Entidades y administraciones han llamado a la ciudadanía a marcar la casilla de la X solidaria en su declaración de la renta, lo que hicieron 306.622 extremeños en la campaña de 2024, en beneficio de proyectos sociales, más si cabe a tenor del “récord” en recaudación que se prevé este año en el país.

Marcar la casilla 106 de fines sociales permite destinar un 0,7% de los impuestos a proyectos sociales, sin ningún coste para el contribuyente, y es compatible con marcar la casilla destinada a la Iglesia.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, Sebastián González, ha expresado en una comparecencia que “este ejercicio se espera un récord histórico en la recaudación de la renta”. “Si se obtiene más puede haber bastante más dinero para proyectos sociales, para necesidades de la población, para colectivos como los mayores, personas en situación de exclusión o vulnerabilidad, con discapacidad, infancia, mujeres y menores víctimas de violencia de género...”, ha dicho.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha explicado a su vez que “en la actualidad hay más de 22 millones de personas con empleo, lo que conlleva un aumento en la recaudación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de las aportaciones del Estado en este ámbito y de las partidas destinadas a proyectos gracias a la casilla solidaria”.

La consejera de Salud en funciones, Sara García Espada, ha manifestado por su parte que esta solicitud llega además en un año “muy especial” para las asociaciones de la comunidad autónoma, pues por primera vez se ha abonado el importe alcanzado durante el año (más de 10,8 millones de euros gracias a la campaña de 2025) antes de comenzar el siguiente ejercicio (el de ejecución de los programas beneficiados), al haberse aportado antes del 31 de diciembre de 2025. “Esta circunstancia ha representado una estabilidad, pues algunas entidades se veían obligadas incluso a solicitar préstamos” para impulsar sus respectivos programas beneficiados, ha dicho.

Las entidades también solicitaban conocer antes de acabar el año qué asociaciones y programas serían subvencionados en el ejercicio siguiente, lo cual también se ha logrado, pues esta información se aportó antes de acabar 2025.

Más de 75.000 extremeños se benefician del apoyo a los programas que representa marcar la X solidaria, gesto que hicieron 306.622 extremeños (datos de la campaña 2024), un 54,08% del global de contribuyentes.

Rosa Gallardo, madre de un niño con síndrome de Down, la integrante de un programa de Cruz Roja destinado a mayores María Angeles López y Alejandro Pizano, persona sorda que ayuda a chavales del colectivo en su integración, han trasladado por su parte “la gran relevancia” que representa que la ciudadanía realice este gesto de solidaridad al presentar su declaración.

Sebastián González Martos ha sido elegido nuevo presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, en la Asamblea General Extraordinaria de la entidad en la que se ha renovado el Comité Ejecutivo Autonómico para el período 2026-2030.

González Martos, que sustituye a Carmen Pereira Santana tras finalizar su mandato, es presidente de EAPNExtremadura, la Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en la región.

El nuevo Comité Ejecutivo contará además con cinco vicepresidencias, que serán ocupadas por Jorge Mena Collado, de la Asociación Extremeña de Fundaciones (AFEX); José Manuel Rodríguez Muñoz, de Cáritas Regional de Extremadura; Pedro Calderón Rodríguez, del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura (CERMI Extremadura); Fernando Solís Fernández, de Cruz Roja Española en Extremadura; y Jesús Gumiel Barragán, de la Plataforma del Voluntariado de Extremadura (PVEX), ha informado este martes la plataforma en un comunicado.

Asimismo, la Secretaría General será asumida por Venancio Ortiz Silva, de la Organización Nacional de Ciegos Españoles de Extremadura (ONCE-Extremadura).

En la reunión se ha hecho un especial reconocimiento a la labor de Carmen Pereira Santana, quien ha liderado la organización desde 2022, destacando su contribución al fortalecimiento del tercer sector social en la región.

Con esta renovación, la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura reafirma su compromiso de defender los derechos de las personas más vulnerables, promover la inclusión social y fortalecerla participación del tercer sector en la sociedad extremeña.

La plataforma agrupa a las principales organizaciones sociales, con el objetivo de fortalecer el sector, defender los derechos sociales y mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo la cooperación entre entidades, impulsando proyectos de impacto social y fomentando la participación ciudadana. 

La Alcaldía de Gijón y la Red de Entidades de Inclusión Activa (REDIA) han acordado que sean las entidades sociales las que atiendan las necesidades temporales de los usuarios del Albergue Covadonga mientras duren las obras de reforma del centro. Con esta decisión, se descarta el traslado provisional al Hogar de San José, propuesto en un primer momento y motivo de polémica. El plan de realojo estará coordinado por un equipo técnico creado expresamente para dicho fin.

La alcaldesa, Carmen Moriyón, aseguró que con este acuerdo se cierra “un debate que nunca debió existir y que generó discursos de odio que nunca representarán a esta ciudad”. “Cuando la ciudad lo pide, sus entidades siempre están a la altura de las circunstancias”, añadió, en referencia a la implicación de REDIA y las organizaciones del tercer sector.

Un traslado fallido: protestas, miedo y acusaciones de odio

La polémica surgió tras anunciarse que los usuarios del Albergue Covadonga serían trasladados temporalmente al Hogar de San José, en el barrio del Natahoyo. Aquella propuesta generó una fuerte movilización: centenares de personas salieron a protestar contra el realojo, en lo que derivó en un escrache a la comitiva municipal. Vecinos denunciaron que “la mayoría de manifestantes que acorralaron a la alcaldesa no eran del barrio”, y criticaron los mensajes lanzados como “denunciables”.

Durante esas protestas, se colgaron pancartas y se escucharon consignas como “Moriyón dimisión” o “mentirosos”, lo que obligó a la regidora a paralizar el traslado provisional.

Fuentes municipales y de la asociación vecinal apuntaron a la posible intervención de sectores vinculados a la ultraderecha para amplificar el malestar, aunque los manifestantes lo defendieran como una movilización legítima.

Consenso social

Tras la cancelación de la opción del Hogar de San José, el Ayuntamiento convocó a REDIA —integrada por 21 organizaciones sociales— para liderar la definición de una alternativa viable. El objetivo es garantizar una atención digna a las personas sin hogar que usan el albergue, sin generar tensiones en los barrios, y mediante el tejido de solidaridad ya existente en Gijón.

La reforma del Albergue Covadonga, anunciada desde principios de 2025, busca adaptar sus instalaciones a las nuevas realidades sociales: el perfil de sus usuarios ha cambiado, hay más mujeres, más jóvenes con estudios, y la necesidad de estancias más largas dado el difícil acceso a la vivienda. Con este acuerdo, la Alcaldía y REDIA buscan evitar que “la crisis del traslado” derive en una “crisis de dignidad”: mantener la atención social, evitar desamparados y, al mismo tiempo, construir un consenso entre administración, entidades y ciudadanía.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que destinará 125.519,60 euros en ayudas destinadas a reducir las brechas de género en el ámbito laboral y también a la implantación de planes de igualdad en empresas, entidades o administraciones que no tienen obligación legal de aprobarlos por el número de trabajadores de sus plantillas.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará este miércoles la resolución de ambas líneas de subvenciones de las que resultan beneficiarias 22 entidades públicas y privadas de la región, con proyectos dirigidos al desarrollo de medidas de igualdad en las plantillas, la eliminación de roles y estereotipos de género vinculados a las profesiones, mejoras en la negociación colectiva o reducción de la brecha salarial.

Sobre estas cuestiones, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha recordado el interés del Gobierno autonómico de desarrollar políticas “que acerquen el mundo laboral a la igualdad real y efectiva”, apoyando proyectos y acciones “de cualquier agente social que quiera reducir desigualdades y eliminar cualquier tipo de violencia”.

“El trabajo es uno de nuestros principales espacios de socialización y marca claramente nuestras vidas en el día a día, por lo que es fundamental y urgente promover medidas que nos ayuden a reducir desigualdades. Esta debe ser y va a ser la legislatura de la igualdad en el ámbito laboral, y a ello contribuirá de lleno la ley de medidas en cuyo anteproyecto seguimos trabajando”, ha asegurado.

El barrio de San José y Madre de Dios se creó en los años 40 como un barrio de aluvión para recibir a las personas que llegaban de los pueblos de La Rioja para trabajar y ha mantenido el mismo espíritu acogiendo ahora a personas de todos los países que viven en el barrio. Esa realidad de diversidad y multiculturalidad marca indudablemente el carácter de este barrio que es ejemplo de convivencia y participación en el que viven 21.263 personas.

Alrededor de la iglesia de San José Obrero, en la plaza de Ballesteros, y las casas baratas que la rodeaban se empezó a construir un barrio que ha ido creciendo por lo que fueron las huertas hasta ser uno de los barrios con más recursos dotacionales de la ciudad. En San José-Madre de Dios hay centros sanitarios, residencias de mayores, instalaciones deportivas, la Universidad de La Rioja y residencias para los estudiantes, biblioteca, centros educativos, multitud de entidades sociales, el palacio de congresos e incluso el propio ayuntamiento de Logroño y el pulmón de la ciudad, el Parque del Ebro.

San José y Madre de Dios son zonas tranquilas de la ciudad y con mucha actividad comunitaria. Los bajos de la parroquia son un constante de planes: gimnasia, clases de guitarra, biodanza, reuniones de vecinos, conciertos, grupos de migrantes que se reúnen para compartir necesidades... “Intentamos hacer más barrio, echar una mano en lo que podamos , es una parroquia tan abierta que no damos abasto”, señala el párroco José Miguel Gil.

La gente que viene de fuera está acogida. Siempre hay familias entregando ropa, comida, hasta camas. Eso no se ve en todos los sitios

Ali Parveen — Vecino

Ali Parveen es uno de los vecinos que ha podido ver en primera persona la transformación del barrio. Llegó a Logroño desde Pakistán en 1997 cuando tenía 18 años y desde el 2003 vive en la calle Padre Marín con su familia y tiene dos negocios comerciales en Avenida de la Paz. “Para nosotros es el mejor barrio”, resume este vecino antes de enumerar todos los servicios de los que dispone. Agradece el carácter acogedor que ha sentido en la ciudad desde que llegó: “Recuerdo que mi vecina Nieves me ofreció dejar toda mi mudanza en su terraza sin conocerme de nada, después he conocido a sus hijos, a sus nietos y estamos siempre para lo que necesite”. Y añade: “La gente que viene de fuera está acogida. Siempre hay familias entregando ropa, comida, hasta camas. Eso no se ve en todos los sitios”.

En este sentido, Ali señala desde su tienda que en Logroño no ha sentido el racismo que sabe que hay en otros lugares y agradece las iniciativas y puntos de escucha que ofrecen las instituciones para la comunidad migrante, como Logroño Intercultural, la mesa de convivencia, la mesa de diversidad o la Red Antirumores, muchas de ellas con mucha actividad en el barrio de San José y Madre de Dios.

Muy cerca de la vivienda de Ali está una de las intervenciones más recientes en el barrio, las diez puertas de acceso para calmar el tráfico y mejorar la visibilidad. Según explica el concejal delegado del barrio, Jesús López, se han reurbanizado los accesos rodados y los tránsitos peatonales en el perímetro del barrio, en las calles Beatos Mena y Navarrete, Padre Marín y Caballero de la Rosa y San José de Calasanz y Cigüeña.

También han comenzado recientemente las obras de desmontaje del antiguo convento de Madre de Dios. Es una intervención complicada para evitar daños en la iglesia contigua, aunque el concejal Jesús López espera que esté culminada a final de año. El Ayuntamiento de Logroño también trabaja por la vivienda en este barrio y actualmente están en licitación las obras de construcción de un bloque de 24 viviendas públicas para alquiler joven en la Plaza de los Cuentos con financiación autonómica y de fondos europeos. “Es fundamental para potenciar el barrio”, destaca el concejal.

Las viviendas se ubicarán junto al epicentro cultural del barrio, la Biblioteca municipal Rafael Azcona, que es mucho más que un lugar para leer y estudiar. “Tenemos un espacio muy amplio, con diferentes enfoques y muchas salas para ofrecer propuestas que resulten interesantes para todos los públicos”, apunta su directora, Esther Felipe. Y hay respuesta del barrio: “Aquí el vecindario es muy participativo, la biblioteca es como su casa, quedan aquí y participan en las actividades. También es referencia para la población migrante del barrio y esa riqueza de culturas es muy importante para la biblioteca”. Mientras este centro no deja de crecer con nuevas salas y propuestas, el vecino Ali Parveen la define de forma concisa: “Esa biblioteca es mágica”.

Ocho entidades sociales en la misma plaza

La participación del barrio se refleja en la conexión entre la multitud de centros, entidades y asociaciones que existen en el barrio. Solo en la plaza Martínez Flamarique hay ocho entidades sociales en sus bajos: Arsido Down La Rioja, Arpa Autismo, Asprem, Asprodema, La Rioja Sin Barreras, Ymca, Zig Zag y Medicus Mundi. Lourdes Prado, trabajadora social de Arsido, destaca la unión entre todas ellas y con el vecindario. “Nos interesa mucho participar en actividades de desarrollo comunitario y que más cerca que el barrio”. Así, se suman a los paseos saludables y a cualquier actividad que se organice y pueda ser beneficiosa para los usuarios. Además, el acogimiento del barrio es “espectacular”, señala Prado, “no es selectivo, es muy multicultural, aquí nadie mira a nadie ni se plantean diferencias”.

También en el barrio está desde hace 61 Igual A Ti, la asociación que presta apoyos a unas 160 personas con discapacidad a través del colegio, centro ocupacional, centro de día, centro especial de empleo y una residencia de 48 personas. Su presidente, Jorge Ortega, no cambia el barrio, que han visto crecer con la propia entidad desde que naciera como un pequeño centro de día hasta el servicio actual desde los 0 años hasta el final de la vida.

“Para mejorar la vida de estas personas es muy importante la participación y aquí es muy potente el asociacionismo”. Por eso, en Igual A Ti también se nutren de las actividades del barrio, participan en Logroño Intercultural, en los paseos saludables, cuidan una colona felina, se encargan del mantenimiento de puntos de intercambio de libros de la Biblioteca Rafael Azcona y realizan. Además, como apunta Ortega, “nuestros residentes viven aquí, compran, pasean, toman un café, usan el polideportivo de La Ribera” y coincide, como otras entidades, en que siempre se han sentido “muy acogidos por la diversidad de personas del barrio”.

Talento y juventud gracias a la Universidad de La Rioja

Una de las principales peticiones de las personas usuarias de Igual A Ti es la prolongación de la calle Piscinas, una intervención que unirá el Centro Científico Tecnológico y el Polideportivo universitario con el resto del Campus de forma peatonal por el edificio de Filologías y que se realizará, asegura el concejal Jesús López, el año que viene. Sin duda, uno de los mayores impulsos para el barrio de San José fue la construcción allí del campus de la Universidad de La Rioja, “totalmente abierto al barrio y a la ciudad”, destaca la vicerrectora de estudiantes, María Ángeles Martínez Calvo. Quizás sin la universidad, la zona se hubiera mantenido como extrarradio y sin embargo ha favorecido la extensión de la ciudad y la creación de nuevos barrios. El campus de La Rioja trae al barrio a 4.500 estudiantes, lo que supone “una dinamización económica de la zona, presencia de juventud, generación de talento, mejoras de transporte y opciones culturales y formativas que ofrece la institución abiertas al público”, destaca la vicerrectora.

A pocos metros, la comunidad salvatoriana tiene una residencia para universitarios en la que actualmente hay también alojados 50 de los 120 pilotos de la escuela FlyBy, que reciben en el mismo lugar sus clases teóricas. Lo que fue un seminario hasta el año 90, cuenta actualmente con programas de Proyecto Hombre, la radio COPE, una empresa de cátering, pistas de pádel, una iglesia ortodoxa y un aparcamiento para el barrio. “Aquí hemos favorecido siempre al barrio en lo que hemos podido, el ambiente siempre ha sido muy bueno”, dice el administrador Juan José Landa.

Otra de las prioridades del Ayuntamiento de Logroño para este barrio es la renovación de tuberías en la calle San Millán, para solucionar los problemas de reventones, así como la mejora de las zonas de juegos infantiles. San José-Madre de Dios es un barrio que abraza a quien llega y que cuenta con todos los servicios para una vida tranquila muy cerca del centro de la ciudad.

Promover el derecho humano a una vivienda diga, mejorar las condiciones de vida de las personas en situación irregular e impulsar la sostenibilidad económica y humana para garantizar la presencia en toda La Rioja son las líneas estratégicas de Cáritas La Rioja para los próximos tres años. Así las ha detallado el coordinador general de la entidad, Juan Antonio Meléndez, unas líneas de acción que vienen marcadas por las inquietudes que más preocupan a la organización. De manera detallada, la primera línea estratégica, “Promover el derecho humano a una vivienda digna”, busca implicar a la Administración pública en el incremento del parque de alquiler social en La Rioja, así como implementar medidas que garanticen el acceso y mantenimiento de la vivienda para las personas atendidas por Cáritas.

La segunda línea, “Mejorar las condiciones de vida de las personas en situación irregular”, se articula en torno a dos objetivos: favorecer su integración social y denunciar la vulneración de sus derechos.

Por último, la tercera línea, “Impulsar una organización económica y humanamente sostenible”, pretende garantizar la viabilidad económica, humana y territorial de Cáritas. Con este fin, busca aumentar los ingresos para asegurar su sostenimiento y fortalecer la red de voluntariado de los grupos parroquiales con el deseo de garantizar la presencia de la entidad en toda la región.

Llamados a encontrarnos

Para alcanzar la tercera línea del Plan Estratégico, la sostenibilidad, Cáritas La Rioja precisa incrementar los ingresos a través de donaciones, colectas y, especialmente, el aumento del número de socios. Con el propósito de movilizar la solidaridad de los ciudadanos, la organización caritativa ha lanzado la campaña “Llamados a encontrarnos”. “Según la leyenda, un hilo rojo une a las personas llamadas a encontrarse. Por Cáritas La Rioja pasa el hilo que conecta tu generosidad con la esperanza de una persona que te necesita. Síguelo. Ayúdale”, expresa la campaña.

Carmelo Juárez, responsable de Comunicación Cristiana de Bienes de Cáritas La Rioja, ha explicado que “la entidad está lejos del equilibrio presupuestario indispensable en cualquier institución”. “Durante los últimos años, hemos presentado déficits importantes, registrando en 2024, 146.661,24 euros de pérdidas (cifra aún pendiente de ser aprobada por el Consejo). A pesar de la contención del gasto y de algunas herencias extraordinarias, no logramos equilibrar nuestras cuentas porque el número de personas que precisa ayuda y el coste de cubrir sus necesidades han crecido mucho más que los ingresos”, ha detallado el responsable de Comunicación Cristiana de Bienes.

“Ante esta complicada situación, la campaña de búsqueda de socios es una petición de ayuda inmediata, pero también es la garantía de que, a medio plazo, podremos atender a las muchas personas que recurren a Cáritas. Frente a los déficits y el crecimiento notable de las necesidades, la fidelidad de los socios es nuestra esperanza. Queremos que los ciudadanos sepan que, con una cantidad mensual, por pequeña que les pueda parecer, nos dan estabilidad y una referencia de ingresos, elementos vitales para planificar y llevar a cabo nuestros proyectos caritativos y sociales”, ha asegurado Carmelo Juárez.

Las personas interesadas en colaborar con Cáritas La Rioja pueden registrarse como socios en su sede (c/Marqués de San Nicolás, 35. Logroño) o través de la web de la campaña: www.caritaslarioja.org/llamados-a-encontrarnos

La Consejería de Cultura y Deporte acaba de abrir una nueva convocatoria pública para cubrir las vocalías que, en representación de las entidades memorialistas, integran el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, cuya regulación data de mayo de 2018. Desde su primera reunión en octubre de aquel año no se renuevan las vocalías, si bien es cierto que fueron designadas “por un periodo de tres años, pudiendo ser reelegidas por una sola vez”.

En abril de 2018 la Junta puso en marcha la tramitación del Proyecto de Decreto por el que se regula el Registro de Entidades de Memoria Democrática de Andalucía, pero desde entonces no se ha dado ni un paso más en su creación, pese a que se hace referencia a dicho registro en la citada convocatoria, publicada en BOJA. Las entidades aspirantes deben “estar debidamente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones de Andalucía, Registro de Fundaciones de Andalucía o registro específico”.

Hasta el momento actual hay un total de ocho vocalías, de las cuales seis están integradas por representantes de entidades memorialistas, como ya se ha dicho. Según informó la Junta en aquel octubre de 2018, se trata de Rafael Gil Bracero –presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica-; Francisco Alfonsín Velázquez -Fundación Estudios Sindicales-Archivo CCOO-; Miguel Ángel Valdivia Morente -Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén-; Antonio Naranjo Torres -Memoria, Libertad y Cultura Democrática-, Pepa Castillejo -Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía-, y Manuel Velasco -Asociación Guerra y Exilio-.

Un órgano institucional “inoperante”

El Consejo de la Memoria, merece la pena recordar, tiene entre sus funciones “elaborar cuantos informes y recomendaciones considere necesarios efectuar en relación con la política de memoria democrática”. Recientemente, los memorialistas llevaban a la Junta al Defensor Andaluz por no convocar el Consejo de la Memoria. La Federación Andaluza de Memoria Democrática consideraba que la Junta estaba convirtiendo ya al órgano consultivo y de participación de las entidades memorialistas en “un órgano institucional inoperante”.

Fuentes de la Consejería se referían precisamente a la no cobertura de esas vocalías “vencidas” para justificar que se celebrara solo un encuentro del Consejo de la Memoria Histórica durante el último año 2024. Miguel Ángel Valdivia, uno de esos vocales, dijo a este periódico que se habían mantenido “algunas reuniones” del Consejo en estos años. “Cuando preguntamos por la segunda convocatoria de 2024 nos dijeron que no se podía porque estábamos en funciones. ¡Pero llevamos así desde mediados de 2021 y no ha habido problema en celebrar las reuniones!”, lamentó.

Las seis entidades que aún permanecen en las vocalías del Consejo de la Memoria fueron seleccionadas a través de un procedimiento selectivo en régimen de libre concurrencia y se valoraron criterios como el ámbito territorial (con preferencia para el provincial o superior), el desarrollo de proyectos subvencionados por la Junta, los reconocimientos obtenidos o la antigüedad de inscripción.

Relación de reconocimientos obtenidos

De acuerdo a la convocatoria publicada ahora en BOJA, las entidades deberán aportar en su solicitud, entre otras cuestiones, la relación de actividades, proyectos y programas ejecutados en materia de memoria histórica y democrática durante los últimos cinco años, subvencionados por la Junta de Andalucía, detallando de cada proyecto la denominación, breve resumen, localización geográfica, presupuesto total, y financiación recibida de las distintas entidades financiadoras; así como una relación de reconocimientos obtenidos por su labor en la recuperación de la Memoria Histórica y Democrática en Andalucía.

Las entidades memorialistas, en líneas generales, vienen lamentando la “inacción” de la administración autonómica en la materia, esperando cuestiones como la ejecución de las exhumaciones aprobadas, las declaraciones pendientes de Lugares de Memoria o el retraso en las identificaciones genéticas, que se vienen realizando desde 2018 en la Universidad de Granada y que acumulan una notable demora, llegando a provocar que cada vez más familias, al menos en la bahía de Cádiz, se dirijan a laboratorios privados para conocer la verdad.

Hace diez años, en el peor momento de la crisis de los desahucios en España, las entidades sociales en Catalunya buscaban cómo ayudar a sus usuarios a no quedarse sin techo. “Era una necesidad acuciante, necesitábamos pisos asistidos, ayuda a las familias…”, rememora Àngels Guiteras, entonces presidenta de la Mesa del Tercer Sector, que aglutina a más de 3.000 asociaciones. Una de las soluciones que encontraron fue fundar la gestora de vivienda social Hàbitat 3. 

Un decenio después, la Fundación Hàbitat 3 ha anunciado la compra junto con el Ayuntamiento de Barcelona de la Casa Orsola. Las 26 viviendas de la finca, emblema de la crisis de la vivienda en la ciudad, pasarán a estar gestionadas por la entidad, que se ha convertido en una de las principales administradoras de pisos sociales de Catalunya. Entre los que son de su propiedad y los cedidos por terceros –sean caseros privados o administraciones–, las viviendas que gestionan son 1.307. En total, 3.651 inquilinos, la gran mayoría vulnerables. 

A pesar de la diversidad de programas que albergan, su cometido principal es localizar viviendas, sea cual sea su procedencia, para ponerlas a precio asequible y a poder ser en manos de familias necesitadas. Inicialmente, su idea era captar los pisos vacíos de los bancos fruto del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. “Pero pronto ya vimos que este no era el modelo que los bancos querían”, explica Albert Ferré, director general de la fundación. En cambio, sí empezaron a llegar a acuerdos con administraciones para hacerse cargo de viviendas vacías o de emergencia. 

El primer convenio lo firmaron con el Gobierno municipal barcelonés de Xavier Trias (CiU), que les sirvió para acceder a sus primeras 200 viviendas, pero luego vendrían otros con alcaldes y políticos de todos los colores, entre ellos Comuns y PSC. Una figura fundamental para ello ha sido la presidenta desde sus inicios y hasta hoy de la Fundación, Carme Trilla, que fue secretaria de Vivienda de la Generalitat durante el Tripartito y que como experta en la materia mantiene buenas relaciones con la mayoría de actores del sector. 

A día de hoy, de los 1.307 pisos que gestionan, 301 son de propiedad, alcanzada a menudo a través de compras gracias al ejercicio de tanteo y retracto. También administran, siempre con criterios sociales, carteras de inversores privados (267) y el grueso principal de su parque, 512 viviendas, son cesiones de particulares. La mayoría de ellas, en Barcelona, son las que canaliza el consistorio a través de la Mesa de Emergencia (de familias desahuciadas) o del servicio Primer Hogar (para personas sintecho). 

En cuanto a las compras, Ferré explica que la mayoría las llevan a cabo ejerciendo el derecho de tanteo y retracto y con financiación del Institut Català de Finances (ICF), que subvenciona los tipos de interés a cambio de que la titularidad de la vivienda pase a la Agencia de l’Habitatge de Catalunya (AHC) en 75 años. “Así actuamos también para ampliar el parque de vivienda pública”, defiende el responsable. 

El modelo de Hàbitat 3, que se ha convertido en una de las principales entidades de vivienda social en Catalunya junto con Fundació SALAS o la Fundació Família i Benestar Social, es parecido al de las Housing Associations en países como Austria, Holanda o Reino Unido, aunque en España no gozan de tradición ni legislación que favorezca su actividad. Se trata en líneas generales de empresas, fundaciones o cooperativas que se dedican a movilizar vivienda “con el objetivo de alquilarlas por debajo del precio de mercado”, señala Eduardo González de Molina, profesor y consultor en materia de vivienda. 

“En España no tenemos una normativa que cree jurídicamente estas empresas”, lamenta. Esta debería incluir las condiciones para que sean viables estas iniciativas, describe, como por ejemplo prioridad en el acceso a suelo público, cargas fiscales reducidas y facilidades de acceso a la financiación pública. 

Al margen de la compra de Casa Orsola, Hàbitat 3 ha participado en otras operaciones mediáticas. La primera fue la cesión por parte de la Generalitat de la Casa Bloc, en el barrio de Sant Andreu de Barcelona. Construida durante la Segunda República como modelo de vivienda para la clase obrera, y deteriorada durante años, en 2016 la fundación asumió la administración de 17 de esos hogares para albergar a familias víctimas de desahucios. Lo hizo con el apoyo económico de grandes firmas como Naturgy o La Caixa, en lo que fue un ejemplo de su capacidad de captar recursos de grandes empresas. 

Otro caso conocido es el del Gimnasio Social Sant Pau, en el Raval. Tras años de conflicto y amenazas de desahucio, el Ayuntamiento logró un acuerdo de compra con la propiedad en la que participó una empresa del empresario Jaume Roures, que puso parte de la inversión. La gestión de los 36 pisos sociales resultantes corre a cargo también de Hàbitat 3. 

Pero aun así, en la fundación reconocen que el de la Casa Orsola ha sido un caso inédito para ellos. En primer lugar, por la cantidad desembolsada, de 4,8 millones de euros (la mitad del precio total de compra), según Trilla conseguidos a través de un préstamo con una entidad bancaria con aval del consistorio y también gracias al compromiso de financiación sostenida de la Administración municipal para garantizar la viabilidad de la gestión de las rentas. 

Además, el de Orsola es un caso excepcional para Hábitat 3 por el perfil de residentes de la finca, que no son vulnerables desde el punto de vista económico. La presidenta de la Hábitat 3 reconoció este viernes que esta particularidad provocó un debate “intelectual y ético” en el seno del patronato de la entidad. Finalmente, avalaron la compra por tres razones: porque parte de las viviendas están vacías y sí se podrán destinar a alquiler social; para favorecer la integración de familias vulnerables en edificios con hogares que no lo son, y para contribuir a la lucha contra la gentrificación en la capital catalana. 

En este sentido, la operación ha sido criticada con dureza por el Sindicato de Inquilinas, que a pesar de celebrar la paralización de los desahucios ha lamentado que se haya “premiado” el fondo inversor con la compra de la finca por 9,2 millones. La entidad ha calificado de vergonzosa la rueda de prensa en la que ha participado Hàbitat 3, por considerar que se ha realizado a espaldas de los vecinos. Además, el Sindicato le reprocha a Trilla que asumiera en su día la propuesta de Collboni para modificar de la norma que obliga a los promotores a reservar un 30% de la nueva vivienda para uso social. 

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha ha celebrado una Asamblea General Extraordinaria en la que se ha elegido el Comité Ejecutivo Autonómico para los próximos cuatro años. Todos sus miembros han sido elegidos por la Asamblea para un segundo mandato. De esta forma, José Antonio Romero Manzanares, de CERMI-CLM, ha sido reelegido como presidente, Fernanda Rodríguez Vincelli, de EAPN-CLM, como vicepresidenta y como secretario general, José Martínez Martínez, de ONCE.

Por otro lado, los cincuenta delegados y delegadas han elegido a diez representantes más para como vocales en el Comité Ejecutivo: Cristina Gómez Palomo y Ana Cabellos, de CERMI-CLM; Cristina Abarca de Julián, de ONCE; Mar González, de EAPN-CLM; Milagros Figueras, de POI-CLM; María José Soto y Jesús Rodríguez, de Cruz Roja CLM; Fernando Gutiérrez, de la Coordinadora de ONGD de CLM; y María del Carmen Palomares, de la Plataforma del Voluntariado de la región. También se suma al Comité María Ángeles Sánchez Trillo como representante de ACESCAM.

A la espera de la futura Estrategia de Promoción del Tercer Sector

La renovación de los responsables para los próximos años ha ido acompañada de la aprobación de un plan de trabajo con los objetivos y mandatos de la Asamblea donde destaca el fortalecimiento del tercer sector social de la región, precisamente cuando el próximo mes de febrero se celebra el quinto aniversario de la aprobación de la Ley del Tercer Sector de la región.

Un fortalecimiento, explican en un comunicado, “que permita avanzar en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, avanzar en la inclusión y la justicia social”, especialmente con los desarrollos normativos de la ley como son la creación de la futura Estrategia de Promoción del Tercer Sector y el Inventario de Entidades del Tercer Sector. El plan de trabajo para este mandato contempla la creación y mejora de los espacios de representatividad del tercer sector en la región, aumentando la incidencia y la participación y la representación social.

Otro de los cometidos será profundizar en la divulgación y conocimiento del tercer sector como forma de organización de la sociedad civil en la región, buscando y explorando marcos de representación institucional y mejoras en el diálogo civil. Así mismo, la Mesa seguirá con las acciones de divulgación de la X Solidaria y de la X de las Empresas correspondientes a la tributación nacional del IRPF y del Impuesto de Sociedades que revierte en más de 240 proyectos sociales en la región.

Otro de los temas importantes abordados por las plataformas y organizaciones que componen la Mesa es “la creciente preocupación por el impacto que tienen los bulos, las noticias falsas y las difamaciones en la actividad diaria de las entidades que componen el Tercer Sector de acción social en la región, y por extensión en todo el territorio nacional”.

Castilla-La Mancha participará en los proyectos y campañas coordinadas desde la Plataforma del Tercer Sector Estatal para acercar a la ciudadanía las actividades, proyectos y servicios que desarrollan las entidades sociales en el territorio.

Agenda 2030, una guía para el tercer sector

En la misma jornada y antes de la celebración de la Asamblea General, los delegados de la Mesa e invitados han participado en el encuentro: “Agenda 2030, una mirada desde el Tercer Sector”, donde se ha abordado el papel que juegan los Objetivos de Desarrollo Sostenible para las entidades del tercer sector y viceversa: como las organizaciones ya están asumiendo la aplicación de algunos de los ODS.

En esta jornada, presentada por José Antonio Romero, han participado Pilar Salgado, de la Fundación Universidad de Castilla-La Mancha; Carlos Susías, vicepresidente de la Plataforma Estatal del Tercer Sector; y Manuel Lorenzo, de la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha. Un encuentro para generar espacios de diálogo e intercambio de experiencias entre entidades que desarrollan sus proyectos en diferentes ámbitos sociales y que se ven unidos por la consecución de algunos de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha está compuesta por ocho entidades: la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE); el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-CLM); la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-CLM);Cruz Roja, la Plataforma de Organizaciones de la Infancia CLM (POI-CLM); la coordinadora de ONGD CLM; la Asociación de Castilla -La Mancha de residencias y servicios de atención a los mayores (ACESCAM); y la Plataforma de Voluntariado ( PV-CLM).

La AIER (Asociación de Empresas Instaladoras de La Rioja) ha puesto en marcha nuevamente este año su ‘maquinaria solidaria’ para ayudar a una entidad del tercer sector en un proyecto energético que suponga un beneficio para sus usuarios. En esta ocasión, el colectivo con el que colaborarán es FARO, la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer, cuyo fin es la mejora del estado de salud y la calidad de vida de los niños y adolescentes afectados por enfermedades oncológicas y de sus familiares, procurándoles una atención integral en las distintas fases de la enfermedad y en los problemas derivados de ella y del tratamiento. 

El proyecto de este año se denomina ‘Eres mi Faro’ aludiendo al apoyo que supone la propia asociación para sus usuarios y que este año, la AIER, lo será para la entidad; de igual manera que todos contamos con un apoyo (un faro) a nuestro alrededor, que nos guía y nos ayuda.

El apoyo en esta ocasión consistirá en diseñar y ejecutar la instalación eléctrica completa de la nueva sede de esta asociación que está ubicada en la calle San Adrián, 1, bajo (Parque Picos de Urbión), de Logroño, y a la se trasladará en cuanto esté dispuesta. Actualmente ocupan un piso en la calle San Antón, pero sus espacios se han quedado obsoletos y pequeños para las actividades que se realizan con los niños y niñas y sus familias. 

En concreto, el proyecto incluirá los siguientes elementos: 

- Instalación del cuadro general, cableados y canalizaciones

- Instalación de mecanismos y dotación de puestos de trabajo con conexión a datos.

- Instalación de luminarias en los diferentes espacios (despachos, sala de reuniones/office, aseos, etc…)-

- Acondicionamiento de nueva sala terapéutica mediante iluminación saludable que, además de tener un índice de deslumbramiento muy bajo, uniformidad de la luz y seguridad fotobiológica, dispone de un sistema de seguimiento del ciclo circadiano. La luz en esta sala regulará y modificará su intensidad y color en función de las horas del día para conseguir un bienestar y un espacio de confort para sus usuarios.

En total, la nueva instalación de conectividad e iluminación está valorada en más de 25.000 euros que, desde la AIER, se han propuesto sufragar.

Tres opciones de ayuda para socios y colaboradores

Como en proyectos anteriores, la formas de ayudar son tres: con la mano de obra de los propios instaladores; con el material necesario (luminarias, cuadros de luz, cableado...) o económicamente. Con este fin, el proyecto se ha fragmentado en estas opciones para que socios y colaboradores decidan cómo pueden sumarse. Económicamente, existen varias franjas (100€, 500€, 1000€ y 2000€) con el fin de que “todo el mundo pueda participar al margen de la cuantía”, explican desde la AIER. Esta aportación cuenta, además, con interesantes deducciones fiscales que suponen un aliciente para los colaboradores.  

Cinco ediciones siendo Energ-éticamente sociales

El proyecto surgió en el año 2018, el propósito de ayudar a tres colectivos sociales, Cáritas, Apir y Banco de Alimentos. Inicialmente, los objetivos fueron la mejora en las instalaciones de las ubicaciones de sus sedes con un coste total estimado de 15.000 euros. Modestamente, la participación de empresas se estimó en 10.

El interés de los patrocinadores fue mayor del esperado y se lograron recaudar 28.200€ y contar con el apoyo de más de 60 empresas patrocinadoras, que colaboraron económicamente y en especie. Las modificaciones en las instalacioriojanes ascendieron a 18.200€ y, de las 4 instalaciones planteadas inicialmente, se pudieron abordar 15.

El resto de la cuantía se destinó a pagar la factura de la luz a familias y personas sin recursos a través de Cáritas. Con este dinero (10.000€) se pudo pagar la factura mensual de 75 familias.

En 2019, la entidad colaboradora fue Fundación Pioneros, con la reforma de sus instalaciones; en 2022, Cruz Roja, impartiendo formación a sus alumnos y, en 2023, fue Asprodema, con la instalación de placas solares en su sede principal para abaratar su coste energético.  En esta ocasión, el objetivo se renueva y crece para alcanzar estos 25.000€ que cuesta la instalación de FARO. 

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha abierto una línea de subvenciones de 55.000 euros destinada a entidades sociales que desarrollen proyectos orientados a la promoción y prevención de la salud en la localidad. Las organizaciones interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 24 de octubre, a través de la sede electrónica del consistorio.

Con esta iniciativa, el Consistorio tiene como objetivo apoyar programas que favorezcan el bienestar de la población, con especial atención a los colectivos más vulnerables. Entre las actividades que pueden ser financiadas se incluyen la promoción de la actividad física, la prevención de accidentes, el fomento de una alimentación saludable y la creación de hábitos de vida sanos. Las ayudas cubrirán además gastos relacionados con los profesionales que implementen los proyectos y la logística necesaria.

La delegada de Salud, Lidia Ballesteros, ha señalado que el Ayuntamiento sigue apostando por el bienestar ciudadano mediante “acciones concretas que mejoran la calidad de vida de las personas”. También ha afirmado que este tipo de iniciativas permiten reducir el impacto de diversas enfermedades en la comunidad.

Las subvenciones están dirigidas a entidades sin ánimo de lucro que trabajen en proyectos relacionados con la salud y la prevención. Cada organización podrá presentar hasta dos proyectos a esta convocatoria. Los requisitos y criterios de valoración se encuentran detallados en las bases publicadas en la web municipal.

El equipo de gobierno, encabezado por la delegada de Salud y la responsable de Servicios Sociales, Rocío Bastida, ya ha mantenido varias reuniones con las entidades sociales del municipio para explicarles los detalles de esta y otras convocatorias disponibles.

Coordinación y objetivos comunes

Desde el Ayuntamiento destacan la importancia de la coordinación con las entidades locales, ya que ambas partes trabajan con objetivos comunes, como la mejora de la cohesión social, la igualdad, la integración y el bienestar de los ciudadanos.

“Es fundamental que las organizaciones locales cuenten con el respaldo institucional para seguir desarrollando su labor”, ha comentado Ballesteros, subrayando que el trabajo conjunto con estas entidades es clave para el éxito de las políticas de salud en Alcalá de Guadaíra.

Las organizaciones interesadas pueden encontrar más información sobre la convocatoria y las bases en la página web del Ayuntamiento.

Vivimos en un mundo en el que parece que algunos de los principios y valores que nos definen como sociedad se ven constantemente cuestionados e incluso atacados. Por ello la celebración del día del Tercer Sector este año ha tomado un mensaje claro y directo: “El Tercer Sector frente a las amenazas globales: promoviendo la justicia social y la defensa de derechos”.

Un lema que como sector nos sitúa en una posición de defensa activa del principio fundamental de que la fuente del derecho es la propia ciudadanía, la propia sociedad. Y de que la justicia tiene que incorporar la base social a la vez que profundiza en la idea de que los derechos no sólo hay que consignarlos, promulgarlos y expresarlos en textos legales sino que también hay que defenderlos cada día de una forma activa e incluso proactiva dentro del sector.

Este año, desde el Tercer Sector tenemos un manifiesto que no sólo ahonda en esta idea, además indica cómo las entidades del tercer sector funcionan como baluarte para el mantenimiento en la esfera pública de estos mensajes. Son, con su actividad diaria, las entidades del tercer sector las que transforman la sociedad incidiendo sobre ella en la reducción de la pobreza, la cooperación internacional, la promoción de la paz y la defensa de valores democráticos. Entidades que, indirectamente, mantienen con su actividad en el imaginario colectivo valores como la paz, la solidaridad, la igualdad, la protección, la ayuda y el cuidado.

Además, la naturaleza comprometida del propio sector con el futuro hace que seamos también una palanca más que empuja en la dirección de lucha contra el cambio climático y la mejora ambiental y del entorno como algo fundamental para mantener y mejorar la calidad de vida de las próximas generaciones.

Somos, especialmente en un año en que se han cumplido nueve años del aniversario de la agenda 2030, unos firmes defensores de que la propia agenda es un programa que va más allá de unos u otros planteamientos políticos y supone un reto como sociedad y un compromiso con nuestros hijos e incluso con los hijos de sus hijos.

Para finalizar, es necesario hacerse eco de la conclusión del manifiesto que nos une en torno a esta celebración, y que este día indique el camino hacia un futuro mejor, “marcado por la colaboración, la justicia social, la paz y la defensa de los derechos sociales y humanos”. A todas luces un mensaje de futuro sobre el que crear una sociedad de las personas con las personas para construir la ciudadanía que ha de asumir los retos que vienen.

“No son albergues, son centros resilientes para personas que se encuentran en un nivel avanzado en su proceso de inclusión social”. Con esta aclaración, el delegado municipal de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales, José Luis García, ha arrancado la presentación de los dos proyectos residenciales para personas en situación de emergencia social que se van a construir en San Jerónimo y en el Polígono Sur.

La necesidad de comenzar con esa distinción parte del revuelo que ha provocado la noticia entre los vecinos de ambos barrios, que ya se han movilizado en contra del planteamiento municipal de descentralizar los servicios asistenciales que concentra el barrio de la Macarena. Allí las entidades vecinales llevan años denunciando problemas de convivencia, seguridad y limpieza en torno a los albergues para personas sin hogar.

El temor a que los nuevos espacios que está proyectando el Ayuntamiento hispalense terminen degradando unos barrios ya de por sí “pobres y con muchas carencias” ha llevado a los vecinos a rechazar la propuesta, al entender que “no solo contribuye a la estigmatización de la zona, sino que también degrada su imagen”, como ha manifestado la asociación vecinal de San Jerónimo a través de sus redes sociales. La plataforma de afectados por los albergues en la Macarena ha respaldado la protesta vecinal emergente, condenando que “hay 11 distritos y siempre sufren los mismos”.

Sin embargo, el delegado de Derechos Sociales ha querido lanzar “un mensaje de tranquilidad” a la población, con el que “desmentir” los comentarios cargados de “aporofobia y xenofobia” que se han propagado, después de trascender la intención de construir estos dos nuevos recursos sociales destinados a personas en exclusión social severa. Para ello, ha explicado que uno de los centros va a estar dedicado a “atender exclusivamente a mujeres víctimas de violencia de género o de trata” y el otro, “a personas convalecientes”.

Diferencia entre albergues y centros de resiliencia

Acompañado por representantes de 16 entidades que trabajan a diario con personas en situación de emergencia social (Solidarios, Hermanas de la Caridad, Cruz Roja, Prolibertas, Hogar Sí, Provivienda u Orden de Malta, entre otras), José Luis García ha detallado las diferencias entre los centros de acogida que se conocen como albergues y los “centros de resiliencia” que se están proyectando ahora para San Jerónimo y Polígono Sur, pero que se pretenden instalar en cada distrito para mediados de 2027.

“Es un modelo totalmente diferente, que no tiene nada que ver con el modelo de macrocentro que hay actualmente instalado en la Macarena, heredado de los años 80”, ha indicado el delegado de Derechos Sociales. La diferencia principal radica, por tanto, en su tamaño y su finalidad: “Estos centros no son de puertas abiertas, sino que son centros residenciales para un máximo de 25 personas que vendrán derivadas de los servicios sociales y en los que los residentes recibirán una atención personalizada que les permita dar el salto a la vida independiente”, ha señalado García.

Para ello, cada usuario tendrá asignado un técnico de referencia que desempeñará una labor de “acompañamiento integral”, desde prestar asistencia psicológica hasta orientar en la búsqueda de empleo. “Es un modelo basado en la persona y no en la caridad, porque creemos en la intervención integral y directa para transformar proyectos vitales”, ha defendido el delegado de Derechos Sociales. De paso, ha recordado que este tipo de recursos sociales se enmarcan en la estrategia de la normativa europea, nacional y autonómica, así como en el “compromiso que adquirimos todas las fuerzas políticas del pleno municipal en el anterior mandato durante la comisión contra la exclusión social”.

Con el afán de tranquilizar a los vecinos, ha informado de que ya existen dos modelos de “pequeños centros residenciales” funcionando en otros distritos de la ciudad, mediante un convenio de colaboración con entidades sociales, y que “se han integrado en sus zonas completamente sin generar ningún problema de convivencia”. En este punto, José Luis García ha hecho un llamamiento a la empatía y a romper con los “estereotipos de las personas sin hogar”, vinculados a indigentes conflictivos y con problemas de drogadicción. “Cualquiera puede terminar en la calle”, ha recordado.

¿Que va a significar abrir un centro para 20 personas?

A continuación, ha tomado la palabra Carmen Tamayo, trabajadora social de la organización Solidarios y directora del proyecto Mujereando, que lleva más de diez años trabajando con personas en situación de emergencia social. “A lo largo de estos años de experiencia, el perfil de las personas sin hogar ha ido cambiando y por eso deben cambiar también las respuestas a esas necesidades”, ha proclamado esta profesional, que define el colectivo de personas sin hogar como “muy heterogéneo y diverso”.

“Todos los días escucho historias de vida de personas que dicen que jamás se habrían imaginado terminar en la calle”, ha asegurado Tamayo, remarcando que “hablamos de personas que se encuentran en situación de exclusión social severa y que lo único que tienen en común es la falta de hogar y que lo están pasando muy mal”.

Frente a la alarma social que ha despertado la noticia entre los vecinos en barriadas como Cerro del Águila, donde se llegó a boicotear el pregón de la Velá del barrio en señal de protesta, las entidades han asegurado estar “muy felices” por la noticia. “Tenemos que preguntarnos qué significa abrir en Sevilla un centro para 20 o 25 personas en cualquier barrio”, ha abogado la trabajadora social de Solidarios.

“Yo misma me lo he preguntado y me he respondido: va a significar integración, comunidad, vecindad y, sobre todo, humanidad, porque no olvidemos nunca que, con o sin hogar, todos somos personas y todos necesitamos una segunda oportunidad”, ha expresado Carmen Tamayo, reivindicando “el valor de la empatía, de acompañar a las personas cuando más lo necesitan porque se puede salir de la calle”.

Huertos y salas veterinarias para las mascotas

Por esa razón, las organizaciones sociales han celebrado que las instituciones promuevan este tipo de iniciativas en la ciudad, donde el último censo contabilizó a 765 personas sin techo (ya sea viviendo en la calle, en infraviviendas, en centros de acogida o insertos en programas de emergencias sociales). La intención del gobierno local es “desconcentrar el distrito Macarena con estos dos nuevos proyectos y otros que van a llegar para que haya centros resilientes en cada distrito de la ciudad”.

Por el momento, el Ayuntamiento está terminando de redactar los proyectos de los centros que se van a ubicar en una parcela situada en la calle José Galán Merino, en el barrio de San Jerónimo (próxima a la sede de la Agencia Espacial Española y las Naves de Renfe), y en la calle Portobelo, que pertenece al Polígono Sur y colinda con el polígono Hytasa, zona donde el anterior gobierno socialista proyectó un albergue para personas sin hogar que se frustró finalmente por la presión vecinal.

Ahora, el gobierno de José Luis Sanz retoma la iniciativa que refrendó el pleno e impulsa la construcción de dos servicios sociales con características similares: ambos se insertan en un solar de unos 3.776 metros cuadrados, de los cuales el edificio ocupará una superficie de menos de 700 metros. “No hay que tener miedo porque no tiene nada que ver con un macrocentro, las edificaciones van a ocupar menos de un tercio de la parcela”, ha explicado el delegado, detallando que estos espacios residenciales van a contar con servicio de huertos comunitarios y con una sala veterinaria para que los usuarios que tienen animales de compañía no tengan que abandonar a sus mascotas cuando se incorporen al centro, como pasaba hasta ahora.

Para la construcción de esos dos primeros “microcentros” de “atención personalizada” el Ayuntamiento hispalense ha destinado una inversión que ronda los tres millones de euros, financiados en parte con una subvención de la Junta de Andalucía (a partir de un proyecto premiado por la Unión Europea) y el resto aportado por la Gerencia de Urbanismo. La previsión es que el proyecto se licite en la primavera del año próximo y los centros estén ya en marcha a finales de 2026.

Objetivo: Umies y microcentros en todos los distritos

El delegado de Derechos Sociales confía en que los dos nuevos espacios residenciales para mujeres y personas convalecientes en San Jerónimo y Polígono Sur ayuden a aliviar la carga que soporta el resto de recursos para personas sin hogar de la ciudad.

Augura así que el cambio va a ser muy significativo en el distrito Macarena, no solo gracias a la construcción de estos dos centros que ha tildado de “pioneros” –en alusión a que solo hay un precedente similar de intervención individualizada “24 horas” en Madrid–, sino también a la creación de unidades municipales de Intervención en Emergencias Sociales y Exclusión Social (Umies) en todos los distritos. Una acción que se espera culminar para diciembre de este mismo año con la incorporación de 40 técnicos más, tras el aumento de la partida dedicada a Emergencias Sociales, pasando de ocho millones en el anterior mandato a 18 en los últimos presupuestos, según los datos aportados por la Delegación de Derechos Sociales.

En definitiva, si bien el delegado entiende que “lo desconocido puede generar miedo”, con el apoyo de las entidades que trabajan a diario con personas sin hogar y el testimonio de profesionales como Carmen Tamayo, el Ayuntamiento ha tratado de transmitir el mensaje de que estos centros de atención para personas en situación de exclusión social “transforman vidas”, gracias a los profesionales que los acompañan en su vuelta a la vida.

La Consejería de Bienestar Social se ha mostrado dispuesta a que la orden que regula el Concierto Social para la gestión del servicio de acogimiento residencial de menores y ejecución de medidas judiciales vuelva a pasar por sus servicios jurídicos, a fin de enmendar varias cuestiones.

Así lo han asegurado, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Ana Delgado, y el responsable de Sectores Socioeducativos de la Federación de Enseñanza de CCOO, Antonio Romero, que, acompañados del secretario regional del sindicato, Paco de la Rosa, han convocado a los medios de comunicación a la puerta de la Consejería de Bienestar Social, tras reunirse con la viceconsejera de Bienestar Social, Guadalupe Martín, y con la directora general de Infancia y Familia, Inmaculada Tello.

“Esperamos que más pronto que tarde tengamos comunicación de la propia consejera diciendo que, efectivamente, saldrá una modificación, se recogerá en la propia orden y no nos veamos obligados a movilizar al sector porque sería el camino y la puerta que nos llevaría”, ha indicado Delgado.

Mientras, Antonio Romero ha vuelto a incidir en que la orden, publicada el pasado viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no solo no recoge la aplicación de un convenio colectivo sectorial -en concreto, el IV Convenio General Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores-, sino que además, no incluye cláusulas de revisión de precios para aplicar las subidas salariales a futuro.

Trabajadores “indefensos”

“Esto deja a los trabajadores, en su mayoría mujeres porque es un sector muy feminizado, en una situación de indefensión ya que la Administración, al no hacer referencia a ese convenio, que es el único que tiene la aplicación de regular la subrogación de los trabajadores, al no venir ese convenio ni esa cláusula de subrogación, está dejando en defensa a los trabajadores ya que las empresas podrían no subrogar”. Y es que Romero ha criticado que el departamento que dirige Bárbara García Torijano incluyese en la Orden estas cuestiones, sin haber informado a las partes.

“Al publicarse la Orden del Concierto, junto con la convocatoria, se salta la tutela del Tribunal Especial de Contratación Pública. Lo único que nos quedaría hacer sería un recurso especial ante la Consejera y, si no hay rectificación, tendríamos que ir a un contencioso-administrativo. Pero no es la fórmula para solucionar esta situación, porque nos abocaría a una resolución judicial dentro de cuatro o cinco años”, ha explicado el responsable de Sectores Socioeducativos de la Federación de Enseñanza de CCOO, que también ha amenazado con movilizaciones, si el Ejecutivo regional no rectifica la orden ni garantiza los empleos ni las condiciones laborales.

Tras preguntar si la Consejería tiene alguna “razón política” para no incluir en dicho concierto la referencia al convenio colectivo del sector que, según ha precisado, es una ley de obligado cumplimiento para los trabajadores y para las empresas afectadas, ha arremetido contra la consejera.

“Lamento muchísimo que la consejera tenga ese grado supino de insensibilidad para con los trabajadores que prestan un servicio público en una empresa. Esas ONG, insisto, con las que no quiero ser especialmente cruel, son empresas mercantiles que prestan un servicio y que tienen una serie de responsabilidades”, ha vuelto a criticar.

La Mesa del Tercer Sector apoya las críticas

Por su parte, la Mesa del Tercer Sector se ha unido a CCOO en su petición. “Estamos en la misma línea de lo que reivindica CCOO”, ha asegurado el presidente de la Mesa del Tercer Sector, José Antonio Romero, que, en declaraciones a Europa Press, ha lamentado haber conocido alguno de los puntos de dicho concierto tras publicarse en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la orden que recoge el pliego de condiciones.

Según Romero, desde las entidades prestatarias de estos servicios discrepan de que los salarios de sus trabajadores se tengan que actualizar en la misma proporción que las retribuciones del personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

“Una vez que se revisan los precios plaza, el coste de los salarios tiene que estar ajustado con base en el convenio colectivo de referencia. Coincidimos con las exigencias de Comisiones Obreras, porque así se recoge en otros conciertos sociales, como puede ser el de Extremadura, Murcia, Andalucía, o en la propia Ley de Servicios Sociales de Cantabria”, apunta.

En este sentido, según ha indicado el representante de la Mesa del Tercer Sector, las entidades también muestran inquietud por la partida económica que sustenta dicho concierto, más de 106 millones de euros para el período 2024-2029 prorrogable hasta un máximo de 10 años. Dudan de que con ese presupuesto vayan a poder hacer frente a los incrementos salariales que tendrán que aplicar en virtud del nuevo convenio colectivo del sector, que va a entrar en vigor dentro de nada.

“Por ejemplo, si la Administración regional sube un 2% los costes del personal público, pero el convenio colectivo establece que hay que subir un 4% a estos trabajadores, hay una diferencia de un 2% que tendrán que cubrir las entidades”, ha alertado Romero, que se muestra confiado en que el Gobierno regional modifique estas cuestiones de la orden antes de que entre en vigor el 1 de noviembre, en los Centros de Primera Acogida y Valoración, y el 1 de enero de 2025 en el resto de los hogares y centros.

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha ha presentado 36 enmiendas durante el proceso de participación pública del futuro Estatuto de Castilla-La Mancha, tras las reuniones mantenidas durante el mes de julio con los representantes del Partido Socialista y Partido Popular en las Cortes regionales.

Estas propuestas al texto incorporan los planteamientos de las entidades que trabajan en la región con personas en situación de pobreza, discapacidad, mayores, infancia, cooperación internacional, emergencia social y voluntariado.

Firan en torno a tres ejes: por un lado, la definición terminológica más acorde a las nuevas leyes y normativas; incorporando no sólo un principio de representatividad y sensibilidad al futuro texto legal, sino una forma de entender el marco legal que guiará los próximos años el desarrollo de las leyes en la región más acorde a la diversidad y pluralidad de la sociedad actual.

En segundo lugar, la incorporación de planteamientos que amplíen el carácter social del futuro estatuto incorporando la accesibilidad universal, la importancia de la solidaridad, la dependencia, la diversidad, y la garantía de los servicios y los derechos sociales En tercer y último lugar, la participación del tercer sector en espacios de diálogo e interlocución con la administración como parte de la sociedad civil articulada

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha está compuesta por siete entidades: la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE); el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi C-LM); la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN C-LM); la Cruz Roja, la Plataforma de Organizaciones de la Infancia C-LM (POI C-LM); la Coordinadora de ONGD de C-LM; la Asociación de Castilla -La Mancha de residencias y servicios de atención a los mayores (Acescam); y la Plataforma del Voluntariado (PV C-LM).

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha impulsado por octavo año la convocatoria de proyectos financiados con cargo a la recaudación del IRPF en la región y el Impuesto de Sociedades. La viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, ha informado de los detalles de esta convocatoria, que se ha publicado con tres meses de adelanto respecto a otros años y que pretende estar resuelta antes del final de este 2024. 

Castilla-La Mancha ha sido de las primeras comunidades autónomas en sacar esta convocatoria para 2024, que fue publicada el pasado 2 de mayo, adelantándose más de dos meses respecto a la fecha de publicación en 2023. “Esto nos permite asegurar que las entidades han podido madurar con mucha más profundidad los diferentes proyectos para presentar los mejores que tenían en sus manos”, ha afirmado Martín.

 Aunque la resolución se ha publicado inicialmente con un fondo de 15,3 millones de euros, un 57 por ciento más que en 2017 -cuando la comunidad autónoma empezó a gestionar esta convocatoria-, su dotación presupuestaria se verá incrementada en lo que corresponda a Castilla-La Mancha de la liquidación del 0,7 por ciento del Impuesto de Sociedades.

 “La cantidad avanzada por el Ministerio para resolver en 2024 se eleva a 17.048.116 euros, a la espera de que ésta sea ratificada por el Consejo de Ministros y el Consejo Territorial de Servicios Sociales”, ha explicado la viceconsejera.

Ha destacado así la mayor eficiencia con la que se gestiona esta convocatoria a nivel autonómico, lo que ha permitido introducir “mejoras muy importantes por la cercanía, por el grado de conocimiento de los propios proyectos, por el conocimiento de las entidades que concurren y, sobre todo, porque somos capaces de tener una extraordinaria coordinación con todas las entidades del Tercer Sector y hacer una mejor identificación de las necesidades que se producen en nuestro territorio”.

Más proyectos sociales presentados que en anteriores convocatorias

Esto ha contribuido a que el número de proyectos presentados por las entidades haya ido creciendo exponencialmente junto con la convocatoria, año tras año. Así, en 2021 fueron 439 proyectos financiados y en 2022, 434, mientras que en la convocatoria de 2023 se valoraron 747, siendo aprobados definitivamente 457 y concurrieron 346 entidades. 

Durante el plazo habilitado para la presentación de propuestas de este año, entre el 10 de mayo y el 3 de junio de 2024, se han recibido 799 solicitudes, presentadas por 337 entidades concurrentes que, tras el proceso de depuración, se han totalizado en 759 proyectos a valorar.

La fase de evaluación de la actual convocatoria ya está en marcha y se espera que la resolución final esté lista antes de que termine el año, permitiendo a las entidades comenzar 2025 con la financiación asegurada. “Es la garantía en la ejecución de proyectos el objetivo que nos hemos marcado y que tanto valoran las entidades”, ha concluido la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales.

 Antes de finalizar, Guadalupe Martín ha querido agradecer a las entidades del Tercer Sector el “grandísimo esfuerzo por presentar lo mejor de su trabajo a esa convocatoria, con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y conseguir entre todos una sociedad más justa y solidaria”. Del mismo modo, la viceconsejera también ha agradecido, en nombre del Gobierno regional, a las personas que marcan la 'X solidaria' en su declaración de la renta y a las empresas por su aportación a través del Impuesto de Sociedades.

La Fundación Banco de Alimentos de La Rioja ha nombrado como presidente de su entidad a Juan Carlos Fernández Ferraces, pasando su actual presidente José Manuel Pascual Salcedo, que lo es desde el año 2014, a vicepresidente. El resto de la Junta directiva de esta institución tiene como secretario a Iván Jalón Antoñanzas, y como vocales a: Jesús Senosiain Maeztu, Antonio Egido García, Ángel Nicolás Rodrigo, Enrique Delgado Gómez e Isabel Bustillo García.

El responsable del Área de Captación de Recursos seguirá siendo José Manuel Pascual Salcedo; responsable del Área de Administración y Relaciones Institucionales, Juan Carlos Fernández Ferraces; responsable del Área de Comunicación, Antonio Egido García; responsable del Área de Relaciones Externas, Carlos Ferrer Yábar; responsable del Área de Voluntariado, Juan Pablo Marauri; responsable del Área de Informática y TIC, Enrique Delgado Gómez, responsable de Donantes de Empresas, Francisco Rodríguez Ochagavía y finalmente, responsable de Administración, Ana Martorell.

Juan Carlos Fernández Ferraces, que es voluntario del Banco desde el año 2006 ha indicado, tras la toma de su posesión que “El 6,7 % de la población de nuestra comunidad autónoma vive con carencia material y social severa. Un 5,4 % no puede permitirse comer carne, pollo o pescado cada dos días. Estos fríos datos justifican la labor del Banco de Alimentos de La Rioja. La lucha de nuestra organización contra la carencia de alimentos en nuestra comunidad nos corresponde a todos. La sociedad riojana articulada a través de nuestro ”puente de la solidaridad“ permite que no exista derroche alimentario. Nuevos tiempos y nuevas metas. El objetivo de nuestra entidad únicamente radica en que no existan personas entre nosotros que carezcan de algo tan fundamental como una alimentación digna. Como sociedad dicha meta es posible, depende únicamente de la solidaridad de los riojanos”.

Y el hasta ahora presidente que en este año cumple 10 años en su cargo, José Manuel Pascual Salcedo, ha indicado que “con 10 años siendo presidente, he cumplido un ciclo y hace falta nueva gente para los nuevos retos del Banco de Alimentos de La Rioja. No obstante, yo voy a seguir vinculado al Banco para ayudar en lo que pueda. Soy un voluntario más, o así yo lo he entendido, a pesar de que los compañeros me nombraran presidente de este Banco”.

El mercado de las sociedades de capital, tal y como hoy las conocemos, se mueve, se transforma y arrastra con ello a toda la sociedad. El contexto internacional y socioeconómico así lo ha demostrado. Que existen alternativas para paliar los bandazos de las crisis y las recesiones es indudable. Son ejemplos la economía social y solidaria o los proyectos autogestionados. Pero, ¿hasta qué punto son influyentes estas iniciativas? ¿Se puede emprender desde lo social y al mismo tiempo ser eficiente?

La búsqueda de ese “nuevo mercado” lleva años fraguándose entre miles de proyectos del país que buscan no quedar constreñidos por las reglas del capitalismo. En la mayoría de los casos quienes los llevan a cabo son entidades sociales del Tercer Sector, cuya dependencia de las administraciones públicas también supone un corsé en ocasiones demasiado apretado.

Para intentar promover un modelo en el que estas entidades puedan emprender en la economía social sin depender (del todo) de esas ataduras, la Fundación NexoEmpleo ha elaborado el estudio 'Lo social emprende. Empresas para el cambio', enmarcado en su objetivo de generar puestos de trabajo conforme a esta filosofía.

Lo presenta este lunes en la sede de la ONCE y de la Mesa del Tercer Sector en Toledo, en un acto en el que colabora elDiario.es Castilla-La Mancha dentro los actos por el décimo aniversario de la edición, que cumple este año. El acto será retransmitido en streaming por el canal de Youtube de elDiarioclm.es y también podrá seguirse en la página de NexoEmpleo en LinkeDIn.

El estudio se presentará en el marco de un debate sobre la pertinencia del emprendimiento dentro del Tercer Sector. Acuden la directora general de Autónomos y Economía Social, Ana Carmona; José Martínez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha; José A. Romero, presidente Mesa del Tercer Sector y Juan Miguel del Real, presidente de Economía Social Castilla-La Mancha. Todos ellos junto a los autores del estudio, Víctor García Fachal y Cristina M. Izarra, de NexoEmpleo, moderados por la periodista Alicia Avilés Pozo, de elDiarioclm.es.

Entidades sociales “cada vez para preparadas” para emprender

El estudio demuestra que las entidades sociales están “cada vez más preparadas” para iniciar emprendimientos que les garanticen “independencia frente a las administraciones públicas”.

Entre las conclusiones del documento, sus autores destacan que el nicho natural de emprendimiento del Tercer Sector es precisamente la economía social y solidaria, que contempla diferentes formas jurídicas como la asociación o la fundación sin ánimo de lucro, las cooperativas, las sociedades laborales o las empresas de inserción.

Esta economía, cuya principal característica es que “pone a la persona y al planeta en el centro”, está “llamada a cambiar el mercado tal y como lo conocemos”. Porque, como señala Víctor García “las entidades sociales no tienen ánimo de lucro, pero sí ánimo de facturación para cumplir sus fines y conseguir la sostenibilidad de sus proyectos más allá de las subvenciones públicas”.

La argumentación está basada en que estas entidades están cada vez más acompañadas por oficinas de emprendimiento públicas y privadas, cursos de formación en habilidades de gestión empresarial o estudios académicos, porque las administraciones públicas “se han dado cuenta del inmenso potencial de cambio del Tercer Sector”.

“La necesidad de emprender desde el Tercer Sector es algo que va más allá de la autonomía financiera”, subrayan los autores. Y por ello consideran que pedir al Tercer Sector que emprenda es ir también “más allá de lo estrictamente económico”. Tiene que ver, alegan, con “la cultura organizativa que la sociedad civil y le permite estar más preparada para los cambios constantes a los que nos vamos a enfrentar”.

Es el motivo por el que consideran que hablar hoy de entidades sociales sin hablar de emprender es “negar al tercer sector el papel de agente de cambio social y concebirlo como un mero gestor de recursos, desde una visión estrictamente conservadora”.

Bajo este contexto, el estudio aborda dos escenarios a elegir: un Tercer Sector “conservador, mero gestor de subvenciones” o unas organizaciones “fuertes, autónomas” y con “capacidad de cambio social”.

“Se trata de dar un paso más allá y de concebir que el Tercer Sector es más que la discapacidad, la promoción cultural, la exclusión social, promoción de empleo, organizaciones sociolaborales y las ONG de desarrollo, vecinales o cualquier otro colectivo.  Lo que necesitamos es un marco jurídico que respalde su iniciativa emprendedora como entes generadores de empleo”.

Un nicho de empleos que puede crecer de forma sostenida y sostenible

De hecho, los autores de “Lo social emprende” advierten de que para ello no basta solo con las empresas de inserción o con las cooperativas de iniciativa social, que “son muy importantes, pero solo una pequeña parte de la economía social”. Debe ser también “un nicho de empleos que puede crecer de forma sostenida y sostenible”.

“La gran transformación de la economía va a llegar desde el Tercer Sector”, proclama el estudio en sus conclusiones, añadiendo que “todavía está por ver la primera administración pública, valiente, que destine una partida presupuestaria para apoyar acciones de emprendimiento desde el Tercer Sector con medidas de acompañamiento y compatibles con subvenciones y convenios. Pero llegará”.

Aunque también resalta que toca a las entidades sociales “demostrar que son capaces de emprender y sostener iniciativas económicas viables y desde la cofinanciación exigir a las administraciones públicas su parte en el proceso”. “Ojalá pronto veamos a empresas españolas y europeas hacer lo mismo. Eso generará unos mecanismos colaborativos que pueden mezclar lo mejor de lo público con lo mejor de lo privado, y ese espacio emprendedor, y de mantenimiento del sistema de bienestar, se llama Tercer Sector Emprendedor”, concluye.

La Fundación NexoEmpleo, especializada en programas de inserción sociolaboral para colectivos vulnerables y emprendimiento social, desarrolla un programa de Aceleradora Social dentro del PERTE de Economía Social y de los Cuidados de 2023 llamado ‘Crea Social’ y están acompañando ya a más de una docena de entidades sociales y emprendedores que quieren abrir empresa con las fórmulas de la Economía Social y Solidaria.

El próximo lunes 26 de febrero se presenta en la sede de la ONCE y de la Mesa del Tercer Sector de Toledo el estudio ‘Lo social emprende. Empresas para el cambio’, de la Fundación NexoEmpleo, financiado por la Dirección General de Autónomos y Economía Social de la Junta de Castilla-La Mancha. En este acto participa elDiario.es de Castilla-La Mancha dentro de los actos por nuestro décimo aniversario.

El estudio se presentará en el marco de un debate sobre la pertinencia del emprendimiento dentro del Tercer Sector entre sus representantes. Acudirán la directora general de Autónomos y Economía Social, Ana Carmona; José Martínez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha; José A. Romero, presidente Mesa del Tercer Sector y Juan Miguel del Real, presidente de Economía Social Castilla-La Mancha, quienes, junto a los autores del estudio y moderados por Alicia Avilés, periodista de elDiario.es Castilla-La Mancha, pondrán sobre la mesa las actitudes y aptitudes del Tercer Sector para emprender.

El acto será retransmitido en streaming por el canal de Youtube de elDiarioclm.es y también podrá seguirse en la página de NexoEmpleo en LinkeDIn.

Independencia frente a las administraciones

Los autores del estudio, Víctor García Fachal y Cristina M. Izarra han adelantado que este documento demuestra que las entidades sociales, el Tercer Sector, está cada vez más preparado para iniciar emprendimientos que les garanticen independencia frente a las administraciones públicas. Con ello, el objetivo puede llegar a incluso a “cambiar el mercado”.

La Fundación NexoEmpleo, especializada en programas de inserción sociolaboral para colectivos vulnerables y emprendimiento social, desarrolla un programa de Aceleradora Social dentro del PERTE Social y de cuidados de 2023 llamado ‘Crea Social’.

Está acompañando ya a más de una docena de entidades sociales y emprendedores que quieren abrir empresas con las fórmulas de la Economía Social y Solidaria. “Ahora los retos que se nos presentan son continuar formándonos, indagar en las necesidades reales de la gente y seguir poniendo los cuidados por delante”.

La Fundación Eurocaja Rural convocó el pasado mes de octubre una nueva edición del programa 'WORKIN', ayudas destinadas a proyectos de inserción laboral de personas con discapacidad, así como acciones formativas en competencias profesionales para este colectivo.

En total, se han recibido 85 proyectos procedentes de todas las provincias donde Eurocaja Rural tiene presencia. Tras su estudio y valoración, se han seleccionado 10 proyectos y cada uno de ellos tendrá una ayuda de 10.000 euros. 

Los proyectos seleccionados tienen como principal objetivo lograr una inclusión social real de las personas con discapacidad. Además, destacan por su impacto significativo y su importancia para entidades y personas con discapacidad, proporcionando oportunidades para la formación continua, acceso a programas de orientación laboral, profesionalización en centros de ocupación y la posibilidad de obtener un empleo normalizado mediante el empleo con apoyo.

Estas son las asociaciones beneficiarias y los detalles de los proyectos:

1. ASPRONA LEÓN, por su proyecto 'Aspro-Workin'. El programa pretende favorecer la empleabilidad de las personas con discapacidad que accedan al proyecto, mediante una formación específica de Operaciones de Manipulado y la realización de otro módulo de formación en el puesto de trabajo.

2. FEAFES PALENCIA, por su proyecto 'Kit rural, mejora tus competencias profesionales'. Contempla una serie de Itinerarios Formativos que incluye bloques temáticos de competencias personales, inteligencia emocional y habilidades sociales, autoestima, imagen personal, competencias para la empleabilidad, capacitación digital para la búsqueda de empleo.

3. FUNDACIÓN ASPANIAS BURGOS, por su proyecto 'Busca tu talento personal'. El programa incluye formación y orientación en puesto de trabajo apoyado por el seguimiento de un preparador laboral realizando cuantas adaptaciones en el puesto sean necesarias.

4. PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA, por su proyecto 'Protocolo 4.0.', esta iniciativa persigue formar a personas con capacidades diferentes en los aspectos clave de las actividades protocolarias a realizar por el personal auxiliar de eventos, relacionado con cocina y servicios de suministro de comidas y bebidas.

5. ASMICRIP (Campo de Criptana, Ciudad real), por su proyecto 'Inserción laboral de persona con discapacidad en el Centro de Recuperación y Mantenimiento de ASMICRIP'. El proyecto consiste en la contratación indefinida de una persona con discapacidad para desempeñar las funciones de conductor de transporte colectivo adaptado en el Centro de Recuperación y Mantenimiento de la asociación.

6. ASOCIACIÓN ENTRE TODOS (Elche de la Sierra, Albacete), por su proyecto 'Incluyéndonos: por la integración socio laboral de las personas con discapacidad en la Sierra del Segura'. La asociación inicia un proyecto centrado en el empleo y la formación para personas con discapacidad, enfocado en capacitación sectorial y competencias transversales.

7. PATRONATO INTERMUNICIPAL FRANCISCO ESTEVE (Paterna, Valencia), por su proyecto 'Abriendo puertas hacia una inclusión real: una formación integral para el empleo'. En el programa se imparte formación integral para personas con discapacidad intelectual, centrada en competencias esenciales y laborales, destacando un taller específico para el puesto de Conserje/Ordenanza. El enfoque busca el éxito laboral y la plena inclusión.

8. ASOCIACIÓN ADINA (Las Pedroñeras, Cuenca), por su proyecto 'ADINA Héroes'. El programa consiste en la creación de videojuegos para sensibilizar sobre la exclusión de personas con discapacidad intelectual, destacando sus derechos y talentos, especialmente entre los jóvenes. La creación y el desarrollo de videojuegos lo realizan personas con discapacidad, completamente integradas en el proyecto, realizan diseños conceptuales y forman parte del equipo artístico de un proyecto ADAPTADO a ellos.

9. CÍRVITE (Madrid), por su proyecto '#TrofeosConALMA'. Programa de emprendimiento e inserción socio-laboral mediante la creación de galardones éticos, sostenibles y solidarios realizados por personas con discapacidad. 

10. DOWN TOLEDO, por su proyecto 'ForARTE Down'. El propósito de todas las actividades dentro de este programa es estimular la creatividad y el potencial artístico de los participantes a través de su cooperación en diversos talleres vinculados al campo de las Bellas Artes.

La Fundación agradece a todas las asociaciones del tercer sector la “variedad y calidad” de los proyectos presentados y la labor que realizan día a día en beneficio del colectivo de personas con discapacidad, y desea que las iniciativas finalmente seleccionadas alcancen los objetivos propuestos gracias a estas ayudas 'WORKIN'.