar la paz, el orden, el progreso y la libertad. Nos liberaremos del narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia y la violencia […] La única candidatura que traerá la paz es la nuestra”, dijo Kast con una bandera chilena en sus manos, desde el escenario donde celebró su triunfo. Abogado de ultraderecha y negacionista de la dictadura, Kast ha recuperado la figura Augusto Pinochet (1973-1990) y de su régimen. 

Boric, con 35 años, aspira a ser el presidente más joven de Chile. Procedente del movimiento estudiantil, dio el salto a la política y ha sido diputado durante dos legislaturas. Ahora disputará la segunda vuelta para llegar a La Moneda. En su comando, la noche se vivió con mucha incertidumbre e inquietud durante las primeras horas del recuento, cuando la diferencia entre ambos era de más de cuatro puntos. Su voto se concentró en la Región Metropolitana y fue aumentando a medida que avanzaba el escrutinio que llegaba desde la capital y alrededores. 

“Los resultados dan cuenta de que Chile no ha cambiado del modo que parecía”, dice el académico de la Universidad Alberto Hurtado y especialista en Comunicación Política, Fernando García Naddaf. En su opinión, “la campaña de Kast logró sintonizar más con los temores que emergieron en el último tiempo: la delincuencia al alza, la violencia de las movilizaciones, la crisis migratoria y la violencia y complejidad con la zona mapuche”. Para María Cristina Escudero, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Kast ha logrado convocar el voto de fuera de la Región Metropolitana, en zonas rurales, donde la mayoría no participó en las últimas elecciones de constituyentes, que dieron buenos resultados para las candidaturas independientes y de izquierda.

Fuerzas tradicionales en declive

Las dos coaliciones tradicionales de la política chilena –Chile Podemos Más, por la derecha, y Nuevo Trato, por la centro-izquierda– fueron las grandes perdedoras de la noche. Por primera vez desde el retorno a la democracia, en 1991, han quedado excluidas del balotaje que se celebrará el próximo 19 de diciembre. 

“No nos fue bien, es bueno reconocerlo […] Los chilenos decidieron que otras personas pasaran a segunda vuelta”, dijo Sebastián Sichel, candidato por la derecha, quien sumó el 12% de votos. Por su parte, Yasna Provoste, abanderada de la centro-izquierda, con el 11,7%, lamentó: “Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos”. La derrota de ambos ha sido tal que incluso el candidato Franco Parisi, que vive en Estados Unidos y no ha pisado el país en toda la campaña, ha logrado superar sus resultados y quedar en tercera posición. 

Sin embargo, para la integrante de la Red de Politólogas, Julieta Suárez, estos malos resultados no se traducen en su extinción del mapa político: “El centro no ha desaparecido, porque en las elecciones legislativas le fue bien”. Este domingo también se renovaron los 155 diputados y diputadas y un tercio del Senado, donde la derecha obtuvo los mejores resultados. Sus diputados, además, pueden sumar una mayoría en la Cámara Baja si se articulan con los escaños que obtuvo la ultraderecha. “A pesar de la elección presidencial, en el Congreso a la derecha y centro-izquierda tradicional les fue bien y siguen siendo una fuerza importante para la toma de decisiones”, dice Escudero. 

Hacia la segunda vuelta

“Se viene una segunda vuelta muy dura, muy polarizada”, dice Fernando García. Según él, Kast mantendrá la estrategia de asociar a Boric con Venezuela y Nicaragua, con la crisis migratoria y a la complejidad de la región mapuche, donde en los últimos meses el conflicto con el Estado chileno se ha intensificado. Boric, por su parte, debiera asociar a Kast con el dictador Augusto Pinochet (1973-1993), su legado y el fascismo. “Ese choque es muy violento y se notará en las próximas semanas”, anticipa. “Va a haber mucho mensaje de miedo de un lado hacia el otro”, añade María Cristina Escudero. 

Desde las elecciones de 1990 hasta ahora, hay una dinámica electoral que se ha cumplido siempre: el candidato que gana las elecciones en primera vuelta, se proclama ganador de la segunda vuelta. Si Boric quiere convencer al resto de fuerzas de la oposición para que le entreguen su apoyo de cara al balotaje, tendrá que iniciar diálogos y, probablemente, modificar algunos puntos de su programa para acercarse más al centro. Por ahora ha recibido el apoyo público del Partido Socialista. “No caigamos en ninguneo ni desprecio por quienes optaron por otras alternativas, debemos escuchar y entender por qué las tomaron”, dijo durante su discurso como guiño a esta otra parte del electorado. También Kast ha dado señales de querer ampliar su mayoría: “Tenemos que empezar a convocar a muchas más personas, tenemos que ir por todos aquellos que por alguna razón no se atrevieron a votar por nosotros”, dijo. 

“Para el balotaje veremos mensajes más conciliadores para atraer los votos que están al centro de ambos lados y para que la gente no se quede en su casa”, dice María Cristina Escudero. A pesar de la relevancia de la convocatoria, la participación fue del 47,3%, menos que en el plebiscito constitucional y la elección de constituyentes. La capacidad de movilizar a los electores será un factor clave para el resultado final del próximo 19 de diciembre. 

El Gobierno y, en particular, el presidente chileno Sebastián Piñera respiraban tranquilos la mañana de este martes. Aunque el Senado tendría que votar el impeachment (acusación constitucional) en su contra por las revelaciones de los Papeles de Pandora, sabían a ciencia cierta que la oposición no tenía los votos, por lo tanto, la acusación no saldría adelante. “No tenemos ninguna duda de que hoy día el Senado va a estar completamente a la altura y que no va a haber los votos para destituir al presidente […] se requieren 29 votos, la oposición tiene 24, por lo tanto, es evidente que la acusación no va a prosperar”, aseguró el subsecretario general de la Presidencia (Segpres), Máximo Pavez. No hubo sorpresas. 

Aunque la sesión se alargó hasta casi las 23 horas de la noche, a las 20.30 horas se confirmó que el impeachment no avanzaría porque falta de cuórum. De hecho, a diferencia de la votación del martes pasado en la Cámara de Diputados, el juicio del Senado siempre se dio por perdido. Por 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención en el primer capítulo, que se refería a “haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes”; y 22 a favor, 20 en contra y una abstención en la segunda parte, que apuntaba a “haber comprometido gravemente el honor de la nación”, el texto se rechazó. A pesar de que la mayoría optó por la destitución del presidente y que la oposición se cuadró en sus votos, la cifra no fue suficiente porque, a diferencia de la votación en la Cámara Baja que solo necesitaba la mayoría, en el Senado se requerían dos tercios de los senadores en ejercicio.

La abstención la marcó el senador Manuel José Ossandón que, si bien es parte de la misma coalición del Gobierno, hace tiempo que muestra diferencias con el mandatario: “Todos sabemos quién es él, cuáles son sus formas, dónde están sus límites y lo que ha hecho en su vida empresarial y política. Yo he dicho siempre que no comparto las maneras en que ha mezclado la política y los negocios, lo privado y lo público, porque creo que no ha sido capaz de poner límites”, dijo. Aunque aseguró que “la acusación no tiene ningún sustento probatorio”, continuó: “Quizás la decisión que voy a tomar genere más de una crítica, pero estoy tranquilo porque sé que lo estoy haciendo en conciencia”.

Ambiente de “indiferencia”

“Esperábamos que el Senado actuara auténticamente como un jurado, pero vimos senadores que, pese a escuchar argumentos irrefutables, tenían el voto previamente redactado”, criticó el abogado defensor de Piñera, Jorge Galvéz, al terminar la sesión. El portavoz del Gobierno, Jaime Bellolio, por su parte, dijo que durante la exposición de varios parlamentarios hubo “repetición de un conjunto de mentiras, de fake news” y, aunque valoró el rechazo del impeachment –“infundado, falso, mentiroso”, dijo–, admitió estar “tristes” en el gobierno porque “no se quisieron escuchar los argumentos y más bien se repitió el mismo espectáculo de la Cámara de Diputados”. 

La Cámara Baja aprobó la acusación la semana pasada con los 78 votos de la oposición en una maratónica sesión de más de 22 horas, en la cual el diputado socialista Jaime Naranjo habló durante casi 15 horas para esperar el voto clave –que sumaba la mayoría– de un parlamentario que estaba en cuarentena. La jornada se vivió como una especie de reality que la ciudadanía siguió con atención y que fue transmitida por todos los canales, emisoras y por redes sociales. Una situación muy distinta a la ocurrida este martes: “Para la ciudadanía, el juicio a Piñera se hizo la semana pasada. Hoy [por este martes] el ambiente en Santiago y en las otras ciudades del país era de indiferencia; la acusación pasó a segundo plano”, dice el politólogo del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile Jaime Baeza. Según la encuesta Pulso Ciudadano, que preguntó a más de 1.600 personas, el 64% de la población estaba “de acuerdo o muy de acuerdo” con la acusación constitucional al presidente. 

Momento, Antecedentes y Fundamento

La tramitación de la acusación ha coincidido con la recta final de la campaña para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el próximo domingo. La campaña está muy polarizada entre el candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, y el de la izquierda, Gabriel Boric, a quienes las encuestas dan el pase a segunda vuelta. Aunque los diputados de la Cámara se esforzaron para que el texto se votara antes de los comicios, para algunos senadores este no era el mejor momento para impulsar un impeachment, a cuatro meses del cambio de mando y en medio de una crisis social y política: “Hubiera preferido que esta acusación se hubiera producido en otro momento”, dijo el senador socialista José Miguel Insulza, antes dar su voto a favor de la destitución. “Aunque el timing no era el mejor, si hubiese sido en otro momento, el resultado habría sido el mismo”, dice Baeza. Según el académico, aunque “el resultado no tendrá efecto en las elecciones del domingo”, a los diputados de oposición “les permitió mostrar un momento unidad que no habían tenido en los últimos años, y para muchos [diputados] era un problema de principios”. 

Sin embargo, abogados constitucionalistas han expresado, ley en mano, las dificultades para que la acusación pudiese prosperar: “Se refiere a presuntos actos y omisiones ocurridas antes de la actual administración del acusado, y la Constitución solo autoriza a condenar a un primer mandatario por actos de la actual administración, durante la misma, y hasta seis meses después de transcurrido el fin del período de que se trate”, dice Javier Couso, abogado constitucionalista de la Universidad Diego Portales.

En su opinión, si bien “el presidente es una persona que se ha caracterizado por actuar al límite de la Constitución y la ley, el Senado no puede seguir su ejemplo, y actuar al margen de la misma, condenando a alguien por hechos u omisiones que –aunque estuvieran probados, que no lo están– ocurrieron en su primer gobierno, entre 2010 y 2014, o antes de su segundo período, de 2018 a 2022”.

Los Papeles de Pandora vinculan al mandatario chileno con presuntas irregularidades por la venta de un proyecto minero en Islas Vírgenes Británicas en 2010. Su versión siempre ha insistido en que la venta de la minera Dominga es un hecho ya conocido e investigado en 2017. Sin embargo, la Fiscalía ha reabierto el caso y por primera vez un presidente chileno es investigado por su función pública.

Las últimas horas de la política chilena han sido intensas, una especie de reality que la ciudadanía ha seguido con atención y que ha sido transmitido por todos los canales, emisoras y por redes sociales. El desenlace ha sido la aprobación del impeachment (juicio político para destituirlo) contra el presidente, Sebastián Piñera, tras las revelaciones publicadas en los Papeles de Pandora que lo vinculan a presuntas irregularidades por la venta de un proyecto minero en Islas Vírgenes Británicas en 2010. 

Tras una jornada de 22 horas, la Cámara de Diputados validó la acusación –la segunda que afronta Piñera en su mandato–, que por primera vez llevará a un presidente de Chile a ser enjuiciado por el Senado. La extensión del debate, en el que solo intervinieron el diputado socialista Jaime Naranjo –como acusador– y el abogado de Piñera –como defensa–, fue parte de la estrategia que adoptaron los partidos de centro-izquierda e izquierda. La oposición necesitaba ganar tiempo para contar con el voto clave, necesario para alcanzar la mayoría, del diputado Giorgio Jackson, que estaba confinado, y lograr así que la votación se concretara a su favor. 

“Teníamos dos caminos: aceptar la derrota porque había parlamentarios que no podían participar en la votación o aplicar la que yo llamo 'Ley Lázaro', que implicaba que quien hiciera la defensa hablara 'hasta que los enfermos caminen', es decir, hasta que se le levantara la cuarentena al diputado”, cuenta Naranjo, veterano de la política de 70 años, a elDiario.es.

Como un ayuno

En un discurso de 1.300 páginas que leyó durante casi 15 horas, demostró sus dotes de oratoria hasta pasada la una de la madrugada. Se preparó pensando que “estaba haciendo un ayuno” –dice– como había hecho tantas veces durante la dictadura de Pinochet, y con el apoyo de varios parlamentarios que lo alentaron durante toda la exposición: “Todos entendimos que era una acción de solidaridad política”.

Acusó al gobernante de “comprometer gravemente el honor de la nación”, pero fue la parte final de su discurso la más destacada: “Espero que esta Sala apruebe la acusación, si no el país juzgará a aquellos parlamentarios que se opusieron o votaron en contra. Chile juzgará y el pueblo de Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad”, dijo.

Durante su disertación, Naranjo bebió agua, comió pasas, paró en un par de ocasiones durante 15 minutos para ir al baño e incluso pasó una revisión médica. La estrategia implicó también varias maniobras dilatorias como reclamar por el mal funcionamiento del sistema informático, leer extensos fallos judiciales o releer partes del texto varias veces.

Uno de los momentos más polémicos fue cuando interrumpió su discurso para alegar la falta de quórum en la sala y pedir que se suspendiera la sesión: “Yo le diría al secretario que está siendo ministro de fe que cuente los diputados porque a mí no me dan 57”, dijo. Luego se escuchó a través del micrófono abierto cómo decía a sus pares: “Salgan, salgan ustedes para que no haya 57”.

El momento esperado

A las 12 en punto de la noche, mientras Naranjo seguía su elucubración, toda la atención se trasladó a Santiago, donde el congresista Giorgio Jackson, de la coalición de izquierda Frente Amplio, salía de su casa camino al Congreso de Valparaíso, a 100 kilómetros de la capital.

A esa hora terminaba el confinamiento que le impuso la autoridad sanitaria luego de declararlo contacto estrecho de Gabriel Boric, diputado y candidato a la presidencia del frenteamplismo y el Partido Comunista, contagiado de COVID-19 la semana anterior. Jackson retransmitió en directo parte de su viaje en una conexión que en un momento fue seguida por más de 20.000 personas. 

Jackson era el voto 78 que la oposición necesitaba (habiendo perdido el de Boric) para sacar adelante el impeachment y su presencia en la Sala era imprescindible. Apenas entró al hemiciclo, Naranjo dio por terminado su discurso entre aplausos y ovaciones de los parlamentarios opositores. Luego ambos se abrazaron en un gesto que fue interpretado como una señal de unidad opositora: “Fue como decir que las fuerzas de centro-izquierda y de izquierda se unen para enfrentar los desafíos que el país necesita”, dice Naranjo.

Para él, demostrar esa unidad de la oposición ha sido uno de los puntos relevantes de su intervención: “Muchas acciones políticas han fracasado por esta falta de generosidad y de acuerdo”.

Poco antes de la medianoche, también llegó el diputado demócrata cristiano Jorge Sabag, otro de los votos indispensables. Aunque en la mañana había informado de las dificultades para acudir a la votación por encontrarse en el sur del país, su zona, donde esperaba el resultado de una PCR que se había realizado para descartar la COVID-19, terminó asistiendo presionado por su partido y sin hacer caso a las autoridades sanitarias que le recordaron que debía aislarse hasta conocer el resultado de la prueba. Ahora afronta un sumario sanitario por incumplir presuntamente las normas sanitarias.

Piñera, “frustrado”

La votación final tuvo lugar casi a las ocho de la mañana del día siguiente, con Naranjo como protagonista indiscutible de la sesión. Para algunos se trató de una jornada épica y convirtieron al socialista en una suerte de “héroe” nacional. Para otros, en cambio, fue un “espectáculo bochornoso” de la oposición.

Según trascendió en la prensa, Piñera siguió atentamente la sesión y se sintió “frustrado” por el resultado final. Su versión siempre ha insistido en que la venta de la minera Dominga es un hecho ya conocido e investigado en 2017. Pero ahora se ha reabierto el caso y por primera vez un presidente chileno es investigado por la Fiscalía por su función pública.

Este miércoles, por primera vez, el presidente se refirió a la votación en la Cámara de Diputados: “Obedece a un clima enrarecido que estamos viviendo en la política chilena” y tiene un claro e injustificado interés electoral“, dijo. Además, se mostró ”confiado“ en que el Senado, que actuará como juez el próximo martes, ”va a desechar totalmente esta acusación“. Mientras, el presidente podrá seguir ejerciendo sus funciones, pero no podrá salir del país.

Una votación trascendente

El proceso de tramitación de la acusación contra el presidente no puede desvincularse de las elecciones. La primera vuelta de las elecciones es el domingo 21 de noviembre y el Gobierno está atento al impacto que esto puede tener en la campaña del candidato de derecha, Sebastián Sichel, su abanderado, que ha perdido adhesión a favor del líder de la extrema derecha chilena, José Antonio Kast.

La campaña está muy polarizada entre Kast y Boric, a quienes las encuestas dan el pase a segunda vuelta, y el proceso de reprobación constitucional está marcando fuertemente la recta final. Los esfuerzos de la oposición para votar el impeachment antes de los comicios han dado resultado: la votación final del Senado tendrá lugar el próximo martes, solo cinco días antes de los comicios. Una eventual destitución del mandatario podría hundir a su grupo político. Sería también la primera vez desde el retorno a la democracia que un mandatario de Chile termina anticipadamente su mandato. La última vez que ocurrió fue con el golpe de Estado militar contra Salvador Allende en 1973. 

De momento, en la Cámara Alta no hay votos suficientes para apartar al presidente: se necesitan 29 y la oposición cuenta con 24 senadores. “Es casi imposible”, dice Naranjo. “Lo importante no es el resultado, sino el proceso y el proceso que vivimos desde que impulsamos la acusación hasta ahora ha sido muy pedagógico y enriquecedor”.

Considera que lo hecho ha valido la pena por varias razones: “La potente señal que se dio al país de que, por muy alto que sea el cargo que ocupe una figura pública, no puede quedar en la impunidad y también para demostrar a las nuevas generaciones que creen que todo se consigue mediante la violencia que, a través de una acción extrema, a través de la no violencia activa, se pueden lograr objetivos”. 

La Cámara de Diputados de Chile ha aprobado este martes celebrar un juicio político para destituir al presidente del país, el conservador Sebastián Piñera, por supuestas irregularidades en la venta de un polémico proyecto minero.

Tras una maratoniana sesión parlamentaria de casi 24 horas, los diputados han resuelto por 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones que la acusación constitucional avance al Senado, el órgano que se encargará de juzgar al mandatario por el escándalo revelado en la investigación los papeles de Pandora

La oposición necesitaba 78 de los 155 escaños para aprobar la acusación que presentó el pasado 13 de octubre y en la que acusó al gobernante de haber faltado al principio de “probidad” y “comprometer gravemente el honor de la Nación”.

15 horas de discurso

“Espero que esta sala apruebe la acusación constitucional, (...) Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad en el país”, ha asegurado el diputado encargado de exponer los argumentos a favor del juicio político, el socialista Jaime Naranjo, al final de su larguísima intervención.

Naranjo ha dado un discurso de cerca de 15 horas para permitir que el parlamentario Giorgio Jackson, del izquierdista Frente Amplio, finalizara su cuarentena y pudiera acudir a votar.

“Esto era un gesto de solidaridad política. Es bueno en todo momento enseñar, ayudar y apoyar a las generaciones más jóvenes”, ha dicho el veterano parlamentario, de 70 años.

Jackson se encontraba confinado hasta las 00:00 hora local del martes por ser contacto estrecho del candidato presidencial Gabriel Boric, contagiado de COVID-19 la semana pasada.

El voto telemático, que estuvo en vigor durante los meses más duros de la pandemia, no estaba habilitado en esta ocasión porque ya no rige el estado de excepción, por lo que la presencia de Jackson en el hemiciclo era fundamental.

También ha generado inquietud la presencia del diputado democristiano Jorge Sabag, quien por la tarde había presentado cierto malestar físico, que retrasó su llegada desde la sureña ciudad de Chillán a la Cámara Baja, en Valparaíso

La estrategia elegida por la oposición para retrasar la votación, fuertemente criticada por el oficialismo, se conoce como filibusterismo parlamentario y es usada en distintos países del mundo, entre ellos Estados Unidos.

Recta final de campaña

La acusación contra el presidente se discutirá en el Senado –donde se requiere un quórum más alto de dos tercios– apenas unos días antes de que Chile celebre el 21 de noviembre las elecciones más trascendentales e inciertas de su historia reciente en las que se decidirá precisamente al sucesor de Piñera.

Los Papeles Pandora revelaron presuntas irregularidades en la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas a un íntimo amigo de la familia presidencial, apenas nueve meses después de que este asumiera el cargo para su primer mandato no consecutivo (2010-2014).

Piñera, una de las fortunas más grandes de Chile, defiende que se desvinculó de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en 2009 y que lo revelado ya fue sobreseído en 2017.

“Con lo que hemos vivido hoy y la manera en la cual fue preparada la acusación, improvisada para efectos de situar su discusión a pocos días de una elección, cómo no entender que la política es una actividad que tiene mala fama”, ha indicado en el hemiciclo el abogado del gobernante, Jorge Gálvez, que ha hablado durante más de seis horas.

El juicio político, que una comisión parlamentaria dijo el viernes que era improcedente en un informe no vinculante, corre a la par de una investigación en el Ministerio Público por posibles delitos tributarios y de cohecho en la misma operación.

Se trata del segundo intento de juzgar políticamente a Piñera, tras el fallido conato de noviembre de 2019 por presuntas violaciones a los derechos humanos en medio del estallido social, las protestas más graves desde el fin de la dictadura. Desde el retorno a la democracia en 1990, en Chile todos los presidentes han terminado su mandato.

Todos los partidos de la oposición chilena ha presentado este miércoles en la Cámara de Diputados una acusación constitucional (juicio político) para destituir al presidente del país, Sebastián Piñera, tras las supuestas irregularidades en la venta de un proyecto minero desveladas en los Papeles de Pandora.

“Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad, y en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la Nación”, ha dicho el diputado socialista Jaime Naranjo, rodeado de representantes de todas las bancadas opositoras.

Para Tomas Hirsch, del izquierdista Acción Humanista, la acusación constitucional “marca un hito histórico” en Chile y fue presentada por “la oposición completa, unida, con convicción, con certeza, con responsabilidad y con todos los antecedentes en la mano”.

“Tenemos que tomar decisiones pensando en Chile y no es soportable tener un presidente acusado de esta manera por delitos de corrupción”, ha añadido el democristiano Gabriel Ascencio.

La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley chilena que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.

Para que el mecanismo prospere, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados –el órgano encargado de establecer si la acusación es o no viable–, y el posterior respaldo de dos tercios en el Senado, institución que actúa como jurado y declara si el acusado es culpable o inocente de aquello que se le imputa.

El objetivo es que el libelo acusatorio, que previsiblemente contará con los votos en la Cámara baja, llegue al Senado antes de las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre.

Cohecho y delitos tributarios

La Fiscalía chilena abrió la semana pasada una investigación por cohecho y delitos tributarios presuntamente cometidos por Piñera en la venta en 2010 en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas de una parte de sus acciones en el megaproyecto Minera Dominga.

Según reveló en los Papeles de Pandora el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos CIPER y LaBot, el pago de Minera Dominga debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, pese a que la mina amenaza una reserva natural con pingüinos únicos.

La protección ambiental, que finalmente no se decretó, dependía de Piñera, una de las principales fortunas del país y quien había asumido el poder para su primer mandato (2010-2014) apenas unos meses antes de la venta del proyecto, que actualmente está pendiente de recursos en la Corte Suprema.

“Lo mínimo que esperamos es que se frene la tramitación de Dominga porque creemos que la obligación de este Congreso es garantizar el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación como no lo ha hecho este presidente”, señaló por su parte Catalina Pérez, del izquierdista Revolución Democrática (RD).

Se trata del segundo intento de juzgar políticamente al gobernante, tras el fallido conato de noviembre de 2019 por presuntas violaciones a los derechos humanos en medio de las masivas protestas contra la desigualdad, las más graves desde el fin de la dictadura militar.

La Fiscalía de Chile ha informado este viernes de la apertura de una investigación de oficio contra el presidente del país, Sebastián Piñera, después de que salieran a la luz, con la publicación Papeles de Pandora, presuntas irregularidades en la venta en 2010 en Islas Vírgenes Británicas de sus acciones en un megaproyecto minero. La directora de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, ha asegurado que “hay antecedentes que podrían revertir carácter de cohecho, con su correlato de soborno, y eventuales delitos tributarios”.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos CIPER y LaBot, ha revelado que Minera Dominga se vendió en 2010 al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano en una operación de 152 millones de dólares realizada en parte en el paraíso fiscal caribeño. El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, pese a que la mina amenaza una reserva natural con pingüinos únicos, según el ICIJ. La protección ambiental dependía de Piñera, quien había asumido el poder para su primer mandato apenas unos meses antes de la venta del proyecto, que actualmente está aprobado por un tribunal regional ambiental pero pendiente de recursos por la Corte Suprema.

El objetivo central de la pesquisa es determinar si el contrato de venta preveía efectivamente la polémica cláusula de la última cuota, un asunto que no fue incluido en la investigación que la propia Fiscalía abrió en 2017 y que se terminó sobreseyendo. “El contrato en inglés en las Islas Vírgenes Británicas no estaba incorporado en la investigación (de 2017), por lo tanto es un antecedente nuevo”, ha indicado la fiscal.

Piñera, que posee una de las fortunas más grandes de Chile y quien dejará el poder en marzo de 2022, comunicó esta semana que se desvinculó de sus empresas antes de ser presidente “hace más de 12 años” y que la información publicada -incluida la polémica cláusula- ya era conocida y fue investigada en 2017.

De acuerdo al mandatario, la venta de la minera, que compromete una inversión de 2.500 millones de dólares y se ubica a 500 kilómetros al norte de la capital, la realizó su fideicomiso ciego y que él no fue ni consultado ni informado “precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de intereses”.

La oposición está preparando una acusación constitucional en Parlamento (juicio político) contra Piñera, que podría terminar en su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Previamente al anuncio de la Fiscalía, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha admitido a trámite una querella contra el presidente interpuesta por el abogado Luis Mariano Rendón y que aún debe ser enviada a la Fiscalía en otro proceso independiente.

En Chile, más que una revelación, los papeles de Pandora han sido un bofetón al conjunto de la opinión pública a las puertas de las elecciones del 21 de noviembre. Buena parte de la información que publicó el reportaje de Ciper Chile y LaBot, dos de los 150 medios que son parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), ya había sido revelada en 2017 en un reportaje de radio Biobío. En aquel entonces, nadie reparó en la información: no provocó, ni de lejos, la sacudida que ha causado ahora. 

Las filtraciones publicadas el pasado fin de semana ponen el foco en la venta de acciones propiedad de la familia del presidente Sebastián Piñera en las Islas Vírgenes Británicas en 2010. El comprador fue Carlos Alberto Délano, amigo de la infancia y de la universidad del mandatario, condenado en 2018 por evasión fiscal, quién compró la participación de un proyecto minero –Dominga– que se pretende instalar en el norte de Chile, en la zona de La Higuera, ubicada en la región de Coquimbo, donde se encuentra uno de los ecosistemas más ricos del mundo. 

La polémica se encendió con fuerza porque se dio a conocer que la transacción se realizó en un paraíso fiscal y aporta los documentos. En las Islas Vírgenes Británicas se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas, la última de las cuales dependía de que la zona donde se emplazara la minera no fuese decretada como área de protección ambiental. Esta condición estaba sujeta a las decisiones que tomaría el primer Gobierno del propio Piñera (2010-2014), por lo que, según apunta la investigación periodística, puede generar un conflicto de intereses. A pesar de la presión de los grupos ecologistas, la zona no fue declarada de protección ambiental y Délano cumplió con el tercer pago.

Dos impactos: judicial y político

El efecto de Pandora, cuyo eco ha resonado durante toda la semana en Chile, tiene al menos dos aristas destacadas: la política y la judicial. En 2017, la Fiscalía investigó los hechos, pero terminó por cerrar la causa que también fue sobreseída por la Corte de Apelaciones y la Suprema. “Al terminar la investigación, la Fiscalía recomendó terminar con la causa porque la venta se ajustaba plenamente a derecho por la inexistencia de cualquier delito y por haberse declarado judicialmente la inocencia de este presidente de cualquier cargo relacionado con la mencionada operación”, dijo Piñera este lunes durante una comparecencia pública para dar explicaciones sobre las revelaciones periodísticas.

Sin embargo, durante el juicio de 2017 no se analizó la transacción que tuvo lugar en las Islas Vírgenes Británicas, ya que no había conocimiento público de este antecedente hasta este fin de semana. Ahora, el fiscal nacional, Jorge Abbott, ha ordenado a la Unidad Anticorrupción volver a analizar los documentos de la venta de la minera. Si se despeja la existencia de posibles delitos, se podría iniciar una investigación penal de oficio.

En el flanco político, la noticia llegó cuando falta un mes y medio para las elecciones presidenciales y parlamentarias. El impacto de las revelaciones se prevé largo. Los grupos de oposición anunciaron este miércoles que presentarán una acusación constitucional (juicio político o impeachment) contra Piñera en el Congreso. Será el segundo de su mandato. El primero –que no prosperó– se intentó a finales de 2019 por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social de octubre de ese año. Este otro será por haber infringido el principio de probidad [conducta intachable y desempeño honesto del cargo] y por “comprometer gravemente el honor de la patria”, ambos puntos establecidos en la Constitución.

Ante este escenario, Piñera dijo en su rueda de prensa que la acusación constitucional “no tiene absolutamente ningún fundamento” porque se hará “por hechos que fueron conocidos e investigados por la Fiscalía y en que los máximos tribunales de justicia en forma unánime se pronunciaron descartando toda irregularidad y delito”. Este argumentario ha sido repetido en los últimos días por varios miembros del Gobierno. “Es una acusación basada en una falsedad, porque, según ellos [sus impulsores], habría información que no habría sido conocida en el pasado, en el juicio que se hizo en el año 2017″, ha dicho el portavoz del Ejecutivo, Jaime Bellolio.

La candidatura de la derecha, amenazada

En La Moneda no esperaban que la decisión de impulsar el juicio político avanzara de forma tan rápida, sobre todo, porque no imaginaban que la Democracia-Cristiana (DC), de centroizquierda a pesar de que suele respaldar al Gobierno en muchos de sus posicionamientos, se sumara tan pronto. De hecho, según fuentes citadas por la prensa, miembros del Ejecutivo han trasladado a la DC que si mantienen su apoyo al impeachment no respaldarán a su candidata presidencial, Yasna Provoste, en una eventual segunda vuelta contra la izquierda, una información que el Gobierno desestima. En el Partido Socialista también recibieron comentarios acerca del impacto en la dinámica electoral o la “distorsión de los resultados” que el juicio político podría suponer. 

Se considera que las revelaciones periodísticas pueden enturbiar la carrera presidencial del candidato de la derecha, Sebastián Sichel. “Como el presidente no va a estar en la papeleta electoral, la gente traslada el costo de su malestar a quien representa al presidente, que es el objeto de castigo”, dice Marco Moreno, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central. “Sichel es el candidato de La Moneda y no parece razonable que pueda deshacerse la marca Piñera porque, sencillamente, la gente no le va a creer”.

Además de haber tenido cargos en el actual Gobierno –como ministro y antes como presidente del Banco Estado–, Sichel representa a la coalición de derecha Chile Podemos Más. Para evitar el coste electoral, el candidato ha optado por tomar distancia del presidente. “Se requieren más aclaraciones de las que ha habido”, ha dicho. Aunque no respalda la acusación constitucional, sí apela a que se conforme una comisión investigadora.

El abogado y analista político Jorge Navarrete coincide en que Sichel es el “candidato de la continuidad”. “Sus esfuerzos para promoverse como independiente y procedente de un mundo distinto al de la derecha lo terminan acercando a Piñera”, dice. Para el sociólogo y director de la encuesta Data Influye, Axel Callis, el problema del candidato es que “su propio sector no lo identifica como alguien que los represente, ni les dé certezas sobre lo que viene, porque no tiene ni definiciones políticas ni programáticas claras”.

Qué dicen las encuestas

Hasta hace poco, Sichel era quien tenía más posibilidades de pasar a una segunda vuelta y competir contra Gabriel Boric, candidato de la coalición de izquierda Frente Amplio y del Partido Comunista, que lidera por ahora los sondeos. Sin embargo, desde la semana pasada y a raíz de otros errores cometidos en la campaña que se suman a la situación actual, esa tendencia empezó a cambiar y el candidato de ultraderecha José Antonio Kast (Partido Republicano) se ha colocado en segundo lugar.

“Frente a los actuales niveles de polarización, con una política y campaña cada vez más binarias, el candidato de la extrema derecha es quien capitaliza el potencial derrumbe de Sichel”, dice Navarrete. Moreno, en cambio, cree lo contrario. “Es muy difícil que Kast pase a segunda vuelta, él tiene un problema de techo. Con doblar su votación respecto al 2017 es un avance importante, pero quien mejor puede capitalizar lo que pase con Sichel es Yasna Provoste, desde el centro”. 

Los impulsores del juicio político estiman que se iniciará antes de la primera vuelta electoral, prevista para el 21 de noviembre. En el Gobierno confían que, aunque se apruebe en la Cámara de Diputados, no avance en el Senado, donde se requiere un cuórum mayor, de dos tercios. “Que un presidente no termine su mandato es algo muy extraordinario y grave en Chile, por lo mismo, no solo la derecha votará en contra, sino que es también un escenario que muchos ciudadanos miran con distancia y recelo por la incertidumbre institucional que aquello generaría”, dice Navarrete, quien también duda de su aprobación en la Cámara Alta.

Sea como sea, la votación en el Senado se celebrará antes de la segunda vuelta, prevista para el 19 de diciembre.

Tras dos semanas de intensas negociaciones políticas y una fuerte expectación ciudadana, el Congreso chileno aprobó la semana pasada una ley que permite retirar una parte de los fondos de pensiones de forma anticipada. Para la población chilena, esta es una medida que va más allá de disponer de sus cotizaciones para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia. Es el símbolo de la primera amenaza real a un sistema de pensiones que representa en el corazón del modelo neoliberal chileno.

Se trata de una reforma constitucional que faculta a los afiliados a retirar el 10% de los ahorros destinados a la jubilación, que en Chile gestionan de forma privada las llamadas administradoras de fondos de pensiones (AFP). Cada votación a favor de la propuesta fue celebrada con cacerolazos, cornetas y al grito de “¡No más AFP!” desde los balcones, dado que gran parte del país está aún en cuarentena por la pandemia COVID-19.

“Este es el principio del fin de las AFP. Esto abre el debate de crear en Chile un verdadero sistema de seguridad social”, señaló Juan Ignacio Latorre, senador de la coalición de izquierda Frente Amplio durante la votación en el Senado. Para la oposición, este es el primer paso para cambiar un sistema de pensiones privatizado que en los últimos años ha sido tan fuertemente cuestionado por los ciudadanos, como blindado por los distintos gobiernos de turno. Los parlamentarios quieren aprovechar la discusión para promover una reforma hacia un sistema de seguridad social mixto o solidario, tal y como hace años reclama la ciudadanía. “El sistema debe ser necesariamente modificado a la brevedad para transitar hacia un sistema público de pensiones”, indica Luis Mesina, portavoz del Movimiento No+AFP. 

Pensiones de miseria

Humberto González tiene 66 años, uno más de lo que la ley establece para dejar de trabajar. Sin embargo, él sigue cada mañana al pie de cañón, como conserje de un edificio. Con más de 35 años cotizados, durante los que ejerció de contable para distintas empresas, hoy recibe una pensión de 150.000 pesos (170 euros), la mitad del salario mínimo fijado en Chile. Su caso no es una excepción.

Según cifras de la Fundación Sol, que estudia el mercado laboral chileno, la mitad de las personas que hoy están jubiladas logran autofinanciar pensiones de alrededor de 150.000 pesos o menos. En 2019, la mitad de las personas que se jubilaron lograban autofinanciar una pensión de 49.000 pesos (unos 55 euros) o menos. “Para las mujeres, estas cifras son aún peores. El sistema profundiza las desigualdades económicas y sociales ya instaladas porque no tiene ningún tipo de solidaridad en su pilar contributivo”, explica Francisca Barriga, investigadora y economista de la Fundación Sol.

El modelo de pensiones chileno fue instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet y se basa en un plan de ahorro privado que obliga al trabajador contratado a destinar un 10% de su salario a una cuenta individual que gestionan las AFP, grandes empresas que invierten los ahorros de los contribuyentes al mercado financiero. A los más jóvenes se les asignan, por defecto, los fondos más rentables y arriesgados, mientras que a los más mayores se les ofrece más estabilidad (y también menos beneficios). “Hay un conflicto de economía política entre los dueños de los fondos, que son los trabajadores que reciben muy malas pensiones, y quienes los administran, que lo hacen para fines de grupos económicos financieros”, indica el economista chileno y exasesor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Andras Uthoff.

Ante la urgencia de la pandemia, según los sondeos, más del 80% de la ciudadanía pedía la aprobación de este proyecto, aunque el retiro de fondos reduzca la cantidad de su jubilación a futuro. “El sistema de pensiones se ha vendido por años como un ahorro que pertenece al trabajador, por eso surge la idea de recurrir a él en momentos en que el gobierno no aporta lo necesario”, apunta Uthoff. Los trabajadores también consideran que sus pensiones serán muy bajas con o sin el 10%. Según la Fundación Sol, la nueva ley reducirá entre 5.000 y 20.000 pesos (de 5,5 a 22 euros) el importe mensual de su pensión.

Una mayoría política también se unió a favor del proyecto bajo el argumento de que las medidas del gobierno conservador de Sebastián Piñera para paliar el impacto de la crisis han llegado tarde y, además, son insuficientes. La senadora del Partido Socialista Isabel Allende, hija del exmandatario chileno Salvador Allende, fue una de las voces que apuntó esta crítica: “Hace más de tres meses y medio dijimos al presidente que la magnitud de esa pandemia obliga a entregar una renta básica, pero no fuimos escuchados. Se persistió en una respuesta tardía”, declaró en el debate parlamentario. “No se entendió la urgencia y han propuesto más endeudamiento de los hogares a través de créditos blandos subsidiados por el Estado y políticas muy focalizadas, que llegan a pocas familias, sin principio de universalidad”, comenta la investigadora de la Fundación Sol.

Una derrota para Piñera y su gobierno

La luz verde a la reforma constitucional se produjo en contra de la voluntad del gobierno, que la consideraba una solución “populista” y supone una dura derrota para Piñera y sus ministros. El Ejecutivo pasó semanas tratando de persuadir y presionar a los parlamentarios de su propia coalición que apoyaban la propuesta hasta el punto que los díscolos denunciaron públicamente extorsiones y cohecho por parte de políticos de su propio sector. El quiebre dentro de los conservadores ha sido mayúsculo y los detractores más acérrimos de la nueva ley amenazaron incluso con sancionar a quienes se desmarcaron de las directrices partidistas.

En un último intento de impedir a toda costa que el retiro se hiciera efectivo, el Ejecutivo especuló con vetar el proyecto de ley o llevarlo al Tribunal Constitucional (TC), ambas facultades presidenciales recogidas en la Constitución. Sin embargo, las amplias mayorías que validaron la iniciativa descartaron esa opción y, finalmente, Piñera promulgó, en privado, la nueva ley el viernes. Este martes, pasó página con un nuevo cambio en su gabinete, el sexto de su mandato.

Hace más de cinco años que la ciudadanía chilena se moviliza insistentemente en contra del sistema de pensiones privado. Un reclamo que tomó especial relevancia durante los meses del estallido social iniciado en octubre, pero que ha sido tras meses de cuarentena acumulados y aún en plena emergencia sanitaria, cuando se empezó a concretar. El activista Luis Mesina lo resume: “Este proceso pone de manifiesto que la presión de la ciudadanía, que ejerció el deber de fiscalizar como se comportan sus congresistas y mandatarios, puede cambiar el curso de la historia”.

Valentina Miranda tiene 19 años y vive en Lo Espejo, una comuna de la periferia sur de Santiago de Chile a 50 minutos en transporte público del centro de secundaria Liceo 7, donde estudia cuarto curso. El pasado 14 de octubre, Valentina fue una de los centenares de estudiantes que participaron en las acciones colectivas para colarse en el metro de Santiago en protesta por la subida del precio del billete del suburbano.

Este incremento de 30 pesos, hasta situarse en los 830 (unos 1,2 dólares), a pesar de no afectar de forma directa a los estudiantes de secundaria al no influir a su franja horaria habitual de viaje, desató la oleada de protestas promovidas por estos jóvenes que ha revolucionado el país.

“Hay muchas familias que viven endeudadas, que cobran un sueldo bajísimo para el costo de la vida en Chile y que con esta subida ven descompensado su presupuesto mensual”, argumenta Valentina, que siente como una “burla” las palabras de la Ministra de transportes, Gloria Hutt, el día posterior al inicio de las acciones en el metro. Hutt planteaba la “falta de argumentos” de estos estudiantes de secundaria a los que no afectaba directamente la subida.

“Detrás de nosotros hay familias que tienen recursos limitados, y nosotros dependemos de ellas”, denuncia Valentina. La sociedad chilena ha identificado esta circunstancia como “la punta del iceberg” del descontento popular ante las políticas del presidente Sebastián Piñera.

Esta indignación se ha visto reflejada en las protestas multitudinarias severamente reprimidas mediante la declaración del estado de emergencia. La movilización de casi 10.000 soldados, un desmedido uso de la fuerza denunciado por expertos de la ONU  y centenares de detenciones irregulares marcaron desde entonces el día a día en las calles de Santiago.

“Me golpearon en el estómago y perdí la respiración”

Una de esas detenciones llevó a Valentina a ser retenida durante más de cuatro horas, supuestamente, por infringir el toque de queda de las ocho de la tarde. “Ni siquiera sé a ciencia cierta si fue esa la razón. En ningún momento me dijeron el motivo por el que se me detenía. Estábamos manifestándonos en torno a 30 personas cuando una patrulla llegó al lugar donde estábamos y nos persiguieron hasta un hall donde nos refugiamos. Entraron y nos arrastraron hasta la calle”, recuerda.

“Allí me golpearon en el estómago, perdí la respiración, me echaron gas pimienta directamente a los ojos y me llevaron a la comisaría”, relata Valentina. “A partir de ahí comienza un proceso irregular, en el que el parte se me entregó ya hecho, cuando en realidad yo debía haber participado en él. Si no fuera porque aparecieron los fiscales creo que me hubieran retenido toda la noche”, añade.

Esta experiencia no ha mermado la fuerza de Valentina, portavoz de la Coordinadora Nacional de Estudiantes de Secundaria (CONES), ni su intención de continuar participando en las protestas. “Nuestros papás vivieron la dictadura y tienen un gran miedo interiorizado con respecto a los militares, la violencia y la represión del terrorismo de Estado. Nosotros, no”, asegura. “A diferencia de ellos, nosotros sabemos que nuestros derechos son mucho más importantes”.

Siguiendo la estela de la chispa encendida por la secundaria, la Universidad ha tomado una vez más la iniciativa de unas protestas que, sin embargo, los estudiantes destacan como “transversal” y “horizontal”.

“Lo que se está viendo ahora es un solo pueblo unido y no dividido por distintas consignas e ideas. La gente por primera vez se ha unido por un Chile mejor”, comenta Camila, estudiante de periodismo de cuarto año en la Universidad Alberto Hurtado, uno de los centros neurálgicos de las concentraciones. “Los estudiantes, los jóvenes, nos manifestamos muchas veces de forma pacífica, como durante La Revolución Pingüina de 2006 y 2011, y ahora todo ha estallado. Ya no tenemos miedo”, añade.

La Universidad Alberto Hurtado permaneció abierta desde el viernes del estallido hasta el lunes 28 de octubre con la única finalidad de acoger asambleas de estudiantes, dada la inseguridad en los lugares habituales de concentración.

Los estudiantes, tanto universitarios como de secundaria, han celebrado marchas multitudinarias como la que el pasado lunes exigía que la educación “deje de ser un bien de consumo” en el país. “En la Universidad chilena existe un modelo de Estado subsidiario que se arrastra desde la dictadura en el que se entregan recursos al sector privado para garantizar derechos”, señala Emilia Schneider, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

“Lo que se está exigiendo por parte de los y las universitarias es el fin a esta lógica en la educación y las transformaciones que sean necesarias, entre las cuales está la condonación total de los créditos a los estudios y que esos recursos vayan a las universidades para fortalecerlas y ampliar sus estructuras”, comenta Schneider. “No podemos volver a la normalidad, no puede haber marcha atrás. En este proceso hay que tener claro que lo importante es ganar, avanzar en transformaciones y conquistar dignidad para conseguir un país más justo y con más derechos”, defiende.

En otra de las universidades con mayor actividad durante las semanas de revuelta, la Católica de Chile, estudia Catalina (20), también estudiante de Periodismo, y creadora de mioctubre.cl, un blog surgido tras el estallido de las protestas con el objetivo de recopilar testimonios, relatos y experiencias de los jóvenes que han formado parte del movimiento.

“La idea surge de una necesidad personal que yo tenía de escribir para recordar, para que no se me olvidará nunca lo que pasó. Tengo muchas imágenes pegadas en mi retina: militares disparando, tanquetas en las calles, gritos, gente corriendo y herida...cosas que jamás pensé que fuera vivir en mi país en 2019”, cuenta Catalina. “Me di cuenta que muchos compañeros también tenían esa inquietud. La idea es humanizar más aún lo que está pasando, y desde la reflexión individual armar un relato colectivo”, comenta.

Periodismo estudiantil contra medios convencionales

Catalina enlaza su iniciativa con la defensa de un movimiento universitario fuerte y comprometido con las transformaciones, a su juicio, necesarias para el país. “En esta ocasión la universidad no ha sido la que ha iniciado las protestas, pero lo que sí ha hecho es permitir espacios de discusión y facilitar encuentros dónde reflexionar cómo podemos ser agentes de cambio y qué podemos poner nosotros al servicio de la comunidad”, sostiene.

Una parte de esa función como “agentes de cambio” tiene que ver con la labor de “encauzar todas las conversaciones que se están dando en las asambleas y cabildos ciudadanos”, fundamentalmente las relacionadas con la reflexión en torno a “la principal causa común”: una nueva constitución.

“La Universidad, y los expertos que forman parte de ella, están teniendo la función de explicar a todos los alumnos y ciudadanos que lo necesiten los principales conceptos clave en este proceso, como qué es una Asamblea Constituyente o qué implicaría esta nueva constitución: hacer esas cuestiones accesibles a todo el mundo para que sean partícipes”, afirma Catalina.

La otra gran función de la iniciativa de esta estudiante tiene que ver con la desconexión entre los medios de comunicación y la realidad social del país que denuncian estos estudiantes. “Ante unos medios, sobre todo una televisión, que no mostraban lo que ocurría sino solo una parte, la de los saqueos e incendios, empezamos a ver formas de aportar como periodistas con información real y verídica porque no se estaba contando toda la verdad”, señala.

En esta línea se enmarca también el surgimiento de la plataforma REI Chile, un medio independiente creado por alumnos de periodismo y audiovisuales de diferentes universidades de todo el país durante las horas posteriores al estallido de las protestas con el objetivo de dar visibilidad a través de las redes sociales a una realidad que, según denuncian sus responsables, no se estaba mostrando en los medios.

“Los medios tradicionales se dedicaron exclusivamente a transmitir incendios y saqueos, hechos que ocurrieron, y que son condenables, pero también estaban ocurriendo violaciones de derechos humanos que no estaban saliendo en la tele y en ese momento las redes sociales explotaron”, cuenta Tomás Basaure (22), estudiante de Periodismo en la Católica de Chile y uno de los fundadores del proyecto.

“Los jóvenes periodistas nos planteamos qué podíamos hacer para entregar información de calidad a la gente que ahora mismo la necesita”, explica Basaure. “Para ello nos juntamos un grupo de en torno a 150 personas que nos dividimos para cubrir los diferentes puntos críticos y enviar todo el material a la edición, donde contábamos con un equipo de fact checking y profesores que nos dieron apoyo en el tratamiento de determinados temas”, añade.

Este estudiante señala que con un teléfono al alcance de la mano se puede ver lo que está sucediendo en el país. “Eso es lo que compite directamente con lo que se está mostrando en otros medios y lo que marca la diferencia esta vez”, señala Basaure. “Todos sabemos que durante la dictadura la televisión sirvió como una legitimación del gobierno de Pinochet, hoy es mucho más fácil rebatir lo que pasó o aportar otras visiones u otros hechos que también están ocurriendo”, añade.

“Creo que es nuestro turno de enseñarle a nuestros papás y abuelos que esta es la democracia, que ya no pueden hacernos más daño del que nos hicieron. Intentar darles el coraje que tenemos nosotros. Somos la primera generación que hemos podido tener estudios superiores, un acceso a la información que ellos no tuvieron por lo salvaje que era, y es, el neoliberalismo en Chile”, explica. Basaure. “Tenemos un punto en común, que es salvar la democracia, nosotros la que tenemos desde siempre y ellos la que tanto les costó recuperar en su momento”.

Después de 12 días de movilizaciones, por primera vez este miércoles el presidente chileno, Sebastián Piñera, ha hecho un anuncio de cierto peso político y que, de concretarse efectivamente, podría dar una respuesta a la calle, que hasta hoy no ha dejado de protestar: “No descarto ninguna solución, ninguna reforma estructural”, afirmó –escueto y sin dar más detalles– el mandatario. Lo dijo en respuesta a la pregunta de un periodista sobre la posibilidad de impulsar una nueva Constitución, que deje atrás la actual, diseñada e implementada en 1980, bajo la dictadura de Pinochet.

La idea de promover un proceso para redactar una nueva Carta Magna ha tomado impulso esta semana, luego de que parlamentarios de la oposición empezaran a recuperar proyectos registrados en el Congreso y hasta ahora abandonados en los cajones de la institución. Varias voces se han sumado a la propuesta, como los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado y el portavoz de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas: “El clamor de la ciudadanía es tan grande que deberíamos abocarnos a eso”, aseguró. La propuesta que suma más consensos pasa por llamar a un plebiscito que consulte a la ciudadanía si quiere o no poner en marcha un proceso constituyente.

“Va a ser necesario ahora que exista un mecanismo que haga posible conectar esta voluntad popular con la institucionalidad del Estado”, explica el abogado constitucionalista Jaime Bassa. “Hay una manifestación de poder constituyente en las calles y eso no se apagó pese a las buenas intenciones del presidente”, señala. El académico se refiere a los últimos movimientos de Piñera para tratar de rebajar las protestas, pero que no han dado los resultados esperados.

El lunes el mandatario concretó un cambio de gabinete “profundo” que sustituyó a un total de ocho ministros, de carteras estratégicas como Interior, Hacienda, Economía y Trabajo. El presidente apostó por un plantel ministerial “con calle”, mucho más joven, capacidad negociadora y de perfil más liberal de centro. Antes había anunciado una “nueva agenda social”, considerada “insuficiente” desde el inicio; revocó el Estado de emergencia y el toque de queda y llamó a la oposición al diálogo. Pero nada de eso funcionó. Las manifestaciones han continuado vivas, aunque desde este martes con menor envergadura.

Un revés al liderazgo de Piñera

Este miércoles, Piñera tuvo que enfrentar uno de los momentos más duros desde que empezaron las protestas para anunciar la suspensión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), ambos eventos internacionales que el país iba a acoger en las próximas semanas. “Hemos basado la decisión en un sabio principio de sentido común. Cuando un padre tiene problemas debe privilegiar a su familia por sobre otras opciones, siempre un presidente debe poner a sus compatriotas por sobre de otras”, lamentó el presidente.

Para la COP25 Santiago tenía previsto recibir a los líderes mundiales de 197 países y a la activista Greta Thunberg. Al conocer la noticia, la joven publicó un mensaje en su cuenta de Twitter de apoyo al país sudamericano: “La COP25 no se celebrará en Chile. Mis pensamientos están con la gente de Chile”, dijo. Sin duda, uno de los sectores más afectados por la suspensión es el turístico. Según estimaciones del gremio de hoteleros, hasta 400.000 visitantes dejarán de viajar a Chile en noviembre y diciembre. El rubro esperaba ingresar más de 25 millones de dólares para estas fechas y recuperarse, así, de un año que ha sido complejo.

La cancelación de las cumbres es un golpe duro al liderazgo internacional de Sebastián Piñera, un objetivo para el cual había trabajado desde su llegada al poder. Desde la alianza estratégica Prosur entre distintos países gobernados por la derecha latinoamericana hasta la ofensiva en contra de Nicolás Maduro, o la coordinación de la ayuda internacional con Brasil por los incendios en la Amazonia. El presidente se había esforzado para erguirse como líder regional y tanto la APEC como la COP25 se interpretaban como la consumación de este proceso. Sin embargo, el estallido de la crisis social y política empezó a poner en entredicho la imagen del país, con la difusión de fotos y videos de militares desplegados por todo Chile y de múltiples denuncias de vulneraciones de los derechos humanos, incluso por parte de organismos como Amnistía Internacional.

La política en la calle

Según datos del martes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), hay más de 3.700 personas detenidas, entre ellas más de 400 menores, y más de 1.200 heridos por disparos de balas, balines, perdigones o armas de fuego no identificadas. También hay 140 personas con lesiones oculares. Además, durante la primera semana se registró la muerte de al menos 20 personas, cinco de ellos a manos de soldados o policías. El organismo ha presentado hasta el momento 138 acciones judiciales, de las cuales cinco son querellas por homicidio, 92 por torturas y 18 por violencia sexual.

La Fiscalía informó este miércoles que ha abierto 840 investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos. Antes el ministro de Justicia, Hernán Larraín, había reconocido por primera vez la veracidad de las denuncias: “Estamos muy complicados porque se han producido situaciones que, efectivamente, aparentemente, parecen ser violaciones a los derechos humanos”, asumió. El ministerio de Interior, por su parte, dio a conocer que hay 944 personas de Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones que también han sido lesionadas.

Más allá de cómo avance la pulsión del movimiento y cuánto tiempo aguante con la efervescencia actual, el foco se sitúa cada vez más en la respuesta política, que se demoró mucho en llegar. Una respuesta articulada no sólo desde las instituciones, sino también desde las organizaciones sociales y la autogestión. La prueba es la masiva convocatoria de asambleas y cabildos abiertos que tendrán lugar en los próximos días, a pesar de topar con cuatro festivos de corrido. Estudiantes, feministas, migrantes, periodistas, vecinos y vecinas, deportistas, artistas, miembros de la academia, y muchos otros colectivos se juntarán en las plazas de barrios y municipios para debatir el futuro que quieren para su país. La respuesta ciudadana, como ocurre a menudo, ha ido un paso (o dos) por delante de la de los políticos.

Han fallecido 18 personas y Chile vive protestas masivas con el Ejército en la calle. Ante esta situación, María Eugenia Rodríguez Palop, número uno de Unidas Podemos en las últimas elecciones europeas e integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile, ha enviado una carta al embajador chileno ante la UE, Raúl Fernández Daza, en la que le pide que se investiguen las vulneraciones de derechos humanos.

Rodríguez Palop le pide “encarecidamente” que se tomen “las medidas oportunas para que se ponga fin al estado de emergencia, al toque de queda y a la represión de la protesta social; que se garantice el máximo respeto a los derechos humanos, muy en particular los derechos de manifestación y expresión; que se investiguen las presuntas vulneraciones a los derechos humanos; que se lleve a cabo una reunión de urgencia con las autoridades competentes de la UE; y que se suspenda la celebración de los eventos internacionales que estaban previstos próximamente, como es el caso de la COP25, al menos hasta que no se produzca la retirada del ejército y el cese la represión”.

La carta de Rodríguez Palop llega después de que el Parlamento Europeo se opusiera este lunes, con los votos de populares, socialistas, liberales y extrema derecha a habilitar un espacio en el orden del día de la sesión plenaria que esta semana se está celebrando en Estrasburgo para debatir sobre la situación en Chile. La petición, presentada Marc Botenga (PTB/GUE) y apoyada por los Verdes, fue tumbada por 293 votos frente a 106.

En el quinto día de protestas masivas en Chile, que se desarrollan bajo vigilancia militar y en las que ya han fallecido 18 personas, el presidente del país, Sebastián Piñera, ha anunciado reformas sociales, pero ha dejado sin atender la petición de devolver el Ejército a los cuarteles.

“Hemos recibido con humildad y claridad el mensaje que los chilenos nos han entregado. Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos Gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esta falta de visión”, ha dicho Piñera en una alocución televisada a la nación.

El modelo privatizado de pensiones, el precario sistema de salud o los bajos salarios son algunos de los motivos que han hecho estallar a la población chilena, que desde la noche del viernes se manifiesta para exigir cambios.

El propio grupo de la Izquierda Unitaria (GUE) ha publicado un comunicado en el que denuncia que “el despliegue de los militares y el toque de queda acosan aún más a la población en una de las sociedades más desiguales de la OCDE, donde una quinta parte gana menos de 140 dólares al mes, y el 50%, poco más de 550 dólares; y en el que mucha gente carece de acceso a servicios públicos básicos mientras los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres”.

El Gobierno civil y democráticamente electo del presidente Sebastián Piñera decidió recurrir a leyes excepcionales y a las Fuerzas Armadas para contener el descontento de la ciudadanía. El despliegue de miles de militares y la suspensión de derechos civiles y políticos en Chile, en las últimas 48 horas, es el golpe más duro a la democracia desde la época de la dictadura, perpetrado por las élites políticas. Desde el sábado, el país opera bajo una ley sancionada en tiempos del General Augusto Pinochet. Y el domingo se decretó un toque de queda aún más severo para la Región Metropolitana.

En un país en tiempos de paz, con los más bajos índices de violencia en la región, cerraremos el fin de semana con más de nueve mil soldados patrullando las calles, con Estado de Emergencia declarado en la mayoría del país, y después de un traumático “toque de queda” que limitó la libertad de locomoción y la libertad de reunión de millones de ciudadanos y ciudadanas. Dicha suspensión de derechos se renueva esta noche.

El despliegue en los barrios, en las áreas urbanas, frente a familias, de vehículos diseñados para batalla, para conflictos bélicos, ha generado temor y repite traumas de la dictadura, a aquellos que lucharon duramente por memoria, verdad, justicia y un retorno a la democracia. En un país que no ha curado aún las heridas de graves delitos de lesa humanidad, las decisiones del Gobierno golpean a muchos más que las balas de goma con las que se atacó a los que protestaban, que desafiaban políticas de austeridad.

A los más jóvenes, los niños, niñas y adolescentes que salieron por primera vez a ejercer su derecho a la protesta, el Estado les devuelve un mensaje de represión y violencia. La jornada dejó una larga lista de menores golpeados y vulnerados por las autoridades que deberían protegerlos, asustados al ver armas automáticas letales apuntadas hacia ellos y ellas, y sin tener claridad de a quién recurrir cuando es el mismo Estado que los y las vulnera.

Gobernar con la gente, para la gente, no protegerse de la gente

La línea que se cruzó no puede volverse, bajo circunstancia alguna, la nueva normalidad para la gestión de la población que se opone a políticas estatales. Se ha impedido a la ciudadanía el ejercicio de su derecho de reunión y manifestación por medio de un Estado de Emergencia y se ha expuesto a la población a riesgo de ser víctimas de mayor violencia y represión, al desplegar personal militar que no está preparados para tareas de seguridad ciudadana: ni su formación, ni las armas que portan, ni su normativa en materia de rendición de cuentas son adecuadas.

El Gobierno del presidente Piñera, además, ha asumido importantes compromisos internacionales, al ser la sede de APEC y COP25. Parte de las demandas que elevamos es precisamente abstenerse a recurrir al Ejército de Chile, y a leyes de aplicación extraordinaria en una democracia, para garantizar el funcionamiento de dichos eventos. Una vez el Gobierno abdica su deber de ofrecer seguridad interior a la ciudadanía, no solamente ésta queda más expuesta a abusos y a mayor violencia, el poder civil se debilita.

La tarea del Gobierno inmediata, además de admitir sus errores, es rectificarlos. El país carece de mecanismos y protocolos efectivos para escuchar las demandas de la población, especialmente las de los más vulnerables, y arreglarlo requiere de voluntad política pero también de recursos. De tiempo y dedicación de la más alta jerarquía de gobierno. Se debe diseñar colaborativamente estrategias de manejo de conflictos sociales adecuadas, que activen a distintas instancias públicas, privadas y sociales, incluyendo los medios, los centros educativos y las organizaciones de la sociedad civil organizada, para actuar a tiempo y evitar escalamientos de conflictividad social.

Al calificar la intervención militar como un error, los datos nos respaldan. La reciente intervención de las fuerzas armadas en Brasil para tareas de seguridad ciudadana, en la ciudad de Río de Janeiro en 2018, ejemplifica la ineficacia de este tipo de medidas: en 10 meses de intervención, la ciudad registró un aumento del 59% en tiroteos, más de 4.000 homicidios y 40% más de muertes por intervención policial que en el año anterior.

El Gobierno debe disculparse públicamente con la ciudadanía por las decisiones recientes, que derivan de su falta de diligencia, celeridad, coordinación y agilidad para resolver las crisis sociales. La ciudadanía necesita líderes que la escuchen y sirvan a propósitos comunes.

El lugar y rol de los militares en una sociedad de paz no está limitando la protesta, ganando poder y protagonismo político, y reviviendo traumas históricos no superados ayer. Es imperativo que se reviertan de forma inmediata las medidas dictadas y que el Gobierno suspenda todos los estados de excepción activados, y resuelva la situación de descontento social con los mecanismos democráticos a su alcance, no sin antes dar exhaustiva cuenta de las decisiones tomadas en los últimos días, así como sus consecuencias, aún la pérdida de vidas humanas.

La normalidad deseada es aquella en la que la fuerza pública obedece órdenes civiles y se guía por la protección a las personas, donde se activan oportunamente mecanismos de diálogo vinculante y de intercambio con la ciudadanía. Queremos ser la democracia ejemplar e inclusiva del futuro, rechazamos convertirnos en la sociedad que no aprendió, que repitió el pasado.

Sentada en una piedra de una antigua fortaleza española, Natividad Llanquileo recuerda sus primeros pasos en el activismo, cuando ocupaba con su familia terrenos que antiguamente pertenecían a su pueblo, hoy en manos de empresas forestales. Tiene 34 años y es abogada en la Fundación CIDSUR (Centro de Investigación y Defensa SUR). En su Cañete natal, parte de la Araucanía –al sur del país– y antiguo territorio mapuche, sigue ligada al activismo.

“Si el pueblo mapuche sigue existiendo hoy en día es porque hemos hecho las cosas a nuestra manera, tomando nuestras decisiones, no impuestas”, espeta con convicción.

A 25 años de la aprobación de la ley que regula todo lo que afecta a los pueblos originarios del país, se había presentado un nuevo proyecto para sustituirla, el Plan Impulso Araucanía del conservador Sebastián Piñera, presidente de Chile. Se trata de la nueva estrategia gubernamental para la región de la Araucanía y el pueblo mapuche cuyo objetivo, dicen, es encontrar una solución para el conflicto entre el Estado y las comunidades indígenas mapuches por el control del territorio que les fue arrebatado a finales del siglo XIX y continúa hasta hoy. 

Sin embargo, el futuro del plan está en el aire tras la muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca, que ha encendido la mecha de las protestas por todo el país. Catrillanca fue alcanzado por una bala mientras conducía un tractor por un camino rural de la Araucanía el pasado 14 de noviembre. Los carabineros [la Policía chilena] dispararon al vehículo y el denominado 'Comando Jungla', resultado de las políticas de militarización de la zona con más población mapuche, se cobraba una nueva víctima dentro de la llamada “pacificación” de la Araucanía. 

La Policía asegura que se produjo en medio de una persecución en la que estaban intercambiando disparos con los presuntos ladrones de unos automóviles y negó tener grabaciones del momento, pero el Gobierno acabó reconociendo que uno de los agentes había destruido las imágenes, claves para esclarecer lo ocurrido.  

El Gobierno de Michelle Bachelet apostó por la creación de una Policía con más recursos militares, para lo que envió al 'Comando Jungla' a entrenarse a Colombia y lo dejó listo para que su sucesor en la presidencia lo implantase en la Araucanía. Ahora Piñera, a través de su plan de desarrollo para la región sureña, llama a una pacificación que queda cuestionada. Parlamentarios y dirigentes de la región han criticado al Ejecutivo y advierten de que el futuro del plan está en riesgo tras la muerte de Catrillanca.

Las dudas sobre el plan

El proyecto destaca la intención de establecer la paz en la región, reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución y potenciar el uso productivo de las tierras y aguas en territorio mapuche a través de monocultivos y arriendos. Las medidas, según el Gobierno, habían sido pactadas con infinidad de dirigentes mapuches, pero las voces dentro de estas comunidades nunca han sido únicas. Dos días después del anuncio, el pasado septiembre, ya había una marcha convocada en Temuco, capital de la región, bajo el lema 'No al Plan Impulso Araucanía', en la que participaron los sectores mapuches críticos con el proyecto.

Las medidas para la “pacificación” defendidas por las autoridades han sido uno de los principales aspectos que han sembrado dudas desde el anuncio del plan. Llanquileo defiende que la presencia policial en la zona, como la desplegada con el 'Comando Jungla', acostumbra a ser sinónimo de más represión y de menos capacidad para la negociación de la comunidad indígena. “El Estado chileno nunca se ha querido hacer responsable de las atrocidades cometidas contra el pueblo mapuche”, sostiene. “Los policías que actúan en la zona se ven con más impunidad para reprimir a la población”, agrega. 

La primera de las propuestas del presidente Piñera fue la creación de un Consejo para la Paz, integrado por diferentes actores, tanto civiles como políticos, para “asegurar la paz y restablecer el Estado en la región”, según palabras del presidente en el discurso de presentación.

Mientras, en los tribunales, siguen las batallas judiciales entre el Estado y dirigentes mapuches acusados de terrorismo.  La zona, desde finales de los años noventa, ha vivido episodios como la quema de camiones que el Estado ha considerado como actos terroristas y son juzgados bajo la Ley Antiterrorista, aprobada por Augusto Pinochet en 1984. En 2014, Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la aplicación de la ley antiterrorista sin las debidas garantías procesales a algunos de los dirigentes que promovían acciones de recuperación del territorio. 

La Araucanía es una zona rural con pequeños pueblos que la recorren. Es el bastión que los españoles nunca pudieron colonizar, vencidos por los míticos guerreros mapuches Lautaro y Caupolicán. Pero hace más de cien años, los chilenos sí que rebasaron esa frontera. Ahora, y según la última encuesta del Ministerio de Desarrollo Social, un 31,7% de la población de la zona se identifica como mapuche. El total nacional, según la misma fuente, es del 9%.

La región es una de las más empobrecidas del país. Los hogares ingresan 110.000 pesos chilenos menos al mes que en el total nacional, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, una situación provocada por años de desinversiones, aislamiento e inacción de los diferentes gobiernos desde la recuperación de la democracia. El pueblo mapuche y los demás habitantes de la Araucanía sienten que el Estado chileno tiene una deuda histórica con ellos.

El plan también pretende promocionar la cultura, la lengua o la medicina mapuche a través de una mayor representación a nivel nacional. Por esta razón, se quiere establecer una Ley de Cuotas para que los pueblos indígenas tengan un número mínimo de representación dentro de los partidos políticos, una de las demandas históricas de muchas comunidades mapuches. La forma en que se va a desarrollar este acuerdo aún no se conoce, así como la posibilidad de impulsar la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas, una promesa de los diferentes gobiernos en democracia que había quedado olvidado en un cajón.

Además, el Gobierno prevé encontrar un nuevo encaje constitucional para el pueblo mapuche. “Lo que nosotros pedimos es la creación de una Asamblea Constituyente que sea capaz de redactar una nueva Constitución desde una visión plurinacional”. Lo dice Adolfo Millabur, alcalde de la comuna de Tirúa, en la costa de la región del Bío-Bío, y vicepresidente de la Asociación de Municipios Con Alcaldes Mapuches. La organización ha abanderado la reivindicación plurinacional como solución. Su idea es que si se reconoce su nación, automáticamente se reconocen los derechos del control de su territorio.

La ecuación, sin embargo, se antoja complicada, sobre todo por la propuesta de desarrollo económico del Gobierno para la región. Piñera y su ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, han anunciado una inversión de 24 millones de dólares hasta 2026, 16 de los cuales son de inversiones privadas. La intención de la administración es, en palabras del presidente, “conseguir una mayor productividad agrícola en las tierras y la flexibilización de las propiedades de tierra”.

Por primera vez, los territorios mapuches podrían ser arrendados, puesto que hasta ahora eran tierras mayoritariamente comunales y de uso colectivo, tanto por agricultura como por su valor ancestral y estaban protegidos, algo que perderían en caso de aplicarse la reforma. Con la invasión por parte del Estado de Chile a la zona mapuche a finales del siglo XIX, los habitantes se quedaron solo con el 2% de su territorio. Desde entonces, el retorno de las tierras y la soberanía sobre ellas ha sido el principal conflicto entre el Estado y las comunidades mapuches. 

“Alinearse en favor del arrendamiento que propone Piñera significa perder para siempre el valor de nuestro territorio, trocearlo y despojarnos de él”, sostiene Llanquileo. Como recuerda, “para los mapuches el territorio es mucho más que productividad y progreso. Su progreso nos mata. El territorio, si no está en nuestras manos y si se cultivan elementos que no son naturales de aquí, pierde su valor social, espiritual y, a la postre, económico”. Si se aplican las políticas del gobierno conservador del presidente Piñera, defienden que lo más probable es que el valor no económico de las tierras se pierda para siempre.

Por su parte, Francisco Huenchumilla, exalcalde de Temuco e intendente del último gobierno de Michelle Bachelet para la región, ve con buenos ojos el nuevo encaje que se quiere dar al pueblo mapuche. “La situación siempre se había valorado como una cuestión de pobreza y seguridad nacional, pero no, es un conflicto político que solo a través del diálogo se va a resolver”, defiende el actual senador, cuya vida política ha estado dedicada en gran medida a tender puentes entre el Estado y estas comunidades indígenas.

Históricamente, también con el Gobierno de Salvador Allende, “los mapuches han sido vistos como parte del proletariado o del campesinado chileno, pero sin atender su condición de pueblo y nación diferente a las demás”, añade el senador. El plan, a su parecer, es “un buen síntoma” que indica que la cultura política del país está cambiando, aunque siente cierto recelo de que se impulse desde una posición conservadora. 

A falta del debate entre las diferentes organizaciones políticas, es la iniciativa más completa presentada hasta el momento, aunque su viabilidad está por ver y las dudas sobre su puesta en marcha aumentan tras la muerte de Catrillanca. Por su parte, y como ha sido históricamente, el pueblo mapuche lo discute desde voces distintas. La incógnita es si todas ellas serán escuchadas del mismo modo, si aquellos que el Gobierno considera “terroristas” estarán sentados en la misma mesa de negociación, o si las empresas privadas, dueñas del territorio araucano, serán las que lleven el desarrollo del proyecto. 

El presidente electo de Chile, el empresario multimillonario Sebastián Piñera, ha hecho público su nuevo Gabinete, compuesto por destacadas figuras conservadoras de línea dura y algunos políticos alineados en su momento con la dictadura de Pinochet.

El nuevo ministro de Interior, Andrés Chadwick, apoyó públicamente a Augusto Pinochet durante su régimen de 1973-1990. Pinochet lo nombró presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica.

Chadwick y el nuevo ministro de Justicia, Hernán Larraín, también apoyaron y defendieron el enclave alemán secreto Colonia Dignidad, establecido por el fugitivo nazi y pedófilo Paul Shäfer a principios de los 60. Luego salió a la luz que las fuerzas de seguridad utilizaban este lugar para torturar y asesinar a opositores del régimen.

Tanto Chadwick como Larraín hicieron posteriormente declaraciones distanciándose del régimen de Pinochet.

La victoria de Piñera en la segunda vuelta de las elecciones en diciembre acabó con ocho años de Gobierno de una coalición de centroizquierda liderada por Michelle Bachelet y es la última de una serie de victorias electorales de la derecha en Sudamérica.

Aunque Piñera hizo campaña con un programa de centro, muchos analistas predijeron que viraría a la derecha tras las elecciones. En la noche de las elecciones, un grupo de afines a Piñera celebró su victoria levantando un busto de Pinochet.

El nuevo equipo de gobierno esta dominado por hombres de unos 60 años. Ninguna de las posiciones más destacadas cuentan con mujeres, que solo presidirán siete de 23 ministerios. Muchos de los nuevos ministros ya sirvieron en el anterior gobierno de Piñera, entre 2010 y 2014.

Antoine Maillet, politólogo en la Universidad de Chile, sostiene que el nuevo Gabinete –que asumirá el cargo el 11 de marzo– muestra claramente una intención por deshacer las reformas progresistas de Bachelet. “No hay duda de que quieren cambiar el rumbo que está tomando el país”, declara a The Guardian.

Una parte clave del legado de Bachelet fue su esfuerzo por flexibilizar las leyes draconianas de Chile sobre el aborto, pero la composición del Gobierno de Piñera sugiere que pronto se verá amenazado.

La nueva ministra de Mujeres e Igualdad de Género, Isabel Plá, y el de Sanidad, Emilio Santelices, se opusieron públicamente a la aprobación el año pasado de la legalización del aborto en determinadas circunstancias.

El analista político Claudio Fuentes señala que la mayor parte de los seleccionados son aliados cercanos de Piñera. “Este no es un Gobierno de innovación”, afirma. “Hay pocas caras nuevas y ninguna señal de un enfoque más progresista por parte de Piñera. Ideológicamente, este es simplemente un Gobierno muy tradicional, conservador y liberal en lo económico”.

Alfredo Moreno, empresario y exministro de Exteriores en el anterior gobierno de Piñera, dejará su puesto en una de las principales organizaciones empresariales de Chile para convertirse en ministro de Desarrollo Social, un ámbito en el que no tiene experiencia previa. “Moreno es muy cercano a Piñera, que claramente le está señalando como futuro candidato presidencial”, asegura Fuentes.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti