La Fiscalía de Rumania ha acusado al polémico creador de contenido en Internet Andrew Tate de tráfico de menores, abusar sexualmente de una menor, blanqueo de capitales y manipulación de testigos. También ha acusado a su hermano Tristan de complicidad. Ambos, que se dedican a expandir mensajes misóginos a sus millones de seguidores, rechazan todas las acusaciones en su contra. Los dos se encuentran en estos momentos detenidos en EEUU.

La justicia rumana ha concluido tras una investigación de más de cuatro años que los hermanos Tate, que tienen doble nacionalidad estadounidense y británica, reclutaban a sus víctimas seduciéndolas y fingiendo querer una relación o matrimonio, antes de obligarlas a producir contenido pornográfico para un negocio de cámaras web. En 2022, fueron detenidos en Rumania acusados de participar en planes para atraer mujeres con fines de explotación sexual.

En 2025, se les permitió salir de Rumania y volaron a Florida en un jet privado. Desde finales de julio de este año, se encuentran detenidos en Miami después de que Reino Unido solicitara su extradición por casi sesenta cargos relacionados con violación, trata de personas, explotación sexual y delitos vinculados con pornografía.

Según la Dirección de investigación del crimen organizado y terrorismo (DIICOT) de Rumanía, Andrew Tate presuntamente reclutó en 2012 a una menor de 15 años, que explotó sexualmente durante nueve años en el Reino Unido y en Rumanía, donde los dos hermanos se instalaron en 2017.

La Fiscalía rumana alega que el influencer, de 39 años, engañó a la joven sobre su intención de entablar una relación sentimental, tras lo cual la presionó mediante amenazas, chantaje emocional, control y vigilancia, además de agresiones físicas. La víctima fue presuntamente obligada a producir material pornográfico y a aparecer en videollamadas. Tristan Tate, de 38 años, habría apoyado a su hermano, supervisando la actividad de la chica y encargándose de recaudar y administrar el dinero procedente de esas videollamadas.

En el mismo caso, la DIICOT alega que los hermanos Tate intentaron influir sobre las declaraciones de algunas víctimas y testigos, ofreciéndoles dinero, teléfonos y la promesa de asistencia legal. La Fiscalía solicitó la confiscación de cuatro automóviles de lujo, con un valor total estimado de 825.000 euros, y de unos 1,25 millones de dólares en metálico que, según ésta, proceden de la explotación de la menor de edad.

El envío de la acusación a los tribunales rumanos marca la conclusión de la investigación penal. Los cargos serán analizados por los jueces, si bien los dos hermanos se encuentran en una cárcel de Miami. Un portavoz de la agencia de Rumanía especializada en investigar el crimen organizado y el terrorismo ha reconocido a Reuters que no está claro si se solicitará su extradición desde EEUU, donde se encuentran detenidos.

A finales de agosto, la audiencia en Florida sobre extradición no resolvió su petición de libertad bajo fianza mientras avanza el proceso solicitado por el Reino Unido y concluyó sin que la jueza Lauren Louis anunciara un fallo sobre la libertad de los dos influencers, que están recluidos en un centro de detención federal de Miami desde el pasado 18 de julio. Por el momento, no hay una fecha fijada para una nueva audiencia sobre la extradición. Reino Unido tiene hasta el 16 de septiembre para remitir a la corte de Florida la documentación que sustenta su solicitud.

Según recoge Reuters, los Tate pueden ser juzgados en ausencia en Rumania, pero el juicio no comenzará de inmediato. Según la ley rumana, la acusación se envía a una sala de instrucción, donde un juez inspeccionará los expedientes para garantizar su legalidad. Si bien la ley establece que el juez de la sala de instrucción tiene 60 días para finalizar el informe, las acusaciones suelen tardar mucho más.

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ourense ha abierto una causa contra tres hombres como presuntos autores de la violación grupal a una joven de 19 años perpetrada en un prostíbulo de la ciudad. Los tres fueron arrestados por la Policía Nacional y dos de ellos permanecen desde entonces en prisión provisional, comunicada y sin fianza. El tercero está acusado de cooperación necesaria por no hacer nada para impedir la agresión. Los agentes buscan todavía a un cuarto implicado

Los hechos, adelantados por el diario La Región, tuvieron lugar el pasado 23 de mayo. Según el auto de la Audiencia Provincial, que desestima la petición de libertad provisional para uno de los encarcelados, la víctima estuvo con uno de los detenidos –el que no está en prisión–en un after del casco antiguo de Ourense, donde mantuvieron relaciones sexuales consentidas. Después, se desplazó con él al prostíbulo.

Allí, siempre según el auto, el hombre la invitó a una bebida. Luego, “por indicación de éste”, la dejó en la barra para salir a fumar un cigarro y fue al regresar cuando bebió del vaso. Sólo cinco minutos después, empezó a sentirse mal. Desde ese momento, sus recuerdos están fragmentados.

La víctima asegura que tuvo un “breve intervalo de lucidez” en el que vio cómo uno de los hombres la penetraba vaginalmente por detrás, agarrándola por la cintura, y otro la penetraba por la boca mientras la sujetaba por la cabeza. Al mismo tiempo, un tercer individuo, que es al que ahora busca la policía –“un señor mayor al que no había visto en su vida”– intententaba sumarse a esa práctica. Todo sucedía en una de las habitaciones del prostíbulo. Al mirar hacia la puerta, la joven vio a su acompañante inicial irse del lugar.

El auto indica que la chica trató de defenderse, haciéndose daño en los nudillos. “Sintió cómo la estaban mordiendo en la espalda y agarrando por el cuello para que estuviese quieta”. Según la Audiencia, su declaración –“muy detallada, sólida, creíble” y “sin contradicciones”– se ve corroborada por el informe médico emitido horas después de lo sucedido, en el que se recogen “heridas genitales y en distintas zonas del cuerpo, algunas compatibles con defensa, incluyendo mordedura en zona escapular izquierda”.

Los dos hombres fueron detenidos en el mismo mes de mayo en Monforte de Lemos (Lugo), donde comparten piso. Se enfrentan a una pena de entre doce y quince años de cárcel. Aunque carece de antecedentes penales, a uno de ellos ya le consta otra detención por agresión sexual en junio de 2025 y una más en octubre por quebrantamiento de condena.

La Fiscalía General del Estado ha contabilizado un total de 23 agresiones sexuales en Ceuta en el marco de la reciente crisis migratoria. Según los datos facilitados a elDiario.es, la cifra refleja un repunte respecto a los 16 casos registrados hasta el pasado jueves, entre los cuales se incluyen cinco agresiones constitutivas de violación (agresión sexual con penetración).

En cuanto al perfil de las víctimas, nueve son menores de edad, con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años. Asimismo, entre las denuncias contabilizadas por la Fiscalía se encuentra la agresión a un varón perteneciente al colectivo LGTBI.

Hasta el momento, las investigaciones han permitido identificar a ochode los presuntos autores: cuatro de nacionalidad marroquí, tres ciudadanos españoles y un individuo de nacionalidad belga. La identidad del resto de los implicados continúa siendo desconocida.

Un entrenador de voleibol ha estat detingut a Palma per suposadament violar i deixar embarassada una menor. Els fets es remunten al mes de juny quan, segons han confirmat a Europa Press fonts properes al cas després d'informacions publicades aquest dimarts pel diari Última Hora, l'entrenador, de 23 anys, va convidar la víctima, de 15 anys, i una altra menor a menjar a casa seva.

Després del menjar, segons les mateixes fonts, l'home va agredir sexualment l'adolescent. Segons el diari local, la víctima va anar al cap d'unes setmanes amb la seva tia a l'hospital Son Espases i va confirmar l'embaràs després d'una exploració ginecològica. Posteriorment, la menor hauria interromput el procés de gestació. Aquest mateix diari afirma que, durant les setmanes posteriors a l'agressió sexual, l'entrenador va escriure a l'adolescent a través de WhatsApp per veure's, però la víctima el va bloquejar.

Va ser divendres passat quan, segons ha informat la Policia Nacional, la víctima va acudir a denunciar a la Prefectura Superior. En rebre la denúncia, la Unitat de Família i Dona (UFAM) de la Policia Nacional es va fer càrrec de les indagacions, i gràcies al testimoni de la menor, va poder identificar l'home. Hores més tard va ser detingut per part d'una patrulla del Grup d'Atenció al Ciutadà per ser el presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual i va quedar en llibertat amb una ordre d'allunyament.

Un entrenador de voleibol ha sido detenido en Palma por supuestamente violar y dejar embarazada a una menor. Los hechos se remontan al mes de junio cuando, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas del caso tras informaciones publicadas este martes por el diario Última Hora, el entrenador, de 23 años, invitó a la víctima, de 15 años, y a otra menor a comer a su casa.

Después de la comida, según las mismas fuentes, el hombre agredió sexualmente a la adolescente. Según el diario local, la víctima fue tras unas semanas con su tía al hospital Son Espases y confirmó el embarazo tras una exploración ginecológica. Posteriormente, la menor habría interrumpido el proceso de gestación. Este mismo diario afirma que, durante las semanas posteriores a la agresión sexual, el entrenador escribió a la adolescente a través de WhatsApp para verse, pero la víctima le bloqueó.

Fue el pasado viernes cuando, según ha informado la Policía Nacional, la víctima acudió a denunciar a la Jefatura Superior. Al recibir la denuncia, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hizo cargo de las pesquisas, y gracias al testimonio de la menor, pudo identificar al hombre. Horas más tarde fue detenido por parte de una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano por ser el presunto autor de un delito de agresión sexual y quedó en libertad con una orden de alejamiento.

La Fiscalía francesa ha abierto una investigación por diez nuevas violaciones y 40 abusos sexuales contra el excirujano Joël Le Scouarnec, considerado el mayor pederasta de Francia y condenado en 2025 a 20 años de cárcel por agresiones y abusos sexuales a 299 víctimas, la mayoría menores de edad.

En un comunicado, la fiscal de Lorient, Laëtitia Mirande, explicó que durante el juicio aparecieron o se confirmaron “nuevos delitos” y la Fiscalía recibió “denuncias complementarias”. Por ello, se ha abierto una investigación judicial por “40 hechos de agresiones sexuales” y “10 hechos de violaciones” a menores de 15 años. “Los hechos contemplados, no prescritos”, datan de entre 1987 y 2017 y “afectan a 48 víctimas”, agregó Mirande.

Estas nuevas investigaciones contra Le Scouarnec, de 75 años, podrían significar la apertura de un nuevo proceso, después del celebrado en 2025 en Vannes.

En ese mediático juicio, el médico admitió todos los hechos que se le imputaban. Él mismo apuntaba con detalle en un cuaderno todos los delitos y sus víctimas —de una media de 11 años de edad— lo que permitió a los investigadores identificar a los 299 pacientes de los que abusó de 1989 a 2014.

El cirujano especialista en aparato digestivo cometía sus abusos cuando sus pacientes estaban bajo los efectos de la anestesia. En 2020 ya fue condenado a 15 años de cárcel por abusar y violar a cuatro menores, dos de ellas sobrinas suyas.

Parte de la sociedad está preocupada porque no quiere ver o no quiere oír a los movimientos feministas este verano.

No hay porque preocuparse. Ellas siguen estando en cada calle, en cada plaza donde se despide a una mujer asesinada (de cualquier nacionalidad) por un hombre, se llama violencia machista. No van a permitir que se blanquee bajo otros nombres.

Las feministas de la península están en contacto con las feministas de Ceuta, con las que están preocupándose de que las niñas, las adolescentes y las mujeres marroquíes y subsaharianas no sean violentadas ni secuestradas por mafias que las vendan a proxenetas.

La frontera de Ceuta está abierta, eso les dijeron.

En Marruecos estaban escondidas niñas y mujeres que habían tardado días y semanas en llegar hasta allí, guiadas por las mafias a las que su familia pagó como pudo. Buscaban una vida mejor escapando de países donde su vida y su dignidad valen menos que un grano de cereal. Llegaron buscando esa España y esa Europa que protege a las mujeres contra la violencia de género porque huyen de sus países por esa falta de protección.

Huyen de matrimonios forzados, de violaciones en el seno familiar, de mutilaciones genitales, de planchado de senos y mil barbaridades más...

Esto no es una crisis migratoria, tenemos delante una crisis de protección a la infancia y a la mujer atravesada por género, pobreza, frontera y violencia. No están sufriendo la misma crisis que los niños y los hombres.

El Sr. Vivas es quien debe proteger a los menores, así lo dicen las trasferencias comunitarias. El Gobierno Central también debe protegerlas, la solución no puede ser apartarlas y encerrarlas en vez de garantizarles un sistema de protección para todas que impida que se las invisibilice.

Señoras de golpes en el pecho que piden a su dios que no se practiquen abortos, que cacarean en las puertas de las clínicas que practican abortos ¿dónde están ahora ustedes?

Las niñas, adolescentes y mujeres que han llegado a la ciudad española de Ceuta les importan muy poco, quieren echarlas a patadas de nuestro país. Está claro que sus prejuicios superan su empatía. Si no se las protege, ¿de qué sirve hablar de derechos?

Sus derechos no terminan en la frontera, porque entonces la frontera, también es violencia.

La Policia Nacional ha detingut un home per suposadament agredir sexualment i retenir contra la seva voluntat una jove en un habitatge d'Eivissa.

Els fets, segons ha informat la Prefectura Superior de Policia de Balears, van succeir la matinada del passat 9 d'agost.

La víctima i el sospitós es van conèixer en un establiment d'oci de la ciutat d'Eivissa i, d'acord amb la versió d'ella, van estar junts en diferents locals.

En un moment donat, l'home la va traslladar en un vehicle fins a un habitatge situat fora del nucli urbà, on la va agredir sexualment i la va retenir contra la seva voluntat durant un temps.

La jove, d'origen estranger i que es trobava de forma temporal a Eivissa, amb prou feines va romandre a l'illa durant un dia i va regressar al municipi de la Península en què resideix actualment.

Els agents de la Unitat d'Atenció a la Família i la Dona (UFAM) van obrir una investigació i van dur a terme nombroses diligències per reconstruir els moviments tant del sospitós com de la víctima.

Un cop identificat tant ell com el seu vehicle, l'home va ser arrestat com a suposat autor d'un delicte d'agressió sexual i posat a disposició de l'autoritat judicial.

La Policia Nacional, en qualsevol cas, manté oberta la investigació amb l'objectiu d'esclarir tots els detalls possibles sobre el cas.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente agredir sexualmente y retener contra su voluntad a una joven en una vivienda de Eivissa.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Balears, sucedieron la madrugada del pasado 9 de agosto.

La víctima y el sospechoso se conocieron en un establecimiento de ocio de la ciudad de Eivissa y, de acuerdo con la versión de ella, estuvieron juntos en distintos locales.

En un momento dado, el hombre le trasladó en un vehículo hasta una vivienda situada fuera del núcleo urbano, donde la agredió sexualmente y la retuvo contra su voluntad durante un tiempo.

La joven, de origen extranjero y que se encontraba de forma temporal Eivissa, apenas permaneció en la isla durante un día y regresó al municipio de la Península en el que reside en la actualidad.

Los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) abrieron una investigación y llevaron a cabo numerosas diligencias para reconstruir los movimientos tanto del sospechoso como de la víctima.

Una vez identificado tanto él como su vehículo, el hombre fue arrestado como supuesto autor de un delito de agresión sexual y puesto a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional, en cualquier caso, mantiene abierta la investigación con el objetivo de esclarecer todos los detalles posibles acerca del caso.

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears ha absolt un home acusat de violar en repetides ocasions la seva filla en un poble de Mallorca en entendre que el testimoni de la menor no compleix els requisits per enervar la presumpció d'innocència.

El tribunal, segons les fonts consultades per Europa Press, considera que el testimoni de la nena, d'uns sis anys en el moment dels fets, entre 2020 i 2023, cau en múltiples contradiccions i en canvis de versió en relació, entre altres qüestions, al lloc o a la manera en què haurien ocorregut els fets.

Assenyala també al testimoni de la mare de la menor i exparella de l'acusat, que hauria intentat atribuir a la suposada agressió sexual, l'aparició d'un mal als genitals de la menor i que en realitat s'haurien produït per un focus en el centre escolar i que havia quedat acreditat per una conversa de Whatsapp.

Apunta la Sala en una sentència de més de 50 pàgines al mateix temps al positiu de la nena d'una malaltia de transmissió sexual, mentre que el pare i la parella actual haurien donat negatiu.

L'home, assistit pel lletrat David Barón, va negar en el judici els fets que se li atribuïen, mentre que la Fiscalia sol·licitava una condemna a 12 anys de presó.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Balears ha absuelto a un hombre acusado de violar en repetidas ocasiones a su hija en un pueblo de Mallorca al entender que el testimonio de la menor no cumple con los requisitos para enervar la presunción de inocencia.

El tribunal, según las fuentes consultadas por Europa Press, considera que el testimonio de la niña, de unos seis años en el momento de los hechos, entre 2020 y 2023, cae en múltiples contradicciones y en cambios de versión en relación, entre otras cuestiones, al lugar o al modo en que habrían ocurrido los hechos.

Señala también al testimonio de la madre de la menor y expareja del acusado, que habría tratado de atribuir a la supuesta agresión sexual, la aparición de una dolencia en los genitales de la menor y que en realidad se habrían producido por un foco en el centro escolar y que había quedado acreditado por una conversación de Whatsapp.

Apunta la Sala en una sentencia de más de 50 páginas al mismo tiempo al positivo de la niña de una enfermedad de transmisión sexual, mientras que el padre y la pareja actual habrían dado negativo.

El hombres, asistido por el letrado David Barón, negó en el juicio los hechos que se le atribuían, mientras que la Fiscalía solicitaba una condena a 12 años de prisión.

La jueza mantiene en prisión al investigado por la violación de una mujer semiinconsciente ocurrida durante la madrugada del día 10 en Pamplona y considera, además, que la agresión sexual se produjo con violencia. El joven, que sostuvo en su declaración que las relaciones fueron consentidas, ingresó en prisión el día 14. Una medida que la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona ha ratificado después de que el informe forense reflejara que existe “poca duda de la falta de consentimiento consciente”.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, la magistrada destaca la gravedad de los hechos objeto de investigación, pues la agresión sexual (violación) en un portal de la calle Estafeta se llevó a cabo no solo sin consentimiento, sino con violencia física.

Según el examen forense citado en el auto de prisión dictado el día 14, la víctima arrojó a las 8.10 horas una tasa de alcoholemia de 2,21 g/l, “con evidencia asimismo de restos de cocaína en orina”. Aunque para la magistrada lo más destacable del dictamen médico está las lesiones que la denunciante presentaba, “difícilmente encuadradles en unas relaciones libres y voluntarias, como ”erosiones en rodillas, hematoma en rodilla, hematomas en ambos brazos, en concreto en antebrazos, todas lesiones con margen de dos horas anteriores a la exploración de la forense“.

En el auto, la jueza también añade que en las imágenes del portal se ve cómo el investigado coge a la víctima del antebrazo izquierdo para llevarla, una acción que no es compatible con el pretendido consentimiento alegado.

Pendientes aún de practicarse otras diligencias que podrían aportar más claridad a los indicios ya existentes, que la jueza considera “claros y evidentes” de que no hubo una relación consentida, sino que el presunto agresor se aprovechó de la vulnerabilidad química de la víctima y “utilizó la violencia física”, la magistrada ratifica el ingreso en prisión del investigado. Entre esas pruebas figuran las declaraciones de los amigos que acompañaban a la víctima, la localización de los testigos que entraron en el portal y que pudieron presenciar parte de los hechos, así como los informes psicológicos y los resultados de los análisis de ADN.

La magistrada se apoya en esta decisión en que las penas que podrían recaer en este procedimiento son muy altas y graves, la protección de la víctima y evitar la alteración de pruebas, así como para asegurar la presencia del mismo a disposición del tribunal durante la tramitación de la causa.

La Policia Nacional ha detingut tres homes per suposadament agredir sexualment i físicament una dona que va rebutjar els seus intents de lligar amb ella a la Platja de Palma.

Els fets, segons ha informat la Prefectura Superior de Policia de les Balears, van succeir a primera hora del matí del passat dimarts 30 de juny.

Els tres sospitosos van abordar la víctima, que es trobava sola, i van intentar lligar amb ella, però aquesta va mostrar desinterès. De forma sobtada, la van agafar pel coll i la van arrossegar fins a la platja, on la van agredir sexualment.

En oposar resistència, li van propinar una successió de puntades de peu i cops de puny a la cara. En cessar l'agressió, van marxar del lloc. La víctima va interposar una denúncia aquell mateix dia.

El passat dimarts, la víctima es va trobar els tres homes que suposadament li havien agredit. Un familiar seu, que l'acompanyava en aquell moment, els va retenir fins a l'arribada dels agents.

Els tres sospitosos van ser arrestats com a suposats autors d'un delicte de lesions i un altre d'agressió sexual.

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por supuestamente agredir sexual y físicamente a una mujer que rechazó sus intentos de ligar con ella en la Playa de Palma.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Balears, sucedieron a primera hora de la mañana del pasado martes 30 de junio.

Los tres sospechosos abordaron a la víctima, que se encontraba sola, e intentaron ligar con ella, pero esta mostró desinterés. De forma repentina, la cogieron por el cuello y la arrastraron hasta la playa, donde la agredieron sexualmente.

Al oponer resistencia, le propinaron una sucesión de patadas y puñetazos en el rostro. Al cesar la agresión, se marcharon del lugar. La víctima interpuso una denuncia ese mismo día.

El pasado martes, la víctima se encontró a los tres hombres que supuestamente le habían agredido. Un familiar suyo, que le acompañaba en ese momento, les retuvo hasta la llegada de los agentes.

Los tres sospechosos fueron arrestados como supuestos autores de un delito de lesiones y otro de agresión sexual.

El titular de la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Pamplona ha decretado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de un hombre que fue detenido por la supuesta violación a una mujer en estado de semiinconsciencia la madrugada del pasado día 10 de julio, durante los Sanfermines, en un portal de la calle Estafeta de la capital navarra.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, el magistrado considera que existe riesgo de fuga por la pena contemplada en el Código Penal para este delito, entre 6 y 12 años de prisión.

La denunciante ha descrito cómo esa madrugada, junto con un primo suyo y otro varón que solo conocía de vista, estuvieron consumiendo alcohol, así como “una sustancia estupefaciente —tres rayas— que estos le ofrecieron”. Según ha relatado, además de “múltiples cervezas”, consumieron una botella de Licor 43 a lo largo de su desplazamiento por el Casco Viejo de Pamplona.

Una vez en las inmediaciones de un bar situado al final de la calle Estafeta, la mujer ha manifestado no recordar “absolutamente nada”. Fue encontrada en estado de semiinconsciencia sobre las 4:30 horas, postrada en las escaleras de acceso a la primera planta del portal nº 81 de esta calle.

Según el examen forense citado en el auto, la víctima arrojó a las 8:10 horas una tasa de alcoholemia de 2,21 g/l, “con evidencia asimismo de restos de cocaína en orina”. La facultativa interviniente, según indica la resolución judicial, apreció “malestar psicofísico en la víctima, esto es, una circunstancia de características reactivas y congruentes con la situación relatada”.

Por su parte, el investigado ha declarado que, una vez en el interior del portal, fue la mujer quien le propuso mantener las relaciones. “Le pregunté si íbamos a hacerlo allí, le dije que tenía novia, pero me dijo que lo hiciéramos allí”, ha manifestado ante el magistrado.

El imputado, según reza la resolución judicial, “ha mantenido en todo momento que las relaciones sexuales subsiguientes fueron completas y consentidas por ambos, así como que la [mujer] estuvo en todo momento consciente, conocedora y consentidora de las relaciones”.

Sin embargo, el juez sostiene que “estas manifestaciones del investigado, quien abandonó el lugar mientras se hallaba semidesnuda la víctima, no resultan consistentes con el acreditado estado que esta presentaba, habiendo manifestado la [denunciante] no recordar momento alguno de la secuencia de los hechos investigados, lo cual ciertamente aparece corroborado por el examen médico practicado a la víctima unas horas después”.

Tras la declaración del investigado, el magistrado ha emplazado a las partes a una comparecencia para la adopción de medidas cautelares. Así, la fiscalía y la acusación particular han solicitado el ingreso en prisión sin fianza, mientras que la defensa ha interesado la libertad provisional, con la adopción de medidas cautelares alternativas y menos gravosas.

Al respecto, el juez subraya que la gravedad de los hechos investigados, presuntamente constitutivos de una agresión sexual con penetración, castigada con arreglo a los artículos 178 y 179 del Código Penal con penas de 6 a 12 años de prisión, determinan “la pertinencia de la excepcional medida” solicitada por las acusaciones, “al objeto de conjurar el riesgo de fuga ante el horizonte penológico descrito, así como de reportar tranquilidad y seguridad a la víctima”.

Cuando el 26 de abril de 2018 se conoció la primera sentencia sobre el caso de “La Manada”, esto es, la dictada por la Audiencia Provincial de Navarra, gran parte de la ciudadanía expresó un enorme enfado, un gran desconcierto y una clara distancia con el poder judicial.

Aquella sentencia, que aún recuerdo con total claridad, contenía una real, cruda y tremenda descripción de los hechos acontecidos en un oscuro portal de Pamplona en la madrugada del 7 de julio de 2016. En mi opinión -escrita ese mismo día y publicada el día siguiente en El Diario Vasco-, los hechos que la Audiencia Provincial de Navarra consideró acreditados eran claramente reveladores de una situación real de intimidación hacia la víctima y, por lo tanto, debieron haber sido calificados de agresión sexual-violación, tal como solicitaron todas las acusaciones personadas. Expresé así mi desacuerdo jurídico con la calificación de delito de “abuso sexual con prevalimiento” que hizo el Tribunal por no apreciar que se hubiese producido una situación de intimidación.

No voy a recrear los hechos que se tuvieron por probados, pues son de una dureza extrema y no aportan nada relevante a esta reflexión.

Pocos meses más tarde, la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, dictada en noviembre de 2018, confirmó la primera, si bien dos de los cinco magistrados intervinientes emitieron un voto particular en el que entendían que los hechos debieron haber sido calificados como delito de agresión sexual por entender que se produjeron con intimidación.

El debate jurídico fue resuelto definitivamente por el Tribunal Supremo en sentencia de 4 de julio de 2019, que, por unanimidad, calificó los hechos de violación e incrementó, naturalmente, las penas, tras apreciar un claro escenario intimidatorio que provocó el sometimiento de la víctima, que no consintió los actos, y que hubo dos agravaciones específicas: la de trato vejatorio o degradante a la víctima, al haber los condenados alardeado de su conducta en los vídeos grabados, y la de actuación de dos o más personas.

Esto es lo que ocurrió en los Tribunales.

Pero no fue eso todo lo que sucedió. Hubo más cosas, y muy relevantes. Vamos por su orden lógico -en mi percepción-.

Lo primero que ocurrió, lo que ha permitido que diez años después hablemos de esto en los términos en que lo hacemos, fue que una mujer, muy joven y muy fuerte, que había vivido un ataque extraordinariamente duro, denunció aquellos hechos y sostuvo la acusación de manera firme, pese a saber o intuir el duro camino judicial que sabía tendría que recorrer. Siempre habrá de reiterarse, como se hizo en su día, el agradecimiento social cívico a esa mujer, a su valor, así como la exigencia de justicia real para garantizar a las personas – mujeres, en su mayor parte – que su denuncia de delitos contra la libertad sexual o de violencia de género no sea, como muchas lo describen, un auténtico calvario que puede llegar incluso a constituir un elemento claro de disuasión de la propia denuncia o de su mantenimiento.

Por otra parte, tras la primera Sentencia, se produjo un enorme movimiento ciudadano que expresó su absoluto rechazo a la misma, su enfado con el poder judicial y su apoyo a la víctima, con los lemas “Hermana, yo sí te creo” y “No fue abuso, fue violación”. Fue una crítica social a una resolución judicial como yo no recuerdo antes y dio lugar a un interesante debate – siempre de interés – acerca de las presiones sobre los Tribunales y el diálogo efectivo y eficaz entre ciudadanía y justicia.

Finalmente, se abordó la reforma del Código Penal, que ya estaba pendiente de un análisis imprescindible para adecuarlo al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica – el conocido como “Convenio de Estambul” -. Lo que finalizó, como es bien sabido por su relevancia y su gran presencia en los medios de comunicación durante largo tiempo, con la reforma operada por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual -la conocida como “Ley del sí es sí”-. Una reforma necesaria del Código Penal con el abordaje pleno y efectivo de los derechos de las mujeres a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la vida y la integridad física, a decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestra sexualidad y la erradicación de todas las violencias, subrayando la exigencia del necesario consentimiento para mantener relaciones sexuales.

Lo cierto es que conviene precisar que, para dar respuesta al concreto caso de “La manada”, tal reforma nada habría aportado, pues con el Código Penal vigente a la fecha de los hechos fue posible, como de hecho lo hizo el Tribunal Supremo, siguiendo la doctrina jurisprudencial consolidada, calificar estos hechos como agresión sexual – violación - por concurrir clara intimidación.

En todo caso, acerca de dicha “Ley del sí es sí” se produjo lo que yo, en este mismo espacio, califiqué como “un debate enredado y equivocado sobre una muy buena y muy necesaria Ley”. Un debate sobre la desaparición de los “abusos” sexuales y su consideración como “agresiones” y algunas otras modificaciones de menor entidad, así como sobre la modificación de ciertas penas, algunas en sus máximos y otras en sus mínimos.

Debate público endemoniado que se generó porque la aplicación del Código Penal, una vez reformado, trajo como consecuencia la revisión judicial de condenas dictadas antes de su entrada en vigor, como es obligado por mor de lo dispuesto en los artículos 9.3 de la Constitución -en sentido contrario-, y 2.2 del Código Penal. Esto es, la necesidad de revisar las condenas por el efecto retroactivo de las leyes penales que favorezcan a la persona condenada, como fue el caso en algunos supuestos en una doctrina que el Tribunal Supremo confirmó. Y ello, pese a las inconsistentes críticas vertidas hacia los jueces por parte de dirigentes políticos a destacar la entonces ministra de Igualdad Irene Montero– acusando de machismo, ignorancia y falta de formación en perspectiva de género de juezas/ces.

Sin negar, desde luego, que desde otras posiciones se expresó una gran “alarma” por las reducciones de penas en un contexto de clara exageración de las consecuencias de la reforma legal.

En resumidas cuentas: irresponsabilidad máxima en ambas posiciones, que generaron una enorme confusión en la ciudadanía con repercusión infundada que trasciende la mera cuestión de la revisión de las condenas y que nubla la percepción sobre la naturaleza de estos delitos y su penalización.

Y, siendo como es, en mi opinión, una gran Ley que aborda de manera integral las violencias sexuales desde muchos aspectos, me apenó profundamente la poca convicción en su defensa por parte de las responsables políticas y su mero ataque a los jueces que la aplicaban.

Han pasado ya 10 años de aquella maldita madrugada en Pamplona. Solamente espero que aquella mujer que padeció tan tremendo ataque a su persona y a su libertad y que tanto nos dio sea feliz, tan feliz como pueda. Y que no haya más “manadas” ni elementos individuales que ataquen la libertad de nadie para satisfacer su deseo. Y que asumamos nuestros actos y reconozcamos que en 10 años hemos avanzado en la percepción de la libertad sexual de todas las personas, con dificultades, desde luego, pero caminando y mirando de frente al objetivo, que no es sino la defensa de estos derechos, sin excusas ni coartadas.

Puede el tango decir que “veinte años no es nada”, pero en este caso, diez años han dado mucho de sí, gracias al esfuerzo de muchas personas, colectivos e instituciones.

Cientos de personas se han concentrado este domingo, a las 21:00 horas, en la céntrica plaza del Castillo de Pamplona para condenar la agresión sexual sufrida por una mujer la madrugada del pasado día 11, en plenos Sanfermines, en la Vuelta del Castillo.

Durante la protesta representantes del movimiento feminista han lamentado tener que concentrarse un año más durante las fiestas para condenar una violación. “Estamos hartas de decir que no queremos que haya agresiones, pero tristemente las hay”, ha señalado Kenia Cordero.

“No son hechos aislados, la violencia contra las mujeres atraviesa nuestra vida cada día. Estamos cansadas, pero también estamos organizadas”, ha añadido.

A la concentración de condena han acudido representantes del Gobierno de Navarra, como la presidenta, María Chivite, así como del Ayuntamiento de Pamplona y de los principales partidos políticos.

Por su parte, la jueza de guardia, la titular de la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por la presunta violación.

La jueza de guardia, la titular de la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por un supuesto delito de agresión sexual (violación) perpetrado la madrugada del día 11 en la capital navarra.

La magistrada se inhibirá de la instrucción de la causa, que será asumida por la plaza número 2 de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona.

La agresión tuvo lugar la madrugada del día 11, en torno a las 4.45 horas, en la Vuelta del Castillo de la capital navarra, que estos días celebra las fiestas de San Fermín.

Este domingo está convocada una concentración en la Plaza del Castillo de Pamplona a las 21:00 horas para condenar la agresión sexual.

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 21 años de prisión a un mosso d'esquadra por haber agredido sexualmente de manera continuada una mujer con discapacidad psíquica en Rajadell (Barcelona). El tribunal lo ha condenado a 16 años por un delito de agresión sexual continuada y a cinco por otro de pornografía con abuso de relación de confianza.

Los hechos pasaron en enero de 2023 cuando la víctima, con una discapacidad del 55%, conoció al hijastro del acusado, también con una discapacidad. Las familias se hicieron amigas y acordaron que la chica pasaría algunos días en casa del acusado. Este elaboró un engaño sofisticado para agredirla sexualmente y conseguir imágenes pornográficas a cambio de entrar a trabajar en una academia de masajes de Manresa.

Los magistrados han condenado al acusado a 16 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena, como autor responsable de un delito de agresión sexual con abuso de situación mental y penetración. En este caso, concurre la atenuante de reparación del daño causado.

A la vez, también se le impone una pena de cinco años de prisión por un delito de pornografía con abuso de relación de confianza y, en este caso, también concurre la atenuante de reparación del daño causado. Los jueces también le imponen la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima y una indemnización de 60.000 euros. La fiscalía pedía una pena de 27 años de prisión.

El condenado es un agente de los Mossos d'Esquadra de la policía científica de la comisaría de Manresa. El agente estaba suspendido cautelarmente del cuerpo y tiene pendiente otro juicio en el que está acusado de narcotizar y agredir sexualmente a la hija de otra pareja.

Según la sentencia, A partir de junio de 2023, el condenado empezó a urdir un engaño para hacer creer a la chica que tenía influencia para hacerla entrar a trabajar en una academia de masajes de Manresa si hacía todo aquello que le preguntaban. De este modo, creó grupos de mensajería de Whats app donde introdujo a la chica y hacía ver que hablaba con otras personas que también querían entrar a la academia.

En estos grupos, el acusado pedía a las personas que querían entrar a la academia una actitud de “sumisión, obediencia y servicio hacia el profesor”. El acusado dijo a la chica que él era un profesor y, por lo tanto, que las prácticas las podía hacer hacia él.

De este modo, el acusado fue en varias ocasiones a la habitación de la chica y la agredió sexualmente, tanto con penetración como sin, así como también actos de coprofagia (ingestión de heces). Además, también le dijo que se tenía que dejar grabar desnuda y que le tenía que enviar fotos de ella sin ropa.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena a 13 años y 6 meses de prisión impuesta el pasado marzo por la Audiencia Provincial a un acusado que el 8 de julio de 2023, en plenos Sanfermines, violó a una joven de 15 años en Pamplona tras amenazarla con una navaja en el cuello en las murallas de la ciudad. 

En 2023, el agresor, que tenía entonces 18 años, y la víctima convivían en un centro de menores. El 6 de julio, los dos, junto con otros compañeros del centro y algunos educadores, acudieron al Chupinazo de los Sanfermines. Día que “tontearon” y “se liaron”, aunque ella ya le advirtió entonces que “no quería mantener relaciones sexuales completas”. El día 8 volvieron a salir en compañía de otro joven que había estado en el centro hasta mayo. Por la tarde asistieron a un concierto en la plaza de los Fueros. Entretanto, compraron una botella de pacharán, que se tomaron entre los dos chicos. Ella no bebió.

En un momento dado, el acusado dijo que quería ir al baño. Ella le acompañó. Pasaron de largo la estación de autobuses, a donde ella creía que iban. Él dijo que habría mucha cola en los baños, y la llevó hacia las murallas, a una zona apartada. Allí, según recoge la sentencia, el inculpado le dijo que quería tener relaciones sexuales, a lo que ella se negó. Él insistió. La tocó “por todo el cuerpo” y la agarró para que no se pudiera marchar. Sacó una navaja de la riñonera y se la colocó en el cuello a la adolescente. Le espetó que, si gritaba, se lo rajaba. Entonces, la violó.

Cuando el encausado se marchó, la víctima se quedó allí un rato en estado de shock. De regreso al centro, recibió un mensaje del inculpado en el que la amenazaba para que no contara lo ocurrido. En una de sus respuestas, la víctima le contestó: “Déjame en paz […]. Me has jodido la vida. Espero que te quedes Agusto [sic] después de lo que me has hecho”. Una semana más tarde, el día 15, el condenado le escribió otra vez para indagar si había “contado algo” y volvió a amenazarla.

El agresor se marchó del centro a principios del mes de agosto. En octubre, la víctima relató a su terapeuta la agresión sexual sufrida. Pusieron los hechos en conocimiento de la coordinadora del centro, quien los comunicó a la fiscalía e interpuso denuncia ante la Policía Foral.

Según recoge la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, el inculpado no podrá comunicarse ni acercarse a la denunciante a menos de 500 metros durante 16 años. Además de cumplir una medida de libertad vigilada y deberá ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 9 años. En concepto de responsabilidad civil, indemnizará a la joven con 25.000 euros por el daño moral.

Un testimonio “persistente y carente de contradicciones”

La sentencia condenatoria dictada por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra fue recurrida por la defensa ante el Tribunal Superior, que ha desestimado íntegramente el recurso.

Al respecto, el Tribunal considera que el testimonio de la denunciante reúne todos los requisitos que exige la jurisprudencia para servir como prueba de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia del procesado. “Esta sala, visionada la grabación de su declaración, comparte el criterio de la sala de instancia acerca de su verosimilitud, estimando que dicho testimonio resulta ser creíble, verosímil, fiable y coherente, apreciando la sala sinceridad en la forma de expresarse la misma y narrar los hechos imputados”, apostilla.

Asimismo, los magistrados destacan la existencia de elementos que sustentan la versión de la víctima, entre ellos los mencionados mensajes, cuyo contenido juzgan “perfectamente acorde con la versión mantenida por la denunciante y corroborador de la realidad de la misma, sin que la versión ofrecida por el acusado constituya explicación razonable de ese contenido de las comunicaciones”.

Por lo que atañe a la persistencia en la incriminación, agrega la Sala, el testimonio de la denunciante fue persistente y carente de contradicciones, sin que se aprecien reticencias, inexactitudes ni modificaciones, en lo fundamental. “La misma narró los citados hechos que afirma que le sucedieron en la forma recogida, esencialmente, en la sentencia de instancia, lo que mantuvo en todo momento, desde que los narró a la terapeuta y a la directora del centro en el que residía, lo que igualmente manifestó en su denuncia, en el juzgado de instrucción y, últimamente, reiteró en el acto del juicio”, remarcan los jueces.