El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento (CC y PP) prepara un nuevo recurso contra la orden de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que exige retirar el monumentol dictador Francisco Franco situado en la capital isleña, al considerar que existen argumentos legales para mantenerlo por sus posibles valores artísticos. Cabe recordar que dichos supuestos valores han sido negados en más de una ocasión por diferentes comités de expertos y por ambas universidades públicas canarias y que solo un estudio sí reconocía esos valores, pero obviaba precisamente los valores franquistas del conjunto.

El propio Gobierno de Canarias concluyó el pasado agosto que la obra no puede ser catalogada como Bien de Interés Cultural, tras los dictámenes desfavorables de los órganos técnicos y del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias. Por otro lado, la justicia tampoco ha dado la razón a Bermúdez, ya que ha rechazado los recursos interpuestos contra la decisión de no catalogar como BIC la obra.

Pese a ello, el alcalde se aferra, una vez más, a los supuestos valores artísticos del monumento. Alega que la legislación de memoria democrática contempla la posibilidad de proteger elementos de estas características cuando concurran valores artísticos que deban ser ponderados por la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico. Es decir, ignorar los múltiples informes que niegan un valor artístico y fiarlo todo a un informe que haga el propio Ayuntamiento.

“¿Qué estoy pidiendo? Que se aplique la ley. No que no se aplique la ley. Que se aplique la ley como la ley está escrita”, ha afirmado Bermúdez, quien ha sostenido que determinados artículos de la norma deben tenerse en cuenta al valorar el futuro del monumento.

El regidor ha insistido en que su posición no supone rechazar la aplicación de la legislación vigente, sino defender que se tengan en cuenta todas sus disposiciones, incluidas las relativas a la protección patrimonial.

El Ayuntamiento trabaja en la preparación del recurso, que aún no ha sido presentado, según ha indicado Bermúdez, que no ha explicado cuánto dinero de los contribuyentes ha invertido ya para intentar mantener en las calles de Santa Cruz de Tenerife una escultura en homenaje a un dictador.

“Es terrorífico que algo tan básico como poder honrar a tu abuelo sea un motivo de conflicto 90 años después”. Esta es una de las frases con las que el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, sintetizó buena parte del debate que mantuvo con el periodista Enrique Sánchez Lubián, en la presentación de su libro ‘Crónicas del después de una guerra’. Ambos mantuvieron un clarificador debate sobre memoria histórica y polarización política en el marco de la Feria del Libro de Toledo, moderado por Carmen Bachiller, la directora de la edición castellanomanchega de este periódico, del que Sánchez Lubián también es colaborador.

Más de un centenar de personas asistieron a este coloquio en el que el eje inicial giró en torno al necesario trabajo periodístico para desenterrar la memoria de las personas fusiladas y represaliadas por la dictadura franquista. Así lo expuso Escolar. Detalló que requiere una labor investigadora y la búsqueda de documentos “muy difíciles de hallar”, pero que “desde el punto de vista humano, son valiosísimos” y que “no se pueden contar de manera neutral, como si fuese un partido de fútbol”.

Sánchez Lubián así lo valoró también. Hizo mención a Miguel de Unamuno para referirse a la “intrahistoria”, es decir, aquella “gente corriente, gente cotidiana” que no forma parte de la “historia con mayúsculas”. “Gente anónima que no tuvo cargos de responsabilidad, pero que sin embargo sufrió represión y sobre la que no se ha contado nunca nada. Esa es la cuestión, darle voz a los olvidados, no desde el revanchismo, sino por necesidad de sacar a la luz sus historias”. Y ese es el objetivo de buena parte de su libro.  

Precisamente, Escolar criticó el discurso utilizado por las derechas cuando arremeten contra la memoria histórica alegando que “solo se está contando la historia de los rojos represaliados y no de los curas quemados o de Paracuellos”. “Eso no es verdad, porque esa historia ha estado presente durante toda la dictadura, fue contada un día y otro día, y todos esos muertos fueron honrados y todas esas personas están enterradas en un sitio donde sus descendientes saben dónde están, donde pueden llevarles flores”.

Saber qué fue de tu padre, de tu abuelo, de tu tío, poder recuperar algo de sus pertenencias personales, de su historia, es algo básico, es un mínimo para después, sobre eso, construir cualquier concordia

Ignacio Escolar

El drama, apuntó, está en que hay otra parte de las víctimas, que además “son mayoría en números absolutos”, que durante años fue “ignorada”, incluso “bien entrada ya la democracia”. Fueron historias que eran “tabú”. Y, de hecho, también arremetió contra el que el hecho de que se contraponga la “concordia” como antítesis de la memoria histórica. “Saber qué fue de tu padre, de tu abuelo, de tu tío, poder recuperar algo de sus pertenencias personales, de su historia, es algo básico, es un mínimo para después, sobre eso, construir cualquier concordia”.

Y por todo ello, consideró “terrorífico” que algo tan esencial como “poder honrar a tu abuelo”, que es “algo que las víctimas del otro bando han tenido siempre”, sea “un motivo de conflicto 90 años después”.

 Sánchez Lubián añadió que tanto en su libro como en el anterior que escribió sobre los presos del franquismo que construyeron la Academia de Infantería de Toledo, ha podido comprobar cómo se ha ido creando “una maraña de silencio”. “A veces las familias han creado un relato paralelo para justificar lo que les pasó a ellos, pero eso no se correspondía luego con la realidad. Eso es injusto. Conocer la verdad no es revanchismo, es encontrar respuestas”.

De hecho, durante su intervención puso como ejemplo el caso de Federico García Lorca. “Yo a veces no pienso en García Lorca. Pienso en las tres personas que fueron fusiladas y enterradas con él. El maestro y aquellos dos banderilleros. Esa gente no sabe dónde tiene que ir a llevar las flores. ¿Que la familia de García Lorca no hace nada para localizar a sus restos? Bueno, pero las otras familias tienen derecho a ello”.

Pero, ¿se pudo haber hecho esa reparación de la memoria mucho antes, durante la transición democrática y los primeros años de la década de los 80? Ambos periodistas consideraron que sí. El autor del libro se mostró convencido de que hay un “déficit del que todos somos responsables” pero principalmente los primeros gobiernos democráticos.

“Hay quienes dicen que la Ley de Memoria Democrática lo que hace es resucitar males del pasado, pero gracias a esa ley se está exhumando a mucha gente enterrada en las cunetas. Y gracias a ella se ha puesto en marcha, por ejemplo, la creación de un banco público de ADN, que puede parecer una cosa etérea, pero es importantísimo, porque hasta ahora las exhumaciones se hacían mediante gestión privada”. En definitiva, apuntó, la mencionada norma viene a considerar que la democracia es “mucho más que resignificar”.

El director de elDiario.es también opinó que “se llega tarde” porque “muchos de los familiares que están buscando a sus abuelos están muriendo”. Admitió que durante el periodo en que Adolfo Suárez estaba legalizando al Partido Comunista, y con las tensiones militares que luego desembocaron en el golpe de Estado de 1981, no había en las fuerzas democráticas “capacidad suficiente como para forjar esa reparación” y hubiera sido “darle demasiadas cucharadas de ricino al Ejército”.

“Pero después, en el año 1982, con Felipe González y una mayoría apabullante, y después del golpe de Estado, sí habría sido el momento para poder hacerlo. E incluso hubiera sido más fácil de explicar políticamente, porque uno de los argumentos que utilizan ahora los que se oponen es por qué se hace actualmente”.

En este punto, surgió el debate sobre la educación en las aulas. Aunque sí hay museos y monumentos que ahora dignifican a muchas de esas víctimas olvidadas, no ocurre igualmente en la educación pública. Así lo reconoció el propio Escolar: “En la E.G.B. nunca llegábamos a la Guerra Civil, nunca”.  

Es necesario un ejercicio para que la gente entendiera lo que es la democracia, lo que le ha costado a este país tener una educación, una sanidad pública, un estado de bienestar, y eso es un déficit que estamos arrastrando

Enrique Sánchez Lubián

Y Sánchez Lubián lo confirmó. “Ahora que tanto nos ocupamos ante el revival franquista, nos damos cuenta de que habría que haber hecho una labor de pedagogía, no solamente por explicar la historia en las aulas, sino también por inculcar que la libertad democrática no afecta solo a los tiempos de la guerra, sino también al presente. Un ejercicio para que la gente entendiera lo que es la democracia, lo que le ha costado a este país tener una educación, una sanidad pública, un estado de bienestar, y eso es un déficit que estamos arrastrando”.

Al hilo de ello se refirió a actuaciones como los recientes abusos policiales en cargas contra manifestantes universitarios, las denuncias contra elDiario.es por investigaciones como la de Julio Iglesias, las actuaciones de militares contra migrantes en Ceuta o ver a un agitador de ultraderecha (en referencia a Vito Quiles) vitoreado por legionarios. “Eso es un déficit democrático y contra ello tendríamos que haber puesto una vacuna hace tiempo”.

De hecho, otro ejemplo que puso es el de los jóvenes que acudieron el pasado 12 de octubre a la Puerta del Sol a increpar a los acampados por la vivienda, con consignas fascistas y franquistas, y banderas con la cruz de Borgoña. “Me preocupa de dónde han salido, porque seguramente ninguno de ellos ni sabe ni quién es José Antonio (Primo de Rivera) ni nada de nada”.

Sobre esta cuestión, Escolar hizo mención a una conversación con Iñaki Gabilondo a este respecto, en la que le remarcó que estos chicos y chicas que gritan ‘Viva Franco’ no aguantarían “ni diez minutos, o doce, a más tardar, en una dictadura”.  “Hay cosas muy básicas que ellos dan por sentadas, como que una mujer pueda abrir una cuenta corriente sin permiso del padre o del marido, o que puedas querer a quien quieras, y que antes no eran posibles. Pero lamentablemente hay una corriente, yo creo que algo frívola en primer sentido, o casi pop, de reivindicar cosas de las que desconocen todo”.

También la denominada ‘Ley de Nietos’ y el hecho de que el Tribunal Supremo haya paralizado la posibilidad de votar a los descendientes de exiliados españoles ocuparon parte del coloquio entre ambos periodistas. Mientras Sánchez Lubián destacó que es “sintomático” de que mucha gente en la derecha política no es consciente de la “dimensión del exilio español”, Escolar consideró “terrible” el debate sobre la cuestión.

De hecho, apuntó que la famosa orden del decreto por la que se permite ese voto incluye “exactamente la misma definición” que se hizo con la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “Esto, que era pacífico en 2007 y es prácticamente un copia-pega que es fácil de comprobar en el BOE, ahora se convierte en un gran escándalo. Yo creo que en parte tiene que ver también con una mala conciencia por la historia de la derecha española”.

Y al hilo de ello, ambos reflexionaron sobre la polarización política actual. “Cada vez hay menos violencia, pero al mismo tiempo, hay más odio. En gran medida por cómo funcionan los algoritmos en las redes sociales, hay cada vez más discursos encendidos de rechazo al de en frente, de rechazo que no piensa como tú”.

Aunque para el director de elDiario.es resulta “inimaginable un nuevo conflicto militar o una represión y una dictadura asesina como la de la posguerra”, sí dejó claro que “no hace falta llegar a eso para que haya un retroceso democrático”. Para ello puso ejemplos como los de Hungría o Polonia.

Incluso si hay mayoría absoluta del PP con Vox, será muy difícil aprobar según qué cosas si hay un 70 o un 80% de la población a la que le parece mal algo tan básico como no echar de casa a una señora de 87 años

Ignacio Escolar

“Cuando hay un partido en el Parlamento que no reconoce la legitimidad del Gobierno desde el minuto uno, pone en duda el resultado electoral y arrastra a la otra fuerza de oposición a esos mismos discursos, cuestionando la limpieza de las elecciones, todo eso es una amenaza de retroceso democrático sin que por eso vayamos a volver a tener fosas comunes ni fusilados”, destacó.

No obstante, también dejó claro que, por “ver el vaso medio lleno”, hay muchas leyes que suponen avances sociales y que no se van a modificar. “Porque se está generando una nueva conciencia social que hará que, incluso si hay mayoría absoluta del PP con Vox, sea muy difícil aprobar según qué cosas si hay un 70 o un 80% de la población a la que le parece mal algo tan básico como no echar de casa a una señora de 87 años”, en referencia al clamor social derivado del desahucio de Maricarmen Abascal.

Por último, Enrique Sánchez Lubián insistió en la necesidad de seguir investigando, buceando en los archivos. “Hay que seguir apostando por la digitalización de todos los documentos, porque muchas veces encuentras expedientes que dicen no se pueden consultar porque su estado de conservación es tan nefasto que se va a deshacer el papel. Y hay que seguir recogiendo testimonios de familiares. Seguir trabajando por la memoria, por desenterrar todo lo tapado y olvidado”, concluyó.

Enrique Sánchez Lubián (Alcázar de San Juan, 1956) ha ejercido el periodismo durante más de 40 años, habiendo sido jefe de prensa del Ayuntamiento de Toledo. Ha combinado la labor periodística con la divulgativa, siendo autor de libros como 'Besteiro, años de juventud'; 'Domingo Alonso, apóstol del socialismo toledano'; 'Emelina, la belleza que alumbró a la República'; 'El reloj de la cárcel, Poesías y leyendas de Francisco Machado'; 'Crónica negra de Toledo. Truhanes, pícaros, asesinos y otras gentes de mal vivir'; 'Luisa Alberca, reina de los seriales en la España de los 50'; 'Toledo en la II República'; o 'Los presos que construyeron la Academia de Toledo'.

Un informe para Francisco Franco de 1935 titulado Información practicada en las Islas Canarias evidencia que en 1935, antes de ser nombrado capitán general de Canarias, ya se interesó por la situación del espionaje en el archipiélago y conocía su situación.

El historiador Ángel Viñas transcribe este documento y realiza varias interpretaciones sobre el mismo, entre las que concluye que el dictador también sabía entonces de “la facilidad con que cabría neutralizar al personal militar (y en parte civil) cuando se produjera el golpe contra el gobierno republicano si no se adherían a él”.

De abril de 1935 a febrero de 1936 el general Francisco Franco ocupó el puesto número 2 en las Fuerzas Armadas republicanas. Fue en marzo de 1936 cuando llegó a Tenerife.

El informe fue realizado por un colaborador de la SSE (bajo la sigla B-32) elevó a la Superioridad el 30 de diciembre de 1935. Lo hizo tras un viaje que duró la mayor parte del mes, del 4 al día 20, bajo el título Información practicada en las Islas Canarias. Lo elevó a la Superioridad el 30 de diciembre. “Es altamente verosímil que cuando se destinó a Franco a Canarias lo llevara consigo. Que yo sepa tal información no es conocida en la literatura”, explica Viñas.

En el informe se destaca cómo era la actividad del espionaje británico, el nazi y el francés en las Islas. “Nos hallamos ante un archipiélago cuyas costas están desprovistas de toda vigilancia y donde la Guardia Civil tiene que ser casi completamente insuficiente para con su misión propia ya que la diseminación de los pueblos probablemente no tiene comparación con cualquier otra región española”, destaca el informador según ese documento.

Asimismo, se apunta que en consecuencia: las Islas tienen “terreno abonado para el espionaje, que si bien lo han de llevar a cabo con el fin de conocerse estas naciones sus movimientos podrán tener además un fin que nos interesa vivamente”.

El informe apunta también como datos relevantes que “en Tenerife nos encontramos con que la fábrica de fluido eléctrico se halla en manos de los ingleses y la de gas de los alemanes cuyo director el Sr. Blassberg es el jefe del Partido Nazi en Santa Cruz y además tiene un hijo empleado en el Consulado alemán” o detalla aquellos lugares que frecuentaban los alemanes, tanto en Tenerife como en Gran Canaria.

Otro caso llamativo es el caso en el que se expone una vivienda con “inscripciones comunistas”. “En el pueblo de Telde (Gran Canaria) existe una casita con la hoz y el martillo en la puerta y gran número de inscripciones comunistas en el interior; la habita una alemana llamada ELSA WOLFF casada con un cartero natural del país. En cierta ocasión se le hizo un registro encontrándose gran número de propaganda y documentación comunista y hasta una máquina multicopista y nada se hizo ¡era extranjera!”, relata el informe.

Sobre el espionaje británico pone el ejemplo de que cerca de Orotava “existe un chalet, ocupado por el conocido Doctor Burchard, del que ya se tiene conocimiento en este servicio. Se le supone espía y se sabe que cuando la Gran Guerra aprovisionaba submarinos y que un buen día en uno de ellos se fue a Alemania” además de otros ejemplos.

Viñas subraya que “el agente debió seguir instrucciones especiales porque fue a Canarias desde Madrid. Tuvo contacto con supuestos ejemplos del mismo en las islas” y que “el foco se centró en el espionaje extranjero en las Islas Canarias a finales de 1935. El estilo es muy cuidado en cuanto al contenido. Nunca se utiliza una terminología clara. Sin embargo, tres son los focos de atención: el espionaje británico, el nazi y el francés, este en una posición muy alejada de los dos primeros. Las referencias al soviético se hacen esperar pero evidentemente el autor les dedicó mucha de su atención”. 

En España durante la dictadura franquista vivíamos encerrados, sin conexión con el exterior. En la escuela primaria se enseñaba hasta los 14 años, como hacían la mayor parte de los jóvenes que no podían continuar sus estudios, o hasta los 10 años si continuabas el bachillerato tras superar un examen de ingreso. En los institutos de enseñanza media, además de las asignaturas propias de letras y ciencias se impartían las llamadas “marías”, nombre con el que se conocían, por la poca importancia que se les daba, a la Formación del Espíritu Nacional, la religión y la gimnasia. 

En 1972, la Formación del Espíritu Nacional ya era conocida entre los alumnos como “la política” que como propia actividad estaba prohibida por la dictadura y Franco se la reservaba para él y los suyos. Ese año cursaba 6º de bachiller y no recuerdo cuáles eran los temas que se habían tratado en las contadas ocasiones en las que el profesor de política asistía a clase, pero me sorprendió el hecho de que me suspendiera al final de curso cuando ni siquiera se había celebrado examen y porque prácticamente no me conocía. 

Los idiomas por supuesto estaban presentes. De la misma manera que podías elegir entre ciencias o letras al finalizar los cuatro años de bachiller elemental, se daba la opción entre un bachiller superior de inglés o francés. “Hoy vamos a ver el verbo to be” decía al llegar a clase el profesor de inglés, e inmediatamente comenzaba a escribir en la pizarra hablando en todo momento en castellano. Finalizaba mandando traducir un texto del libro que se exigía oficialmente. ¿Como iba el profesor a hablar en inglés si España estaba aislada del exterior?, ¿con quienes iba a practicar? 

Acabado este período se pasaba con 15 años al siguiente nivel, el bachiller superior que constaba de dos cursos. En el instituto, los profesores de religión también faltaban con frecuencia a clase, tanto que no recuerdo sino al padre D. José Alemán con quien pude intercambiar algunas ideas acerca de los orígenes del universo. La gimnasia era impartida por personas bajo la influencia de la única organización política autorizada por el régimen franquista, la Falange o Movimiento Nacional. Estas personas eran tan serias que pocas veces podías disfrutar de una sonrisa en su semblante, hasta el punto que pasados 40 años me tropecé con una de ellas en un ascensor de un edificio de la ciudad, y al preguntarle si no me recordaba como jugador del equipo escolar de baloncesto de entonces, me respondió con un estruendoso “pues serías de los malos”. Me despedí educadamente con un adiós. 

Desde temprana edad me asombraba escuchar a uno de mis tíos, un entusiasmado autodidacta nacido en la década de los años 20, decir que el cerebro humano tenía tres capacidades fundamentales, la memoria, el entendimiento y la voluntad. Le encantaba el razonamiento y yo me quedaba boquiabierto atendiendo a sus palabras. Sin embargo, me chocaba durante la dictadura que la enseñanza se centrara en la memoria, se obviaba la promoción del razonamiento entre los alumnos. “El Miño nace en Fuente Miña, provincia de Lugo, pasa por Orense y Pontevedra y desemboca en La Guardia”. Así cantaban los niños una y otra vez en los colegios infantiles de aquella época, para memorizar los nombres de los lugares por los que transcurría el río gallego. Si no llevabas aprendida la lección, la señorita te castigaba dándote golpes en las palmas de las manos con una regla lo suficientemente ancha hasta dejarlas rojas como un pimiento, o también podía utilizar el recurso de hacerte cargar con unos libros pesados y tener que mantenerlos con los brazos en cruz. Ella no parecía que fuese mala persona, pero su manera de practicar la pedagogía me hacía sospechar que esa formula la entendía como normalizada. Los padres eran incapaces de presentar una queja, bien porque pudieran pensar que era lo que estaba reglamentariamente establecido o por temor a que con su protesta no se consiguiese mas que represalias para sus hijos.

Durante el bachiller, la principal preocupación del profesor era transmitir la totalidad del temario contenido en el libro escogido por las autoridades antes de que finalizara el curso. Menos interés parecía tener en el progreso de los alumnos, sus dificultades de comprensión o las razones de sus comportamientos. 

La evaluación consistía en exámenes teóricos trimestrales, un final y en hacer una pregunta a un alumno elegido al azar durante el transcurso de una clase en cualquier momento del curso, de tal manera que si este no sabía la respuesta quedaba en el más absoluto ridículo. 

La Historia se estudiaba memorizando el nombre de las batallas, las fechas de las contiendas, los participantes, o los escenarios geográficos. De esta manera no había problema a la hora de responder las preguntas de los exámenes. El debate entre los alumnos y el profesor para contrastar distintas opiniones, o el intercambio de ideas entre los propios alumnos era imposible de imaginar.  

Las matemáticas se les atravesaba a un buen número de estudiantes y el área de los triángulos presentaba una de las mayores complejidades. Un profesor era capaz de llenar de quebrados dos pizarras de 3,5 metros cuadrados en una hora de clase y aún no me explico cómo había alumnos que pudieran entender. Suerte que don Antonio Bueno, en su academia de verano, explicaba con una facilidad excepcional cómo resolver un problema en solo cuatro pasos. 

Entre el razonamiento y la memoria, la dictadura escogía la memoria, la rigidez sobre la flexibilidad, la teoría sobre la práctica, el individuo sobre el grupo, la cantidad sobre la calidad y la conservación sobre la innovación. El debate y el pensamiento crítico, elementos que estimulan funciones del cerebro humano tan necesarias para el avance de las sociedades modernas, quedaban relegados a la inexistencia.

Aún es necesario hacer esfuerzos de renovación e innovación educativa que estimulen los estudios dirigidos a la mejora de los procesos de aprendizaje a través de la promoción de la creatividad, el diálogo, la escucha, la participación, la reflexión, el aprendizaje colaborativo, el de conexión con el entorno, el trabajo en equipo y el uso adecuado de las tecnologías de la información.

Hay muchos jóvenes albaceteños que probablemente hoy desconozcan que la hoy provincia de Albacete pertenecía históricamente a la Región de Murcia desde 1833 hasta 1978, que se constituyó como provincia propia y se integró en el régimen preautonómico de Castilla-La Mancha, que históricamente había sido Castilla La Nueva. Y quizás algunos otros no sepan que hasta la llegada de la transición democrática, tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, las mujeres no podían hacer prácticamente nada sin el permiso de sus maridos. Como si no existieran.

Son solo dos apuntes, uno simbólico y otro de gran calado, de la enorme transformación que supuso para toda España, y en particular para lo que hoy es Castilla-La Mancha, la llegada de la democracia tras las cuatro décadas de dictadura franquista.

Y con motivo de los 50 años transcurridos desde la llegada de Adolfo Suárez a la Presidencia del Gobierno y la aprobación de la Ley para la Reforma Política, el instrumento jurídico fundamental ideado para desmontar las estructuras de la dictadura. Con este espíritu arranca la exposición La Transición en Castilla-La Mancha. La construcción de una nueva realidad e identidad (1976-1983), que se inaugura este martes, día 29 de septiembre, en Museo de Santa Fe de Toledo.

Esta exposición está comisariada por José Antonio Castellanos López, profesor de Historia Contemporánea en la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha, director del Grupo de Investigación CLAVHISCON y decano de la Facultad de Letras de la UCLM; y por Álvaro Notario Sánchez, profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y vicedecano de la Facultad de Letras de la UCLM.

Supone un recorrido a través del arte, los documentos históricos, las fotografías y los espacios audiovisuales inmersivos, por la historia de la comunidad autónoma, desde el final de la dictadura hasta las primeras elecciones a las Cortes autonómicas en 1983.

En el paso previo realizado este lunes para los medios de comunicación, al que han asistido el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, y la consejera portavoz, Esther Padilla, entre otros cargos del Ejecutivo, los asistentes han podido conocer de primera mano los dos principales espacios de la muestra, divididos en diferentes etapas del proceso.

José Antonio Castellanos ha destacado que el objetivo principal de la muestra en mostrar a la ciudadanía, con criterios académicos, pero también pedagógicos todo lo que sucedió hace 50 años, haciendo hincapié en que fue un “doble proceso”. Primero, a nivel estatal, y segundo, en lo referente a la consecución del autogobierno para Castilla-La Mancha, “sumándose al carro del resto de territorios que lograron su autonomía”.

“Estamos hablando de un territorio desde el punto geográfico nunca antes había existido, las cinco provincias que hoy todos conocemos como Castilla-La Mancha nunca habían formado parte de una realidad política en la historia. Nos puede sonar la idea Castilla La Nueva, pero a lo mejor muchos no saben que durante el franquismo Albacete formaba parte de Murcia. Toda esa transformación van más allá de lo político y de lo geográfico, tienen que ver con lo identitario y lo cultural”, ha destacado.

La exposición dispone de más de 300 piezas, decenas de composiciones pictóricas, escultóricas, audiovisuales y fotográficas, además de cuatro “estaciones inmersivas”: espacios donde poder escuchar, tocar y visualizar diferentes etapas de esa transición. El comisario no ha querido destacar ninguna de ellas en especial, pero sí ha querido resaltar la combinación de la obra artística con un elemento “transmisor de la realidad” como son los testimonios que los documentales y los medios de comunicación dejaron de todo ese proceso.

El hecho de haber unido en la exposición tantas obras refleja asimismo un mensaje de consenso, el mismo que buscó conseguir la transición en el camino a la libertad

“Creemos firmemente que gracias a todo ello, en institutos, centros educativos y asociaciones, van a poder disfrutar mucho de la exposición”, ha destacado.

Por su parte, Álvaro Notario, otro de los comisarios de la muestra, ha puesto el acento en las más de 30 obras de arte que han cedido diferentes museos de titularidad autonómica y otros municipales. También ha destacado la colaboración de las entidades privadas y de coleccionistas particulares, que permitirán que puedan contemplarse por primera vez obras como 'Angustia' de Pepe Ortega, que abre la exposición.

“Toda esa colaboración y el haber conseguido que por primera vez se puedan contemplar todas juntas reflejan asimismo un mensaje de consenso, el mismo que buscó conseguir la transición en el camino a la libertad”, ha subrayado.

En la exposición se recogen asimismo objetos originales, reproducciones facsimilares de diferentes archivos, y bibliotecas, y en su visita por todas las capitales de provincia, también se podrán ver diferentes piezas relacionadas especialmente con cada lugar. Por ejemplo en la “estación inmersiva” dedicada a los quioscos, los periódicos de la época que contaron la transición serán toledanos mientras la exposición esté en esta ciudad, pero se cambiarán por otros provinciales en cada territorio.

“Es un homenaje que queremos hacer creemos que es realmente todo un homenaje el que se quiere hacer también con la exposición a cada una de las provincias, cada una de las capitales, sin querer dejarnos nada en el tintero. Aunque evidentemente al ser una época tan reciente, vivida por todas las generaciones pasadas y casi presentes, pues realmente será una exposición en la que todo el mundo tenga algo que aportar y todo el mundo tenga una opinión al respecto y que vea que falta algo de su pueblo, de su localidad o de su entorno más próximo.

Durante el paso previo, las personas asistentes han podido conocer de primera mano todo este proceso y asistir al estreno de las primeras performances realizadas por el grupo de teatro Narea Producciones, el encargado de las visitas dramatizadas, especialmente para jóvenes, con el objetivo de “vivir una experiencia más inmersiva”.

Esta ha sido una de ellas, denominada '15J. Castilla-La Mancha, vota por la libertad. Escenas de una transición':

En el resto, las representaciones se han centrado en conocer todo el proceso de transición democrática. Una con un diálogo entre un quiosquero de la época con un señor algo reacio a los cambios, al que consigue convencer de la importancia en el avance de las libertades; y otra a través de una mujer que, tras dejar de planchar camisas, le cuenta a su marido todo el progreso que la transición trae para el género femenino: el divorcio, el derecho al aborto, vestirse libremente, estudiar y trabajar, y en general, la posibilidad de “existir sin tener pedir permiso” porque “la democracia nos devolvió la voz”.

Tras su inauguración oficial, la exposición se mantendrá abierta al público en el convento de Santa Fe de Toledo hasta el 25 de octubre. Posteriormente, recorrerá el resto de las capitales de provincia llegando a Albacete, al Museo Provincial del 2 de noviembre al 6 de diciembre de 2026; a Guadalajara, al Palacio del Infantado del 14 de diciembre de 2026 al 17 de enero de 2027; a Ciudad Real, al Convento de la Merced del 1 de febrero al 7 de marzo de 2027 y, finalmente, a Cuenca al espacio Princesa Zaida del 22 de marzo al 25 de abril de 2027, aunque las fechas están sujetas a cambios.

La muestra se articula en tres salas. Las dos primeras dedicadas a la muestra y la tercera a un espacio con gamificación, con cuatro instalaciones interactivas que, a través de hologramas y juegos, permiten terminar la visita con una experiencia más inmersiva. La exposición concluye con un espacio audiovisual e interactivo concebido para ampliar la experiencia del visitante.

El recorrido se organiza en torno a cuatro ámbitos temáticos sobre la España en transición, el nacimiento de Castilla-La Mancha como comunidad autónoma, el nuevo paisaje social que surge en este periodo y la confluencia con movimientos culturales y artistas.

Por un lado, el bloque sobre la España de la transición, sitúa al visitante en el contexto nacional en el que se desarrollaron los acontecimientos: la represión política, las demandas de libertad, el papel desempeñado por la Corona, la acción reformista de los gobiernos de Adolfo Suárez, la aprobación de la Constitución de 1978 o las amenazas representadas por el terrorismo y el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 permiten comprender la magnitud de los cambios que experimentó la sociedad española en aquellos años decisivos.

En el bloque enfocado a la nueva autonomía, se aborda el proceso mediante el cual la región fue adquiriendo una realidad política e institucional propia en el marco del nuevo Estado de las Autonomías. Esta sección invita a reflexionar sobre cómo las regiones no son únicamente realidades heredadas del pasado, sino también construcciones históricas surgidas de procesos políticos, sociales y culturales concretos.

Asimismo, se ha construido un bloque sobre el nuevo paisaje social que surge en este periodo. En él se analizan las transformaciones que afectaron a la vida cotidiana. La emigración, el crecimiento urbano, la crisis económica, las movilizaciones obreras, la ampliación de los espacios de participación ciudadana son algunos de los temas.

Tendrá un lugar destacado el protagonismo de las mujeres en este proceso con su creciente incorporación al ámbito educativo, laboral y político, así como el surgimiento de asociaciones y movimientos feministas; y también da cabida a reivindicaciones frente a la represión y la discriminación de las identidades sexuales.

De Pepe Ortega a Rafael Canogar

Se ha diseñado un bloque con la mirada de artistas como Pepe Ortega, Juan Genovés, Manuel López-Villaseñor, Juan D'Opazo o Rafael Canogar, entre otros, que ofrece algunas de las principales sensibilidades artísticas del periodo. Por último, en el apartado sobre cultura e identidades en transformación, se explora el modo en que la democratización favoreció nuevas formas de creación.

Surgieron o se consolidaron iniciativas como el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Al mismo tiempo, destaca la producción literaria de autores como Francisco Nieva, Antonio Buero Vallejo o Francisco García Pavón; y la modernización cultural que se manifestó en ámbitos como la arquitectura y el diseño, representados por Miguel Fisac y Manuel Piña; en el cine por Pedro Almodóvar y José Luis Cuerda; y en la consolidación de nuevos espacios para la difusión artística.

Se incluye, además, la muestra 'La Transición a través de jóvenes ilustradores' en la que 10 ilustradores de Castilla-La Mancha releen la Transición con su propio lenguaje gráfico, en una muestra integrada dentro de la exposición principal. La muestra recorrerá las cinco sedes de la exposición central.

Esta exposición paralela reúne el trabajo de 10 ilustradores de la región: Adela Cabañas (Tomelloso), José María Grueso Araque 'Chema Arake' (La Roda), Consolación Escribano 'Coco' (Quintanar del Rey), Antonio Mancheño Lucas 'El Manchas', Eva Pérez (Guadalajara), Javier García Martínez 'Javi Cohen' (Villasequilla), María José López Cerro (La Roda), Mercedes Camacho (Almuradiel), Mercedes Juan (Toledo) y Miguel Ángel Díaz 'Ekim'. Cada uno aporta una mirada propia sobre el periodo, tendiendo un puente entre la memoria de aquellos años y los lenguajes visuales de hoy.

La exposición también ha contado con un comité científico compuesto por Francisco Alía Miranda, Juan Carlos Buitrago Oliver, Francisco José Cerceda Cañizares, Ramón Vicente Díaz del Campo Martín Mantero, Víctor Iniesta Sepúlveda, Alba Nueda Lozano, Pedro José Trujillo Arrogante y Ángel Ramón del Valle Calzado. La exposición ha sido coordinadora por María Teresa Zahonero Martínez, del Servicio de Museos, Exposiciones y Difusión del Patrimonio Cultural de la Viceconsejería de Cultura y Deportes.

Fueron exhumaciones impulsadas por el Estado, pero solo las de una parte de las víctimas de la Guerra Civil. Desde 1939 y durante años, el franquismo llevó a cabo una política pública de búsqueda y homenaje de los cuerpos de los vencedores, mientras miles de republicanos siguen medio siglo después de la muerte de Franco sin ser desenterrados. Pero la recuperación física de los cadáveres no fue el principal objetivo de la dictadura: lo fue fabricar un relato oficial sobre los “mártires y caídos”, un mito político usado hasta la saciedad que el régimen no dudó en sostener a través de la manipulación de sus muertos.

Así lo detalla la historiadora Miriam Saqqa Carazo en un artículo recién publicado en la revista Pasado y Memoria, en el que, tras examinar expedientes judiciales y forenses de las exhumaciones, concluye que la dictadura las utilizó para construir “un modelo de masculinidad nacionalcatólica” exaltando la virilidad, la fe o el patriotismo de las víctimas. Y lo hizo generando una documentación que, según ha analizado la experta, cae en contradicciones y lagunas para afirmar una verdad prefabricada. “Detrás había un fin claramente político”, apunta.

Ya desde el primer año de la Guerra Civil y a medida que los sublevados fueron ocupando territorios, comenzaron a poner en marcha la búsqueda de las consideradas “víctimas de las hordas marxistas”. Saqqa Carazo, autora de la primera investigación al respecto en nuestro país, estudió las exhumaciones entre 1936 y 1951 e identificó —consciente de que no son todos— más de 3.500 cadáveres recuperados.

A partir de 1940, el proyecto se institucionalizó a través de la Causa General, la investigación impulsada por el franquismo para depurar a supuestos culpables de la “violencia roja” que dio lugar a numerosos juicios, acciones represivas y exhumaciones de cuerpos. Según los historiadores, este fue un proceso fundamentalmente propagandístico, destinado a justificar la represión contra los republicanos y el golpe de Estado de 1936.

A través del análisis de las piezas dedicadas a las exhumaciones en la Causa General, Saqqa Carazo concluye que la dictadura las acompañó de “un relato estandarizado” que venía a exaltar atributos de un tipo específico de hombre: una víctima que “encarna los valores de la nación en construcción”. Es decir, de la Nueva España.

Del total de cuerpos recuperados analizados, el 96% son hombres, por lo que el discurso “se fijó” en ellos. Y de ahí surgió un “modelo de masculinidad nacional” que fue replicado en diferentes exhumaciones. “Esta narrativa se centraba en las circunstancias en las que murieron, exaltando valores emocionales de gran eficacia movilizadora, como la sangre derramada y el sacrificio”, sostiene la historiadora.

''¡Viva Cristo Rey!“ y manos atadas

Tres de estos elementos los ha encontrado la historiadora una y otra vez en las descripciones: el hecho de que los asesinados gritaran ¡Viva Cristo Rey! o ¡Viva España! antes de morir, los supuestos saqueos realizados sobre los cadáveres o que estos tuvieran las manos atadas a la espalda. Sin embargo, buena parte de ello “no se sustenta” con los análisis detallados de los documentos forenses, lo que demuestra el “objetivo ideológico claro” que en realidad tuvo el proceso, explica Saqqa Carazo.

Las tres circunstancias aparecen en el expediente dedicado a las ejecuciones y enterramientos de Paracuellos del Jarama (Madrid), basado en las aportaciones de un único testigo que supuestamente llegó a oír a los fusilados como, antes de morir, decían “os perdonamos de todo corazón, ¡asesinos!” o “nos matáis porque somos católicos y personas de orden”. La Causa General incluye una descripción casi literaria del último fusilado, sobre el que este testigo afirmó: “Hasta al morir, con la sonrisa en los labios. Este es el último epílogo de mi vida”.

Elementos calcados aparecen en la exhumación de 1939 de Soto de Aldovea (Torrejón de Ardoz), en la que se recuperaron 414 cuerpos. Al final de cada día de exhumación, se incluye en el expediente la siguiente afirmación: “Todos estos cadáveres aparecen con las manos atadas”. Sin embargo, en ninguna de las descripciones individuales de los cuerpos se anota este hecho ni tampoco pruebas como la presencia de cuerdas y correajes o una posición anatómica que reflejara este hecho. Es solo una afirmación sin sustento.

Lo mismo ocurre con la declaración de que varios de los cadáveres aparecieron “con los bolsillos vueltos, señal inequívoca de su saqueamiento”. No obstante, según ha contrastado Saqqa Carazo, en muchos de estos casos se vuelve una afirmación contradictoria con otra muy común: la de la presencia de numerosos objetos de valor aparecidos junto a algunos de estos cuerpos supuestamente asaltados. Sorprende, además, que al mismo tiempo en que se afirmaba que habían sido saqueados se resaltara el “elevado número” de objetos y prendas “de valor” halladas en las fosas.

El valiente frente al bárbaro

Para la historiadora, este énfasis reiterado en los mismos aspectos “no parece inocente”, sino que los documentos buscaban construir un relato de virilidad específico. Una masculinidad “heroica, católica y nacional”, la de un hombre sacrificado por la patria, valiente y que había sido “generoso” frente a la muerte, describe el estudio. Y que fue contrapuesta a la masculinidad del “otro”, representado “como cruel, inmoral y deshumanizado, como una encarnación del mal absoluto”.

Y es que para que el mito del mártir funcionase, la Causa General necesitaba construir su reverso perfecto: el del “rojo desalmado”. El estudio también detalla los interrogatorios a los que fueron sometidos presos republicanos bajo torturas, cuyas supuestas declaraciones sirvieron luego de base para los expedientes de exhumación. Sin embargo, muchas de estas afirmaciones estuvieron adulteradas.

Un caso paradigmático fue el del militante de la CNT Rafael del Águila, interrogado en Almería en 1940. El acta judicial le atribuye afirmaciones como la de “Glorioso Movimiento Nacional” o la “caída de la provincia en manos de los marxistas”, dos expresiones que difícilmente haría un militante anarquista. Además, el fiscal del caso pone en boca de Rafael declaraciones como que los 39 ejecutados del bando nacional que estaban bajo investigación murieron “con entereza, dando gritos de Viva Cristo Rey y Arriba España” mientras los milicianos “les insultaban”. De nuevo, las mismas referencias.

Todo ello lleva a la experta a asegurar que esta figura, la del “mártir y caído”, se convirtió en “legitimadora” del régimen y de su violencia ejercida contra el enemigo. Y a que el franquismo usó a sus propios muertos como “cuerpos políticos” con un fin propagandístico. “Entra dentro de la necesidad de construir un discurso que permita considerar al republicano como 'la otredad' y poder ejercer una violencia justificada sobre él”, explica.

Què tenen a veure una ciutat de vacances construïda pel franquisme a Marbella i una colònia de vacances aixecada durant l’Estado Novo portuguès a Caparica? Per a l’artista eivissenca Irene de Andrés (Eivissa, 1986), totes dues formen part d’una mateixa història que arrenca a la Itàlia de Mussolini i travessa els projectes turístics de les dictadures europees: la del turisme com a eina política, com a promesa de benestar i, finalment, com a indústria capaç de transformar radicalment els territoris que ocupa. A l’exposició Por un lugar en el sol, inaugurada a la Galeria Juan Silió en el marc d’Apertura Madrid Gallery Weekend, la creadora confronta arxius, propaganda, fotografies, vídeos i souvenirs per seguir l’evolució dels dos complexos des del seu naixement sota règims autoritaris fins al present.

El projecte prolonga una investigació desenvolupada des del 2018 al voltant de l’oci, el turisme i les arquitectures que el fan possible, des de les discoteques abandonades d’Eivissa fins als grans resorts i creuers. El punt de partida va ser un treball sobre Prora, el gegantesc complex turístic que l’Alemanya nazi va començar a construir el 1936 a l’illa de Rügen com a ciutat de vacances per a treballadors i que, dècades després, va acabar convertit en apartaments de luxe. En la seva nova exposició individual a Madrid, l’artista connecta Marbella i Caparica, dues ciutats de vacances aixecades sota dictadures que van sobreviure a la Segona Guerra Mundial i que compartien una concepció nacionalcatòlica de l’oci.

“Volia saber com actua el turisme, més enllà del que coneixem avui”, explica De Andrés, que el defineix com “una terraformació del lloc, de l’imaginari, que acaba substituint la història d’un lloc amb una postal que funciona com un bé de consum”. Així, el projecte mostra la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella, aixecada durant el franquisme, i la Colónia de Férias Um Lugar ao Sol de Caparica, construïda durant l’Estado Novo. Separades per més de 700 quilòmetres, van néixer d’una lògica comuna. “Ambdues ciutats de vacances estan pensades per a les famílies de classe treballadora, en llocs on la principal font d’ingressos des de fa anys és el turisme”, resumeix l’artista.

El projecte mostra la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella, aixecada durant el franquisme, i la Colónia de Férias Um Lugar ao Sol de Caparica, construïda durant l’Estado Novo. Separades per més de 700 quilòmetres, van néixer d’una lògica comuna

L’origen d’aquest model es remunta, segons la creadora, a la Itàlia de Mussolini i l’Opera Nazionale Dopolavoro, que l’Alemanya nazi replicaria amb el programa Kraft durch Freude. Portugal va desenvolupar la seva pròpia versió a través de la Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho i Espanya mitjançant l’Obra Sindical de Educación y Descanso. Tots aquests organismes responien, en part, a una conquesta prèvia del moviment obrer: el dret al descans, la reducció de la jornada laboral i les vacances pagades. “Els règims dictatorials no podien ignorar aquestes conquestes, però sí apropiar-se’n i organitzar-les des de l’Estat. Era una propaganda molt potent”, resumeix la creadora.

El model no es va desenvolupar, a més, de manera aïllada a cada país. L’artista assenyala que els organismes portuguès i espanyol van mantenir durant anys intercanvis, una circulació d’idees i experiències que permet entendre aquestes ciutats de vacances com a part d’una xarxa més àmplia de polítiques d’oci sota les dictadures. L’objectiu no era només facilitar el descans: també organitzar el temps lliure i oferir una determinada forma de vida sota el paraigua de l’Estat. Després de la Segona Guerra Mundial, aquesta dimensió obertament adoctrinadora va començar a diluir-se, segons l’artista, a mesura que els règims intentaven adaptar-se i mantenir-se en el poder, però les infraestructures i el model turístic van romandre.

Els règims dictatorials no podien ignorar les conquestes [socials], però sí apropiar-se'n i organitzar-les des de l'Estat. Era una propaganda molt potent

Irene de Andrés — Artista

Església, turisme i famílies

En aquestes colònies, la família nuclear i catòlica ocupava, a més, un lloc central. De Andrés aborda aquesta qüestió des de les teories de la reproducció social: “Tenien aquest interès per mantenir la família unida, la família nuclear, nacional i catòlica, i al final és una forma també de continuar reproduint treballadors”. El període vacacional permetia, a més, una pausa en les tasques reproductives que requeien fonamentalment sobre les dones: “Allà podien descansar perquè normalment també altres dones s’encarreguessin d’alimentar la seva família”. La presència de capelles i altres elements religiosos formava part d’aquesta concepció dels complexos. “En estar construït en aquella època, era un element que havia de ser-hi. Al final, són com una mena de pobles on anar de vacances”, assegura De Andrés.

El període vacacional permetia una pausa en les tasques reproductives que requeien fonamentalment sobre les dones: "Allà podien descansar perquè normalment també altres dones s’encarreguessin d’alimentar la seva família", afirma l’artista

La Ciudad Residencial de Marbella es va construir, a més, en paral·lel als anomenats pobles de colonització franquistes, dissenyats per intentar frenar l’èxode rural de la població espanyola. “Es creen en paral·lel als pobles de colonització que s’estaven construint per al treball dels agricultors que mai no anirien a aquells altres pobles”, explica l’artista. La pròpia lògica d’aquells desplaçaments tenia, a més, un revers turístic: mentre uns territoris expulsaven població rural cap a les ciutats i les zones costaneres en expansió, d’altres començaven a rebre aquests treballadors per construir els hotels i les infraestructures del nou sector turístic. La relació entre tots dos models li interessa precisament perquè uns organitzaven la vida laboral i els altres el temps de descans: “És força similar”.

Però aquelles vacances tampoc no estaven obertes indiscriminadament a tota la classe treballadora. A Marbella, els principals usuaris eren funcionaris de l’Estat i treballadors d’empreses vinculades a l’Instituto Nacional de Industria. “No necessàriament eren franquistes, però eren treballadors més emparats per l’Estat”, matisa l’artista. Precisament per això Por un lugar en el sol no s’atura en la caiguda de les dictadures, sinó que segueix què passa després. “Jo he triat alguns dels models que han continuat en funcionament, perquè em semblava especialment interessant estudiar aquesta evolució, que també forma part de l’evolució de la pròpia història del turisme, i no m’interessava estudiar-los com a ruïna, sinó quina ha estat aquesta transformació d’aquest ús social d’aquests espais”, afirma la creadora.

A Marbella, els principals usuaris eren funcionaris de l’Estat i treballadors d’empreses vinculades a l’Instituto Nacional de Industria. "No necessàriament eren franquistes, però eren treballadors més emparats per l’Estat", matisa l’artista

Vacances socials a la ciutat del luxe

A Marbella, la Ciudad Residencial Tiempo Libre va sobreviure a la Transició i va mantenir durant dècades una funció de turisme social. Amb la transferència de les estructures de patrimoni sindical, va passar a mans de Comisiones Obreras i UGT i va continuar oferint vacances de baix cost, inclosos viatges de l’Imserso i programes per a persones amb discapacitat. “Són unes vacances de baix cost en un lloc com Marbella, que té aquesta connotació també de turisme una mica luxós”, assenyala l’eivissenca. En plena Marbella, aquella arquitectura funcionava com una anomalia: un lloc on les vacances continuaven sent accessibles per a aquells que no podien assumir els preus de la resta de la ciutat.

Fins que va deixar de fer-ho. De Andrés ha investigat a l’Arxiu de Comissions i a l’Arxiu Històric de Sevilla l’evolució del complex i recull les denúncies dels seus propis treballadors. “Recentment, per exemple, la de Marbella ha estat privatitzada, i ja denunciaven els propis treballadors de la ciutat residencial la desinversió, una mica com estaven deixant morir una mica aquell espai per després tenir l’excusa de la privatització”.

Durant la pandèmia, les seves instal·lacions van arribar, a més, a posar-se a disposició de treballadors sanitaris que no es podien desplaçar. Per a l’artista, el deteriorament no era inevitable. “Em sembla que ja que hi ha aquesta arquitectura i que hi ha aquesta infraestructura, el que tocava era mantenir-la, no deixar d’invertir-hi. Perquè, és clar, arriba un moment en què el cost de la reforma excedeix el que suposadament es pot pagar, però això es podia haver evitat”, reivindica De Andrés.

A Marbella, la Ciudad Residencial Tiempo Libre va acabar en mans dels sindicats i va continuar oferint vacances de baix cost fins que ha estat privatitzada

D’altra banda, el cas portuguès ofereix una evolució diferent. La FNAT va ser substituïda per l’Instituto Nacional de Aprovechamiento de los Tempos Libres, INATEL, que manté una activitat vinculada al turisme social i gestiona el complex de Caparica. La mateixa artista hi ha estat com a usuària: “Ara pots ser soci, pots no ser soci, i jo hi he anat com a usuària”. Dos edificis nascuts sota dictadures sobreviuen, per tant, de formes diferents als règims que els van construir. Aquesta transformació també apareix a l’exposició, on imatges d’arxiu, postals, materials publicitaris i fotografies turístiques es barregen amb vídeos realitzats durant els seus recorreguts.

La metodologia d’Irene de Andrés busca precisament posar en relació aquestes diferents capes temporals. “Intento treballar amb moltes capes i dades temporals. No m’interessa quedar-me en el passat, en on i com es va construir, sinó quina ha estat l’evolució”, assegura la creadora. Per fer-ho combina documents d’arxiu amb imatges preses durant els seus propis recorreguts, entrevistes a persones que hi van passar les seves vacances i materials turístics contemporanis, des de fotografies de TripAdvisor fins a postals que adquireix i digitalitza. El resultat evita convertir aquests complexos en simples restes d’un passat autoritari i els presenta com a espais la història dels quals continua escrivint-se.

La promesa turística a Eivissa

La investigació connecta amb el lloc d’origen d’Irene de Andrés, Eivissa, on la promesa turística de prosperitat ha transformat completament l’illa. “Hi ha en aquests llocs els qui serveixen i els qui són servits, però per a qui és aquest lloc al sol, per a qui és aquesta promesa d’un lloc al sol”, planteja l’artista. El desenvolupament turístic hi va suposar el pas d’una economia pràcticament de subsistència a una altra basada en el turisme, però també ha dificultat que molts dels treballadors que sostenen aquesta indústria puguin viure a l’illa. “Potser el cambrer que t’està servint el xampany està vivint en una tenda de campanya. A mi això em sembla una vergonya”, critica la creadora.

Potser el cambrer que t’està servint el xampany està vivint en una tenda de campanya. A mi això em sembla una vergonya

Irene de Andrés — Artista

De Andrés recorda també el cas de Can Rova I i Can Rova II, on persones que vivien en assentaments “estaven pagant per un tros de terra sense accés a llum elèctrica”. “És a dir, això està passant a Eivissa”, denuncia. Així mateix, rebutja que la solució passi simplement per substituir el turisme de masses per un suposat “turisme de qualitat” si això significa reservar determinats territoris a qui té més poder adquisitiu: “Que unes persones són de qualitat o no pel seu poder adquisitiu? Tornarem a fer que només els súper rics puguin viatjar. Doncs tampoc no és això”. La seva alternativa passa per “trobar un equilibri” mitjançant “una regularització de l’habitatge” i “un repartiment just dels recursos”.

Aquest és, en darrer terme, el recorregut de Por un lugar en el sol: de les vacances com a dret conquerit a les vacances com a instrument polític i, finalment, al turisme com una de les grans indústries contemporànies. Una història que parteix de les arquitectures de les dictadures europees, però acaba plantejant una pregunta molt present: qui pot viure als llocs convertits en destinacions, qui pot permetre’s gaudir-ne i qui treballa perquè altres ho puguin fer.

¿Qué tiene que ver una ciudad de vacaciones construida por el franquismo en Marbella y una colonia de vacaciones levantada durante el Estado Novo portugués en Caparica? Para la artista ibicenca Irene de Andrés (Eivissa, 1986), ambas forman parte de una misma historia que arranca en la Italia de Mussolini y atraviesa los proyectos turísticos de las dictaduras europeas: la del turismo como herramienta política, como promesa de bienestar y, finalmente, como industria capaz de transformar radicalmente los territorios que ocupa. En la exposición Por un lugar en el sol, inaugurada en la Galería Juan Silió en el marco de Apertura Madrid Gallery Weekend, la creadora confronta archivos, propaganda, fotografías, vídeos y souvenirs para seguir la evolución de ambos complejos desde su nacimiento bajo regímenes autoritarios hasta el presente.

El proyecto prolonga una investigación desarrollada desde 2018 en torno al ocio, el turismo y las arquitecturas que lo hacen posible, desde las discotecas abandonadas de Eivissa hasta los grandes resorts y cruceros. El punto de partida fue un trabajo sobre Prora, el gigantesco complejo turístico que la Alemania nazi comenzó a construir en 1936 en la isla de Rügen como ciudad de vacaciones para trabajadores y que, décadas después, acabó convertido en apartamentos de lujo. En su nueva exposición individual en Madrid, la artista conecta Marbella y Caparica, dos ciudades de vacaciones levantadas bajo dictaduras que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial y que compartían una concepción nacionalcatólica del ocio.

“Quería saber cómo actúa el turismo, más allá de lo que conocemos hoy”, cuenta De Andrés, quien lo define como “una terraformación del lugar, del imaginario, que acaba sustituyendo la historia de un lugar con una tarjeta postal que funciona como un bien de consumo”. Así, el proyecto muestra la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella, levantada durante el franquismo, y la Colónia de Férias Um Lugar ao Sol de Caparica, construida durante el Estado Novo. Separadas por más de 700 kilómetros, nacieron de una lógica común. “Ambas ciudades de vacaciones están pensadas para las familias de clase trabajadora, en lugares donde la principal fuente de ingresos desde hace años es el turismo”, resume la artista.

El proyecto muestra la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella, levantada durante el franquismo, y la Colónia de Férias Um Lugar ao Sol de Caparica, construida durante el Estado Novo. Separadas por más de 700 kilómetros, nacieron de una lógica común

El origen de este modelo se remonta, según la creadora, a la Italia de Mussolini y la Opera Nazionale Dopolavoro, que la Alemania nazi replicaría con el programa Kraft durch Freude. Portugal desarrolló su propia versión a través de la Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho y España mediante la Obra Sindical de Educación y Descanso. Todos estos organismos respondían, en parte, a una conquista previa del movimiento obrero: el derecho al descanso, la reducción de la jornada laboral y las vacaciones pagadas. “Los regímenes dictatoriales no podían ignorar esas conquistas, pero sí apropiárselas y organizarlas desde el Estado. Era una propaganda muy potente”, resume la creadora.

El modelo no se desarrolló, además, de forma aislada en cada país. La artista señala que los organismos portugués y español mantuvieron durante años intercambios, una circulación de ideas y experiencias que permite entender estas ciudades de vacaciones como parte de una red más amplia de políticas de ocio bajo las dictaduras. El objetivo no era solo facilitar el descanso: también organizar el tiempo libre y ofrecer una determinada forma de vida bajo el paraguas del Estado. Tras la Segunda Guerra Mundial, esa dimensión abiertamente adoctrinadora comenzó a diluirse, según la artista, a medida que los regímenes intentaban adaptarse y mantenerse en el poder, pero las infraestructuras y el modelo turístico permanecieron.

Los regímenes dictatoriales no podían ignorar las conquistas [sociales], pero sí apropiárselas y organizarlas desde el Estado. Era una propaganda muy potente

Irene de Andrés — Artista

Iglesia, turismo y familias

En estas colonias, la familia nuclear y católica ocupaba además un lugar central. De Andrés aborda esta cuestión desde las teorías de la reproducción social: “Tenían ese interés por mantener a la familia unida, la familia nuclear, nacional y católica, y al final es una forma también de seguir reproduciendo trabajadores”. El periodo vacacional permitía, además, una pausa en las tareas reproductivas que recaían fundamentalmente sobre las mujeres: “Allí podían descansar para que normalmente también otras mujeres se encarguen de alimentar a su familia”. La presencia de capillas y otros elementos religiosos formaba parte de esa concepción de los complejos. “Al estar construido en esa época, era un elemento que tenía que estar ahí. Al final, son como una especie de pueblos donde viajar de vacaciones”, asegura De Andrés.

El periodo vacacional permitía una pausa en las tareas reproductivas que recaían fundamentalmente sobre las mujeres: 'Allí podían descansar para que normalmente también otras mujeres se encarguen de alimentar a su familia', afirma la artista

La Ciudad Residencial de Marbella se construyó además en paralelo a los llamados pueblos de colonización franquistas, diseñados para intentar frenar el éxodo rural de la población española. “Se crean en paralelo a los pueblos de colonización que se estaban construyendo para el trabajo de agricultores que nunca iban a ir a esos otros pueblos”, explica la artista. La propia lógica de aquellos desplazamientos tenía, además, un reverso turístico: mientras unos territorios expulsaban población rural hacia las ciudades y las zonas costeras en expansión, otros empezaban a recibir a esos trabajadores para construir los hoteles y las infraestructuras del nuevo sector turístico. La relación entre ambos modelos le interesa precisamente porque unos organizaban la vida laboral y otros el tiempo de descanso: “Es bastante similar”.

Pero aquellas vacaciones tampoco estaban abiertas indiscriminadamente a toda la clase trabajadora. En Marbella, los principales usuarios eran funcionarios del Estado y trabajadores de empresas vinculadas al Instituto Nacional de Industria. “No necesariamente eran franquistas, pero eran trabajadores más amparados por el Estado”, matiza la artista. Precisamente por eso Por un lugar en el sol no se detiene en la caída de las dictaduras, sino que sigue qué ocurre después. “Yo he elegido algunos de los modelos que han seguido en funcionamiento, porque me parecía especialmente interesante estudiar esa evolución, que también es parte de la evolución de la propia historia del turismo, y no me interesaba estudiarlos como ruina, sino cuál ha sido esa transformación de ese uso social de esos espacios”, afirma la creadora.

En Marbella, los principales usuarios eran funcionarios del Estado y trabajadores de empresas vinculadas al Instituto Nacional de Industria. 'No necesariamente eran franquistas, pero eran trabajadores más amparados por el Estado', matiza la artista

Vacaciones sociales en la ciudad del lujo

En Marbella, la Ciudad Residencial Tiempo Libre sobrevivió a la Transición y mantuvo durante décadas una función de turismo social. Con la transferencia de las estructuras de patrimonio sindical, pasó a manos de Comisiones Obreras y UGT y siguió ofreciendo vacaciones de bajo coste, incluidos viajes del Imserso y programas para personas con discapacidad. “Son unas vacaciones de bajo coste en un lugar como Marbella, que tiene esa connotación también de turismo un poco lujoso”, señala la ibicenca. En plena Marbella, aquella arquitectura funcionaba como una anomalía: un lugar donde las vacaciones seguían siendo accesibles para quienes no podían asumir los precios del resto de la ciudad.

Hasta que dejó de hacerlo. De Andrés ha investigado en el Archivo de Comisiones y en el Archivo Histórico de Sevilla la evolución del complejo y recoge las denuncias de sus propios trabajadores. “Recientemente, por ejemplo, la de Marbella ha sido privatizada, y ya denunciaban los propios trabajadores de la ciudad residencial la desinversión, un poco cómo estaban dejando morir un poco ese espacio para luego tener la excusa de la privatización”.

Durante la pandemia, sus instalaciones llegaron además a ponerse a disposición de trabajadores sanitarios que no podían desplazarse. Para la artista, el deterioro no era inevitable. “Me parece que ya que está esa arquitectura y que está esa infraestructura hubiese sido lo suyo mantenerlo, no dejar de invertir. Porque, claro, llega un momento en el que ya el coste de la reforma excede lo que supuestamente se puede pagar, pero eso se podía haber evitado”, reivindica De Andrés.

En Marbella, la Ciudad Residencial Tiempo Libre acabó en manos de los sindicatos y siguió ofreciendo vacaciones de bajo coste hasta que ha sido privatizada

Por otro lado, el caso portugués ofrece una evolución diferente. La FNAT fue sustituida por el Instituto Nacional de Aprovechamiento de los Tempos Libres, INATEL, que mantiene una actividad vinculada al turismo social y gestiona el complejo de Caparica. La propia artista ha estado allí como usuaria: “Ahora puedes ser socio, puedes no ser socio, y yo he ido allí como usuaria”. Dos edificios nacidos bajo dictaduras sobreviven, por tanto, de formas distintas a los regímenes que los construyeron. Esa transformación también aparece en la exposición, donde imágenes de archivo, postales, materiales publicitarios y fotografías turísticas se mezclan con vídeos realizados durante sus recorridos.

La metodología de Irene de Andrés busca precisamente poner en relación esas diferentes capas temporales. “Intento trabajar con muchas capas y datos temporales. No me interesa quedarme en el pasado, en dónde y cómo se construyó, sino cuál ha sido la evolución”, asegura la creadora. Para ello combina documentos de archivo con imágenes tomadas durante sus propios recorridos, entrevistas a personas que pasaron allí sus vacaciones y materiales turísticos contemporáneos, desde fotografías de TripAdvisor hasta postales que adquiere y digitaliza. El resultado evita convertir estos complejos en simples restos de un pasado autoritario y los presenta como espacios cuya historia continúa escribiéndose.

La promesa turística en Eivissa

La investigación conecta con el lugar de origen de Irene de Andrés, Eivissa, donde la promesa turística de prosperidad ha transformado por completo la isla. “Hay en esos lugares quienes sirven y quienes son servidos, pero para quién es ese lugar en el sol, para quién es esa promesa de un lugar en el sol”, plantea la artista. El desarrollo turístico supuso allí el paso de una economía prácticamente de subsistencia a otra basada en el turismo, pero también ha dificultado que muchos de los trabajadores que sostienen esa industria puedan vivir en la isla. “Igual el camarero que te está sirviendo el champán está viviendo en una tienda de campaña. A mí eso me parece una vergüenza”, critica la creadora.

Igual el camarero que te está sirviendo el champán está viviendo en una tienda de campaña. A mí eso me parece una vergüenza

Irene de Andrés — Artista

De Andrés recuerda también el caso de Can Rova y Can Rova II, donde personas que vivían en asentamientos “estaban pagando por un pedazo de tierra sin acceso a luz eléctrica”. “O sea, esto está pasando en Ibiza”, denuncia. Asimismo, rechaza que la solución pase simplemente por sustituir el turismo de masas por un supuesto “turismo de calidad” si eso significa reservar determinados territorios a quienes tienen mayor poder adquisitivo: “¿Que unas personas son de calidad o no por su poder adquisitivo? Vamos a volver a que solo los súper ricos puedan viajar. Pues tampoco es eso”. Su alternativa pasa por “encontrar un equilibrio” mediante “una regularización de la vivienda” y “un reparto justo de los recursos”.

Ese es, en último término, el recorrido de Por un lugar en el sol: de las vacaciones como derecho conquistado a las vacaciones como instrumento político y, finalmente, al turismo como una de las grandes industrias contemporáneas. Una historia que parte de las arquitecturas de las dictaduras europeas, pero acaba planteando una pregunta muy presente: quién puede vivir en los lugares convertidos en destinos, quién puede permitirse disfrutarlos y quién trabaja para que otros puedan hacerlo.

Uno de los platos más característicos de la cocina española es, sin duda, la tortilla de patatas. Esta receta de apenas tres ingredientes (con permiso de quienes odien la cebolla) nació a finales del siglo XIX como una manera de hacer más apetitosa la carestía que se vivía en los campos y los pueblos. Supieron crear un icono gastronómico con ingredientes propios de las clases más pobres.

Pero esos mismos huevos y patatas llegaron a convertirse en un alimento de lujo pocos años después. Cuando empezó la Guerra Civil, el hambre fue otro campo de batalla: la falta de alimentos y las enfermedades derivadas mataron a más personas en la retaguardia que las balas y bombas en el frente.

Las políticas de racionamiento pronto hicieron mella en las cocinas, pero muchas familias se empecinaron en seguir poniendo tortilla de patatas sobre sus mesas. Aunque fuera sin huevos y con patatas “simuladas”. Este plato, que de tortilla sólo tiene el nombre, es un verdadero ejercicio de imaginación y una muestra de cómo las madres y abuelas intentaban que, al sentarse a la mesa, los suyos vieran los platos que acostumbraban a comer antes de que empezaran a estallar las bombas. Y, aunque fuera sólo por un momento, olvidaran la guerra y el hambre.

Los huevos se substituían por legumbre hervida de más y bien batida o con una masa hecha de harina y agua. Y las patatas se cambiaban por albedos (la membrana blanca de las naranjas) o pan remojado cuando se tenía la suerte de contar con él. “Lo que ocurría en las cocinas fue un verdadero ejercicio de supervivencia, inventiva y de amor”, asegura la periodista y cocinera Berta Álvarez, quien ha recopilado en el libro Recetas de guerra (Kailas) decenas de elaboraciones desde la Segunda República hasta la Transición. Su obra es más que un recetario; es un documento histórico que se ayuda de la gastronomía para explicar desde un prisma diferente cómo fueron aquellos años marcados por el hambre y la desnutrición.

Muchos de los alimentos que hoy se consideran básicos se reservaban para alimentar a los enfermos por ser ricos en proteínas o hidratos, y el resto de la ciudadanía tenía que ingeniárselas sin ellos. En esa lista, por supuesto, también estaban la carne y el pescado, así que el recetario familiar se tuvo que reinventar casi desde cero dando mucho peso a las legumbres y a los cereales, que eran la base de pucheros con poca gracia y substancia. Pero, siempre que podían, las mujeres que estaban tras los fogones, se las ingeniaban para emular platos de antes con lo que tenían.

Los calamares a la romana se convirtieron en aros de cebolla; la pulpa del membrillo se cambió por harina y agua aromatizadas con mosto; y ante la falta de azúcar, los postres pasaron a consistir en pétalos de rosa o girasol fritos. “Algunas de estas opciones no estaban mal; otras eran terribles. Pero lo que buscaba entonces era engañar a la cabeza, más que al paladar, para que se viera sobre la mesa un plato que hiciera olvidar”, relata Álvarez.

Esta periodista madrileña que con los años se reconvirtió a cocinera y hoy, tras pasar por Le Cordon Bleu, ostenta el título de Chef en Pastelería, ha recreado todas y cada una de las recetas que recoge en su libro. Las ilustra con imágenes que son como bodegones, en los que la vajilla Duralex es omnipresente y la decoración, propia de cada época, aporta pistas sobre las inquietudes de quienes se sentaban alrededor de esos platos. “Probar estas recetas despierta conciencias y hace tomar perspectiva”, resalta la cocinera.

“¡Respetad a los gatos!”

El origen de muchas de las recetas de este libro se encuentran en las notas y libretas de Pilar, la tía abuela de Álvarez, que empezó a recopilarlas en 1913. En ellas se ve cómo la aparición de ciertos electrodomésticos y la variedad de alimentos de la Segunda República contrastó tremendamente con la hambruna y escasez que empezó con la Guerra y se alargó hasta bien entrada la Transición.

Pero aunque la inventiva de Pilar era mucha, no fue suya la idea de sustituir la capacidad aglutinante del huevo -y sus proteínas- por las legumbres, y tampoco se le ocurrió aromatizar las gachas para que parecieran membrillo. Esos trucos aparecieron en las revistas de cocina de la época, en las que los cocineros pasaron de enseñar recetas suculentas a maneras de subsistir, combinando los alimentos lo mejor posible para suplir carencias nutricionales y, también, animando a mantener el placer por la comida.

Uno de ellos fue el reconocido gastrónomo catalán Ignasi Doménech, quien editó la revista El Gorro Blanco desde principios de siglo hasta el fin de la guerra y escribió cerca de una veintena de obras y recetarios. Él, que se formó en las cocinas de caros y finos restaurantes, acabó acompañando a miles de amas de casa que se las veían crudas para alimentar a los suyos. Tanto, que todavía hoy se le recuerda por su libro Cocina de recursos (1938).

En esa obra se relata de manera cruda el desabastecimiento de la guerra, así como las opciones con los diversos alimentos que se podían conseguir en cada lugar. Porque no era lo mismo estar en una ciudad que en el campo, donde el cultivo, la pesca y la caza -aunque fuera a pequeña escala- podían dar algo de tregua. Y, por supuesto, tampoco era lo mismo estar en una zona tomada por el bando sublevado que en otra que resistía el azote del fascismo.

Las recetas que recupera Álvarez en su libro vienen de Madrid y de Zaragoza, dos ciudades que permiten ver bien las diferencias. La autora deja claro que, independientemente de las manos que gobernaran la zona, hubo hambre en toda España durante aquellos años. Pero sí apunta en que algunas capitales, especialmente Barcelona y Madrid, fueron pozos de “miseria”.

Para muestra, la figura del sustanciero, un hombre que iba casa por casa con un hueso de jamón que, a cambio de unas pesetas, lo introducía unos minutos en el caldo para saborizarlo. La carne era un bien escaso, tanto que hasta el pollo se convirtió en un alimento de lujo y muchas casas no tuvieron más remedio que echar a la cazuela los animales que tenían a mano, entre ellos gatos y perros.

“No quedó un solo gato en Madrid”, reza uno de los testimonios que Álvarez recoge al final de su libro y que cuenta que muchas casas se vieron obligadas a colgar en sus puertas y escalaras carteles que instaran a respetar la vida de estos animales. No sólo porque fueran las mascotas queridas de algunos, sino también porque mantenían a raya la plaga de ratas que transmitían enfermedades y se colaban en las ya muy exiguas despensas.

Del menú del día al Nesquik

El hambre no acabó con el fin de la guerra. El final de la carestía dependió -como en muchos otros ámbitos- del carnet y la clase social de la familia a la que se pregunte, pero se puede establecer 1952 como un año de inflexión. Fue cuando se dijo adiós a las cartillas de racionamiento.

A partir de finales de la década, España se abrió al mundo y eso comportó que diversas empresas quisieran expandir sus oportunidades de mercado. Así fue como llegaron marcas como Coca-Cola o Bimbo a hacerse un hueco en las despensas. Otras empezaron a disputar el reinado de productos nacionales, como fue el caso de Nesquik y Colacao o el de la batalla entre el jamón de York o el jamón serrano.

“Entre uno y otro no hay ni punto de comparación, pero, de repente, lo de fuera estaba más rico”, recuerda Álvarez, que marca en esos años el inicio del “desprestigio” de la comida regional. La proliferación de restaurantes de otros países coincidió con la pérdida de popularidad de los bares que ofrecían el menú del día (un invento, dicho sea de paso, del ministro de Turismo franquista, Manuel Fraga).

Todo ello propició que se empezara a dejar de lado recetas tradicionales que, por otro lado, recordaban a las épocas de hambruna y guerra. Un ejemplo de ello está en las lentejas, uno de los platos menos apreciados de la gastronomía española. “Sobre el papel, no tiene sentido porque están ricas y son muy nutritivas. Quizás tiene que ver con el recuerdo que tiene la gente de ellas, que ha hecho que el rechazo se transmita generación tras generación”, apunta la chef.

De hecho, una de las recetas más socorridas durante los primeros años de la Guerra fueron las lentejas Negrín, de color muy oscuro que solían estar en sacos repletos de insectos. El nombre viene de que quien fue el último presidente de la República, que recomendó estas legumbres, a las que llamaba “píldoras de resistencia” o “vitaminas para el cerebro”, por sus propiedades.

“Claro que hay cosas que traen malos recuerdos, pero no podemos dejar de lado esas recetas ni menospreciarlas”, apunta Álvarez. Ella defiende la riqueza y calidad de la comida tradicional española, pero también alerta del peligro de olvidar el hambre que pasaron nuestros padres y abuelas. “Tenemos guerras a menos de tres horas de avión y nunca se sabe... Hay lecciones que es mejor conservar”, zanja la chef.

La Diputació de València, a través de la delegació de Memòria Democràtica, ha fet una crida a la ciutadania per a localitzar familiars d’11 represaliats de la Guerra Civil que van ser inhumats a Bétera i Barcelona. La vicepresidenta Natàlia Enguix, responsable de l’àrea, atén així la petició d’ajuda de l’associació Per la Nova República i de l’Ajuntament barceloní de Sant Pere de Ribes. La primera entitat comunica que les restes de 10 valencians que van morir al camp de concentració de Portacoeli, a Serra, estan inhumades al cementeri de Bétera. El consistori català, per la seua banda, adverteix que les restes del soldat valencià Alfredo Lloret es troben al seu cementeri municipal.

La vicepresidenta Enguix destaca la importància de localitzar els familiars d’aquestes persones represaliades per a posar en marxa el procés de recuperació i identificació de les restes. En cas d’èxit en les proves, el procediment culminarà amb el lliurament d’aquestes als seus familiars. “Sense l’aparició de parents que puguen participar en la identificació genètica és impossible que el procés fructifique”, explica Enguix, qui remarca el valor d’aquestes campanyes reparadores impulsades per ajuntaments i associacions. “Nosaltres tenim molt clara la nostra intenció de participar i ajudar els familiars de les víctimes sempre que siga possible, com demostra la inversió que fem en memòria històrica, amb més d’un milió d’euros anuals”, apunta.

En aquest cas, la sol·licitud enviada per l’associació Per la Nova República i l’ajuntament català busca difondre la identitat dels represaliats les restes dels quals ja s’han localitzat o estan en procés de recerca, perquè apareguen familiars que contribuïsquen a les proves genètiques. “La memòria no són només les campanyes d’exhumació. És l’esforç de tota una societat per rescatar la veritat històrica i reconéixer els drets humans, i ací entra el treball de documentació i localització, les campanyes d’exhumació i identificació i la part divulgativa que estem reforçant des de la Diputació”, assenyala la vicepresidenta.

Víctimes de Portacoeli

La presidenta de l’associació Per la Nova República, María José Meseguer, s’ha dirigit a la Diputació de València per a informar del procés de localització de 62 republicans que van morir al camp de concentració de Portacoeli, a Serra, i que van ser soterrats a la fossa comuna del cementeri de Bétera. Entre ells hi ha 10 valencians d’entre 24 i 51 anys, les restes dels quals podran recuperar-se i identificar-se si apareixen els seus descendents o parents.

El llistat de represaliats valencians inhumats a Bétera el componen Juan Bautista Ibáñez Santamaría, veí del Cabanyal, a València; José Martínez Montell, de la Llosa de Ranes; Salvador Castellblanch Badia, d’Estivella; José Fort Tortajada, de Massamagrell; Remigio Soler Juliá, de Bèlgida; Evaristo Chafes González, de Bolbaite; José María Moreno García, de Museros; Juan José Sancho Badía, de Quartell; i els alacantins Tomás Albert Sort i Vicente Fornés Ribes, de Xàbia i Pedreguer, respectivament. Tots ells van morir entre abril de 1940 i abril de 1941.

Front de Llevant

L’onzena víctima és el soldat valencià Alfredo Lloret Soler, les restes del qual descansen juntament amb les d’altres 18 soldats al cementeri barceloní de Sant Pere de Ribes. Alfredo va morir a causa d’una infecció al cap de 19 anys a l’Hospital de Carabiners de Mas Solers, igual que les altres víctimes identificades pel consistori català i l’Associació de Familiars de Víctimes del Front de Llevant. L’objectiu de la recerca és trobar familiars que desitgen recuperar les seues restes i retre-li homenatge. Els impulsors de la iniciativa en terres catalanes desconeixen la localitat natal del soldat valencià, qui va servir en el 3 BM —secció de Transmissions— i va morir el 19 d’agost de 1938.

El punt de partida del projecte es deu a la investigació de l’arqueòloga Irene Estévez. L’especialista va observar un grafit amb la inscripció “1937” a l’edifici de l’antic hospital de Sant Pere de Ribes, cosa que la va motivar a consultar historiadors locals fins a esbrinar que l’immoble va prestar servei sanitari durant la contesa. L’examen posterior de l’arxiu municipal va confirmar l’existència de les actes de defunció de 19 soldats en dates coincidents amb les batalles de l’Ebre i del Segre.

La Diputación de Valencia, a través de la delegación de Memoria Democrática, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para localizar a familiares de 11 represaliados de la Guerra Civil que fueron inhumados en Bétera y Barcelona. La vicepresidenta Natàlia Enguix, responsable del área, atiende así la petición de ayuda de la asociación Per la Nova República y del Ayuntamiento barcelonés de Sant Pere de Ribes. La primera entidad comunica que los restos de 10 valencianos que murieron en el campo de concentración de Portacoeli (Serra) están inhumados en el cementerio de Bétera. El consistorio catalán, por su parte, advierte que los restos del soldado valenciano Alfredo Lloret se hallan en su cementerio municipal.

La vicepresidenta Enguix destaca la importancia de localizar a los familiares de estas personas represaliadas para poner en marcha el proceso de recuperación e identificación de los restos. En caso de éxito en las pruebas, el procedimiento culminará con la entrega de los mismos a sus allegados. “Sin la aparición de parientes que puedan participar en la identificación genética es imposible que el proceso fructifique”, explica Enguix, quien remarca el valor de estas campañas reparadoras impulsadas por ayuntamientos y asociaciones. “Nosotros tenemos muy clara nuestra intención de participar y ayudar a los familiares de las víctimas siempre que sea posible, como demuestra la inversión que hacemos en memoria histórica, con más de un millón de euros anuales”, apunta.

En este caso, la solicitud enviada por la asociación Per la Nova República y el ayuntamiento catalán busca difundir la identidad de los represaliados cuyos restos ya se han localizado o están en proceso de búsqueda, para que aparezcan familiares que contribuyan a las pruebas genéticas. “La memoria no son solo las campañas de exhumación. Es el esfuerzo de toda una sociedad por rescatar la verdad histórica y reconocer los derechos humanos, y ahí entra el trabajo de documentación y localización, las campañas de exhumación e identificación y la parte divulgativa que estamos reforzando desde la Diputación”, señala la vicepresidenta.

Víctimas de Portacoeli

La presidenta de la asociación Per la Nova República, María José Meseguer, se ha dirigido a la Diputación de Valencia para informar del proceso de localización de 62 republicanos que murieron en el Campo de Concentración de Portacoeli, en Serra, y que sufrieron sepultura en la fosa común del cementerio de Bétera. Entre ellos se encuentran 10 valencianos de entre 24 y 51 años, cuyos restos podrán recuperarse e identificarse si aparecen sus descendientes o parientes.

El listado de represaliados valencianos inhumados en Bétera lo componen Juan Bautista Ibáñez Santamaría, vecino del Cabanyal, en València; José Martínez Montell, de La Llosa de Ranes; Salvador Castellblanch Badia, de Estivella; José Fort Tortajada, de Massamagrell; Remigio Soler Juliá, de Bèlgida; Evaristo Chafes González, de Bolbaite; José María Moreno García, de Museros; Juan José Sancho Badía, de Quartell; y los alicantinos Tomás Albert Sort y Vicente Fornés Ribes, de Xàbia y Pedreguer respectivamente. Todos ellos fallecieron entre abril de 1940 y abril de 1941.

Frente de Levante

La undécima víctima es el soldado valenciano Alfredo Lloret Soler, cuyos restos descansan junto a los de otros 18 soldados en el cementerio barcelonés de Sant Pere de Ribes. Alfredo murió a causa de una infección a los 19 años de edad en el Hospital de Carabineros de Mas Solers, al igual que las demás víctimas identificadas por el consistorio catalán y la Asociación de Familiares de Víctimas del Frente de Levante. El objetivo de la búsqueda es encontrar a familiares que deseen recuperar sus restos y rendirle homenaje. Los impulsores de la iniciativa en tierras catalanas desconocen la localidad natal del soldado valenciano, quien sirvió en el 3 BM (sección de Transmisiones) y falleció el 19 de agosto de 1938.

El punto de partida del proyecto se debe a la investigación de la arqueóloga Irene Estévez. La especialista observó un grafiti con la inscripción “1937” en el edificio del antiguo hospital de Sant Pere de Ribes, lo que la motivó a consultar con historiadores locales hasta averiguar que el inmueble prestó servicio sanitario durante la contienda. El examen posterior del archivo municipal confirmó la existencia de las actas de defunción de 19 soldados en fechas coincidentes con las batallas del Ebro y del Segre.

Les empremtes que les necròpolis darrere seu voltant són un testimoni immaterial de la nostra història i prova d’això és Son Coletes. Ubicat en Manacor (Mallorca), és un cementiri que va passar de ser un dels testimonis muts de l’epidèmia de pesta durant el segle XIX a convertir-se en una de les zones amb major nombre de foses comunes a les illes fruit de la Guerra Civil i el franquisme, juntament amb el cementiri de Porreres. Un cementiri on es van descobrir les restes de símbols de la repressió franquista de tal rellevància com les d'Aurora Picornell i la resta de les represaliades conegudes com les Roges del Molinar. Un lloc que impedeix que es difumini l’empremta que va deixar la dictadura a les illes i a Espanya, tot i la derogació de la Llei de Memòria Democràtica a les Balears, la qual, no obstant això, el Tribunal Constitucional va suspendre el passat 7 de juliol.

Precisament per a ressaltar la rellevància de Son Coletes dins la història de les Balears, l’historiador Toni Tugores va publicar recentment l’assaig Son Coletes: història de la mort a Manacor. De la pesta de 1820 a la repressió de la Guerra Civil, en la qual narra l’evolució del camp sant manacorí i el reflex de com els successos històrics ressignifiquen el concepte d’un lloc amb un canvi tan dràstic.

Tugores estableix una línia cronològica de l’evolució d’aquest cementiri a través de tres etapes. En primer lloc, “quan es va inaugurar, el 1820 un tros de terra de conró de 3.550 m2, voltats de paret seca i sense la més mínima iconografia funerària, amb la finalitat d’enterrar-hi les víctimes de la pesta que afectava la zona de Llevant”. Una segona etapa fa un salt de més d’un segle i “seria la de la utilització d’aquell espai allunyat de Manacor com a lloc de repressió i extermini, entre agost de 1936 i gener de 1937”. Finalment, Son Coletes arriba a una fase final, “la seva inauguració com a cementeri catòlic municipal el 1953, realitzat amb una certa fastuositat i degudament ampliat”, detalla l’historiador.

Tot i la seva vasta cronologia, resulta pràcticament impossible parlar de Son Coletes sense incidir en el fet que va ser el testimoni mut dels assassinats fruit de la Guerra Civil a les Balears, fins al punt de considerar-se, juntament amb el cementiri de Porreres, l’epicentre de la repressió a Mallorca.

El fet que aquesta zona de l’illa concentrés la repressió no es deu a un únic motiu. “La Falange tenia molta força a Manacor i alguns falangistes es mostraren ben disposats a fer la feina bruta”, afirma Tugores. “Per una altra banda, no es pot oblidar que el desembarcament republicà (desembarcament de Mallorca) havia començat a la costa manacorina i que hi havia pànic al quintacolumnisme i a les tropes de Bayo. Altrament, Son Coletes oferia una certa ‘discreció’ perquè estava allunyat del nucli urbà; i en darrer terme, perquè un pres havia estat cavant rases més que suficients que oferien ‘facilitats’ a l‘hora dels enterraments”, desgrana l’historiador.

La Falange tenia molta força a Manacor i alguns falangistes es mostraren ben disposats a fer la feina bruta. Altrament, Son Coletes oferia una certa ‘discreció’ perquè estava allunyat del nucli urbà; i en darrer terme, perquè un pres havia estat cavant rases més que suficients que oferien ‘facilitats’ a l‘hora dels enterraments

Toni Tugores — Historiador

Exhumació i identificació de les víctimes

Després de l’aprovació de la Llei de Fosses el juny del 2016 a les Balears, Son Coletes ha estat pressent en tots els plans de Fosses del Govern balear. L’arqueòloga Almudena García-Rubio ha sigut la coordinadora dels diferents plans de fosses a les Balears, juntament amb les entitats Atics i Aranzadi. “Vam fer una investigació d’arxiu on vam trobar unes fotos britàniques del 1941 que reflectien el lloc exacte del cementiri antic davall del nou, fet que ens va permetre que en 2020 es dugués a terme la primera exhumació, en la qual es van localitzar les tres primeres fosses i es van identificar les primeres víctimes”, explica la investigadora. “Posteriorment, a partir del 2021, vam treballar junts i vam documentar les primeres restes trobades a les fosses”, afegeix García-Rubio.

Respecte a les víctimes, “el nombre d’individus recuperats és de 129; alguns els hem recuperat de forma completa i altres només de forma parcial. Sabem que part de les fosses que hem documentat es van quedar davall de les tombes modernes; per tant, és un mínim”, detalla l’arqueòloga.

El nombre d’individus recuperats és de 129; alguns els hem recuperat de forma completa i altres només de forma parcial. Sabem que part de les fosses que hem documentat es van quedar davall de les tombes modernes; per tant, és un mínim

Almudena García-Rubio — Arqueòloga

“El cementiri de les dones represaliades”

Les característiques físiques d’aquestes víctimes conclouen que “hi ha principalment individus de sexe biològic estimat masculí”, ratifica García-Rubio. No obstant això, la proporció de dones assassinades trobades a les fosses -Tugores afirma que s’han trobat 14 de les 17 dones assassinades a l’illa- permet sostenir que Son Coletes és el ‘cementiri de les dones represaliades’.

“S’han trobat un grup important de dones, que són les que ja s’han pogut identificar al 100%, que són Francesca Llull i Francesca Salas (mare i filla), a més del grup d’Aurora Picornell, Belarmina González i les Roges del Molinar [Antònia i Maria Pascual Flaquer], que també van poder ser identificades”, agrega la investigadora.

“A més, trobam un conjunt d’esquelets femenins que encara no han pogut identificar-se per ADN, però que la hipòtesi d’identificació és que siguin les milicianes-infermeres de Bayo, ja que és l’únic grup de dones que falta per trobar a Mallorca, però encara és només una hipòtesi”, especifica. Així mateix, segons destaca Toni Tugores, també “Va ser clau comptar amb l’ADN de la família Picornell i trobar la ploma estilogràfica de n’Aurora. Va ser igualment decisiu l’excel·lent treball dels tècnics d’Aranzadi i Àtics, així com dels centres d’investigació genètica”.

Una altra de les particularitats del cementiri manacorí és “la seva ubicació i la convivència entre víctimes locals i víctimes de fronts, és a dir, els milicians que van ser afusellats i enterrats allà”. “Una peculiaritat de Son Coletes respecte al què hem trobat fins ara”, detalla García-Rubio. A més de Porreres, s’han localitzat també alguns cossos a zones com Calvià, Marratxí o el Pou de s’Àguila (Llucmajor).

Víctimes sense filiació política

Respecte a les característiques de les víctimes, “el patró comú era la ideologia, però hi ha moltes víctimes que no tenien cap filiació política i que, a hores d’ara, desconeixem els motius de la seva mort violenta”, explica Tugores qui, així mateix, rebutja la idea que els cossos enterrats a les fosses només pertanyien al front republicà. “La gran majoria de les víctimes correspon a civils que no tenien res a veure amb el desembarcament. Hi hagué un pretext –totalment fals– d’una fantasmagòrica revolució comunista preparada per a finals de juliol de 1936, que es va fer servir per eliminar de manera arbitrària i indiscriminada persones que no tenien res a veure amb cap mena de complot, ni tan sols amb la política”, exposa l’historiador.

La gran majoria de les víctimes correspon a civils que no tenien res a veure amb el desembarcament. Hi hagué un pretext –totalment fals– d’una fantasmagòrica revolució comunista preparada per a finals de juliol de 1936, que es va fer servir per eliminar de manera arbitrària i indiscriminada persones que no tenien res a veure amb cap mena de complot, ni tan sols amb la política

Toni Tugores — Historiador

Per una altra banda, desgranar l’origen dels cossos trobats al cementiri ha sigut senzill: “En Son Coletes es distingeix perfectament les restes antigues del segle XIX de les restes de les fosses (de la Guerra Civil) perquè les restes del segle XIX estan en tombes individuals i en posicions totalment ritualitzades, és a dir, amb les mans sobre el tòrax o sobre l’abdomen, i cada persona amb el seu propi enterrament”, assevera García-Rubio.

Un fet que dista radicalment de les víctimes represaliades: “Estan enterrades en foses comunes, són enterraments col·lectius en els quals hi ha diversos individus enterrats amb simultaneïtat al mateix temps, en posicions que no són les ‘adequades’ -boca avall, de lateral, amb les mans lligades a l’esquena- i, per descomptat, amb signes de mort violenta”, afegeix la investigadora.

Procés d’investigació i dignificació

Per a poder arribar a la conclusió de què les restes trobades es tractaven de les víctimes de la Guerra Civil, l’equip va dur a terme els desenterraments de les fosses ubicades a Son Coletes, format per arqueòlegs, antropòlegs i genetistes que han fet feina a distintes campanyes, amb un total de 30 persones.

Aquest procés d’exhumació comprèn distintes fases: “La primera és la de la informació històrica o ante mortem de les víctimes que cercam; és a dir, a quins estem buscant, quina edat, quins signes identificables o característics tenien, d’on eren, què se sap de la seva detenció o desaparició i si van ser detinguts de forma individual o en grups”, detalla Almudena García-Rubio. “Per exemple, en el cas d’Aurora Picornell, sabem que de la presó van sortir cinc dones juntes i hem trobat cinc dones juntes... O la saca del Castell de Bellver, de la qual també es va identificar un grup a Son Coletes”, afegeix la investigadora.

García-Rubio sosté que, després de la següent passa, que seria la fase arqueològica -en la qual es troben fosses i individus- es procedeix a la fase de laboratori. “Allà, les antropòlogues hem de recavar l’estimació de sexe, edat, altura, documentació de patologies, documentació d’estat dental i causes i circumstàncies de la mort”, explica.

Posteriorment, es procedeix a la ‘materialitat’, és a dir, “l’estudi dels materials que apareixen, de la balística, dels objectes que localitzam; per exemple, a Son Coletes van trobar medalles religioses, vestimenta, la ploma estilogràfica de l’Aurora Picornell... distints elements que ens parlen d’estatus i de la persona que hem descobert”, desgrana García-Rubio.

Finalment, la investigadora detalla una fase final: “La realització de proves genètiques, la recerca de familiars, a part d’aquells que ja s’han posat en contacte amb nosaltres perquè estan en cerca activa dels seus desapareguts, i l’anàlisi genètica de les restes per a arribar a la identificació”.

El fet que Son Coletes fos un testimoni mut de les morts fruit de la repressió de la Guerra Civil ha convertit aquest espai en un escenari de dignificació i recuperació de la memòria històrica, tot i que Tugores matisa que “potser de manera insuficient”. “El 1985 es va instal·lar un petit monument al·lusiu als morts de la guerra i el 2016, s’hi va instal·lar un impressionant mural de ferro de grans dimensions, que avui és l’emblema de diversos col·lectius memorialístics”, assenyala l’historiador.

La reclamació de les restes per part dels familiars forma part també d’aquesta dignificació de les víctimes: “Hi ha moltíssims casos a Mallorca, Eivissa i Formentera. En el cas dels represaliats en El Penal de Formentera, la majoria de les famílies, si s’arriba a la identificació, volen la recuperació de les restes i enterrar-los amb les seves famílies”, relata Almudena García-Rubio. “A Son Coletes, s’han realitzat també actes d’homenatge, actes de devolució digna de les restes, i en les quals les institucions i l’equip que formam acompanyam als familiars de les víctimes, qui les enterren al lloc que han elegit”, afegeix l’arqueòloga.

Contra l’oblit

L’historiador Toni Tugores assegura que la seva obra Son Coletes: història de la mort a Manacor. De la pesta de 1820 a la repressió de la Guerra Civil és “un llibre contra l’oblit”: “Hi havia un desconeixement generalitzat sobre el paper d’aquest cementeri tant al segle XIX com al XX. Perquè el llibre no parla solament de Son Coletes, també del protagonisme del cementeri del Jardí del Rector els primers dies després del desembarcament, on es van afusellar un número que pot anar de 100 a 200 persones, que varen ser cremades en tres caramulls. És un fet documentat que sovint s’oblida, com si Son Coletes hagués estat l’únic lloc d’extermini massiu”, sosté.

Un oblit contra el qual vol lluitar que també s’ha fet patent a les institucions públiques després de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica el passat mes de març -que finalment fou anul·lada pel Tribunal Constitucional el 7 de juliol- i l’expulsió el 2024 de dues diputades socialistes del Parlament després de mostrar una instantània d’Aurora Picornell i les Roges del Molinar i la posterior ruptura de la fotografia per part del president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), fet que encara segueix sent investigat.

Un fet que Tugores considera de gravetat, ja que “és un greuge que comet la persona que presideix la institució democràtica més important de les Illes, la que representa el poble. I, a més, la seva vexació afecta persones i famílies que patiren persecució, humiliacions i mort i que no mereixen ser menystingudes en un acte d’altivesa i manca d’empatia que no ha tengut cap mena de conseqüència. Per no parlar de delicte d’odi –veurem que diuen els jutjats– i misogínia”, agrega l’investigador.

Per a l’historiador Tugores, que el president del Parlament, de Vox, trenqués una fotografia de la víctima franquista Aurora Picornell és una «vexació» que «afecta persones i famílies que van patir persecucions, humiliacions i la mort i que no mereixen ser menystingudes en un acte d’arrogància i falta d’empatia

Una tasca parcialment acabada

Respecte al procés d’exhumació a Balears -el qual inclou Son Coletes-, Almudena García-Rubio celebra que estan “en un moment positiu”. “Estam molt a prop de poder dir que a les Balears s’han cercat totes les foses de les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura”, afegeix. Sobre Son Coletes en concret, la investigadora sosté que ja han acabat “amb la part arqueològica”, i que ara només estan treballant “amb la part genètica”. “Ens queda molt per identificar, així que a nivell de genètica i identificacions encara ens queda un recorregut al davant”, comenta.

Així mateix, Toni Tugores indica també que falta “continuar treballant en la difusió de la tasca realitzada entre 2020 i 2023, especialment entre la gent jove. Intentar identificar el major nombre d’individus exhumats, senyalitzar els espais més icònics i, si és possible crear a Son Coletes un espai que, com deia abans, es poguessin exposar documents (cartes, dietaris, sentències, etc.), fotografies i els objectes que s’han anat trobant al costat de les víctimes i que demostren que Son Coletes es va convertir en un autèntic epicentre de la repressió feixista a Mallorca”.

Tot i el camí que encara queda per recórrer, García-Rubio destaca “el fructífer que és tot quan col·laboren els investigadors i les associacions memorialístiques amb els equips tècnics”. L’arqueòloga agraeix la implicació de Toni Tugores en les exhumacions a Son Coletes: “La seva col·laboració des del primer minut ha sigut vital, ens ha compartit la seva informació i ha sigut un membre més de l’equip per a les visites guiades, per als seus treballs amb els instituts i he tingut, a més, l’honor d’escriure el pròleg del seu llibre”, conclou.

Las huellas que las necrópolis dejan tras de sí son un testimonio inmaterial nuestra historia y prueba de ello es Son Coletes. Ubicado en Manacor (Mallorca), es un cementerio que pasó de ser uno de los testigos mudos de la epidemia de peste durante el siglo XIX a convertirse en una de las zonas con mayor número de fosas comunes en las islas fruto de la Guerra Civil y el franquismo, junto al cementerio de Porreres. Un cementerio donde se hallaron los restos de símbolos de la represión franquista de tal relevancia como los de Aurora Picornell y el resto de las represaliadas conocidas como les Roges del Molinar. Un lugar que impide que se difumine la impronta que dejó la dictadura en las islas y en España, pese a la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Balears, la cual, sin embargo, el Tribunal Constitucional suspendió el pasado 7 de julio.

Precisamente para resaltar la relevancia de Son Coletes en la historia de Balears, el historiador Toni Tugores publicó recientemente el ensayo Son Coletes: història de la mort a Manacor. De la pesta de 1820 a la repressió de la Guerra Civil, en el cual narra la evolución del camposanto manacorí y el reflejo de cómo los sucesos históricos resignifican el concepto de un lugar con un cambio tan drástico.

Tugores establece una línea cronológica de la evolución de este cementerio a través de tres etapas. En primer lugar, “cuando se inauguró en 1820, el cual era un trozo de tierra de 3.550 metros cuadrados, rodeados de pared seca y sin la más mínima iconografía funeraria con la finalidad de enterrar allí las víctimas de la peste que afectaba la zona del Llevant de Mallorca”. Una segunda etapa realiza un salto de más de un siglo y “sería la utilización de aquel espacio alejado de Manacor como lugar de represión y exterminio, entre agosto de 1936 y enero de 1937”. Finalmente, Son Coletes alcanza una fase final, “su inauguración como cementerio católico municipal en 1953, realizado con una cierta fastuosidad y debidamente ampliado”, detalla el historiador.

Pese a su vasta cronología, resulta prácticamente imposible hablar de Son Coletes sin incidir en que fue el testigo mudo de los asesinatos fruto de la Guerra Civil en Balears, hasta el punto de considerarse, junto al cementerio de Porreres, el epicentro de la represión en Mallorca.

El hecho de que esa zona de la isla concentrara la represión no se debe a un único motivo. “La Falange tenía mucha fuerza en Manacor y algunos falangistas se mostraban bien dispuestos a hacer el trabajo sucio”, afirma Tugores. Por otra parte, “no se puede olvidar que el desembarco republicano [desembarco de Mallorca] había comenzado en la costa manacorina y que había pánico al quintacolumnismo y a las tropas del capitán Alberto Bayo. Además, Son Coletes ofrecía una cierta 'discreción' porque estaba alejada del casco urbano y también un preso había estado cavando zanjas más que suficientes que ofrecían 'facilidades' a la hora de los enterramientos”, desgrana el historiador.

La Falange tenía mucha fuerza en Manacor y algunos falangistas se mostraban bien dispuestos a hacer el trabajo sucio. Además, Son Coletes ofrecía una cierta ‘discreción’ porque estaba alejada del casco urbano y también un preso había estado cavando zanjas más que suficientes que ofrecían ‘facilidades’ a la hora de los enterramientos

Toni Tugores — Historiador

Exhumación e identificación de las víctimas

Tras la aprobación de la Ley de Fosas aprobada en junio de 2016 en Balears, Son Coletes ha estado presente en todos los planes de Fosas del Govern. La arqueóloga Almudena García-Rubio ha sido la coordinadora de los diferentes planes de fosas en Balears, junto a las entidades Atics y Aranzadi. “Hicimos una investigación de archivo donde encontramos unas fotos británicas de 1941 que reflejan el lugar exacto del cementerio antiguo debajo del nuevo, con los que se permitió que en 2020 se realizara la primera exhumación, en la cual se localizaron las tres primeras fosas y se identificaron a las primeras víctimas”, explica la investigadora. “Luego, a partir de 2021, trabajamos juntos y documentamos los primeros restos encontrados en las fosas”, añade García-Rubio.

Respecto a las víctimas, “el número de individuos recuperados es de 129; algunos los hemos recuperado de forma completa y otros solo de forma parcial. ”Sabemos que parte de las fosas que hemos documentado se quedan debajo de las tumbas modernas, por lo que es un mínimo“, detalla la arqueóloga.

El número de individuos recuperados es de 129; algunos los hemos recuperado de forma completa y otros solo de forma parcial. Sabemos que parte de las fosas que hemos documentado se quedan debajo de las tumbas modernas, por lo que es un mínimo

Almudena García-Rubio — Arqueóloga

“El cementerio de las mujeres represaliadas”

Las características físicas de esas víctimas concluyen que “hay principalmente individuos de sexo biológico estimado masculino”, corrobora García-Rubio. No obstante, la proporción de mujeres asesinadas encontradas en las fosas – Tugores afirma que se han encontrado a 14 de las 17 mujeres asesinadas en la isla– permite sostener que Son Coletes es el 'cementerio de las mujeres represaliadas'.

“Se han encontrado un grupo importante de mujeres, que son las que ya se han podido identificar al 100%, que son Francesca Llull y Francesca Salas (madre e hija), además del grupo de Aurora Picornell, Belarmina González y las Roges del Molinar [Antònia y Maria Pascual Flaquer], que también pudieron identificarse”, agrega la investigadora.

“Además, encontramos un conjunto de esqueletos femeninos que aún no han podido identificarse por ADN, pero que la hipótesis de identificación es que sean las milicianas-enfermeras de Bayo, ya que es el único grupo de mujeres que falta por encontrar en Mallorca, pero todavía es solo una hipótesis”, especifica. Asimismo, según destaca Toni Tugores, también “fue clave contar con el ADN de la familia Picornell y encontrar la pluma estilográfica de Aurora, junto con el excelente trabajo de los técnicos, así como de los centros de investigación genética”.

Otras de las particularidades del cementerio manacorí es “su ubicación y la convivencia entre víctimas locales y víctimas frentes, es decir, los milicianos que fueron fusilados y enterrados allí”. “Una peculiaridad de Son Coletes respecto a lo que hemos encontrado hasta ahora”, detalla García-Rubio. Además de en Porreres, se han encontrado también algunos cuerpos en zonas como Calvià, Marratxí o el Pou de s'Àguila (Llucmajor).

Víctimas sin filiación política

Respecto a las características de las víctimas, “el patrón común era la ideología, pero hay muchas víctimas que no tenían ninguna filiación política y que, hoy en día, desconocemos los motivos de su muerte violenta”, explica Tugores quien, asimismo, desecha la idea de que los cuerpos enterrados en las fosas solo pertenecían al bando republicano. “La gran mayoría de víctimas corresponde a civiles que no tenían nada que ver con el desembarco de Mallorca. Hay un pretexto –totalmente falso– de una fantasmagórica revolución comunista preparada para finales de julio de 1936, que se empleó para eliminar de manera arbitraria a personas que no tenían nada que ver con ningún tipo de complot, ni tan solo con la política”, expone el historiador.

La gran mayoría de víctimas corresponde a civiles que no tenían nada que ver con el desembarco de Mallorca. Hay un pretexto –totalmente falso– de una fantasmagórica revolución comunista preparada para finales de julio de 1936, que se empleó para eliminar de manera arbitraria a personas que no tenían nada que ver con ningún tipo de complot, ni tan solo con la política

Toni Tugores — Historiador

Por otra parte, desgranar el origen de los cuerpos hallados en el cementerio ha sido sencillo: “En Son Coletes se distingue perfectamente los restos antiguos del siglo XIX de los restos de las fosas [de la Guerra Civil] porque los restos del siglo XIX están en tumbas individuales y en posiciones totalmente ritualizadas, es decir, con las manos sobre el tórax o sobre el abdomen y, cada persona con su propio enterramiento”, asevera García-Rubio.

Algo que dista radicalmente de las víctimas represaliadas: “Están enterradas en fosas comunes, son enterramientos colectivos en los que hay varios individuos enterrados con simultaneidad al mismo tiempo, en posiciones que no son las 'adecuadas' –boca abajo, de lateral, con las manos atadas a la espalda– y, por supuesto, con signos de muerte violenta”, añade la investigadora.

Proceso de investigación y dignificación

Para poder llegar a la conclusión de que los restos hallados se trataban de víctimas de la Guerra Civil, el equipo llevó a cabo los desenterramientos de las fosas ubicadas en Son Coletes, formado por arqueólogos, antropólogos y genetistas que han trabajado en distintas campañas, con un total de 30 personas.

Este proceso de exhumación se compone de distintas fases: “La primera es la de la información histórica o ante mortem de las víctimas que buscamos; es decir, a quiénes estamos buscando, qué edad, qué signos identificables o característicos físicos tenían, de dónde eran, qué se saben de su detención o desaparición y si fueron detenidos de forma individual o en grupos”, detalla Almudena García-Rubio. “Por ejemplo, en el caso de Aurora Picornell, sabemos que de la cárcel salieron cinco mujeres juntas y hemos encontrado cinco mujeres juntas… O la saca del Castell de Bellver, de la que también se identificó un grupo en Son Coletes”, añade la investigadora.

García-Rubio sostiene que, tras el siguiente paso, que sería la fase arqueológica –en el que se encuentran fosas e individuos, además de hallazgos de restos relativos a los cuerpos– se procede a la fase de laboratorio. “Ahí las antropólogas tenemos que recabar la estimación de sexo, edad, altura, documentación de patologías, documentación de estado dental y causas y circunstancias de muerte”, explica.

Posteriormente, se procede a la 'materialidad', es decir, “el estudio de los materiales que aparecen, de la balística, de los objetos que encontramos; por ejemplo, en Son Coletes hallamos medallas religiosas, vestimenta, la pluma estilográfica de Aurora Picornell… distintos elementos que nos hablan de estatus y de la persona que hemos encontrado”, desgrana García-Rubio.

Finalmente, la investigadora detalla una fase final: “La realización de pruebas genéticas, la búsqueda de familiares, aparte de aquellos que ya se han puesto en contacto con nosotros porque están en búsqueda activa de sus desaparecidos, y el análisis genético de los restos para llegar a la identificación”.

El hecho de que Son Coletes fuera un testigo mudo de las muertes fruto de la represión de la Guerra Civil ha convertido este espacio en un escenario de dignificación y recuperación de la memoria histórica, aunque Tugores matiza que “quizá de manera insuficiente”. “Desde 1984 se vienen celebrando actos periódicos de homenaje a las víctimas, gracias al comité de Son Coletes. En 1985 se instaló un pequeño monumento alusivo a los muertos de la guerra y en 2016 se erigió un impresionante mural de hierro de grandes dimensiones, que hoy en día es el emblema de diversos colectivos memorialísticos”, señala el historiador.

La reclamación de los restos por parte de los familiares forma parte también de esta dignificación de las víctimas: “Hay muchísimos casos en Mallorca, Eivissa y Formentera. En los casos de los represaliados en El Penal de Formentera, la mayoría de las familias, si se llega a la identificación, quieren la recuperación de esos restos y enterrarlos con sus familias”, relata Almudena García-Rubio. “En Son Coletes, se han realizado también actos de homenaje, actos de devolución digna de restos, y en el que las instituciones y el equipo que formamos acompañamos a los familiares de las víctimas, quienes los entierran en el lugar que han elegido”, añade la arqueóloga.

Contra el olvido

El historiador Toni Tugores asegura que su obra Son Coletes: història de la mort a Manacor. De la pesta de 1820 a la repressió de la Guerra Civil es “un libro contra el olvido”: “Había un desconocimiento general del papel de este cementerio tanto en el siglo XIX como en el XX. El libro no solo habla de Son Coletes, sino también del protagonismo del cementerio del Jardí del Rector los primeros días después del desembarco de Mallorca, donde se fusilaron a entre 100 y 200 personas, que fueron quemadas en tres montones. Es un hecho que a menudo se olvida, como si Son Coletes hubiera sido el único lugar de exterminio masivo”, sostiene.

Un olvido contra el que quiere luchar que también se ha hecho patente en las instituciones públicas tras la derogación de la Ley de Memoria Democrática el pasado mes de marzo –que finalmente fue anulada por el Tribunal Constitucional el 7 de julio– y la expulsión en 2024 de dos diputadas socialistas del Parlament tras mostrar una instantánea de Aurora Picornell y las Roges del Molinar y la posterior ruptura de la fotografía por parte del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), hecho que todavía sigue siendo investigado.

Algo que Tugores considera de gravedad, ya que “es un agravio que comete la persona que preside la institución democrática más importante de las islas, la que representa el pueblo”, asevera. “Y, además, la vejación afecta a personas y familias que padecieron persecuciones, humillaciones y la muerte, y que no merecen ser menospreciadas en un acto de arrogancia y falta de empatía que no ha tenido ningún tipo de consecuencia. Por no hablar del delito de odio –veremos lo que dicen los juzgados– y la misoginia”, agrega el investigador.

Para el historiador Tugores, que el presidente del Parlament, de Vox, rompiera una fotografía de la víctima franquista Aurora Picornell es una 'vejación' que 'afecta a personas y familias que padecieron persecuciones, humillaciones y la muerte y que no merecen ser menospreciadas en un acto de arrogancia y falta de empatía'

Una tarea parcialmente acabada

Respecto al proceso de exhumación en Balears –el cual incluye Son Coletes–, Almudena-García Rubio celebra que están “en un momento positivo”. “Estamos muy cerca de poder decir que en Balears se han buscado todas las fosas de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura”, añade. Sobre Son Coletes en particular, la investigadora sostiene que ya han acabado “con la parte arqueológica”, ahora solo están trabajando “con la parte genética”. “Nos queda mucho por identificar, así que a nivel de genética e identificaciones todavía nos queda un recorrido por delante”, comenta.

Asimismo, Toni Tugores indica también que falta “continuar trabajando en la difusión del trabajo realizado entre 2020 y 2023, especialmente entre la gente joven, señalizar los espacios más icónicos y, si es posible, crear en Son Coletes un espacio en el que se puedan exponer documentos, fotografías y objetos que se hayan ido encontrando al lado de las víctimas y que demuestren que el cementerio se convirtió en un auténtico epicentro de la represión fascista en Mallorca”.

Pese al camino que aún queda por recorrer, García-Rubio destaca “lo fructífero que es todo cuando colaboran los investigadores y las asociaciones memorialísticas con los equipos técnicos”. La arqueóloga agradece la implicación de Toni Tugores en las exhumaciones en Son Coletes: “Su colaboración desde el primer minuto ha sido vital, nos ha compartido su información y ha sido un miembro más del equipo para las visitas guiadas, para los trabajos con los institutos, y he tenido, además, el honor de escribir el prólogo de su libro”, concluye.

Las autoridades chilenas han detenido este sábado al exoficial del Ejército Nelson Haase Mazzei, el último condenado que permanecía prófugo por el secuestro y homicidio del cantautor Víctor Jara tras el golpe de Estado de 1973.

Haase Mazzei fue condenado a un total de 25 años y dos días de cárcel por el crimen de Jara y también por el secuestro, tortura y homicidio del entonces director general de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal, ha informado el Poder Judicial.

Según la prensa local, el exmilitar se encontraba escondido en una localidad rural de la región de Los Lagos, 850 kilómetros al sur de Santiago de Chile.

La Corte Suprema chilena confirmó en 2023 la sentencia contra Haase Mazzei y otros seis exmilitares por uno de los crímenes más simbólicos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Tras conocerse el fallo definitivo, Haase Mazzei fue uno de los condenados que no se presentó voluntariamente para cumplir la pena.

Otro de ellos, Hernán Chacón Soto, se quitó la vida cuando agentes policiales acudieron a notificarle la sentencia, mientras que el autor del disparo final que acabó con la vida de Jara, Pedro Barrientos, fue deportado en 2023 desde Estados Unidos, donde estuvo años oculto.

Referente de la “Nueva canción chilena” y autor de clásicos como “Duerme negrito” y “El derecho de vivir en paz”, Jara fue detenido en la ex Universidad Técnica del Estado el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe de Estado que derrocó al Gobierno socialista y democrático de Salvador Allende.

Militante del Partido Comunista, el artista y activista fue trasladado y torturado en el entonces Estadio Chile -hoy rebautizado como Estadio Víctor Jara-, donde encerraron a más de 5.000 prisioneros, y su cuerpo fue encontrado el 16 de septiembre cerca del Cementerio Metropolitano, en la periferia capitalina.

Jara fue hallado y reconocido por vecinos de la zona, que entregaron el cuerpo a su viuda, Joan Jara, quien de forma clandestina logró que fuera enterrado.

En diciembre de 2009, la Justicia chilena ordenó la exhumación de sus restos que, 36 años después de su muerte, fueron enterrados en un homenaje oficial y masivo en el que participó la entonces presidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018).

El régimen de Pinochet duró diecisiete años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, y más de 3.200 opositores murieron a manos de agentes del Estado, según cifras oficiales.

Agustina Recio tenía seis años cuando vio cómo se llevaban a su padre.

Era noviembre de 1936. La familia cenaba en el patio de su casa, en Recas, un pequeño pueblo de Toledo, cuando varios hombres llamaron a la puerta. Florentino Recio apenas tuvo tiempo de levantarse de la mesa. Agustina, sin comprender, le pidió que no hiciera caso y siguiera cenando. Él la miró, dejó el plato y salió con quienes habían ido a buscarlo. Aquella fue la última vez que lo vio.

Durante décadas, su padre no tuvo una tumba. No hubo un lugar donde llevar flores, ni una lápida donde leer su nombre, ni una fecha que permitiera cerrar el duelo. Solo existía una ausencia que llenaba la casa y que nadie podía nombrar.

Ochenta y siete años después, en febrero de 2023, la ciencia pudo responder a una pregunta que había atravesado tres generaciones. Los trabajos arqueológicos y las pruebas genéticas permitieron identificar los restos de Florentino Recio, fusilado junto a otros vecinos y sepultado en una fosa común del cementerio municipal. Cuando Agustina recibió la pequeña caja con los restos de su padre, no habló de política, ni de leyes, ni de bandos. Entre los objetos recuperados aparecieron una tabaquera de cuero y un mechero de pedernal. Ella solo expresó el deseo que había custodiado toda una vida: “Solo quiero que esté junto a mi madre y mi hermana”

Porque la memoria democrática no comienza en un boletín oficial, ni en un debate parlamentario, ni en una sentencia judicial. Comienza el día en que una hija deja de preguntarse dónde está su padre.

El lenguaje de las familias

Durante años, el debate público ha girado alrededor de conceptos como reparación, exhumación o reconciliación. Son palabras necesarias, pero a veces demasiado abstractas para explicar el peso de una espera que roza el siglo. Los arqueólogos hablan de excavaciones. Los antropólogos forenses, de identificación. Los genetistas, de perfiles de ADN. Pero las familias utilizan un lenguaje mucho más elemental. Ellas hablan de volver a casa.

“Los científicos recuperan restos humanos; las familias recuperan personas”.

Ese mismo hilo invisible se hizo visible en el cementerio de Manzanares, en Ciudad Real. Entre 2021 y 2025, un proyecto de exhumación sistemática en las fosas comunes del municipio permitió devolver la identidad a veintiuna personas. En noviembre de 2025, sus familias recibieron los restos de sus padres y abuelos. El Ayuntamiento definió el acto con tres adjetivos que explican el proceso mejor que cualquier discurso: humano, histórico y necesario.

Entre quienes esperaban estaba Marne García-Abadillo Padilla. Cumplía una promesa heredada. Su padre, Bernardo García-Abadillo, dedicó buena parte de su vida a intentar localizar a su propio progenitor, fusilado tras la contienda. Murió sin conseguirlo. Fue su hija quien terminó cerrando el círculo.

Historias como las de Agustina y Marne no son excepcionales. Precisamente por eso resultan extraordinarias. Castilla-La Mancha ocupa un lugar singular en la geografía de la Guerra Civil y la posguerra. Aquí se libraron algunos de los episodios más determinantes del conflicto: Toledo quedó ligada al asedio del Alcázar; Guadalajara fue el escenario de la primera gran derrota de las tropas fascistas enviadas por Mussolini; Albacete acogió el cuartel general de las Brigadas Internacionales, y en numerosos pueblos de Ciudad Real, Cuenca y Toledo la violencia de la retaguardia dio paso a una represión institucionalizada y tardía.

Pero la historia de la región no se escribió únicamente en los frentes de batalla. Se escribió también en las cocinas donde se impuso el mutismo, en las habitaciones donde una fotografía permaneció escondida tras el marco de una estampa religiosa, y en las tapias de los cementerios donde muchas familias intuían la verdad, aunque nadie se atreviese a señalarla con el dedo.

El peso del silencio

Historiadores como Francisco Alía Miranda, en sus investigaciones sobre el alcance de la represión en el centro peninsular, y Julián Casanova coinciden en un diagnóstico que hoy cuenta con un sólido consenso académico: tras el conflicto, el nuevo Estado construyó una memoria oficial que monopolizó el duelo. Los caídos del bando vencedor recibieron honores públicos, pensiones, inscripciones en fachadas e iglesias, y sepulturas dignificadas. Sus nombres se integraron en el relato heroico del régimen.

Por el contrario, las familias de los ejecutados o desaparecidos por la represión franquista quedaron excluidas de cualquier reconocimiento. Muchas ni siquiera supieron dónde yacían sus familiares; otras comprendieron pronto que preguntar implicaba un riesgo directo. No se trata de establecer una jerarquía del sufrimiento. La muerte de un padre o de un hijo dolió igual en todas partes. Lo que la investigación histórica documenta es que el reconocimiento público de ese dolor fue radicalmente desigual.

Quizá por eso Agustina nunca supo exactamente dónde estaba enterrado su padre. Sabía, como tantas otras familias, que había una ausencia. Pero durante décadas nadie pudo convertir esa intuición en una certeza.

El silencio se convirtió así en una herramienta de supervivencia. Durante décadas, en miles de hogares manchegos hubo conversaciones que solo se mantenían con las ventanas cerradas. Los niños crecían escuchando consignas que se repiten de forma idéntica en los archivos de fuentes orales: «De eso no se habla», «No preguntes», «Ya lo entenderás». No era olvido. Era miedo. Y el miedo también se hereda.

En medio de ese silencio, fueron las mujeres quienes sostuvieron el recuerdo. La historiografía ha preferido a menudo los grandes despachos, las directrices políticas y los movimientos de tropas, pero la permanencia del hilo familiar dependió de un gesto cotidiano e invisible: una mujer que abre un cajón, saca una fotografía gastada por las esquinas, la limpia y la vuelve a guardar.

Fueron ellas quienes memorizaron la ubicación difusa de una fosa en una linde o un camino, y quienes transmitieron los nombres en voz baja para que no se disolvieran con el tiempo. Muchas sufrieron castigos específicos encaminados a la humillación pública, la exclusión económica y el rapado de pelo, pero reducirlas a la condición de víctimas desbuja su papel principal: fueron las guardianas de la memoria. Sin ellas, los equipos científicos que hoy abren la tierra no habrían encontrado a nadie esperando al borde de la zanja.

La verdad documentada

Hoy, la tecnología ha cambiado la gestión del duelo. La arqueología y la genética han aportado una certeza que sustituye a la conjetura. En la región, el Proyecto de Memoria Democrática de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha resultado decisivo para cartografiar fosas y documentar identidades que parecían perdidas en la burocracia penitenciaria.

El antropólogo forense Francisco Etxeberria suele repetir una premisa fundamental: las exhumaciones no abren heridas, sino que ayudan a cerrarlas. El verdadero desenlace de una investigación científica no ocurre en el laboratorio, sino en el instante en que una familia puede escribir, por fin, un nombre y un apellido sobre una lápida.

“Las dictaduras imponen una única memoria. Las democracias tienen la obligación de escuchar todas las memorias, investigarlas con rigor y reconocer la dignidad de todas las víctimas”.

Este proceso plantea debates lógicos sobre la fisonomía del espacio público, como ha sucedido en Llanos del Caudillo o Alberche del Caudillo, o en las disputas jurídicas por la nomenclatura de las calles. Conviene distinguir dos planos: la historia no se borra al retirar un símbolo; los libros, los archivos y el conocimiento permanecen intactos. Lo que se modifica es el honor público. No se trata de reescribir el pasado, sino de decidir qué valores fundamentan la convivencia actual. Resulta difícil sostener el equilibrio democrático cuando una persona acude a buscar los restos de su abuelo al cementerio atravesando una avenida que homenajea a los responsables directos de su desaparición.

El final del duelo

Al final, desprovista de la retórica partidista, queda una pregunta estrictamente humana, universal, ajena a cualquier filiación ideológica: ¿Qué haría cualquiera de nosotros si nuestro padre o nuestro abuelo llevase casi noventa años en una cuneta? Probablemente haríamos lo mismo: buscar, preguntar y esperar a que alguien nos diese una respuesta.

Por eso este asunto trasciende los boletines oficiales. No hay revancha en el deseo de depositar unas flores en un lugar concreto; no hay partidismo en exigir que el nombre de un ciudadano deje de ser una incógnita en un legajo borroso.

No todas las historias terminan como la de Agustina. En Castilla-La Mancha aún hay familias que siguen esperando una llamada, una identificación o una certeza. También por ellas merece la pena seguir buscando.

Cuando Agustina Recio salió del cementerio de Recas llevaba entre las manos una pequeña caja. Para la ciencia contenía unos restos identificados. Para ella era su padre. Ochenta y siete años después sabía, por fin, dónde dejar unas flores.

Quizá la memoria no consista en cambiar el pasado, sino en impedir que una familia tenga que vivir para siempre sin un lugar donde recordar a los suyos. Solo entonces las flores dejan de buscar una cuneta, encuentran una tumba, un nombre, unos apellidos y un lugar donde, por fin, descansan los nuestros.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha sugerido este jueves al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), que ponga a la venta el conocido como monumento a Franco, dadas sus reticencias para retirarlo de la vía pública en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Así se ha expresado el ministro en una entrevista en el programa de Televisión Canaria Buenos Días Canarias, en la que ha ironizado diciendo que tal vez alguien lo quiera comprar y colocarlo en su propio jardín. El ministro ha continuado poniendo como precio los supuestos 45 millones que, según el alcalde de Santa Cruz, vale la obra, añadiendo que así el consistorio tendrá fondos para construir vivienda pública.

Torres ha recordado que dicho monumento, que tiene que ser retirado de la vía pública antes de seis meses, no ha sido considerado Bien de Interés Cultural (BIC) y, por tanto, no puede ser resignificado, como han propuesto diferentes concejales del PP en el Ayuntamiento, socios de Gobierno de Bermúdez.

El Ayuntamiento, gobernado por CC y el PP, lleva años retrasando la aplicación de la Ley de Memoria Democrática bajo diferentes pretextos, una vía que se ha agotado en el momento en el que, este mes de junio, el pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias acordó rechazar la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento, de la escultura realizada por Juan de Ávalos y situada en la confluencia de la Rambla de Santa Cruz y la avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife.

La decisión se adoptó en el marco del expediente incoado por el Cabildo de Tenerife, también gobernado por CC y el PP, en octubre de 2024 para valorar la posible protección de esta obra, en cumplimiento de la sentencia dictada el 28 de junio de 2024 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife.

El órgano concluyó que la escultura no reúne los valores patrimoniales necesarios para su protección mediante la máxima figura de tutela prevista en la legislación canaria de patrimonio cultural.

El Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias es el principal órgano de coordinación, consulta y participación en materia de patrimonio cultural del archipiélago. En él están representados el Gobierno de Canarias, los siete cabildos insulares, la Federación Canaria de Municipios, la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, los colegios profesionales de arquitectos, las universidades canarias, museos de reconocido prestigio, asociaciones dedicadas a la defensa del patrimonio cultural y personas expertas en la materia, garantizando una amplia representación institucional, técnica y social en la adopción de sus acuerdos.

Cabe recordar que dicha obra, denominada Monumento a la Victoria pero conocida popularmente como Monumento a Franco, fue inaugurada en 1964 con la finalidad expresa de conmemorar la victoria militar del bando sublevado y perpetuar en el espacio público la memoria de la dictadura franquista. La Comisión Técnica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, considera que el conjunto escultórico y su programa iconográfico presentan la Guerra de España como una “Cruzada” salvadora y exaltan la figura de Francisco Franco y el triunfo del régimen surgido del golpe de Estado de 1936. Se trata, además, de uno de los conjuntos monumentales franquistas de mayor dimensión conservados en España y de uno de los principales hitos de la arquitectura conmemorativa del régimen.

Por todo ello, y habiéndose rechazado por los expertos del Gobierno canario su catalogación como BIC, no cabe otra salida que su retirada de la vía pública, para lo cual el Ayuntamiento dispone de menos de seis meses. Transcurrido ese plazo, si no lo ha retirado, “lo hará el Estado”, como el propio Torres advirtió a comienzos de julio.

El alcalde ha señalado en diversas ocasiones que cumplirá la Ley, pero hasta el momento en el Ayuntamiento no se ha realizado ninguna gestión para iniciar el proceso de retirada de los numerosos vestigios franquistas que aún se aferran a las calles de la ciudad.

Ahora que Washington D.C. se parece más que nunca a Pyongyang, la capital de Corea del Norte, con retratos tamaño mural y loas al líder supremo en cada esquina y plaza de la ciudad, cuesta trabajo renovar la fe en aquello que el ilustrado Alexis de Tocqueville denominó con envidia “la democracia en América”. Pero no pierdan la fe pues siempre nos quedará el hombre que mató a Liberty Valance para contarnos la historia como realmente fue.

No deja de resultar irónico, con un punto de justicia poética, que aquella monumental y brutalista puesta en escena soviética haya acabado marcando tendencia en el mismísimo imperio del dólar, el emperador naranja parezca cada día más un primo lejano aunque con menos porte de King Yong-Un y ambas familias compitan en un duelo cerrado por el liderazgo en la liga de las estrellas del nepotismo.

Si se observan con atención los fastos del 250 aniversario trumpista por la fundación de los USA y los desplazamientos de masas para atender al funeral de Jamenei en Irán, cuesta trabajo encontrar las ocho diferencias y saltan a la vista los parecidos razonables: culto al líder, muerte al enemigo y la fuerza como única fuente de toda legitimidad. No es de extrañar que sincronicen tan bien para romper estratégicamente sus supuestos acuerdos de paz cada vez que les conviene a ambos.

Sobran las razones para el pesimismo. La mítica relojería de pesos y contrapesos diseñada por el federalismo norteamericano está rota, aunque siga dando la hora correctamente al menos dos veces al día; como ha sucedido con las sentencias que limitan el poder presidencial para establecer aranceles y cortan de raíz su intento por anular el principio de nacimiento en el territorio para acceder a la nacionalidad que hizo posible la propia República norteamericana.

Llevará al menos una década reparar el profundo daño institucional causado por el trumpismo, si es que alguna vez nos ponemos a ello en los USA y en el resto del mundo. Antes que los miles de millones que se ha embolsado el presidente más corrupto de la historia yanki, —un puesto de mucho mérito al disputarlo entre una larga lista de mandatarios tan corruptos como incompetentes— costará más amortizar la reinstitucionalización de unas reglas que nos devuelven al siglo XIX y que pensábamos haber dejado atrás; al menos cuando alguien nos estuviera mirando.

No se confundan. No se trata de idealizar aquel pasado. Se trata de controlar los daños de este presente. Ya sabemos todos como era el mundo antes de Trump: violento, cínico y brutal cuando le convenía a un Occidente que solo respeta el derecho internacional cuando le convenía; pero, aun con todo, era mejor. Ya lo dijo Maxwell Scott, el editor del Shinbone Star que no publica quién mató de verdad a Liberty Valance, “Esto es el Oeste, señor, cuando la leyenda se convierte en un hecho, imprime la leyenda”.

Hay un elefante en la habitación que aumenta de tamaño en cada Mundial. El evento nunca ha generado tanto dinero, nunca ha congregado a tantas selecciones ni ha ocupado tanto tiempo de pantalla. Cada vez, sin embargo, cuesta más encontrar a países democráticos que quieran organizarlo. ¿Son las autocracias el único futuro del fútbol internacional?

Según la previsión presupuestaria de la FIFA para el ciclo 2023-2026 analizada por Sports Value, el organismo proyecta ingresos récord de 11.360 millones de euros, de los cuales casi 8.000 millones corresponden al año del torneo. 

Los derechos televisivos, con casi 3.500 millones de euros, siguen siendo la mayor fuente de ingresos, pero la venta de entradas y los paquetes de hospitalidad premium superan ya los 2.600 millones. Cada nuevo Mundial bate la marca anterior de ingresos: los de Qatar 2022 fueron un 56% superiores a los de Brasil 2014. La curva no muestra síntomas de agotamiento.

Algunos expertos, sin embargo, señalan que hay algo roto en el modelo: esa cascada de dólares no suele llegar a los países anfitriones. Si organizar el evento deportivo más importante del mundo —con permiso de los JJOO— no sale rentable, es fácil imaginar qué tipo de países estarán dispuestos a perder dinero y cuáles son sus intereses.

Los contratos que la FIFA firma con las ciudades sede reservan para el organismo la mayor parte de los beneficios, incluyendo, según publicó la agencia AFP, hasta las tasas de aparcamiento. Las ciudades pagan la infraestructura, los costes de seguridad y la logística. La FIFA mientras se queda la taquilla.

El mundial no es rentable para las ciudades y tampoco resulta muy atractivo para las democracias que hagan las cuentas con honestidad. Brasil gastó más de 13.000 millones de euros en 2014 y terminó en recesión al año siguiente, según datos publicados por Bloomberg, con varios de sus doce estadios convertidos en mamotretos sin apenas uso.

El estadio Arena Amazônia en Manaos, con capacidad para 44.000 espectadores y construido en medio de la selva, en una ciudad sin equipo de primera división, es un buen ejemplo: costó unos 236 millones de euros y tras el Mundial solo se ha utilizado ocasionalmente para partidos del campeonato local ante apenas unos cientos de espectadores.  

Sudáfrica construyó recintos que hoy acumulan costes de mantenimiento desproporcionados. Solo Rusia, en 2018, logró un retorno positivo tangible —recuperó unos 12.000 de los casi 14.000 millones de euros invertidos, según datos de una consultora citados por CNN—, en parte gracias a una economía donde el Estado absorbe pérdidas sin rendir cuentas a nadie.

Algunas ciudades españolas ya han decidido retirarse de la carrera para ser sede en 2030 por las inversiones millonarias que se exigen y el escaso retorno para los vecinos. A Coruña y Málaga decidieron bajarse del barco a última hora. La alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, explicó que el Ayuntamiento estaba “plenamente capacitado” para cumplir con lo que se exigía pero que no lo haría a “cualquier precio”.

El cálculo que hizo es que acoger cinco partidos iba a costar 100 millones de euros, más de la cuarta parte del presupuesto municipal. 20 millones por partido en una competición que tendrá 18 sedes en tres países.

El patrón parece ser la consecuencia de unas condiciones de licitación diseñadas para maximizar el margen de la FIFA, sobre el papel, una organización sin ánimo de lucro. Y esa lógica lleva a una conclusión: solo pueden permitirse organizar un Mundial los países que quieren un retorno distinto al económico o los que, como ocurre en esta edición, cuentan ya con la infraestructura necesaria desde hace décadas.

La nueva geografía del poder futbolístico

Es cierto que en el siglo XX hubo Mundiales en dictaduras con ganas de darse un lavado de cara —Italia 1934, Argentina 1978— pero esos casos aislados parece que se van a convertir en la norma. En el periodo 2018-2034, más de la mitad de los mundiales habrán sido organizados por Estados autoritarios sin ningún respeto por los Derechos Humanos. 

Arabia Saudí, de hecho, fue la única candidatura para 2034. No es que nadie más quisiera hospedar un Mundial, sino que nadie más podía pagarlo. Australia lo exploró y desistió. Una candidatura conjunta de diez países del Sudeste Asiático tampoco cuajó. Al final solo había un candidato en el campo y la FIFA lo aprobó por aclamación en diciembre de 2024.

Según el expediente de candidatura presentado a la FIFA, el reino saudí prevé construir o reformar once estadios, levantar 185.000 nuevas habitaciones de hotel e invertir en infraestructuras desde cero, incluyendo una nueva ciudad, Neom, ese megaproyecto urbanístico de casi 450.000 millones de euros anunciado a bombo y platillo en 2017 y que empieza a presentar serias dudas de viabilidad.

La inversión de Riad en deporte desde 2021 supera los 5.000 millones de euros, con 94 acuerdos específicos en fútbol —ahí está la Supercopa de España— según datos de la propia federación saudí. Aramco, la petrolera estatal, patrocina este Mundial y también el femenino de 2027. 

Según Amnistía Internacional y Human Rights Watch, Arabia Saudí pretende usar el torneo para encubrir su larga ristra de violaciones de derechos humanos. Las ONG vaticinan desalojos forzosos, explotación de trabajadores migrantes bajo el sistema kafala —que ata a los trabajadores a un empleador concreto sin posibilidad de cambiar ni de sindicarse—, discriminación contra aficionados LGTBQ+ y restricciones a la libertad de prensa. 

Todo eso ya se ensayó en el microestado de Qatar y se perfeccionará en Arabia Saudí, un país mucho más grande y poderoso. La FIFA, por su parte, calificó el riesgo en derechos humanos de la candidatura saudí como “medio” en un informe oficial encargado, casualmente, a un bufete con sede en Riad. 

Los 211 miembros con derecho a voto tampoco pudieron valorar por separado las candidaturas de 2030 y 2034: había que aprobar o rechazar ambas en bloque, blindando así a Arabia Saudí detrás del consenso europeo para celebrar el próximo evento en España, Portugal y Marruecos. Así lo denunciaron conjuntamente Amnistía Internacional y la coalición Sport & Rights Alliance en noviembre de 2024.

La desafección que no sale en los datos de audiencia

Los números de audiencia continúan siendo astronómicos y el mundial es todavía hoy el evento con mayor penetración simultánea en la historia de la televisión. Pero hay algo que los ratings no capturan: la naturaleza del vínculo entre el aficionado y el torneo parece estar cambiando o, como mínimo, alejándose de occidente.

Qatar 2022 generó el primer rechazo de los europeos. En Alemania, el 65% de la población apoyó el boicot según encuestas previas al torneo, y las gradas de la Bundesliga se llenaron de pancartas contra el Mundial semanas antes de su inicio. Varias ciudades francesas —París, Lille, Marsella— se negaron a instalar pantallas públicas por razones éticas.

Los capitanes de selecciones occidentales anunciaron que llevarían un brazalete con los colores del arcoíris y el lema One Love, pero la FIFA les amenazó con sacar tarjetas amarillas automáticas y acabaron desistiendo. La selección alemana se fotografió en el once inicial con la mano tapándose la boca como protesta.

Una encuesta de YouGov realizada en seis países antes del torneo de Qatar reveló que el 70% de los alemanes y el 67% de los franceses consideraban inaceptable que el país organizara el evento. Entre el 50 y el 58% de los europeos encuestados creían que las instituciones deportivas internacionales estaban demasiado dispuestas a trabajar con gobiernos no democráticos.

Un estudio académico posterior, publicado en The Journal of Politics, confirmó que el Mundial no mejoró la imagen de Qatar entre los alemanes, aunque sí aumentó las simpatías hacia el mundo árabe en general.

El torneo no logró el efecto de lavado de imagen que buscaba, pero dejó algo quizás más relevante: la sensación extendida, al menos en Europa occidental, de que el mundial es cada vez menos una celebración del fútbol y se está convirtiendo en una herramienta política.

Es cierto que el aficionado europeo que ya no viaja a estos países puede ser reemplazado por audiencias de mercados emergentes. La FIFA parece ser consciente de ello y la ampliación a 48 selecciones apuntaría a esta estrategia de diversificación del público. La audiencia potencial del que se está celebrando se ha cifrado en 6.000 millones de personas.

El mercado asiático o africano puede compensar audiencias, pero no el vínculo emocional que Europa y Latinoamérica lleva noventa años construyendo con el torneo. La pregunta que plantea el futuro no es si el mundial va a desaparecer. La pregunta es qué tipo de torneo va a ser y para quién.

La sensación de déjà vu con lo que le ocurrió al Comité Olímpico Internacional (COI), organizador de los Juegos Olímpicos, es inevitable. El evento creció sin límite, casi implosionó por los boicots cruzados de los ochenta, y se reformó cuando el modelo tocó fondo. 

El fútbol está lejos de encontrar su suelo. Pero 2034 en Arabia Saudí será la prueba de hasta dónde puede llegar la distancia entre el discurso oficial —“el fútbol une al mundo”— y la realidad de un país anfitrión que criminaliza la orientación sexual de una parte de los aficionados, por citar solo un aspecto del catálogo de aberraciones humanitarias.

Como han afirmado los responsables del podcast Soccernomics en un artículo muy crítico con la deriva de la FIFA en The Economist: “Nada crece para siempre, y cuando el crecimiento se detiene, suele llegar el declive”.

“Franco visita el Principado de Andorra, el pequeño país vecino, y allí saluda a todos los ministros. Cada uno, antes de estrechar la mano del dictador español, le anuncia su cargo. 'Aquí, el ministro de Economía'. 'Aquí, el ministro de Educación'. 'Aquí, el ministro de Guerra'. Al llegar a este último, Franco no puede disimular una sonrisita. Se vuelve a su ayudante y le comenta: 'Pero ¿un país tan pequeño para qué necesita un Ministerio de Guerra?'. Su ayudante le responde: '¿Y nosotros, general, para qué necesitamos un Ministerio de Justicia?'. Así reza uno de los chistes que han inundado de carcajadas el Auditorio Pilar Bardem de Rivas.

La broma forma parte del espectáculo Chistes contra Franco, uno de los más esperados de la nueva edición del Festival de las Ideas y la Cultura, que supone un inteligentísimo homenaje a quienes se jugaron la libertad recurriendo al humor para desafiar la dictadura franquista. La propuesta corre a cargo del historietista Darío Adanti, fundador de Mongolia, el artista Eugenio Merino y la actriz Eva Redondo, que recuperan los chascarrillos populares que se contaban en la clandestinidad durante el régimen en un acto de memoria disidente.

Así dice el primero de ellos, seleccionados de entre todos los que se escucharon en España durante la dictadura franquista y la Transición: “Un gobernador civil visita un instituto de enseñanza a los dos años de terminar la guerra. Interroga a los alumnos que en el bachillerato estudian la nueva asignatura Formación del Espíritu Nacional. El gobernador civil pregunta a uno de los alumnos: '¿Quién es su padre?'. '¡Franco!', responde el chaval. '¿Y quién es su madre?'. '¡La Falange!', responde el crío. 'Bien', sonríe el gobernador. 'Y a ver, chaval, ¿qué quieres ser de mayor?'. Y el crío responde: '¡Huérfano!'”.

“El humor supuso una venganza oculta frente al poder onmipotente y una crítica radical a la figura del dictador”, se ha señalado al comienzo del evento. Después, Adanti ha ido recitando algunas de las ocurrencias más divertidas de la época, estructurándolas por temas y cronología como la vida matrimonial del dictador, su ascenso al poder o su evolución en la política, y ha aprovechado la crítica con ingenio que hacen de la figura de Franco para convertirlas en una arma de resistencia. Teniendo en cuenta que sus autores tuvieron que mantenerse anónimos y que es posible que hubiera quien fuera castigado por alguno de estos chistes, se torna todavía más relevante traerlos ahora de vuelta.

Las bromas sobre los abusos del franquismo han estado acompañadas de la intervención de Eva Redondo, que se ha encargado de contextualizarlas con documentos y textos históricos que recuerdan la violencia del régimen. “¡Justicia!”, ha gritado uno de los asistentes tras una de las explicaciones de la dramaturga. Entre ellas, la intensa propaganda del dictador dentro de su estrategia de control social y represión, ya que Franco “fue consciente del valor instrumental del sello postal como un medio en el que podían configurarse mensajes ideológicos”.

El primer sello de Correos con la cara de Franco apareció en 1939 y mandaría a hacer nuevas versiones en 1955. Su imagen contribuyó a la construcción simbólica de la autoridad e intentó legitimar así la violencia al régimen. Y, de ahí, otro de los chistes: “Marchaba Franco por una calle cuando una apisonadora lo atropelló y le pasó por encima. El asustado conductor paró la máquina y le dijo a su ayudante: 'Baja rápido y mira la calzada, que creo que hemos aplastado algo'. El otro se apea, corre hasta detrás de la máquina, mira detrás del último rodillo y regresa a su puesto tranquilo: 'No, no ha sido nada, era solo un sello'”.

Todos los chascarrillos aparecen en el libro Los chistes de Franco, editado por P. García en 1977. El volumen se describe como un recopilatorio de aquellos que fueron “populares” y, entre los que se plasman en sus páginas, algunos fueron ocasiados por la larga y dura posguerra marcada por la miseria y el hambre que vivió España. “En cierta ocasión, Franco vuela sobre España acompañado en el avión por sus familiares más directos. Sobrevuelan pueblos y aldeas. Entonces, tiene una idea: '¿Qué te parece, Carmen, si ahora mismo cojo mil pesetas y los tiro por la ventanilla? Pueden caer en un pueblo y encontrarlas alguien. Habríamos hecho felices a un español', dice a su mujer”, cuenta el chascarrillo.

El chiste sigue así: “Doña Carmen mueve la cabeza asintiendo, pero sugiere una cosa mejor: 'Oye, Paco, ¿y si en vez de tirar un billete de mil tiras dos de 500? Lo encontrarán dos personas y entonces harás felices a dos españoles'. [...] Entonces el piloto, que ha escuchado y guardado silencio, propone: 'Yo tengo una idea mejor, excelencia. ¿Por qué no se tira usted del aparato y así hace felices a todos los españoles?'”. Hasta los hay con más connotación sexual. “Franco y su mujer están acostados en la cama. El caudillo duerme a pierna suelta, pero su esposa se encuentra desvelada por el picotazo del gusanillo sexual. Doña Carmen se le acerca y le susurra: 'Anda, Paco, ¡vamos a joder!'. Y Franco salta de la cama, corre a su despacho y se pone a firmar sentencias de muerte”, narra otro.

Un viaje hasta los últimos días del dictador

El espectáculo también ha repasado la historia de la pena de muerte de España, que vivió un proceso extraordinario en la dictadura con las 50.000 ejecuciones desde el 1 de abril de 1939 hasta 1950. “Lo peculiar es que, una vez finalizada la guerra, España prolongó los signos más brutales de lo que se consideraba incivilizado. La represión franquista de posguerra siguió atormentando y destruyendo la vida de millones de ciudadanos. Franco convirtió una institución penal excepcional, la pena de muerte, en un instrumento de guerra, terror, exterminio, castigo y venganza”, lee Eva Redondo.

Asimismo, casi medio millón de exiliados abandonaron forzosamente su tierra por el avance de las tropas de Franco y los pocos que regresaron antes de la muerte del dictador se encontraron con una realidad de persecución política y marginación social. También hay chiste para esto: “Un español vuelve a España al cabo del tiempo y charla con un familiar. '¿Y por aquí cómo estáis?', pregunta. 'Bah, no nos podemos quejar', le responden. 'Ah, entonces bien, ¿no?'. 'No, no, que no nos podemos quejar'”.

Ya hacia el final del acto, se abordaron los últimos días de vida del dictador. “Franco, a punto de morir en el hospital, se le aparece San Pedro y le dice: 'Francisco, que le dejo aquí las llaves y ya sube usted cuando le venga bien'”, dice una de las bromas que recita Darío Adanti. “En sus últimos días, Franco está internado en la habitación de la residencia de La Paz. Está en coma, entubado con el respirador artificial, con el reanimador cardíaco, bolsas de plasma, tubos de anestesia... Entonces, para sorpresa de todos los presentes, Franco abre los ojos, ve tubos por todas partes y dice: 'Queda inaugurada la decimoprimera feria nacional del plástico'”, reza el siguiente chiste. Y así concluye otro: “¿Cómo llaman a la carretera de El Pardo? La feria, porque al final está el tiovivo”.

Los chistes contra Franco llegan a Rivas y forman parte del FIC gracias al apoyo del Comisionado para la celeración de los 50 años de España en Libertad.

El 9 de febrero de 2011, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), en el marco de la exposición 'Desaparecidos', el profesor de la universidad de Columbia (Nueva York) Andreas Huyssen reclamaba la necesidad de preservar “la dignidad de las víctimas, sus luchas y su destino”. Necesidad que, entre otras respuestas, continúa exigiendo de los jueces una actitud más seria y rigurosa ante las víctimas de la dictadura, especialmente las víctimas inocentes e indefensas de los Consejos de Guerra. Y que asuman definitivamente el alcance y consecuencias de la insurrección militar de 1936 y la posterior dictadura. Una vez más procede tener presentes las palabras del insigne jurista, fiscal general de la República y magistrado del Tribunal Supremo Francisco Javier Elola Díaz-Varela en el procedimiento sumarísimo 8/1939 de la Auditoria de Guerra de Barcelona. Por su fidelidad a la República fue condenado por rebelión militar a pena de muerte y fusilado en el Camp de la Bota el 12 de mayo de 1939. Decía así: “Surge la rebelión por el alzamiento colectivo en armas contra un poder legalmente constituido”. 

El detenido examen de cuarenta y siete Resoluciones de la Sala de lo Militar del TS -prácticamente el 95% de las dictadas- sobre los recursos planteados por los familiares de las victimas mortales de la dictadura revela la complicidad, ¿solo objetiva?, de los magistrados de dicho Tribunal con la dictadura.

De ellas, veinte son Autos de “denegación de autorización para interponer el recurso de revisión” contra las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra una vez implantada la dictadura. Dichos Autos fueron dictados en 2004, más de 25 años después de la recuperación de la democracia. Y, todos ellos, contra sentencias dictadas por Consejos de Guerra en procedimientos sumarísimos con condenas a muerte y fusilamientos.

El fundamento de los recursos fue la aprobación por el Congreso de Diputados de las Proposiciones no de Ley de 27/9/1999 y 29/11/2002. La primera, por la Comisión de Asuntos Exteriores, y la segunda, por la Comisión Constitucional. La primera de ellas decía: “El Congreso de Diputados condena y deplora el levantamiento militar contra la legalidad constituida, encarnada en las instituciones políticas que representaron la Ia República Española”. Y, tras calificar de ilegítimo el alzamiento militar, llega a la conclusión de que quienes sostuvieron a dichas instituciones “no pueden ser considerados rebeldes”. Según resume el Tribunal Supremo (TS), en cada uno de dichos Autos “la parte interesada (…) estima que tales Proposiciones no de Ley son pruebas indubitadas suficientes para acreditar que el hecho histórico del alzamiento militar que el 18 de julio de 1936 inició la Guerra Civil, lo fue contra la legalidad constituida, encarnada en las instituciones políticas que representaban la II República Española, y, tras calificar de ilegítimo el alzamiento militar, llega a la conclusión de que quienes sostuvieron a dichas instituciones no pueden ser considerados rebeldes. Las resoluciones del TS fueron todas de una argumentación similar, si no idénticas, expresando rotundamente la voluntad de privar de cualquier valor jurídico al contenido de dichos pronunciamientos parlamentarios y, desde luego, de carecer de eficacia para incidir en la revisión de las sentencias impugnadas.

Son estos los términos de sus razonamientos:

Dichas Proposiciones aluden “en términos abstractos y partiendo de consideraciones políticas al enfrentamiento civil entre españoles y sus ”consecuencias posbélicas“, eufemismo con que se atrevieron a denominar a la terrible dictadura impuesta a partir de 1939. Y califican aquellas Proposiciones como ”una declaración de evidente contenido político y ético que no es suficiente para modificar los (hechos) que les fueron imputados“ a los condenados a muerte. Llegando a afirmar que dichas Proposiciones ”hasta la fecha no habían sido plasmadas en una norma jurídica nacida al mundo del derecho“. ¡Verdadera vergüenza para el Poder Judicial que adoptó dichas declaraciones!

La misma línea argumental se advierte en las dos Sentencias y otros veintidós Autos estudiados que profundizan la posición benévola y comprensiva de esa forma de negación de justicia que fueron los Consejos de Guerra. Con una particularidad: que en estas resoluciones hubo ocho votos particulares discrepantes de la mayoría que abogaban, o por anular, sin más, la sentencia o admitir a trámite el recurso para entrar en el análisis de la misma y valorar su validez. Pero el criterio dominante fue muy preocupante. La Sala vuelve a insistir en rechazar “una interpretación extensiva y analógica” del recurso de revisión, rechazan un “uso abusivo e indiscriminado” del mismo (una cincuentena de ellos frente a las miles de sentencias que se dictaron) e insisten en que la actual regulación del recurso de revisión impide “un nuevo examen de la corrección del derecho aplicado”. Este es el más grave de los criterios expuestos, pues representó el pleno respeto y la intangibilidad del ordenamiento jurídico represivo emanado del golpe militar de 1936. Ciertamente, la Sala de lo Militar, asumió la irrelevancia de la Constitución para la anulación de tantas sentencias, aprobando tantos fusilamientos

Así lo acredita el Recurso 34/1989, interpuesto por primera y única vez por el fiscal general del Estado y resuelto por Sentencia de 30 de enero de 1990 contra la dictada el 18 de Abril de 1963 por el Consejo de Guerra de la 1ª Región Militar que condenó a Julián Grimau a la pena de muerte, siendo fusilado horas después. Entre los hechos descritos como probados se incluyen, como determinantes de la condena, los que se le atribuyen durante la Guerra Civil.  

Dicho Tribunal militar se constituyó inválidamente porque el vocal ponente no era licenciado en Derecho ni pertenecía al Cuerpo Jurídico Militar, manifiesta irregularidad que también concurrió en otros muchos Consejos de Guerra. Asimismo, la viuda de J. Grimau, en sus alegaciones, sostuvo que el fallo condenatorio “ha de tenerse por inexistente y, por tanto, el reo sigue siendo inocente mientras no se demuestre lo contrario en un juicio justo, informado de las garantías legalmente establecidas”. El TS no estimó el recurso. Sentencia, la primera dictada en este ámbito, que ya reconoce explícitamente la validez de los Consejos de Guerra y de sus sentencias pese además de admitir que, realmente, la “potestad” de juzgar radicaba realmente en el “Capitán General Militar de la Región”.

El Tribunal afirmaba: “Es por ello que la Sentencia dictada en el Consejo de Guerra que condenó a D. Aníbal (identidad ficticia que en los archivos judiciales otorgan a Julián Grimau) no es nula, ni siquiera anulable, por lo que -como se dijo al principio de esta parte segunda de la Sentencia- no procede acceder a lo solicitado por los recurrentes, máxime en el caso de autos: por un lado, el fallo se dicta en un juicio sumarísimo por un Tribunal Colegiado compuesto de cinco personas, y al no haberse emitido votos particulares supuso que todos los Vocales y el Presidente se mostraron de acuerdo con dicho Fallo”; por otra parte y conforme al antiguo Código de Justicia Militar (arts. 50, 52, 9, 10, 11 y 798), la función de tramitar el proceso correspondía al Consejo de Guerra, pero la potestad radicaba de pleno derecho en el Capitán General Militar de la Región, por cuanto finalizado el juicio, aquél proponía a éste la Sentencia, y era dicha Autoridad Militar Judicial quien definitivamente la aprobaba. Y en el caso de autos, la Autoridad Militar Judicial, legitimada a todos los efectos, la aprobó “por considerarla ajustada a la ley”, quedando firme.

Y ante la alegación de la recurrente de que el Consejo de Guerra había sido constituido inválidamente, el Tribunal no tiene inconveniente en admitir que el Consejo de Guerra está dotado de una “investidura plausible” con un razonamiento que causa perplejidad, vergüenza y absoluto rechazo. Dice, para fundamentar su decisión, que “la potestad, dimanante de la Jurisdicción e ínsita en la función del Juez, no está en él, no pertenece a su persona, sino que le es entregada por el Estado, que a su vez la recibe del pueblo soberano en quien reside (con o sin Constitución)”. Consagra así la plena equivalencia de dictadura y democracia, la irrelevancia de la Constitución y apela a un supuesto “pueblo soberano” en plena dictadura como origen de la validez de una sentencia dictada por un Tribunal ilegal en su origen y constitución y carente de todas las garantías propias de un proceso justo.

Pero, en este caso, el presidente del Tribunal disintió de la solución adoptada y emitió un voto particular a favor de la nulidad de la sentencia. Para concluir así: “Ante un hecho tan estremecedor para la conciencia jurídica, parece evidente que la justicia demanda de nosotros digamos, al menos, una palabra serena de reparación: la que consiste en reconocer, desde esta suprema instancia judicial, que aquella muerte, anunciada en su día públicamente como cumplimiento de una sentencia, no fue, en verdad, el triste pero legal desenlace de un proceso, sino un acto despojado de todo respaldo jurídico, un hecho máximamente reprobable por su absoluta contradicción con el Derecho”. Valoración que era predicable de todas las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra.

Como complemento del anterior recurso y respuesta judicial, he estimado procedente la referencia a dos recursos. El primero, el Recurso 44/2000, resuelto por Sentencia de 13/5/2003, que rechazó, igualmente, la anulación de la condena a muerte de un matrimonio impuesta por el Consejo de Guerra permanente nº 2 de Valencia, el 19/2/ 1941, sentencia ejecutada el 5 de Abril. 

El Tribunal admite como ordenamiento jurídico entonces vigente “el Bando declaratorio del Estado de Guerra de 18 de julio de 1936”, cuando resulta ya evidente que no hubo declaración del Estado de Guerra sino un golpe militar contra el Gobierno legítimo de la República. Coherentemente con dicho planteamiento, el Tribunal Supremo valora que los Consejos de Guerra de 1941 aplicaban el “derecho vigente” como si se tratara de un ordenamiento dotado de legitimidad democrática. Pero, sobre todo, resulta contradictorio con el más elemental principio de Justicia argumentar así: “La Constitución, fruto del esfuerzo del poder constituyente, es la Lex Máxima, norma jurídica fundamental de la que pende el resto de nuestro ordenamiento jurídico, mas en modo alguno es un hecho de aquellos que, debidamente acreditados, puedan alterar los que como probados se recogieron en la infinidad de sentencias que fueron dictadas, con anterioridad a su vigencia, por diversos órganos jurisdiccionales en aplicación del derecho que estaba en vigor cuando se produjeron y con sujeción al procedimiento que en aquel momento el ordenamiento jurídico tenía establecido”.  

Argumentos que se exponen con igual claridad en el Recurso 5/2006, con apoyo en el Auto 187/2004 del Tribunal Constitucional, en los siguientes términos.

La recurrente, ante la condena a muerte de sus padres, había planteado lo siguiente: 

a) Que el proceso que culminó con la sentencia del Consejo de Guerra núm. 2 Especial de Valencia de fecha 26 de mayo de 1942 careció de cualquier garantía constitucional de nuestra vigente Carta Magna (RCL 1978, 2836), como es el derecho a la presunción de inocencia.

b) Que también se vulneraron las garantías procesales del momento sobre todo en la forma en que se desarrolló el proceso sumarísimo y que de las pruebas obrantes en el mismo no existe indicio alguno como prueba incriminatoria fiel para imputar a los mismos la pena capital“.

El Tribunal admitió como ordenamiento jurídico entonces vigente “el Bando declaratorio de Estado de Guerra del 18 de julio de 1936”. La recurrente, ante la condena a muerte de sus padres, planteó varias cuestiones procesales: que “se vulneraron las garantías procesales del momento en que se desarrolló el proceso” y que de las pruebas obrantes en el mismo no existe indicio ninguno como prueba incriminatoria para imputar a los mismos la pena capital“. La respuesta del TS fue tan breve como contundente: ”La Constitución no tiene efectos retroactivos, por lo que no cabe intentar enjuiciar, mediante a su aplicación, los actos de poder producidos antes de su entrada en vigor“. Un magistrado emitió un voto particular que contradijo radicalmente la sentencia dictada.

El dicho voto se razonaba: “La Constitución es el hecho nuevo que evidenciaría la vulneración del valor justicia (...) En un Estado justo, siempre inacabado, no tienen cabida las condenas pronunciadas sin un juicio justo. El dicho voto se reproducía, de conformidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre los Elementos Constitutivos de un juicio justo. 

Complementando lo anteriormente expuesto, resulta indispensable la cita del Recurso 34/2006 sobre la sentencia que condenó a muerte al dirigente sindical y político Joan Peiro. ¿Por qué? El recurso alegó la total ausencia de pruebas para atribuirle al acusado la comisión de los gravísimos hechos que se describen en la sentencia militar. La sentencia se inicia con las siguientes palabras: “Producido el glorioso movimiento nacional y vencido el mismo (…) se le considera responsable directo de los asesinatos que se cometieron en dicha ciudad”. Ante este recurso se emitieron dos votos particulares. El de José Luis Calvo Cabello se expresaba así: “Me importa señalar de forma expresa mi rechazo al argumento de la mayoría de la Sala basado en el bando de la Junta Defensa Nacional de 28 de julio de 1936. La valoración de dicho Bando como instrumento normativo valido para modificar la legalidad vigente lesiona gravemente nuestro Estado de Derecho”. 

Es de destacar, por razones de estricta justicia, que en la Sentencias dictadas por dicho Tribunal, tres eminentes magistrados emitieron votos particulares discrepando fundadamente de la mayoría: Calvo Cabello, Javier Juliani y y Ángel Juanes.

¡Que complacencias de una parte relevante de la Justicia española con la dictadura en su etapa más violenta y cruel!