Òmnium Cultural ha reelegido este sábado a Xavier Antich como presidente. La asamblea general ordinaria también ha escogido una nueva junta con las vicepresidencias de Mariona Lladonosa, Àngel Castiñeira y Elena Subirà, y Teresa Navarro como tesorera.

En su discurso de toma de posesión, Antich ha advertido de que arranca un ciclo electoral “diabólico” que obligará a la entidad a estar preparada y a “jugar mejor las cartas para avanzar en las aspiraciones nacionales” de Catalunya.

Pese a ser consciente del “daño” que puede hacer el ciclo electoral al independentismo por el auge de la extrema derecha, el reelegido dirigente de Òmnium afronta el futuro más inmediato con “ambición ganadora” en defensa de la democracia y del derecho de autodeterminación de las naciones sin estado.

En este sentido, Antich ha asegurado que Òmnium tiene “brújula”, sabe dónde quiere ir y “qué hay que hacer para llegar”. Por eso, ha apostado por la “construcción nacional”, un término que interpela la lengua, la escuela, la cultura, la cohesión, la juventud organizada, los Països Catalans, la acción internacional, la fuerza del territorio, la sociedad civil organizada y la libertad del país.

Antich ha recordado la trayectoria de la entidad y la bandera de haber sido pioneros en defender la lengua en la escuela, formando a miles de maestros de catalán durante los años 60 y 70. “Venimos de quienes, en tiempos mucho más duros que los actuales, lucharon y resistieron contra una dictadura”, ha enfatizado.

Sobre la desafección política, Antic ha remarcado que Òmnium es “sinónimo de construcción y esperanza”, lo que hace que la entidad tenga que ser “inmune al desánimo” y “depositaria de una enorme responsabilidad”. Òmnium, ha defendido, “no ha pasado a la oposición, sigue siendo la principal organización de la sociedad civil”.

Antich es presidente de Òmnium desde febrero del 2022, cuando sustituyó a Jordi Cuixart. La entidad, que no recibe ni subvenciones ni se financia con créditos bancarios, fue creada en 1961 y sigue teniendo como uno de los objetivos fundamentales la promoción de la lengua y cultura catalanas e intentar tender puentes entre los distintos actores soberanistas, no siempre bien avenidos.

Durante la presidencia de Antich, Òmnium también ha reclamado a las instituciones, partidos, sociedad civil, mundo empresarial y sindicatos, así como a los ámbitos de la cultura, la educación, el ocio y el deporte, que se comprometen con la lengua catalana, y ha respondido al auge de la extrema derecha independentista recordando que la construcción nacional de Catalunya pasa por sumar nuevos catalanes al país.

Hace casi cuatro años, Midu se disponía a migrar por segunda vez antes de haber cumplido los 25. Primero, abandonó su Argelia natal para ir a Turquía. Pero allí no consiguió mejorar su situación y decidió probar suerte en Europa. Así que puso rumbo a Alemania, donde le esperaban algunos familiares.

Surcó a pie buena parte de los 2.000 kilómetros de la Ruta de los Balcanes, una travesía que, aunque peligrosa y dura, es una de las principales vías de entrada de decenas de miles de refugiados y migrantes. Midu consiguió llegar, pero su viaje no había de acabar ahí. Aunque trabajó durante más de un año y medio en una conocida cadena de zapaterías y podía acreditar arraigo, el gobierno alemán le negó el permiso de residencia. Y le tocó volver a empezar.

Esa vez decidió poner rumbo a Barcelona. De eso han pasado apenas 10 meses, pero hoy se encuentra a punto de graduarse en mecatrónica, en pleno proceso de regularización y tomando té con menta junto a sus nuevos compañeros de piso. Todo jóvenes que, como él, se han visto obligados a dejar sus hogares para subsistir y que, en el transcurso entre dejar una vida y empezar otra, han vivido migraciones traumáticas. En algunos casos, hasta han tenido que dormir en la calle antes de volver a encontrar un techo.

Midu vive con una quincena de personas en una amplia casa del barrio de Vallcarca. Una casa que tiene un nombre: Es una BACstation, un recurso residencial gestionado por BarcelonActua, una iniciativa impulsada por la convocatoria de proyectos sociales de la Fundació “la Caixa”. Además de esta, tienen otras dos y acogen a un total de 55 personas. Esta entidad lleva años trabajando con migrantes en situación de vulnerabilidad, pero no fue hasta 2020 cuando iniciaron el proyecto de viviendas.

“Nosotros estábamos calentitos en casa, pasando el confinamiento, y ellos vivían en la calle. Todo lo que habíamos trabajado para que pudieran regularizar su situación y encontrar trabajo se estaba perdiendo”, cuenta Laia Serrano, directora de BarcelonActua. Al principio, consiguieron movilizar a 25 familias para que acogieran a jóvenes. Luego, viendo que la demanda era alta, les surgió la posibilidad de alquilar un hostal que estaba vacío por la pandemia, donde acogieron a 32 personas. Al cabo de un mes, el Ayuntamiento les pidió habilitar un nuevo hostal, que también se llenó en seguida.

Así, ese proyecto que debía ser temporal, se acabó convirtiendo en una iniciativa permanente. “Vimos que aquel era el camino”, sigue Serrano. Así que juntaron recursos y acabaron alquilando tres casas –van camino de la cuarta– para dar un techo a estos jóvenes. “Por mucho trabajo que se haga para integrar a la gente, el sinhogarismo es muy duro. Siempre hay un momento de inflexión en el que alguien que duerme en la calle pasa al lado oscuro. El objetivo es actuar antes”, añade.

Midu estuvo en esa cuerda floja. Cuando llegó a Barcelona, pudo costearse un hostal, pero el dinero de sus anteriores trabajos se fue acabando. “Dejé de poder pagar. Buscaba trabajo, pero también qué comer, dónde dormir... Fueron días difíciles”, explica, lacónico. Viendo que cubrir sus necesidades básicas le estaba costando más de lo esperado, empezó a investigar quién podía ayudarle. Y así dio con BarcelonActua, que le ofreció entrar en uno de sus pisos.

Los requisitos son pocos: ser migrante, tener más de 18 años, estar empadronado, dispuesto a trabajar y, detalle no menor, a aprender catalán. El joven argelino los cumplía todos y se mudó a principios de marzo.

En este tiempo, ha vuelto a estudiar y se está preparando el examen final de un Grado Superior que dejó a medias antes de migrar. También se ha matriculado en la escuela de idiomas para iniciarse en el catalán y perfeccionar un castellano más que decente. “Es muy importante hablar las lenguas de aquí, todas las que haya, porque es una manera de conocer el sitio en el que me quiero quedar”, dice Midu, que habla seis idiomas. Él es un ejemplo que demuestra la cifra de que el 70% de jóvenes migrantes se han incorporado al mercado de trabajo.

Sortear el racismo inmobiliario

Las viviendas de BarcelonActua tienen grandes espacios comunes en los que los habitantes pueden pasar el rato, tanto entre ellos como con la amplia red de voluntarios que tiene la entidad. “La clave de la integración es la socialización”, remarca Serrano. Cuentan con parejas lingüísticas, profesores de repaso y gente que, simplemente, va a pasar el rato con ellos y les acompaña a conocer la ciudad. “Hemos creado un equipo de fútbol y también tenemos un grupo para ir al teatro”, cuenta Midu, que se declara amante de las actividades culturales.

La idea es que estos jóvenes, después de lo que han pasado, tengan una vida lo más normal posible y, aunque estén lejos de sus familias, puedan contar con una red de apoyo. Todo ello teniendo en cuenta que el objetivo último es su plena integración en Catalunya. Y eso pasa, necesariamente, por encontrar un trabajo. Con la actual falta de mano de obra, desde la entidad reconocen que no es difícil que los chicos consigan un sueldo; lo que sí es más complicado es que sea un empleo con contrato.

“Hay mucho racismo y muchas empresas que se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas”, aseguran desde BarcelonActua. Por ello, han establecido convenios con diversas compañías locales para emplear a los jóvenes que tienen acogidos. Una de ellas es la cadena de supermercados Veritas, que en el último año ha dado trabajo a 13 usuarios de esta entidad. “Lo mejor es que les tienen de cara al público, con lo que ellos pueden practicar idiomas y, además, se hace un trabajo de concienciación antirracista con los clientes”, explica Serrano.

Zakaria es uno de esos trabajadores. Él se emancipó de BarcelonActua en enero y todavía conserva el trabajo en el supermercado, un empleo que compagina con sus estudios en la Escuela de Instaladores de Barcelona. Este marroquí de 24 años arribó a las Canarias cuando apenas había cumplido los 18 y se le dibuja una sonrisa de oreja a oreja cuando presume de su primer “trabajo legal”.

Él pudo evitar vivir en la calle porque encontró una entidad canaria que le ofreció un techo y le abrió las puertas a una escuela en la que empezó a estudiar diseño gráfico mientras trabajaba de lo que le saliera. Siempre sin contrato. Estuvo dos años en esa situación, hasta que decidió probar suerte en otro sitio. Así llegó a la capital catalana, no sin antes haber contactado previamente con BarcelonActua.

“No somos estrictos con los requisitos; simplemente pedimos que tengan ganas de trabajar e integrarse”, explican desde la entidad. Y tienen bastante lista de espera. A pesar de que hay mucha gente que llama a sus puertas, nunca dejan que nadie se vaya de sus pisos hasta que ha conseguido un permiso de trabajo y un nuevo contrato de alquiler. “¿De qué serviría todo el trabajo que hemos hecho si, de un día para otro, les echamos a la calle y se quedan sin techo?”, se pregunta Serrano.

Ese proceso puede tardar más o menos, dependiendo de la persona y la suerte que tenga. El permiso de trabajo no suele ser un problema teniendo en cuenta que tienen con un empleo casi asegurado. El problema, cuentan, es encontrar un alquiler por su cuenta. “Ni te imaginas la de racismo que hay”, se lamenta Zakaria. Él ha sufrido en sus propias carnes el desprecio de parte de la sociedad catalana; ha tenido que aguantar identificaciones policiales por el color de su piel y también ha visto cómo le negaban un alquiler por llamarse como se llama.

El racismo inmobiliario, lacra que en España es practicada por el 99% de agencias, según un informe de Provivienda, es bien conocido por Zakaria. Él entró en el piso de BarcelonActua en 2022, sin estudios acabados, trabajo o permiso de residencia. Cuatro años después, ya había conseguido todo eso y se había cerciorado de que Catalunya es el lugar en el que se quiere quedar. Pero cuando le tocó emanciparse, todo fueron puertas cerradas. “No lo entendía, se suponía que lo había hecho todo bien”, cuenta el joven.

Esta es una realidad que se repite constantemente entre los usuarios de la entidad. Por eso, y conscientes de que no pueden tenerlos eternamente bajo su ala, pero tampoco pueden echarlos a los leones, desde BarcelonActúa han alargado un poco su acompañamiento. Ellos mismos han alquilado dos pisos con cuatro plazas cada uno, para aquellos jóvenes a los que les cueste más independizarse.

“No es ningún regalo”, advierte Serrano. Quienes acceden a este recurso tienen trabajo, por lo que pagan su parte de alquiler y los gastos. “Es simplemente una manera de darles algo más de tiempo”, cuenta la directora de la entidad, que alerta de que, si bien hace años el gran escollo para la integración de los migrantes era acceder al mercado laboral, ahora es la vivienda.

“Es muy difícil irte de tu casa sin saber a dónde vas o qué va a pasar”, se lamenta Midu. Para él, el camino acaba de empezar y para Zakaria se empieza a enderezar. “Yo he sacrificado mucho, ha sido largo y duro, pero ahora, por fin, soy feliz”, dice. Se pasó más de tres años sin poder ver a su madre. “Estudié y trabajé cada día, hasta obtener el permiso y estar seguro de que, si me iba, me dejarían volver a entrar en España”, dice este joven marroquí que, durante el tiempo que duró el proceso de su regularización rezaba para que nadie de su familia enfermara.

Finalmente, eso no pasó. Hace poco, pudo volver a Marruecos y ver a su madre. Cuando lo cuenta, su mirada se ilumina, igual que la de Midu cuando le escucha hablar. A pesar de que no comparten origen, sus historias tienen mucho en común. Y, aunque se llevan casi cinco años, el más joven de ellos actúa de mentor: “Tienes que darlo todo. Tener disciplina y buscar las cosas buenas. No te concentres en el mal ambiente. Esto será una montaña rusa, pero tú intenta buscar una línea recta y llegarás al final. Te lo prometo”.

Vuelve la polémica. El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, se ha reunido este martes con entidades de acogida y organizaciones incorporadas al registro de entidades colaboradoras del proceso de regularización masiva puesto en marcha en toda España para hacer un balance positivo del proceso. Pero también ha cargado contra la campaña de “bulos” y obstáculos administrativos en Zaragoza de la primera semana del proceso. Entidades sociales que trabajan sobre el terreno han denunciado además un supuesto “boicot” del Ayuntamiento en los primeros días del procedimiento, especialmente en relación con los trámites del padrón y los certificados de vulnerabilidad. Beltrán ha restado importancia a la reclamación del Ayuntamiento de Zaragoza de abonar los gastos derivados del proceso de regularización pero la reacción de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, no ha tardado en llegar y ha amenazado con posibles medidas legales si el gobierno central se desentiende de su petición.

Sobre los bulos generados, Beltrán ha criticado la “imagen distorsionada” generada al inicio de la campaña y niega que el proceso provoque un “efecto llamada”, al recordar que los solicitantes deben acreditar estancia en España desde finales del año pasado y al menos cinco meses de residencia previa.

Scarleth Castillo, miembro de la Asociación Nicaragua Libre y sindicato Osta, también ha puesto el acento en que muchas personas migrantes están llegando a las asociaciones “muy afectadas por el tema de los bulos”. Por ello, ha reclamado la colaboración de los medios de comunicación para transmitir tranquilidad y recuerda que el proceso “va a devolver dignidad” a personas que ya trabajan y viven en España.

Con respecto a la tramitación, Castillo no ha dudado en poner el acento en que el principal problema del arranque de la campaña procedía de la oficina municipal del padrón. “Yo personalmente digo que fue un boicot”, ha afirmado Castillo, al denunciar que el Ayuntamiento exigía inicialmente el certificado histórico del padrón cuando, según las entidades, bastaba con el volante de empadronamiento.

La representante social ha explicado que esta situación ralentizó el inicio del proceso y provocó que muchas personas acudieran a las asociaciones para solicitar certificados de vulnerabilidad que todavía no les facilitaba el consistorio. Aun así, asegura que la situación se ha estabilizado gracias al trabajo de difusión realizado por las entidades y considera que el procedimiento “ha cogido un ritmo muy bueno”.

El inicio del proceso comenzó con un cruce de críticas entre administraciones por las dudas iniciales del procedimiento a seguir, y que llevó al Ayuntamiento de Zaragoza a centralizar todos los trámites en la plaza del Pilar, provocando grandes filas de personas que se apostaban contra los muros del consistorio desde primeras horas de la madrugada. Las propias trabajadoras de los servicios sociales denunciaron la orden por la que se impedía a las juntas de distrito y centros sociales atender a los migrantes. Después, una vez ampliados los puntos de atención y calmada la situación, el tono se elevó al reclamar el Ayuntamiento de Zaragoza colaboración para atender el coste económico de la atención a migrantes. El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, ha rechazado la polémica y la ha calificado de “más artificial que real”.

Beltrán ha reprochado al consistorio que plantee cálculos sobre el gasto derivado de atender a inmigrantes empadronados en la ciudad. “El Ayuntamiento de Zaragoza lo que está haciendo es atender zaragozanos”, ha afirmado, antes de añadir que distinguir “zaragozanos de primera, de segunda o de tercera” es algo que “no le cabe en la cabeza”.

También asegura que no existe ningún mecanismo para compensar mutuamente los gastos entre administraciones y recordó que el Gobierno de España despliega efectivos policiales en grandes eventos de Zaragoza sin reclamar posteriormente costes al consistorio.

Chueca: “no hay precedentes de este maltrato”

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, no ha tardado en responder de forma airada y en anunciar posibles medidas legales. Considera una “falta de respeto institucional” y una “desvergüenza” que el Gobierno de la nación transfiera competencias a otras administraciones a través del decreto ley que decayó, “usurpando la voluntad del Congreso de los Diputados” y buscando “un atajo para actuar por detrás”. Además, ha recordado que los decretos deben ir acompañados de la correspondiente aportación económica para sufragar el gasto derivado de la transferencia de competencias. Por ello, considera que se trata de un “abuso” que el Ejecutivo admita que no se hará cargo de esos costes.

Llegados a este punto, Chueca ha respondido con los argumentos propios del PP en estos casos: “No hay precedentes en la España democrática de este tipo de maltrato a las administraciones locales. Aunque, viniendo del Gobierno de Pedro Sánchez, no me sorprende. Es un presidente que gobierna sin haber ganado las elecciones y apoyado por los herederos de ETA, que hace unos años mataban a antiguos compañeros de su partido y que ahora están siendo liberados en el País Vasco”, ha afirmado. “Y eso sin contar el despropósito de la financiación autonómica, con la que quiere privilegiar a sus socios independentistas catalanes. Obligarnos a asumir esta regularización de inmigrantes ilegales de forma precipitada, descontrolada y generando problemas en todas las ciudades me parece un despropósito”. Por todo ello, ha anunciado que estudiarán todas las medidas legales para que esto no se quede aquí y para que el Gobierno asuma su obligación legal de dotar económicamente a las instituciones a las que encarga estas competencias.

Asimismo, ha rechazado cualquier comparación con el coste de las actuaciones de la Policía Nacional o la Guardia Civil en la ciudad. “Que no se le ocurra comparar esto con que no nos pasan la factura de la Policía o la Guardia Civil cuando realizan una intervención en Zaragoza, porque sería demostrar un desconocimiento absoluto de las obligaciones del Estado español. Su obligación es atender en todo el territorio nacional. Solo faltaba tener que pedir permiso y pagar por ello”, ha señalado.

Con respecto a los gastos que supondrá la gestión del proceso, la alcaldesa de Zaragoza ha reconocido que no tienen ese dato todavía porque “hasta el 30 de junio no conoceremos la cifra exacta”. Sin embargo, sostiene que no se trata solo de los gastos, sino del respeto institucional y de respeto a la ley. “El Gobierno está menospreciando a las entidades locales, generando desigualdad entre españoles, privilegiando a unos frente a otros y, además, imponiendo por decreto ley un proceso sin dotación económica”, ha denunciado.

También ha criticado la forma de proceder del Ejecutivo central al no proporcionar información suficiente cuando implica a otras instituciones y ha puesto como ejemplo al presidente de Canarias con el barco del hantavirus. “Desde la FEMP hemos pedido reuniones hasta en diez ocasiones a la ministra de Hacienda y no hemos obtenido respuesta. En una reunión que mantuvimos antes de iniciar este proceso ni siquiera se trató este asunto y se dejó fuera del orden del día”, ha relatado.

A estas alturas de su queja, Chueca ha concluido que “así no se puede gobernar un país” y ha mostrado su esperanza en que se convoquen elecciones “y que los españoles puedan hablar libremente en las urnas, porque esto no es de recibo y así no vamos bien”.

Ante la avalancha “impuesta” por el gobierno -según la alcaldesa-, que provocó largas filas a las puertas del Ayuntamiento hasta que la presión ciudadana y de los propios funcionarios municipales obligó al equipo de Gobierno del PP a ampliar las sedes donde tramitar los informes de vulnerabilidad , Chueca ha asegurado que el Consistorio tardó “dos o tres días” en organizarse y que ya se han puesto en marcha medios y recursos extraordinarios, como horas extra y atención por las tardes, pese a la “falta de planificación”. A continuación, ha afirmado que “yo cumplo con mi obligación institucional y con la ley, porque no se puede actuar como el Gobierno de España, utilizando a las personas más vulnerables y a los inmigrantes a los que dejan abandonados cuando vienen a buscar un lugar mejor donde vivir. Nosotros no somos así y buscamos una solución”, ha manifestado.

Tras la implicación de numerosas asociaciones y trabajadores sociales, la alcaldesa se ha apuntado el tanto y ha asegurado que “todo se está gestionando con normalidad”, aunque ha admitido que “habrá personas que se queden fuera porque no cumplirán las garantías jurídicas exigidas”. Aun así, ha insistido en que “no hay ningún asunto que preocupe especialmente al Ayuntamiento”.

Primer balance del proceso

Scarleth Castillo ha relatado que las entidades no solo informan, sino que en muchos casos tramitan directamente las solicitudes y acompañan a personas mayores, con escasos conocimientos digitales o con dificultades idiomáticas. En Aragón participan cerca de 18 entidades en el proceso de regularización, coordinadas además con organizaciones de otros territorios y equipos de abogados especializados para los expedientes más complejos.

Entre las principales dificultades detectadas figuran el acceso a la cita previa y la obtención de documentación desde los países de origen, como Nicaragua, donde la obtención de certificados y antecedentes penales sigue siendo lenta y compleja. Muchas personas mayores o con escasa alfabetización digital dependen de familiares, intermediarios o profesionales para completar el trámite. Por nacionalidades, registran muchas solicitudes de venezolanos, además de marroquíes, hondureños, nicaragüenses y migrantes de África.

Por su parte, Carlos Vela, adjunto territorial de ACCEM en Aragón y Navarra, ha descartado que haya existido un volumen excesivo que haya desbordado a la entidad, además de que ya estaban preparados para asumir la tarea. “No ha sido ningún exceso”, ha reiterado.

Cuando lleguen las resoluciones, se verá si se necesita una revisión exhaustiva, pero recuerda que no todos necesitan certificado de vulnerabilidad, aunque se ponga el foco en este trámite. La entidad ha dado prioridad a los solicitantes de asilo mayoritariamente no necesitan certificado de vulnerabilidad. Tenemos identificados los perfiles y la situación individual de las familias.

En los primeros días ya se han atendido unas 200.000 solicitudes en toda España, sin que existan datos territorializados, aunque el Gobierno admite que todavía no existe una cifra consolidada de expedientes completos.

Fernando Beltrán ha indicado que algunas resoluciones provisionales ya han comenzado a emitirse en otros territorios, aunque en Aragón todavía no se ha comunicado ninguna favorable.

El delegado también ha explicado que el Gobierno ha reforzado el dispositivo de atención mediante oficinas de extranjería, oficinas de Correos y dependencias de la Seguridad Social, con capacidad prevista para hasta 750.000 atenciones, aunque se estima una demanda final de unas 500.000 solicitudes.

Fernando Beltrán ha calificado la iniciativa como “un proceso beneficioso” y ha defendido que permitirá regularizar a unas 500.000 personas que “ya están trabajando y viviendo en el país”. Se trata de personas “asentadas en nuestras poblaciones y territorios” que buscan “tener una vida digna”. Además, ha recordado el impacto económico de la última regularización en España, tras la que cada persona regularizada aportó alrededor de 4.400 euros anuales a las arcas públicas, reforzando la Seguridad Social y el sistema de pensiones. Además, ha vinculado la medida con la lucha contra la explotación laboral. Como ejemplo, citó una reciente operación en Castellón en la que fueron liberadas unas 80 personas pakistaníes, nepalíes y subsaharianas que vivían “en un régimen de esclavitud laboral”.

La “esperanza” es la sensación mayoritaria entre los cientos de migrantes que siguen llegando a las oficinas de Correos y a las tesorerías de la Seguridad Social habilitadas en Castilla-La Mancha para pedir su regularización dentro del proceso extraordinario abierto por el Gobierno.

En el tercer día desde que se abrió el plazo para realizar estas peticiones y todavía son muchas las complicaciones que se están encontrando, especialmente en la elaboración del informe de vulnerabilidad requerido para la solicitud, y para ello están recibiendo la ayuda de las organizaciones sociales acreditadas como entidades colaboradoras en materia de extranjería.

Mientras en la ciudad de Toledo, muchas de estas peticiones las están realizando migrantes que acuden desde los pueblos de la provincia, en otras provincias de la comunidad autónoma, la situación es similar, pero también proceden de las capitales. En cualquier caso, hay una “gran afluencia, por centenares” constatan las organizaciones consultadas por este medio.

La Delegación del Gobierno todavía no ha aportado datos oficiales sobre las solicitudes presentadas, pero prevé que sean entre 13.000 y 15.000 los migrantes que regularizarán su situación en la comunidad autónoma.

Una de las provincias donde más se están cursando solicitudes es Ciudad Real. Cientos de personas de los pueblos y de la capital están recibiendo el asesoramiento, la información y la elaboración de la documentación por parte de las entidades acreditadas.

Así ayuda una entidad social

Una de ellas es Movimiento por la Paz. Su responsable, Manuel Lorenzo, explica que a muchos migrantes los derivan de los servicios sociales de los ayuntamientos. En algunos casos, la tramitación es sencilla porque forman parte de los itinerarios de estas entidades, es decir, conocen su situación. Pero en otros, son personas que no conocen y deben iniciar el proceso prácticamente desde cero.

“No todos requieren el informe de vulnerabilidad porque, por su situación, ya son vulnerables”, explica Lorenzo, en referencia a las personas en situación de refugio o protección internacional.

Pero esta no es la situación mayoritaria. “Hay gente que viene de forma espontánea, a preguntar, a interesarse, a conocer el proceso. En los servicios sociales los derivan hasta aquí”. ¿Cómo actúan para ayudarles? “Estamos realizando reuniones informativas con personas para que les tramitemos el expediente. Les explicamos toda la documentación y, si podemos, incluso ‘in situ' verificamos que su documentación está correcta. Y luego les damos cita previa para que tramiten su solicitud en las oficinas habilitadas”.

En paralelo, Movimiento por la Paz también está haciendo labores de apoyo a ayuntamientos de la provincia, principalmente con abogados acreditados en labores de extranjería. Se desplazan a los pueblos para realizar esas sesiones, supervisar la documentación y analizar si pueden tramitarles el expediente.

Las situaciones personales que están encontrando son muy variadas. Desde personas sin trabajo a otras que han estado empleadas sin contrato y de manera intermitente en la agricultura, en la hostelería o en el sector de la limpieza y los cuidados. “La tónica general es que todas las personas quieren presentar sus papeles cuanto antes. Tener una respuesta cuanto antes y poder mejorar su vida. Sobre todo, hay esperanza. La gente está esperanzada”.

Movimiento por la Paz detalla que las situaciones familiares y los apoyos de los que disponen también varían. “Hay muchos migrantes que están solos, otros que acuden con sus familias y también mujeres con cargas familiares, pero sin trabajo. Vienen de todas las edades, también estudiantes, y la situación en muchos casos es de vulnerabilidad, muchos están en situación de pobreza o en riesgo de estarlo”.  

“La casuística es muy amplia. No son perfiles estándar. La impresión general es que la gente al final se ha estado buscando la vida como ha podido y ahora tienen una oportunidad de regular su situación. Son muchas personas. No sabemos si podremos atender a todos, pero haremos todo lo posible. Si vemos que no llegamos, les pediremos que pidan cita y les revisaremos los expedientes para verificar que esté todo correcto”, concluye.  

Otra de las entidades que ha desplegado su ayuda en toda la región es ACCEM. No está acreditada para la elaboración de solicitudes, pero está especializada en la acogida, protección y atención integral a refugiados y migrantes. Ofrece servicios de refugio (como en su centro de Sigüenza y en plazas de alojamiento en Guadalajara, Albacete y Toledo), así como atención social, formación y ayuda a colectivos vulnerables, en colaboración con el Gobierno regional.

Braulio Carlés, responsable territorial de esta organización, explica que la afluencia de personas para cursar solicitudes está siendo “enorme”. “Está llegando mucha gente a todas las oficinas y les informamos del procedimiento para que consigan la documentación”, precisa.

Esto es una gran oportunidad

“Esto es una gran oportunidad. Hay miles de personas en situación irregular en este país, muchos de ellos trabajando y contribuyendo al sistema, a las arcas del Estado, sin que se reconozcan sus derechos y deberes. Y no solo trabajando, sino también en el consumo y el funcionamiento de la economía. Sin embargo, parece que no existen, que están ocultos y eso es injusto”, resalta.

Dicho esto, desde ACCEM consideran de gran relevancia que en esta regulación se pongan “todos los medios pertinentes y oportunos” para realizarla de forma ordenada. “Debemos tener un mecanismo de integración y de facilitación que ayude a que sea ágil y rápido. Hay mucha gente que quiere regularizarse y hay que hacerlo bien”.

También se refiere al informe de vulnerabilidad como uno de los “escollos” del proceso, aunque en el caso de las personas acogidas por ACCEM, muchas no lo necesitan por su propia situación de refugiados. “Pero otras ocasiones es más complicado y confiamos en que pueda solventarse”.

Braulio Carlés aprovecha para arremeter contra los “populismos ensalzados” contra la regularización extraordinaria. “Esto no tiene ningún 'efecto llamada'. Se han hecho varias regularizaciones y nunca ha habido esa consecuencia. El 'efecto llamada' lo generan las guerras y el hambre, y eso no lo provocan los migrantes, sino otros mucho más poderosos”.

“Esto tiene que funcionar. No pueden seguir siendo invisibles, por lo que hay que buscar las vías para que la regularización llegue a buen puerto y sea posible. Todos tenemos derecho a vivir con dignidad, y esto es una gran oportunidad”, concluye.

Por su parte, Médicos del Mundo ha organizado para este jueves, día 23 de abril, una sesión en el Centro Social del barrio de Santa Bárbara de Toledo, para informar a migrantes sobre el proceso:

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha calificado “muy positivamente” el proceso.

Estamos viendo que es la población migrante la que nos está dando respuesta y ayuda a poder asumir ciertos retos

“Estamos viendo que es la población migrante la que nos está dando respuesta y ayuda a poder asumir ciertos retos”, ha constatado, señalando que, “si encima viene con ese apoyo por parte del Ministerio, la regularización que se está llevando a cabo, pues es mucho más ágil y mucho más fácil”.

En cuanto a la alarma generada con respecto al procedimiento y a los trámites, ha señalado que en Castilla-La Mancha las subdelegaciones del Gobierno se han puesto a disposición de los ciudadanos para hacer reuniones informativas y que puedan llevar a cabo este tipo de procesos “con garantías y con máxima normalidad”.

“Cuando algo es muy esperado y además es tan necesario los comienzos nunca son fáciles”, ha admitido la consejera, quien ha apuntado que “con la información que además ha dado el Ministerio, que está muy bien explicada, son procesos que no tienen por qué ser complicados”.

Que ningún ayuntamiento ponga “trabas”

Finalmente, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confiado en que ningún ayuntamiento ponga “trabas” a la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno. Ha negado conocer algún caso, al tiempo que ha apostillado que “oponerse” a la regularización “sería torpe”.

En cuanto a las trabas y críticas al procedimiento, ha destacado que si hay algún error, “se estará detectando” y “lo valoraremos cuando pase un plazo prudencial”. “Yo creo que incluso algunas de las denuncias que se hacen, se hacen con ánimo de mejorar el servicio”, ha concluido.

Entidades y administraciones han llamado a la ciudadanía a marcar la casilla de la X solidaria en su declaración de la renta, lo que hicieron 306.622 extremeños en la campaña de 2024, en beneficio de proyectos sociales, más si cabe a tenor del “récord” en recaudación que se prevé este año en el país.

Marcar la casilla 106 de fines sociales permite destinar un 0,7% de los impuestos a proyectos sociales, sin ningún coste para el contribuyente, y es compatible con marcar la casilla destinada a la Iglesia.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, Sebastián González, ha expresado en una comparecencia que “este ejercicio se espera un récord histórico en la recaudación de la renta”. “Si se obtiene más puede haber bastante más dinero para proyectos sociales, para necesidades de la población, para colectivos como los mayores, personas en situación de exclusión o vulnerabilidad, con discapacidad, infancia, mujeres y menores víctimas de violencia de género...”, ha dicho.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha explicado a su vez que “en la actualidad hay más de 22 millones de personas con empleo, lo que conlleva un aumento en la recaudación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de las aportaciones del Estado en este ámbito y de las partidas destinadas a proyectos gracias a la casilla solidaria”.

La consejera de Salud en funciones, Sara García Espada, ha manifestado por su parte que esta solicitud llega además en un año “muy especial” para las asociaciones de la comunidad autónoma, pues por primera vez se ha abonado el importe alcanzado durante el año (más de 10,8 millones de euros gracias a la campaña de 2025) antes de comenzar el siguiente ejercicio (el de ejecución de los programas beneficiados), al haberse aportado antes del 31 de diciembre de 2025. “Esta circunstancia ha representado una estabilidad, pues algunas entidades se veían obligadas incluso a solicitar préstamos” para impulsar sus respectivos programas beneficiados, ha dicho.

Las entidades también solicitaban conocer antes de acabar el año qué asociaciones y programas serían subvencionados en el ejercicio siguiente, lo cual también se ha logrado, pues esta información se aportó antes de acabar 2025.

Más de 75.000 extremeños se benefician del apoyo a los programas que representa marcar la X solidaria, gesto que hicieron 306.622 extremeños (datos de la campaña 2024), un 54,08% del global de contribuyentes.

Rosa Gallardo, madre de un niño con síndrome de Down, la integrante de un programa de Cruz Roja destinado a mayores María Angeles López y Alejandro Pizano, persona sorda que ayuda a chavales del colectivo en su integración, han trasladado por su parte “la gran relevancia” que representa que la ciudadanía realice este gesto de solidaridad al presentar su declaración.

Sebastián González Martos ha sido elegido nuevo presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, en la Asamblea General Extraordinaria de la entidad en la que se ha renovado el Comité Ejecutivo Autonómico para el período 2026-2030.

González Martos, que sustituye a Carmen Pereira Santana tras finalizar su mandato, es presidente de EAPNExtremadura, la Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en la región.

El nuevo Comité Ejecutivo contará además con cinco vicepresidencias, que serán ocupadas por Jorge Mena Collado, de la Asociación Extremeña de Fundaciones (AFEX); José Manuel Rodríguez Muñoz, de Cáritas Regional de Extremadura; Pedro Calderón Rodríguez, del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura (CERMI Extremadura); Fernando Solís Fernández, de Cruz Roja Española en Extremadura; y Jesús Gumiel Barragán, de la Plataforma del Voluntariado de Extremadura (PVEX), ha informado este martes la plataforma en un comunicado.

Asimismo, la Secretaría General será asumida por Venancio Ortiz Silva, de la Organización Nacional de Ciegos Españoles de Extremadura (ONCE-Extremadura).

En la reunión se ha hecho un especial reconocimiento a la labor de Carmen Pereira Santana, quien ha liderado la organización desde 2022, destacando su contribución al fortalecimiento del tercer sector social en la región.

Con esta renovación, la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura reafirma su compromiso de defender los derechos de las personas más vulnerables, promover la inclusión social y fortalecerla participación del tercer sector en la sociedad extremeña.

La plataforma agrupa a las principales organizaciones sociales, con el objetivo de fortalecer el sector, defender los derechos sociales y mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo la cooperación entre entidades, impulsando proyectos de impacto social y fomentando la participación ciudadana. 

La Alcaldía de Gijón y la Red de Entidades de Inclusión Activa (REDIA) han acordado que sean las entidades sociales las que atiendan las necesidades temporales de los usuarios del Albergue Covadonga mientras duren las obras de reforma del centro. Con esta decisión, se descarta el traslado provisional al Hogar de San José, propuesto en un primer momento y motivo de polémica. El plan de realojo estará coordinado por un equipo técnico creado expresamente para dicho fin.

La alcaldesa, Carmen Moriyón, aseguró que con este acuerdo se cierra “un debate que nunca debió existir y que generó discursos de odio que nunca representarán a esta ciudad”. “Cuando la ciudad lo pide, sus entidades siempre están a la altura de las circunstancias”, añadió, en referencia a la implicación de REDIA y las organizaciones del tercer sector.

Un traslado fallido: protestas, miedo y acusaciones de odio

La polémica surgió tras anunciarse que los usuarios del Albergue Covadonga serían trasladados temporalmente al Hogar de San José, en el barrio del Natahoyo. Aquella propuesta generó una fuerte movilización: centenares de personas salieron a protestar contra el realojo, en lo que derivó en un escrache a la comitiva municipal. Vecinos denunciaron que “la mayoría de manifestantes que acorralaron a la alcaldesa no eran del barrio”, y criticaron los mensajes lanzados como “denunciables”.

Durante esas protestas, se colgaron pancartas y se escucharon consignas como “Moriyón dimisión” o “mentirosos”, lo que obligó a la regidora a paralizar el traslado provisional.

Fuentes municipales y de la asociación vecinal apuntaron a la posible intervención de sectores vinculados a la ultraderecha para amplificar el malestar, aunque los manifestantes lo defendieran como una movilización legítima.

Consenso social

Tras la cancelación de la opción del Hogar de San José, el Ayuntamiento convocó a REDIA —integrada por 21 organizaciones sociales— para liderar la definición de una alternativa viable. El objetivo es garantizar una atención digna a las personas sin hogar que usan el albergue, sin generar tensiones en los barrios, y mediante el tejido de solidaridad ya existente en Gijón.

La reforma del Albergue Covadonga, anunciada desde principios de 2025, busca adaptar sus instalaciones a las nuevas realidades sociales: el perfil de sus usuarios ha cambiado, hay más mujeres, más jóvenes con estudios, y la necesidad de estancias más largas dado el difícil acceso a la vivienda. Con este acuerdo, la Alcaldía y REDIA buscan evitar que “la crisis del traslado” derive en una “crisis de dignidad”: mantener la atención social, evitar desamparados y, al mismo tiempo, construir un consenso entre administración, entidades y ciudadanía.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que destinará 125.519,60 euros en ayudas destinadas a reducir las brechas de género en el ámbito laboral y también a la implantación de planes de igualdad en empresas, entidades o administraciones que no tienen obligación legal de aprobarlos por el número de trabajadores de sus plantillas.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará este miércoles la resolución de ambas líneas de subvenciones de las que resultan beneficiarias 22 entidades públicas y privadas de la región, con proyectos dirigidos al desarrollo de medidas de igualdad en las plantillas, la eliminación de roles y estereotipos de género vinculados a las profesiones, mejoras en la negociación colectiva o reducción de la brecha salarial.

Sobre estas cuestiones, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha recordado el interés del Gobierno autonómico de desarrollar políticas “que acerquen el mundo laboral a la igualdad real y efectiva”, apoyando proyectos y acciones “de cualquier agente social que quiera reducir desigualdades y eliminar cualquier tipo de violencia”.

“El trabajo es uno de nuestros principales espacios de socialización y marca claramente nuestras vidas en el día a día, por lo que es fundamental y urgente promover medidas que nos ayuden a reducir desigualdades. Esta debe ser y va a ser la legislatura de la igualdad en el ámbito laboral, y a ello contribuirá de lleno la ley de medidas en cuyo anteproyecto seguimos trabajando”, ha asegurado.

El barrio de San José y Madre de Dios se creó en los años 40 como un barrio de aluvión para recibir a las personas que llegaban de los pueblos de La Rioja para trabajar y ha mantenido el mismo espíritu acogiendo ahora a personas de todos los países que viven en el barrio. Esa realidad de diversidad y multiculturalidad marca indudablemente el carácter de este barrio que es ejemplo de convivencia y participación en el que viven 21.263 personas.

Alrededor de la iglesia de San José Obrero, en la plaza de Ballesteros, y las casas baratas que la rodeaban se empezó a construir un barrio que ha ido creciendo por lo que fueron las huertas hasta ser uno de los barrios con más recursos dotacionales de la ciudad. En San José-Madre de Dios hay centros sanitarios, residencias de mayores, instalaciones deportivas, la Universidad de La Rioja y residencias para los estudiantes, biblioteca, centros educativos, multitud de entidades sociales, el palacio de congresos e incluso el propio ayuntamiento de Logroño y el pulmón de la ciudad, el Parque del Ebro.

San José y Madre de Dios son zonas tranquilas de la ciudad y con mucha actividad comunitaria. Los bajos de la parroquia son un constante de planes: gimnasia, clases de guitarra, biodanza, reuniones de vecinos, conciertos, grupos de migrantes que se reúnen para compartir necesidades... “Intentamos hacer más barrio, echar una mano en lo que podamos , es una parroquia tan abierta que no damos abasto”, señala el párroco José Miguel Gil.

La gente que viene de fuera está acogida. Siempre hay familias entregando ropa, comida, hasta camas. Eso no se ve en todos los sitios

Ali Parveen — Vecino

Ali Parveen es uno de los vecinos que ha podido ver en primera persona la transformación del barrio. Llegó a Logroño desde Pakistán en 1997 cuando tenía 18 años y desde el 2003 vive en la calle Padre Marín con su familia y tiene dos negocios comerciales en Avenida de la Paz. “Para nosotros es el mejor barrio”, resume este vecino antes de enumerar todos los servicios de los que dispone. Agradece el carácter acogedor que ha sentido en la ciudad desde que llegó: “Recuerdo que mi vecina Nieves me ofreció dejar toda mi mudanza en su terraza sin conocerme de nada, después he conocido a sus hijos, a sus nietos y estamos siempre para lo que necesite”. Y añade: “La gente que viene de fuera está acogida. Siempre hay familias entregando ropa, comida, hasta camas. Eso no se ve en todos los sitios”.

En este sentido, Ali señala desde su tienda que en Logroño no ha sentido el racismo que sabe que hay en otros lugares y agradece las iniciativas y puntos de escucha que ofrecen las instituciones para la comunidad migrante, como Logroño Intercultural, la mesa de convivencia, la mesa de diversidad o la Red Antirumores, muchas de ellas con mucha actividad en el barrio de San José y Madre de Dios.

Muy cerca de la vivienda de Ali está una de las intervenciones más recientes en el barrio, las diez puertas de acceso para calmar el tráfico y mejorar la visibilidad. Según explica el concejal delegado del barrio, Jesús López, se han reurbanizado los accesos rodados y los tránsitos peatonales en el perímetro del barrio, en las calles Beatos Mena y Navarrete, Padre Marín y Caballero de la Rosa y San José de Calasanz y Cigüeña.

También han comenzado recientemente las obras de desmontaje del antiguo convento de Madre de Dios. Es una intervención complicada para evitar daños en la iglesia contigua, aunque el concejal Jesús López espera que esté culminada a final de año. El Ayuntamiento de Logroño también trabaja por la vivienda en este barrio y actualmente están en licitación las obras de construcción de un bloque de 24 viviendas públicas para alquiler joven en la Plaza de los Cuentos con financiación autonómica y de fondos europeos. “Es fundamental para potenciar el barrio”, destaca el concejal.

Las viviendas se ubicarán junto al epicentro cultural del barrio, la Biblioteca municipal Rafael Azcona, que es mucho más que un lugar para leer y estudiar. “Tenemos un espacio muy amplio, con diferentes enfoques y muchas salas para ofrecer propuestas que resulten interesantes para todos los públicos”, apunta su directora, Esther Felipe. Y hay respuesta del barrio: “Aquí el vecindario es muy participativo, la biblioteca es como su casa, quedan aquí y participan en las actividades. También es referencia para la población migrante del barrio y esa riqueza de culturas es muy importante para la biblioteca”. Mientras este centro no deja de crecer con nuevas salas y propuestas, el vecino Ali Parveen la define de forma concisa: “Esa biblioteca es mágica”.

Ocho entidades sociales en la misma plaza

La participación del barrio se refleja en la conexión entre la multitud de centros, entidades y asociaciones que existen en el barrio. Solo en la plaza Martínez Flamarique hay ocho entidades sociales en sus bajos: Arsido Down La Rioja, Arpa Autismo, Asprem, Asprodema, La Rioja Sin Barreras, Ymca, Zig Zag y Medicus Mundi. Lourdes Prado, trabajadora social de Arsido, destaca la unión entre todas ellas y con el vecindario. “Nos interesa mucho participar en actividades de desarrollo comunitario y que más cerca que el barrio”. Así, se suman a los paseos saludables y a cualquier actividad que se organice y pueda ser beneficiosa para los usuarios. Además, el acogimiento del barrio es “espectacular”, señala Prado, “no es selectivo, es muy multicultural, aquí nadie mira a nadie ni se plantean diferencias”.

También en el barrio está desde hace 61 Igual A Ti, la asociación que presta apoyos a unas 160 personas con discapacidad a través del colegio, centro ocupacional, centro de día, centro especial de empleo y una residencia de 48 personas. Su presidente, Jorge Ortega, no cambia el barrio, que han visto crecer con la propia entidad desde que naciera como un pequeño centro de día hasta el servicio actual desde los 0 años hasta el final de la vida.

“Para mejorar la vida de estas personas es muy importante la participación y aquí es muy potente el asociacionismo”. Por eso, en Igual A Ti también se nutren de las actividades del barrio, participan en Logroño Intercultural, en los paseos saludables, cuidan una colona felina, se encargan del mantenimiento de puntos de intercambio de libros de la Biblioteca Rafael Azcona y realizan. Además, como apunta Ortega, “nuestros residentes viven aquí, compran, pasean, toman un café, usan el polideportivo de La Ribera” y coincide, como otras entidades, en que siempre se han sentido “muy acogidos por la diversidad de personas del barrio”.

Talento y juventud gracias a la Universidad de La Rioja

Una de las principales peticiones de las personas usuarias de Igual A Ti es la prolongación de la calle Piscinas, una intervención que unirá el Centro Científico Tecnológico y el Polideportivo universitario con el resto del Campus de forma peatonal por el edificio de Filologías y que se realizará, asegura el concejal Jesús López, el año que viene. Sin duda, uno de los mayores impulsos para el barrio de San José fue la construcción allí del campus de la Universidad de La Rioja, “totalmente abierto al barrio y a la ciudad”, destaca la vicerrectora de estudiantes, María Ángeles Martínez Calvo. Quizás sin la universidad, la zona se hubiera mantenido como extrarradio y sin embargo ha favorecido la extensión de la ciudad y la creación de nuevos barrios. El campus de La Rioja trae al barrio a 4.500 estudiantes, lo que supone “una dinamización económica de la zona, presencia de juventud, generación de talento, mejoras de transporte y opciones culturales y formativas que ofrece la institución abiertas al público”, destaca la vicerrectora.

A pocos metros, la comunidad salvatoriana tiene una residencia para universitarios en la que actualmente hay también alojados 50 de los 120 pilotos de la escuela FlyBy, que reciben en el mismo lugar sus clases teóricas. Lo que fue un seminario hasta el año 90, cuenta actualmente con programas de Proyecto Hombre, la radio COPE, una empresa de cátering, pistas de pádel, una iglesia ortodoxa y un aparcamiento para el barrio. “Aquí hemos favorecido siempre al barrio en lo que hemos podido, el ambiente siempre ha sido muy bueno”, dice el administrador Juan José Landa.

Otra de las prioridades del Ayuntamiento de Logroño para este barrio es la renovación de tuberías en la calle San Millán, para solucionar los problemas de reventones, así como la mejora de las zonas de juegos infantiles. San José-Madre de Dios es un barrio que abraza a quien llega y que cuenta con todos los servicios para una vida tranquila muy cerca del centro de la ciudad.

Promover el derecho humano a una vivienda diga, mejorar las condiciones de vida de las personas en situación irregular e impulsar la sostenibilidad económica y humana para garantizar la presencia en toda La Rioja son las líneas estratégicas de Cáritas La Rioja para los próximos tres años. Así las ha detallado el coordinador general de la entidad, Juan Antonio Meléndez, unas líneas de acción que vienen marcadas por las inquietudes que más preocupan a la organización. De manera detallada, la primera línea estratégica, “Promover el derecho humano a una vivienda digna”, busca implicar a la Administración pública en el incremento del parque de alquiler social en La Rioja, así como implementar medidas que garanticen el acceso y mantenimiento de la vivienda para las personas atendidas por Cáritas.

La segunda línea, “Mejorar las condiciones de vida de las personas en situación irregular”, se articula en torno a dos objetivos: favorecer su integración social y denunciar la vulneración de sus derechos.

Por último, la tercera línea, “Impulsar una organización económica y humanamente sostenible”, pretende garantizar la viabilidad económica, humana y territorial de Cáritas. Con este fin, busca aumentar los ingresos para asegurar su sostenimiento y fortalecer la red de voluntariado de los grupos parroquiales con el deseo de garantizar la presencia de la entidad en toda la región.

Llamados a encontrarnos

Para alcanzar la tercera línea del Plan Estratégico, la sostenibilidad, Cáritas La Rioja precisa incrementar los ingresos a través de donaciones, colectas y, especialmente, el aumento del número de socios. Con el propósito de movilizar la solidaridad de los ciudadanos, la organización caritativa ha lanzado la campaña “Llamados a encontrarnos”. “Según la leyenda, un hilo rojo une a las personas llamadas a encontrarse. Por Cáritas La Rioja pasa el hilo que conecta tu generosidad con la esperanza de una persona que te necesita. Síguelo. Ayúdale”, expresa la campaña.

Carmelo Juárez, responsable de Comunicación Cristiana de Bienes de Cáritas La Rioja, ha explicado que “la entidad está lejos del equilibrio presupuestario indispensable en cualquier institución”. “Durante los últimos años, hemos presentado déficits importantes, registrando en 2024, 146.661,24 euros de pérdidas (cifra aún pendiente de ser aprobada por el Consejo). A pesar de la contención del gasto y de algunas herencias extraordinarias, no logramos equilibrar nuestras cuentas porque el número de personas que precisa ayuda y el coste de cubrir sus necesidades han crecido mucho más que los ingresos”, ha detallado el responsable de Comunicación Cristiana de Bienes.

“Ante esta complicada situación, la campaña de búsqueda de socios es una petición de ayuda inmediata, pero también es la garantía de que, a medio plazo, podremos atender a las muchas personas que recurren a Cáritas. Frente a los déficits y el crecimiento notable de las necesidades, la fidelidad de los socios es nuestra esperanza. Queremos que los ciudadanos sepan que, con una cantidad mensual, por pequeña que les pueda parecer, nos dan estabilidad y una referencia de ingresos, elementos vitales para planificar y llevar a cabo nuestros proyectos caritativos y sociales”, ha asegurado Carmelo Juárez.

Las personas interesadas en colaborar con Cáritas La Rioja pueden registrarse como socios en su sede (c/Marqués de San Nicolás, 35. Logroño) o través de la web de la campaña: www.caritaslarioja.org/llamados-a-encontrarnos

La Consejería de Cultura y Deporte acaba de abrir una nueva convocatoria pública para cubrir las vocalías que, en representación de las entidades memorialistas, integran el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, cuya regulación data de mayo de 2018. Desde su primera reunión en octubre de aquel año no se renuevan las vocalías, si bien es cierto que fueron designadas “por un periodo de tres años, pudiendo ser reelegidas por una sola vez”.

En abril de 2018 la Junta puso en marcha la tramitación del Proyecto de Decreto por el que se regula el Registro de Entidades de Memoria Democrática de Andalucía, pero desde entonces no se ha dado ni un paso más en su creación, pese a que se hace referencia a dicho registro en la citada convocatoria, publicada en BOJA. Las entidades aspirantes deben “estar debidamente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones de Andalucía, Registro de Fundaciones de Andalucía o registro específico”.

Hasta el momento actual hay un total de ocho vocalías, de las cuales seis están integradas por representantes de entidades memorialistas, como ya se ha dicho. Según informó la Junta en aquel octubre de 2018, se trata de Rafael Gil Bracero –presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica-; Francisco Alfonsín Velázquez -Fundación Estudios Sindicales-Archivo CCOO-; Miguel Ángel Valdivia Morente -Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén-; Antonio Naranjo Torres -Memoria, Libertad y Cultura Democrática-, Pepa Castillejo -Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía-, y Manuel Velasco -Asociación Guerra y Exilio-.

Un órgano institucional “inoperante”

El Consejo de la Memoria, merece la pena recordar, tiene entre sus funciones “elaborar cuantos informes y recomendaciones considere necesarios efectuar en relación con la política de memoria democrática”. Recientemente, los memorialistas llevaban a la Junta al Defensor Andaluz por no convocar el Consejo de la Memoria. La Federación Andaluza de Memoria Democrática consideraba que la Junta estaba convirtiendo ya al órgano consultivo y de participación de las entidades memorialistas en “un órgano institucional inoperante”.

Fuentes de la Consejería se referían precisamente a la no cobertura de esas vocalías “vencidas” para justificar que se celebrara solo un encuentro del Consejo de la Memoria Histórica durante el último año 2024. Miguel Ángel Valdivia, uno de esos vocales, dijo a este periódico que se habían mantenido “algunas reuniones” del Consejo en estos años. “Cuando preguntamos por la segunda convocatoria de 2024 nos dijeron que no se podía porque estábamos en funciones. ¡Pero llevamos así desde mediados de 2021 y no ha habido problema en celebrar las reuniones!”, lamentó.

Las seis entidades que aún permanecen en las vocalías del Consejo de la Memoria fueron seleccionadas a través de un procedimiento selectivo en régimen de libre concurrencia y se valoraron criterios como el ámbito territorial (con preferencia para el provincial o superior), el desarrollo de proyectos subvencionados por la Junta, los reconocimientos obtenidos o la antigüedad de inscripción.

Relación de reconocimientos obtenidos

De acuerdo a la convocatoria publicada ahora en BOJA, las entidades deberán aportar en su solicitud, entre otras cuestiones, la relación de actividades, proyectos y programas ejecutados en materia de memoria histórica y democrática durante los últimos cinco años, subvencionados por la Junta de Andalucía, detallando de cada proyecto la denominación, breve resumen, localización geográfica, presupuesto total, y financiación recibida de las distintas entidades financiadoras; así como una relación de reconocimientos obtenidos por su labor en la recuperación de la Memoria Histórica y Democrática en Andalucía.

Las entidades memorialistas, en líneas generales, vienen lamentando la “inacción” de la administración autonómica en la materia, esperando cuestiones como la ejecución de las exhumaciones aprobadas, las declaraciones pendientes de Lugares de Memoria o el retraso en las identificaciones genéticas, que se vienen realizando desde 2018 en la Universidad de Granada y que acumulan una notable demora, llegando a provocar que cada vez más familias, al menos en la bahía de Cádiz, se dirijan a laboratorios privados para conocer la verdad.

Hace diez años, en el peor momento de la crisis de los desahucios en España, las entidades sociales en Catalunya buscaban cómo ayudar a sus usuarios a no quedarse sin techo. “Era una necesidad acuciante, necesitábamos pisos asistidos, ayuda a las familias…”, rememora Àngels Guiteras, entonces presidenta de la Mesa del Tercer Sector, que aglutina a más de 3.000 asociaciones. Una de las soluciones que encontraron fue fundar la gestora de vivienda social Hàbitat 3. 

Un decenio después, la Fundación Hàbitat 3 ha anunciado la compra junto con el Ayuntamiento de Barcelona de la Casa Orsola. Las 26 viviendas de la finca, emblema de la crisis de la vivienda en la ciudad, pasarán a estar gestionadas por la entidad, que se ha convertido en una de las principales administradoras de pisos sociales de Catalunya. Entre los que son de su propiedad y los cedidos por terceros –sean caseros privados o administraciones–, las viviendas que gestionan son 1.307. En total, 3.651 inquilinos, la gran mayoría vulnerables. 

A pesar de la diversidad de programas que albergan, su cometido principal es localizar viviendas, sea cual sea su procedencia, para ponerlas a precio asequible y a poder ser en manos de familias necesitadas. Inicialmente, su idea era captar los pisos vacíos de los bancos fruto del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. “Pero pronto ya vimos que este no era el modelo que los bancos querían”, explica Albert Ferré, director general de la fundación. En cambio, sí empezaron a llegar a acuerdos con administraciones para hacerse cargo de viviendas vacías o de emergencia. 

El primer convenio lo firmaron con el Gobierno municipal barcelonés de Xavier Trias (CiU), que les sirvió para acceder a sus primeras 200 viviendas, pero luego vendrían otros con alcaldes y políticos de todos los colores, entre ellos Comuns y PSC. Una figura fundamental para ello ha sido la presidenta desde sus inicios y hasta hoy de la Fundación, Carme Trilla, que fue secretaria de Vivienda de la Generalitat durante el Tripartito y que como experta en la materia mantiene buenas relaciones con la mayoría de actores del sector. 

A día de hoy, de los 1.307 pisos que gestionan, 301 son de propiedad, alcanzada a menudo a través de compras gracias al ejercicio de tanteo y retracto. También administran, siempre con criterios sociales, carteras de inversores privados (267) y el grueso principal de su parque, 512 viviendas, son cesiones de particulares. La mayoría de ellas, en Barcelona, son las que canaliza el consistorio a través de la Mesa de Emergencia (de familias desahuciadas) o del servicio Primer Hogar (para personas sintecho). 

En cuanto a las compras, Ferré explica que la mayoría las llevan a cabo ejerciendo el derecho de tanteo y retracto y con financiación del Institut Català de Finances (ICF), que subvenciona los tipos de interés a cambio de que la titularidad de la vivienda pase a la Agencia de l’Habitatge de Catalunya (AHC) en 75 años. “Así actuamos también para ampliar el parque de vivienda pública”, defiende el responsable. 

El modelo de Hàbitat 3, que se ha convertido en una de las principales entidades de vivienda social en Catalunya junto con Fundació SALAS o la Fundació Família i Benestar Social, es parecido al de las Housing Associations en países como Austria, Holanda o Reino Unido, aunque en España no gozan de tradición ni legislación que favorezca su actividad. Se trata en líneas generales de empresas, fundaciones o cooperativas que se dedican a movilizar vivienda “con el objetivo de alquilarlas por debajo del precio de mercado”, señala Eduardo González de Molina, profesor y consultor en materia de vivienda. 

“En España no tenemos una normativa que cree jurídicamente estas empresas”, lamenta. Esta debería incluir las condiciones para que sean viables estas iniciativas, describe, como por ejemplo prioridad en el acceso a suelo público, cargas fiscales reducidas y facilidades de acceso a la financiación pública. 

Al margen de la compra de Casa Orsola, Hàbitat 3 ha participado en otras operaciones mediáticas. La primera fue la cesión por parte de la Generalitat de la Casa Bloc, en el barrio de Sant Andreu de Barcelona. Construida durante la Segunda República como modelo de vivienda para la clase obrera, y deteriorada durante años, en 2016 la fundación asumió la administración de 17 de esos hogares para albergar a familias víctimas de desahucios. Lo hizo con el apoyo económico de grandes firmas como Naturgy o La Caixa, en lo que fue un ejemplo de su capacidad de captar recursos de grandes empresas. 

Otro caso conocido es el del Gimnasio Social Sant Pau, en el Raval. Tras años de conflicto y amenazas de desahucio, el Ayuntamiento logró un acuerdo de compra con la propiedad en la que participó una empresa del empresario Jaume Roures, que puso parte de la inversión. La gestión de los 36 pisos sociales resultantes corre a cargo también de Hàbitat 3. 

Pero aun así, en la fundación reconocen que el de la Casa Orsola ha sido un caso inédito para ellos. En primer lugar, por la cantidad desembolsada, de 4,8 millones de euros (la mitad del precio total de compra), según Trilla conseguidos a través de un préstamo con una entidad bancaria con aval del consistorio y también gracias al compromiso de financiación sostenida de la Administración municipal para garantizar la viabilidad de la gestión de las rentas. 

Además, el de Orsola es un caso excepcional para Hábitat 3 por el perfil de residentes de la finca, que no son vulnerables desde el punto de vista económico. La presidenta de la Hábitat 3 reconoció este viernes que esta particularidad provocó un debate “intelectual y ético” en el seno del patronato de la entidad. Finalmente, avalaron la compra por tres razones: porque parte de las viviendas están vacías y sí se podrán destinar a alquiler social; para favorecer la integración de familias vulnerables en edificios con hogares que no lo son, y para contribuir a la lucha contra la gentrificación en la capital catalana. 

En este sentido, la operación ha sido criticada con dureza por el Sindicato de Inquilinas, que a pesar de celebrar la paralización de los desahucios ha lamentado que se haya “premiado” el fondo inversor con la compra de la finca por 9,2 millones. La entidad ha calificado de vergonzosa la rueda de prensa en la que ha participado Hàbitat 3, por considerar que se ha realizado a espaldas de los vecinos. Además, el Sindicato le reprocha a Trilla que asumiera en su día la propuesta de Collboni para modificar de la norma que obliga a los promotores a reservar un 30% de la nueva vivienda para uso social. 

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha ha celebrado una Asamblea General Extraordinaria en la que se ha elegido el Comité Ejecutivo Autonómico para los próximos cuatro años. Todos sus miembros han sido elegidos por la Asamblea para un segundo mandato. De esta forma, José Antonio Romero Manzanares, de CERMI-CLM, ha sido reelegido como presidente, Fernanda Rodríguez Vincelli, de EAPN-CLM, como vicepresidenta y como secretario general, José Martínez Martínez, de ONCE.

Por otro lado, los cincuenta delegados y delegadas han elegido a diez representantes más para como vocales en el Comité Ejecutivo: Cristina Gómez Palomo y Ana Cabellos, de CERMI-CLM; Cristina Abarca de Julián, de ONCE; Mar González, de EAPN-CLM; Milagros Figueras, de POI-CLM; María José Soto y Jesús Rodríguez, de Cruz Roja CLM; Fernando Gutiérrez, de la Coordinadora de ONGD de CLM; y María del Carmen Palomares, de la Plataforma del Voluntariado de la región. También se suma al Comité María Ángeles Sánchez Trillo como representante de ACESCAM.

A la espera de la futura Estrategia de Promoción del Tercer Sector

La renovación de los responsables para los próximos años ha ido acompañada de la aprobación de un plan de trabajo con los objetivos y mandatos de la Asamblea donde destaca el fortalecimiento del tercer sector social de la región, precisamente cuando el próximo mes de febrero se celebra el quinto aniversario de la aprobación de la Ley del Tercer Sector de la región.

Un fortalecimiento, explican en un comunicado, “que permita avanzar en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, avanzar en la inclusión y la justicia social”, especialmente con los desarrollos normativos de la ley como son la creación de la futura Estrategia de Promoción del Tercer Sector y el Inventario de Entidades del Tercer Sector. El plan de trabajo para este mandato contempla la creación y mejora de los espacios de representatividad del tercer sector en la región, aumentando la incidencia y la participación y la representación social.

Otro de los cometidos será profundizar en la divulgación y conocimiento del tercer sector como forma de organización de la sociedad civil en la región, buscando y explorando marcos de representación institucional y mejoras en el diálogo civil. Así mismo, la Mesa seguirá con las acciones de divulgación de la X Solidaria y de la X de las Empresas correspondientes a la tributación nacional del IRPF y del Impuesto de Sociedades que revierte en más de 240 proyectos sociales en la región.

Otro de los temas importantes abordados por las plataformas y organizaciones que componen la Mesa es “la creciente preocupación por el impacto que tienen los bulos, las noticias falsas y las difamaciones en la actividad diaria de las entidades que componen el Tercer Sector de acción social en la región, y por extensión en todo el territorio nacional”.

Castilla-La Mancha participará en los proyectos y campañas coordinadas desde la Plataforma del Tercer Sector Estatal para acercar a la ciudadanía las actividades, proyectos y servicios que desarrollan las entidades sociales en el territorio.

Agenda 2030, una guía para el tercer sector

En la misma jornada y antes de la celebración de la Asamblea General, los delegados de la Mesa e invitados han participado en el encuentro: “Agenda 2030, una mirada desde el Tercer Sector”, donde se ha abordado el papel que juegan los Objetivos de Desarrollo Sostenible para las entidades del tercer sector y viceversa: como las organizaciones ya están asumiendo la aplicación de algunos de los ODS.

En esta jornada, presentada por José Antonio Romero, han participado Pilar Salgado, de la Fundación Universidad de Castilla-La Mancha; Carlos Susías, vicepresidente de la Plataforma Estatal del Tercer Sector; y Manuel Lorenzo, de la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha. Un encuentro para generar espacios de diálogo e intercambio de experiencias entre entidades que desarrollan sus proyectos en diferentes ámbitos sociales y que se ven unidos por la consecución de algunos de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha está compuesta por ocho entidades: la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE); el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-CLM); la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-CLM);Cruz Roja, la Plataforma de Organizaciones de la Infancia CLM (POI-CLM); la coordinadora de ONGD CLM; la Asociación de Castilla -La Mancha de residencias y servicios de atención a los mayores (ACESCAM); y la Plataforma de Voluntariado ( PV-CLM).

La AIER (Asociación de Empresas Instaladoras de La Rioja) ha puesto en marcha nuevamente este año su ‘maquinaria solidaria’ para ayudar a una entidad del tercer sector en un proyecto energético que suponga un beneficio para sus usuarios. En esta ocasión, el colectivo con el que colaborarán es FARO, la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer, cuyo fin es la mejora del estado de salud y la calidad de vida de los niños y adolescentes afectados por enfermedades oncológicas y de sus familiares, procurándoles una atención integral en las distintas fases de la enfermedad y en los problemas derivados de ella y del tratamiento. 

El proyecto de este año se denomina ‘Eres mi Faro’ aludiendo al apoyo que supone la propia asociación para sus usuarios y que este año, la AIER, lo será para la entidad; de igual manera que todos contamos con un apoyo (un faro) a nuestro alrededor, que nos guía y nos ayuda.

El apoyo en esta ocasión consistirá en diseñar y ejecutar la instalación eléctrica completa de la nueva sede de esta asociación que está ubicada en la calle San Adrián, 1, bajo (Parque Picos de Urbión), de Logroño, y a la se trasladará en cuanto esté dispuesta. Actualmente ocupan un piso en la calle San Antón, pero sus espacios se han quedado obsoletos y pequeños para las actividades que se realizan con los niños y niñas y sus familias. 

En concreto, el proyecto incluirá los siguientes elementos: 

- Instalación del cuadro general, cableados y canalizaciones

- Instalación de mecanismos y dotación de puestos de trabajo con conexión a datos.

- Instalación de luminarias en los diferentes espacios (despachos, sala de reuniones/office, aseos, etc…)-

- Acondicionamiento de nueva sala terapéutica mediante iluminación saludable que, además de tener un índice de deslumbramiento muy bajo, uniformidad de la luz y seguridad fotobiológica, dispone de un sistema de seguimiento del ciclo circadiano. La luz en esta sala regulará y modificará su intensidad y color en función de las horas del día para conseguir un bienestar y un espacio de confort para sus usuarios.

En total, la nueva instalación de conectividad e iluminación está valorada en más de 25.000 euros que, desde la AIER, se han propuesto sufragar.

Tres opciones de ayuda para socios y colaboradores

Como en proyectos anteriores, la formas de ayudar son tres: con la mano de obra de los propios instaladores; con el material necesario (luminarias, cuadros de luz, cableado...) o económicamente. Con este fin, el proyecto se ha fragmentado en estas opciones para que socios y colaboradores decidan cómo pueden sumarse. Económicamente, existen varias franjas (100€, 500€, 1000€ y 2000€) con el fin de que “todo el mundo pueda participar al margen de la cuantía”, explican desde la AIER. Esta aportación cuenta, además, con interesantes deducciones fiscales que suponen un aliciente para los colaboradores.  

Cinco ediciones siendo Energ-éticamente sociales

El proyecto surgió en el año 2018, el propósito de ayudar a tres colectivos sociales, Cáritas, Apir y Banco de Alimentos. Inicialmente, los objetivos fueron la mejora en las instalaciones de las ubicaciones de sus sedes con un coste total estimado de 15.000 euros. Modestamente, la participación de empresas se estimó en 10.

El interés de los patrocinadores fue mayor del esperado y se lograron recaudar 28.200€ y contar con el apoyo de más de 60 empresas patrocinadoras, que colaboraron económicamente y en especie. Las modificaciones en las instalacioriojanes ascendieron a 18.200€ y, de las 4 instalaciones planteadas inicialmente, se pudieron abordar 15.

El resto de la cuantía se destinó a pagar la factura de la luz a familias y personas sin recursos a través de Cáritas. Con este dinero (10.000€) se pudo pagar la factura mensual de 75 familias.

En 2019, la entidad colaboradora fue Fundación Pioneros, con la reforma de sus instalaciones; en 2022, Cruz Roja, impartiendo formación a sus alumnos y, en 2023, fue Asprodema, con la instalación de placas solares en su sede principal para abaratar su coste energético.  En esta ocasión, el objetivo se renueva y crece para alcanzar estos 25.000€ que cuesta la instalación de FARO. 

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha abierto una línea de subvenciones de 55.000 euros destinada a entidades sociales que desarrollen proyectos orientados a la promoción y prevención de la salud en la localidad. Las organizaciones interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 24 de octubre, a través de la sede electrónica del consistorio.

Con esta iniciativa, el Consistorio tiene como objetivo apoyar programas que favorezcan el bienestar de la población, con especial atención a los colectivos más vulnerables. Entre las actividades que pueden ser financiadas se incluyen la promoción de la actividad física, la prevención de accidentes, el fomento de una alimentación saludable y la creación de hábitos de vida sanos. Las ayudas cubrirán además gastos relacionados con los profesionales que implementen los proyectos y la logística necesaria.

La delegada de Salud, Lidia Ballesteros, ha señalado que el Ayuntamiento sigue apostando por el bienestar ciudadano mediante “acciones concretas que mejoran la calidad de vida de las personas”. También ha afirmado que este tipo de iniciativas permiten reducir el impacto de diversas enfermedades en la comunidad.

Las subvenciones están dirigidas a entidades sin ánimo de lucro que trabajen en proyectos relacionados con la salud y la prevención. Cada organización podrá presentar hasta dos proyectos a esta convocatoria. Los requisitos y criterios de valoración se encuentran detallados en las bases publicadas en la web municipal.

El equipo de gobierno, encabezado por la delegada de Salud y la responsable de Servicios Sociales, Rocío Bastida, ya ha mantenido varias reuniones con las entidades sociales del municipio para explicarles los detalles de esta y otras convocatorias disponibles.

Coordinación y objetivos comunes

Desde el Ayuntamiento destacan la importancia de la coordinación con las entidades locales, ya que ambas partes trabajan con objetivos comunes, como la mejora de la cohesión social, la igualdad, la integración y el bienestar de los ciudadanos.

“Es fundamental que las organizaciones locales cuenten con el respaldo institucional para seguir desarrollando su labor”, ha comentado Ballesteros, subrayando que el trabajo conjunto con estas entidades es clave para el éxito de las políticas de salud en Alcalá de Guadaíra.

Las organizaciones interesadas pueden encontrar más información sobre la convocatoria y las bases en la página web del Ayuntamiento.

Vivimos en un mundo en el que parece que algunos de los principios y valores que nos definen como sociedad se ven constantemente cuestionados e incluso atacados. Por ello la celebración del día del Tercer Sector este año ha tomado un mensaje claro y directo: “El Tercer Sector frente a las amenazas globales: promoviendo la justicia social y la defensa de derechos”.

Un lema que como sector nos sitúa en una posición de defensa activa del principio fundamental de que la fuente del derecho es la propia ciudadanía, la propia sociedad. Y de que la justicia tiene que incorporar la base social a la vez que profundiza en la idea de que los derechos no sólo hay que consignarlos, promulgarlos y expresarlos en textos legales sino que también hay que defenderlos cada día de una forma activa e incluso proactiva dentro del sector.

Este año, desde el Tercer Sector tenemos un manifiesto que no sólo ahonda en esta idea, además indica cómo las entidades del tercer sector funcionan como baluarte para el mantenimiento en la esfera pública de estos mensajes. Son, con su actividad diaria, las entidades del tercer sector las que transforman la sociedad incidiendo sobre ella en la reducción de la pobreza, la cooperación internacional, la promoción de la paz y la defensa de valores democráticos. Entidades que, indirectamente, mantienen con su actividad en el imaginario colectivo valores como la paz, la solidaridad, la igualdad, la protección, la ayuda y el cuidado.

Además, la naturaleza comprometida del propio sector con el futuro hace que seamos también una palanca más que empuja en la dirección de lucha contra el cambio climático y la mejora ambiental y del entorno como algo fundamental para mantener y mejorar la calidad de vida de las próximas generaciones.

Somos, especialmente en un año en que se han cumplido nueve años del aniversario de la agenda 2030, unos firmes defensores de que la propia agenda es un programa que va más allá de unos u otros planteamientos políticos y supone un reto como sociedad y un compromiso con nuestros hijos e incluso con los hijos de sus hijos.

Para finalizar, es necesario hacerse eco de la conclusión del manifiesto que nos une en torno a esta celebración, y que este día indique el camino hacia un futuro mejor, “marcado por la colaboración, la justicia social, la paz y la defensa de los derechos sociales y humanos”. A todas luces un mensaje de futuro sobre el que crear una sociedad de las personas con las personas para construir la ciudadanía que ha de asumir los retos que vienen.

“No son albergues, son centros resilientes para personas que se encuentran en un nivel avanzado en su proceso de inclusión social”. Con esta aclaración, el delegado municipal de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales, José Luis García, ha arrancado la presentación de los dos proyectos residenciales para personas en situación de emergencia social que se van a construir en San Jerónimo y en el Polígono Sur.

La necesidad de comenzar con esa distinción parte del revuelo que ha provocado la noticia entre los vecinos de ambos barrios, que ya se han movilizado en contra del planteamiento municipal de descentralizar los servicios asistenciales que concentra el barrio de la Macarena. Allí las entidades vecinales llevan años denunciando problemas de convivencia, seguridad y limpieza en torno a los albergues para personas sin hogar.

El temor a que los nuevos espacios que está proyectando el Ayuntamiento hispalense terminen degradando unos barrios ya de por sí “pobres y con muchas carencias” ha llevado a los vecinos a rechazar la propuesta, al entender que “no solo contribuye a la estigmatización de la zona, sino que también degrada su imagen”, como ha manifestado la asociación vecinal de San Jerónimo a través de sus redes sociales. La plataforma de afectados por los albergues en la Macarena ha respaldado la protesta vecinal emergente, condenando que “hay 11 distritos y siempre sufren los mismos”.

Sin embargo, el delegado de Derechos Sociales ha querido lanzar “un mensaje de tranquilidad” a la población, con el que “desmentir” los comentarios cargados de “aporofobia y xenofobia” que se han propagado, después de trascender la intención de construir estos dos nuevos recursos sociales destinados a personas en exclusión social severa. Para ello, ha explicado que uno de los centros va a estar dedicado a “atender exclusivamente a mujeres víctimas de violencia de género o de trata” y el otro, “a personas convalecientes”.

Diferencia entre albergues y centros de resiliencia

Acompañado por representantes de 16 entidades que trabajan a diario con personas en situación de emergencia social (Solidarios, Hermanas de la Caridad, Cruz Roja, Prolibertas, Hogar Sí, Provivienda u Orden de Malta, entre otras), José Luis García ha detallado las diferencias entre los centros de acogida que se conocen como albergues y los “centros de resiliencia” que se están proyectando ahora para San Jerónimo y Polígono Sur, pero que se pretenden instalar en cada distrito para mediados de 2027.

“Es un modelo totalmente diferente, que no tiene nada que ver con el modelo de macrocentro que hay actualmente instalado en la Macarena, heredado de los años 80”, ha indicado el delegado de Derechos Sociales. La diferencia principal radica, por tanto, en su tamaño y su finalidad: “Estos centros no son de puertas abiertas, sino que son centros residenciales para un máximo de 25 personas que vendrán derivadas de los servicios sociales y en los que los residentes recibirán una atención personalizada que les permita dar el salto a la vida independiente”, ha señalado García.

Para ello, cada usuario tendrá asignado un técnico de referencia que desempeñará una labor de “acompañamiento integral”, desde prestar asistencia psicológica hasta orientar en la búsqueda de empleo. “Es un modelo basado en la persona y no en la caridad, porque creemos en la intervención integral y directa para transformar proyectos vitales”, ha defendido el delegado de Derechos Sociales. De paso, ha recordado que este tipo de recursos sociales se enmarcan en la estrategia de la normativa europea, nacional y autonómica, así como en el “compromiso que adquirimos todas las fuerzas políticas del pleno municipal en el anterior mandato durante la comisión contra la exclusión social”.

Con el afán de tranquilizar a los vecinos, ha informado de que ya existen dos modelos de “pequeños centros residenciales” funcionando en otros distritos de la ciudad, mediante un convenio de colaboración con entidades sociales, y que “se han integrado en sus zonas completamente sin generar ningún problema de convivencia”. En este punto, José Luis García ha hecho un llamamiento a la empatía y a romper con los “estereotipos de las personas sin hogar”, vinculados a indigentes conflictivos y con problemas de drogadicción. “Cualquiera puede terminar en la calle”, ha recordado.

¿Que va a significar abrir un centro para 20 personas?

A continuación, ha tomado la palabra Carmen Tamayo, trabajadora social de la organización Solidarios y directora del proyecto Mujereando, que lleva más de diez años trabajando con personas en situación de emergencia social. “A lo largo de estos años de experiencia, el perfil de las personas sin hogar ha ido cambiando y por eso deben cambiar también las respuestas a esas necesidades”, ha proclamado esta profesional, que define el colectivo de personas sin hogar como “muy heterogéneo y diverso”.

“Todos los días escucho historias de vida de personas que dicen que jamás se habrían imaginado terminar en la calle”, ha asegurado Tamayo, remarcando que “hablamos de personas que se encuentran en situación de exclusión social severa y que lo único que tienen en común es la falta de hogar y que lo están pasando muy mal”.

Frente a la alarma social que ha despertado la noticia entre los vecinos en barriadas como Cerro del Águila, donde se llegó a boicotear el pregón de la Velá del barrio en señal de protesta, las entidades han asegurado estar “muy felices” por la noticia. “Tenemos que preguntarnos qué significa abrir en Sevilla un centro para 20 o 25 personas en cualquier barrio”, ha abogado la trabajadora social de Solidarios.

“Yo misma me lo he preguntado y me he respondido: va a significar integración, comunidad, vecindad y, sobre todo, humanidad, porque no olvidemos nunca que, con o sin hogar, todos somos personas y todos necesitamos una segunda oportunidad”, ha expresado Carmen Tamayo, reivindicando “el valor de la empatía, de acompañar a las personas cuando más lo necesitan porque se puede salir de la calle”.

Huertos y salas veterinarias para las mascotas

Por esa razón, las organizaciones sociales han celebrado que las instituciones promuevan este tipo de iniciativas en la ciudad, donde el último censo contabilizó a 765 personas sin techo (ya sea viviendo en la calle, en infraviviendas, en centros de acogida o insertos en programas de emergencias sociales). La intención del gobierno local es “desconcentrar el distrito Macarena con estos dos nuevos proyectos y otros que van a llegar para que haya centros resilientes en cada distrito de la ciudad”.

Por el momento, el Ayuntamiento está terminando de redactar los proyectos de los centros que se van a ubicar en una parcela situada en la calle José Galán Merino, en el barrio de San Jerónimo (próxima a la sede de la Agencia Espacial Española y las Naves de Renfe), y en la calle Portobelo, que pertenece al Polígono Sur y colinda con el polígono Hytasa, zona donde el anterior gobierno socialista proyectó un albergue para personas sin hogar que se frustró finalmente por la presión vecinal.

Ahora, el gobierno de José Luis Sanz retoma la iniciativa que refrendó el pleno e impulsa la construcción de dos servicios sociales con características similares: ambos se insertan en un solar de unos 3.776 metros cuadrados, de los cuales el edificio ocupará una superficie de menos de 700 metros. “No hay que tener miedo porque no tiene nada que ver con un macrocentro, las edificaciones van a ocupar menos de un tercio de la parcela”, ha explicado el delegado, detallando que estos espacios residenciales van a contar con servicio de huertos comunitarios y con una sala veterinaria para que los usuarios que tienen animales de compañía no tengan que abandonar a sus mascotas cuando se incorporen al centro, como pasaba hasta ahora.

Para la construcción de esos dos primeros “microcentros” de “atención personalizada” el Ayuntamiento hispalense ha destinado una inversión que ronda los tres millones de euros, financiados en parte con una subvención de la Junta de Andalucía (a partir de un proyecto premiado por la Unión Europea) y el resto aportado por la Gerencia de Urbanismo. La previsión es que el proyecto se licite en la primavera del año próximo y los centros estén ya en marcha a finales de 2026.

Objetivo: Umies y microcentros en todos los distritos

El delegado de Derechos Sociales confía en que los dos nuevos espacios residenciales para mujeres y personas convalecientes en San Jerónimo y Polígono Sur ayuden a aliviar la carga que soporta el resto de recursos para personas sin hogar de la ciudad.

Augura así que el cambio va a ser muy significativo en el distrito Macarena, no solo gracias a la construcción de estos dos centros que ha tildado de “pioneros” –en alusión a que solo hay un precedente similar de intervención individualizada “24 horas” en Madrid–, sino también a la creación de unidades municipales de Intervención en Emergencias Sociales y Exclusión Social (Umies) en todos los distritos. Una acción que se espera culminar para diciembre de este mismo año con la incorporación de 40 técnicos más, tras el aumento de la partida dedicada a Emergencias Sociales, pasando de ocho millones en el anterior mandato a 18 en los últimos presupuestos, según los datos aportados por la Delegación de Derechos Sociales.

En definitiva, si bien el delegado entiende que “lo desconocido puede generar miedo”, con el apoyo de las entidades que trabajan a diario con personas sin hogar y el testimonio de profesionales como Carmen Tamayo, el Ayuntamiento ha tratado de transmitir el mensaje de que estos centros de atención para personas en situación de exclusión social “transforman vidas”, gracias a los profesionales que los acompañan en su vuelta a la vida.

La Consejería de Bienestar Social se ha mostrado dispuesta a que la orden que regula el Concierto Social para la gestión del servicio de acogimiento residencial de menores y ejecución de medidas judiciales vuelva a pasar por sus servicios jurídicos, a fin de enmendar varias cuestiones.

Así lo han asegurado, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Ana Delgado, y el responsable de Sectores Socioeducativos de la Federación de Enseñanza de CCOO, Antonio Romero, que, acompañados del secretario regional del sindicato, Paco de la Rosa, han convocado a los medios de comunicación a la puerta de la Consejería de Bienestar Social, tras reunirse con la viceconsejera de Bienestar Social, Guadalupe Martín, y con la directora general de Infancia y Familia, Inmaculada Tello.

“Esperamos que más pronto que tarde tengamos comunicación de la propia consejera diciendo que, efectivamente, saldrá una modificación, se recogerá en la propia orden y no nos veamos obligados a movilizar al sector porque sería el camino y la puerta que nos llevaría”, ha indicado Delgado.

Mientras, Antonio Romero ha vuelto a incidir en que la orden, publicada el pasado viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no solo no recoge la aplicación de un convenio colectivo sectorial -en concreto, el IV Convenio General Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores-, sino que además, no incluye cláusulas de revisión de precios para aplicar las subidas salariales a futuro.

Trabajadores “indefensos”

“Esto deja a los trabajadores, en su mayoría mujeres porque es un sector muy feminizado, en una situación de indefensión ya que la Administración, al no hacer referencia a ese convenio, que es el único que tiene la aplicación de regular la subrogación de los trabajadores, al no venir ese convenio ni esa cláusula de subrogación, está dejando en defensa a los trabajadores ya que las empresas podrían no subrogar”. Y es que Romero ha criticado que el departamento que dirige Bárbara García Torijano incluyese en la Orden estas cuestiones, sin haber informado a las partes.

“Al publicarse la Orden del Concierto, junto con la convocatoria, se salta la tutela del Tribunal Especial de Contratación Pública. Lo único que nos quedaría hacer sería un recurso especial ante la Consejera y, si no hay rectificación, tendríamos que ir a un contencioso-administrativo. Pero no es la fórmula para solucionar esta situación, porque nos abocaría a una resolución judicial dentro de cuatro o cinco años”, ha explicado el responsable de Sectores Socioeducativos de la Federación de Enseñanza de CCOO, que también ha amenazado con movilizaciones, si el Ejecutivo regional no rectifica la orden ni garantiza los empleos ni las condiciones laborales.

Tras preguntar si la Consejería tiene alguna “razón política” para no incluir en dicho concierto la referencia al convenio colectivo del sector que, según ha precisado, es una ley de obligado cumplimiento para los trabajadores y para las empresas afectadas, ha arremetido contra la consejera.

“Lamento muchísimo que la consejera tenga ese grado supino de insensibilidad para con los trabajadores que prestan un servicio público en una empresa. Esas ONG, insisto, con las que no quiero ser especialmente cruel, son empresas mercantiles que prestan un servicio y que tienen una serie de responsabilidades”, ha vuelto a criticar.

La Mesa del Tercer Sector apoya las críticas

Por su parte, la Mesa del Tercer Sector se ha unido a CCOO en su petición. “Estamos en la misma línea de lo que reivindica CCOO”, ha asegurado el presidente de la Mesa del Tercer Sector, José Antonio Romero, que, en declaraciones a Europa Press, ha lamentado haber conocido alguno de los puntos de dicho concierto tras publicarse en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la orden que recoge el pliego de condiciones.

Según Romero, desde las entidades prestatarias de estos servicios discrepan de que los salarios de sus trabajadores se tengan que actualizar en la misma proporción que las retribuciones del personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

“Una vez que se revisan los precios plaza, el coste de los salarios tiene que estar ajustado con base en el convenio colectivo de referencia. Coincidimos con las exigencias de Comisiones Obreras, porque así se recoge en otros conciertos sociales, como puede ser el de Extremadura, Murcia, Andalucía, o en la propia Ley de Servicios Sociales de Cantabria”, apunta.

En este sentido, según ha indicado el representante de la Mesa del Tercer Sector, las entidades también muestran inquietud por la partida económica que sustenta dicho concierto, más de 106 millones de euros para el período 2024-2029 prorrogable hasta un máximo de 10 años. Dudan de que con ese presupuesto vayan a poder hacer frente a los incrementos salariales que tendrán que aplicar en virtud del nuevo convenio colectivo del sector, que va a entrar en vigor dentro de nada.

“Por ejemplo, si la Administración regional sube un 2% los costes del personal público, pero el convenio colectivo establece que hay que subir un 4% a estos trabajadores, hay una diferencia de un 2% que tendrán que cubrir las entidades”, ha alertado Romero, que se muestra confiado en que el Gobierno regional modifique estas cuestiones de la orden antes de que entre en vigor el 1 de noviembre, en los Centros de Primera Acogida y Valoración, y el 1 de enero de 2025 en el resto de los hogares y centros.

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha ha presentado 36 enmiendas durante el proceso de participación pública del futuro Estatuto de Castilla-La Mancha, tras las reuniones mantenidas durante el mes de julio con los representantes del Partido Socialista y Partido Popular en las Cortes regionales.

Estas propuestas al texto incorporan los planteamientos de las entidades que trabajan en la región con personas en situación de pobreza, discapacidad, mayores, infancia, cooperación internacional, emergencia social y voluntariado.

Firan en torno a tres ejes: por un lado, la definición terminológica más acorde a las nuevas leyes y normativas; incorporando no sólo un principio de representatividad y sensibilidad al futuro texto legal, sino una forma de entender el marco legal que guiará los próximos años el desarrollo de las leyes en la región más acorde a la diversidad y pluralidad de la sociedad actual.

En segundo lugar, la incorporación de planteamientos que amplíen el carácter social del futuro estatuto incorporando la accesibilidad universal, la importancia de la solidaridad, la dependencia, la diversidad, y la garantía de los servicios y los derechos sociales En tercer y último lugar, la participación del tercer sector en espacios de diálogo e interlocución con la administración como parte de la sociedad civil articulada

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha está compuesta por siete entidades: la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE); el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi C-LM); la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN C-LM); la Cruz Roja, la Plataforma de Organizaciones de la Infancia C-LM (POI C-LM); la Coordinadora de ONGD de C-LM; la Asociación de Castilla -La Mancha de residencias y servicios de atención a los mayores (Acescam); y la Plataforma del Voluntariado (PV C-LM).

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha impulsado por octavo año la convocatoria de proyectos financiados con cargo a la recaudación del IRPF en la región y el Impuesto de Sociedades. La viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, ha informado de los detalles de esta convocatoria, que se ha publicado con tres meses de adelanto respecto a otros años y que pretende estar resuelta antes del final de este 2024. 

Castilla-La Mancha ha sido de las primeras comunidades autónomas en sacar esta convocatoria para 2024, que fue publicada el pasado 2 de mayo, adelantándose más de dos meses respecto a la fecha de publicación en 2023. “Esto nos permite asegurar que las entidades han podido madurar con mucha más profundidad los diferentes proyectos para presentar los mejores que tenían en sus manos”, ha afirmado Martín.

 Aunque la resolución se ha publicado inicialmente con un fondo de 15,3 millones de euros, un 57 por ciento más que en 2017 -cuando la comunidad autónoma empezó a gestionar esta convocatoria-, su dotación presupuestaria se verá incrementada en lo que corresponda a Castilla-La Mancha de la liquidación del 0,7 por ciento del Impuesto de Sociedades.

 “La cantidad avanzada por el Ministerio para resolver en 2024 se eleva a 17.048.116 euros, a la espera de que ésta sea ratificada por el Consejo de Ministros y el Consejo Territorial de Servicios Sociales”, ha explicado la viceconsejera.

Ha destacado así la mayor eficiencia con la que se gestiona esta convocatoria a nivel autonómico, lo que ha permitido introducir “mejoras muy importantes por la cercanía, por el grado de conocimiento de los propios proyectos, por el conocimiento de las entidades que concurren y, sobre todo, porque somos capaces de tener una extraordinaria coordinación con todas las entidades del Tercer Sector y hacer una mejor identificación de las necesidades que se producen en nuestro territorio”.

Más proyectos sociales presentados que en anteriores convocatorias

Esto ha contribuido a que el número de proyectos presentados por las entidades haya ido creciendo exponencialmente junto con la convocatoria, año tras año. Así, en 2021 fueron 439 proyectos financiados y en 2022, 434, mientras que en la convocatoria de 2023 se valoraron 747, siendo aprobados definitivamente 457 y concurrieron 346 entidades. 

Durante el plazo habilitado para la presentación de propuestas de este año, entre el 10 de mayo y el 3 de junio de 2024, se han recibido 799 solicitudes, presentadas por 337 entidades concurrentes que, tras el proceso de depuración, se han totalizado en 759 proyectos a valorar.

La fase de evaluación de la actual convocatoria ya está en marcha y se espera que la resolución final esté lista antes de que termine el año, permitiendo a las entidades comenzar 2025 con la financiación asegurada. “Es la garantía en la ejecución de proyectos el objetivo que nos hemos marcado y que tanto valoran las entidades”, ha concluido la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales.

 Antes de finalizar, Guadalupe Martín ha querido agradecer a las entidades del Tercer Sector el “grandísimo esfuerzo por presentar lo mejor de su trabajo a esa convocatoria, con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y conseguir entre todos una sociedad más justa y solidaria”. Del mismo modo, la viceconsejera también ha agradecido, en nombre del Gobierno regional, a las personas que marcan la 'X solidaria' en su declaración de la renta y a las empresas por su aportación a través del Impuesto de Sociedades.