La Audiencia Provincial de Navarra ha desestimado el recurso presentado por Vox y por Abogados Cristianos y ha confirmado el archivo de las denuncias contra las colonias de Abaigar y Goñi de Euskal Udalekuak, para las que se pedía una investigación por si se reproducían los presuntos casos de violencia sexual conocidos en el campamento de esta misma asociación en Álava, en Bernedo. Es la tercera resolución en el mismo sentido, después de la inicial del Tribunal de Instancia de Estella y de un recurso de reforma. Por el contrario, el Tribunal de Instancia de Vitoria continúa sin ofrecer avances relevantes en la instrucción de la veintena de denuncias sobre Bernedo.

Según el auto de la Audiencia de Navarra, del pasado 1 de julio y cuya ponente ha sido la magistrada Rebeca Esther Alonso, “no existe” una denuncia concreta sobre posibles casos similares a los de Bernedo en las colonias navarras y “la investigación que se llevara a cabo sería en todo caso prospectiva”, algo expresamente inconstitucional. Afea que la petición de una nueva causa se limita a sostener que, al haber “denuncias por hechos cometidos en otro lugar” organizados por la misma asociación, “debe llevarse a cabo una investigación”. Es lo mismo que manifestó por dos veces la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estella.

En el caso de la denuncia presentada por Vox, que también está personado en el procedimiento penal en Vitoria, “se expone que se han hecho eco los medios de comunicación de testimonios de menores en relación” a las actividades de Bernedo. “Como la misma asociación tiene campamentos en Goñi y Abaigar”, se alude a que también ha podido ocurrir “en estas localidades” algo similar. Se menciona, asimismo, que la Ertzaintza habría podido recibir un caso que sí estaba residenciado en Abaigar en 2021 y 2022. “Ningún hecho se denuncia como ocurrido en Goñi y Abaigar que justifique incoar un procedimiento penal”, frena la Audiencia Provincial.

La celeridad de la Justicia en Navarra contrasta con la de Álava. Las primeras denuncias fueron presentadas por la Ertzaintza en el Tribunal de Instancia de Vitoria en abril de 2025. El expediente recayó en el juez Álvaro Silván, pero no se realizó ninguna actuación hasta que, pasado el mes de agosto y la edición del pasado año de las colonias de Bernedo, se volvieron a reproducir las denuncias. Se investiga al menos una posible agresión sexual, además de presuntas conductas de exhibicionismo. Algunos de sus participantes han relatado que, por ejemplo, chicos y chicas eran obligados a compartir duchas junto a los monitores.

Una nueva instructora ha asumido el caso en Vitoria, Marta Escudero. Tampoco consta que haya tomado declaraciones a posibles imputados cuando ha pasado otro año. En paralelo, la Diputación de Álava sancionó a Euskal Udalekuak y le impidió celebrar el campamento de Bernedo, como pretendía. Incluso mostró su deseo de vetar a una posible nueva entidad organizadora. Sin embargo, un juzgado de lo contencioso-administrativo levantó la suspensión cautelarmente al entender que no estaba suficientemente bien armada la actuación administrativa. Por falta de tiempo no hay colonias en Bernedo, pero sí las está habiendo en Navarra.

Euskal Udalekuak siempre ha denunciado estar siendo víctima de una persecución contra su modelo de campamentos en euskera y transinclusivos que buscan la “desexualización” de la desnudez que en ellos se practica. Un volumen elevado de familias secundaron a la entidad después de la cascada de denuncias conocidas tras el pasado verano, así como personalidades del mundo de la cultura vasca. Ahora, conocidas las resoluciones judiciales en Navarra indican que la extrema derecha está buscando una “represión mediática y judicial”. “Nuestro principal objetivo ahora mismo es ofrecer un ocio educativo a niños y jóvenes. Por eso, tenemos los turnos en marcha y en eso estamos trabajando este verano”, exponen en un comunicado en euskera a raíz de la última resolución judicial.

El caso de Bernedo ha motivado de Bernedo ha motivado la modificación de la ley vasca de Juventud, así como del decreto sobre organización de campamentos. Muchas de las medidas tampoco llegaron a tiempo para el 1 de julio, el momento de inicio de la temporada. Buscan reforzar el control de las actividades.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Badajoz ha anulado el nombramiento de un cargo de la Diputación pacense, por lo que deberá hacer una nueva valoración de candidatos, al entender que se han dado varias irregularidades en el proceso.

El fallo, que resuelve los recursos presentados en torno al proceso de este puesto de letrado del Gabinete de Asuntos Judiciales de la institución provincial, deja sin efecto el nombramiento de Cristina Correa, que testificó en el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su contratación en la Diputación de Badajoz, como exdirectora de Recursos Humanos, en comisión de servicios previsto .

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, se postula de esta forma “en contra del decreto de 19 de febrero pasado por el que se realiza el nombramiento” de la persona seleccionada, que tenía efectos a partir del 1 de marzo de este año.

La decisión revoca y deja sin efecto esta resolución “por estimarla no conforme a derecho” y “condena a la administración demandada a proceder a la retroacción del procedimiento solectivo al momento inmediatamente anterior a la valoración” para que la comisión del proceso “emita una nueva propuesta motivada, colegiada y suficientemente exteriorizada, con expresa conexión entre las bases, las funciones del puesto y las razones de preferencia del aspirante que, en su caso, resulte propuesto”. Además, impone a administración demandada las costas procesales.

El juzgado incide en que el análisis del proceso para el nombramiento de este puesto “no conduce por sí mismo a declarar una invalidez de pleno derecho por desviación de poder, pero sí corrobora la procedencia de anular los actos impugnados y ordenar la retroacción”.

A tenor de la legislación a este respecto, la jueza considera que “la motivación del acta de sesión de la Comisión de Valoración no solo es insuficiente, sino desajustada a las bases de la convocatoria”.

“Si se analiza la base quinta de la convocatoria se ve como todo el procedimiento selectivo queda reducido a una entrevista, cuando esta base afirma que esta entrevista consistirá además en la defensa de una Memoria que se presentará en ese momento, y que servirá de guión al aspirante para su exposición, -se afirma entre otras cuestiones- nada de esto se encuentra en el acta, y es más, ni una sola referencia se hace a la Memoria de ninguno de los candidatos”.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un total de 76 años de prisión a tres integrantes de la familia propietaria del Gran Circo África al considerar acreditado que sometieron durante años a una familia de trabajadores a un régimen continuado de “violencia, humillaciones, explotación laboral y agresiones sexuales a los menores”. La sentencia absuelve a una cuarta acusada y descarta finalmente los delitos de trata de seres humanos.

Los magistrados sitúan los hechos entre 2020 y 2024, periodo durante el que las víctimas, un matrimonio y sus dos hijos menores, convivieron con los acusados mientras el circo recorría distintas localidades españolas.

La investigación se inició después de que la mujer lograra escapar y, días más tarde, también huyera su marido para denunciar los hechos ante la Guardia Civil, cuando el circo se encontraba en la provincia de Cáceres. A partir de esa denuncia, la Guardia Civil puso en marcha el operativo, liberó a los menores y se iniciaron las diligencias judiciales.

La causa fue instruida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Trujillo, que posteriormente la remitió a la Audiencia Provincial de Cáceres para su enjuiciamiento.

La resolución considera probado que el matrimonio fue sometido de forma “reiterada a golpes, amenazas, insultos y actos vejatorios”, en un contexto de “absoluta dominación”. El tribunal afirma que las agresiones y humillaciones constituyeron un trato “degradante” y añade que algunos episodios alcanzaron una intensidad “calificable de torturador”, expresión empleada en la sentencia para describir la gravedad de la violencia ejercida sobre las víctimas.

Abusos y agresiones a los menores

Según los hechos declarados probados en la sentencia, recogida por EFE, también los dos hijos de la pareja fueron objeto de “agresiones físicas, amenazas y castigos”, además de verse obligados a realizar distintas tareas dentro del circo. La Audiencia concluye igualmente que dos de los condenados les impusieron “actos de naturaleza sexual”, algunos grabados con teléfonos móviles, y destaca que esos vídeos, incorporados a la causa, resultaron determinantes para corroborar los testimonios de las víctimas.

El fallo condena al propietario del circo y a uno de sus hijos por un delito contra los derechos de los trabajadores, al apreciar que aprovecharon la “extrema vulnerabilidad económica de la familia para imponerles unas condiciones laborales abusivas”.

Los tres acusados son además responsables de cuatro delitos contra la integridad moral, uno por cada miembro de la familia.A ello se suman varias condenas por agresiones sexuales a menores, una tentativa, y por elaboración de material pornográfico infantil, en función de la participación atribuida a cada procesado.

No obstante, la Sala absuelve a los acusados de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y sexual que sostenía inicialmente la Fiscalía.

180.000 euros de indemnización

Los magistrados consideran acreditada la explotación y los malos tratos, pero entienden que durante el juicio no quedó demostrado, “con la certeza exigible” en el proceso penal, que las víctimas tuvieran completamente anulada su libertad de movimientos ni que existiera una finalidad de explotación sexual en la captación de los menores o un propósito de difusión o beneficio económico con las grabaciones.

La sentencia también absuelve a una cuarta persona procesada al apreciar dudas sobre su intervención en una de las grabaciones y concluir que el resto de imágenes que se le atribuían carecían de relevancia penal.

En materia de responsabilidad civil, los tres condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a las cuatro víctimas con 180.000 euros: 50.000 euros para la madre, 30.000 para el padre y 50.000 euros para cada uno de los dos hijos.

Los informes médico-forenses incorporados al procedimiento reflejan que los dos menores precisan tratamiento psicológico por las secuelas derivadas de los hechos, mientras que la madre presenta importantes consecuencias emocionales que afectan a su vida cotidiana.

Además de las penas de prisión, la Audiencia impone distintas órdenes de alejamiento, prohibiciones de comunicación, periodos de libertad vigilada e inhabilitación para desarrollar actividades profesionales, docentes o de ocio que impliquen contacto habitual con menores

La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado sin efecto la imputación de la exconsejera de la Junta de Extremadura y actual presidenta de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Olga García, que había sido acordada por el juez Juan Carlos Peinado. La causa investigaba la emisión de informes favorables para la construcción de la planta solar Tagus V en un espacio natural protegido de Alcántara (Cáceres).

La Sección Primera del tribunal madrileño ha tomado esta decisión al estimar el recurso de apelación presentado por la Abogacía del Estado, una impugnación a la que también se adhirió la Fiscalía. La resolución judicial concluye que el juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid prorrogó la investigación de la planta solar fuera de plazo, lo que invalida radicalmente las actuaciones y citaciones posteriores, incluida la de la exconsejera Olga García, que estaba fijada para el próximo 7 de octubre.

La confirmación de este archivo técnico ha sido difundida por el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex), organización que presentó la denuncia original en mayo de 2024 ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia de Alcántara. A juicio de este colectivo, este fallo administrativo por un “error de fechas” procesales “no puede encubrir la emisión de informes para justificar una DIA (Declaración de Impacto Ambiental) favorable en un espacio protegido”.

Informes bajo sospecha en zona protegida

La asociación ecologista sostiene que la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad, durante el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, remitió informes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que posibilitaron la aprobación del proyecto fotovoltaico en terrenos declarados de alto interés ambiental: una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), el Parque Internacional del Tajo y la Reserva de la Biosfera.

El colectivo insiste en que la construcción de este tipo de infraestructuras industriales en terrenos de la Red Natura 2000 es incompatible con la normativa autonómica, nacional y de la Unión Europea.

Según denunció recientemente el presidente de Fondenex, Francisco Blanco, los informes del departamento autonómico “no concuerdan con la realidad ambiental de la zona, minusvalorando, cuando no ignorando, los valores ecológicos del área, alterando su realidad y todo dirigido a obtener una DIA positiva”. Añaden que el proyecto conllevaba la destrucción del hábitat de diversas especies de aves protegidas, como el águila imperial ibérica, el águila real, la cigüeña negra y el buitre negro, así como del lince ibérico.

Los denunciantes anuncian que insistirán en la demanda

Pese al revés procesal derivado de los plazos de instrucción, Fondenex ha anunciado que “reiniciará la demanda contra la exconsejera y su director general por favorecer la alteración irreversible de un espacio protegido”, al tiempo que les ha animado a querellarse contra la asociación si se sienten ofendidos por sus acusaciones.

“Será la mejor forma de continuar la querella. Un posible error de fechas no puede dejar impune una agresión contra el patrimonio natural de Extremadura”, han señalado desde la organización conservacionista. Asimismo, han criticado la trayectoria de la exdirigente socialista al manifestar que “si la señora García tuviera la más mínima dignidad, dimitiría, pero es más fácil ser presidenta de Enresa a través de las puertas giratorias”.

Los asuntos que ha abordado durante 2025 el juzgado canario especializado en violencia sobre la infancia y la adolescencia, la plaza número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, ha aumentado en un 21,5% respecto al año anterior, mientras que los relacionados con violencia sobre la mujer se redujeron en un 0,5% hasta las 11.451 denuncias.

Son dos de las conclusiones que ha destacado la Memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que se ha elevado al Consejo General del Poder Judicial recientemente y se ha dado a conocer en un comunicado este miércoles.

En cuanto a los asuntos de violencia sobre la infancia y la adolescencia, el proyecto piloto iniciado en el partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria liderado por el magistrado Tomás Martín, sigue incrementando su actividad paulatinamente, y en 2025 abordó un total de 1.020 asuntos, que son un 21,5% más que en el año anterior.

La Memoria del TSJC ha dedicado un capítulo específico a la actividad de este juzgado, que ya considera que se ha consolidado “como un órgano especializado de referencia para la investigación de los delitos cometidos contra menores de edad”.

La mayor parte de los procedimientos que trató este juzgado correspondieron a violencia en el ámbito familiar (452 asuntos) y delitos contra la libertad sexual (402), seguidos de lesiones, abandono de menores, amenazas, acoso escolar, delitos contra la intimidad y trata de menores con fines de explotación sexual.

La edad media de las víctimas fue de 12 años, concentrándose especialmente entre los 10 y los 16 años, según los datos que ha publicado el TSJC.

El máximo órgano judicial canario también ha valorado la coordinación entre los distintos agentes implicados en la protección a la infancia, desde jueces y fiscales a recursos asistenciales y psicosociales, al tiempo que ha ensalzado la introducción de mejoras técnicas para reducir la revictimización de los menores durante las exploraciones judiciales.

Entre ellas sobresalen la implantación de nuevos sistemas de grabación de declaraciones y la consolidación de programas de acompañamiento mediante terapia asistida con perros para facilitar la comparecencia de los menores en sede judicial.

Canarias, cuarta autonomía en incidencia de violencia machista

Canarias ha sido en 2025 la cuarta comunidad autónoma con mayor incidencia en cuanto a denuncias de violencia machista, solo por detrás de Baleares, Navarra y Comunidad Valencia, según se refleja de los datos de la Memoria del TSJC, hasta alcanzar las 90,3 mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres.

Esto pese al descenso que se ha producido el año pasado tanto en número de denuncias incoadas en los órganos judiciales -11.451, un 0,5 por ciento menos que en 2024- y de las mujeres víctimas -10.326 por las 10.787 del 2024-.

Durante 2025 se produjeron cinco presuntos homicidios de violencia machista en el archipiélago, tres en Gran Canaria, uno más en Tenerife y otro en La Gomera, este último en grado de tentativa.

Durante el ejercicio se contabilizaron 3.082 sentencias condenatorias y 151 absolutorias, mientras que 1.354 víctimas se acogieron a la dispensa legal de declarar contra su presunto agresor, un 12,2 por ciento menos que el año anterior.

Si se tienen en cuenta únicamente los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, durante 2025 se dictaron 2.855 sentencias condenatorias y 144 absolutorias, de forma que el 95,2 por ciento de las sentencias pronunciadas fueron condenatorias.

Además, los órganos judiciales acordaron 3.910 sobreseimientos provisionales y 537 sobreseimientos libres, cifras que para el TSJC vienen a reflejar “el elevado volumen de procedimientos tramitados en esta jurisdicción especializada”.

El Juzgado que se ocupa de las diligencias sobre la muerte de Esther López, hallada sin vida el 5 de febrero de 2022 en la localidad vallisoletana de Traspinedo, ha remitido el procedimiento a la Audiencia Provincial de Valladolid para su enjuiciamiento.

El procedimiento será enviado nuevamente a la Audiencia, una vez recibidas todas las muestras remitidas por la Guardia Civil, según la provincia del Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza Número 5 de Valladolid facilitada este martes por fuentes del TSJCyL.

El pasado abril, la Audiencia de Valladolid, competente para juzgar al único investigado por la muerte de Esther López devolvió la causa al Juzgado para que resolviera lo que estimase oportuno tras recibir un oficio de la Guardia Civil en el que se comunicaba el hallazgo de una trampilla que da acceso a un sótano en el chalé que había pertenecido a la familia del investigado, Óscar S.M.. La Guardia Civil no encontró restos biológicos de Esther López.

La Guardia Civil presentó un atestado sobre ese hallazgo en el órgano que instruyó la causa y su titular, que ya no tenía competencia sobre el procedimiento desde el momento en que, meses atrás, lo elevó a la Audiencia para el enjuiciamiento, remitió el escrito de la Benemérita a dicho tribunal, para poner los hechos en conocimiento de este órgano.

Fiscalía pidió devolver las actuaciones

La Audiencia también recibió un escrito de la Fiscalía pidiendo la devolución de las actuaciones a los efectos de que se practicaran las diligencias de información suplementarias “indispensables”.

En un auto, la magistrada presidenta del jurado popular, que solo tiene competencia para juzgar, resolvió devolver la causa a la magistrada instructora, que es la que tiene competencias para investigar.

Ahora la instructora ha remitido el caso a la Audiencia de Valladolid, que fijará fecha para la celebración de juicio mediante el sistema de jurado popular.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación al considerarlo autor de un delito de prevaricación por su contratación en la Diputación en 2017 como coordinador de los conservatorios pacenses. El tribunal rechaza el tráfico de influencias, por lo que evita la pena de prisión que reclamaban las acusaciones populares.

De este modo, el tribunal descarta la petición de cárcel de hasta seis años que pedían Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum. La Fiscalía pedía la absolución de David Sánchez y del resto de encausados, entre ellos, el presidente de la Diputación y ex secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, que también ha sido condenado a 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por dos delitos de prevaricación. La Audiencia ha impuesto nueve años de inhabilitación a los otro nueve acusados, la mayoría cargos o excargos del PSOE en la institución provincial.

La sentencia, de 377 páginas, que puede ser recurrida, confirma de manera unánime la prevaricación en la creación de la plaza que ocupó David Sánchez, pero descarta por completo el delito de tráfico de influencias. Los magistrados consideran que no ha quedado probado “que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados primeramente filiados, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de un cargo o de cualquier otra situación derivada de una relación personal o jerárquica con aquellos”.

Sin embargo, aunque el tribunal determina que no hubo presión externa, considera probado que la Diputación actuó de manera arbitraria en base a un “plan delictivo ideada por las más altas instancias” para en la creación de “una plaza de empleo público innecesaria” y su posterior adjudicación. En este sentido, el hermano de Sánchez “fue autor, por cooperación necesaria”, del delito de prevaricación administrativa porque tuvo “conocimiento previo de que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios se había creado para él” y por eso “se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento”. La sentencia también recoge que el músico “consiguió que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera”.

En cuanto a la contratación de Luis María Carrero, amigo de David Sánchez también condenado, como coordinador de los programas y actividades transfronterizas, una plaza en comisión de servicio, los magistrados de la Audiencia de Badajoz concluyen que se trató de un proceso plagado de irregularidades “diseñado para poner fondos públicos” al servicio de fines particulares.

El fallo considera probado que la cobertura de la plaza mediante comisión de servicios se solicitó el 16 de octubre de 2023, un mes antes de que se publicara oficialmente la aprobación definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que creaba el propio puesto. Asimismo, la Sala dictamina que los controles aplicados por la Diputación fueron “puramente cosméticos”, señalando que tanto esta plaza como la de David Sánchez se costearon con dinero público “para que ambos pudieran dedicarse a las actividades que se les antojaran, sin control alguno”.

Testimonios de la UCO

La sentencia considera “de especial relevancia” los testimonios de los agentes de la UCO, que participaron en la intervención y análisis de los correos electrónicos intervenidos a los acusados. De hecho, los magistrados aseguran que la declaración del teniente coronel Antonio Balas fue “sumamente ilustrativa” y que sostuvo con “rotundidad” que la “génesis” del puesto de coordinador de los conservatorios de Badajoz partió “de un nivel superior” al del Área de Cultura, “siendo Presidencia de la Diputación ”el origen de la idea“, recuerda el fallo.

Sin embargo, dijo en el juicio que del volcado de esos correos se podía inferir esa afirmación, pero sin pruebas y en contra del resto de testigos que sostuvieron que la plaza que ocupó David Sánchez no estaba amañada.

La denuncia, de 2024

La sentencia se conoce un mes después del juicio oral celebrado en la Audiencia Provincial para determinar si la Diputación de Badajoz 'enchufó' a David Sánchez y este, a su vez, influyó en la contratación de su amigo Luis María Carrero en la institución provincial para una plaza en comisión de servicio.

El procedimiento penal que ha desembocado en esta sentencia comenzó a fraguarse a raíz de una denuncia que el pseudosindicato Manos Limpias presentó en 2024, siete años después de la contratación del hermano del presidente del Gobierno. El epicentro de la causa se situó en la creación y el diseño, por parte de la Diputación de Badajoz, de la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios de música del organismo provincial.

La decisión de crear ese puesto de alta dirección en 2017 se efectuó cuando Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE en el polémico comité federal de 1 de octubre y el proceso de selección se activó cuando aún no se habían celebrado las primarias que le enfrentaron a Susana Díaz y que acabó ganando. Aún faltaba un año para que el Congreso aprobara la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez tenía, cuando se creó la plaza, nulo poder orgánico o político.

A pesar de ello, la investigación judicial se ha centrado en dilucidar si los requisitos del sistema de libre designación se configuraron de forma arbitraria para adaptarse al perfil del músico y si los canales de la administración pública se instrumentalizaron para esquivar los principios de mérito y capacidad. No obstante, en el juicio solo una testigo, Cristina de Frutos, que aspiró al puesto, sostuvo que en la entrevista personal del proceso de selección no “sintió” que hubiera igualdad de oportunidades, pero ni denunció ni presentó una queja por ello. Sin embargo, otro candidato que compitió por la plaza, Nerses Avakimyam, no detectó nada extraño en los requisitos exigidos y tampoco observó irregularidades, según su testimonio.

Los funcionarios, técnicos y peritos que testificaron en la vista oral también avalaron el proceso de la Diputación de Badajoz para la creación de la plaza y el proceso de selección que ganó Sánchez.

El presidente de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), Adrià Revert, ha asegurado este lunes, en su comparecencia en el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana, que la cantidad concreta de lluvia ese 29 de octubre de 2024 “era imposible de prever”, pero ha señalado que se podía vislumbrar el “peligro extremo”.

Según han informado fuentes judiciales conocedoras de su declaración, Revert ha afirmado que se veía que las posibilidades de tener un episodio peligroso eran muy importantes, porque los mapas eran parecidos a la pantanada de Tous de 1982 y a la riada de València de 1957.

La costa valenciana tiene un peligro extremo, ya que es un territorio expuesto a las lluvias torrenciales, según ha señalado Revert en su declaración, donde ha subrayado que la dana “no era imprevisible”, porque los modelos meteorológicos ahora aciertan más.

El presidente de Avamet ha expresado que le “cuesta entender” por qué no se tomaron medidas antes, según han detallado las mismas fuentes, y ha apuntado que si hubieran visto los datos de Turís “habrían reaccionado antes”, porque la intensidad que estaba cayendo sobre las 15 horas “era más que torrencial”.

También ha rememorado que en la comarca de Utiel-Requena a las 12.40 horas ya habían batido el récord histórico, por lo que le comentó al jefe de Informativos de À Punt Iván Esteve que enviaran un equipo a Algemesí, porque era posible que el Magro se desbordara.

Revert ha recordado que la web de Avamet es pública, que toda la ciudadanía tiene acceso a la información de forma gratuita y ha explicado que el día 29 de octubre de 2024 constituyó la jornada con mayor volumen de visitas registrado en la página web desde la creación de la asociación, alcanzándose aproximadamente 903.469 visitas durante el conjunto del día.

También ha señalado que el mismo día de la dana tenía una reunión prevista con el jefe de la unidad de análisis y seguimiento de Emergencias, Juan Ramón Cuevas, que Revert pidió suspender cuatro días antes debido a las previsiones.

A preguntas de los letrados, ha expresado que los días previos se podía ver que todo convergía al día 29 de octubre, donde la situación era similar a la de la pantanada de Tous o las inundaciones de València y ha asegurado que no hubo contacto con Avamet por parte de Emergencias, así como tampoco lo hubo con ningún Ayuntamiento, ni con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana la creación de 17 plazas de jueces y cuatro de fiscales en Euskadi, con lo que la plantilla judicial crece un 7% y la fiscal un 4%. En un solo año, se crean más plazas judiciales que en la última década, cuando se crearon 12, según ha informado la Delegación del Gobierno de España en Euskadi.

De las 17 nuevas plazas, 13 son para Tribunales de Instancia, tres para las Audiencias Provinciales de Vitoria, Bilbao y Donostia y una de adscripción territorial, movible en función de la carga de trabajo. Los Tribunales de Instancia que se verán reforzados son los de Vitoria, Donostia, Barakaldo y Bilbao.

La creación de cuatro plazas de fiscales en Euskadi supone una ampliación de la planta fiscal del 4%, según ha destacado la Delegación, informa Europa Press. En toda España, el Gobierno crea 700 plazas de jueces y fiscales.

El sindicato STAR ha registrado una denuncia ante el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial para solicitar una intervención urgente en el Partido Judicial de Calahorra, ante lo que considera una situación “de colapso estructural que afecta gravemente al funcionamiento del servicio público de Justicia y a las condiciones laborales de su plantilla”

La organización sindical denuncia que la situación viene siendo advertida desde hace meses ante la Dirección General de Justicia del Gobierno de La Rioja y la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, sin que hasta el momento se hayan adoptado medidas suficientes para corregir una realidad que STAR califica de “insostenible”.

Según el sindicato, el deterioro del servicio ya está teniendo consecuencias directas en la tramitación judicial. La sobrecarga derivada del incremento de asuntos penales, la falta de refuerzos y la insuficiencia de medios personales están provocando retrasos generalizados, acumulación de procedimientos y una presión laboral inasumible para el personal destinado en Calahorra.

Guardias penales y presencia efectiva los fines de semana

Uno de los puntos principales de la denuncia se centra en el régimen de guardias. STAR afirma que, aunque formalmente se retribuyen como guardias de disponibilidad, en la práctica “obligan al personal funcionario a acudir de forma presencial a la sede judicial todos los fines de semana”.

Para el sindicato, esta situación supone una clara distorsión del sistema de guardias, ya que “impide el descanso efectivo, dificulta gravemente la conciliación y genera una carga añadida que no se corresponde con el régimen administrativo reconocido”. Por ello, STAR reclama que se revise de manera inmediata este modelo y que se reconozca el carácter real de la prestación del servicio.

La denuncia también incorpora la situación del archivo judicial de Calahorra, que STAR considera un “ejemplo del abandono acumulado durante años”. El sindicato señala que la documentación se encuentra repartida en varias dependencias y que parte de los expedientes se almacenan en el antiguo calabozo del juzgado, “un espacio sin condiciones adecuadas de ventilación, iluminación ni salubridad”. En dichas dependencias se acumulan expedientes de hace décadas, algunos desde el año 1995, que deberían haber sido transferidos a Logroño. STAR considera inviable que “una plantilla mermada y sometida a una fuerte rotación pueda asumir ahora, sin medios adicionales, más de veinte años de retraso en la gestión documental”

Por ello, el sindicato exige la contratación de personal de refuerzo específico para acometer la transferencia de documentación y la clausura inmediata del antiguo calabozo como espacio de archivo, especialmente cuando también se encuentran allí piezas de convicción.

STAR denuncia igualmente la situación del servicio de notificaciones. Mientras otros partidos judiciales cuentan con personal específico para realizar estas funciones, en Calahorra no existe una plaza de Auxilio Judicial dedicada en exclusiva a las notificaciones de calle. El sindicato advierte de que los cuatro efectivos de Auxilio Judicial deben atender simultáneamente juicios, guardias, declaraciones, oficina judicial y otras tareas ordinarias, lo que impide dar salida adecuada a las diligencias pendientes. Como consecuencia, según los datos aportados por STAR, existen más de 2.500 diligencias y notificaciones paralizadas desde el año pasado.

La organización reclama la creación o adscripción urgente de una plaza de Auxilio Judicial destinada exclusivamente a notificaciones de calle.

Bloqueo en depósitos, consignaciones y ejecuciones

La denuncia también pone el foco en el bloqueo producido en la cuenta de depósitos y consignaciones, que afecta directamente a cantidades económicas pertenecientes a ciudadanos, como indemnizaciones, pensiones de alimentos o deudas reconocidas judicialmente.

STAR señala que la falta de personal y la marcha de una Letrada de la Administración de Justicia interina han agravado una situación ya muy delicada, dejando a dos Letradas recién incorporadas la tarea de afrontar un volumen de trabajo acumulado muy superior a los medios disponibles. A ello se suma la fragilidad del servicio de registro, cubierto por un único funcionario. “Cuando esta persona se ausenta por vacaciones, permisos o asuntos propios, la Administración detrae personal de ejecución, paralizando una mesa que ya soporta una carga muy elevada, con miles de procedimientos activos”.

Ante esta situación, STAR solicita formalmente al Consejo General del Poder Judicial el desplazamiento urgente del Servicio de Inspección de Tribunales a Calahorra para comprobar sobre el terreno el estado real del partido judicial.

Asimismo, el sindicato reclama a las administraciones competentes la adopción inmediata de medidas de refuerzo, entre ellas:

STAR advierte de que el problema de los Juzgados de Calahorra no es “puntual ni coyuntural, sino estructural”, y exige una respuesta urgente para garantizar el derecho de la ciudadanía a una Justicia eficaz, así como unas condiciones laborales dignas y seguras para el personal funcionario.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de 21 plazas de jueces y ocho de fiscales en Castilla-La Mancha, con lo que la plantilla judicial crece un histórico 9,7% y la fiscal un 8%. Se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año en la historia de esta comunidad. Es más, con este incremento se crearán, en un solo año, tantas plazas judiciales como en la última década: 21.

En toda España, el Gobierno crea 700 plazas de jueces y fiscales. A través de un Real Decreto, 500 plazas judiciales, una cifra superior a las creadas en la última década y que supone una ampliación récord de la planta judicial (+ 8,5%). Con un segundo Real Decreto, se crean 200 plazas de fiscales y se incrementa la plantilla actual en un 7,13%. La cifra también es inédita: en los últimos 15 años nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro Félix Bolaños lo ha calificado de “hito histórico” y ha recordado que nunca un Gobierno había aprobado una ampliación de la plantilla de jueces y fiscales como esta, o que “nunca se habían impulsado tantas reformas para mejorar el Servicio Público de Justicia” ni tampoco se habían destinado tantos recursos para su modernización.

La creación de 700 plazas de jueces y fiscales se enmarca en lo que el Ejecutivo central califica de “ambiciosa transformación de la Justicia” impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar al Servicio Público de Justicia de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros.

La planta judicial de Castilla-La Mancha se amplía un 9,7%

De las 21 nuevas plazas de jueces para Castilla-La Mancha, 18 son para tribunales de instancia (TI), una para la Audiencia Provincial de Toledo y dos son de adscripción territorial, movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo. Entre los TI que se verán reforzados están los de Toledo, Talavera de la Reina, Torrijos, Ocaña, Illescas, Guadalajara, Cuenca, Puertollano, Ciudad Real y Albacete.

Del total de 500 nuevas plazas de jueces para toda España, 368 son para tribunales de instancia y 96 para órganos colegiados: las Audiencias Provinciales (76), los Tribunales Superiores de Justicia (9), el Tribunal Supremo (7) y la Audiencia Nacional (4). 34 plazas más son de adscripción territorial y las dos últimas son para el Tribunal Central de Instancia. En total, la planta judicial, que cuenta con 5.887 plazas, crece un 8,5%. Por órdenes jurisdiccionales, el más reforzado es el civil seguido del social.

La ampliación es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, a los que se adscriben diversos jueces y tienen una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo, más eficiente, permite crear una plaza judicial por 100.000 euros, lejos de los 500.000 euros que costaba crear un juzgado tradicional. Así, crear 500 plazas supone una inversión de alrededor de 55 millones de euros. Con el modelo anterior hubiese sido de 260 millones de euros.

La plantilla de la Fiscalía en Castilla-La Mancha crece un 8%

La creación de ocho plazas de fiscales en Castilla-La Mancha supone una ampliación de la planta fiscal del 8% en esta comunidad.

En toda España se crean 200, que se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales y refuerzan áreas especialmente relevantes y que afrontan nuevos desafíos. Es el caso de las Fiscalías de Sala contra Delitos de Odio y Discriminación, de Trata de Personas y Extranjería y de Violencia sobre la Mujer. También se refuerzan ámbitos como la Inspección Fiscal, la Cooperación Penal Internacional o la Criminalidad Informática y se crea una plaza de Fiscal de Sala responsable de la Unidad de Protección de Datos.

La distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y teniendo en cuenta las necesidades trasladadas por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los tribunales superiores de justicia.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado las condenas impuestas a tres vigilantes de seguridad por la agresión a un asistente durante el festival Extremúsika del año 2023 (celebrado en el recinto ferial de Cáceres) al desestimar los recursos de apelación presentados contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal.

La Sala ratifica la pena de dos años de prisión para el principal acusado por un delito de lesiones con instrumento peligroso, así como las multas de 450 euros impuestas a otros dos empleados de la empresa de seguridad por su participación en la agresión.

Los hechos se remontan a la madrugada del 15 de octubre de 2023, cuando el lanzamiento de varias bengalas por parte de asistentes al festival, celebrado en el recinto ferial de Cáceres, provocó un altercado que obligó a intervenir al personal de seguridad y generó el descontento de parte del público.

Según recoge la sentencia, en un momento de la intervención el principal acusado sujetó por la espalda a un asistente que se encontraba entre los presentes y, “sin que mediara justificación, le golpeó en la cabeza con la defensa extensible que portaba”. Tras caer al suelo, la víctima fue también “agredida por los otros dos vigilantes condenados”.

En su recurso, el principal acusado alegó vulneración del derecho a la presunción de inocencia al considerar “incorrecta” la valoración de la prueba realizada por el juzgado. Sin embargo, la Audiencia rechaza ese argumento y sostiene que las conclusiones alcanzadas en la sentencia recurrida son “totalmente razonables y lógicas”.

Los magistrados consideran que el recurso pretende sustituir la valoración efectuada por el órgano judicial por la interpretación interesada del recurrente, una estrategia de defensa que califican de “legítima”, pero “inadmisible en este caso”, dada la existencia de una prueba de cargo “sólida y correctamente valorada”.

La resolución añade que la prueba practicada durante el juicio desvirtúa plenamente la presunción de inocencia reconocida en el artículo 24.2 de la Constitución, por lo que confirma íntegramente las condenas impuestas en primera instancia.

Con este fallo, la Audiencia Provincial mantiene las penas impuestas a los tres vigilantes y da por acreditada la agresión ocurrida durante el festival, sin apreciar motivos para modificar la resolución recurrida.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Plasencia ha abierto diligencias para investigar las circunstancias de la muerte del trabajador de 43 años que falleció el pasado 26 de junio tras precipitarse desde una altura de dos plantas mientras realizaba unas obras de reforma en la localidad cacereña de Pinofranqueado.

Dentro de la investigación, el órgano judicial ha solicitado un informe a la Inspección de Trabajo con el fin de determinar si en la obra se cumplían las medidas de prevención de riesgos laborales o si pudo existir algún incumplimiento relacionado con la seguridad en el trabajo, según han informado fuentes judiciales a Efe.

La instrucción judicial pretende esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y comprobar si se adoptaron las medidas de protección exigidas por la normativa vigente para este tipo de trabajos.

El accidente ocurrió a primera hora de la mañana del 26 de junio, cuando el operario, Moisés P. A., natural de Pinofranqueado y empleado de la construcción, cayó desde una altura aproximada de dos pisos mientras trabajaba en un inmueble situado en la zona de La Viñuela.

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura recibió el aviso a las 07:43 horas y movilizó una unidad medicalizada, personal sanitario del centro de salud de la localidad, efectivos de la Guardia Civil y técnicos del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA).

En el momento del suceso, las autoridades activaron el protocolo previsto para determinar el carácter laboral del accidente, lo que motivó también la intervención de la Dirección General de Trabajo, a la espera de las investigaciones correspondientes.

El informe solicitado a la Inspección de Trabajo analizará, entre otros aspectos, las condiciones en las que se desarrollaban los trabajos, la evaluación de riesgos, la existencia de sistemas de protección frente a caídas y el cumplimiento de las obligaciones preventivas por parte de la empresa.

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso presentado por el alcalde de Villar del Rey, Moisés García Vadillo, frente a la sentencia de la Audiencia de Badajoz que le condenó por publicar un vídeo en sus redes sociales en el que difamaba al abogado pacense Fernando Cumbres.

La Audiencia pacense avaló la sentencia del juzgado de instancia en febrero de 2026, aunque rebajó la indemnización de los 6.000 euros establecidos inicialmente a 2.000 euros.

En la resolución del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso EFE, se expresa que la sentencia de la Audiencia vuelve a examinar el vídeo litigioso y concluye que exhibe en varias ocasiones la fotografía del demandante hoy recurrido, “abogado de profesión y que no ostenta cargo público alguno, ni tiene relación con los partidos políticos, ofreciendo una carga peyorativa y deshonrosa, con comportamientos reprochables sin fundamento fáctico alguno”.

En este marco, indica, “debe prevalecer por tanto el derecho al honor sobre la libertad de expresión del demandado, hoy recurrente”.

La Audiencia compartió con la magistrada de instancia que el alcalde de Villar del Rey atentó contra el derecho al honor del letrado al vincularlo en ese vídeo con el PSOE y una “trama mafiosa y caciquil”.

La sentencia es ya firme, pues contra esta resolución no cabe recurso.

Casi dos años después de las últimas elecciones del Colegio de Médicos de Madrid, un juzgado ha avalado la decisión interna que anuló su candidatura, y mantiene en vilo desde entoces a sus más de 54.000 colegiados. Ha sido el número 18 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, que da por buena la medida adoptada por la Comisión de Recursos del Icomem (que aún depende de la antigua directiva, en funciones) y acepta que Tomás Merina tenía impedimentos para presentarse a esos comicios.

En un auto, con fecha de este lunes y citado por Europa Press, el magistrado desestima el recurso interpuesto por Tomás Merina contra dicha resolución, confirmando así que este no era elegible para el cargo por el que fue elegido con 4.475 votos, el doble de los que obtuvo el presidente Manuel Martínez-Sellés, quien se hizo con 2.393 papeletas. Pese a una victoria holgada, la candidatura de Icomem para Todos nunca llegó a tomar posesión de los cargos en la Junta Directiva pese a que, en su momento, los resultados se proclamaran como válidos. Días antes tomar posesión, la Comisión de Recursos anunció la anulación de la lista ganadora al considerar que el doctor Merina no cumplía los requisitos de antigüedad y de ejercicio de la profesión médica.

Cuando se iba a oficializar el nombramiento en una ceremonia administrativa, la Junta Electoral del Icomen suspendió el acto. Meses después, la Junta Electoral anunció que, por decisión de la Dirección de Martínez-Sellés, su actividad se había dado por concluida y, en consecuencia, el órgano ya no podía pronunciarse sobre la situación de la institución colegial. Desde que se anuló internamente la victoria de Merina, la cúpula interina dictaminó que debían convocarse nuevas elecciones, pero esta vez sin su actual presidente: él mismo consideraba que los resultados dieron un mensaje claro al respecto.

No obstante, la cita con las urnas nunca ha tenido lugar y la anterior Junta Directiva sigue al frente de la institución de manera interina. Según alegan desde el equipo de Martínez-Sellés, los comicios no se pueden convocar al haber judicializado el proceso el doctor Merina, que presentó un recurso por vía contencioso-administrativa tras la anulación de la candidatura. Ahora, el juzgado respalda la tesis de que este candidato jubilado no podía figurar como médico en activo, como estipulan los estatutos del Icomem. Entre otras cuestiones, se constata que Merina estaba jubilado desde 2018 y percibía una pensión contributiva, lo que refuerza la presunción de que no se encontraba en ejercicio activo.

Tomás Merina “respeta” el auto, pero estudia posibles acciones

Pese a presentar un contrato de “dirección médica” con una empresa familiar, el juez apunta que dichas funciones corresponden a gestión administrativa y no asistenciales o clínicas. Desde Icomem para Todos se defiende en el recurso que el Colegio no puede realizar una interpretación restrictiva del concepto de ejercicio profesional de la medicina, ya que “excluiría a miles de médicos cuya actividad se desarrolla en ámbitos como la gestión sanitaria, el peritaje, la docencia o la investigación, entre otros”.

En este sentido, el anula su proclamación “por considerar, en apretada síntesis”, que no reúne los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 13.1 de los Estatutos, esto es, que las funciones de dirección médica acreditadas por Tomás Merina tienen naturaleza de gestión administrativa y no constituyen ejercicio profesional de la medicina a los efectos previstos en los estatutos colegiales.

“Discrepamos profundamente de esta decisión, aunque la respetamos”, ha remarcado este martes el propio Tomás Merina, quien ha reiterado que su equipo analizará la resolución judicial en los próximos días para estudiar las posibles actuaciones y contribuir a encontrar una salida a la situación institucional que vive el Colegio. Por su parte, la Dirección del Icomem, que sigue dirigida en funciones por Martínez-Sellés, asegura que el compromiso de reactivar las elecciones se mantiene y tendrá lugar en cuanto sea firme esta sentencia.

Recuerdan que Martínez-Sellés ya comunicó su decisión de no volver a presentarse a la presidencia y su deseo de que las nuevas elecciones se celebren lo antes posible y han remarcado que fue precisamente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Tomás Merina el que “impidió” la convocatoria electoral a principios de 2025.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Murcia ha declarado ilegal la negativa del Ayuntamiento de Murcia a facilitar el estudio y análisis del riesgo sísmico del municipio elaborado por la Universidad de Almería. La resolución judicial, fruto de un recurso de interpuesto por la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur), anula el decreto firmado por el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, que denegó el acceso a esta documentación y reconoce el derecho del presidente de la asociación conservacionista a obtener la copia digital completa del estudio y de todos sus anexos.

“La sentencia constituye un severo reproche a la actuación del Ayuntamiento de Murcia, que mantuvo oculto durante más de cinco años un estudio encargado con fondos públicos y entregado al Consistorio el 5 de febrero de 2020”, han valorado desde Huermur: “Pese a tratarse de un documento completamente finalizado, el Ayuntamiento negó reiteradamente su acceso alegando que se encontraba en elaboración, una tesis que el magistrado rechaza de forma expresa”.

“Incluso después de iniciarse el procedimiento judicial, el Ayuntamiento continuó oponiéndose a entregar la documentación y defendió ante el Juzgado la legalidad de su actuación, solicitando incluso que el procedimiento se archivara tras publicar parte del estudio cuando el litigio ya estaba en marcha”, han abundado.

De acuerdo con la asociación conservacionista, el magistrado ha recordado que “una publicación unilateral, tardía y posterior a la interposición del recurso no puede sanar la denegación inicialmente acordada ni sustraer al control jurisdiccional la legalidad del acto recurrido”, añadiendo además que aceptar esa actuación “equivaldría a dejar al arbitrio de la Administración la efectividad del control judicial de sus propios actos”.

La sentencia también desmonta el intento del Ayuntamiento de seguir ocultando el estudio alegando motivos de seguridad pública. Durante el procedimiento, la Administración sostuvo que el documento contenía datos sensibles sobre víctimas potenciales y pérdidas económicas derivadas de distintos escenarios sísmicos simulados, utilizando ese argumento para impedir el acceso de la ciudadanía: “El juez concluye que el Ayuntamiento no acreditó suficientemente que la divulgación del estudio pudiera perjudicar la seguridad pública y recuerda que, si existiera algún dato especialmente sensible o de carácter personal, la legislación ya prevé mecanismos para protegerlo sin necesidad de ocultar el resto de la documentación”, han explicado.

La resolución judicial destaca además “el extraordinario interés público del estudio, al afectar directamente al riesgo sísmico del municipio, la ordenación del territorio, el urbanismo y la seguridad de la población”. Por ello concluye que el Ayuntamiento realizó una “restricción injustificada y desproporcionada del derecho de acceso a la información pública”, anulando el decreto del concejal y ordenando la entrega íntegra de la documentación solicitada.

Para Huermur, esta sentencia supone un “duro varapalo a años de opacidad municipal” y marca “un punto de inflexión” en la transparencia del Ayuntamiento de Murcia. La entidad considera especialmente grave que el Consistorio no solo negara el acceso a un estudio financiado con 118.580 euros de dinero público, sino que “mantuviera esa negativa durante todo el procedimiento judicial”, obligando a acudir a los tribunales para obtener una documentación que la propia Justicia reconoce como información pública: “Una postura torticera que claramente ha debido costar una importante cantidad de dinero al erario público en horas de funcionarios y servicios jurídicos”, han señalado desde la asociación.

El presidente de Huermur, Sergio Pacheco, ha manifestado que “esta sentencia pone fin a cinco años de opacidad institucional sobre un estudio que afecta directamente a la seguridad de los murcianos y al futuro urbanístico del municipio. El Ayuntamiento no solo ocultó una documentación pagada con dinero público, sino que defendió esa decisión ante los tribunales hasta el último momento. La Justicia ha dejado claro que actuó al margen de la legislación sobre transparencia”.

La asociación ha anunciado que llevará a cabo un análisis exhaustivo de toda la documentación en cuanto sea entregada y de sus anexos para verificar cómo afectan sus conclusiones al planeamiento urbanístico vigente y a las decisiones municipales adoptadas durante estos años: “Por primera vez podrá contrastarse si los desarrollos urbanísticos, las actuaciones autorizadas y la planificación del municipio se ajustan a las conclusiones científicas contenidas en el estudio encargado por el propio Ayuntamiento, y del cual tenían conocimiento los responsables del Consistorio desde hace años”.

Los órganos judiciales de la comunidad autónoma de Canarias registraron durante el primer trimestre de 2026, en los cuatro órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social), un total de 101.662 asuntos, un 29% menos que en mismo periodo del año anterior.

Dejaron en trámite de resolución un acumulado de 269.481 litigios (un 0,5% menos que en el primer trimestre de 2025) y resolvieron 95.177 litigios (un 20,2% menos que en el invierno pasado).

Según datos difundidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, Canarias volvió a ser en el primer trimestre de 2026 --como ya lo había sido en los seis años anteriores-- el territorio del Estado donde más se litigó: 45,01 pleitos por cada 1.000 habitantes, 7,86 más que la media del Estado (37,15) y 3,28 más que la segunda en el escalafón, Asturias, que computó 41,73 litigios por cada 1.000 habitantes.

Por órdenes, en jurisdicción civil, las oficinas judiciales de las islas registraron entre enero y marzo de 2026 un total de 42.317 asuntos (un 45% menos que en el invierno del año anterior), resolvieron 37.999 (un 31,3% menos) y dejaron pendientes de resolución a 31 de diciembre 167.943, un 6,5% menos que al final de marzo de 2025.

En el orden penal, se computaron 48.339 asuntos nuevos, un 5,3% menos que el año anterior, se resolvieron 46.921, un 7,8% menos, y quedaron en trámite de resolución a final de año 56.691 casos, un 14,3% más.

En la jurisdicción contencioso-administrativa se abrieron 2.606 procedimientos (un 60,3% menos que en el primer trimestre de 2025), se resolvieron 2.626 (un 45,5% menos) y quedaron pendientes 17.560 (un 3% menos).

Por su parte, en el orden social, los órganos judiciales del Archipiélago incoaron entre enero y marzo del presente año 8.400 procesos (un 0,9% menos), resolvieron 7.631 (un 7,3% más que el año anterior) y dejaron en trámite a fin de año 27.267, un 15,9% más que en el ejercicio previo.

Los datos recabados por los órganos judiciales de las Islas apuntan a que en el primer trimestre de este año se dictaron en las Islas 24.229 sentencias, un 18,9% menos que en el primer trimestre del año anterior, una media de 106,74 por órgano judicial, 52.070 autos (un 23,1% menos que en 2025), una media de 229,38 por órgano, y 20.268 decretos, 89,29 por órgano judicial.

Se registraron 13.035 ejecuciones de sentencias, se resolvieron 17.822, y quedaron en trámite a final de año 177.668. Entre enero y marzo del presente año, los órganos judiciales isleños registraron una tasa de pendencia (cociente entre asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en ese periodo; mejor cuanto más baja) de 2,83, la décima más baja de España. La media nacional fue de 2,71.

La tasa de resolución, el cociente entre asuntos resueltos e ingresados en un periodo, de Canarias en el primer trimestre de 2026 fue 0,94, dos décimas por debajo de la media nacional (0,96).

En el ranking de comunidades, ocupó en el periodo de estudio cuarto puesto más bajo. La tasa de congestión de Canarias fue 3,86, la cuarta más alta del país, 0,16 décimas por encima de la media nacional (3,70).

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado el archivo de la causa por presuntas irregularidades en la organización por parte del Ayuntamiento de Gines de las ediciones celebradas entre los años 2006 y 2016 del evento denominado 'La Pará de Gines', en la que se encontraba el actual alcalde de este municipio, Romualdo Garrido.

Según consta en el auto del archivo, la presidenta de la referida sección, Mercedes Alaya, acepta el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del alcalde de Gines, el abogado César López, al considerar que “no existe por lo que respecta al delito de prevaricación el elemento subjetivo del injusto que es el dictar o el omitir el dictado de una resolución a sabiendas de su injusticia”.

“En el presente caso no existió nada de eso, puesto que no se produjo por parte de los técnicos, interventor y secretario, el menor reparo ante la falta de ausencia de procedimiento administrativo que regulara las diferentes contrataciones en relación con el evento”, ahonda el escrito.

“Carecían de los conocimientos jurídicos necesarios”

En contexto, esta decisión se produce dos semanas después de que el magistrado de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla acordase la apertura de juicio oral pese a la petición de la Fiscalía, que solicitaba acordar el sobreseimiento de las actuaciones.

Al respecto, la magistrada insiste en que “todos los miembros de la Junta de Gobierno carecían de los conocimientos jurídicos necesarios, no fueron asesorados adecuadamente por sus técnicos y existía una notable laxitud interpretativa, en relación a los contratos menores, que muchos ayuntamientos aprovecharon entre 2007 y 2015 debido a una falta de regulación estricta y expresa en la Ley”.

No obstante, añade que está claro que “lo que debió hacerse respecto a los empresarios individuales fue un contrato plurianual, puesto que el contrato menor está previsto para actos puntuales e imprevistos”, por lo que “si este evento no es algo puntual sino que es previsible que se celebre todos los años, la vía correcta hubiese sido el contrato plurianual”.

“Mera infracción administrativa”

Aún así, contempla que aunque “no se pagara tasas por los empresarios encargados de la prestación de servicios o por la Hermnadad del Rocío, en modo alguno constituye un delito de malversación y, además, resultaba absolutamente razonable, dado que el evento estaba organizado por el Ayuntamiento, que permitía en el beneficio de su pueblo el uso de terrenos de dominio público”.

En cuanto a las subvenciones, indica que si bien las mismas contenían “determinadas irregularidades”, habiendo sido solicitadas por el Ayuntamiento pero concedidas por la Diputación de Sevilla, “no deja de estar en el marco de la mera infracción administrativa, sin que pueda elevarse a la categoría de delito”. Por todo ello, la juez ha estimado el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Romualdo Garrido Sánchez y ha decretado el sobreseimiento libre de las actuaciones.

Elisa Mouliaá ha acudido en la mañana de este miércoles a prestar declaración ante el juez que la investiga por la querella que presentó contra ella el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón por presuntas calumnias. La comparecencia se produce una semana después de que el juez Arturo Zamarriego emitiera una orden de busca y captura contra la mujer tras no acudir a declarar por tercera vez el pasado 15 de junio. 

En un comunicado, la actriz afirma que ha decidido regresar voluntariamente a España desde el extranjero para ponerse a disposición judicial y declarar personalmente “a pesar de haber acreditado previamente compromisos profesionales fuera del país y haber alegado circunstancias médicas que ya habían sido aportadas al procedimiento”.

Errejón denunció a la actriz después de que esta le acusara a través de varios mensajes en sus redes sociales de haber extorsionado a dos de los testigos de la causa por la que el exdiputado está procesado por la agresión sexual denunciada por Mouliaá.

La actriz publicó el pasado viernes en su cuenta de 'X' que está “trabajando bajo un contrato profesional internacional firmado con anterioridad, vigente desde el 8 de junio hasta finales de verano”, que la mantiene “desplazada entre Dubái y distintas zonas del Mar Rojo donde las comunicaciones son limitadas o inexistentes”. En sus redes sociales también precisó que intentaría comparecer por videollamada si el magistrado lo aceptaba.

La debacle postelectoral no termina en el Colegio de Arquitectos de Madrid, el COAM. Después de más de un año desde las últimas elecciones, que ganó por la mínima el entonces decano, Sigfrido Herráez, una serie de procedimientos internos y judiciales se han entrelazado hasta no ver la luz. Según recoge Europa Press, el pasado 19 de junio se emitió una nueva resolución que ha admitido otro recurso presentado desde la lista de Herráez, Todos COAM, cuya candidatura en los comicios de 2025 fue cuestionada y recientemente anulada al considerarse que incumplía con los estatutos del órgano colegiado. Esta vez, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid se sumará un cruce de denuncias en el que ya estaba inmerso otro tribunal, el número 18, que antes había aceptado suspender las medidas cautelares que permitieron la toma de posesión del decano, en mayo del año pasado.

La sentencia emanaba de un recurso llegado desde la oposición, que lidera Jesús San Vicente, su contrincante en aquel momento. El quid de la cuestión es si Sigfrido Herráez podía aspirar a un tercer mandato al frente de la institución, dado que esta permite un máximo de seis años como miembro de un equipo directivo y cada legislatura dura tres. La lista ganadora y luego invalidada argumentó que su primera legislatura no pudo completarse, pues llegó después de una moción de censura y apenas se prolongó año y medio.

Ahora, la lista de Herráez vuelve con una contraofensiva judicial interpuesta desde dos vías: una ante el Contencioso-Administrativo número 18, que antes concedió las cautelares y les permitió presentarse “de forma provisional” a los comicios; y luego otra en el juzgado 23, que pasará a estudiar la solicitud. Herráez llegó al decanato del COAM en noviembre de 2020, tras la dimisión como decana de Belén Hermida.

Tras alzarse ganador en las elecciones de 2022, ha liderado el Colegio hasta la actualidad, aunque de forma interna desde primavera de 2025. Aunque el auto de la semana pasada abrió camino a Nexo COAM (la lista de Jesús San Vicente) e incluso convocó la investidura de su líder, todo vuelve a quedar congelado justo antes de resolverse.

En cambio, el magistrado desestima el escrito de “completación” presentado por la representación de Sigfrido Herráez contra la resolución previa que revocaba las cautelares por defecto de forma, al considerar que la lista Todos COAM acudió a la vía judicial sin agotar previamente la vía administrativa interna del propio Colegio. Con este nuevo proceso abierto, el juez del tribunal número 18 fundamenta el rechazo de la completación por existir una situación de litispendencia.

Este es un tipo de litigio que busca evitar procesos simultáneos sobre un mismo tema, impidiendo duplicidades y resoluciones contradictorias en los tribunales. De esta forma, queda cerrado el frente en el juzgado número 18 y se limita a la decisión que adopte el número 23, que ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por Sigfrido Herráez atendiendo a un “riesgo por mora procesal”, es decir, que de no adoptarse la suspensión urgente, la proclamación de una nueva Junta de Gobierno consolidaría de hecho la exclusión de Todos COAM.

En el fallo, consultado por Europa Press, se alude así al “perjuicio grave” no solo de carácter inmediato para la lista Todos COAM “sino incluso para el interés común de los colegiados” en caso de que se permitiera “sin más” la conformación de una nueva Junta de Gobierno, con todas las implicaciones que ello pudiera entrañar. Todo ello, alude además el tribunal, sin que la lista Nexo COAM haya esperado “el breve plazo concedido para formulación de alegaciones, y en el que, sin duda, sin la premura de las medidas cautelarísimas, hubiera podido manifestar cuanto tuviera por conveniente acerca de la concurrencia de causas de inadmisibilidad, o cualquier otro óbice procesal o de fondo”.