Las universidades públicas españolas han registrado mil casos de acoso sexual en la última década
Las universidades públicas españolas han registrado más de mil casos de acoso sexual, por razón de sexo, género u orientación en una década. En el mismo periodo, los centros tienen constancia de 437 casos de acoso laboral. elDiario.es ha pedido a las 50 universidades públicas del país el número de expedientes abiertos por acoso sexual, laboral y lgtbifóbico desde que existen sus registros a la actualidad a través de solicitudes de información amparadas en la ley de transparencia.
El resultado es desigual y dificulta un diagnóstico preciso de la situación, pero sí permite llegar a varias conclusiones: el acoso sexual y laboral es una realidad en las universidades que está, sin embargo, infradiagnosticada; mientras que la manera en la que los centros clasifican los casos y actúan es muy heterogénea y muestra una implementación deficiente de sus protocolos.
Sumando todos los tipos de acoso, incluyendo acosos y violencias sin especificar o consultas psicológicas y jurídicas, las universidades tienen constancia de más de 2.000 casos. La inmensa mayoría de ellos se concentra de 2015 a la actualidad. A la petición hecha por elDiario.es han respondido 48 de los 50 centros públicos: la Universidad de Jaén rechazó dar los datos acogiéndose al artículo 18.1 de la Ley de Transparencia, que da la posibilidad de no ofrecer la información si está en elaboración y pretende hacerse pública, y la Universidad de Málaga no ha querido responder a la solicitud de información realizada por este medio.
La respuesta ha sido desigual, puesto que algunas universidades han ofrecido su historial completo de datos, otras solo el de algunos años o incluso solo el registro de un año. La manera de clasificar esos datos y la información ofrecida es otra de las dificultades: en muchos casos no se conoce si el acoso se ha producido entre profesorado y alumnado, entre personal laboral o entre estudiantes, ni las medidas que se adoptaron o cómo terminó ese expediente.
“Son datos caóticos que dificultan la interpretación. Tener categorías y distintos perfiles de acoso y violencia mezclados, tan poco delimitados, dificulta la posibilidad de detectar los problemas que existen, de corregirlos, de pensar en medidas de prevención...”, critica la socióloga y adjunta a la secretaría de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Begoña Marugán, que señala también la falta de información sobre quiénes eran las víctimas y los victimarios y cuál fue el recorrido de cada expediente. En los datos recogidos, algunas universidades incluyen también casos que califican como violencia de género o violencia machista, agresión sexual, ciberacoso, comentarios sexistas o conductas machistas.
En las siguientes fichas puedes consultar los datos de los casos (que incluye expedientes, denuncias y consultas) registradas por las unidades de igualdad (o su equivalente) de cada universidad. Cada centro ha remitido sus datos con distintos formatos, periodos y clasificación. Por ejemplo, algunas solo incluyen los casos donde se activó el protocolo, otras todas las denuncias recibidas y algunas solo los casos cerrados. Algunas, además, también incluyen los expedientes que no terminaron en denuncia pero sí que la persona afectada solicitó asesoramiento jurídico o psicológico.
Fuente: investigación de elDiario.es a través de solicitudes de Transparencia a las unidades de igualdad de cada universidad
Marugán cree imprescindible que se siga asentando cada concepto y entender también que saber quiénes son los sujetos que ejercen y sufren el acoso es imprescindible a la hora de abordar cada caso. “Los casos de acoso laboral suelen abordarse a través de los comités de seguridad y salud en el trabajo y de los protocolos de prevención de riesgos laborales, los de acoso sexual o por razón de sexo a través de protocolos propios y de las unidades de igualdad... También depende de quién ejerza la conducta: si se da entre profesorado hay una relación laboral que regula y que incluye sanciones, pero si son alumnos esas sanciones no están fijadas por ningún código laboral, ¿cómo protegemos a quién denuncia?”, reflexiona la sindicalista.
La misma impresión tiene la experta en protocolos de acoso en universidades Paula Martín Peláez, que subraya la deficiente clasificación de los casos por parte de los centros. “Si, por ejemplo, un caso se tipifica como bullying no sabemos si se han indagado en las causas que hay detrás que puede ser, precisamente, acoso machista o lgtbifóbico...”, apunta.
Las universidades catalanas también eran conscientes de este problema y decidieron abordarlo conjuntamente, cuenta Núria Ferran, delegada del rector para la dirección de la Unitat d'Igualtat de la Universitat de Barcelona (UB). Durante dos años han estado unificando indicadores y situaciones hasta elaborar una especie de cuadro que recoge todos los comportamientos y cómo tratarlos. “Es importante tener un marcador de qué entendemos por cada cosa. Es un básico que tendríamos que haber hecho de entrada y que habría que elevar a la CRUE (la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) para que todas las universidades hablen de lo mismo”, reflexiona.
Un laberinto
En cualquier caso, señala Martín Peláez, los protocolos suelen fijar rutas de actuación que terminan en la inspección de servicios, el cuerpo administrativo encargado de instruir los expedientes disciplinarios. “El problema es que muchas veces parece que ahí el protocolo y los organismos relacionados ya no tienen nada más que hacer. Si el hecho puede ser constitutivo de delito se envía a la Fiscalía, muchas veces sin consultar con las denunciantes, y si no, se devuelve al rector, que es quien tiene la última palabra y cuya manera de entender y abordar este problema puede influir mucho”, diagnostica.
Si lo elevan a la Fiscalía y dice que no es delito, el caso vuelve a la universidad, pero en muchas ocasiones los centros no sancionan por vía disciplinaria argumentando que no es delito
El laberinto no termina ahí, continúa la experta: “Si lo elevan a la Fiscalía y dice que no es delito, el caso vuelve a la universidad, pero en muchas ocasiones los centros no sancionan por vía disciplinaria argumentando que no es delito. Si no se va a la Fiscalía, el problema llega cuando el caso sale de las unidades de igualdad y va a la inspección de servicios, donde no se asegura que el personal tenga perspectiva de género ni formación especializada”. Los protocolos contra el acoso se remiten a un régimen sancionador, es decir, empresas y universidades tienen la capacidad de tomar medidas, independientemente del ámbito penal, pero este es uno de los escollos principales con los que se encuentran las comisiones que tramitan estos expedientes en las administraciones públicas.
Para Rosa San Segundo, catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid y exdirectora del Instituto de Estudios de Género, otro problema es que la conocida como ley del sí es sí “movió la horquilla” de las sanciones, con la consecuencia de que se consideran delitos hechos “menos graves”. Y las universidades no pueden actuar cuando hay un delito, por lo que no pueden aplicar su propio protocolo de acoso.
La punta del iceberg
Las expertas coinciden también en que estos datos son la punta del iceberg. Los 2.000 casos reportados por las universidades son solo los que han llegado a sus servicios a través de denuncias y quejas oficiales, pero no todos. “La mayoría ni siquiera llegan, de hecho si a una universidad llegan más suele ser porque se hace mejor o porque, al menos, la gente confía más en la institución”, asegura Paula Martín Peláez. “La mayor parte del acoso sigue oculto”, confirma Begoña Marugán, que destaca que denuncia no quien ha sufrido ese comportamiento, sino quien lo ha sufrido y puede hacerlo porque ha tenido el apoyo y los recursos, en definitiva, porque se han dado una suma de circunstancias que han permitido esa denuncia.
Ferran admite que “uno de los problemas” que tienen las universidades es “la falta confianza del estudiantado con los canales institucionales para lidiar con estas situaciones”, aunque en los últimos años, añade, las denuncias de estudiantes han subido. Que el estudiantado se mantuviera al margen de estos recursos era (es) especialmente grave, cuenta la experta, porque el binomio profesor-alumna “es el que más preocupa”.
Los protocolos están bien, son imprescindibles, pero deben hacer más
Tanto, que en la UB han cambiado el código ético para dejar negro sobre blanco que las relaciones sexo-afectivas entre unos y otras no están permitidas cuando ambos tienen alguna relación académica. “Son mayores de edad y no nos gustó hacerlo porque parece paternalista, pero la praxis, muchas investigaciones y casos que nos llegaban, muchas veces de alumnas con 18 años recién matriculadas, nos llevó a cambiar el código ético”, cuenta.
San Segundo, de la UC3M, apunta en este apartado que existe un problema también con las estudiantes, que dudan mucho si el acosador es un estudiante con el que comparte clase. “Los protocolos están bien, son imprescindibles, pero deben hacer más”, sostiene, consciente de que sin denuncia es difícil actuar.
Más allá de lo judicial
Que la inmensa mayoría de expedientes sean de la última década no es coincidencia: es desde 2014 que los protocolos de acoso empezaron a ponerse en marcha con más fuerza y que la conciencia social sobre el machismo y sus violencias creció. Algunos centros no aprobaron sus protocolos hasta 2015 o 2016.
“Ahora estamos ante la segunda generación de protocolos”, cuenta Paula Martín Peláez. Eso ha hecho que algunas universidades introduzcan cambios con lo aprendido. En la UB, explica Ferran, lo actualizan cada dos años y han cambiado el enfoque. “Durante muchos años se ha equiparado el protocolo con la denuncia, tenía una mirada casi jurídica. En cambio, ahora hablamos mucho más de prevención, diligencia debida, antipunitivismo... La idea de que las víctimas vengan para que castiguemos a alguien no es tan real. Acompañamos, asesoramos, tratamos... Hacemos investigación, sí, pero es solo una parte del trabajo”.
El seguimiento se ha profesionalizado. Tenemos psicólogas, técnicas de igualdad, juristas... Gente muy formada. Pero somos muchos alumnos, mucho profesorado, y los casos a veces se dilatan demasiado
Aun así, más que en los documentos, el problema está en la práctica. “El acompañamiento a quien denuncia depende mucho de con quién des, de quién está al frente. Muchas unidades ofrecen asistencia psicológica, pero no jurídica, y muchas víctimas están descontentas con el trato que se las ha dado. Hay que entender que no todo pasa por la atención psicológica, también con qué pasa con la persona a la que se denuncia, qué medida cautelares se toman, cómo se protege a quién denuncia... ”, agrega Martín Peláez, que reivindica equipos rectorales “sensibles y valientes” y más especialización del personal por el que pasan estos casos.
Ferran defiende el trabajo hecho en su universidad: “El seguimiento se ha profesionalizado. Tenemos psicólogas, técnicas de igualdad, juristas... Gente muy formada. Pero somos muchos alumnos, mucho profesorado, y los casos a veces se dilatan demasiado”, admite, “y esa persona puede tener un bache”. Pero el acompañamiento “es ilimitado”, asegura, o al menos no depende de la universidad. “Lo decide la profesional” que atiende el caso, explica.
Tiempo y recursos
Para Begoña Marugán es imprescindible reconocer que atender este tipo de casos requieren de mucho más tiempo y recursos del que suelen reconocerse. “Es fundamental hacer prevención, no funcionar a base de alarma. Y también que haya códigos éticos y de conducta que respalden estas ideas desde los propios rectorados, los casos no pueden ser solo un marrón de la unidad de igualdad. La universidad pública debería ser rigurosa con esto”, dice Marugán, que reflexiona sobre la naturalización que todavía existe de muchos comportamientos en entornos académicos y laborales, y también sobre la “polarización” que rodea muchas veces estos casos, algo que hace que los victimarios reciban apoyos públicos y explícitos, por ejemplo, de otros profesores.
“Necesitamos trabajar más este cambio cultural”, admite Ferran. “Al profesorado le cuesta a veces aceptar que en su comunidad hay agresores”. San Segundo señala en este punto que los casos entre alumnado también son problemáticos, porque las estudiantes dudan mucho si tienen que denunciar a un compañero con el que comparten clase.
Ferran, de la Unidad de Igualdad de la UB, advierte de que pese a los avances de los últimos años todo es muy endeble. “Los cambios legislativos han sido determinantes para pasar de protocolos declarativos a mecanismos efectivos. Estos marcos legales —que han costado años de consenso y perseverancia feminista— nos han permitido reforzar garantías, obligaciones y recursos. Pero no podemos olvidar que las universidades son instituciones de origen medieval que, hasta hace muy poco, excluían a las mujeres. Los avances en igualdad de género y diversidad siguen siendo recientes y frágiles. Me preocupa que determinados giros políticos globales —como los que simboliza la línea de Donald Trump— puedan erosionar derechos humanos que parecían irreversibles y legitimar discursos que minimizan la violencia y la discriminación”, cierra con una reflexión que comparte San Segundo. “No hay más que ver lo que ha pasado en el Congreso esta semana”, dice.
Si conoces algún caso de acoso sexual o laboral en las universidades públicas españolas, puedes escribirnos a pistas@eldiario.es
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