La Policia Nacional ha detingut tres homes per suposadament agredir sexualment i físicament una dona que va rebutjar els seus intents de lligar amb ella a la Platja de Palma.

Els fets, segons ha informat la Prefectura Superior de Policia de les Balears, van succeir a primera hora del matí del passat dimarts 30 de juny.

Els tres sospitosos van abordar la víctima, que es trobava sola, i van intentar lligar amb ella, però aquesta va mostrar desinterès. De forma sobtada, la van agafar pel coll i la van arrossegar fins a la platja, on la van agredir sexualment.

En oposar resistència, li van propinar una successió de puntades de peu i cops de puny a la cara. En cessar l'agressió, van marxar del lloc. La víctima va interposar una denúncia aquell mateix dia.

El passat dimarts, la víctima es va trobar els tres homes que suposadament li havien agredit. Un familiar seu, que l'acompanyava en aquell moment, els va retenir fins a l'arribada dels agents.

Els tres sospitosos van ser arrestats com a suposats autors d'un delicte de lesions i un altre d'agressió sexual.

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por supuestamente agredir sexual y físicamente a una mujer que rechazó sus intentos de ligar con ella en la Playa de Palma.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Balears, sucedieron a primera hora de la mañana del pasado martes 30 de junio.

Los tres sospechosos abordaron a la víctima, que se encontraba sola, e intentaron ligar con ella, pero esta mostró desinterés. De forma repentina, la cogieron por el cuello y la arrastraron hasta la playa, donde la agredieron sexualmente.

Al oponer resistencia, le propinaron una sucesión de patadas y puñetazos en el rostro. Al cesar la agresión, se marcharon del lugar. La víctima interpuso una denuncia ese mismo día.

El pasado martes, la víctima se encontró a los tres hombres que supuestamente le habían agredido. Un familiar suyo, que le acompañaba en ese momento, les retuvo hasta la llegada de los agentes.

Los tres sospechosos fueron arrestados como supuestos autores de un delito de lesiones y otro de agresión sexual.

El titular de la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Pamplona ha decretado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de un hombre que fue detenido por la supuesta violación a una mujer en estado de semiinconsciencia la madrugada del pasado día 10 de julio, durante los Sanfermines, en un portal de la calle Estafeta de la capital navarra.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, el magistrado considera que existe riesgo de fuga por la pena contemplada en el Código Penal para este delito, entre 6 y 12 años de prisión.

La denunciante ha descrito cómo esa madrugada, junto con un primo suyo y otro varón que solo conocía de vista, estuvieron consumiendo alcohol, así como “una sustancia estupefaciente —tres rayas— que estos le ofrecieron”. Según ha relatado, además de “múltiples cervezas”, consumieron una botella de Licor 43 a lo largo de su desplazamiento por el Casco Viejo de Pamplona.

Una vez en las inmediaciones de un bar situado al final de la calle Estafeta, la mujer ha manifestado no recordar “absolutamente nada”. Fue encontrada en estado de semiinconsciencia sobre las 4:30 horas, postrada en las escaleras de acceso a la primera planta del portal nº 81 de esta calle.

Según el examen forense citado en el auto, la víctima arrojó a las 8:10 horas una tasa de alcoholemia de 2,21 g/l, “con evidencia asimismo de restos de cocaína en orina”. La facultativa interviniente, según indica la resolución judicial, apreció “malestar psicofísico en la víctima, esto es, una circunstancia de características reactivas y congruentes con la situación relatada”.

Por su parte, el investigado ha declarado que, una vez en el interior del portal, fue la mujer quien le propuso mantener las relaciones. “Le pregunté si íbamos a hacerlo allí, le dije que tenía novia, pero me dijo que lo hiciéramos allí”, ha manifestado ante el magistrado.

El imputado, según reza la resolución judicial, “ha mantenido en todo momento que las relaciones sexuales subsiguientes fueron completas y consentidas por ambos, así como que la [mujer] estuvo en todo momento consciente, conocedora y consentidora de las relaciones”.

Sin embargo, el juez sostiene que “estas manifestaciones del investigado, quien abandonó el lugar mientras se hallaba semidesnuda la víctima, no resultan consistentes con el acreditado estado que esta presentaba, habiendo manifestado la [denunciante] no recordar momento alguno de la secuencia de los hechos investigados, lo cual ciertamente aparece corroborado por el examen médico practicado a la víctima unas horas después”.

Tras la declaración del investigado, el magistrado ha emplazado a las partes a una comparecencia para la adopción de medidas cautelares. Así, la fiscalía y la acusación particular han solicitado el ingreso en prisión sin fianza, mientras que la defensa ha interesado la libertad provisional, con la adopción de medidas cautelares alternativas y menos gravosas.

Al respecto, el juez subraya que la gravedad de los hechos investigados, presuntamente constitutivos de una agresión sexual con penetración, castigada con arreglo a los artículos 178 y 179 del Código Penal con penas de 6 a 12 años de prisión, determinan “la pertinencia de la excepcional medida” solicitada por las acusaciones, “al objeto de conjurar el riesgo de fuga ante el horizonte penológico descrito, así como de reportar tranquilidad y seguridad a la víctima”.

Cuando el 26 de abril de 2018 se conoció la primera sentencia sobre el caso de “La Manada”, esto es, la dictada por la Audiencia Provincial de Navarra, gran parte de la ciudadanía expresó un enorme enfado, un gran desconcierto y una clara distancia con el poder judicial.

Aquella sentencia, que aún recuerdo con total claridad, contenía una real, cruda y tremenda descripción de los hechos acontecidos en un oscuro portal de Pamplona en la madrugada del 7 de julio de 2016. En mi opinión -escrita ese mismo día y publicada el día siguiente en El Diario Vasco-, los hechos que la Audiencia Provincial de Navarra consideró acreditados eran claramente reveladores de una situación real de intimidación hacia la víctima y, por lo tanto, debieron haber sido calificados de agresión sexual-violación, tal como solicitaron todas las acusaciones personadas. Expresé así mi desacuerdo jurídico con la calificación de delito de “abuso sexual con prevalimiento” que hizo el Tribunal por no apreciar que se hubiese producido una situación de intimidación.

No voy a recrear los hechos que se tuvieron por probados, pues son de una dureza extrema y no aportan nada relevante a esta reflexión.

Pocos meses más tarde, la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, dictada en noviembre de 2018, confirmó la primera, si bien dos de los cinco magistrados intervinientes emitieron un voto particular en el que entendían que los hechos debieron haber sido calificados como delito de agresión sexual por entender que se produjeron con intimidación.

El debate jurídico fue resuelto definitivamente por el Tribunal Supremo en sentencia de 4 de julio de 2019, que, por unanimidad, calificó los hechos de violación e incrementó, naturalmente, las penas, tras apreciar un claro escenario intimidatorio que provocó el sometimiento de la víctima, que no consintió los actos, y que hubo dos agravaciones específicas: la de trato vejatorio o degradante a la víctima, al haber los condenados alardeado de su conducta en los vídeos grabados, y la de actuación de dos o más personas.

Esto es lo que ocurrió en los Tribunales.

Pero no fue eso todo lo que sucedió. Hubo más cosas, y muy relevantes. Vamos por su orden lógico -en mi percepción-.

Lo primero que ocurrió, lo que ha permitido que diez años después hablemos de esto en los términos en que lo hacemos, fue que una mujer, muy joven y muy fuerte, que había vivido un ataque extraordinariamente duro, denunció aquellos hechos y sostuvo la acusación de manera firme, pese a saber o intuir el duro camino judicial que sabía tendría que recorrer. Siempre habrá de reiterarse, como se hizo en su día, el agradecimiento social cívico a esa mujer, a su valor, así como la exigencia de justicia real para garantizar a las personas – mujeres, en su mayor parte – que su denuncia de delitos contra la libertad sexual o de violencia de género no sea, como muchas lo describen, un auténtico calvario que puede llegar incluso a constituir un elemento claro de disuasión de la propia denuncia o de su mantenimiento.

Por otra parte, tras la primera Sentencia, se produjo un enorme movimiento ciudadano que expresó su absoluto rechazo a la misma, su enfado con el poder judicial y su apoyo a la víctima, con los lemas “Hermana, yo sí te creo” y “No fue abuso, fue violación”. Fue una crítica social a una resolución judicial como yo no recuerdo antes y dio lugar a un interesante debate – siempre de interés – acerca de las presiones sobre los Tribunales y el diálogo efectivo y eficaz entre ciudadanía y justicia.

Finalmente, se abordó la reforma del Código Penal, que ya estaba pendiente de un análisis imprescindible para adecuarlo al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica – el conocido como “Convenio de Estambul” -. Lo que finalizó, como es bien sabido por su relevancia y su gran presencia en los medios de comunicación durante largo tiempo, con la reforma operada por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual -la conocida como “Ley del sí es sí”-. Una reforma necesaria del Código Penal con el abordaje pleno y efectivo de los derechos de las mujeres a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la vida y la integridad física, a decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestra sexualidad y la erradicación de todas las violencias, subrayando la exigencia del necesario consentimiento para mantener relaciones sexuales.

Lo cierto es que conviene precisar que, para dar respuesta al concreto caso de “La manada”, tal reforma nada habría aportado, pues con el Código Penal vigente a la fecha de los hechos fue posible, como de hecho lo hizo el Tribunal Supremo, siguiendo la doctrina jurisprudencial consolidada, calificar estos hechos como agresión sexual – violación - por concurrir clara intimidación.

En todo caso, acerca de dicha “Ley del sí es sí” se produjo lo que yo, en este mismo espacio, califiqué como “un debate enredado y equivocado sobre una muy buena y muy necesaria Ley”. Un debate sobre la desaparición de los “abusos” sexuales y su consideración como “agresiones” y algunas otras modificaciones de menor entidad, así como sobre la modificación de ciertas penas, algunas en sus máximos y otras en sus mínimos.

Debate público endemoniado que se generó porque la aplicación del Código Penal, una vez reformado, trajo como consecuencia la revisión judicial de condenas dictadas antes de su entrada en vigor, como es obligado por mor de lo dispuesto en los artículos 9.3 de la Constitución -en sentido contrario-, y 2.2 del Código Penal. Esto es, la necesidad de revisar las condenas por el efecto retroactivo de las leyes penales que favorezcan a la persona condenada, como fue el caso en algunos supuestos en una doctrina que el Tribunal Supremo confirmó. Y ello, pese a las inconsistentes críticas vertidas hacia los jueces por parte de dirigentes políticos a destacar la entonces ministra de Igualdad Irene Montero– acusando de machismo, ignorancia y falta de formación en perspectiva de género de juezas/ces.

Sin negar, desde luego, que desde otras posiciones se expresó una gran “alarma” por las reducciones de penas en un contexto de clara exageración de las consecuencias de la reforma legal.

En resumidas cuentas: irresponsabilidad máxima en ambas posiciones, que generaron una enorme confusión en la ciudadanía con repercusión infundada que trasciende la mera cuestión de la revisión de las condenas y que nubla la percepción sobre la naturaleza de estos delitos y su penalización.

Y, siendo como es, en mi opinión, una gran Ley que aborda de manera integral las violencias sexuales desde muchos aspectos, me apenó profundamente la poca convicción en su defensa por parte de las responsables políticas y su mero ataque a los jueces que la aplicaban.

Han pasado ya 10 años de aquella maldita madrugada en Pamplona. Solamente espero que aquella mujer que padeció tan tremendo ataque a su persona y a su libertad y que tanto nos dio sea feliz, tan feliz como pueda. Y que no haya más “manadas” ni elementos individuales que ataquen la libertad de nadie para satisfacer su deseo. Y que asumamos nuestros actos y reconozcamos que en 10 años hemos avanzado en la percepción de la libertad sexual de todas las personas, con dificultades, desde luego, pero caminando y mirando de frente al objetivo, que no es sino la defensa de estos derechos, sin excusas ni coartadas.

Puede el tango decir que “veinte años no es nada”, pero en este caso, diez años han dado mucho de sí, gracias al esfuerzo de muchas personas, colectivos e instituciones.

Cientos de personas se han concentrado este domingo, a las 21:00 horas, en la céntrica plaza del Castillo de Pamplona para condenar la agresión sexual sufrida por una mujer la madrugada del pasado día 11, en plenos Sanfermines, en la Vuelta del Castillo.

Durante la protesta representantes del movimiento feminista han lamentado tener que concentrarse un año más durante las fiestas para condenar una violación. “Estamos hartas de decir que no queremos que haya agresiones, pero tristemente las hay”, ha señalado Kenia Cordero.

“No son hechos aislados, la violencia contra las mujeres atraviesa nuestra vida cada día. Estamos cansadas, pero también estamos organizadas”, ha añadido.

A la concentración de condena han acudido representantes del Gobierno de Navarra, como la presidenta, María Chivite, así como del Ayuntamiento de Pamplona y de los principales partidos políticos.

Por su parte, la jueza de guardia, la titular de la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por la presunta violación.

La jueza de guardia, la titular de la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por un supuesto delito de agresión sexual (violación) perpetrado la madrugada del día 11 en la capital navarra.

La magistrada se inhibirá de la instrucción de la causa, que será asumida por la plaza número 2 de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona.

La agresión tuvo lugar la madrugada del día 11, en torno a las 4.45 horas, en la Vuelta del Castillo de la capital navarra, que estos días celebra las fiestas de San Fermín.

Este domingo está convocada una concentración en la Plaza del Castillo de Pamplona a las 21:00 horas para condenar la agresión sexual.

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 21 años de prisión a un mosso d'esquadra por haber agredido sexualmente de manera continuada una mujer con discapacidad psíquica en Rajadell (Barcelona). El tribunal lo ha condenado a 16 años por un delito de agresión sexual continuada y a cinco por otro de pornografía con abuso de relación de confianza.

Los hechos pasaron en enero de 2023 cuando la víctima, con una discapacidad del 55%, conoció al hijastro del acusado, también con una discapacidad. Las familias se hicieron amigas y acordaron que la chica pasaría algunos días en casa del acusado. Este elaboró un engaño sofisticado para agredirla sexualmente y conseguir imágenes pornográficas a cambio de entrar a trabajar en una academia de masajes de Manresa.

Los magistrados han condenado al acusado a 16 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena, como autor responsable de un delito de agresión sexual con abuso de situación mental y penetración. En este caso, concurre la atenuante de reparación del daño causado.

A la vez, también se le impone una pena de cinco años de prisión por un delito de pornografía con abuso de relación de confianza y, en este caso, también concurre la atenuante de reparación del daño causado. Los jueces también le imponen la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima y una indemnización de 60.000 euros. La fiscalía pedía una pena de 27 años de prisión.

El condenado es un agente de los Mossos d'Esquadra de la policía científica de la comisaría de Manresa. El agente estaba suspendido cautelarmente del cuerpo y tiene pendiente otro juicio en el que está acusado de narcotizar y agredir sexualmente a la hija de otra pareja.

Según la sentencia, A partir de junio de 2023, el condenado empezó a urdir un engaño para hacer creer a la chica que tenía influencia para hacerla entrar a trabajar en una academia de masajes de Manresa si hacía todo aquello que le preguntaban. De este modo, creó grupos de mensajería de Whats app donde introdujo a la chica y hacía ver que hablaba con otras personas que también querían entrar a la academia.

En estos grupos, el acusado pedía a las personas que querían entrar a la academia una actitud de “sumisión, obediencia y servicio hacia el profesor”. El acusado dijo a la chica que él era un profesor y, por lo tanto, que las prácticas las podía hacer hacia él.

De este modo, el acusado fue en varias ocasiones a la habitación de la chica y la agredió sexualmente, tanto con penetración como sin, así como también actos de coprofagia (ingestión de heces). Además, también le dijo que se tenía que dejar grabar desnuda y que le tenía que enviar fotos de ella sin ropa.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena a 13 años y 6 meses de prisión impuesta el pasado marzo por la Audiencia Provincial a un acusado que el 8 de julio de 2023, en plenos Sanfermines, violó a una joven de 15 años en Pamplona tras amenazarla con una navaja en el cuello en las murallas de la ciudad. 

En 2023, el agresor, que tenía entonces 18 años, y la víctima convivían en un centro de menores. El 6 de julio, los dos, junto con otros compañeros del centro y algunos educadores, acudieron al Chupinazo de los Sanfermines. Día que “tontearon” y “se liaron”, aunque ella ya le advirtió entonces que “no quería mantener relaciones sexuales completas”. El día 8 volvieron a salir en compañía de otro joven que había estado en el centro hasta mayo. Por la tarde asistieron a un concierto en la plaza de los Fueros. Entretanto, compraron una botella de pacharán, que se tomaron entre los dos chicos. Ella no bebió.

En un momento dado, el acusado dijo que quería ir al baño. Ella le acompañó. Pasaron de largo la estación de autobuses, a donde ella creía que iban. Él dijo que habría mucha cola en los baños, y la llevó hacia las murallas, a una zona apartada. Allí, según recoge la sentencia, el inculpado le dijo que quería tener relaciones sexuales, a lo que ella se negó. Él insistió. La tocó “por todo el cuerpo” y la agarró para que no se pudiera marchar. Sacó una navaja de la riñonera y se la colocó en el cuello a la adolescente. Le espetó que, si gritaba, se lo rajaba. Entonces, la violó.

Cuando el encausado se marchó, la víctima se quedó allí un rato en estado de shock. De regreso al centro, recibió un mensaje del inculpado en el que la amenazaba para que no contara lo ocurrido. En una de sus respuestas, la víctima le contestó: “Déjame en paz […]. Me has jodido la vida. Espero que te quedes Agusto [sic] después de lo que me has hecho”. Una semana más tarde, el día 15, el condenado le escribió otra vez para indagar si había “contado algo” y volvió a amenazarla.

El agresor se marchó del centro a principios del mes de agosto. En octubre, la víctima relató a su terapeuta la agresión sexual sufrida. Pusieron los hechos en conocimiento de la coordinadora del centro, quien los comunicó a la fiscalía e interpuso denuncia ante la Policía Foral.

Según recoge la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, el inculpado no podrá comunicarse ni acercarse a la denunciante a menos de 500 metros durante 16 años. Además de cumplir una medida de libertad vigilada y deberá ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 9 años. En concepto de responsabilidad civil, indemnizará a la joven con 25.000 euros por el daño moral.

Un testimonio “persistente y carente de contradicciones”

La sentencia condenatoria dictada por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra fue recurrida por la defensa ante el Tribunal Superior, que ha desestimado íntegramente el recurso.

Al respecto, el Tribunal considera que el testimonio de la denunciante reúne todos los requisitos que exige la jurisprudencia para servir como prueba de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia del procesado. “Esta sala, visionada la grabación de su declaración, comparte el criterio de la sala de instancia acerca de su verosimilitud, estimando que dicho testimonio resulta ser creíble, verosímil, fiable y coherente, apreciando la sala sinceridad en la forma de expresarse la misma y narrar los hechos imputados”, apostilla.

Asimismo, los magistrados destacan la existencia de elementos que sustentan la versión de la víctima, entre ellos los mencionados mensajes, cuyo contenido juzgan “perfectamente acorde con la versión mantenida por la denunciante y corroborador de la realidad de la misma, sin que la versión ofrecida por el acusado constituya explicación razonable de ese contenido de las comunicaciones”.

Por lo que atañe a la persistencia en la incriminación, agrega la Sala, el testimonio de la denunciante fue persistente y carente de contradicciones, sin que se aprecien reticencias, inexactitudes ni modificaciones, en lo fundamental. “La misma narró los citados hechos que afirma que le sucedieron en la forma recogida, esencialmente, en la sentencia de instancia, lo que mantuvo en todo momento, desde que los narró a la terapeuta y a la directora del centro en el que residía, lo que igualmente manifestó en su denuncia, en el juzgado de instrucción y, últimamente, reiteró en el acto del juicio”, remarcan los jueces.

Ahmed Tommouhi tenía 40 años cuando fue detenido por la Guardia Civil en una pensión de Terrassa (Barcelona). Era noviembre de 1991 y los agentes llevaban meses buscando a los autores de varias violaciones a jóvenes en distintas zonas de Catalunya. El marroquí, que había llegado a España desde Nador para trabajar un tiempo como albañil, entró en prisión provisional y no salió de la cárcel hasta 15 años después, condenado por varias agresiones sexuales y robos que no cometió.

El Tribunal Supremo ha reconocido, más de tres décadas después, que los jueces se equivocaron en su caso y le han reconocido una indemnización de dos millones y medio de euros. “No me van a devolver mi juventud, no me van a devolver mi vida”, lamenta hoy Tommouhi. Su nieta Firdaous ayuda a salvar la barrera del idioma: “Dice que eso le acompaña toda la vida. La prisión injusta no solamente te roba años, te obliga a vivir con una herida que no siempre se ve”.

Su caso ha sido cerrado este mes de junio por parte de la sala tercera del Tribunal Supremo. Los jueces, casi 35 años después de su arresto en aquella pensión, han reconocido lo que él sabía desde su primera noche en el calabozo: que fue condenado por varias violaciones que cometió otro hombre. Los tribunales de Catalunya que le juzgaron y condenaron tanto en Barcelona como en Tarragona no tuvieron en cuenta correctamente una prueba fundamental: los análisis de restos biológicos que descartaban que él y su compañero de imputaciones fueran los culpables. A Tommouhi le reconocen, por la vía del error judicial, una indemnización de dos millones y medio de euros. A Abderrazak Mounib, el otro arrestado y encarcelado, no hay nada que reconocerle: murió hace 26 años de un infarto en su celda de Can Brians.

La historia de Tommouhi y Mounib ha quedado perfectamente documentada casi desde esos días de noviembre de 1991. En la prensa, en los archivos judiciales y, sobre todo, en el libro Justicia poética (Península, 2025) del periodista Braulio García Jaén, que unifica en un relato montañas de legajos, atestados, declaraciones e injusticias. Y todo confluye en la sentencia que el Tribunal Supremo hizo pública el pasado 18 de junio, anunciando que Tommouhi será indemnizado con 2,5 millones de euros por un error garrafal de los magistrados que le juzgaron en los años noventa: “El tribunal que le condenó no valoró, a pesar de que fue admitida, una pericial biológica”. Una prueba que demostraba que su perfil genético no estaba entre los restos encontrados en la ropa de una de las víctimas.

La historia de Tommouhi es la de un inocente que pasa 15 años en la cárcel, pero también la de unas víctimas desprotegidas cuyo agresor siguió en la calle violando a más mujeres mientras los falsos culpables cumplían su condena. Porque en 1995 las pruebas demostraron que al menos una de esas agresiones sexuales había sido cosa de Antonio García Carbonell, que guardaba un parecido físico sorprendente con Tommouhi. Una de sus condenas fue anulada, pero los distintos tribunales, incluido el Supremo, rechazaron que el hallazgo permitiera revisar y tumbar sus otras condenas. No salió de prisión hasta 2006. Numerosas víctimas y testigos le habían señalado como el autor y eso pesó más que otras pruebas relevantes, algunas como el análisis de ADN que ni siquiera fueron tenidas en cuenta.

Su abogada, Celia Carbonell, resume tres décadas de despropósito judicial en declaraciones a elDiario.es. La primera sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que finalmente se anuló, fue la “sentencia piloto” que marcó el camino al resto de condenas. Y en ese momento el informe genético fue ignorado. “En esa sentencia el informe ya estaba dentro de ese procedimiento, no es que apareciera después, ese informe ya estaba. Los jueces no se leen ese informe, les pasa totalmente desapercibido, no es que aparezcan pruebas con posterioridad. Un informe pericial hecho por unos profesionales cualificados y el tribunal no habla de él, no hay ni una sola mención a las pruebas biológicas que determinan que no podía haber sido Ahmed Tommouhi, no coincidía genéticamente”, explica la letrada. “Es una cadena de errores, uno tras otro”.

Tommouhi llamó varias veces a la puerta de los jueces y, tras la nulidad de una de sus sentencias, la respuesta fue el silencio y la negativa a revisar sus demás condenas, las que le mantenían entre rejas. La evidencia de que algo no iba bien en su caso era tan palmaria que la Fiscalía y los jueces llegaron a apoyar un hipotético indulto que el Gobierno no le concedió y que él, en cualquier caso, rechazaba. Era inocente y no quería que se le perdonara un delito sexual que no había cometido.

“Me robaron mi futuro, me robaron todo”

La Justicia llegó tarde, pero llegó. Una por una, el Tribunal Supremo acabó por revisar y anular todas sus condenas. La primera en 1997. La segunda, después de muchos cabezazos contra la fachada de muchos tribunales, en 2023. La tercera y última en mayo de 2025, cuando los jueces tumbaron la sentencia de la Audiencia de Tarragona que le había impuesto más de 100 años de presidio por un rosario de delitos relacionados con las agresiones sexuales, los robos y las armas. En este último caso no había pruebas de ADN exculpatorias, pero los jueces se rindieron ante la evidencia: existe una “brecha en el material probatorio” y todos esos años después existía una “duda más que razonable” sobre su culpabilidad.

La siguiente batalla fue conseguir que la Administración le reconociera una indemnización por el error judicial de los tribunales que le mantuvieron década y media entre rejas sin ser el culpable. Se llevó un portazo en el Ministerio de Justicia y otro en la Audiencia Nacional, pero la victoria ha llegado en el Tribunal Supremo, con una indemnización de 2,5 millones que, según explica ahora un Ahmed Tommouhi septuagenario y con problemas de movilidad, pero no de claridad, no arreglan todo. “Me robaron mi juventud, me robaron mi futuro, me robaron todo, pero siempre he tenido esperanza”.

“Nunca jamás voy a olvidar el tiempo que he pasado en la cárcel, hasta el último día de mi vida. Nunca jamás voy a olvidar la pesadilla que pasé. Encerrado lejos de mi familia, de mi país, de mi mujer, de mis hijos que se criaron huérfanos y mi mujer viuda sin haber cometido yo un crimen... nunca voy a olvidar eso. Cómo voy a olvidarlo. Hasta el último día de mi vida”, se esfuerza por explicar. Y lanza un mensaje a los futuros jueces y fiscales que ahora estudian la oposición o se preparan en la Escuela Judicial: “Que no pase lo que me ha pasado a mí. Que no manden a un solo inocente a la cárcel, venga de donde venga, sea como sea, negro, amarillo o blanco, todos sentimos igual”.

Su nieta ejerce como traductora para hacer posible la entrevista y expresa también las palabras y sentimientos de su abuelo Ahmed: “Que nunca olviden que detrás de cada procedimiento hay una vida entera, no solo están estudiando leyes, están preparándose para tomar decisiones que pueden destrozar o salvar una vida”. La sentencia, explica, llegó como una noticia agridulce al hogar de los Tommouhi. “No fue alegría limpia, fue un alivio, pero también rabia, tristeza y vacío porque una sentencia, cuando llega después de tantos años, no repara”, asegura.

¿Se supera pasar 15 años entre rejas por unos crímenes que cometió otra persona? “Dice que eso le acompaña toda la vida, se aprende a respirar otra vez, a caminar por la calle, pero hay algo dentro de ti que no vuelve a ser igual. La prisión injusta no solamente te roba años. Te roba la inocencia con la que mirabas el mundo, te obliga a vivir con una herida que no siempre se ve”. Sufre Ahmed para contestar si espera que su sentencia, su caso, marque un antes y un después para este tipo de situaciones: “Desea que su caso no sirva solo para cerrar una herida personal, sino para obligar a la Justicia, de alguna manera, a mirarse en el espejo”, explica su nieta. “Que ningún juez, fiscal o institución olvide que detrás de un error judicial hay una tragedia humana, un inocente en prisión no es un fallo técnico, es una derrota moral del Estado de derecho”.

La indemnización que le ha reconocido el Tribunal Supremo es la más alta jamás reconocida por la Justicia española para un caso similar. Una indemnización de 2,5 millones de euros que pone la lupa sobre los tribunales de Barcelona y Tarragona que le condenaron siendo inocente. “Les diría que no me fallaron a mí, le fallaron a la Justicia. El daño de una condena injusta no termina el día en que se firma, continua cada mañana en una celda, en cada noche sin dormir, en cada silencio de una familia que no sabe ni cómo sostenerse”, afirma. Ahora es su abogada la que pelea para que la ley cambie y el camino hasta estas indemnizaciones, cuando exista un error judicial, no sea tan tortuoso e incierto.

Un “milagro” judicial

Un preso que ha pasado tiempo en la cárcel a pesar de ser inocente tiene dos caminos para llegar hasta una indemnización. Una vía fue abierta por el Tribunal Constitucional en 2019, cuando instó a la Administración y a los jueces a indemnizar a la gente que hubiera estado en prisión por un caso finalmente archivado o por una condena posteriormente revocada. Por esta vía los tribunales han reconocido cantidades a decenas de personas en los últimos siete años, que en los casos más leves se quedan en unos pocos miles de euros y en los más graves y excepcionales han superado el medio millón. Es el ejemplo de un matrimonio que pasó varios años entre rejas acusado de yihadismo por la Audiencia Nacional y que finalmente fue absuelto.

En esa vía no existe un baremo claro –una queja habitual entre los abogados y afectados que piden estas indemnizaciones– pero también existe la vía del error judicial. No constatar que la prisión, aunque legalmente ordenada, finalmente fue impuesta a un inocente, sino demostrar que los jueces se equivocaron al imponer una condena. El caso de Tommouhi, según el Supremo, es “uno de los supuestos paradigmáticos” porque los jueces decidieron de forma “injustificada” no analizar “una prueba decisiva” como eran los análisis genéticos de ADN. Llegar hasta aquí, explica la abogada de Tommouhi, no ha sido sencillo.

“Para nada. Yo llegué a pensar que estaba intentando sacar algo utópico, es complicadísimo. El corporativismo está en todas partes y que hayan reconocido esto, para mí, es prácticamente un milagro. Es un error judicial, quiere decir que un magistrado ha hecho mal su trabajo y, como consecuencia, ha arruinado la vida de toda una familia, la familia Tommouhi. Es casi milagroso que se haya reconocido, pero habría sido un error judicial no reconocerlo”, explica a elDiario.es.

Tanto la decisión de entender que existió un error judicial como la cuantificación de la indemnización tienen un alto nivel de discrecionalidad. La Audiencia Nacional, por ejemplo, rechazó resarcir a Tommouhi y después el Tribunal Supremo ha firmado la indemnización más alta de la historia de los errores judiciales. “Yo creo que ha cambiado el hecho de que, al final, uno tiene que aplicar el derecho material por encima del derecho formal. El sentido común, eso es lo que creo que ha cambiado”, dice la letrada, que ha puesto en marcha una propuesta de cambio legal para que este sistema mejore en casos similares al de Ahmed.

“El cambio que propongo es muy sencillo. La Ley Orgánica del Poder Judicial dice cuánto procede una indemnización en caso de privación de libertad, pero solo si es prisión provisional, no para la definitiva. ¿Qué sentido tiene que un señor que ha estado 15 años en prisión por error no tenga indemnización y otro que ha estado en prisión provisional sí tenga derecho? A quien le cuentes esto es una auténtica locura”, relata. Además, añade, “baremo indemnizatorio no hay, cuando haces estas reclamaciones te pones a pedir de forma aleatoria y al final se termina con el criterio del magistrado que lleve el asunto, hay que establecer unos baremos”.

Ahmed Tommouhi tenía 40 años cuando fue detenido por la Guardia Civil en una pensión de Terrassa. Ahora, a medio camino entre los 70 y los 80 años de edad, este antiguo albañil expresa con dificultad las emociones que le producen saber que los tribunales han reconocido que pasó todo ese tiempo en la cárcel de forma injusta. Lo que él ya sabía cuando empezó a recibir sentencias que le condenaban, violación tras violación, sin ni siquiera escribir correctamente su apellido. “Me robaron todo”, dice ayudado por su nieta después de convertirse en la víctima del mayor error judicial nunca reconocido por un tribunal español.

El Tribunal Supremo ha establecido una indemnización de 2,5 millones de euros para Ahmed Tommouhi, el hombre que pasó 15 años entre rejas por una violación que no cometió. Los jueces entienden que el error judicial que se cometió con él fue “inequívoco y cualificado” al ser condenado sin valorar una prueba pericial que demostraba que él no era el autor de las violaciones. Su perfil genético no coincidía con los restos biológicos encontrados en la ropa de la víctima. Se trata de la indemnización más alta concedida por un tribunal español a una persona por ser encarcelada a pesar de ser inocente.

Tommouhi, que en la actualidad tiene 75 años, fue detenido en Terrassa en 1991 acusado de cometer diversas violaciones y robos que le costaron casi 40 años de prisión. Las pruebas de ADN que él intentó hacer valer sin éxito ante los tribunales terminaron demostrando que Tommouhi y otro detenido eran inocentes. Para entonces él ya había cumplido su condena y el otro sospechoso, ahora demostrado inocente, había muerto en prisión. Con el paso de los años el Tribunal Supremo anuló su condena más abultada, de 24 años de cárcel dictada en 1992, porque fue sentenciado sin que los jueces tuvieran en cuenta esas pruebas genéticas clave.

Empezó en ese momento la pelea de Tommouhi para ser indemnizado por los años que pasó en prisión tanto provisional como cumpliendo condena. Se encontró con un primer rechazo de la Audiencia Nacional, que el año pasado alegó que no existió ningún “error judicial” que permitiera indemnizar al preso. Los jueces obviaron las pruebas de ADN que favorecían su tesis de defensa y demostraban que era inocente pero, dijeron estos magistrados de lo contencioso, lo hicieron “de manera motivada”.

Ahora es el Tribunal Supremo el que corrige esta situación y constata que el error que los tribunales cometieron con Tommouhi “fue determinante” para que pasara más de una década entre rejas. “Un periodo extraordinariamente prolongado en ejecución de una condena que ha quedado sin efecto por declararse su inocencia, lo que constituye una afectación de máxima intensidad del derecho fundamental a la libertad personal”.

El “sufrimiento moral” de Tommouhi

Los jueces de lo contencioso-administrativo repasan la historia de Tommouhi que relató el periodista Braulio García Jaén en su libro “Justicia Poética” y concluyen que el tiempo que pasó entre rejas por crímenes que no había cometido “determina una intensificación progresiva del sufrimiento moral, de la pérdida de oportunidades vitales y del impacto en la personalidad del afectado, que excede con mucho los parámetros ordinarios de los supuestos de prisión indebida de corta o media duración”.

Tommouhi pedía 3,6 millones de euros y el Tribunal Supremo fija la indemnización a cargo del Estado en 2,5 millones de euros, de largo el resarcimiento económico más alto recononocido por la vía judicial a un preso preventivo o condenado que pasó por la cárcel pese a ser finalmente declarado inocente. Hasta ahora el caso más alto era el de un matrimonio indemnizado con medio millón de euros por pasar varios años entre rejas acusados de ser yihadistas antes de ser absueltos.

El Supremo apunta a la Audiencia Provincial de Barcelona como responsable del error que le llevó a la cárcel y que ahora se traduce en una indemnización millonaria. La decisión de ese tribunal de no dar relevancia a la prueba clave de ADN que exculpaba a Tommouhi y el otro condenado “no constituye una mera discrepancia valorativa, sino una falla estructural en la apreciación del material probatorio, puede ser calificada como error judicial en el sentido técnico exigido por nuestra jurisprudencia”.

Un juzgado sueco ha condenado este martes a cuatro años y cinco meses de prisión a un sexagenario que prostituyó durante tres años a su esposa, a la que ofreció a decenas de hombres.

El hombre, que pemanecía en prisión desde octubre, ha sido condenado por proxenetismo agravado, intento de violación, seis casos de maltrato y seis de amenazas, y deberá indemnizar a la víctima con unos 18.370 euros.

“El tribunal ha concluido que el hombre fue quien tomó la iniciativa para que la mujer empezara a vender sexo y ha sido quien administró gran parte del negocio”, señaló el juzgado de Ångermanland, ubicado en el norte de Suecia, en un comunicado.

Veintiocho personas han sido condenadas además por la compra de servicios sexuales, prohibida en Suecia, incluidos dos de ellos a penas de cárcel. La causa inicial incluía a cerca de 120 sospechosos, pero la mayoría no fueron acusados formalmente, ya que el delito prescribe pasados dos años.

“Fue el hombre el que influyó e indujo a su esposa a realizar actos sexuales consigo misma, transmitirlos por internet, recibir a compradores de servicios e intentar que vecinos y clientes tuvieran sexo con ella”, explicó en el comunicado el juez, Johan Ahlberg.

El tribunal considera no obstante que no ha quedado establecido que su participación fuera involuntaria, “principalmente, a la luz de lo que se deduce de las conversaciones citadas, pero también porque ella misma no ha podido hablar sobre los hechos específicos”.

El sexagenario ha sido absuelto de ocho cargos por violación: en siete de ellos no se ha establecido que la participación de la víctima fuera involuntaria y, en el otro, no se ha determinado qué tipo de acto sexual tuvo lugar. Durante el juicio, el hombre había negado las acusaciones.

El hombre, que en el pasado estuvo vinculado a la banda de moteros 'Ángeles del Infierno', tiene antecendentes por maltrato y coerción, entre otros delitos, y cumplió una pena de cárcel de cinco meses, de acuerdo con medios suecos. Al individuo ya se le investigó hace dos años por abusos a su mujer, aunque el caso fue cerrado.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a ocho años y medio de prisión al futbolista Rafa Mir por una agresión sexual a una joven el 1 de septiembre de 2024 en su vivienda de la urbanización Torre en Conill de Bétera.

La sentencia, que no es firme, impone al delantero siete años de prisión por agresión sexual y 18 meses por un delito de lesiones, además del alejamiento de la víctima a un mínimo de 500 metros por un plazo total de 13 años y una indemnización de 14.000 euros por las lesiones sufridas y de 50.000 euros por los daños morales causados.

El fallo condena asimismo al delantero del Elche CF a siete años de libertad vigilada posterior al cumplimiento de la pena privativa.

Por otro lado, la Audiencia de Valencia condena al también futbolista Pablo Jara a dos años de prisión por agresión sexual y seis meses por un delito contra la integridad moral contra la segunda víctima.

El fallo también impone a Jara el alejamiento de la víctima a un mínimo de 500 metros durante un plazo de cinco años y una indemnización de 280 euros por las lesiones causadas y de 6.000 euros por el daño moral sufrido.

El el caso de Pablo Jara, la sentencia le impone la medida de libertad vigilada durante los cinco años posteriores al cumplimiento de la pena privativa de libertad.

Los hechos ocurrieron en la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2024, cuando los ahora condenados conocieron a dos jóvenes en una discoteca de Valencia y se dirigieron luego al domicilio del primero de ellos, futbolista entonces del Valencia CF, para continuar la fiesta.

Agresión sexual en la piscina y el baño

En esa vivienda, según concluye la sentencia, Rafa Mir agredió sexualmente en la piscina y en un cuarto de baño a una de las chicas.

Por su parte, Pablo Jara agredió sexualmente, aunque sin llegar a tener acceso carnal, a la segunda joven en la piscina, para después echarla del chalé a empujones y dejarla en la calle semidesnuda.

La sección cuarta de la Audiencia de Valencia entiende que la prueba practicada durante el juicio ha servido “para acreditar sin fisuras la comisión de los hechos propuestos por las acusaciones”.

Entre esas pruebas destaca la declaración testifical de las dos víctimas, que los magistrados califican de “convincente, consistente y coherente”, pues ha sido “mantenida de forma invariable a lo largo de toda la tramitación de la causa”, y se ha visto también “corroborada por datos periféricos, como son la declaración de testigos y el informe forense psicológico, ratificado y explicado en el plenario por las dos peritos”.

Frente a ello, “ninguna de las alegaciones defensivas ha tenido un sustrato fáctico en el que apoyarse ni un razonamiento lógico al que tener en cuenta”, precisa la sentencia.

La sentencia deduce testimonio contra los policías locales

Además, la sección cuarta de la Audiencia de Valencia deduce testimonio por un presunto delito de falso testimonio por parte de los agentes de la Policía Local de Bétera que atendieron en un primer momento a las dos jóvenes.

Los uniformados declararon en el juicio del pasado 28 de mayo que las denunciantes aseguraron en todo momento que las relaciones sexuales habían sido consentidas, una versión diametralmente distinta a la que mantuvieron las jóvenes a lo largo de la instrucción y en la vista oral.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada María Cruz Zabal, alude a “flagrante contradicción de su versión con la de las denunciantes”, a las que atribuyen “prevalencia probatoria”.

Las autoridades italianas investigan una presunta agresión sexual en grupo a una estudiante universitaria española que se encontraba de intercambio Erasmus en Milán (norte de Italia), según informaron este lunes los medios locales.

La agresión ocurrió presuntamente durante la noche del pasado 22 al 23 de mayo, después de que la joven pasara una noche de fiesta en una discoteca de la periferia milanesa y fue atacada por un grupo de cuatro o cinco individuos.

Según las mismas fuentes, los presuntos agresores son un grupo de cuatro o cinco hombres que abordaron a la joven fuera del local y, posteriormente, la agredieron también en el interior de un automóvil al que la forzaron a subir.

Tras sufrir el ataque, la estudiante, acompañada por una amiga, se trasladó a un hospital de la ciudad donde los exámenes médicos pertinentes confirmaron la existencia de los abusos sexuales.

Posteriormente, la joven acudió a la policía para interponer una denuncia y explicar lo sucedido.

La Fiscalía de Milán y la Policía italiana han abierto una investigación y centran actualmente sus esfuerzos en identificar a los presuntos autores del delito.

Marisol Zamora y Olatz Mercader han comparecido este miércoles en la comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento Vasco para relatar supuestos de violencia sexual cometidos por Patxi Ezkiaga, docente en La Salle de Donostia desde 1976 hasta 2012 y fallecido en 2018. Invitadas por la propia Cámara, han intervenido para explicar su situación y emitir su juicio sobre el informe del Ararteko y el tratamiento institucional de sus denuncias.

Desde el inicio de su intervención, las comparecientes han querido enmarcar su presencia como algo colectivo. “No somos dos personas: traemos una memoria colectiva que ha estado enterrada bajo un silencio de décadas”, ha señalado Mercader. Denuncia que su relato fue durante años un “secreto guardado bajo llave” en un entorno donde la institución religiosa tenía más peso que la palabra de las menores. A esto, Zamora ha añadido que los excesos no fueron solo individuales, sino también estructurales, sostenido durante años por el prestigio del agresor y el silencio del entorno.

En su relato, han descrito el impacto de la violencia sexual en la vida de las víctimas, con casos de traumas psicológicos, secuelas emocionales y hasta intentos de suicidio. Han señalado que el abuso no solo afectó a quienes lo sufrieron directamente, sino también a quienes fueron testigos en el aula de una dinámica que han descrito como un “ecosistema de impunidad”, enseñando cómo se puede hacer uso del poder y la autoridad.

“La vergüenza siempre ha estado de nuestro lado”, ha afirmado Zamora, reclamando que ese peso social se traslade a las instituciones responsables. Ambas han denunciado una “omertá” social en torno a los abusos sexuales y han advertido de que “lo que no se nombra no existe”, motivo por el que han decidido romper el silencio públicamente.

Las comparecientes han denunciado además la falta de respuesta adecuada por parte de la institución educativa. Han recordado que La Salle, un centro religioso privado sostenido con fondos públicos, rechazó las medidas de reparación colectiva propuestas en el marco del proceso restaurativo impulsado con el Ararteko, limitándose a respuestas individuales. “No es suficiente con reconocer el daño si no se repara”, ha reivindicado Mercader, criticando que la reparación dependa de la voluntad del propio centro.

Entre sus propuestas, han descrito una reparación con una dimensión colectiva y estructural, así como la creación de un certificado de víctima de violencia sexual que evite la revictimización en los distintos procedimientos administrativos. También han defendido la necesidad de vincular la financiación pública a compromisos éticos de protección infantil, establecer recursos especializados en trauma, crear fondos públicos de reparación y reforzar los mecanismos de prevención y auditoría en entornos con menores. Han interpelado directamente a las instituciones para que pasen de las declaraciones a los hechos. “No venimos a una foto ni a un gesto simbólico, venimos a exigir medidas”, ha señalado Zamora, advirtiendo de que la responsabilidad política es clave para evitar la repetición de casos similares.

Tras los discursos, PSE-EE, EH Bildu y PNV han brindado respuestas con un tono de reconocimiento y apoyo generalizado, aunque con matices. Los socialistas han manifestado su respeto por la valentía de las víctimas y ha defendido la necesidad de avanzar en procesos de justicia restaurativa ante la imposibilidad de una respuesta penal por la prescripción de los hechos y el fallecimiento del agresor. Su portavoz, Miren Gallástegui, ha subrayado el compromiso de “estudiar las propuestas” planteadas y ha criticado que La Salle no haya asumido una reparación colectiva.

Desde EH Bildu, su representante Amancay Villalba ha exigido un pronunciamiento público “claro” por parte del centro educativo que permitió la prolongación de los abusos. Han insistido en que el daño tiene una dimensión colectiva y comunitaria, y han reclamado que las instituciones asuman su responsabilidad por acción u omisión. Villalba ha reiterado la necesidad de avanzar en medidas de reparación, así como en el cumplimiento de los acuerdos parlamentarios llegados durante el pleno de noviembre de 2023 sobre abusos en el ámbito religioso.

El PNV, a través de Josune Escota, ha trasladado su reconocimiento al sufrimiento de las víctimas y ha afirmado que les escuchan y que les creen. Escota ha subrayado la gravedad de los hechos recogidos en el informe del Ararteko y la importancia de actuar ante ello. También ha defendido que “la verdad, la justicia y la reparación” deben abordarse también desde una dimensión colectiva y ha apelado a la responsabilidad compartida de instituciones y sociedad para garantizar la no repetición.

El caso de las víctimas de Patxi Ezkiaga fue adelantada por 'El País' en 2024, aunque las víctimas sostienen que los hechos pudieron prolongarse hasta 2012. Al menos 30 mujeres han sido identificadas como víctimas tanto en el aula como en actividades extracurriculares como gimnasia rítmica, excursiones y campamentos. El informe del Ararteko recoge que algunas víctimas sufrieron abusos graves durante años, con secuelas físicas y psicológicas persistentes que requieren atención especializada, en un caso que ha reabierto el debate sobre la responsabilidad institucional y la reparación de las víctimas de abusos en el ámbito educativo y religioso.

El Tribunal Supremo ha desestimado la petición de un hombre condenado a ocho años de prisión por la violación de una joven que, junto con su novio, alquilaba una habitación en su vivienda, situada en Guía de Isora (Tenerife).

El condenado, cuya sentencia es firme, presentó un recurso extraordinario de revisión en el que buscaba impugnar la veracidad del testimonio de la víctima y alegaba que incurrió en contradicciones y que no hubo opos

En su escrito, el recurrente sostuvo que la mujer cambió su versión durante el juicio, que “asumió un papel de víctima y sobreactuó”, y negó la existencia de amenazas, presiones o condicionantes de la libertad de la denunciante, así como la presencia de testigos.

Los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2021, sobre las 17.00 horas, cuando el acusado pidió a la joven que le ayudara a limpiar otra habitación de la vivienda.

Según la sentencia, el hombre se ofreció a darle un masaje en la espalda y, pese a la negativa inicial de la mujer, insistió hasta que esta accedió y, a continuación, la agredió sexualmente pese a que ella le pidió que se detuviera.

La víctima declaró en el juicio que no pudo reaccionar por temor a represalias contra su vida o su integridad física.

El recurso de revisión alegaba que la declaración de la víctima “no es fiable” y que las pruebas forenses y psicológicas no aportan la certeza necesaria.

El fiscal, sin embargo, sostuvo que el condenado pretendía la celebración de un nuevo juicio sobre hechos ya valorados y confirmados en tres instancias judiciales.

El Supremo coincide con el Ministerio Fiscal y considera “improcedente” autorizar la revisión al no concurrir los requisitos legales exigidos.

El hombre, que tenía 65 años en el momento de los hechos, había sido condenado con anterioridad en dos ocasiones por delitos similares y en la actualidad cumple condena en un centro penitenciario de Madrid.

La Sala descarta contradicciones relevantes en el testimonio de la víctima y considera la versión del acusado “improbable y plagada de inconsistencias”.

Además, tuvo en cuenta mensajes posteriores en los que el condenado se disculpaba por su conducta, que fueron admitidos como prueba.

Dado que los hechos son anteriores a la reforma legal de 2022 conocida como ley del ‘solo sí es sí’, el delito fue calificado como abuso sexual. 

Los activistas de la flotilla humanitaria a Gaza detenidos por Israel han denunciado graves casos de violencia sexual en al menos un barco al que fueron trasladados tras su captura en el Mediterráneo, según asegura la Global Sumud Flotilla en un comunicado. La organización afirma que se han documentado “al menos 12 agresiones sexuales” en un solo buque israelí, el INS Nachshon, “incluídas violación anal y penetración forzada con una pistola”.

La nota asegura que los activistas comenzaron a relatar los abusos a su llegada ayer a Estambul (Turquía) tras ser deportados desde Israel, adonde habían sido trasladados tras su detención el lunes a unas 80 millas de Chipre. En el convoy viajaban 44 españoles, según recordó ayer el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

La Flotilla asegura en el comunicado que entre los abusos cometidos desde el abordaje hubo también disparos de pelotas de goma a quemarropa, descargas eléctricas con táser en la cara y la parte superior del cuerpo o lanzamientos de granadas aturdidoras contra grupos de detenidos, a los que se obligó a permanecer en posturas incómodas durante horas bajo luz brillante permanente.

Señalan asimismo que se retiraron por la fuerza los velos a las mujeres musulmanas y se cometieron otros abusos como registros corporales humillantes, burlas sexuales, tocamientos y tirones de genitales, además de las referidas violaciones.

La organización reclama ahora una investigación internacional completa e independiente sobre la interceptación de la Flotilla y el trato recibido por todos los participantes detenidos, con referencia directa a los testimonios recogidos por el centro legal palestino-israelí Adalah y por los propios participantes, “y con especial atención a los crímenes cometidos a bordo del barco de tortura, incluyendo la violación”.

También reclama la liberación de los palestinos en detención administrativa en territorio israelí, así como que se permita a Cruz Roja atenderlos, y que se sancione a Israel.

Estas acusaciones llegan después de la censura de varios países con ciudadanos enrolados en la misión humanitaria, entre ellos España, Italia o Canadá, a cuenta del comportamiento del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, que se dedicó a humillar a los activistas maniatados que estaban retenidos en el puerto de Asdod.

Una dona ha denunciat haver patit una agressió sexual brutal mentre estava ingressada a l’hospital Can Misses d’Eivissa durant la matinada de dilluns a dimarts. Els fets van provocar la intervenció d’agents de la Policia Nacional, que van detenir un home com a presumpte autor dels fets gràcies a la revisió de les càmeres de seguretat del centre i a les dades aportades per la víctima. L’arrestat passarà a disposició judicial mentre la investigació continua oberta. La dona rep atenció psicològica continuada.

Els fets, avançats per Noudiari, van tenir lloc cap a dos quarts de quatre de la matinada quan es van sentir “crits en una habitació”, segons explica Eduardo Escudero, gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, que assenyala que el presumpte agressor va forçar una porta d’accés per entrar a l’hospital i agredir sexualment la pacient. “El primer que vull manifestar és la meva màxima repulsa davant incidents de qualsevol mena de violència i, més concretament, davant una molt probable agressió sexual”, ha declarat als mitjans.

Escudero relata que, després que se sentissin els crits, les infermeres tornaven “de prendre una coca-cola o un cafè i van veure sortir corrent una persona d’una habitació”. “La van perseguir, però ràpidament la van perdre perquè corria molt”, continua. Tant els infermers com altres sanitaris de la planta es van desplaçar ràpidament fins al lloc i van comprovar que en aquella habitació, que és doble, una de les pacients s’estava dutxant mentre l’altra dona denunciava haver estat víctima d’una agressió sexual.

“Va ser una situació de ‘xoc’ per a tot el personal d’infermeria, auxiliars i zeladors perquè és la primera vegada que passa a l’hospital”, lamenta Escudero. El gerent precisa que, tot i que l’àrea de salut activa “desgraciadament” amb freqüència protocols per agressions sexuals ateses des d’Urgències o derivades pel 061, mai no s’havia produït una situació d’aquestes característiques dins del mateix hospital. “El primer va ser tranquil·litzar la situació. Tots estàvem molt nerviosos”, ha afegit.

El gerent de l’àrea de salut explica que es va avisar immediatament la Policia Nacional després d’escoltar el relat de la pacient. Paral·lelament, l’hospital va activar el protocol habitual previst per a agressions sexuals, pel qual el servei de seguretat del centre intervé. Segons ha detallat Escudero, una llevadora va acudir immediatament per fer l’exploració corresponent i, a més, un ginecòleg i una psicòloga van atendre la víctima.

La Policia Nacional i el metge forense es van desplaçar fins al lloc dels fets, tal com estableixen aquests procediments. La direcció de l’hospital va decidir, a més, convertir l’habitació en individual per garantir la tranquil·litat de la víctima. L’altra pacient ingressada va ser traslladada a una altra estança i posteriorment la dona agredida va passar a ocupar una altra habitació individual, on roman acompanyada per familiars i personal sanitari.

La revisió de les càmeres de seguretat va detectar que l’agressor havia forçat una porta d’entrada per la qual s’accedeix a l’interior de l’hospital. Després, va escapar per una altra sortida diferent que també va aconseguir forçar. Escudero assegura que l’hospital Can Misses queda tancat a la nit, per la qual cosa la persona detinguda va poder entrar al recinte hospitalari després de forçar les portes. “La porta principal es tanca a les onze de la nit i la resta quan acaba l’activitat de l’hospital, normalment cap a les vuit del vespre”, ha explicat.

El gerent ha precisat que no hi ha alarmes a tot l’hospital i que les portes tenen un funcionament automàtic, però que es poden forçar. “Quan es tanquen es bloquegen, però evidentment les pots forçar si ets capaç d’obrir entre les dues làmines de vidre i estirar amb força”, ha explicat. Tot i això, ha subratllat que fins ara les mesures de seguretat es consideraven prou per cobrir el complex hospitalari. Escudero ha indicat que no consta cap robatori ni altres desperfectes més enllà de les dues portes forçades i ha evitat precisar per quines zones es va poder desplaçar el detingut dins del recinte, ja que es tracta d’una investigació encara oberta. També ha rebutjat oferir detalls clínics o personals sobre la víctima, i s’ha limitat a assenyalar que estava ingressada “per un procés patològic en una planta d’hospitalització convencional”.

Després d’aquest incident, Escudero ha proposat “replantejar” tot el sistema de seguretat de l’hospital. “Evidentment, aquest incident ens farà replantejar tot el sistema de seguretat de l’hospital”, ha afirmat. El gerent ha explicat que els vigilants fan rondes contínues durant tota la nit per diferents àrees del complex, des de consultes fins a altres edificis annexos, tot i que no romanen de manera fixa a la recepció principal. A més, ha aclarit que el reforç de seguretat anunciat recentment per a l’estiu no té relació amb aquesta agressió i que es tractava d’una mesura ja prevista des de fa mesos tant per a l’hospital com per als centres de salut de les Pitiüses.

Sobre la possible relació entre l’agressor i la víctima, Escudero ha assenyalat que “podria ser un conegut”, tot i que ha insistit que és una qüestió que correspon determinar a la Policia Nacional. “Ho desconec totalment”. “Si he de donar la meva opinió, no [ho crec], perquè és molt estrany. Aquesta persona podria haver estat dins sense haver forçat cap porta si hagués estat algú ben conegut”, ha apuntat, matisant que es tracta únicament d’una apreciació personal.

Una mujer ha denunciado haber sufrido una brutal agresión sexual mientras permanecía ingresada en el hospital Can Misses de Eivissa durante la madrugada del lunes al martes. Los hechos provocaron la intervención de agentes de la Policía Nacional, que detuvieron a un hombre como presunto autor de los hechos gracias al visionado de las cámaras de seguridad del centro y datos aportados por la víctima. El arrestado pasará a disposición judicial mientras la investigación continúa abierta. La mujer recibe atención psicológica continuada.

Los hechos, avanzados por Noudiari, ocurrieron hacia las tres y media de la madrugada cuando se escucharon “gritos en una habitación”, según explica Eduardo Escudero, gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, quien señala de que el presunto agresor forzó una puerta de entrada para acceder al hospital y agredir sexualmente a la paciente. “Lo primero que quiero manifestar es mi mayor repulsa ante incidentes de cualquier tipo de violencia y más concretamente ante una muy probable agresión sexual”, ha manifestado en declaraciones a los medios.

Escudero relata que, después de que se escucharan los gritos, las trabajadoras de enfermería volvían “de tomar una coca cola o un café y vieron salir corriendo a una persona de una habitación”. “La persiguieron pero rápidamente la perdieron porque corría mucho”, prosigue. Tanto los enfermeros como otros sanitarios de la planta se desplazaron rápidamente hacia el lugar y comprobaron que en esa habitación, que es doble, una de las pacientes se estaba duchando mientras que la otra mujer denunciaba que había sido víctima de una agresión sexual.

“Fue una situación de ‘shock’ para todo el personal de enfermería, auxiliares y celadores porque es la primera vez que sucede en el hospital”, lamenta Escudero. El gerente precisa que, aunque el área de salud activa “desgraciadamente” con frecuencia protocolos por agresiones sexuales atendidas desde Urgencias o derivadas por el 061, nunca se había producido una situación de estas características dentro del propio hospital. “Lo primero fue tranquilizar la situación. Todos estábamos muy nerviosos”, ha añadido.

El gerente del área de salud explica que se llamó de inmediato a la Policía Nacional tras escuchar el relato de la paciente. Paralelamente, el hospital activó el protocolo habitual previsto para agresiones sexuales, por el que el servicio de seguridad del centro pasa a intervenir. Según ha detallado Escudero, una matrona acudió inmediatamente para realizar la exploración correspondiente y, además, un ginecólogo y una psicóloga atendieron a la víctima.

La Policía Nacional y el médico forense se desplazaron hacia el lugar de los hechos, como establecen estos procedimientos. La dirección del hospital decidió además convertir la habitación en individual para garantizar la tranquilidad de la víctima. La otra paciente ingresada fue trasladada a otra estancia y posteriormente la mujer agredida pasó a ocupar otra habitación individual, donde permanece acompañada por familiares y personal sanitario.

La revisión de las cámaras de seguridad detectó que el agresor había forzado una puerta de entrada por la que se accede al interior del hospital. Luego, escapó por otra diferente que también consiguió forzar. Escudero asegura que el hospital Can Misses queda cerrado por la noche, por lo que la persona detenida pudo entrar en el interior del recinto hospitalario tras forzar las puertas. “La puerta principal se cierra a las once de la noche y el resto cuando acaba la actividad del hospital, normalmente sobre las ocho de la tarde”, ha explicado.

El gerente ha precisado que no hay alarmas en todo el hospital y que las puertas tienen un funcionamiento automático, pero que se pueden forzar. “Cuando se cierran se bloquean, pero evidentemente las puedes forzar si eres capaz de abrir entre las dos lamas de cristal y traccionar con fuerza”, ha explicado. No obstante, ha subrayado que hasta ahora las medidas de seguridad se consideraban suficientes para cubrir el complejo hospitalario. Escudero ha indicado que no consta ningún robo ni otros desperfectos más allá de las dos puertas forzadas y ha evitado precisar por qué zonas pudo desplazarse el detenido dentro del recinto, al tratarse de una investigación todavía abierta. También ha rehusado ofrecer detalles clínicos o personales sobre la víctima, limitándose a señalar que estaba ingresada “por un proceso patológico en una planta de hospitalización convencional”.

Tras este incidente, Escudero ha propuesto “replantear” todo el sistema de seguridad del hospital. “Evidentemente, este incidente nos va a hacer replantear todo el sistema de seguridad del hospital”, ha afirmado. El gerente ha explicado que los vigilantes realizan rondas continuas durante toda la noche por distintas áreas del complejo, desde consultas hasta otros edificios anexos, aunque no permanecen de manera fija en la recepción principal. Además, ha aclarado que el refuerzo de seguridad anunciado recientemente para el verano no guarda relación con esta agresión y que se trataba de una medida ya prevista desde hace meses tanto para el hospital como para los centros de salud de las Pitiüses.

Sobre la posible relación entre el agresor y la víctima, Escudero ha señalado que “podría ser un conocido”, aunque ha insistido en que se trata de una cuestión que corresponde determinar a la Policía Nacional. “Lo desconozco totalmente”. “Si tengo que dar mi opinión, no [lo creo], porque es muy extraño. Esa persona podía haber estado dentro sin haber forzado ninguna puerta si hubiera sido bien conocido”, ha apuntado, matizando que se trata únicamente de una apreciación personal.

La Policia Nacional ha detingut dos homes acusats d'agredir sexualment una dona que es trobava de vacances a Mallorca i que va aconseguir escapar del vehicle en el qual presumptament van ocórrer els fets per demanar auxili en un habitatge proper. L'autoritat judicial ha decretat l'ingrés provisional a la presó d'ambdós detinguts.

L'agressió es va produir la nit del passat 1 de maig a la localitat de Manacor. D'acord amb la informació proporcionada per la Policia, la víctima va entrar tota sola en un bar del municipi i va començar a conversar amb un home que es va apropar a la seva taula. Poc després s'hi va incorporar un segon individu, conegut del primer, i els tres van continuar prenent begudes junts.

La dona va relatar posteriorment que va començar a trobar-se malament després d'aixecar-se per anar al bany i tornar a la taula, on havia deixat la seva consumició. Segons la seva denúncia, va començar a patir símptomes que no es corresponien amb el consum normal de begudes alcohòliques. La Policia destaca que ambdós individus, just abans d'aixecar-se de la taula per abandonar el local, van insistir a la víctima perquè s'acabàs la consumició.

La víctima va explicar als investigadors que la seva intenció era demanar un taxi per tornar al seu hotel a causa del malestar que sentia. No obstant això, els dos homes es van oferir a acompanyar-la en cotxe, indicant que tenien el vehicle allà mateix.

A partir d'aquell moment, la dona va assegurar recordar únicament “flashes” del que havia succeït: segons va relatar, recordava haver pujat al cotxe i que es van aturar en un descampat, en una zona fosca i sense edificis. Pel que sembla, ambdós homes haurien aprofitat la situació en què es trobava per agredir-la sexualment a la part posterior del vehicle.

En un moment donat, la víctima va poder sortir corrents del vehicle, va creuar una carretera i va demanar auxili a la primera casa que va trobar. Els habitants de l'habitatge van alertar immediatament la Policia Nacional en veure l'estat en què es trobava la dona.

Un cop al lloc dels fets, els agents van traslladar la víctima a un centre hospitalari per activar el protocol d'atenció a víctimes d'agressió sexual i, posteriorment, la Unitat de Família i Atenció a la Dona (UFAM) es va fer càrrec de la investigació.

Gràcies a la informació aportada per la denunciant, els investigadors van aconseguir identificar i localitzar els dos sospitosos en poc temps. La Policia també va intervenir el vehicle en què suposadament van ocórrer els fets per realitzar-hi una inspecció tecnicopolicial.

A més, durant la detenció d'un dels arrestats, els agents van trobar una caixa d'un medicament, un element que ara forma part de la investigació oberta sobre una possible submissió química. Els dos homes van ser posats a disposició judicial dilluns passat i el jutjat va decretar el seu ingrés provisional a presó.

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de agredir sexualmente a una mujer que se encontraba de vacaciones en Mallorca y que logró escapar del vehículo en el que presuntamente ocurrieron los hechos para pedir auxilio en una vivienda cercana. La autoridad judicial ha decretado el ingreso provisional en prisión de ambos detenidos.

La agresión se produjo la noche del pasado 1 de mayo en la localidad de Manacor. De acuerdo a la información proporcionada por la Policía, la víctima entró sola en un bar del municipio y comenzó a conversar con un hombre que se acercó a su mesa. Poco después se incorporó un segundo individuo, conocido del primero, y los tres continuaron tomando bebidas juntos.

La mujer relató posteriormente que empezó a encontrarse mal después de levantarse para ir al baño y regresar a la mesa, donde había dejado su consumición. Según su denuncia, comenzó a sufrir síntomas que no se correspondían con el consumo normal de bebidas alcohólicas. La Policía destaca que ambos individuos, justo antes de levantarse de la mesa para abandonar el local, insistieron a la víctima en que se terminase la consumición.

La víctima explicó a los investigadores que su intención era pedir un taxi para regresar a su hotel debido al malestar que sentía. Sin embargo, los dos hombres se ofrecieron a acompañarla en coche, indicando que tenían su coche allí mismo.

A partir de ese momento, la mujer aseguró recordar únicamente “flashes” de lo sucedido: según relató, recordó haber ido en el coche y que se pararon en un descampado en una zona oscura y sin edificios. Al parecer, ambos varones habrían aprovechado la situación en la que se encontraba para agredirla sexualmente en la parte trasera del vehículo.

En un momento dado, la víctima pudo salir a la carrera del vehículo, cruzó una carretera y pidió auxilio en la primera casa que encontró. Los moradores alertaron inmediatamente a la Policía Nacional al ver el estado en el que se encontraba la mujer.

Una vez allí, los agentes trasladaron a la víctima a un centro hospitalario para activar el protocolo de atención a víctimas de agresión sexual y posteriormente la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) se hizo cargo de la investigación.

Gracias a la información aportada por la denunciante, los investigadores lograron identificar y localizar a los dos sospechosos en poco tiempo. La Policía también intervino el vehículo en el que supuestamente ocurrieron los hechos para realizar una inspección técnico-policial.

Además, durante la detención de uno de los arrestados, los agentes encontraron una caja de un medicamento, un elemento que ahora forma parte de la investigación abierta sobre una posible sumisión química. Los dos hombres fueron puestos a disposición judicial el pasado lunes y el juzgado decretó su ingreso provisional en prisión.