La mujer que denunció haber sido víctima de una violación grupal en la Universidad de Cornell ha enviado una carta en la que dice sentirse “desamparada” y acusa a la institución de no haber dado credibilidad a su relato.

En la carta, publicada por el New York Times y enviada al órgano que reúne al profesorado de la Universidad, la víctima –que permanece en el anonimato y a la que se conoce con el pseudónimo de Jane Doe– afirma que quiere dar su versión mientras se discute una moción contra la dirección de la Universidad.

La joven dice que el presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, hizo un comentario poniendo en duda el tiempo que había tardado en denunciar la agresión –fue menos de un mes–. La víctima dice que esa reacción minó su confianza en la Universidad y desconfió de “la sensibilidad y la justicia que yo esperaba y deseaba de la que había sido la universidad de mis sueños”.

Ese comentario se realizó durante un encuentro con la presidenta de la hermandad universitaria de la víctima. Ella le contó a Jane Doe que Kotlikoff había preguntado “¿Por qué tardó tanto en denunciarlo?”, y que ese comentario había dejado a la presidenta de la hermandad “preocupada” y con la sensación de que dudaba de la veracidad del relato.

“Cuando la entonces presidenta de Tri Delta me contó esta conversación, sentí que el presidente Kotlikoff no me respaldaba y que no creía mi testimonio”, dice la denunciante en su carta.

“No quisiera ocultar algo potencialmente relevante y que los miembros del Senado [el órgano que reúne al profesorado] descubrieran más adelante que no se les había facilitado información importante para sus deliberaciones”, añade.

La moción que discute el profesorado de Cornell es simbólica, no puede destituir a Kotlikoff y a su equipo, pero si se aprueba sería un duro golpe a una dirección ya muy cuestionada por su actuación en este caso.

Los hechos: una violación a una mujer drogada

La denuncia de la víctima relata que en octubre de 2024 sale de un bar en el que ha estado bebiendo y se dirige a la hermandad Chi Phi, donde va a encontrarse con un amigo en medio de una fiesta. La mujer llega ya borracha y él, con quien inicia un encuentro consentido, le ofrece más bebida. El chico la lleva a un lugar más apartado, donde hay otro hombre. Los dos comienzan a consumir ketamina y a presionarla a ella para que consuma y tenga sexo con los dos. Para entonces, Jane Doe se encontraba con una importante merma de sus facultades que le impedía expresar su voluntad y consentir.

Los documentos a los que ha accedido The New York Times y The Associated Press muestran que uno de esos dos hombres envió un mensaje a un grupo que la fraternidad tenía en la plataforma Snapchat en el que escribió “coño gratis arriba”. Otros hombres llegaron a la habitación y, a pesar de que la mujer estaba en un estado de grave intoxicación, siguieron forzándola a consumir drogas y tener sexo hasta bien entrada la madrugada, cuando ella quedó casi inconsciente.

En 2016, quince mujeres mayas del pueblo q'eqchi', conocidas como las abuelas de Sepur Zarco, obtuvieron una condena pionera contra el ejército de Guatemala por haber sido utilizadas como esclavas sexuales durante ocho meses, tras el asesinato de sus maridos, en 1982. Once años después de la sentencia, Sepur Zarco, convertida en un símbolo, sigue esperando las medidas de reparación prometidas: un centro médico, una escuela, suministro eléctrico o agua potable. Las abuelas hace mucho que dejaron de luchar por ellas: batallan por el futuro de sus hijos, sus nietos y el de toda una comunidad. Pero el obstáculo que se interpone entre las víctimas y la justicia sigue siendo el mismo que provocó la muerte de sus esposos hace más de cuatro décadas: la propiedad de la tierra. Quitársela a sus amos “legales” –incluso con su consentimiento, tras el pago de un precio justo– para devolvérsela a quienes se consideran dueños legítimos, los pueblos indígenas, puede provocar un efecto dominó en un país en el que el latifundio y las grandes empresas siguen acaparando el territorio.

La encrucijada, a la que se espera que dé respuesta el actual presidente –el socialdemócrata Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla–, es el eje del documental La tierra os hará libres. Sepur Zarco, realizado por Agareso (Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social) y su contraparte guatemalteca, Mujeres Transformando el Mundo (MTM), dentro de un proyecto de cooperación financiado por la Xunta. Paula Barrios, abogada de MTM, ha estado en Galicia presentando una producción audiovisual –rodada en castellano y q'eqchi'– que en noviembre llegará a los cines del país centroamericano. Barrios habló con elDiario.es este jueves en Santiago, el día después de la proyección de la cinta en la Sala Numax.

Retrocedamos hasta el principio: ¿qué tuvo de pionera la sentencia de Sepur Zarco?

Es paradigmática porque se trata de un caso específicamente de violencia sexual cometido en el marco del conflicto armado. Esos referentes se habían dado únicamente en tribunales ad hoc, y este estaba siendo juzgado en la justicia ordinaria guatemalteca. Conceptualiza la esclavitud sexual y doméstica y establece la responsabilidad del ejército de Guatemala que, en lugar de proteger a la población indígena, civil, no combatiente, consideró que podían estar apoyando a los grupos guerrilleros y, por tanto, había que exterminarlos. La incursión militar se enfoca en la persecución de esas comunidades en esta región, un territorio formado por fincas que, en ese momento se dedicaban a la cosecha de maíz, de crianza de ganado para la exportación; comunidades que trabajaban para los –entre comillas–, propietarios de las fincas, prácticamente en una condición de esclavitud.

¿Por qué “propietarios”, entre comillas?

Durante el conflicto armado desaparecen los registros de las fincas y son otorgadas en concesión o en propiedad específicamente a algunas familias de la región. De hecho, hay algunas solicitudes escritas que estos propietarios envían al ejército para pedir que incursionen en el territorio con el objetivo de resguardar la propiedad o la tenencia de esas tierras, ya que los esposos de las abuelas, como muchos otros pobladores, estaban solicitando la titularidad de ese territorio. Es precisamente eso lo que provoca que los desaparezcan, que los eliminen.

La lucha por la tierra.

Exactamente, por esa tierra que estaba en manos de esos propietarios o de esas personas que explotaban la tierra y que también tenían a estas poblaciones como parte de su posesión. En realidad, nuestro trabajo en un inicio pretendía ejemplificar esa estrategia contra la insurgencia en toda la región. Se implantaron siete destacamentos militares, cada uno con un fin: el lugar de exterminio, el de tortura y recolección de información, otro en el que guardaban las armas, donde tenían el control o la vigilancia y el lugar de descanso, el de Sepur Zarco, que era la comunidad más grande en la región. Es ahí donde se establece este destacamento, donde las tropas –luego de la incursión en la Sierra de las Minas–, bajaban y descansaban mientras rotaban los turnos. Ahí era donde las mujeres eran obligadas a ir a cocinar, a lavar la ropa al río y ahí se dieron las violaciones sexuales.

Las víctimas fueron las quince denunciantes, las que hoy conocemos como abuelas, pero que en aquel momento eran mujeres de desaparecidos.

Son quince mujeres de cuatro comunidades distintas, solo dos son de Sepur Zarco, pero nos enfocamos ahí porque fue donde estuvo establecido el destacamento militar. De las quince, hubo cuatro que estuvieron en la montaña huyendo durante seis, ocho años... y que perdieron a sus hijos. Únicamente once son reconocidas por el tribunal como víctimas directas. Sin embargo, para ellas, esta participación es parte de esa justicia que querían promover.

No tuvo que ser fácil dar el paso de denunciar...

La intención inicial era romper el silencio, que se conocieran los testimonios a partir de su voz y que la comunidad, además, entendiera que no fue responsabilidad de ellas. Estuvieron mucho tiempo siendo señaladas: que ellas lo provocaron, ellas lo consintieron, ellas quisieron que sucedieran esos hechos... Eran las mujeres de los soldados, en un marco y un contexto patriarcal que, en las poblaciones indígenas, es muy conservador, porque el sentido del rol de las mujeres dentro de esa cosmovisión tiene una relevancia a nivel comunitario y eso se rompió. Las mujeres hablan de que sus cuerpos fueron profanados por personas de fuera, ajenas a su cosmovisión y a su identidad. Actualmente, las mujeres son expulsadas de su comunidad si sufren violencia sexual. En aquellos años era aún peor, pero ellas se enfrentaron a esas condiciones.

Se enfrentaron a todo eso, rompieron el silencio, ganaron, pero once años después siguen a la espera de la reparación.

Sí, dentro de la sentencia se establecen dieciséis medidas de reparación dirigidas a que el Estado genere condiciones que minimicen las condiciones de vulnerabilidad estructurales de la región. Que sean reconocidas como ciudadanas que tienen derecho a educación, a servicios básicos, salud, una vivienda digna, agua potable... una situación que, hasta la fecha, no hay en estas comunidades. Eso tiene un efecto transformador a nivel comunitario. No es una reparación específicamente para ellas y sus familias, sino para la comunidad que, hace diez años, cuando salió la sentencia, era de unas quince mil personas. Son 87 comunidades en una región que tiene unos 80 km². Hay jóvenes que pueden, en vez de emigrar, estudiar y luego optar a la universidad, por ejemplo, y mejorar sus condiciones de vida. También esto implicaría que las empresas mejorasen los términos laborales, que hoy no tienen garantía, y son el único ingreso en la región.

Para plasmarlo en concreto, ¿qué medidas serían? ¿Crear infraestructuras sanitarias, educativas? ¿Centros médicos, centros de salud, colegios...?

Construir un centro educativo, construir el centro de salud, tener servicios básicos como energía eléctrica, porque algunas de estas comunidades no la tienen; agua potable, acceso a servicios, caminos... Es muy básico. Ellas quieren recuperar su cosmovisión y su forma de vida en el territorio por el que estaban luchando y por lo que fueron desaparecidos sus esposos y la población en general. En ese sentido, en Guatemala, es pionera este caso en colocar ese estándar de reparación transformadora en una sentencia ordinaria. Por lo tanto, no hay preestablecido un mecanismo para implementarlo.

Y la falta de ese mecanismo es un problema también, claro.

Es un problema también porque el sistema de justicia debe ejecutar esa sentencia, pero ahí hay resistencia de los jueces de ejecución. Desde mi particular interpretación de la ley, ellos tienen competencia y deben ejecutar la sentencia para todo lo que establece, no solo para garantizar las condiciones de los condenados, que en este caso fueron dos, el teniente coronel que estuvo en el destacamento [condenado a 120 años de prisión] y uno de los comisionados militares, su auxiliar [a 240]. Ahí hay una debilidad del sistema de justicia que únicamente los jueces quieren observar dentro de la sentencia las garantías y derechos humanos de los condenados, y no el enfoque victimológico que establece la sentencia de la implementación de estas medidas para las víctimas. Es un tema de interpretación pero también de voluntad.

Si el judicial no avanza, ¿qué hace el poder ejecutivo, el gobierno?

El ejecutivo, que son todos los ministerios, programas, secretarías que deben dar cumplimiento, también deben tener un mecanismo, o por lo menos en eso estamos trabajando, para que la excusa no sea que no sabemos cómo colocar fondos para hacer estas acciones. No es algo que les resulte ajeno: hubo sentencias por otros motivos de la Corte Interamericana que el Estado debía implementar.

Entonces, ¿es un problema de falta de mecanismo, de dinero o de lo que puede suponer Zepur Sarco como precedente?

La principal barrera es siempre la disputa de quién tiene la verdad en el marco de los hechos ocurridos en el conflicto armado. Guatemala se resiste a aceptar que el ejército es responsable de esos hechos y, por tanto, esa institución debe ser transformada y el Estado debe de aceptar esa responsabilidad. A pesar de todos estos esfuerzos de construcción de la paz, de los acuerdos, hay una resistencia muy fuerte y depende del gobierno de turno. No podemos decir que las secuelas del conflicto armado están superadas y toda la población puede tener acceso a la tierra. Aún vemos que esto persiste. Esas condiciones de vulnerabilidad siguen manteniéndose. Los pueblos mayas no son posesionarios de la tierra y menos las mujeres. Eso los pone en una condición de falta de oportunidades y de tener una mejor calidad de vida.

¿Cree que hay temor a que esto muestre lo que puede ser un auténtico caso de reparación, que la tierra pase a los que se consideran sus legítimos propietarios y por eso todo se frena, por lo que pueda traer después?

Así es, porque se quiere seguir conservando el poder económico en pocas familias y la población indígena sigue siendo esclavizada y no reconocida como ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos. Esa es la disputa de fondo, no si se tiene el mecanismo para implementar o no: es no variar las condiciones de sometimiento de la población indígena. Estamos en un momento de diálogo político. A nivel técnico, entre los equipos medios de los ministerios, hay mucho compromiso, sensibilización y ganas de aportar una mejor calidad de vida, pero hay una estructura y un poder económico que pretende que el orden de las cosas no varíe.

Pero, en este caso, hasta hay acuerdo con los propietarios para la venta.

Sí, precisamente porque, como se ve en el documental, nunca han sido posesionarios de una tierra que les ha llegado por herencia. A esto se suma cierto temor de que se genere algún conflicto con la población indígena. Es una región que permanentemente está en disputa. En el audiovisual vemos cómo se acercan las compañeras a hablar con veinticinco familias que estaban diciendo “este es nuestro territorio”. De hecho, la empresa de caña de azúcar se ha retirado y ha dejado temporalmente abandonadas las fincas de la siembra. El pueblo q'eqchi' es muy beligerante, no es un pueblo que se someta a unas condiciones únicamente por dinero.

Si existe, por un lado, una voluntad política explícita del gobierno –que habrá que ver luego si es tan explícita como se dice– y, por otro, la disposición de los propietarios, la solución parece muy sencilla: se compra la tierra y se devuelve al pueblo.

Así es. Y, de hecho, para eso se han creado instituciones como COPRECON [la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad], o COPADEH [Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos], para restituir los derechos de la población. Este gobierno, el tercero desde la sentencia, incluso ha impulsado actos de perdón. Nosotras vemos en él un compromiso y una oportunidad. Han habido avances, a partir del compromiso de los equipos técnicos, pero es la voluntad política la que queremos y necesitamos para que la sentencia de Sepur Zarco pueda ser implementada y que las mujeres, sus nietos, sus hijos y la comunidad en general, puedan tener una mejor calidad de vida.

Porque, al final, las abuelas ya no luchan por ellas mismas.

Ya no.

De hecho, no sé si en algún momento lo hicieron...

Siempre lo hicieron por la comunidad. En el documental se ve que doña Demesia [Yat, una de las abuelas] dice: “Cuando hablamos de Sepur Zarco estamos hablando de La Esperanza, estamos hablando de Pombaac, estamos hablando de San Marcos”; son cuatro comunidades. Ellas han logrado desarrollar un liderazgo importante en la región, donde ahora las mujeres tienen también un espacio en cada decisión de la comunidad. Las abuelas son reconocidas como un grupo más a quien consultar todo lo que sucede. Eso es importante, pero también genera una responsabilidad y ellas sienten mucha frustración al no poder entregar a la comunidad eso por lo que ellas han luchado tanto. Como bien dice la jueza Yassmín [Barrios, jueza que presidió el tribunal del caso Sepur Zarco], la sentencia es en nombre del pueblo de Guatemala. En esa misma responsabilidad, el pueblo de Guatemala debe cumplir con las medidas de reparación porque ese es el verdadero sentido de la justicia: equiparar esas condiciones de vida. Si no, todo este camino ha sido en vano.

Un hombre ha sido detenido en Pamplona como presunto autor de una violción a su expareja y por amenazas con arma blanca.

Según ha informado la Policía Municipal, después de que una mujer denunciase haber sufrido una violación en un municipio del barrio de San Juan, agentes de este cuerpo y de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar de los hechos y lo arrestaron como presunto autor de la agresión sexual y también por amenazas con un arma blanca.

La víctima fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra y el detenido ha pasado este miércoles a disposición judicial.

Ocurrió hace dos años, pero es ahora cuando el asunto ha cobrado relevancia y se ha convertido en un escándalo. Hace unas semanas, una mujer, que había sido alumna de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, interpuso una denuncia contra siete estudiantes por violación, pero también contra la hermandad que agrupaba a los jóvenes y contra el propio centro educativo y otras organizaciones por inacción y negligencia. Porque la primera denuncia que interpuso la mujer data de noviembre de 2024 y el resultado fue prácticamente nulo. La nueva acción judicial de esta mujer, que tuvo que abandonar la universidad por el impacto que la agresión y el proceso posterior tuvo en ella, ha sacado a la luz, una vez más, la impunidad de la violencia sexual y la violencia institucional que, por acción u omisión, acaban sufriendo muchas víctimas. A pesar de su denuncia de 2024, la Fiscalía no investigó los hechos y el expediente impulsado por la universidad tuvo distintas consecuencias para los agresores, desde la expulsión temporal hasta hacer cursos y ensayos para reflexionar sobre lo sucedido, pero se desconoce la manera en la que ayudaron a la víctima.

¿Qué ocurrió y dónde? El lugar de los hechos es la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, uno de los centros que forma parte de la Ivy League, el grupo de las ocho universidades de élite de EEUU. En octubre de 2024, una mujer que entonces tenía 20 años y que ha sido identificada como Jane Doe (el pseudónimo utilizado allí para proteger la identidad de mujeres involucradas en casos relevantes) sale de un bar en el que ha estado bebiendo y se dirige a la hermandad Chi Phi, donde va a encontrarse con un amigo en medio de una fiesta. La mujer llega ya borracha y él, con quien inicia un encuentro consentido, le ofrece más bebida. El chico la lleva a un lugar más apartado, donde hay otro hombre. Los dos comienzan a consumir ketamina y a presionarla a ella para que consuma y tenga sexo con los dos. Para entonces, Jane Doe se encontraba con una importante merma de sus facultades que le impedía expresar su voluntad y consentir.

Los documentos a los que ha accedido The New York Times y The Associated Press muestran que uno de esos dos hombres envió un mensaje a un grupo que la fraternidad tenía en la plataforma Snapchat en el que escribió “coño gratis arriba”. Otros hombres llegaron a la habitación y, a pesar de que la mujer estaba en un estado de grave intoxicación, siguieron forzándola a consumir drogas y tener sexo hasta bien entrada la madrugada, cuando ella quedó exhausta.

¿Qué pasó después? La mujer quedó en estado en shock y tardó días en nombrar lo sucedido como una agresión sexual. Unas dos semanas después, con apoyo de amigas, Jane Doe decidió interponer una denuncia ante la policía privada de la Universidad de Cornell. Con la amplia declaración de la mujer y otras averiguaciones elaboraron un informe de 120 páginas, pero a la Fiscalía solo enviaron un resumen de seis. El fiscal del distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, revisó esta denuncia y decidió no presentar cargos penales porque entendía que no había pruebas de que aquello hubiera sido una agresión y no sexo consentido. La Fiscalía no inició una investigación propia, no aceptó revisar más material en poder de la policía ni se interesó por el expediente iniciado por la universidad.

Ahora, cuando la mujer ha vuelto a interponer su denuncia, Van Houten ha asegurado que su oficina nunca recibió detalles sobre esa acusación de violación y que se ha enterado ahora de los entresijos del caso. Pero los documentos en manos de The New York Times muestran que no hubo voluntad de revisar el material que había recopilado la policía del campus y que incluía todo tipo de evidencias sobre la falta de consentimiento, incluida una extensa declaración de la chica.

Ante esta nueva denuncia, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha criticado esa decisión y ha encargado esta nueva instrucción directamente a la fiscal general del estado. “Lo que hemos conocido sobre el manejo de este caso es espantoso. Ningún joven que dé un paso al frente para pedir ayuda debería ser ignorado o desestimado”, ha dicho Hochul estos días.

¿Y qué hizo la universidad? Paralelamente, la universidad inició una investigación interna bajo el Título IX, encargado de velar por los derechos civiles. Esa investigación, que duró meses y que fue llevada a cabo por una comisión, interrogó a decenas de personas y recopiló numerosas pruebas. Durante la madrugada, dice ese informe, la mujer estaba al borde de las alucinaciones. En esa declaración aseguró que “se sentía como una presa” y que los hombres eran “como leones a mi alrededor”. Sobre su estado de intoxicación dijo: “Pareces un ser humano que funciona… No necesariamente pareces muerto o dormido. Así que las luces están encendidas, pero no hay nadie en casa. Tu cerebro no está funcionando a su nivel adecuado”.

En el expediente también consta que, días después de la agresión, la mujer acudió al servicio médico de la universidad por una infección del tracto urinario y que allí informó de que la había adquirido “de manera traumática”. La persona que la atendió le recomendó hablar con alguien, pero no indagó en lo le había sucedido a la joven ni le ofreció atención especializada o una revisión para determinar posibles lesiones.

El resumen de los informes disciplinarios muestran que la universidad no consideró responsable de agresión a todos los hombres señalados por Doe. Las sanciones más graves fueron para los dos hombres que iniciaron el contacto con Jane Doe. Uno de ellos, señaló la investigación, era responsable de agresión sexual y estaba dispuesto “a manipular, explotar y poner en peligro a Jane Doe en beneficio propio y para el entretenimiento de otros”. El otro también fue acusado de agresión sexual. Ambos fueron expulsados de la universidad, aunque, al parecer, solo temporalmente. Otros dos participantes en los hechos fueron suspendidos durante varios semestres y se les ordenó no ponerse en contacto con la mujer. Se les impuso, también, que hicieran cursos sobre acoso sexual y que escribieran ensayos de reflexión. Varios de los chicos que entraron en la habitación participaron en calidad de observadores y nunca dieron la voz de alarma sobre lo que estaba ocurriendo. No está claro aún lo que la universidad hizo con ellos.

El abogado de la mujer, Thomas Giuffra, ha dicho estos días que es posible que la mujer ni siquiera llegue a graduarse en la universidad “o pueda llevar alguna vez una vida normal debido a lo que estos hombres le hicieron”.

¿Qué está pasando ahora? Que Jane Doe ha persistido en su búsqueda de justicia y ha interpuesto esta nueva denuncia, tanto contra siete hombres por agresión sexual, como contra todas las instituciones que considera no hicieron su trabajo como debieron y no la protegieron. La denuncia ha saltado a la prensa y el caso ha conmocionado al país. Es un nuevo ejemplo de cómo la cultura de la violación se cuela en los campus universitarios, pero también de cómo las instituciones fallan en entender la violencia sexual, en investigarla y atenderla.

El campus de la universidad se ha movilizado: muchas mujeres están compartiendo sus experiencias de violencia sexual y este lunes hubo manifestaciones para pedir justicia y también rendición de cuentas y transparencia al centro. “Había mucha frustración entre el alumnado, que no entendía cómo podía suceder algo así. Ni siquiera puedo imaginar el trauma por el que pasó. Cuando nos enteramos, fue muy inquietante”, decía Jonathan Lam, copresidente de la Unión por las Libertades Civiles (ACLU) de la Universidad de Cornell, que pedía que el presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, reconozca que es necesario un cambio.

La fiscal del estado comenzará ahora a investigar los hechos. “Está incorporando a muchas personas que son fiscales e investigadores con experiencia para analizar estas cuestiones, y ellos obtendrán todo y finalmente sabremos qué se hizo y qué se dijo”, ha dicho el abogado de la mujer.

El joven acusado de agredir sexualmente a una menor de 14 años con la que había quedado para dar un paseo en Santander ha negado este martes los hechos en el juicio contra él, en el que la víctima -que ha declarado a puerta cerrada y por videoconferencia- se ha ratificado en la denuncia. El fiscal mantiene su petición de condena de trece años de prisión, los mismos que solicita la acusación particular, y la defensa insiste en la libre absolución.

El procesado, que entonces tenía 21 años y solo ha contestado a preguntas de su abogado, ha desmentido ante la Sala de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria que hiciera tocamientos o llegara a penetrar a la chica el día de los hechos denunciados, en febrero de 2025, un par de meses después de conocerse en el cumpleaños de ella.

Según su versión, y tras haber coincidido otra vez en el cumpleaños de la prima de ella, quedaron en una plaza de la ciudad para pasear, y estuvieron en ese lugar y en los alrededores, a solas pero siempre en espacios exteriores. El hombre ha indicado que como empezó a llover, acompañó a la menor a la parada del autobús y que se fue cada uno a su casa. Así, ha negado que ambos fueran al piso donde supuestamente ocurrió la agresión, con el que ha dicho no tener ninguna relación ni tampoco forma alguna de acceder.

A partir de ahí, ha asegurado que mantuvieron el contacto un par de días o tres, a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería móvil, hasta que ella le “dejó de hablar”. Entonces, ha dicho que borró los mensajes, extremo que ella también llevó a cabo y ha justificado que lo hizo “por asco”, según ha trascendido de la declaración que ha prestado a través de las partes personadas.

Y de acuerdo con el ministerio público, ambos quedaron para pasear, pero como estaba lloviendo, el enjuiciado “envió un mensaje a la chica diciéndole que mejor fuera al piso donde él la estaba esperando”. Una vez allí, el denunciado le “instó a sentarse en unos colchones que había en el suelo y, con ánimo libidinoso, pese a constarle la oposición reiterada a mantener relaciones sexuales de la menor, empezó a besarla en la boca a la fuerza y a tocarla por encima de la ropa”. Después, la obligó “a mantener relaciones sexuales vaginales con penetración sujetándola con fuerza por las caderas”. “Inicialmente se realizó sin preservativo y luego con él, a ruego de la menor, temerosa de ser contagiada”, añade el fiscal en su escrito.

Declaraciones de familiares

En la vista oral también ha comparecido la prima y amiga de la víctima, con la que convivía y que fue la primera persona a la que contó lo sucedido, un par de semanas después. Según ha explicado, le dijo que quería hablar con ella y tras un primer comentario “muy breve” la notó “indispuesta” e “incómoda” para seguir la conversación y dar detalles. Así, días después habló con su madre y, a partir de ahí, la menor relató lo ocurrido a sus progenitores en presencia de otros familiares.

Según esta testigo, les narró que estaba en un lugar, que no precisó, con más personas y como empezó a tener sed el joven acusado le ofreció ir a un apartamento a beber agua, un lugar “abandonado y no habitable”, según especificó. Una vez allí, les dijo que se sentó en la esquina de un colchón y que él se acercó le bajó los pantalones, para primero meterle los dedos y proceder después a la penetración vaginal.

La confidente de la víctima ha afirmado que era “divertida” y que esos días la vio “decaída” y “muy reservada”. En similares términos se ha expresado el padre de la menor -ahora tiene 16 años-, que ha coincidido en que su hija era “muy alegre” pero, en ese momento, “estaba mal, desencajada y totalmente llorosa”, a lo que ha sumado que apreció en ella “sensación de vergüenza”.

En cuanto a los hechos en sí, ha señalado que tuvo conocimiento de los mismos primero a través de su mujer y luego de su propia hija, que refirió haber sufrido una agresión sexual por parte del procesado, y que había tenido lugar en un piso -que estaba en obras y con la puerta cerrada con llaves- al que habían ido porque estaba lloviendo. Ha detallado que ella se sentó en un colchón “alejada” de él, que se acercó y entonces “empezó el asedio”. “Estaba aterrada”, ha resumido el padre, para aludir al “miedo” y “temor” que pasó su hija, que en ese momento y según ha dicho mantuvo contacto telefónico con sus amigas.

Informes sanitarios

La pediatra que asistió a la menor tras la denuncia, un par de semanas después de los hechos, ha explicado que le relató que había sido “violada” en un piso, sin especificar de quién era, y ha indicado que tenía “mucha ansiedad”, además de miedo y llanto. Por su parte, la ginecóloga que a exploró apreció una lesión en el cuello del útero, pero algo “inespecífico” y que puede deberse a muchas causas, incluida una penetración vaginal, pero también una infección.

Y otras dos peritos que examinaron a la víctima apreciaron en ella un trastorno distímico, una afectación emocional con síntomas depresivos o de ansiedad “de menor rango”, según han explicado, además de un trastorno adaptativo. “Síntomas que, no siendo muy graves, no llegan a ser normales y producen una alteración de su vida”, han apuntado.

Conclusiones de las partes

Practicada toda la prueba, las partes han elevado a definitivas sus conclusiones. Así, el fiscal insiste en 13 de años de prisión para un delito de agresión sexual a menor de dieciséis años, además de quince de alejamiento y prohibición de comunicar con la chica, otros tantos de libertad vigilada tras la salida de la cárcel, diez más de inhabilitación para ejercer los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, y dieciocho años de inhabilitación para trabajar con menores. Y en concepto de responsabilidad civil, pide que el acusado indemnice a la menor en 10.000 euros, por los daños morales y las lesiones psicológicas que le ha producido.

Según la acusación pública, “todos y cada uno” de los hechos denunciados han quedado acreditados, de modo que -ha asegurado- la agresión se produjo “con conocimiento” de la edad de la víctima y “sin consentimiento” de ella, y apostillado que fue una relación “ni siquiera deseada”. También ha destacado el relato “coherente y persistente” de la menor, mientras que la abogada de la acusación particular ha subrayado la “verosimilitud” del testimonio que ha ofrecido la joven, que ha detallado cómo sucedió todo, mientras que él “miente”. “Ha hecho la bomba: contar algo por encima por no contradecir lo que ella ha dicho”. Esta letrada ha desvelado que la chica le dijo “por activa por pasiva” su edad cuando ambos empezaron “un tonteo y besuqueo”, a lo que él “se rió”.

Finalmente, la defensa ha apreciado “contradicción” entre lo manifestado por la denunciante y el denunciado, como por ejemplo los motivos por los que fueron al piso (porque tenía sed o porque llovía), y ha considerado que “no solo no se ha probado que haya habido agresión sexual”, sino “ni siquiera una relación sexual”. Además, ha cuestionado distintos extremos que no se han comprobado en el marco de una “deficitaria instrucción”.

Los Mossos d'Esquadra investigan la violación de una chica de unos 22 años en una zona forestal de Vidreres (Girona) el mediodía de este sábado. Según avanzó 'El País' y ha confirmado la agencia ACN, la víctima salió a correr cuando un hombre la abordó cerca de la urbanización Aiguaviva Parc, la amenazó con algún objeto y la agredió sexualmente. 

Los Mossos recibieron el aviso a través del teléfono de emergencias 112 y varias patrullas se dirigieron al sitio de los hechos. La División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo de la investigación y trabaja para identificar y detener al sospechoso.

La Fiscalía de Rumania ha acusado al polémico creador de contenido en Internet Andrew Tate de tráfico de menores, abusar sexualmente de una menor, blanqueo de capitales y manipulación de testigos. También ha acusado a su hermano Tristan de complicidad. Ambos, que se dedican a expandir mensajes misóginos a sus millones de seguidores, rechazan todas las acusaciones en su contra. Los dos se encuentran en estos momentos detenidos en EEUU.

La justicia rumana ha concluido tras una investigación de más de cuatro años que los hermanos Tate, que tienen doble nacionalidad estadounidense y británica, reclutaban a sus víctimas seduciéndolas y fingiendo querer una relación o matrimonio, antes de obligarlas a producir contenido pornográfico para un negocio de cámaras web. En 2022, fueron detenidos en Rumania acusados de participar en planes para atraer mujeres con fines de explotación sexual.

En 2025, se les permitió salir de Rumania y volaron a Florida en un jet privado. Desde finales de julio de este año, se encuentran detenidos en Miami después de que Reino Unido solicitara su extradición por casi sesenta cargos relacionados con violación, trata de personas, explotación sexual y delitos vinculados con pornografía.

Según la Dirección de investigación del crimen organizado y terrorismo (DIICOT) de Rumanía, Andrew Tate presuntamente reclutó en 2012 a una menor de 15 años, que explotó sexualmente durante nueve años en el Reino Unido y en Rumanía, donde los dos hermanos se instalaron en 2017.

La Fiscalía rumana alega que el influencer, de 39 años, engañó a la joven sobre su intención de entablar una relación sentimental, tras lo cual la presionó mediante amenazas, chantaje emocional, control y vigilancia, además de agresiones físicas. La víctima fue presuntamente obligada a producir material pornográfico y a aparecer en videollamadas. Tristan Tate, de 38 años, habría apoyado a su hermano, supervisando la actividad de la chica y encargándose de recaudar y administrar el dinero procedente de esas videollamadas.

En el mismo caso, la DIICOT alega que los hermanos Tate intentaron influir sobre las declaraciones de algunas víctimas y testigos, ofreciéndoles dinero, teléfonos y la promesa de asistencia legal. La Fiscalía solicitó la confiscación de cuatro automóviles de lujo, con un valor total estimado de 825.000 euros, y de unos 1,25 millones de dólares en metálico que, según ésta, proceden de la explotación de la menor de edad.

El envío de la acusación a los tribunales rumanos marca la conclusión de la investigación penal. Los cargos serán analizados por los jueces, si bien los dos hermanos se encuentran en una cárcel de Miami. Un portavoz de la agencia de Rumanía especializada en investigar el crimen organizado y el terrorismo ha reconocido a Reuters que no está claro si se solicitará su extradición desde EEUU, donde se encuentran detenidos.

A finales de agosto, la audiencia en Florida sobre extradición no resolvió su petición de libertad bajo fianza mientras avanza el proceso solicitado por el Reino Unido y concluyó sin que la jueza Lauren Louis anunciara un fallo sobre la libertad de los dos influencers, que están recluidos en un centro de detención federal de Miami desde el pasado 18 de julio. Por el momento, no hay una fecha fijada para una nueva audiencia sobre la extradición. Reino Unido tiene hasta el 16 de septiembre para remitir a la corte de Florida la documentación que sustenta su solicitud.

Según recoge Reuters, los Tate pueden ser juzgados en ausencia en Rumania, pero el juicio no comenzará de inmediato. Según la ley rumana, la acusación se envía a una sala de instrucción, donde un juez inspeccionará los expedientes para garantizar su legalidad. Si bien la ley establece que el juez de la sala de instrucción tiene 60 días para finalizar el informe, las acusaciones suelen tardar mucho más.

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ourense ha abierto una causa contra tres hombres como presuntos autores de la violación grupal a una joven de 19 años perpetrada en un prostíbulo de la ciudad. Los tres fueron arrestados por la Policía Nacional y dos de ellos permanecen desde entonces en prisión provisional, comunicada y sin fianza. El tercero está acusado de cooperación necesaria por no hacer nada para impedir la agresión. Los agentes buscan todavía a un cuarto implicado

Los hechos, adelantados por el diario La Región, tuvieron lugar el pasado 23 de mayo. Según el auto de la Audiencia Provincial, que desestima la petición de libertad provisional para uno de los encarcelados, la víctima estuvo con uno de los detenidos –el que no está en prisión–en un after del casco antiguo de Ourense, donde mantuvieron relaciones sexuales consentidas. Después, se desplazó con él al prostíbulo.

Allí, siempre según el auto, el hombre la invitó a una bebida. Luego, “por indicación de éste”, la dejó en la barra para salir a fumar un cigarro y fue al regresar cuando bebió del vaso. Sólo cinco minutos después, empezó a sentirse mal. Desde ese momento, sus recuerdos están fragmentados.

La víctima asegura que tuvo un “breve intervalo de lucidez” en el que vio cómo uno de los hombres la penetraba vaginalmente por detrás, agarrándola por la cintura, y otro la penetraba por la boca mientras la sujetaba por la cabeza. Al mismo tiempo, un tercer individuo, que es al que ahora busca la policía –“un señor mayor al que no había visto en su vida”– intententaba sumarse a esa práctica. Todo sucedía en una de las habitaciones del prostíbulo. Al mirar hacia la puerta, la joven vio a su acompañante inicial irse del lugar.

El auto indica que la chica trató de defenderse, haciéndose daño en los nudillos. “Sintió cómo la estaban mordiendo en la espalda y agarrando por el cuello para que estuviese quieta”. Según la Audiencia, su declaración –“muy detallada, sólida, creíble” y “sin contradicciones”– se ve corroborada por el informe médico emitido horas después de lo sucedido, en el que se recogen “heridas genitales y en distintas zonas del cuerpo, algunas compatibles con defensa, incluyendo mordedura en zona escapular izquierda”.

Los dos hombres fueron detenidos en el mismo mes de mayo en Monforte de Lemos (Lugo), donde comparten piso. Se enfrentan a una pena de entre doce y quince años de cárcel. Aunque carece de antecedentes penales, a uno de ellos ya le consta otra detención por agresión sexual en junio de 2025 y una más en octubre por quebrantamiento de condena.

La Fiscalía General del Estado ha contabilizado un total de 23 agresiones sexuales en Ceuta en el marco de la reciente crisis migratoria. Según los datos facilitados a elDiario.es, la cifra refleja un repunte respecto a los 16 casos registrados hasta el pasado jueves, entre los cuales se incluyen cinco agresiones constitutivas de violación (agresión sexual con penetración).

En cuanto al perfil de las víctimas, nueve son menores de edad, con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años. Asimismo, entre las denuncias contabilizadas por la Fiscalía se encuentra la agresión a un varón perteneciente al colectivo LGTBI.

Hasta el momento, las investigaciones han permitido identificar a ochode los presuntos autores: cuatro de nacionalidad marroquí, tres ciudadanos españoles y un individuo de nacionalidad belga. La identidad del resto de los implicados continúa siendo desconocida.

Un entrenador de voleibol ha estat detingut a Palma per suposadament violar i deixar embarassada una menor. Els fets es remunten al mes de juny quan, segons han confirmat a Europa Press fonts properes al cas després d'informacions publicades aquest dimarts pel diari Última Hora, l'entrenador, de 23 anys, va convidar la víctima, de 15 anys, i una altra menor a menjar a casa seva.

Després del menjar, segons les mateixes fonts, l'home va agredir sexualment l'adolescent. Segons el diari local, la víctima va anar al cap d'unes setmanes amb la seva tia a l'hospital Son Espases i va confirmar l'embaràs després d'una exploració ginecològica. Posteriorment, la menor hauria interromput el procés de gestació. Aquest mateix diari afirma que, durant les setmanes posteriors a l'agressió sexual, l'entrenador va escriure a l'adolescent a través de WhatsApp per veure's, però la víctima el va bloquejar.

Va ser divendres passat quan, segons ha informat la Policia Nacional, la víctima va acudir a denunciar a la Prefectura Superior. En rebre la denúncia, la Unitat de Família i Dona (UFAM) de la Policia Nacional es va fer càrrec de les indagacions, i gràcies al testimoni de la menor, va poder identificar l'home. Hores més tard va ser detingut per part d'una patrulla del Grup d'Atenció al Ciutadà per ser el presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual i va quedar en llibertat amb una ordre d'allunyament.

Un entrenador de voleibol ha sido detenido en Palma por supuestamente violar y dejar embarazada a una menor. Los hechos se remontan al mes de junio cuando, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas del caso tras informaciones publicadas este martes por el diario Última Hora, el entrenador, de 23 años, invitó a la víctima, de 15 años, y a otra menor a comer a su casa.

Después de la comida, según las mismas fuentes, el hombre agredió sexualmente a la adolescente. Según el diario local, la víctima fue tras unas semanas con su tía al hospital Son Espases y confirmó el embarazo tras una exploración ginecológica. Posteriormente, la menor habría interrumpido el proceso de gestación. Este mismo diario afirma que, durante las semanas posteriores a la agresión sexual, el entrenador escribió a la adolescente a través de WhatsApp para verse, pero la víctima le bloqueó.

Fue el pasado viernes cuando, según ha informado la Policía Nacional, la víctima acudió a denunciar a la Jefatura Superior. Al recibir la denuncia, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hizo cargo de las pesquisas, y gracias al testimonio de la menor, pudo identificar al hombre. Horas más tarde fue detenido por parte de una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano por ser el presunto autor de un delito de agresión sexual y quedó en libertad con una orden de alejamiento.

La Fiscalía francesa ha abierto una investigación por diez nuevas violaciones y 40 abusos sexuales contra el excirujano Joël Le Scouarnec, considerado el mayor pederasta de Francia y condenado en 2025 a 20 años de cárcel por agresiones y abusos sexuales a 299 víctimas, la mayoría menores de edad.

En un comunicado, la fiscal de Lorient, Laëtitia Mirande, explicó que durante el juicio aparecieron o se confirmaron “nuevos delitos” y la Fiscalía recibió “denuncias complementarias”. Por ello, se ha abierto una investigación judicial por “40 hechos de agresiones sexuales” y “10 hechos de violaciones” a menores de 15 años. “Los hechos contemplados, no prescritos”, datan de entre 1987 y 2017 y “afectan a 48 víctimas”, agregó Mirande.

Estas nuevas investigaciones contra Le Scouarnec, de 75 años, podrían significar la apertura de un nuevo proceso, después del celebrado en 2025 en Vannes.

En ese mediático juicio, el médico admitió todos los hechos que se le imputaban. Él mismo apuntaba con detalle en un cuaderno todos los delitos y sus víctimas —de una media de 11 años de edad— lo que permitió a los investigadores identificar a los 299 pacientes de los que abusó de 1989 a 2014.

El cirujano especialista en aparato digestivo cometía sus abusos cuando sus pacientes estaban bajo los efectos de la anestesia. En 2020 ya fue condenado a 15 años de cárcel por abusar y violar a cuatro menores, dos de ellas sobrinas suyas.

Parte de la sociedad está preocupada porque no quiere ver o no quiere oír a los movimientos feministas este verano.

No hay porque preocuparse. Ellas siguen estando en cada calle, en cada plaza donde se despide a una mujer asesinada (de cualquier nacionalidad) por un hombre, se llama violencia machista. No van a permitir que se blanquee bajo otros nombres.

Las feministas de la península están en contacto con las feministas de Ceuta, con las que están preocupándose de que las niñas, las adolescentes y las mujeres marroquíes y subsaharianas no sean violentadas ni secuestradas por mafias que las vendan a proxenetas.

La frontera de Ceuta está abierta, eso les dijeron.

En Marruecos estaban escondidas niñas y mujeres que habían tardado días y semanas en llegar hasta allí, guiadas por las mafias a las que su familia pagó como pudo. Buscaban una vida mejor escapando de países donde su vida y su dignidad valen menos que un grano de cereal. Llegaron buscando esa España y esa Europa que protege a las mujeres contra la violencia de género porque huyen de sus países por esa falta de protección.

Huyen de matrimonios forzados, de violaciones en el seno familiar, de mutilaciones genitales, de planchado de senos y mil barbaridades más...

Esto no es una crisis migratoria, tenemos delante una crisis de protección a la infancia y a la mujer atravesada por género, pobreza, frontera y violencia. No están sufriendo la misma crisis que los niños y los hombres.

El Sr. Vivas es quien debe proteger a los menores, así lo dicen las trasferencias comunitarias. El Gobierno Central también debe protegerlas, la solución no puede ser apartarlas y encerrarlas en vez de garantizarles un sistema de protección para todas que impida que se las invisibilice.

Señoras de golpes en el pecho que piden a su dios que no se practiquen abortos, que cacarean en las puertas de las clínicas que practican abortos ¿dónde están ahora ustedes?

Las niñas, adolescentes y mujeres que han llegado a la ciudad española de Ceuta les importan muy poco, quieren echarlas a patadas de nuestro país. Está claro que sus prejuicios superan su empatía. Si no se las protege, ¿de qué sirve hablar de derechos?

Sus derechos no terminan en la frontera, porque entonces la frontera, también es violencia.

La Policia Nacional ha detingut un home per suposadament agredir sexualment i retenir contra la seva voluntat una jove en un habitatge d'Eivissa.

Els fets, segons ha informat la Prefectura Superior de Policia de Balears, van succeir la matinada del passat 9 d'agost.

La víctima i el sospitós es van conèixer en un establiment d'oci de la ciutat d'Eivissa i, d'acord amb la versió d'ella, van estar junts en diferents locals.

En un moment donat, l'home la va traslladar en un vehicle fins a un habitatge situat fora del nucli urbà, on la va agredir sexualment i la va retenir contra la seva voluntat durant un temps.

La jove, d'origen estranger i que es trobava de forma temporal a Eivissa, amb prou feines va romandre a l'illa durant un dia i va regressar al municipi de la Península en què resideix actualment.

Els agents de la Unitat d'Atenció a la Família i la Dona (UFAM) van obrir una investigació i van dur a terme nombroses diligències per reconstruir els moviments tant del sospitós com de la víctima.

Un cop identificat tant ell com el seu vehicle, l'home va ser arrestat com a suposat autor d'un delicte d'agressió sexual i posat a disposició de l'autoritat judicial.

La Policia Nacional, en qualsevol cas, manté oberta la investigació amb l'objectiu d'esclarir tots els detalls possibles sobre el cas.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente agredir sexualmente y retener contra su voluntad a una joven en una vivienda de Eivissa.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Balears, sucedieron la madrugada del pasado 9 de agosto.

La víctima y el sospechoso se conocieron en un establecimiento de ocio de la ciudad de Eivissa y, de acuerdo con la versión de ella, estuvieron juntos en distintos locales.

En un momento dado, el hombre le trasladó en un vehículo hasta una vivienda situada fuera del núcleo urbano, donde la agredió sexualmente y la retuvo contra su voluntad durante un tiempo.

La joven, de origen extranjero y que se encontraba de forma temporal Eivissa, apenas permaneció en la isla durante un día y regresó al municipio de la Península en el que reside en la actualidad.

Los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) abrieron una investigación y llevaron a cabo numerosas diligencias para reconstruir los movimientos tanto del sospechoso como de la víctima.

Una vez identificado tanto él como su vehículo, el hombre fue arrestado como supuesto autor de un delito de agresión sexual y puesto a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional, en cualquier caso, mantiene abierta la investigación con el objetivo de esclarecer todos los detalles posibles acerca del caso.

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears ha absolt un home acusat de violar en repetides ocasions la seva filla en un poble de Mallorca en entendre que el testimoni de la menor no compleix els requisits per enervar la presumpció d'innocència.

El tribunal, segons les fonts consultades per Europa Press, considera que el testimoni de la nena, d'uns sis anys en el moment dels fets, entre 2020 i 2023, cau en múltiples contradiccions i en canvis de versió en relació, entre altres qüestions, al lloc o a la manera en què haurien ocorregut els fets.

Assenyala també al testimoni de la mare de la menor i exparella de l'acusat, que hauria intentat atribuir a la suposada agressió sexual, l'aparició d'un mal als genitals de la menor i que en realitat s'haurien produït per un focus en el centre escolar i que havia quedat acreditat per una conversa de Whatsapp.

Apunta la Sala en una sentència de més de 50 pàgines al mateix temps al positiu de la nena d'una malaltia de transmissió sexual, mentre que el pare i la parella actual haurien donat negatiu.

L'home, assistit pel lletrat David Barón, va negar en el judici els fets que se li atribuïen, mentre que la Fiscalia sol·licitava una condemna a 12 anys de presó.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Balears ha absuelto a un hombre acusado de violar en repetidas ocasiones a su hija en un pueblo de Mallorca al entender que el testimonio de la menor no cumple con los requisitos para enervar la presunción de inocencia.

El tribunal, según las fuentes consultadas por Europa Press, considera que el testimonio de la niña, de unos seis años en el momento de los hechos, entre 2020 y 2023, cae en múltiples contradicciones y en cambios de versión en relación, entre otras cuestiones, al lugar o al modo en que habrían ocurrido los hechos.

Señala también al testimonio de la madre de la menor y expareja del acusado, que habría tratado de atribuir a la supuesta agresión sexual, la aparición de una dolencia en los genitales de la menor y que en realidad se habrían producido por un foco en el centro escolar y que había quedado acreditado por una conversación de Whatsapp.

Apunta la Sala en una sentencia de más de 50 páginas al mismo tiempo al positivo de la niña de una enfermedad de transmisión sexual, mientras que el padre y la pareja actual habrían dado negativo.

El hombres, asistido por el letrado David Barón, negó en el juicio los hechos que se le atribuían, mientras que la Fiscalía solicitaba una condena a 12 años de prisión.

La jueza mantiene en prisión al investigado por la violación de una mujer semiinconsciente ocurrida durante la madrugada del día 10 en Pamplona y considera, además, que la agresión sexual se produjo con violencia. El joven, que sostuvo en su declaración que las relaciones fueron consentidas, ingresó en prisión el día 14. Una medida que la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona ha ratificado después de que el informe forense reflejara que existe “poca duda de la falta de consentimiento consciente”.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, la magistrada destaca la gravedad de los hechos objeto de investigación, pues la agresión sexual (violación) en un portal de la calle Estafeta se llevó a cabo no solo sin consentimiento, sino con violencia física.

Según el examen forense citado en el auto de prisión dictado el día 14, la víctima arrojó a las 8.10 horas una tasa de alcoholemia de 2,21 g/l, “con evidencia asimismo de restos de cocaína en orina”. Aunque para la magistrada lo más destacable del dictamen médico está las lesiones que la denunciante presentaba, “difícilmente encuadradles en unas relaciones libres y voluntarias, como ”erosiones en rodillas, hematoma en rodilla, hematomas en ambos brazos, en concreto en antebrazos, todas lesiones con margen de dos horas anteriores a la exploración de la forense“.

En el auto, la jueza también añade que en las imágenes del portal se ve cómo el investigado coge a la víctima del antebrazo izquierdo para llevarla, una acción que no es compatible con el pretendido consentimiento alegado.

Pendientes aún de practicarse otras diligencias que podrían aportar más claridad a los indicios ya existentes, que la jueza considera “claros y evidentes” de que no hubo una relación consentida, sino que el presunto agresor se aprovechó de la vulnerabilidad química de la víctima y “utilizó la violencia física”, la magistrada ratifica el ingreso en prisión del investigado. Entre esas pruebas figuran las declaraciones de los amigos que acompañaban a la víctima, la localización de los testigos que entraron en el portal y que pudieron presenciar parte de los hechos, así como los informes psicológicos y los resultados de los análisis de ADN.

La magistrada se apoya en esta decisión en que las penas que podrían recaer en este procedimiento son muy altas y graves, la protección de la víctima y evitar la alteración de pruebas, así como para asegurar la presencia del mismo a disposición del tribunal durante la tramitación de la causa.

La Policia Nacional ha detingut tres homes per suposadament agredir sexualment i físicament una dona que va rebutjar els seus intents de lligar amb ella a la Platja de Palma.

Els fets, segons ha informat la Prefectura Superior de Policia de les Balears, van succeir a primera hora del matí del passat dimarts 30 de juny.

Els tres sospitosos van abordar la víctima, que es trobava sola, i van intentar lligar amb ella, però aquesta va mostrar desinterès. De forma sobtada, la van agafar pel coll i la van arrossegar fins a la platja, on la van agredir sexualment.

En oposar resistència, li van propinar una successió de puntades de peu i cops de puny a la cara. En cessar l'agressió, van marxar del lloc. La víctima va interposar una denúncia aquell mateix dia.

El passat dimarts, la víctima es va trobar els tres homes que suposadament li havien agredit. Un familiar seu, que l'acompanyava en aquell moment, els va retenir fins a l'arribada dels agents.

Els tres sospitosos van ser arrestats com a suposats autors d'un delicte de lesions i un altre d'agressió sexual.

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por supuestamente agredir sexual y físicamente a una mujer que rechazó sus intentos de ligar con ella en la Playa de Palma.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Balears, sucedieron a primera hora de la mañana del pasado martes 30 de junio.

Los tres sospechosos abordaron a la víctima, que se encontraba sola, e intentaron ligar con ella, pero esta mostró desinterés. De forma repentina, la cogieron por el cuello y la arrastraron hasta la playa, donde la agredieron sexualmente.

Al oponer resistencia, le propinaron una sucesión de patadas y puñetazos en el rostro. Al cesar la agresión, se marcharon del lugar. La víctima interpuso una denuncia ese mismo día.

El pasado martes, la víctima se encontró a los tres hombres que supuestamente le habían agredido. Un familiar suyo, que le acompañaba en ese momento, les retuvo hasta la llegada de los agentes.

Los tres sospechosos fueron arrestados como supuestos autores de un delito de lesiones y otro de agresión sexual.