Agustina Recio tenía seis años cuando vio cómo se llevaban a su padre.

Era noviembre de 1936. La familia cenaba en el patio de su casa, en Recas, un pequeño pueblo de Toledo, cuando varios hombres llamaron a la puerta. Florentino Recio apenas tuvo tiempo de levantarse de la mesa. Agustina, sin comprender, le pidió que no hiciera caso y siguiera cenando. Él la miró, dejó el plato y salió con quienes habían ido a buscarlo. Aquella fue la última vez que lo vio.

Durante décadas, su padre no tuvo una tumba. No hubo un lugar donde llevar flores, ni una lápida donde leer su nombre, ni una fecha que permitiera cerrar el duelo. Solo existía una ausencia que llenaba la casa y que nadie podía nombrar.

Ochenta y siete años después, en febrero de 2023, la ciencia pudo responder a una pregunta que había atravesado tres generaciones. Los trabajos arqueológicos y las pruebas genéticas permitieron identificar los restos de Florentino Recio, fusilado junto a otros vecinos y sepultado en una fosa común del cementerio municipal. Cuando Agustina recibió la pequeña caja con los restos de su padre, no habló de política, ni de leyes, ni de bandos. Entre los objetos recuperados aparecieron una tabaquera de cuero y un mechero de pedernal. Ella solo expresó el deseo que había custodiado toda una vida: “Solo quiero que esté junto a mi madre y mi hermana”

Porque la memoria democrática no comienza en un boletín oficial, ni en un debate parlamentario, ni en una sentencia judicial. Comienza el día en que una hija deja de preguntarse dónde está su padre.

El lenguaje de las familias

Durante años, el debate público ha girado alrededor de conceptos como reparación, exhumación o reconciliación. Son palabras necesarias, pero a veces demasiado abstractas para explicar el peso de una espera que roza el siglo. Los arqueólogos hablan de excavaciones. Los antropólogos forenses, de identificación. Los genetistas, de perfiles de ADN. Pero las familias utilizan un lenguaje mucho más elemental. Ellas hablan de volver a casa.

“Los científicos recuperan restos humanos; las familias recuperan personas”.

Ese mismo hilo invisible se hizo visible en el cementerio de Manzanares, en Ciudad Real. Entre 2021 y 2025, un proyecto de exhumación sistemática en las fosas comunes del municipio permitió devolver la identidad a veintiuna personas. En noviembre de 2025, sus familias recibieron los restos de sus padres y abuelos. El Ayuntamiento definió el acto con tres adjetivos que explican el proceso mejor que cualquier discurso: humano, histórico y necesario.

Entre quienes esperaban estaba Marne García-Abadillo Padilla. Cumplía una promesa heredada. Su padre, Bernardo García-Abadillo, dedicó buena parte de su vida a intentar localizar a su propio progenitor, fusilado tras la contienda. Murió sin conseguirlo. Fue su hija quien terminó cerrando el círculo.

Historias como las de Agustina y Marne no son excepcionales. Precisamente por eso resultan extraordinarias. Castilla-La Mancha ocupa un lugar singular en la geografía de la Guerra Civil y la posguerra. Aquí se libraron algunos de los episodios más determinantes del conflicto: Toledo quedó ligada al asedio del Alcázar; Guadalajara fue el escenario de la primera gran derrota de las tropas fascistas enviadas por Mussolini; Albacete acogió el cuartel general de las Brigadas Internacionales, y en numerosos pueblos de Ciudad Real, Cuenca y Toledo la violencia de la retaguardia dio paso a una represión institucionalizada y tardía.

Pero la historia de la región no se escribió únicamente en los frentes de batalla. Se escribió también en las cocinas donde se impuso el mutismo, en las habitaciones donde una fotografía permaneció escondida tras el marco de una estampa religiosa, y en las tapias de los cementerios donde muchas familias intuían la verdad, aunque nadie se atreviese a señalarla con el dedo.

El peso del silencio

Historiadores como Francisco Alía Miranda, en sus investigaciones sobre el alcance de la represión en el centro peninsular, y Julián Casanova coinciden en un diagnóstico que hoy cuenta con un sólido consenso académico: tras el conflicto, el nuevo Estado construyó una memoria oficial que monopolizó el duelo. Los caídos del bando vencedor recibieron honores públicos, pensiones, inscripciones en fachadas e iglesias, y sepulturas dignificadas. Sus nombres se integraron en el relato heroico del régimen.

Por el contrario, las familias de los ejecutados o desaparecidos por la represión franquista quedaron excluidas de cualquier reconocimiento. Muchas ni siquiera supieron dónde yacían sus familiares; otras comprendieron pronto que preguntar implicaba un riesgo directo. No se trata de establecer una jerarquía del sufrimiento. La muerte de un padre o de un hijo dolió igual en todas partes. Lo que la investigación histórica documenta es que el reconocimiento público de ese dolor fue radicalmente desigual.

Quizá por eso Agustina nunca supo exactamente dónde estaba enterrado su padre. Sabía, como tantas otras familias, que había una ausencia. Pero durante décadas nadie pudo convertir esa intuición en una certeza.

El silencio se convirtió así en una herramienta de supervivencia. Durante décadas, en miles de hogares manchegos hubo conversaciones que solo se mantenían con las ventanas cerradas. Los niños crecían escuchando consignas que se repiten de forma idéntica en los archivos de fuentes orales: «De eso no se habla», «No preguntes», «Ya lo entenderás». No era olvido. Era miedo. Y el miedo también se hereda.

En medio de ese silencio, fueron las mujeres quienes sostuvieron el recuerdo. La historiografía ha preferido a menudo los grandes despachos, las directrices políticas y los movimientos de tropas, pero la permanencia del hilo familiar dependió de un gesto cotidiano e invisible: una mujer que abre un cajón, saca una fotografía gastada por las esquinas, la limpia y la vuelve a guardar.

Fueron ellas quienes memorizaron la ubicación difusa de una fosa en una linde o un camino, y quienes transmitieron los nombres en voz baja para que no se disolvieran con el tiempo. Muchas sufrieron castigos específicos encaminados a la humillación pública, la exclusión económica y el rapado de pelo, pero reducirlas a la condición de víctimas desbuja su papel principal: fueron las guardianas de la memoria. Sin ellas, los equipos científicos que hoy abren la tierra no habrían encontrado a nadie esperando al borde de la zanja.

La verdad documentada

Hoy, la tecnología ha cambiado la gestión del duelo. La arqueología y la genética han aportado una certeza que sustituye a la conjetura. En la región, el Proyecto de Memoria Democrática de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha resultado decisivo para cartografiar fosas y documentar identidades que parecían perdidas en la burocracia penitenciaria.

El antropólogo forense Francisco Etxeberria suele repetir una premisa fundamental: las exhumaciones no abren heridas, sino que ayudan a cerrarlas. El verdadero desenlace de una investigación científica no ocurre en el laboratorio, sino en el instante en que una familia puede escribir, por fin, un nombre y un apellido sobre una lápida.

“Las dictaduras imponen una única memoria. Las democracias tienen la obligación de escuchar todas las memorias, investigarlas con rigor y reconocer la dignidad de todas las víctimas”.

Este proceso plantea debates lógicos sobre la fisonomía del espacio público, como ha sucedido en Llanos del Caudillo o Alberche del Caudillo, o en las disputas jurídicas por la nomenclatura de las calles. Conviene distinguir dos planos: la historia no se borra al retirar un símbolo; los libros, los archivos y el conocimiento permanecen intactos. Lo que se modifica es el honor público. No se trata de reescribir el pasado, sino de decidir qué valores fundamentan la convivencia actual. Resulta difícil sostener el equilibrio democrático cuando una persona acude a buscar los restos de su abuelo al cementerio atravesando una avenida que homenajea a los responsables directos de su desaparición.

El final del duelo

Al final, desprovista de la retórica partidista, queda una pregunta estrictamente humana, universal, ajena a cualquier filiación ideológica: ¿Qué haría cualquiera de nosotros si nuestro padre o nuestro abuelo llevase casi noventa años en una cuneta? Probablemente haríamos lo mismo: buscar, preguntar y esperar a que alguien nos diese una respuesta.

Por eso este asunto trasciende los boletines oficiales. No hay revancha en el deseo de depositar unas flores en un lugar concreto; no hay partidismo en exigir que el nombre de un ciudadano deje de ser una incógnita en un legajo borroso.

No todas las historias terminan como la de Agustina. En Castilla-La Mancha aún hay familias que siguen esperando una llamada, una identificación o una certeza. También por ellas merece la pena seguir buscando.

Cuando Agustina Recio salió del cementerio de Recas llevaba entre las manos una pequeña caja. Para la ciencia contenía unos restos identificados. Para ella era su padre. Ochenta y siete años después sabía, por fin, dónde dejar unas flores.

Quizá la memoria no consista en cambiar el pasado, sino en impedir que una familia tenga que vivir para siempre sin un lugar donde recordar a los suyos. Solo entonces las flores dejan de buscar una cuneta, encuentran una tumba, un nombre, unos apellidos y un lugar donde, por fin, descansan los nuestros.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha sugerido este jueves al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), que ponga a la venta el conocido como monumento a Franco, dadas sus reticencias para retirarlo de la vía pública en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Así se ha expresado el ministro en una entrevista en el programa de Televisión Canaria Buenos Días Canarias, en la que ha ironizado diciendo que tal vez alguien lo quiera comprar y colocarlo en su propio jardín. El ministro ha continuado poniendo como precio los supuestos 45 millones que, según el alcalde de Santa Cruz, vale la obra, añadiendo que así el consistorio tendrá fondos para construir vivienda pública.

Torres ha recordado que dicho monumento, que tiene que ser retirado de la vía pública antes de seis meses, no ha sido considerado Bien de Interés Cultural (BIC) y, por tanto, no puede ser resignificado, como han propuesto diferentes concejales del PP en el Ayuntamiento, socios de Gobierno de Bermúdez.

El Ayuntamiento, gobernado por CC y el PP, lleva años retrasando la aplicación de la Ley de Memoria Democrática bajo diferentes pretextos, una vía que se ha agotado en el momento en el que, este mes de junio, el pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias acordó rechazar la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento, de la escultura realizada por Juan de Ávalos y situada en la confluencia de la Rambla de Santa Cruz y la avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife.

La decisión se adoptó en el marco del expediente incoado por el Cabildo de Tenerife, también gobernado por CC y el PP, en octubre de 2024 para valorar la posible protección de esta obra, en cumplimiento de la sentencia dictada el 28 de junio de 2024 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife.

El órgano concluyó que la escultura no reúne los valores patrimoniales necesarios para su protección mediante la máxima figura de tutela prevista en la legislación canaria de patrimonio cultural.

El Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias es el principal órgano de coordinación, consulta y participación en materia de patrimonio cultural del archipiélago. En él están representados el Gobierno de Canarias, los siete cabildos insulares, la Federación Canaria de Municipios, la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, los colegios profesionales de arquitectos, las universidades canarias, museos de reconocido prestigio, asociaciones dedicadas a la defensa del patrimonio cultural y personas expertas en la materia, garantizando una amplia representación institucional, técnica y social en la adopción de sus acuerdos.

Cabe recordar que dicha obra, denominada Monumento a la Victoria pero conocida popularmente como Monumento a Franco, fue inaugurada en 1964 con la finalidad expresa de conmemorar la victoria militar del bando sublevado y perpetuar en el espacio público la memoria de la dictadura franquista. La Comisión Técnica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, considera que el conjunto escultórico y su programa iconográfico presentan la Guerra de España como una “Cruzada” salvadora y exaltan la figura de Francisco Franco y el triunfo del régimen surgido del golpe de Estado de 1936. Se trata, además, de uno de los conjuntos monumentales franquistas de mayor dimensión conservados en España y de uno de los principales hitos de la arquitectura conmemorativa del régimen.

Por todo ello, y habiéndose rechazado por los expertos del Gobierno canario su catalogación como BIC, no cabe otra salida que su retirada de la vía pública, para lo cual el Ayuntamiento dispone de menos de seis meses. Transcurrido ese plazo, si no lo ha retirado, “lo hará el Estado”, como el propio Torres advirtió a comienzos de julio.

El alcalde ha señalado en diversas ocasiones que cumplirá la Ley, pero hasta el momento en el Ayuntamiento no se ha realizado ninguna gestión para iniciar el proceso de retirada de los numerosos vestigios franquistas que aún se aferran a las calles de la ciudad.

Ahora que Washington D.C. se parece más que nunca a Pyongyang, la capital de Corea del Norte, con retratos tamaño mural y loas al líder supremo en cada esquina y plaza de la ciudad, cuesta trabajo renovar la fe en aquello que el ilustrado Alexis de Tocqueville denominó con envidia “la democracia en América”. Pero no pierdan la fe pues siempre nos quedará el hombre que mató a Liberty Valance para contarnos la historia como realmente fue.

No deja de resultar irónico, con un punto de justicia poética, que aquella monumental y brutalista puesta en escena soviética haya acabado marcando tendencia en el mismísimo imperio del dólar, el emperador naranja parezca cada día más un primo lejano aunque con menos porte de King Yong-Un y ambas familias compitan en un duelo cerrado por el liderazgo en la liga de las estrellas del nepotismo.

Si se observan con atención los fastos del 250 aniversario trumpista por la fundación de los USA y los desplazamientos de masas para atender al funeral de Jamenei en Irán, cuesta trabajo encontrar las ocho diferencias y saltan a la vista los parecidos razonables: culto al líder, muerte al enemigo y la fuerza como única fuente de toda legitimidad. No es de extrañar que sincronicen tan bien para romper estratégicamente sus supuestos acuerdos de paz cada vez que les conviene a ambos.

Sobran las razones para el pesimismo. La mítica relojería de pesos y contrapesos diseñada por el federalismo norteamericano está rota, aunque siga dando la hora correctamente al menos dos veces al día; como ha sucedido con las sentencias que limitan el poder presidencial para establecer aranceles y cortan de raíz su intento por anular el principio de nacimiento en el territorio para acceder a la nacionalidad que hizo posible la propia República norteamericana.

Llevará al menos una década reparar el profundo daño institucional causado por el trumpismo, si es que alguna vez nos ponemos a ello en los USA y en el resto del mundo. Antes que los miles de millones que se ha embolsado el presidente más corrupto de la historia yanki, —un puesto de mucho mérito al disputarlo entre una larga lista de mandatarios tan corruptos como incompetentes— costará más amortizar la reinstitucionalización de unas reglas que nos devuelven al siglo XIX y que pensábamos haber dejado atrás; al menos cuando alguien nos estuviera mirando.

No se confundan. No se trata de idealizar aquel pasado. Se trata de controlar los daños de este presente. Ya sabemos todos como era el mundo antes de Trump: violento, cínico y brutal cuando le convenía a un Occidente que solo respeta el derecho internacional cuando le convenía; pero, aun con todo, era mejor. Ya lo dijo Maxwell Scott, el editor del Shinbone Star que no publica quién mató de verdad a Liberty Valance, “Esto es el Oeste, señor, cuando la leyenda se convierte en un hecho, imprime la leyenda”.

Hay un elefante en la habitación que aumenta de tamaño en cada Mundial. El evento nunca ha generado tanto dinero, nunca ha congregado a tantas selecciones ni ha ocupado tanto tiempo de pantalla. Cada vez, sin embargo, cuesta más encontrar a países democráticos que quieran organizarlo. ¿Son las autocracias el único futuro del fútbol internacional?

Según la previsión presupuestaria de la FIFA para el ciclo 2023-2026 analizada por Sports Value, el organismo proyecta ingresos récord de 11.360 millones de euros, de los cuales casi 8.000 millones corresponden al año del torneo. 

Los derechos televisivos, con casi 3.500 millones de euros, siguen siendo la mayor fuente de ingresos, pero la venta de entradas y los paquetes de hospitalidad premium superan ya los 2.600 millones. Cada nuevo Mundial bate la marca anterior de ingresos: los de Qatar 2022 fueron un 56% superiores a los de Brasil 2014. La curva no muestra síntomas de agotamiento.

Algunos expertos, sin embargo, señalan que hay algo roto en el modelo: esa cascada de dólares no suele llegar a los países anfitriones. Si organizar el evento deportivo más importante del mundo —con permiso de los JJOO— no sale rentable, es fácil imaginar qué tipo de países estarán dispuestos a perder dinero y cuáles son sus intereses.

Los contratos que la FIFA firma con las ciudades sede reservan para el organismo la mayor parte de los beneficios, incluyendo, según publicó la agencia AFP, hasta las tasas de aparcamiento. Las ciudades pagan la infraestructura, los costes de seguridad y la logística. La FIFA mientras se queda la taquilla.

El mundial no es rentable para las ciudades y tampoco resulta muy atractivo para las democracias que hagan las cuentas con honestidad. Brasil gastó más de 13.000 millones de euros en 2014 y terminó en recesión al año siguiente, según datos publicados por Bloomberg, con varios de sus doce estadios convertidos en mamotretos sin apenas uso.

El estadio Arena Amazônia en Manaos, con capacidad para 44.000 espectadores y construido en medio de la selva, en una ciudad sin equipo de primera división, es un buen ejemplo: costó unos 236 millones de euros y tras el Mundial solo se ha utilizado ocasionalmente para partidos del campeonato local ante apenas unos cientos de espectadores.  

Sudáfrica construyó recintos que hoy acumulan costes de mantenimiento desproporcionados. Solo Rusia, en 2018, logró un retorno positivo tangible —recuperó unos 12.000 de los casi 14.000 millones de euros invertidos, según datos de una consultora citados por CNN—, en parte gracias a una economía donde el Estado absorbe pérdidas sin rendir cuentas a nadie.

Algunas ciudades españolas ya han decidido retirarse de la carrera para ser sede en 2030 por las inversiones millonarias que se exigen y el escaso retorno para los vecinos. A Coruña y Málaga decidieron bajarse del barco a última hora. La alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, explicó que el Ayuntamiento estaba “plenamente capacitado” para cumplir con lo que se exigía pero que no lo haría a “cualquier precio”.

El cálculo que hizo es que acoger cinco partidos iba a costar 100 millones de euros, más de la cuarta parte del presupuesto municipal. 20 millones por partido en una competición que tendrá 18 sedes en tres países.

El patrón parece ser la consecuencia de unas condiciones de licitación diseñadas para maximizar el margen de la FIFA, sobre el papel, una organización sin ánimo de lucro. Y esa lógica lleva a una conclusión: solo pueden permitirse organizar un Mundial los países que quieren un retorno distinto al económico o los que, como ocurre en esta edición, cuentan ya con la infraestructura necesaria desde hace décadas.

La nueva geografía del poder futbolístico

Es cierto que en el siglo XX hubo Mundiales en dictaduras con ganas de darse un lavado de cara —Italia 1934, Argentina 1978— pero esos casos aislados parece que se van a convertir en la norma. En el periodo 2018-2034, más de la mitad de los mundiales habrán sido organizados por Estados autoritarios sin ningún respeto por los Derechos Humanos. 

Arabia Saudí, de hecho, fue la única candidatura para 2034. No es que nadie más quisiera hospedar un Mundial, sino que nadie más podía pagarlo. Australia lo exploró y desistió. Una candidatura conjunta de diez países del Sudeste Asiático tampoco cuajó. Al final solo había un candidato en el campo y la FIFA lo aprobó por aclamación en diciembre de 2024.

Según el expediente de candidatura presentado a la FIFA, el reino saudí prevé construir o reformar once estadios, levantar 185.000 nuevas habitaciones de hotel e invertir en infraestructuras desde cero, incluyendo una nueva ciudad, Neom, ese megaproyecto urbanístico de casi 450.000 millones de euros anunciado a bombo y platillo en 2017 y que empieza a presentar serias dudas de viabilidad.

La inversión de Riad en deporte desde 2021 supera los 5.000 millones de euros, con 94 acuerdos específicos en fútbol —ahí está la Supercopa de España— según datos de la propia federación saudí. Aramco, la petrolera estatal, patrocina este Mundial y también el femenino de 2027. 

Según Amnistía Internacional y Human Rights Watch, Arabia Saudí pretende usar el torneo para encubrir su larga ristra de violaciones de derechos humanos. Las ONG vaticinan desalojos forzosos, explotación de trabajadores migrantes bajo el sistema kafala —que ata a los trabajadores a un empleador concreto sin posibilidad de cambiar ni de sindicarse—, discriminación contra aficionados LGTBQ+ y restricciones a la libertad de prensa. 

Todo eso ya se ensayó en el microestado de Qatar y se perfeccionará en Arabia Saudí, un país mucho más grande y poderoso. La FIFA, por su parte, calificó el riesgo en derechos humanos de la candidatura saudí como “medio” en un informe oficial encargado, casualmente, a un bufete con sede en Riad. 

Los 211 miembros con derecho a voto tampoco pudieron valorar por separado las candidaturas de 2030 y 2034: había que aprobar o rechazar ambas en bloque, blindando así a Arabia Saudí detrás del consenso europeo para celebrar el próximo evento en España, Portugal y Marruecos. Así lo denunciaron conjuntamente Amnistía Internacional y la coalición Sport & Rights Alliance en noviembre de 2024.

La desafección que no sale en los datos de audiencia

Los números de audiencia continúan siendo astronómicos y el mundial es todavía hoy el evento con mayor penetración simultánea en la historia de la televisión. Pero hay algo que los ratings no capturan: la naturaleza del vínculo entre el aficionado y el torneo parece estar cambiando o, como mínimo, alejándose de occidente.

Qatar 2022 generó el primer rechazo de los europeos. En Alemania, el 65% de la población apoyó el boicot según encuestas previas al torneo, y las gradas de la Bundesliga se llenaron de pancartas contra el Mundial semanas antes de su inicio. Varias ciudades francesas —París, Lille, Marsella— se negaron a instalar pantallas públicas por razones éticas.

Los capitanes de selecciones occidentales anunciaron que llevarían un brazalete con los colores del arcoíris y el lema One Love, pero la FIFA les amenazó con sacar tarjetas amarillas automáticas y acabaron desistiendo. La selección alemana se fotografió en el once inicial con la mano tapándose la boca como protesta.

Una encuesta de YouGov realizada en seis países antes del torneo de Qatar reveló que el 70% de los alemanes y el 67% de los franceses consideraban inaceptable que el país organizara el evento. Entre el 50 y el 58% de los europeos encuestados creían que las instituciones deportivas internacionales estaban demasiado dispuestas a trabajar con gobiernos no democráticos.

Un estudio académico posterior, publicado en The Journal of Politics, confirmó que el Mundial no mejoró la imagen de Qatar entre los alemanes, aunque sí aumentó las simpatías hacia el mundo árabe en general.

El torneo no logró el efecto de lavado de imagen que buscaba, pero dejó algo quizás más relevante: la sensación extendida, al menos en Europa occidental, de que el mundial es cada vez menos una celebración del fútbol y se está convirtiendo en una herramienta política.

Es cierto que el aficionado europeo que ya no viaja a estos países puede ser reemplazado por audiencias de mercados emergentes. La FIFA parece ser consciente de ello y la ampliación a 48 selecciones apuntaría a esta estrategia de diversificación del público. La audiencia potencial del que se está celebrando se ha cifrado en 6.000 millones de personas.

El mercado asiático o africano puede compensar audiencias, pero no el vínculo emocional que Europa y Latinoamérica lleva noventa años construyendo con el torneo. La pregunta que plantea el futuro no es si el mundial va a desaparecer. La pregunta es qué tipo de torneo va a ser y para quién.

La sensación de déjà vu con lo que le ocurrió al Comité Olímpico Internacional (COI), organizador de los Juegos Olímpicos, es inevitable. El evento creció sin límite, casi implosionó por los boicots cruzados de los ochenta, y se reformó cuando el modelo tocó fondo. 

El fútbol está lejos de encontrar su suelo. Pero 2034 en Arabia Saudí será la prueba de hasta dónde puede llegar la distancia entre el discurso oficial —“el fútbol une al mundo”— y la realidad de un país anfitrión que criminaliza la orientación sexual de una parte de los aficionados, por citar solo un aspecto del catálogo de aberraciones humanitarias.

Como han afirmado los responsables del podcast Soccernomics en un artículo muy crítico con la deriva de la FIFA en The Economist: “Nada crece para siempre, y cuando el crecimiento se detiene, suele llegar el declive”.

“Franco visita el Principado de Andorra, el pequeño país vecino, y allí saluda a todos los ministros. Cada uno, antes de estrechar la mano del dictador español, le anuncia su cargo. 'Aquí, el ministro de Economía'. 'Aquí, el ministro de Educación'. 'Aquí, el ministro de Guerra'. Al llegar a este último, Franco no puede disimular una sonrisita. Se vuelve a su ayudante y le comenta: 'Pero ¿un país tan pequeño para qué necesita un Ministerio de Guerra?'. Su ayudante le responde: '¿Y nosotros, general, para qué necesitamos un Ministerio de Justicia?'. Así reza uno de los chistes que han inundado de carcajadas el Auditorio Pilar Bardem de Rivas.

La broma forma parte del espectáculo Chistes contra Franco, uno de los más esperados de la nueva edición del Festival de las Ideas y la Cultura, que supone un inteligentísimo homenaje a quienes se jugaron la libertad recurriendo al humor para desafiar la dictadura franquista. La propuesta corre a cargo del historietista Darío Adanti, fundador de Mongolia, el artista Eugenio Merino y la actriz Eva Redondo, que recuperan los chascarrillos populares que se contaban en la clandestinidad durante el régimen en un acto de memoria disidente.

Así dice el primero de ellos, seleccionados de entre todos los que se escucharon en España durante la dictadura franquista y la Transición: “Un gobernador civil visita un instituto de enseñanza a los dos años de terminar la guerra. Interroga a los alumnos que en el bachillerato estudian la nueva asignatura Formación del Espíritu Nacional. El gobernador civil pregunta a uno de los alumnos: '¿Quién es su padre?'. '¡Franco!', responde el chaval. '¿Y quién es su madre?'. '¡La Falange!', responde el crío. 'Bien', sonríe el gobernador. 'Y a ver, chaval, ¿qué quieres ser de mayor?'. Y el crío responde: '¡Huérfano!'”.

“El humor supuso una venganza oculta frente al poder onmipotente y una crítica radical a la figura del dictador”, se ha señalado al comienzo del evento. Después, Adanti ha ido recitando algunas de las ocurrencias más divertidas de la época, estructurándolas por temas y cronología como la vida matrimonial del dictador, su ascenso al poder o su evolución en la política, y ha aprovechado la crítica con ingenio que hacen de la figura de Franco para convertirlas en una arma de resistencia. Teniendo en cuenta que sus autores tuvieron que mantenerse anónimos y que es posible que hubiera quien fuera castigado por alguno de estos chistes, se torna todavía más relevante traerlos ahora de vuelta.

Las bromas sobre los abusos del franquismo han estado acompañadas de la intervención de Eva Redondo, que se ha encargado de contextualizarlas con documentos y textos históricos que recuerdan la violencia del régimen. “¡Justicia!”, ha gritado uno de los asistentes tras una de las explicaciones de la dramaturga. Entre ellas, la intensa propaganda del dictador dentro de su estrategia de control social y represión, ya que Franco “fue consciente del valor instrumental del sello postal como un medio en el que podían configurarse mensajes ideológicos”.

El primer sello de Correos con la cara de Franco apareció en 1939 y mandaría a hacer nuevas versiones en 1955. Su imagen contribuyó a la construcción simbólica de la autoridad e intentó legitimar así la violencia al régimen. Y, de ahí, otro de los chistes: “Marchaba Franco por una calle cuando una apisonadora lo atropelló y le pasó por encima. El asustado conductor paró la máquina y le dijo a su ayudante: 'Baja rápido y mira la calzada, que creo que hemos aplastado algo'. El otro se apea, corre hasta detrás de la máquina, mira detrás del último rodillo y regresa a su puesto tranquilo: 'No, no ha sido nada, era solo un sello'”.

Todos los chascarrillos aparecen en el libro Los chistes de Franco, editado por P. García en 1977. El volumen se describe como un recopilatorio de aquellos que fueron “populares” y, entre los que se plasman en sus páginas, algunos fueron ocasiados por la larga y dura posguerra marcada por la miseria y el hambre que vivió España. “En cierta ocasión, Franco vuela sobre España acompañado en el avión por sus familiares más directos. Sobrevuelan pueblos y aldeas. Entonces, tiene una idea: '¿Qué te parece, Carmen, si ahora mismo cojo mil pesetas y los tiro por la ventanilla? Pueden caer en un pueblo y encontrarlas alguien. Habríamos hecho felices a un español', dice a su mujer”, cuenta el chascarrillo.

El chiste sigue así: “Doña Carmen mueve la cabeza asintiendo, pero sugiere una cosa mejor: 'Oye, Paco, ¿y si en vez de tirar un billete de mil tiras dos de 500? Lo encontrarán dos personas y entonces harás felices a dos españoles'. [...] Entonces el piloto, que ha escuchado y guardado silencio, propone: 'Yo tengo una idea mejor, excelencia. ¿Por qué no se tira usted del aparato y así hace felices a todos los españoles?'”. Hasta los hay con más connotación sexual. “Franco y su mujer están acostados en la cama. El caudillo duerme a pierna suelta, pero su esposa se encuentra desvelada por el picotazo del gusanillo sexual. Doña Carmen se le acerca y le susurra: 'Anda, Paco, ¡vamos a joder!'. Y Franco salta de la cama, corre a su despacho y se pone a firmar sentencias de muerte”, narra otro.

Un viaje hasta los últimos días del dictador

El espectáculo también ha repasado la historia de la pena de muerte de España, que vivió un proceso extraordinario en la dictadura con las 50.000 ejecuciones desde el 1 de abril de 1939 hasta 1950. “Lo peculiar es que, una vez finalizada la guerra, España prolongó los signos más brutales de lo que se consideraba incivilizado. La represión franquista de posguerra siguió atormentando y destruyendo la vida de millones de ciudadanos. Franco convirtió una institución penal excepcional, la pena de muerte, en un instrumento de guerra, terror, exterminio, castigo y venganza”, lee Eva Redondo.

Asimismo, casi medio millón de exiliados abandonaron forzosamente su tierra por el avance de las tropas de Franco y los pocos que regresaron antes de la muerte del dictador se encontraron con una realidad de persecución política y marginación social. También hay chiste para esto: “Un español vuelve a España al cabo del tiempo y charla con un familiar. '¿Y por aquí cómo estáis?', pregunta. 'Bah, no nos podemos quejar', le responden. 'Ah, entonces bien, ¿no?'. 'No, no, que no nos podemos quejar'”.

Ya hacia el final del acto, se abordaron los últimos días de vida del dictador. “Franco, a punto de morir en el hospital, se le aparece San Pedro y le dice: 'Francisco, que le dejo aquí las llaves y ya sube usted cuando le venga bien'”, dice una de las bromas que recita Darío Adanti. “En sus últimos días, Franco está internado en la habitación de la residencia de La Paz. Está en coma, entubado con el respirador artificial, con el reanimador cardíaco, bolsas de plasma, tubos de anestesia... Entonces, para sorpresa de todos los presentes, Franco abre los ojos, ve tubos por todas partes y dice: 'Queda inaugurada la decimoprimera feria nacional del plástico'”, reza el siguiente chiste. Y así concluye otro: “¿Cómo llaman a la carretera de El Pardo? La feria, porque al final está el tiovivo”.

Los chistes contra Franco llegan a Rivas y forman parte del FIC gracias al apoyo del Comisionado para la celeración de los 50 años de España en Libertad.

El 9 de febrero de 2011, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), en el marco de la exposición 'Desaparecidos', el profesor de la universidad de Columbia (Nueva York) Andreas Huyssen reclamaba la necesidad de preservar “la dignidad de las víctimas, sus luchas y su destino”. Necesidad que, entre otras respuestas, continúa exigiendo de los jueces una actitud más seria y rigurosa ante las víctimas de la dictadura, especialmente las víctimas inocentes e indefensas de los Consejos de Guerra. Y que asuman definitivamente el alcance y consecuencias de la insurrección militar de 1936 y la posterior dictadura. Una vez más procede tener presentes las palabras del insigne jurista, fiscal general de la República y magistrado del Tribunal Supremo Francisco Javier Elola Díaz-Varela en el procedimiento sumarísimo 8/1939 de la Auditoria de Guerra de Barcelona. Por su fidelidad a la República fue condenado por rebelión militar a pena de muerte y fusilado en el Camp de la Bota el 12 de mayo de 1939. Decía así: “Surge la rebelión por el alzamiento colectivo en armas contra un poder legalmente constituido”. 

El detenido examen de cuarenta y siete Resoluciones de la Sala de lo Militar del TS -prácticamente el 95% de las dictadas- sobre los recursos planteados por los familiares de las victimas mortales de la dictadura revela la complicidad, ¿solo objetiva?, de los magistrados de dicho Tribunal con la dictadura.

De ellas, veinte son Autos de “denegación de autorización para interponer el recurso de revisión” contra las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra una vez implantada la dictadura. Dichos Autos fueron dictados en 2004, más de 25 años después de la recuperación de la democracia. Y, todos ellos, contra sentencias dictadas por Consejos de Guerra en procedimientos sumarísimos con condenas a muerte y fusilamientos.

El fundamento de los recursos fue la aprobación por el Congreso de Diputados de las Proposiciones no de Ley de 27/9/1999 y 29/11/2002. La primera, por la Comisión de Asuntos Exteriores, y la segunda, por la Comisión Constitucional. La primera de ellas decía: “El Congreso de Diputados condena y deplora el levantamiento militar contra la legalidad constituida, encarnada en las instituciones políticas que representaron la Ia República Española”. Y, tras calificar de ilegítimo el alzamiento militar, llega a la conclusión de que quienes sostuvieron a dichas instituciones “no pueden ser considerados rebeldes”. Según resume el Tribunal Supremo (TS), en cada uno de dichos Autos “la parte interesada (…) estima que tales Proposiciones no de Ley son pruebas indubitadas suficientes para acreditar que el hecho histórico del alzamiento militar que el 18 de julio de 1936 inició la Guerra Civil, lo fue contra la legalidad constituida, encarnada en las instituciones políticas que representaban la II República Española, y, tras calificar de ilegítimo el alzamiento militar, llega a la conclusión de que quienes sostuvieron a dichas instituciones no pueden ser considerados rebeldes. Las resoluciones del TS fueron todas de una argumentación similar, si no idénticas, expresando rotundamente la voluntad de privar de cualquier valor jurídico al contenido de dichos pronunciamientos parlamentarios y, desde luego, de carecer de eficacia para incidir en la revisión de las sentencias impugnadas.

Son estos los términos de sus razonamientos:

Dichas Proposiciones aluden “en términos abstractos y partiendo de consideraciones políticas al enfrentamiento civil entre españoles y sus ”consecuencias posbélicas“, eufemismo con que se atrevieron a denominar a la terrible dictadura impuesta a partir de 1939. Y califican aquellas Proposiciones como ”una declaración de evidente contenido político y ético que no es suficiente para modificar los (hechos) que les fueron imputados“ a los condenados a muerte. Llegando a afirmar que dichas Proposiciones ”hasta la fecha no habían sido plasmadas en una norma jurídica nacida al mundo del derecho“. ¡Verdadera vergüenza para el Poder Judicial que adoptó dichas declaraciones!

La misma línea argumental se advierte en las dos Sentencias y otros veintidós Autos estudiados que profundizan la posición benévola y comprensiva de esa forma de negación de justicia que fueron los Consejos de Guerra. Con una particularidad: que en estas resoluciones hubo ocho votos particulares discrepantes de la mayoría que abogaban, o por anular, sin más, la sentencia o admitir a trámite el recurso para entrar en el análisis de la misma y valorar su validez. Pero el criterio dominante fue muy preocupante. La Sala vuelve a insistir en rechazar “una interpretación extensiva y analógica” del recurso de revisión, rechazan un “uso abusivo e indiscriminado” del mismo (una cincuentena de ellos frente a las miles de sentencias que se dictaron) e insisten en que la actual regulación del recurso de revisión impide “un nuevo examen de la corrección del derecho aplicado”. Este es el más grave de los criterios expuestos, pues representó el pleno respeto y la intangibilidad del ordenamiento jurídico represivo emanado del golpe militar de 1936. Ciertamente, la Sala de lo Militar, asumió la irrelevancia de la Constitución para la anulación de tantas sentencias, aprobando tantos fusilamientos

Así lo acredita el Recurso 34/1989, interpuesto por primera y única vez por el fiscal general del Estado y resuelto por Sentencia de 30 de enero de 1990 contra la dictada el 18 de Abril de 1963 por el Consejo de Guerra de la 1ª Región Militar que condenó a Julián Grimau a la pena de muerte, siendo fusilado horas después. Entre los hechos descritos como probados se incluyen, como determinantes de la condena, los que se le atribuyen durante la Guerra Civil.  

Dicho Tribunal militar se constituyó inválidamente porque el vocal ponente no era licenciado en Derecho ni pertenecía al Cuerpo Jurídico Militar, manifiesta irregularidad que también concurrió en otros muchos Consejos de Guerra. Asimismo, la viuda de J. Grimau, en sus alegaciones, sostuvo que el fallo condenatorio “ha de tenerse por inexistente y, por tanto, el reo sigue siendo inocente mientras no se demuestre lo contrario en un juicio justo, informado de las garantías legalmente establecidas”. El TS no estimó el recurso. Sentencia, la primera dictada en este ámbito, que ya reconoce explícitamente la validez de los Consejos de Guerra y de sus sentencias pese además de admitir que, realmente, la “potestad” de juzgar radicaba realmente en el “Capitán General Militar de la Región”.

El Tribunal afirmaba: “Es por ello que la Sentencia dictada en el Consejo de Guerra que condenó a D. Aníbal (identidad ficticia que en los archivos judiciales otorgan a Julián Grimau) no es nula, ni siquiera anulable, por lo que -como se dijo al principio de esta parte segunda de la Sentencia- no procede acceder a lo solicitado por los recurrentes, máxime en el caso de autos: por un lado, el fallo se dicta en un juicio sumarísimo por un Tribunal Colegiado compuesto de cinco personas, y al no haberse emitido votos particulares supuso que todos los Vocales y el Presidente se mostraron de acuerdo con dicho Fallo”; por otra parte y conforme al antiguo Código de Justicia Militar (arts. 50, 52, 9, 10, 11 y 798), la función de tramitar el proceso correspondía al Consejo de Guerra, pero la potestad radicaba de pleno derecho en el Capitán General Militar de la Región, por cuanto finalizado el juicio, aquél proponía a éste la Sentencia, y era dicha Autoridad Militar Judicial quien definitivamente la aprobaba. Y en el caso de autos, la Autoridad Militar Judicial, legitimada a todos los efectos, la aprobó “por considerarla ajustada a la ley”, quedando firme.

Y ante la alegación de la recurrente de que el Consejo de Guerra había sido constituido inválidamente, el Tribunal no tiene inconveniente en admitir que el Consejo de Guerra está dotado de una “investidura plausible” con un razonamiento que causa perplejidad, vergüenza y absoluto rechazo. Dice, para fundamentar su decisión, que “la potestad, dimanante de la Jurisdicción e ínsita en la función del Juez, no está en él, no pertenece a su persona, sino que le es entregada por el Estado, que a su vez la recibe del pueblo soberano en quien reside (con o sin Constitución)”. Consagra así la plena equivalencia de dictadura y democracia, la irrelevancia de la Constitución y apela a un supuesto “pueblo soberano” en plena dictadura como origen de la validez de una sentencia dictada por un Tribunal ilegal en su origen y constitución y carente de todas las garantías propias de un proceso justo.

Pero, en este caso, el presidente del Tribunal disintió de la solución adoptada y emitió un voto particular a favor de la nulidad de la sentencia. Para concluir así: “Ante un hecho tan estremecedor para la conciencia jurídica, parece evidente que la justicia demanda de nosotros digamos, al menos, una palabra serena de reparación: la que consiste en reconocer, desde esta suprema instancia judicial, que aquella muerte, anunciada en su día públicamente como cumplimiento de una sentencia, no fue, en verdad, el triste pero legal desenlace de un proceso, sino un acto despojado de todo respaldo jurídico, un hecho máximamente reprobable por su absoluta contradicción con el Derecho”. Valoración que era predicable de todas las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra.

Como complemento del anterior recurso y respuesta judicial, he estimado procedente la referencia a dos recursos. El primero, el Recurso 44/2000, resuelto por Sentencia de 13/5/2003, que rechazó, igualmente, la anulación de la condena a muerte de un matrimonio impuesta por el Consejo de Guerra permanente nº 2 de Valencia, el 19/2/ 1941, sentencia ejecutada el 5 de Abril. 

El Tribunal admite como ordenamiento jurídico entonces vigente “el Bando declaratorio del Estado de Guerra de 18 de julio de 1936”, cuando resulta ya evidente que no hubo declaración del Estado de Guerra sino un golpe militar contra el Gobierno legítimo de la República. Coherentemente con dicho planteamiento, el Tribunal Supremo valora que los Consejos de Guerra de 1941 aplicaban el “derecho vigente” como si se tratara de un ordenamiento dotado de legitimidad democrática. Pero, sobre todo, resulta contradictorio con el más elemental principio de Justicia argumentar así: “La Constitución, fruto del esfuerzo del poder constituyente, es la Lex Máxima, norma jurídica fundamental de la que pende el resto de nuestro ordenamiento jurídico, mas en modo alguno es un hecho de aquellos que, debidamente acreditados, puedan alterar los que como probados se recogieron en la infinidad de sentencias que fueron dictadas, con anterioridad a su vigencia, por diversos órganos jurisdiccionales en aplicación del derecho que estaba en vigor cuando se produjeron y con sujeción al procedimiento que en aquel momento el ordenamiento jurídico tenía establecido”.  

Argumentos que se exponen con igual claridad en el Recurso 5/2006, con apoyo en el Auto 187/2004 del Tribunal Constitucional, en los siguientes términos.

La recurrente, ante la condena a muerte de sus padres, había planteado lo siguiente: 

a) Que el proceso que culminó con la sentencia del Consejo de Guerra núm. 2 Especial de Valencia de fecha 26 de mayo de 1942 careció de cualquier garantía constitucional de nuestra vigente Carta Magna (RCL 1978, 2836), como es el derecho a la presunción de inocencia.

b) Que también se vulneraron las garantías procesales del momento sobre todo en la forma en que se desarrolló el proceso sumarísimo y que de las pruebas obrantes en el mismo no existe indicio alguno como prueba incriminatoria fiel para imputar a los mismos la pena capital“.

El Tribunal admitió como ordenamiento jurídico entonces vigente “el Bando declaratorio de Estado de Guerra del 18 de julio de 1936”. La recurrente, ante la condena a muerte de sus padres, planteó varias cuestiones procesales: que “se vulneraron las garantías procesales del momento en que se desarrolló el proceso” y que de las pruebas obrantes en el mismo no existe indicio ninguno como prueba incriminatoria para imputar a los mismos la pena capital“. La respuesta del TS fue tan breve como contundente: ”La Constitución no tiene efectos retroactivos, por lo que no cabe intentar enjuiciar, mediante a su aplicación, los actos de poder producidos antes de su entrada en vigor“. Un magistrado emitió un voto particular que contradijo radicalmente la sentencia dictada.

El dicho voto se razonaba: “La Constitución es el hecho nuevo que evidenciaría la vulneración del valor justicia (...) En un Estado justo, siempre inacabado, no tienen cabida las condenas pronunciadas sin un juicio justo. El dicho voto se reproducía, de conformidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre los Elementos Constitutivos de un juicio justo. 

Complementando lo anteriormente expuesto, resulta indispensable la cita del Recurso 34/2006 sobre la sentencia que condenó a muerte al dirigente sindical y político Joan Peiro. ¿Por qué? El recurso alegó la total ausencia de pruebas para atribuirle al acusado la comisión de los gravísimos hechos que se describen en la sentencia militar. La sentencia se inicia con las siguientes palabras: “Producido el glorioso movimiento nacional y vencido el mismo (…) se le considera responsable directo de los asesinatos que se cometieron en dicha ciudad”. Ante este recurso se emitieron dos votos particulares. El de José Luis Calvo Cabello se expresaba así: “Me importa señalar de forma expresa mi rechazo al argumento de la mayoría de la Sala basado en el bando de la Junta Defensa Nacional de 28 de julio de 1936. La valoración de dicho Bando como instrumento normativo valido para modificar la legalidad vigente lesiona gravemente nuestro Estado de Derecho”. 

Es de destacar, por razones de estricta justicia, que en la Sentencias dictadas por dicho Tribunal, tres eminentes magistrados emitieron votos particulares discrepando fundadamente de la mayoría: Calvo Cabello, Javier Juliani y y Ángel Juanes.

¡Que complacencias de una parte relevante de la Justicia española con la dictadura en su etapa más violenta y cruel! 

Todo partido de fútbol arranca mucho antes de que el balón eche a rodar. Puede durar horas, días o semanas la parafernalia de declaraciones, portadas y tifos que se preparan en los estadios, la guerra fría que se utiliza para intimidar al equipo rival, a su hinchada y hasta a los árbitros.

El España-Arabia Saudí comenzó a jugarse hace años y muy lejos del Mercedes Benz Stadium de Atlanta donde a las 12 de la mañana hora local se citaron los dos equipos. ¿Por qué una selección que representa a uno de los regímenes más sanguinarios del planeta puede disputar este Mundial, como los dos anteriores, a diferencia por ejemplo de Rusia que fue vetada por la FIFA cuatro días después de iniciar su invasión a Ucrania? Se explica por la geopolítica y la diplomacia. En una palabra: petrodólares. La misma razón por las que esa supuesta organización sin ánimo de lucro que preside Gianni Infantino y que ya factura 11.236 millones de euros entre mundial y mundial ha designado a Arabia Saudí sede en 2034, solo 12 años después de organizarlo en Catar y 18 de hacerlo en la Rusia de Putin.

Amnistía Internacional y otras organizaciones que luchan por los derechos humanos llevan lustros denunciando que las ejecuciones sin juicio justo se cuentan por cientos cada año en Arabia Saudí, que desaparecen blogueros (no blogs, los blogs también, pero aquí hablamos de personas) críticos con el régimen, que las mujeres necesitan de un tutor hombre que las autorice a casarse, divorciarse o ir al médico. “Cosas que pasan”, como dijo Donald Trump en el despacho oval cuando la periodista Mary Bruce de ABC News le preguntó en una comparecencia conjunta al príncipe heredero Mohammed bin Salman por la muerte del columnista del Washington Post Jamal Khashoggi que fue asesinado y despedazado en el consulado saudí en Estambul. Según un informe de la CIA la orden partió del propio bin Salman, según Trump en esa misma rueda de prensa, no está bien incomodar a los invitados del presidente. Según Infantino, Trump era el destinatario ideal para el primer premio de la paz que organiza la FIFA.

Así estaban las cosas cuando Lamine Yamal, Pedri, Unai Simón y compañía saltaron a calentar este domingo en el estadio de Atlanta. Cuando el balón echó a rodar los espectadores que siguen el Mundial (se estima una audiencia potencial de 6.000 millones de personas durante todo el campeonato) solo vieron a dos países empatados a puntos enfrentándose por un puesto en la siguiente ronda. Nada más que eso. Así que puede decirse que Arabia Saudí, con su diplomacia, sus petrodólares y sus todopoderosos amigos, había ganado la previa.

Luego empezó el fútbol, con media España en el diván tras su lastimoso empate contra Cabo Verde y su estrella, Lamine Yamal, por primera vez en el once titular, tras varios meses lesionado. Toda la semana se había multiplicado el ruido en la prensa deportiva que reprochaba el juego parsimonioso y el control sin peligro en el arranque del campeonato contra un debutante. Contra Arabia Saudí, antes del primer minuto Yamal ya se había ido de tres jugadores para poner un centro al que no llegó, por poco, Oyarzábal. La joven estrella había mostrado su extrañeza en los días previos ante tanta crítica. Y en el minuto tres ya había puesto cuatro centros desde su banda derecha, en medio de un dominio absoluto de la selección española, hipermotivada en ataque y en la presión, un ritmo diferente al de la decepción del primer día. El premio llegó pronto: en el 10 Lamine ya señalaba al mundo el código postal de Rocafonda (Mataró, 08304), un gesto con las dos manos que es su homenaje al barrio de donde salió su fútbol callejero. El primer gol en un mundial de Lamine fue un pase a la red después de un centro de Oyarzábal.

Los siguientes diez minutos, que ya fueron un monólogo como casi todo el partido, bastaron para finiquitar el duelo. Oyarzábal, la antiestrella que venía de ganar la Copa del Rey con la Real Sociedad a penaltis y es el máximo goleador de esta era en la selección, remató dos veces más a la red (la primera con el exterior del pie, la segunda con la cara interna). No había llegado la pausa de recaudación de la FIFA (para que las teles puedan vender más anuncios) y España ya ganaba tres a cero. El guion no cambió en el segundo cuarto de este nuevo deporte reinventado por Infantino y compañía. Pedri, Rodri y Dani Olmo dominaron el juego en el mediocampo mientras Arabia Saudí con modales futbolísticos de equipo amateur, perdía el balón con rapidez, incluido su portero. Tras uno de sus errores, Oyarzábal intentó superarlo con una vaselina pero su disparo, otra vez con el exterior de la bota, chocó con el larguero. Lamine volvió a la carga tres veces sin éxito desde fuera del área. En el descanso los dos grandes protagonistas ya se quedaron en el vestuario. Con el partido resuelto y un Mundial que puede durar hasta el 19 de julio, el cuerpo técnico optó por protegerlos.

Cambiaron algunos solistas pero la partitura continuó igual. El primer córner de la segunda parte (tercer cuarto si somos rigurosos) acabó en gol tras un disparo de Cucurella que golpeó en el portero saudí. La FIFA no se lo apuntó al último fichaje del Real Madrid, hiperactivo en ataque. Oficialmente será gol en propia puerta de Arabia Saudí.

El último cuarto tras otra pausa de supuesta hidratación (en un estadio con aire acondicionado y una temperatura de entre 20 y 22 grados durante el partido) sirvió para ver de nuevo en el campo a Nico Williams, que también vuelve de una lesión y a Yeremi Pino, de estreno en un Mundial. También para conocer las novedades de verano de TVE (entre las que figura el Grand Prix con Ramón García). Autopromociones aparte, el primer tiro con algo de peligro de Arabia Saudí se produjo en el minuto 80 desde fuera del área y lo paró Unai Simón sin mucho problema. Y en el 90 anularon un gol a Ferrán Torres por fuera de juego evidente en la tele que al VAR le costó varios minutos analizar. El marcador ya no cambió. Cuatro a cero y en medio del ambiente ciclotímico que siempre rodea al fútbol alguien tendrá la tentación de volver a situar a España como gran favorita del Mundial. Probablemente ni había para tanto drama frente a Cabo Verde hace una semana ni sería prudente sacar demasiadas conclusiones de la goleada a una selección muy menor.

Pero volvamos al principio. Además de todas las violaciones de derechos humanos en Arabia Saudí, Amnistía Internacional también acusa al país de blanquear su dictadura invirtiendo un millonada en deportes y deportistas. Lo llama “sportwashing”. Según reveló el diario Marca, Cristiano Ronaldo cobra por jugar en el Al Nassr, con el que acaba de ganar la liga allí, 16,5 millones de euros. Al mes. Sí, han leído bien, 200 millones al año. Golfistas como Jon Rahm reciben salarios parecidos por disputar sus competiciones en el reino de los petrodólares. La FIFA organizará allí el Mundial de 2034 de todas, todas. Por eso es una magnífica noticia que Arabia Saudí esté más cerca de ser eliminada en la primera ronda. La segunda victoria de España este domingo en Atlanta.

“Ya en la introducción hay una alusión hiriente a la censura que le impide decir todo lo que quisiera”, escribe en mayo de 1971 el censor de Xente ao lonxe, “pero aun así su texto está lleno de pasajes escabrosos, de palabras oscenas [sic] y soeces con frecuentes blasfemias, de burlas y sarcasmos contra el obispo, los canónicos, los clérigos; de párrafos hirientes y heréticos con relación a los santos, los milagros y otras materias dogmáticas, y de reticentes críticas en materia social y política”. La fenomenal epopeya de Eduardo Blanco Amor, una novela de aprendizaje obrero en el Ourense de inicios del siglo XX, no se publicó. No se publicó por lo menos en aquella versión que la Editorial Galaxia había remitido a la censura. El autor reescribió algunos tramos y, en diciembre de 1971, recibió el plácet “pese a persistir algunas inconveniencias”. Llegó a las librerías al año siguiente. El original sin distorsionar no salió a la luz hasta 2014.

La peripecia de la obra de Blanco Amor -no solo Xente ao lonxe, también sufrió la emblemática A esmorga (1959)- bajo la lupa censora del franquismo es uno de los más significativos episodios que recoge el catedrático de la Universidade de Vigo Xosé Manuel Dasilva (Vilagarcía de Arousa, 1962) en Os libros censurados por Franco (en gallego, Galaxia, 2026). “Xente ao lonxe había recibido tres informes censores y los tres desfavorables”, explica Dasilva a elDiario.es, “entonces, Blanco Amor escribe a Meilán Gil, a quien conocía y tenía un cargo en el Gobierno franquista. Este media en el asunto. Aconsejado por los editores de Galaxia, el autor decide remodelar la narración. El mecanoescrito original en el que figuran las correcciones obligadas por la censura, pero también otras de carácter estético por voluntad propia, lo encontré muchos años después. Estaba en manos privadas. La edición restaurada es de 2014”. Las vicisitudes de A esmorga, tal vez la más importante novela gallega del XX, resultaron igualmente agitadas.

'A esmorga': “Burda novela corta, en gallego”

El primer intento de publicarla en Galicia fue inviable. “Burda novela corta, en gallego, en la que se narran las aventuras y desventuras de tres borrachos”, resumía el censor Miguel Piernavieja del Pozo, “en lenguaje a menudo soez, se mezclan los diálogos de estos tristes personajes con escenas de burdel y recuerdos de aventuras. No debe autorizarse”. Sus editores de Galaxia ya se lo habían advertido: no se daban las condiciones. El libro se publicó finalmente en 1959, pero en Buenos Aires. Hasta que, ya a comienzos de los 70 y cuando la célebre Ley Fraga había sustituido la censura previa por la perversa consulta voluntaria -las editoriales remitían motu proprio los originales y recibían o no el visto bueno, de lo contrario se arriesgaban a un secuestro de la edición una vez esta se encontraba en la calle-, en Galaxia cambian de opinión y vuelven a someter la obra a la censura. “Lenguaje excesivo en su forma muy libre, sucio a veces, con expresiones, palabras y frases faltosas de elegancia y de toda delicadeza. Estimamos no es admisible la publicación”, dijo entonces la administración. Un segundo informe cargaba además contra la imagen de la Guardia Civil que transmitía este periplo existencialista por los barrios bajos ourensanos escrito con un asombroso dominio técnico, y exigía mutilar el texto.

Blanco Amor accedió, pero en vez de recortar, reescribe, y elimina los pasajes señalados por el censor. Esa es la versión que en 1970 Galaxia publicó en Galicia, la última revisada en vida por el autor -la testamentaria, según la filología- y la que se reeditó una y otra vez hasta 2011. Dasilva encontró entonces el expediente de la censura en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares (Madrid) y comprendió, contra la historia transmitida durante décadas, que los cambios y las diferencias entre la versión de 1959 publicada en Buenos aires y la de 1970 en Galicia no habían sido voluntarios, sino forzados. La versión “genuina” del libro salió de nuevo en 2011. “La noche anterior a consultar el expediente de A esmorga estaba inquieto por la emoción”, hace memoria Dasilva, “las cajas del Archivo General contienen todo tipo de información: administrativa, cartas, materiales textuales. Nunca sabías lo que ibas a encontrar”.

El gallego no es para la filosofía

Hacía entonces unos tres años que se había adentrado en el territorio de la censura franquista. “Quería saber qué había sucedido con la famosa traducción de Heidegger, Da esencia da verdade”, recuerda, “y en 2007 fui al Archivo General en Alcalá a buscar el expediente”. La historia de la versión en gallego -obra de Celestino Fernández de la Vega y Ramón Piñeiro- del texto, en realidad la transcripción de una conferencia, del controvertido filósofo alemán es una de las más rocambolescas de las que recoge Os libros censurados por Franco. Enviada en 1952 a la censura, esta la autorizó con un comentario quizás involuntariamente irónico del censor: “A vueltas de largas disquisiciones, a veces un tanto retóricas, sobre el tema, Heidegger contesta a la cuestión planteada diciendo que la esencia de la verdad es la verdad de la esencia”. Pero el permiso para su publicación no duró: lo suspendió el jefe de sección de Inspección de Libros, Joaquín Úbeda.

“El problema era que Piñeiro y De La Vega querían demostrar que el gallego era válido para cualquier tema, también para el pensamiento filosófico”, aduce Dasilva, “y eso no encajaba con la visión del Régimen sobre la lengua gallega”. Folclórica, en el menos malo de los casos. El director general de Prensa de la dictadura, el siniestro Juan Aparicio, había publicado un virulento artículo en el diario Pueblo que Dasilva cita en la introducción de su obra. “En Galicia, algún pedantón traduce la filosofía alemana con ritmo de gaita […] el escritor que escribe en la colección Grial de la Editorial Galaxia, Vigo […] es un escritor que tiene faltas de ortografía en su pluma y en su alma”, aseguraba. Sus inferiores en el escalafón tomaron nota. Da esencia da verdade, las reflexiones de un pensador conservador, no se publicaron en gallego hasta cuatro años más tarde. Aparicio había abandonado el cargo.

“Sostenedor intelectual de un separatismo gallego absurdo”

Aquella primera visita al archivo de Alcalá fue, contra el propio pronóstico del autor, el inicio de un trayecto investigador que culmina en Os libros censurados por Franco. “Tras el de Heidegger, comencé a consultar todos los expedientes relativos a la literatura gallega. Fui publicando trabajos en revistas y pensé ¿ahora qué hago? ¿Una historia de la censura? ¿Reúno mis ensayos?”, relata, “pero encontré inspiración en un libro de Quim Torra [sí, el que fue presidente de la Generalitat] y Jaume Clotet”. Se refiere a Les millors obres de la literatura catalana (comentades pel censor) (2010). En esa línea, el de Xosé Manuel Dasilva es un libro de divulgación, un breviario de consulta. Además de un prólogo de contexto, recopila, ordenados con un sistema de fichas, todos los informes censores sobre obras en gallego y añade un apartado de comentarios en las obras cuya publicación fue denegada que resume lo sucedido posteriormente con las mismas.

“Ya existían trabajos sólidos sobre la censura en la literatura castellana, también en la catalana o en la vasca. En Galicia apenas había nada”, señala, “solo un trabajo de Basilio Losada publicado en los años 80 aunque sin fuentes primarias”. Lo que Dasilva sintetiza en la introducción del libro es que la censura franquista tenía tres preocupaciones principales: la religión, la política y la moral. “Descripciones realmente impublicables en cualquier país, blasfemias, ofensas a la moral”, aseguraba uno de los lectores de Blanco Amor. Y que, en el caso gallego, la lengua era otro factor de represión. “El caso de Da esencia da verdade es emblemático”, considera. Los censores no tenían problemas, sin embargo, con la poesía más etérea.

“Ningún reparo ofrece para su posible autorización esta obra de composiciones poéticas en dialecto gallego entonadas con el dulce paisaje de la tierra”, decía uno en 1960 a respecto de De día a día, de Aquilino Iglesia Alvariño, dotado poeta rilkiano. Cabanillas, cuya extensa obra atravesó fases de agitación social, poesía religiosa o mitología en verso, era otra cosa. “Es un lírico de gran inspiración, pero también uno de los sostenedores intelectuales de un separatismo gallego anacrónico y absurdo. Su crítica social -pregona la rebelión violenta de los campesinos- es también un extremismo sin mucho sentido”. Al gran poeta político gallego del siglo XX, Celso Emilio Ferreiro, también lo habían calado. “Su obra refleja una ideología insidiosa, partidista y destructiva”, decía un informe firmado por María Dolores López Delgado, “y apunta hacia varios objetivos: defensa de la libertad e incitación a la subversión, ideas y sentimientos socialistas, ataques injuriosos a la Nación y a la política económica actual, ataques a entidades y personas políticas extranjeras”.

Sobre Ferrín: “Algunas poesías rezuman un tono comunista”

“Hay informes que son valiosos desde el punto de vista literario e histórico y hay informes que son ridículos”, entiende Xosé Manuel Dasilva. Según el investigador, los censores fueron, en una primera etapa, personas ilustradas y en una segunda, “muertos de hambre, gente que quería llegar a fin de mes y se prestaba, muchas veces pretenciosos”. A la edición de 1971 de Aires da miña terra e outros poemas, el clásico decimonónico de Curros Enríquez, uno de ellos afeaba: “Dedica numerosos poemas a atacar al papado como institución terrenal ávida de poder y riquezas […] sin embargo, el ataque no se para aquí, sino que se extiende a toda la Iglesia católica, al rito, los curas, las monjas y los santos, especialmente San Ignacio, que no parece ser santo de su devoción”. Ya en los estertores del tinglado represor, junio de 1976, uno de esos lectores tijera en mano se explayaba sobre Con pólvora e magnolias, libro decisivo de la poesía gallega contemporánea, obra de Xosé Luís Méndez Ferrín. “Conjunto de poesías arítimicas [sic] de distintas tonalidades cada una, pero predominando el tono nostálgico y algo nihilista, aunque algunas rezuman un tono comunista”, sostenía.

Más allá de la textualidad de los informes, entre peripatética, amenazante, grotesca e irrisoria -vista hoy-, Os libros censurados por Franco sirvió a Xosé Manuel Dasilva para reflexionar sobre cómo el franquismo condicionó el desarrollo de la literatura en gallego. Dos tipos de factores, los explícitos y los implícitos, limitaron el terreno, taponaron vías, cercaron posibilidades, prohibieron experimentos. “Quien estaba entonces en Galicia sabía lo que podía escribir y lo que no. Estos condicionantes implícitos provocaron que muchas obras quedasen en la imaginación de sus autores, potenciaron determinadas opciones estéticas, atenuaron otras”, opina. “Los explícitos retrasaron la publicación de libros como O silencio redimido, de Silvio Santiago”, puntualiza. Solo en 1976, muerto su autor y en el tramo último de la dictadura, pudo salir a la luz este relato en primera persona sobre los derrotados en la Guerra Civil.

Os libros censurados por Franco no pretende, en todo caso, forzar ninguna interpretación. “Huyo de la especulación. El trabajo es objetivo. Solo tiene un objetivo: que dejen de circular errores, mistificaciones y falsas leyendas”, concluye el autor.

Durante el mes de enero de 1938, Barcelona entera tembló. Esos días, los proyectiles lanzados por la aviación fascista italiana devastaron la ciudad. Fue un mes de ataques sin precedentes, tanto que en sólo 20 días hubo 2.000 impactos y se lanzó un millón de kilos de bombas que causaron 2.700 muertos y 7.000 heridos. 

Pero lo peor estaba por llegar: sólo el 30 de enero, dos formaciones causaron más de 900 víctimas. Uno de los puntos más mortíferos fue la plaça Sant Felip Neri y sus alrededores, donde centenares de personas buscaron refugio en el sótano de la iglesia o en una guardería aledaña. Muchos de los fallecidos fueron niños. 

Este sábado, esa plaza en la que vuelve a haber una escuela y en la que Sant Felip Neri sigue en pie, cientos de barceloneses han vuelto a mirar al cielo. Casi 90 años después, otro bombardeo ha sacudido la capital catalana, pero ha sido muy distinto. 

En vez de gritos, sirenas y explosiones, el aire se ha llenado de un silencio intenso y respiraciones contenidas. Lo que ha caído del cielo no han sido bombas, sino cien mil poemas que un helicóptero ha lanzado sobre Barcelona. Todos ellos hablan de la libertad. 

Se trata de una acción concebida por el colectivo chileno Casagrande que ya ha visitado diversas ciudades víctimas de los bombardeos fascistas. Empezaron por su natal Santiago de Chile y siguieron con Dubrovnik, Guernica, Varsovia, Berlín, Londres, Madrid y Róterdam. Ahora ha sido el turno de Barcelona, en el marco de los actos de celebración por el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. 

La plaza llena hasta reventar, ha esperado expectante al inicio de la performance. Entre los asistentes, muchos locales, algo poco habitual en la zona de la Catedral, que los barceloneses tienden a evitar debido a la masificación turística. A la que se ha visto aparecer el helicóptero por el horizonte, los gritos y aplausos se han adueñado de la plaza.

Cuando han empezado a caer los poemas, la muchedumbre ha alzado los brazos, intentando rescatar aunque fuera uno de los puntos de libro. No todos lo han conseguido, pero la gente se ha ido a casa contenta igual. “Ha sido precioso”, cuenta Antònia, que espera que su nieto consiga uno de los poemas que se han quedado atrapados en las ramas de un árbol a base de lanzarle pelotas.

Los puntos de libro llevan impresas composiciones de 100 poetas que el colectivo ha seleccionado entre artistas catalanes y chilenos.

El helicóptero que ha sobrevolado Barcelona iba cargado con cerca de media tonelada de arsenal poético seleccionado por los responsables de esta performance política y artística. Tras Casagrande se encuentran Julio Carrasco, Cristóbal Blanci y Joaquín Prieto, que se estrenaron en 2001 frente al Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile. 

La que fue la residencia de Salvador Allende sólo ha sido sobrevolada en dos ocasiones: la primera fue de la mano de los militares, en 1973. La segunda, fue para cambiar las bombas con poemas.  

Aunque esta acción de Casagrande es profundamente simbólica y pacifista, los integrantes del colectivo aseguran que es algo que va mucho más allá. Pretenden “resignificar” el espacio e “invertir el significado” de los bombardeos fasctistas. “No buscamos borrar el trauma histórico, sino volver visible la memoria inscrita en el espacio urbano y reactivar la relación emocional con el pasado”, señala Carrasco. 

Efectivamente, las calles de Ciutat Vella lucen hoy llenas de turistas y visitantes que las miran, fotografían y admiran, pero sin acabar de verlas. Las paredes de los edificios góticos y los suelos empedrados todavía conservan las cicatrices y las mutilaciones de la metralla de los bombardeos del 38. 

La fachada de Felip Neri está plagada de mellas, recordando el resultado de esos bombardeos atroces que fueron un campo de pruebas para el modelo de destrucción sistemática de ciudades civiles que perfeccionarían los países del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. 

Esta performance se enmarca en la Celebración de los 50 años de España en Libertad y ha contado con el apoyo económico y logístico del Ayuntamiento de Barcelona, que se ha encargado, entre otros, de pedir los permisos de vuelo. “El Bombardeo de Poemas es un buen ejemplo de que esta conmemoración no defensiva ni un ejercicio de nostalgia”, ha expresado Carmina Gustrán, comisionada para la Celebración. 

“Queremos devolver a las ciudades la memoria que les pertenece y celebrar la libertad conseguida estos años en contraposición con ese pasado incómodo de violencia y agresión fascista”, ha añadido la comisionada, que defiende los actos de memoria que funcionan como “una experiencia compartida”. 

Esta se espera que una a los habitantes de Barcelona, pero también a los de cualquier ciudad que haya sido víctima del fascismo. De hecho, el colectivo Casagrande, se plantea esta acción como un “diálogo entre ciudades” y plantean a Barcelona y a Santiago de Chile como “dos caras de la misma moneda” en las que se ha usado “el terror político contra poblaciones civiles y gobiernos democráticos”.

Los poemas lanzados sobre Barcelona pertenecen a un centenar de poetas, la mitad de ellos catalanes y la otra chilenos, todos ellos menores de 50 años. Los textos, impresos en catalán y castellano, son obra de hombres y mujeres por igual. Aunque no contienen necesariamente la palabra libertad, todos ellos hacen referencia a a ella de distintas maneras. 

Todo ocurrió muy rápido. La gente parecía sorprendida. Pero, en realidad, casi nadie hizo nada para evitar que los Hijos de Torquemada llegaran al poder. Es más, las derechas sistémicas les sirvieron de trampolín, como en el siglo XX. Y las izquierdas les facilitaron la victoria atomizándose en torno a innumerables tribus y liderazgos, como siempre.

Los ministros fueron sustituidos por 'comandantes', aunque casi ninguno de ellos, todos hombres, había hecho el servicio militar. Nunca habían ocultado sus propósitos. En cuanto llegaron al poder, cancelaron representaciones, censuraron publicaciones, aherrojaron los medios, prohibieron partidos y sindicatos, suspendieron el derecho de huelga y deportaron del país a millones de inmigrantes. Esto último provocó el colapso del mercado laboral y generó una crisis económica sin precedentes.

La patronal, que había saludado el cambio de régimen con indisimulada satisfacción, expresó su malestar. Fue entonces cuando el nuevo gobierno, muy amante, por otro lado, de referencias nostálgicas, procedió a resucitar el Patronato para la Redención de Penas. Miles y miles de hombres y mujeres encarcelados por sus ideas fueron obligados a trabajar como esclavos para intentar reflotar la productividad en los sectores más afectados por la Gran Expulsión. Además, participaron en la construcción de monumentos megalómanos como la Cruz de Santiago gigante levantada sobre la mole rocosa de las Peñas de San Pedro, en Albacete, destinada a convertirse en mausoleo del Jefe Supremo (también conocido como el Reconquistador por haber evitado el reemplazo de la religión cristiana por la musulmana). Allí murieron muchas personas como consecuencia del agotamiento, las palizas o la falta de atención médica. Sus cuerpos, como los del resto de víctimas de la violencia política, permanecen en cunetas y fosas comunes.

Para solventar el problema demográfico, las nuevas autoridades recurrieron al clásico robo de bebés de mujeres de izquierdas internadas en establecimientos penitenciarios. Fueron decenas de miles. Así, además, se contribuía a la extirpación del célebre 'gen rojo', que supuestamente provocaba delirios de justicia y libertad. Pero no fue suficiente para compensar el efecto de las deportaciones masivas, de modo que se optó por restablecer el Patronato de Protección a la Mujer, en cuyo seno legiones de muchachas jóvenes fueron reprogramadas para convertirse en madres fecundas al servicio del estado.

Aunque las comunidades autónomas habían sido suprimidas, la vocación vagamente folklórica y regionalista imperante alentó a las delegaciones territoriales a crear su propia nomenclatura. Así, en nuestra región, esas pobres chicas, que se distinguían de las demás por llevar en la cabeza el típico pañuelo aldeano y una toquilla o pelerina sobre los hombros, eran conocidas como 'las chachas'. Los hombres armados que las vigilaban eran 'los gañanes' y siempre se presentaban en público ataviados con la tradicional boina.

El orden público siempre fue una de las grandes preocupaciones de los Hijos de Torquemada, que no se limitaron a recuperar la Dirección General de Seguridad y el Tribunal de Orden Público, sino que repristinaron (uno de sus verbos preferidos) la institución que mejor representaba su espíritu fundacional: el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición.

El aumento exponencial de la represión, sin embargo, no disuadió a los sectores más comprometidos de la sociedad. Las chachas manchegas empezaron a forjar lazos de solidaridad en el interior de los correccionales. Durante sus salidas controladas, lograron comunicarse con líderes feministas que, pasado un tiempo, habían logrado recomponer sus organizaciones en la clandestinidad.

El caso más notable quizá sea el de Ágora, en Albacete. A ellas se unieron veteranos luchadores antifranquistas, jóvenes indignados con la deriva del régimen o arrepentidos por haberlo apoyado en algún momento, cristianos heterodoxos, sindicalistas, activistas sociales, miembros del colectivo LGTBIQ+, personas defensoras de los derechos humanos, demócratas en general, brigadistas extranjeros de toda clase, condición y sexo… Cualquier espacio servía como lugar de reunión. Cualquier momento era bueno para conspirar contra la nueva dictadura.

Y así nació la Resistencia.

(*) El Colectivo Puente Madera está formado por Esteban Ortiz, Vanessa Pérez, Elías Rovira y Javier Sánchez.

En septiembre de 1983, una niña tutelada por el Estado falleció al caer desde una ventana situada en el tercer piso de un reformatorio en Madrid. Tenía 14 años, vestía un suéter sobre la ropa interior y llevaba un tatuaje con el nombre de otra chica. Había sido detenida dos veces: una, por fugarse con su hermana; otra, acusada de ejercer la prostitución.

El lunes de su muerte, a la hora del desayuno, de la ventana colgaba una cuerda con sábanas. Un intento de fuga. O tal vez un suicidio. Caso cerrado. La niña se llamaba Inmaculada Valderrama y el centro era el de Nuestra Señora del Pilar, en San Fernando de Henares, reformatorio vinculado al Patronato de Protección a la Mujer, una de las redes represivas más longevas y opacas de la dictadura franquista. El lugar donde enviaban a las niñas más rebeldes. El lugar donde vigilar y castigar.

Escribe Nerea Barjola: “La protección es una tecnología del poder. Nos vacía de vida, de opciones y de posibilidades”. Señala Marta García: “Bajo el paraguas de la protección, en realidad lo que se esconde es el control a los cuerpos, las actitudes y los comportamientos de las mujeres”. Desarrolla María Palau: “Sí que hay una protección. Una protección al régimen y a las mujeres que no son encerradas. Unas son encerradas para ser castigadas, pero también para advertir al resto de mujeres, para que no contaminen al resto”.

Las investigadoras feministas llevan décadas abordando los mecanismos del poder sobre el control de los cuerpos, de las vidas, de la moral de las mujeres. El castigo a una que sirve como castigo a todas. La advertencia. La vigilancia.

María Palau y Marta García llevan años estudiando el Patronato de Protección a la Mujer. Forman parte de una red de investigadoras y supervivientes que tratan de desentrañar el oscuro funcionamiento de estos centros que, bajo el aparente control de la prostitución, se convirtieron en unas cárceles de niñas y control de la moralidad pública. En 2023 publicaron Indignas hijas de su Patria, un trabajo de investigación periodística que vio la luz gracias a la Beca Josep Torrent de Periodisme d'Investigació otorgada por la Unió de Periodistes Valencians y la Institució Alfons El Magnànim. Prologado por Esther López Barceló, fue el germen de una obsesión: averiguar qué sucedió para que una niña de 14 años apareciera muerta en el patio del reformatorio. Y en la vida y muerte de Inmaculada encontraron un caso paradigmático, que encierra los elementos comunes de las supervivientes del Patronato y las fragilidades de la joven democracia española en la época.

Por entonces, las periodistas y la historiadora apenas contaban con varios recortes de prensa que hablaban del caso de Inmaculada Valderrama y escasas referencias al centro de San Fernando de Henares. Tres años después, las investigadoras han documentado una cadena de negligencias e incongruencias en torno al caso del reformatorio, a cargo de una orden religiosa y, en última instancia, del Ministerio de Justicia, según denuncian. El resultado del trabajo es Inmaculada: La muerte que precipitó el final del Patronato, un ensayo en formato 'true crime' publicado por Libros del KO y que ha sido una de las obras más vendidas de la Feria del Libro de Valencia.

El libro está plagado de dudas, como señalan las investigadoras, sombras a imagen del propio Patronato. “En pleno 1983 tenemos el caso de una niña que muere tutelada por el Ministerio de Justicia en un reformatorio, pero su caso deja más incógnitas que respuestas”, señalan. Las pesquisas abren incógnitas “tanto sobre el propio caso de Inmaculada, sobre la gestión de los centros; a veces reformatorios, a veces casi prisiones. Es muy representativo de lo que es la transición”, señalan en conversación con elDiario.es. “En el caso de Inmaculada, estas dudas o estas incógnitas se magnifican: por qué llega Inmaculada al patronato, por qué es encerrada allí, cómo funcionaba el centro en el que ella estaba internada... Y se añaden las incógnitas en torno a su muerte, desde ese levantamiento del cadáver que realiza un juez de paz que desde el principio está mal hecho, hasta el cierre en falso del caso”, expresan.

En el viaje de tres años, las investigadoras se topan con decenas de barreras para acceder a documentación, carpetas vacías, silencios. Apenas un oficio policial y una investigación judicial breve, que archiva el caso como un suicidio. Pero también encuentran voces elocuentes, como una familia que cuarenta años después conoce el expediente de su hermana más joven, un forense que reitera las dudas sobre la autopsia que realizó, y los testimonios de supervivientes del patronato, que relatan los abusos de los centros regentados por órdenes religiosas.

Una cárcel de los pecados

Inmaculada cometió tres pecados por los que fue encerrada y castigada, explican las autoras. “El primero es que venía de una familia humilde de Andalucía, una familia rural de padres analfabetos, con 12 hijos. El segundo, por lo que se le acusa, es que un fin de semana decide irse con su hermana a Madrid, se fugan de casa. Este primer internamiento sí que se le comunica a su madre, una madre que no sabe dónde están sus hijas, que no sabe nada. Y el tercer pecado de Inmaculada sería ser lesbiana. Las mujeres que se salían de la identidad sexual o de la orientación sexual heterosexual eran encerradas también”.

Las autoras accedieron a un informe elaborado por un psicólogo en 1981 sobre las internas de Nuestra Señora del Pilar, una encuesta realizada a varias menores. “Nos encontramos con que el nexo común que tenían todas ellas es que tenían problemas dentro de casa. Ninguna había cometido ningún delito. Algunas se fugaron debido precisamente a esos problemas y nunca, en ningún momento, este señor que les pregunta ¿qué te ha pasado? ¿Cuáles son esos problemas? ¿Qué te han hecho? Es una pregunta que está constantemente presente en el libro”, apuntan. “Ese informe es revictimizador con ellas, porque de alguna forma las responsabiliza de que los problemas que tienen; evidentemente, todos vienen derivados en última instancia de la mala educación que han recibido por tener familias desestructuradas”, explica López Barceló. “En los años cuarenta sí podemos hablar de un factor socioeconómico y de muchas niñas huérfanas que se ven abocadas a la prostitución o a la mendicidad por una cuestión de supervivencia. Pero este factor se diluye prácticamente en el mismo momento de fundación del patronato, porque delincuencia e inmoralidad se fusionan completamente. Es al final una cárcel de los pecados”, añade Palau. La pobreza, la familia, la moral.

El fin del patronato

La muerte de Inmaculada provocó la indignación del municipio madrileño de San Fernando de Henares. Intervino el alcalde, el Consejo Superior del Menor, se celebraron manifestaciones. Y también aceleró el proceso de expulsión de las órdenes religiosas de los centros, hasta su cierre dos años después. El periódico El PAÍS recoge en abril de 1985: “El cierre del reformatorio de San Fernando de Henares acabará con una situación ”digna de las novelas de Dickens“.

Responsabilidad y reparación

La muerte de Inmaculada se produce en 1983, cinco años después de la aprobación de Constitución española, y queda fuera del amparo de la ley de Amnistía. Es un hecho sucedido en democracia “que no ha sido reparado”, señala López Barceló. “La parte que nos tocaba a las investigadoras está hecha, ahora le toca al Estado”, plantea, poniendo sobre la mesa una reparación económica para la familia.

El objetivo de las investigadoras es “que las víctimas dejen de sentir vergüenza. Romper silencios para contar las violaciones de derechos humanos. Que las familias que llevan años calladas puedan dar el paso”, añade Palau, que reclama que se revisen los convenios con las órdenes religiosas que siguen en los mismos espacios. No sirve una disculpa simbólica. García concluye, sumándose a sus compañeras: “Queríamos reescribir su historia, contar que a Inmaculada no solo le pasó la muerte”.

Desde el escándalo de Matesa en la dictadura hasta el reciente caso Koldo, la corrupción en España ha demostrado ser un problema estructural capaz de sobrevivir a cualquier régimen o ideología. Así lo refleja el libro La corrupción en España: un problema enquistado (Tirant Lo Blanch) que acaban de publicar el magistrado Joaquim Bosch y el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia Fernando Jiménez. 

El ensayo analiza las raíces de una lacra que nuestro sistema democrático no ha logrado erradicar al nivel de los países europeos más avanzados. Y detalla sus consecuencias en la economía, la eficiencia de las instituciones y la confianza ciudadana en el sistema democrático. En esta entrevista telemática con elDiario.es, los autores proponen crear infraestructuras éticas, proteger a quienes denuncian y alcanzar un modelo donde la gestión pública equilibre la independencia de los técnicos con la visión de los políticos. 

Uno de los capítulos del libro se abre con el ‘caso Matesa’, el gran escándalo de corrupción del franquismo, y concluye con el ‘caso Koldo’. ¿La corrupción sobrevive a cualquier sistema político e ideología?

Fernando Jiménez: Pese a distintos regímenes políticos con distintos partidos en el poder, la corrupción pervive. Uno de los motivos para hacer este libro es ver la continuidad de los escándalos. Hay problemas estructurales que nunca se han tomado suficientemente en serio, pero tampoco pensamos que sean irresolubles. Países que hoy día son un ejemplo en el control de la corrupción, como los nórdicos, han pasado épocas de su historia donde la corrupción estaba muy presente y fueron capaces de construir instituciones que la desincentivan. Esa es la clave. 

Afirman que las prácticas corruptas enriquecieron a buena parte de los dirigentes franquistas y a los empresarios cercanos al régimen. Viéndolo así, parece que no hemos avanzado demasiado. 

Joaquim Bosch: En la última etapa del franquismo, España evolucionó hacia un Estado moderno, con servicios públicos, con presupuestos de cierta entidad, pero no lo hizo a través de un sistema democrático. Y por eso muchas de estas dinámicas arrancan en la dictadura. La manipulación de las decisiones urbanísticas o de la contratación pública, la construcción incontrolada del ámbito turístico que generó tantísimos beneficios, los tratos de favor… La pregunta es por qué nuestro sistema democrático, al menos hasta ahora, no ha sido capaz de cortar esto al nivel de las democracias europeas más avanzadas. 

Ustedes apuntan a que en la Transición no existió una voluntad política para romper con las redes clientelares y la contratación fraudulenta heredada del régimen. 

Fernando Jiménez: En la Transición, los partidos no tenían suficientes anclajes sociales debido a la despolitización del franquismo. En los primeros años, nombraron a mucha gente en la Administración. No se vio mal porque veníamos de una administración franquista donde se había hecho una fortísima depuración después de la guerra. El problema es que la capacidad de los partidos de atraer buenos profesionales cada vez ha sido menor debido al clientelismo y a que sus organizaciones juveniles se han convertido en una escuela de arribismo. Los partidos tendrían que haber apostado por la profesionalización de la Administración, pero no lo hicieron para salvaguardar sus equilibrios internos. 

Joaquim Bosch: En la Transición, los partidos no rompieron con la corrupción del franquismo porque, por un lado, sirvió para financiarse y para que sus dirigentes controlaran más esos espacios de poder. Y, por otro lado, hubo sectores empresariales que se enriquecieron gracias a esa corrupción y que luego pudieron seguir haciendo lo mismo en democracia, porque los partidos seguían necesitando corruptores. Cuando la corrupción impregna a las principales fuerzas políticas y genera unas dependencias de todo tipo, rectificarlo es muy complicado. 

De hecho, las leyes que han tratado de rectificar parcialmente todo esto se aprueban muy tarde. El delito de financiación irregular de partidos no se incorporó al Código Penal hasta 2015. La Ley de Contratos del Sector Público no se reformó de manera sustancial hasta 2017. 

Fernando Jiménez: Se hace tarde y mal. La reforma de 2015 de la ley de financiación de partidos prohíbe las donaciones de empresas a los partidos, pero no a sus fundaciones, que se permiten sin límite de cantidad. La ley de contratos es complejísima y muy fácil de sortear. El problema es que las reformas se han hecho porque estábamos entre la espada y la pared, sin mucha convicción, debido a los incentivos que han tenido los partidos para seguir teniendo acceso a unos recursos a los que, de otra manera, no podrían acceder y, así, mantener la paz interna y el control por parte de sus dirigentes. 

Joaquim Bosch: Las redes clientelares de los partidos vienen de lejos, incluso antes del franquismo. Hay decenas de miles de cargos de partido en el Gobierno central, gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos, empresas públicas, empresas mixtas y fundaciones institucionales. Son espacios que tienen grandes efectos en los equilibrios internos de los partidos. El problema es que están ocupando espacios donde debería haber profesionales especializados y técnicos independientes e imparciales que alertaran de dinámicas de corrupción. Hay multitud de casos de corrupción en los que están implicados cargos de fontanería de partido. 

¿Qué soluciones proponen? 

Joaquim Bosch: Hay que reforzar la objetividad en la contratación pública, reforzar los controles internos para que puedan saltar alarmas, dificultar amistades peligrosas en materia de puertas giratorias u otro tipo de complicidades en el espacio público privado. También poner el foco en el ámbito empresarial para que haya sanciones reales y efectivas a las empresas que aparecen continuamente en los hechos probados de los casos de corrupción. Hay mecanismos legales que no harían tan fácil corromperse. Si solo lo dejamos en función de la loable honradez de los políticos, tenemos un grave problema. Las democracias europeas más avanzadas han generado infraestructuras éticas, han mejorado los mecanismos de transparencia y también han generado espacios de control y de vigilancia que aquí en España, en algunos ámbitos, brillan por su ausencia. 

Fernando Jiménez: Los partidos no pueden determinar los nombramientos de los altos cargos de la Administración y de las empresas públicas. En Portugal, cuando estuvieron bajo el control de la Unión Europea en la Gran Recesión, crearon una comisión donde estaban universidades y empresas cazatalentos que hacían un filtro previo y seleccionaban solo tres perfiles para cada cargo y ya luego el político nombraba entre esos tres. Ese tipo de inventos cambiaría de la noche a la mañana este sistema tan perverso. 

¿Parte de la alternativa entonces es la tecnocracia? ¿No supone eso un déficit democrático?

Joaquim Bosch: Es evidente que los políticos son los que tienen que tomar las decisiones. Aquí lo problemático sería dar a determinados cargos no elegidos democráticamente capacidad para marcar líneas de gestión. Los técnicos no pueden tomar decisiones de gestión de carácter político o de desarrollo de un programa, pero otra cosa es que espacios que tendrían que ser independientes e imparciales estén colonizados por los partidos.

Fernando Jiménez: Estamos en el punto absolutamente contrario, en la colonización política máxima, nos faltaría mucho por recorrer para llegar a la tecnocracia. Una Administración pública funciona bien cuando está dirigida por un técnico profesional y un político que está representando ahí el viento fresco de las opiniones ciudadanas en un determinado momento. Si tú dejas la Administración solo en manos de técnicos profesionales, aquello acaba asfixiándose. Es decir, acaba teniendo en cuenta los intereses particulares de los funcionarios. Hay que conseguir el equilibrio entre el interés del técnico y el interés del político. No es ir a la tecnocracia como solución, sino equilibrar las dos almas. 

Si los partidos hubieran hecho bien su papel y hubieran nombrado buenos profesionales próximos a ellos ideológicamente no estaríamos haciendo esta entrevista. El eslogan sería “menos Koldo y más Maurici Lucena”, presidente de Aena, quien rechazó borrar los vídeos de las cámaras del aeropuerto de Barajas de la visita de Delcy Rodríguez cuando se lo pidió [el entonces ministro] José Luis Ábalos. Alguien que sea próximo pero que tenga muy claro qué puede hacer y qué no puede hacer y que sea un buen profesional. Si hubiéramos seguido teniendo los técnicos por los que apostaron en los años de la Transición seguro que no habría los niveles de corrupción que tenemos ahora. 

¿Por qué apenas han saltado alarmas internas en las administraciones ante grandes casos de corrupción? 

Joaquim Bosch: No podemos exigir tampoco heroicidades. Los pocos denunciantes de corrupción que han dado la cara han sufrido represalias que les han llevado a enormes perjuicios profesionales, económicos y familiares. Además, en las últimas décadas, los técnicos independientes e imparciales han sido arrinconados para colocar asesores que dicen a los políticos lo que quieren escuchar. 

Fernando Jiménez: Tenemos una directiva europea de protección de los informantes de corrupción y una ley española, pero que tiene muchos agujeros. Los funcionarios tienen mecanismos legales para denunciar, pero junto a ellos hay instituciones informales que desincentivan la denuncia temprana y esto es lo que hay que cambiar. Hay que proteger realmente a la gente que es conocedora del caso porque está dentro de la organización y que avisa a tiempo. 

Afirman que sin protección real, muy pocos se arriesgan a romper el silencio. Pero recientemente hemos visto al fiscal jefe Anticorrupción defendiendo que es “posible” aplicar una atenuante muy cualificada a un empresario —Víctor de Aldama— que ha emprendido una “colaboración con la Justicia” salpicada de bulos, conjeturas sin base y acusaciones sin pruebas. ¿Es esa la vía? 

Joaquim Bosch: No habría corruptos sin corruptores y necesitamos enfoques contra la corrupción desde la perspectiva empresarial. En el caso de Aldama, la colaboración con la Justicia y la aplicación de una atenuante de confesión pueden llevar a que se practiquen atenuantes. La discusión es el alcance y si pueden llevar hasta una reducción de la pena que supondría que ni siquiera ingresara en prisión, lo que podría generar una percepción de impunidad. 

El tribunal va a tener que valorar esa posibilidad desde algunas dificultades porque la jurisprudencia indica que no basta con que haya una colaboración con la Justicia, sino que tiene que ser decisiva y esencial para perseguir el delito o desmantelar la actividad delictiva. Cuando Aldama empezó a colaborar con la Justicia ya había muchas pruebas, no es él el que desmantela todo. Además, la UCO lo sitúa en la cúspide de la organización. En todo caso, la aplicación de la atenuante es una competencia del tribunal. 

En cualquier estrategia anticorrupción son fundamentales los controles y contrapesos. Entre ellos, el Poder Judicial, la Fiscalía, las policías... ¿La corrupción y las corruptelas permean también a esos órganos llamados a combatirla? 

Fernando Jiménez: Hemos tenido muchísimos ejemplos de corrupción policial y algunos casos de corrupción judicial. Evidentemente, eso exige que las organizaciones policiales, los jueces… tengan sus sistemas de integridad propios y adecuados al tipo de trabajo que hacen. Cuando tienes unos niveles de colonización política de la Administración tan grandes, esto se extiende incluso a aquellos cuerpos que son especialmente claves a la hora de perseguir la corrupción, como es la policía, la judicatura, la Fiscalía. Antes de aspectos técnicos de la lucha contra la corrupción, necesitamos acabar con el exceso de politización que tenemos en nuestras administraciones y, especialmente, en los órganos de control, en los contrapesos de la Administración. Eso es absolutamente clave.

Joaquim Bosch: Me preocupa la parte judicial de esos contrapesos. Nuestros altos tribunales generan problemas de falta de apariencia de imparcialidad porque hay demasiadas posibilidades de injerencia de las principales fuerzas políticas en la configuración de estos tribunales que, según dicen los organismos europeos, no están diseñados con criterios lo suficientemente objetivos de mérito y capacidad. Esto lleva a posibles presiones o situaciones que puedan generar dudas a la ciudadanía. 

¿Mejora la lucha contra la corrupción que se eliminen de los procesos a las acusaciones populares, como pretende imponer la reforma legislativa del Gobierno? 

Joaquim Bosch: En un país con la configuración institucional que tiene España, en el que la Fiscalía está muy vinculada al poder político, es peligroso dejar solo en manos del Ministerio Público la posible apertura de una causa. La acusación popular ha demostrado en muchos procedimientos que sigue siendo necesaria. También se han evidenciado disfunciones y actuaciones abusivas. Pero es posible regularla con sanciones en caso de actuaciones fraudulentas. Perderíamos bastante en la lucha contra la corrupción si la dejáramos fuera. A veces se piensa en determinadas acusaciones populares, pero hay que ver el conjunto. Han conseguido llevar adelante muchas investigaciones por corrupción y en conjunto su labor ha sido positiva.

En último lugar, les quería preguntar sobre el lawfare. ¿Existen esos abusos en la práctica judicial? 

Joaquim Bosch: El lawfare no es la regla general de actuación del Poder Judicial en nuestro país cuando hay causas de carácter político. Ha habido supuestos que han tenido condena, el más conocido es el de Salvador Alba. Y sí que hay casos en los que puede haber dudas razonables sobre una actuación judicial incorrecta. A los jueces de base solo nos pueden juzgar los altos tribunales, que son también los que juzgan a la gran mayoría de los políticos. Si queremos evitar la tentación del lawfare, cuanto más reforzados estén los altos tribunales en su apariencia de imparcialidad y en evitar que existan injerencias partidistas, será más difícil que se generen dinámicas de lawfare. Si un juez cree que puede actuar de manera indebida y no le va a ocurrir nada, estamos favoreciendo las dinámicas irregulares. 

La democracia no solo trajo el derecho al voto, sino también muchos otros derechos que hoy nos parecen lo normal: derechos cuyo valor pasa desapercibido, como si toda la vida hubieran estado ahí. Para la gran mayoría de quienes nacieron en España a partir de los años 80, la educación, la sanidad, la libertad sexual o el simple hecho de salir por la noche sin restricciones –ni horarias ni morales– forman parte de su vida cotidiana, llegándolos a contemplar con la distancia de quien hereda algo sin conocer su precio ni el esfuerzo colectivo que implicó, como si las luchas que los hicieron posibles pertenecieran a una historia que no les concierne. 

En la dictadura que algunos idealizan –porque no la vivieron en carne propia o por no haber nacido–, no había libertades políticas ni se podía vivir al margen de la moral católica. Cuando la democracia llegó, con sus luces y sus sombras, cada persona, hombre o mujer, empezó a imaginar un proyecto de vida propio, sin pedir permiso y, sobre todo, sin miedo a un régimen que castigaba cualquier disidencia política, social, religiosa, afectiva o sexual. El espacio público dejó de estar sometido al control policial y el espacio privado a la moral del confesionario. En la España que ahora habitamos, resultarían inconcebibles muchas situaciones que se vivieron en el franquismo. Nos hemos acostumbrado tan deprisa a los derechos que olvidamos que nada garantiza su permanencia. 

Los primeros derechos conquistados en democracia fueron los políticos y los civiles. Recuperar la libertad de expresión, de asociación, de reunión y de manifestación supuso devolver a la ciudadanía lo que la dictadura había arrebatado. La legalización de los partidos políticos que hasta ese momento eran tachados de enemigos de España desactivó una lógica de persecución antidemocrática. La calle se convirtió en espacio de convivencia, las manifestaciones por la amnistía se mezclaron con las de los movimientos feministas, LGTBI y vecinales.

El derecho a decidir

La democracia no solo permitió ir a las urnas, sino que reconoció que la voz de cada persona tenía el mismo valor político y moral. El voto dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho que no distingue género, ideología ni clase social, aunque su universalidad plena siga siendo una tarea pendiente. De hecho, no ha sido hasta 2019 cuando las personas con discapacidad intelectual o psicosocial han podido votar por primera vez, al eliminarse una restricción anacrónica sostenida por el paternalismo capacitista. Sin embargo, esa democracia, que nació para devolver la voz a quienes no la tenían, sigue debiendo reconocimientos políticos, entre otras a quienes ya forman parte de nuestra comunidad, a cientos de miles de personas migradas a nuestro país que viven y trabajan en España y que siguen excluidas de ese derecho fundamental. 

La democracia no solo recuperó derechos políticos, también ha ido transformando la vida privada. Y fueron las mujeres quienes, al reclamar derechos de igualdad y autonomía, convirtieron esa libertad recién estrenada en una revolución que ha ido cambiando el país desde dentro. Durante los 40 años de dictadura franquista, el Estado y la Iglesia habían decidido por ellas: el cuerpo, la moral, la educación, el trabajo y el deseo. Al avanzar la democracia, dejaron de necesitar el permiso del varón para trabajar o abrir una cuenta, y empezaron a firmar sus propias decisiones. Cada conquista (el divorcio, el aborto, la igualdad laboral…) ha sido una conquista real, pero también simbólica: el derecho a decidir sobre la propia vida y los propios cuerpos, derechos que todavía se niegan a reconocer y respetar los movimientos más reaccionarios que anhelan recuperar el control sobre las mujeres, para gobernar sus vidas. Sin embargo, la igualdad que empezó a escribirse en el Código Civil, ha ido cambiando también la manera en la que el país mira a las mujeres. Sin embargo, aquel impulso de cambio que marcó los primeros tiempos de la democracia no siempre ha mantenido su fuerza y a fecha de hoy, persisten desigualdades estructurales (en el empleo, en los cuidados, en la representación política o en la violencia machista) que recuerdan que la igualdad legal no basta si no se traduce en igualdad efectiva, un recordatorio que no cae en saco roto gracias al movimiento feminista.

El camino de las mujeres abrió otras puertas. De la mano del feminismo, la democracia comenzó a reconocer otras realidades que habían sido silenciadas, reprimidas, tortuosas y encarceladas. Las personas LGTBIQ+ pasaron de ser perseguidas por la Ley de Peligrosidad Social (heredera de la de Vagos y Maleantes) a tener un lugar en la calle, la cultura y las leyes. En 1977, mientras los presos políticos salían de las cárceles, las personas homosexuales seguían dentro de ellas lo que provocó que centenares de personas marcharan en Barcelona reclamando “amnistía sexual”. La historia había empezado a cambiar con aquel primer Orgullo. En 1979 se despenalizó la homosexualidad, en 1982 la reasignación sexual dejó de ser delito y en 2005 España reconoció el matrimonio igualitario, afirmando que el amor y la familia no tienen una sola forma posible. En 2007 se aprobó la Ley de Identidad de Género, que permitió por primera vez el cambio registral de nombre y sexo sin necesidad de autorización judicial, si bien no permitía el cambio sin necesidad de autorización médica. No ha sido hasta el 2023 cuando se aprobó la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans que ha reconocido el derecho a la identidad y a la libre autodeterminación de género, incluyendo a la infancia y la adolescencia. 

A lo largo de esas décadas, la protección de las personas LGTBIQ+ se ha ido extendiendo también al ámbito laboral, educativo y penal. Desde la reforma del Código Penal que incorporó los delitos de odio como agravante por motivos de orientación sexual o identidad de género, hasta las leyes autonómicas que prohíben expresamente la discriminación en el trabajo, en la atención sanitaria o en la educación. España ha ido tejiendo un marco de igualdad que, aunque imperfecto, nos sitúa entre las democracias más avanzadas en equiparación de derechos entre las personas que son LGTBIQ+ y la que no lo son.

Sustituir tutela por autonomía

Esa misma lógica de igualar y equiparar los derechos de todas y todos ha guiado también los cambios en la respuesta social, que pasó de la beneficencia, el estigma y el castigo a un sistema de protección y de derechos. Los servicios sociales, la atención a la infancia, a las personas mayores y a las personas con discapacidad sustituyeron la vigilancia por el acompañamiento y la tutela por la autonomía. Supuso reconocer que la vulnerabilidad no es un fallo individual, sino una responsabilidad colectiva ante una vulneración de derechos. Las inclusas, los reformatorios y el Patronato de Protección de la Mujer –instituciones que durante décadas sirvieron para disciplinar la pobreza, la maternidad fuera del matrimonio o la disidencia moral– fueron desapareciendo a medida que la democracia se hacía cargo de sus sombras. 

Sin embargo, ahora que es tiempo de memoria y de reparación, se echa en falta que durante todos estos años apenas se haya prestado atención a quienes pasaron por esos lugares. Las víctimas de aquellas instituciones (niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, todas ellas pobres o marginadas) siguen siendo invisibles, no solo por el silencio de la historia, sino por el de las propias instituciones y administraciones que, en base a los mismos sesgos de entonces, perpetúan hoy una forma de violencia institucional difícilmente justificable en una lógica de derechos humanos.

En los años ochenta y noventa, España construyó un sistema público de salud, educación y servicios sociales que situó a las personas en el centro. Se crearon las becas que permitieron a hijas e hijos de familias obreras llegar a la universidad. En 2006, la Ley de Dependencia reconoció que cuidar y ser cuidado también es un derecho. La ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008) y la de la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) marcaron un cambio de paradigma: todas las personas, sin distinción de edad o capacidad, debían ser reconocidas como sujetos de derechos. Ese mismo principio de autonomía y dignidad, se extendió también al tramo final de la vida con la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (2021), que ha ampliado el horizonte de la libertad individual al reconocer el derecho a decidir sobre el propio final de vida. 

Sin democracia no hay derechos

Sin embargo, la democracia que derribó en las leyes tantas jerarquías mantiene abiertas las heridas del racismo estructural y del legado colonial a través de una ley de Extranjería que funciona como un muro interior y penaliza la irregularidad, precariza la vida y convierte la falta de papeles en una forma contemporánea de esclavitud y sometimiento. Ningún país es libre mientras niegue derechos a quienes ya forman parte de él.

España es hoy un país plural, hecho de muchas procedencias, lenguas, acentos y memorias. Pero también es cierto que la democracia no ha logrado traducir esa diversidad en igualdad de derechos. Sin embargo, en los últimos años, la desigualdad económica, el descrédito institucional y la expansión de discursos de odio están erosionando nuestra confianza en la necesidad de un sistema democrático. La crisis de 2008 y las políticas de austeridad recortaron derechos sociales y la pandemia puso a prueba la fortaleza de los servicios públicos y la fragilidad de las vidas sostenidas por los cuidados. El auge de la extrema derecha ha devuelto al debate público discursos que creíamos superados: el cuestionamiento de la violencia machista, la negación del cambio climático, la criminalización del feminismo o del movimiento LGTBI. Frente a esa ofensiva, conviene recordar que los derechos humanos son el esqueleto invisible de la democracia. 

La historia demuestra que el retroceso empieza siempre en los márgenes: cuando se cuestiona el derecho de las mujeres a decidir, el de las personas migrantes a ser protegidas o el de las minorías a existir, lo que se debilita no es solo su libertad, sino la de todos. La gran paradoja es que muchos de quienes hoy desconfían de la democracia lo hacen gracias a los derechos que ella les da: la libertad de expresión, la educación que los formó, la sanidad a la que acceden y el dinero público que les sostiene, no solo a través de ayudas sino pagando los sueldos de las y los funcionarios o a través de la financiación de colaboraciones público-privadas. Celebrar la democracia es señalar no solo los fallos sino también reconocer que el camino recorrido es fruto de luchas colectivas y que los derechos no se heredan, se ejercen.

Fernando Fernán Gómez publicó en 1990 sus memorias. Se llamaban El tiempo amarillo, y en ellas, el actor total del cine español, contaba una vida que era un recorrido por la historia de España. Nacido en 1921, Fernán Gómez vivió los grandes acontecimientos del siglo XX que marcaron nuestro país. La Segunda República, el golpe de Estado, la guerra, la posguerra, la dictadura… Así hasta llegar a la ansiada democracia. Había algo en esas páginas que a José Sacristán le recordaba a su vida. Aunque había nacido años más tarde, él también fue un niño de la posguerra que encontró en el oficio de cómico algo más que una forma de vida.

Quizás fuera ese uno de los motivos que les convirtió en algo más que compañeros de trabajo, en amigos que se juntaban y se contaban. Que se abrían en canal el uno con el otro. Y quizás por eso, ahora que José Sacristán cogió su relevo como el gran actor vivo de España, ha decidido honrarle llevando a las tablas aquellas memorias. Lo hace en El hijo de la cómica, que dirige e interpreta hasta el 28 de junio en el Teatro Bellas Artes de Madrid. 

Desde allí irrumpe en el escenario a sus 88 años. Antes que él, su voz, anunciando que interpretará un par de escenas para la prensa antes de atender unas cuantas entrevistas en donde el actor, como siempre, dice las cosas que deberían ser de sentido común, pero no lo son. Habla de memoria, de su amigo Fernán Gómez y de la importancia de reírse en tiempos de gente como Donald Trump. Para todos ellos tiene un consejo: memoria y humor.

Adapta El tiempo amarillo, las memorias de Fernando Fernán Gómez. Se llevaban más de diez años de edad pero, en esas memorias, en ese niño de la posguerra, ¿había algo que hablaba también de Pepe Sacristán?

Yo ya había hablado con él de Pepe Sacristán antes de que se publicaran esas memorias. Yo estaba en este mismo teatro haciendo Las guerras de nuestros antepasados cuando se publicó la primera edición, pero yo ya había hablado con él de su abuela, de la mía, de la España de entonces, de ser cómicos y de las puñeterías que contiene este oficio ejercido en este puñetero país.

Me acuerdo de cuando Javier Bardem ganó el Oscar, que se lo dedicó a los cómicos. No dijo a los actores, dijo a los cómicos. ¿Qué tiene esa palabra?, ¿es una dignificación del oficio?

Sí, es un término entrañable y me atrevo a decir, de un cierto carácter de nobleza. Ser buen cómico es como ser un buen ciudadano o ser un buen padre. De hecho, hay una película maravillosa del tío de Javier, de Juan Antonio Bardem, Cómicos, que para mí es de cabecera. Hago pedagogía con ella. De vez en cuando, se la paso. Un día estuvieron en casa Asier Etxeandía, Aitana Sánchez Gijón y otros cuantos cómicos y cómicas, y les puse la película, que es una belleza.

Usted no fue hijo de cómica. 

No.

Pero sus hijos sí que van a poder decir que fueron hijos de cómico. ¿Eso enorgullece?

Sí. Me siento muy orgulloso. Te voy a contar una anécdota que he contado varias veces, pero es que me gusta. Estaba en Tarifa, después de hacer Señora de rojo. Paseo por la ciudad y dos muchachos de 30 años me ven y uno me reconoce, se me acerca felicísimo y me dice: “Claro, usted, es el que 'hacía de reír' en las películas antiguas”. Y le dije: “Ya tengo epitafio”. Sí, ese soy yo. Y me siento orgulloso de ser el que 'hacía de reír' en las películas antiguas. Y a mucha honra. 

Los ciudadanos no somos del todo inocentes y sufrimos las consecuencias de la clase política. No, nos representan. Desgraciadamente nos representan

José Sacristán — Actor

Le he leído decir varias veces que Fernán Gómez le enseñó a escuchar. Eso de escuchar ahora mismo es algo casi revolucionario. 

Sí. Lamentablemente, son más, como decía don Antonio Machado, los ecos que las voces. Es una jaula de grillos ensordecedora. Es lamentable. Y yo insisto en esto, no somos del todo inocentes. No somos los ciudadanos perfectos, maravillosos que sufrimos las consecuencias de una clase política. No, nos representan. Desgraciadamente nos representan. No es posible que haya algo tan obsceno como el comportamiento de un señor como Donald Trump, o del señor Milei. ¿Cómo alguien puede decir ‘yo quiero que ese sea el presidente’? Eres un puto tarado. Y ahí estamos todos. Y ahora además con esta actitud de la extrema derecha, esta cosa insultante que llaman rata de mierda, que quedan para volver a cantar el Cara al sol… y la gente les vota. Pues ya está. Pues qué bien.

En el escenario aparece escrito en el fondo: ‘Hay que recordar, hay que recordar’.

Es una alusión a El viaje a ninguna parte. Yo empezaba diciendo: “Hay que recordar, hay que recordar”. En realidad, yo me he autorizado a contar esta historia porque hice El viaje a ninguna parte y hago una pirueta.

Pero esa frase también nos habla de la memoria, algo que es importante y que era importante en aquellas memorias.

Para mí es fundamental saber de dónde y de quién vengo. Miro para atrás y procuro no darme con las farolas. Miro para atrás constantemente, porque cuando miro, no huelo a mierda. Es más, a mí me ayuda a vivir y a tirar para adelante la memoria que tengo del crío que fui. Sí, sin duda alguna.

¿Y cuando lee que hay un porcentaje de jóvenes que dicen que con Franco se vivía mejor?, ¿qué diría a esos jóvenes?

Que no tienen ni puta idea de lo que es vivir con Franco. Eso lo primero. Habrá algún nazi por ahí y algún fascista que le prefieren, y allá ellos, pero yo confío en que no sean mayoría. Pero en principio les diría que no tienen la más puta idea de lo que es vivir en una dictadura. Ahí está la maldad de estos que les llenan el cerebro con estas gilipolleces. Es lamentable…

¿El arte puede hacer algo en todo eso?

No, no, no. Ojalá pudiéramos hacer algo. Y si pudiéramos hacer algo, tendríamos que estar en la cárcel todos conforme está el panorama. Hacemos lo que podemos. Pero hay quien hace la historia y hay quien la padece. La gente de la cultura hacemos lo que podemos. Si la gente de la cultura realmente pudiese modificar la sociedad, Donald Trump no sería presidente de los EEUU. Joder, eso no te quepa ninguna duda.

Siempre dice que para usted actuar es un juego muy serio. ¿No se cansa de jugar?

No. Si eso pasara me quedo en casa. La base fundamental es lo que tiene de juego esto para mí, sin duda.

¿Y cómo ve a las nuevas generaciones, entienden ese juego serio?

Lo que veo es gente con mucho talento. Me encanta. Me encanta trabajar con jóvenes porque hay una galería y una cosecha de cineastas y de gente de teatro formidable. Ahora Juanito, Juan Diego Botto, está haciendo en el Teatro Español algo que es un auténtico prodigio. 

¿Y si no hubiera sido actor qué hubiera sido, lo ha pensado?

No. Tengo una vocación frustrada que es la de director de orquesta. Pero esa me ha venido después, cuando he visto a Karajan, a Carlos Kleiber y a Celibidache dirigir.

La gente de la cultura hacemos lo que podemos. Si la gente de la cultura realmente pudiese modificar la sociedad, Donald Trump no sería presidente de los EEUU

José Sacristán — Actor

¿Por qué Fernán Gómez sigue siendo el ejemplo, el icono?

Porque es el que mejor lo hacía, el que más se aproximaba a la verdad. Y luego ya conoces su faceta de dramaturgo, de novelista, de columnista, de director de cine, de teatro, de poeta... Joder, ese es el modelo. Lo que pasa es que es inalcanzable llegar a transitar por tanta disciplina de un modo tan brillante como él lo hacía.

¿A usted qué le ha faltado por hacer?

La Brígida del Tenorio. Me voy a morir con las ganas de hacer la Brígida del Tenorio. Es que he hecho zarzuela. He hecho musicales. He cantado copla. Y creo haber asumido desde las primeras de cambio ser una buena correa transmisora de estados de emoción más bien domésticos. Yo no tengo un Hamlet, no tengo un Macbeth ni un Rey Lear. No voy a decir que lo echo de menos. Mi modelo de actor para mí no era Lawrence Olivier, sino James Stewart. Yo hubiera hecho cualquier cosa por hacer El hombre de Laramie, El bazar de las sorpresas, Qué bello es vivir, Anatomía de un asesinato, Vértigo, Horizontes lejanos… Pero para mí el colmo de la sabiduría, la mayor demostración de talento que alguien ha hecho delante de una cámara, es la de Donald O'Connor en Cantando bajo la lluvia. El Hazles reír… Yo hubiera dado cualquier cosa por haber llegado a una altura tan excelsa como la suya ahí.

Me imagino que a usted actores jóvenes se le acercaran como referentes, ¿es un orgullo o una responsabilidad?

Es que yo soy el que 'hacía de reír' en las películas antiguas. No me toque los cojones. No tengo el menor interés de pasar a ser el profeta o el patriarca. Yo soy un currante de esto y tengo la suerte de que la gente me sigue comprando los ajos, hago lo que me da la gana y disfruto. Y creo que no lo hago mal. Y si lo hiciera mal, pues no vendrían a verme, digo yo. Pero no tengo el menor interés de trascender o de significar para los demás otra cosa que no sea el que hacía de reír en las películas antiguas.

Ahora nos viene bien reír…

¿No te ríes con el capullo de Donald Trump?

La verdad es que me preocupa… Ojalá me hiciera reír.

La risa hay que saberla buscar. El sentido del humor yo creo que es lo único que nos distingue del diplodocus o de la rata callejera. El sentido del humor y la risa siempre están ahí. Todos los días. Está en El Roto. La risa es muy importante. Hay un grupo que hizo Luis García Montero, le llamamos los 'optimistas melancólicos'. La melancolía es la sensación de pérdida de algo. De unos ideales a los que has aspirado y sabes que no se van a dar. Pero el optimismo tiene que ver con la risa. No hablo de la felicidad, hablo de la alegría, de la risa, de salir a librar la batalla con un “os vais a joder, no me vais a aburrir, y me voy a reír”.

Miles de portugueses salieron este sábado a las calles de Lisboa para conmemorar el 25 de abril, fecha en la que hace 52 años cayó la dictadura salazarista con la conocida como Revolución de los Claveles y regresó la democracia al país, ya que se trata de unos valores e ideas “que no solo son pasado, sino que también son el futuro”.

Con claveles rojos en las solapas, las camisetas, el pelo e incluso pintados en la piel, los portugueses salieron un año más a festejar este día acompañados de carteles defendiendo la libertad y reclamando que “fascismo nunca más”.

Dos tanques abrieron la marcha en recuerdo del levantamiento militar que hizo caer a la dictadura, parte de la memoria visual del pueblo portugués, ya que aquel día vehículos blindados entraron en Lisboa para ocupar puntos estratégicos y forzar la caída del régimen; aunque no fue una revolución violenta, los fusiles fueron adornados con claveles y desde entonces este es el símbolo de la libertad.

Este año, la conmemoración fue especial, puesto que es el aniversario número 50 de la entrada en vigor de la Constitución portuguesa, aprobada el 2 de abril de 1976 pero efectiva desde el 25 de abril de ese mismo año.

“Se cumplen 50 años de la Constitución, que es el mayor retrato de lo que fue la revolución y la liberación que tuvo el pueblo portugués tras 48 años de fascismo”, explicó a EFE Rafael, un joven que marchó por la Avenida Liberdade, una de las principales arterias de la capital lusa y por donde anualmente transcurre esta concentración.

Su compañero Domingos agregó: “No se trata única y exclusivamente de valorar lo que se hizo en el pasado, porque abril no es solo lo que pasó, sino lo que se puede hacer en el futuro, porque hay un proyecto específico que está inscrito en la Constitución y que aún está por cumplir”.

“Por eso hemos venido aquí: no se trata solo de valorar lo que se hizo en el pasado, sino precisamente de proyectar lo que se puede hacer en el futuro”, concluyó el joven.

Otro de los asistentes fue Eugenio Pacheco Ruivo, como cada año, quien llegó acompañado de una fotografía impresa a modo de pancarta en la que se le puede ver junto a sus compañeros en el cuartel donde estaba retenido justo aquel 25 de abril de 1974 por su ideología.

Al rememorar la historia, se emociona mientras un grupo de personas se congrega para escuchar cómo los que estaban presos no supieron de la noticia hasta el día después, el 26 de abril, y fue por su unión que acabaron dejándolos a todos libres, ya que en un primer momento solo querían liberar a unos cuantos.

Pacheco Ruivo, de 72 años, acudió con el mismo jersey con el que salió de la cárcel el día después de la Revolución de los Claveles y al ver la calle llena, conmovido, dijo a EFE: “No queremos dictadura, no queremos fascismo, queremos libertad y queremos que se respete la Constitución”.

También este sábado el presidente de Portugal, el socialista António José Seguro, pronunció su primer discurso en el Parlamento como jefe de Estado, tras asumir el cargo el pasado marzo, y consideró que se trata de una fecha dotada de un “valor incuestionable” que “cuenta con un apoyo abrumador e intergeneracional”.

Durante su alocución pidió a los jóvenes “estar atentos”: “Cuando vean que se vulnera un derecho fundamental, denuncien en voz alta lo que han visto. Cuando la intolerancia aplaste la ciudadanía, den la voz de alarma, porque la noche se apodera rápidamente del día. Cuando oigan que se utiliza la palabra libertad para restringirla, defiéndanla”.

En un acto cargado de emoción y reconocimiento, Comisiones Obreras (CCOO) ha celebrado hoy un homenaje a la figura de Juan Antonio Mata Marfil, exsecretario regional del sindicato y pieza clave en la historia reciente de Albacete y de toda la comunidad autónoma.

El evento ha congregado a a unas 600 personas que han recordado el legado de un hombre cuya trayectoria es inseparable de “la lucha por las libertades” en este país, definiéndole como un “soñador y luchador” que no se amilanó ante la dictatura.

Entre los presentes estaban Remedios Toboso, su esposa; Aurora Mata y Clara Mata, sus hijas; y sus cuatro nietas, Lucía, Inés, Alba y Emma, y también 'la familia sindical', representada por los secretarios generales de CCOO en Albacete, Paco Gómez; en Castilla-La Mancha, Javier Ortega; y en España, Unai Sordo, que ha participado a través de un vídeo. También han acudido representantes institucionales, políticos, sociales y empresariales de Albacete y Castilla La Mancha.

El homenaje ha servido no solo para recordar a un dirigente con visión estratégica que “se adelantó a su tiempo”, sino para reivindicar el diálogo social como la herramienta fundamental para el entendimiento, un legado que, según sus allegados, permanece vivo en el corazón de los trabajadores de Castilla-La Mancha.

“Representa a una generación de compañeros y de compañeras, de hombres y mujeres muy valientes y muy jóvenes en ese momento, que dieron un paso adelante para crear las libertades y la democracia que ahora mismo estamos disfrutando”, ha manifestado Ortega al inicio del acto, celebrado en el Paraninfo universitario de Albacete.

Su familia ha expresado un “orgullo máximo” por los valores de justicia y dignidad que les inculcó. Han definido a Comisiones Obreras como su propia “casa” y “familia”, agradeciendo el inmenso cariño recibido por parte de la ciudadanía y los trabajadores.

RemediosToboso ha calificado que es “un día de muchísimo orgullo, de reencuentro de muchísimos compañeros de lucha y de trabajo”, agradeciendo a la sociedad de Albacete, a los ciudadanos de Albacete y de Castilla-La Mancha, “todo el calor”.

Además, se ha recordado la excelente y cercana relación que Mata mantenía con los medios de comunicación, incluso en periodos de huelga general, demostrando siempre “una gran calidad humana”.

Por su parte, Paco Gómez lo ha recordado como “un luchador” cuando “luchar estaba perseguido en este país, cuando luchar costaba incluso la integridad física y la libertad personal”. “Fue un gran sindicalista, fue un sindicalista de los de antes, de los de siempre, una persona que convencían con la palabra, pero que también convencía con sus actos”.

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, lo ha definido como “una figura imprescindible en esta tierra, que ha dejado una huella imborrable”. Además, ha subrayado la apuesta de Juan Antonio Mata por el consenso y el diálogo como herramientas claves para la resolución de conflictos.

Por su lado, la concejala del equipo de gobierno albaceteño Gala de la Calzada ha asegurado que es “justo” recordar y rendir homenaje “a una personal que dedicó toda su vida a la defensa de los trabajadores y trabajadoras de Albacete y de toda la región”. “Su compromiso con la sociedad y su altura de miras fue fundamental para la mejora de condiciones laborales, ya desde la Transición, lo que sin duda ha contribuido al desarrollo económico de nuestra tierra”, ha agregado.

Al acto han acudido también el expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, o el exdelegado del Gobierno en la región, Francisco Tierraseca, entre otros. 

La dilatada trayectoria de un activo de la democracia

Nacido en 1949 en Benajarafe (/Málaga), aunque su familia se trasladó a Albacete cuando él tenía 8 años, Juan Antonio Mata adquiriró desde muy joven una conciencia de clase que le llevó a jugar un papel muy activo en la lucha social y política contra el franquismo, y a participar en la creación de las primeras Comisiones Obreras en Albacete, antes incluso de la legalización de los sindicatos y del Partido Comunista.

Formó parte de la famosa asamblea fundacional de CCOO Albacete en La Marmota, en julio de 1976, y fue detenido en 1977 durante la manifestación prohibida del Primero de Mayo.

Fue concejal del Partido Comunista en Albacete en las primeras elecciones democráticas municipales y secretario general de CCOO Albacete entre 1985 y 1995. Posteriormente, asumió la Secretaría General de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, cargo que ocupó hasta 2004. Desde 1976 hasta entonces, fue miembro del Consejo Confederal de Comisiones Obreras.

En 2005, Juan Antonio Mata fue nombrado presidente del Consejo Social y Económico de Castilla-La Mancha, puesto que ejerció hasta que el organismo fue suprimido en 2011. Volvió entonces a su puesto de funcionario de la Administración de Justicia en Albacete. De 2018 a 2022, representó a CCOO en el Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha.

CCOO de Castilla-La Mancha destaca su papel fundamental en las luchas y conquistas de la clase trabajadora de la región, siendo protagonista en multitud de conflictos y momentos clave, como la huelga general del 14D, y una figura esencial en la construcción del diálogo social en una joven comunidad autónoma.

“No sé si sos varón o mujer. Sé que naciste”. La cita, leída este jueves por la cantante Ana Belén en un homenaje celebrado en el Instituto Cervantes en memoria de las víctimas españolas de la dictadura argentina (1976-1983), es de 1995, del poeta Juan Gelman. Forma parte de una carta que escribió a su nieta, Macarena. A su hijo lo mataron cuando su mujer estaba embarazada de siete meses. No sabía si aquel bebé era niño o era niña. Después de muchos años de búsqueda, dos décadas, por fin encontró a su nieta robada.

“Sé que naciste, me lo aseguró el padre Fiorelo Cavali, de la Secretaría de Estado del Vaticano, en febrero de 1978. Desde entonces me pregunto: ¿cuál ha sido tu destino?”, ha recitado la cantante, con palabras de Gelman, en el acto '307, ¿dónde están?'. “Me asaltan ideas contrarias. Por un lado, siempre me repugna la posibilidad de que llamaras papá a un militar o policía ladrón de vos, o a un amigo de los asesinos de tus padres. Por otro lado, siempre quise que cualquiera que hubiese sido el hogar al que fuiste a parar te criaran y educaran bien y te quisieran mucho”, prosigue.

“Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron y pronto serás mayor que ellos. Ellos se quedaron en los 20 años para siempre. Soñaban mucho con vos y con un mundo más habitable para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos para reconocer en vos a mi hijo y para que me reconozcas a mí, en mí lo que de tu padre tengo. Los dos somos huérfanos de él”, escribe Gelman en su carta.

“Los sueños de Marcelo y Claudia no se han cumplido, todavía menos vos que naciste y estás quién sabe dónde ni con quién. Tal vez tengas los ojos verde grises de mi hijo o los ojos color castaño de su mujer, que poseían un brillo especial y tierno y pícaro. ¿Quién sabe cómo serás si sos varón, quién sabe cómo serás si sos mujer?. A lo mejor podés salir de ese misterio para entrar en otro, el del encuentro con un abuelo que te espera”. Abril, 12 de abril de 1995, ha concluido Ana Belén.

Con el mensaje de “nunca más impunidad” y la necesidad de mirar hacia atrás “para recoger las victorias del pasado”, el Instituto Cervantes ha acogido este homenaje a los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura argentina, organizado por el Gobierno, y que ha concluido con el grito de “No a la guerra”.

Durante casi dos horas, se ha recordado a todas estas personas asesinadas con testimonios de sus familiares, compromisos expresados por los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática y el de Asuntos Exteriores, y también con mucha música.

Casi siete meses después de que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) reclamara a la presidenta del Congreso, Francina Armengol (PSOE), para que retirara los retratos de los presidentes de las Cortes franquistas de la Galería de Presidentes, ha anunciado que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra ella por “incumplimiento” de la Ley de Memoria Democrática. “Le exigimos retirar los honores a quienes llegaron al cargo nombrados por un sanguinario dictador”, ha dicho la asociación en un mensaje en X.

Según confirma el presidente de la ARMH, Emilio Silva, la denuncia será interpuesta el próximo 21 de abril tras los dos intentos en los que ha pedido por escrito a Armengol a través del registro de la Cámara Baja que tome la decisión de quitar estos cuadros. “Nunca nos han respondido. Es un insulto a las víctimas de la dictadura dar reconocimiento en los pasillos del Congreso a personas que accedieron al cargo después de un golpe de Estado y el uso de una terrible violencia cuyas consecuencias en muchos casos no están resueltas”, señala Silva.

Los retratos comparten espacio con el resto de quienes han presidido la institución en la Galería de Presidentes. Los de las Cortes franquistas que aparecen retratados son Esteban de Bilbao Eguía, líder de Comunión Tradicionalista durante la Segunda República y ministro de Justicia nada más terminada la Guerra Civil hasta 1943, Antonio Iturmendi Bañales, político carlista que también fue antes que presidente de las Cortes ministro de Justicia y Alejandro Rodríguez de Valcárcel, miembro de Falange en 1936, cuando se produjo el golpe de Estado franquista.

Durante la dictadura, Rodríguez de Valcárcel llegó a ser vicesecretario general de FET y de las JONS. La ARMH reclama también la retirada del cuadro de Torcuato Fernández-Miranda, que llegó a ser presidente del Gobierno en funciones del 20 al 31 de diciembre de 1973 y de las Cortes durante la Transición, entre diciembre de 1975 y junio de 1977.

Según apunta Silva, la asociación considera que mantener estos cuadros es una vulneración del artículo 40 de la Ley de Memoria Democrática, que reconoce que las administraciones deberán “revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley” cuando constituyan “exaltación o enaltecimiento” de la sublevación franquista o la dictadura o bien “hubieran sido concedidas” por haber formado parte del régimen represivo.

El escrito presentado el pasado septiembre recordaba que “todos ellos fueron golpistas en 1936 y beneficiarios de la destrucción de la Segunda República”. “No es posible aceptar que quienes fueron dirigentes de la destrucción de la pluralidad y la libertad, que son principios básicos de un parlamento democrático, permanezcan retratados en esa galería”, reza la carta, en la que recuerda que las Cortes franquistas no fueron democráticas, fueron “monolíticas” y “cerraron sus puertas a quienes tenían otras ideas” al tiempo que “legislaron para la maquinaria que asesinó, torturó y aterrorizó a todas las disidencias políticas y morales”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife ha pedido que se someta el monumento a Franco de la capital tinerfeña a una decisión colectiva y que haya un plan específico para el Monumento a los Caídos, de manera que se proceda a retirar la simbología franquista o a su resignificación.

Estas propuestas forman parte del conjunto de alegaciones al Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz de Tenerife, actualmente en fase de información pública, que ha presentado la entidad con el objetivo de garantizar que este documento incorpore plenamente los principios y obligaciones establecidos por la legislación en materia de memoria democrática.

La presidenta de la Asociación, Mercedes Pérez Schwartz, considera positivo el avance que supone la elaboración del catálogo, pero advierte de que el documento “carece de una incorporación efectiva” de las leyes de memoria histórica y democrática, tanto a nivel estatal como autonómico.

Al respecto, subraya la necesidad de que cualquier política de protección patrimonial tenga en cuenta la obligación legal de retirar o reinterpretar elementos que supongan exaltación de la dictadura franquista.

“Nos preocupa que, como ha sucedido en otros territorios, la protección por supuestos valores patrimoniales solo implique que no se abordarán propuestas como las ya contempladas en el catálogo de incumplimientos con la Ley de Memoria”, explica.

Una reflexión profunda

Considera por ello que habría que hacer “una reflexión profunda y decidir colectivamente si la Santa Cruz de Tenerife del siglo XXI debe recibir a muchos de sus visitantes con un monumento, que el propio texto sometido a consulta califica como una muestra de la arquitectura monumental franquista, con influencias de la arquitectura fascista italiana”.

Según Mercedes Pérez Schwartz, proteger y mantener este tipo de elementos en su integridad, sin añadirle aspectos que le den contexto y sin eliminar las referencias directas, mantiene “una exaltación de la dictadura que en teoría acabó hace 50 años”, algo que ve “preocupante” y que “sigue la estela de lo que se intentó en relación con el monumento a Franco”.

Entre sus principales propuestas, la asociación plantea la aplicación explícita de la Ley de Memoria Democrática en la evaluación de los bienes incluidos en el catálogo, evitando la protección de elementos que vulneren esta normativa sin un proceso previo de resignificación.

Por ello solicita la revisión del Monumento a los Caídos de la plaza de España, cuya protección integral prevista en el documento consideran incompatible con la legislación vigente.

Retirada o resignificación

La asociación propone su exclusión temporal del catálogo hasta que se defina un plan específico que garantice su adecuación a la ley, incluyendo la retirada de simbología franquista o su resignificación.

También pide la reinterpretación del puente del General Serrador y solicita asimismo la retirada de elementos simbólicos vinculados a la dictadura y la incorporación de recursos informativos que contextualicen históricamente el espacio.

Asimismo, la entidad denuncia la ausencia en el catálogo de espacios y elementos relevantes para la memoria histórica de la ciudad, por lo que propone su inclusión y protección.

Entre ellos destacan la escultura “La Ida”, vinculada a la memoria de los presos del antiguo campo de concentración de Fyffes, los posibles restos de la Batería Militar del Barranco del Hierro, escenario de ejecuciones durante la represión franquista y el enclave de Cueva Roja, por su papel en los acontecimientos del 18 de julio de 1936.

También alude al cementerio de Santa Lastenia, especialmente en lo relativo a fosas comunes y placas conmemorativas y el Palacio de Justicia de San Francisco, identificado como espacio de detención y tortura durante la dictadura.

Lugares de memoria

La asociación propone además que el catálogo incorpore medidas específicas para la investigación, protección y difusión de los denominados “lugares de memoria”, incluyendo la posibilidad de intervenciones arqueológicas en espacios con potencial valor histórico.

Entiende que la memoria es un aspecto más a proteger, precisamente como herramienta “para interpretar el pasado y curar las heridas que dejaron cuatro décadas de represión y varias más de olvido”.

Insiste la asociación en que “la protección del patrimonio no puede desligarse de los valores democráticos actuales” y subraya la importancia de que las administraciones públicas garanticen una interpretación del pasado respetuosa con las víctimas de la represión.

La entidad recuerda que han solicitado un encuentro con el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, para establecer una línea de colaboración en el debate y la reflexión sobre la memoria histórica, la declaración de nuevos espacios de memoria y la puesta en valor de las víctimas de la dictadura, un encuentro que espera que se logre concretar en breve.

Finalmente, la entidad solicita que sus alegaciones sean tenidas en cuenta en la redacción final del catálogo con el fin de avanzar hacia un modelo patrimonial que combine conservación, rigor histórico y compromiso con la memoria democrática.

La Asociación de la Prensa de la Universidad Carlos III de Madrid, formada por estudiantes, ha cancelado una charla que iba a celebrarse este martes en el campus de Getafe a cargo del exvicepresidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, Jaime Alonso, según ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado fuentes del centro a este medio. Bajo el título “¿Con Franco se vivía mejor?”, el encuentro proponía un “análisis riguroso del franquismo desde una perspectiva histórica y con datos objetivos, poniendo el foco en cuestiones que siguen generando debate hoy en día”.

Alonso, al que la organización estudiantil presentaba como historiador en la invitación a la charla, ha llegado a calificar a Franco como “el autor de todo lo que es absolutamente viable en España” y defiende un relato directamente heredero del franquismo sobre este periodo histórico, “una de las etapas más relevantes de la historia reciente de España”, la define la Asociación de la Prensa, formada por alumnado de periodismo de la universidad.

Según ha publicado la asociación juvenil Abrir Brecha, que fue la que alertó de la celebración del evento, el Decanato envió un correo electrónico al estudiantado para anunciar la charla e invitar a los alumnos “esperando que sea de vuestro interés”, tal y como se puede leer en el e-mail hecho público en redes sociales. A preguntas de este medio, la universidad no ha respondido sobre si se evaluó el perfil del ponente y el trasfondo del encuentro antes, pero sí reconocen que el Decanato es el que autoriza los espacios para este tipo de charlas.

Desde la asociación denuncian que la universidad “haya permitido y haya dado voz” al evento. “No vamos a aceptar que nuestra universidad se convierta en un espacio donde se blanquea el fascismo mientras se intenta silenciar a quienes lo combaten. La universidad pública no es neutral: o se está del lado de los derechos políticos o se convierte en cómplice de quienes nos quieren ver en blanco y negro”, apunta el colectivo en un comunicado, en el que califican de “grave” no solo “el planteamiento del debate”, sino que en él participe un representante de una fundación “que se encuentra en proceso de ilegalización por hacer apología de la dictadura”.

Los organizadores del encuentro no han respondido aún a las preguntas de este medio, pero, según la Cadena Ser, han decidido cancelar porque puede ser “sesgada”.

“Franco no fusilaba gente”

El que iba a ser el único ponente del encuentro, que hace unos años era común en medios de comunicación como portavoz, niega la represión franquista asegurando que Franco “no fusilaba gente” y hace apología de la dictadura en línea con los mitos que el propio franquismo edificó de sí mismo: “Creó la Seguridad Social y todo el entramado político, económico y social que hemos disfrutado”, decía hace unos años. También calificó al dictador como “un referente” y “la solución” a los problemas del país.

Siguiendo las tesis del revisionismo histórico, Alonso promueve la idea falsa de que el golpe de Estado franquista de 1936 se produjo contra un Gobierno, el de la República, que era “ilegítimo”. En 2012 escribió un artículo en la web de la Fundación Francisco Franco titulado “el derecho al Alzamiento”. El Gobierno está inmerso en el proceso de disolver la organización, a la que hace un par de semanas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó su petición para frenar el procedimiento.

La fundación, constituida en 1976 por, entre otras personas, la viuda del dictador, Carmen Polo, ha centrado su actividad en loar “la obra y el legado” de Franco, al que tilda de “gobernante al servicio del noble pueblo español”. Y así lo especifica en sus estatutos y lo demuestra en sus posicionamientos y apariciones públicas. Su web y redes sociales son un compendio de ideas que glorifican la Guerra Civil y el régimen, a las que se suman los actos y convocatorias en las que celebran el 18 de julio, aniversario de la sublevación franquista.

Por eso, y en base a un análisis exhaustivo de más de 5.000 publicaciones y su presencia en medios, el Ministerio de Cultura ha iniciado el proceso para extinguirla concluyendo que no persigue el interés general, hace apología del franquismo y humilla a sus víctimas, que son las causas de extinción de fundaciones que introdujo la Ley de Memoria Democrática. El proceso sigue actualmente su curso y, en última instancia, será un juez el que decida sobre ello.