Un matrimonio, natural de Senegal y residente en Asturias, está acusado de infligir maltrato a su hijo desde que tenía seis años hasta que cumplió los 13. Insultos, golpes con una escoba, castigos de dejarle sin comer, baños de agua fría y, para evitar que lo contase, lo amenazaban con ingresarlo en un internado en su país de origen.

Esta es la situación que la Fiscalía del Principado ha descrito para ilustrar su petición de condena para los padres del menor durante la vista oral del juicio que ha tenido lugar este lunes en la sección penal del Tribunal de Instancia, plaza número 2, de Gijón/Xixón, donde ha quedado visto para sentencia.

En la sala de audiencias, la Fiscalía ha relatado los hechos que, bajo su criterio, deben ser considerados como suficientemente contundentes para condenar a la madre, de 40 años, a una pena de dos años y nueve meses de prisión como responsable de sendos delitos de maltrato habitual en el ámbito familiar y maltrato, y al padre, de 43 años, a una pena de dos años de cárcel como presunto autor de un delito de maltrato.

El relato de la Fiscalía

El Ministerio Fiscal sostiene que el matrimonio, sin que sea posible concretar todas las fechas, infligió un maltrato al niño desde que tenía seis años.

“Le insultaban, le daban bofetones a diario y le golpeaban con la escoba. En otras ocasiones le metían en agua fría o no le daban de comer. Para que no lo contasen, le amenazaban con mandarle a un internado o a Senegal”, ratificó la acusación pública.

A golpes por una nota escolar

Sí pudo la Fiscalía describir un episodio concreto que atribuye a la madre que ocurrió, según sus datos, entre las dos y media y las cuatro y media de la tarde del 15 de marzo de 2023, cuando propinó a su hijo -cuando ya tenía cumplidos 13 años- varios golpes con una escoba tras discutir con él por una nota del colegio.

Ambos acusados se encuentran en situación regular en España, mientras que su hijo reside en un centro de protección de menores desde el mes de septiembre de 2023.

Orden de alejamiento

Además de las penas de prisión, la Fiscalía interesa que se imponga al matrimonio una orden de alejamiento del menor, más agravada en el caso de la madre.

El Ministerio Público fija que se condene a la mujer a la medida cautelar de prohibición de aproximación al menor, a su domicilio, lugar de trabajo o centro escolar, o cualquier otro lugar frecuentado por el mismo, a una distancia inferior a 500 metros, así como se le aplique la prohibición de comunicarse con él por cualquier medio, en ambos casos durante dos años. A estas prohibiciones suma su inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas en ambos casos durante siete años.

Las peticiones de indemnización

Para el acusado, la Fiscalía solicita que se le condene igualmente a la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante cuatro años; se le imponga la prohibición de aproximación al menor, a su domicilio, lugar de trabajo, centro escolar o cualquier otro frecuentado por el mismo, a una distancia inferior a 500 metros, así como prohibición de comunicarse con él por cualquier medio, en ambos casos durante dos años; e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o durante cuatro años.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada indemnice al representante legal del menor con 400 euros por las lesiones sufridas, con los intereses legales correspondientes. Y al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), con la cantidad que se determine más los intereses legales correspondientes y pide que ambos acusados indemnicen conjuntamente al representante legal del menor con 1.000 euros por los daños morales causados.

La ronda de declaraciones de testigos citados en la primera fase de instrucción por el crimen de Francisca Cadenas ha quedado concluida este lunes en el Juzgado de Villafranca de los Barros (Badajoz), tras la comparecencia de los últimos cinco testigos citados, entre ellos el guardia civil que entró la noche de los hechos a la vivienda de los detenidos y la cuñada de la víctima.

La abogada de la familia, Verónica Guerrero, se ha mostrado satisfecha con el desarrollo de las últimas jornadas, insistiendo en el carácter reservado de las declaraciones, y ha explicado que la instrucción permite la solicitud de nuevas pruebas, por lo que no se descarta la práctica de más diligencias, aunque por el momento tiene que “pensar mucho”.

Entre los testigos que han comparecido este lunes se encuentra Luisa Florido, cuñada de Francisca Cadenas, quien ha manifestado que ha trasladado al juez “nuestra verdad, que es la verdad”. Florido ha expresado que cree “en la justicia, en la divina y en la terrena” y ha señalado que se ha sentido “tranquila en todo momento” durante su declaración ante el juez, aunque reconoce la dureza de recordar los hechos ocurridos la noche de la desaparición, el 9 de mayo de 2017, que rememora “cada noche cuando me acuesto”.

En cuanto al guardia civil que entró en la vivienda de los detenidos la noche de la desaparición de Francisca, ha evitado ser visto tanto a la entrada como a la salida de los juzgados.

Los otros tres testigos que han comparecido este lunes, vecinos de Francisca y un compañero de trabajo de uno de los detenidos, tampoco han ofrecido declaraciones a los medios de comunicación.

Con esta última jornada se cierra, por el momento, el bloque de comparecencias de testigos iniciado el pasado 13 de abril, cuando declararon el marido de Francisca y sus tres hijos, y continuado el día 17 con varios vecinos de Hornachos y de las últimas personas que vieron con vida a Francisca.

La investigación continúa centrada en esclarecer lo sucedido tras la desaparición de Francisca Cadenas, cuyos restos óseos fueron hallados el pasado mes de marzo en una vivienda de Hornachos con signos de violencia, lo que motivó la detención e ingreso en prisión de dos hermanos vecinos de la víctima, investigados por delitos de asesinato y contra la libertad.

El procedimiento sigue a la espera de informes periciales definitivos, entre ellos los forenses y antropológicos, considerados clave para determinar las circunstancias de la muerte y avanzar en el desarrollo de la causa.

La tesis acusatoria de la familia de Francisca Cadenas, según confirmó su abogada, defiende el móvil sexual del crimen, por lo que previsiblemente solicitarán la prisión permanente revisable para ambos detenidos.

La defensa de Begoña Gómez reclama a la Audiencia Provincial que anule el auto en el que el juez Juan Carlos Peinado propone sentarla en el banquillo por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El magistrado sustentó esa decisión en un auto en el que llegó a comparar a Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII, una afirmación que la defensa de su esposa considera “absolutamente inaceptable” e “impropia” de la imagen de imparcialidad que un magistrado debe transmitir. 

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, su abogado, Antonio Camacho, afirma que “los delitos que son objeto del presente procedimiento, o bien no se hallan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas”. Y cuestiona la “rapidez inusitada” con la que el juez dio carpetazo a la investigación. Lo hizo, a su juicio, saltándose los trámites de la Ley del Jurado, ya que ordenó practicar nuevas diligencias, pero al mismo tiempo dio un plazo de cinco días a las partes para presentar sus conclusiones. A esto se suma, según la defensa, la “grave” vulneración que, a su juicio, supone avanzar hacia el juicio sin haber resuelto previamente los recursos presentados en marzo. 

El escrito trata de rebatir las atribuciones que hace el juez para intentar llevar a juicio a Begoña Gómez. Respecto al delito de tráfico de influencias, el juez Peinado otorga total relevancia al hecho de que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa para mantener reuniones sobre proyectos empresariales y académicos. Entre ellas, una cita con el rector de Universidad Complutense, Joaquín Goyache, donde ambos abordaron la posibilidad de poner en marcha la cátedra que Begoña Gómez acabó codirigiendo en ese campus y que centra la imputación por este delito. 

La defensa señala que la reunión se produjo allí porque era su domicilio y la Complutense estaba “cerrada” por la pandemia. Defiende que fue el rector “por iniciativa propia” quien expuso la posibilidad de crear una cátedra. Y que de esa conversación no puede desprenderse que hubiera por parte la esposa de Sánchez “una exigencia o una solicitud de esa creación ni siquiera una aceptación definitiva”. “La reunión, por tanto, no puede interpretarse como un acto de presión, sino como una conversación preliminar y exploratoria dentro de un contexto académico”, afirma el recurso.

En relación con el delito de corrupción en los negocios, el recurso rebate la tesis del juez de que el dinero captado para la cátedra fuera una “fachada” para que las empresas financiadoras obtuvieran ventajas en adjudicaciones públicas. El letrado recuerda que todos los fondos se ingresaron en las cuentas de la Complutense y subraya que es jurídicamente “insostenible” aplicar este delito a la financiación de una Universidad Pública dado que se configura como un ilícito propio del ámbito “estrictamente privado”, orientado a la protección de la libre competencia y la lealtad en las relaciones comerciales entre particulares. 

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, la defensa de Begoña Gómez afirma que la herramienta no se llegó a finalizar, por lo que es imposible apoderarse de un activo que no funcionaba correctamente y se encontraba en “fase beta” o de pruebas.

Frente a la acusación de haber registrado el dominio web a espaldas de la universidad, la defensa recuerda que hay correos aportados a la causa que demuestran que fue la propia Complutense quien dio instrucciones a Begoña Gómez, proporcionándole la página web donde debía registrar el dominio. Además, subraya que está acreditado que otros directores de cátedras también tienen registrados los dominios de sus proyectos a su nombre. “No había producto terminado, no había control unilateral, no hubo lucro, y no hubo perjuicio”, sostiene el escrito.

El juez también dedicaba parte del auto a tratar de evidenciar cómo la asesora Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. A este respecto, la defensa recuerda que existe una “costumbre institucional” consolidada desde el inicio de la democracia. Y afirma que, “salvo los correos muy limitados en número que remitió desde su cuenta particular”, no es cierto que Begoña Gómez haya utilizado para sus actividades profesionales la ayuda de su asistente.

El recurso de la asistente

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez ha recurrido también el auto de Peinado por el que dejaba a un paso del banquillo a Begoña Gómez señalando que debe ser anulado y que debe archivarse la causa para su defendida. Advierte, en este sentido, que el procedimiento no puede seguir por el cauce del Tribunal del Jurado porque la ley que lo regula, en su artículo 24, no permite que sea así dado que la conexidad de delitos “no siempre es suficiente”.

En caso de que no acuerde el archivo, interesa que el juez de luz verde a la prueba que solicitó en las alegaciones previas, en las que insistió en que se solicitara a La Moncloa un informe sobre si, desde su nombramiento, la asistente ha llevado a cabo “un correcto desempeño de sus funciones o si, por el contrario, ha desatendido en algún momento sus funciones”.

Por otro lado, ataca el hecho de que Peinado sostenga que Cristina Álvarez malversó, y le recuerda que “nunca en España se ha condenado al funcionario ilícitamente utilizado para las tareas privadas de su superior”. “Nunca. Ni siquiera lo encontraremos aunque nos remontemos, como el Ilmo. Magistrado Instructor, a la época de Fernando VII”, añade con ironía haciendo alusión a una frase de la resolución de Peinado. Al hilo, como en escritos anteriores, recuerda que en resoluciones previas de la Audiencia Provincial de Madrid ya determinó que «el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer el delito de malversación“.

No ha habido éxito a pesar de los esfuerzos personales, materiales y el tiempo que se ha invertido en la búsqueda de la asturiana Mari Trini Suardíaz, de 23 años, y de su hija Beatriz, de 13 meses, que desaparecieron hace 39 años después de que la mujer denunciara por maltrato a su marido y padre de la menor, Antonio María Da Silva, conocido por el apodo de 'El Portugués'.

La falta de pistas sobre su paradero ha llevado a la jueza de instrucción número 4 de Gijón/Xixón, Ana López Pandiella, a adoptar la decisión de decretar el sobreseimiento provisional de la causa.

No obstante, al no haber declarado su archivo, la causa podría volver a reabrirse en un futuro si aparecen indicios sólidos que faciliten su reapertura.

Las declaraciones de testigos

Antonio María Da Silva se ha enrocado en un silencio que impide a los investigadores policiales avanzar en este expediente, uno de los más difíciles a los que se han enfrentado.

En estas casi cuatro décadas, de forma discreta la investigación ha seguido su curso y no han decaído los ánimos para seguir cualquier hilo que mereciera la pena comprobar: desde recopilar y verificar los testimonios directos de vecinos que aseguraban haber visto a 'El Portugués' arrojar sus vehículos por un precipicio, a buscar en sus antiguas viviendas, en Asturias y León, a intentarlo sin desmayo en el pozo de una antigua mina cercana a los acantilados de la localidad riosellana de Berbes, donde estaban los vehículos que había tirado desde una altura de 40 metros al barranco.

La búsqueda se reanudó el año pasado a petición de los integrantes de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) de Gijón/Xixón que no han cejado en su empeño en llegar a despejar la incógnita sobre qué ocurrió con ambas mujeres.

El silencio del sospechoso

La imposibilidad de hacer que el marido de Mari Trini aporte aunque sea el más mínimo detalle sobre ellas es el principal obstáculo para que avance una investigación en la que la Policía Nacional se ha volcado.

A pesar del tiempo transcurrido, su causa jamás quedó olvidada en un cajón de la Comisaría. Todo lo contrario. Este misterioso caso de desaparición les ha provocado a los investigadores policiales más de un quebradero de cabeza.

El último intento por localizar a Mari Trini y a su hija fue la búsqueda en el pozo de Berbes y al no dar resultado positivo de momento el caso volverá al cajón.

Sin independencia económica

Mari Trini, originaria de Barzana, en el concejo asturiano de Villaviciosa, fue vista por última vez junto a su bebé en Matadeón de los Oteros, un pueblo situado a unos 40 kilómetros de León, adonde se habían trasladado con 'El Portugués' y donde los vecinos conocían a su esposa con el nombre de Teresa.

Una vecina había alertado de que se había encontrado un papel, lanzado desde una ventana, en el que una mujer alertaba de que estaba retenida en esa casa en contra de su voluntad. Hace 39 años, denunciar a su marido por maltrato no debió ser una cuestión fácil para esta asturiana que no tenía independencia económica y seguía residiendo bajo el mismo techo que su presunto maltratador.

Del cuartelillo a casa

Un hecho incuestionable es que el marido, tras ser detenido, fue trasladado al cuartelillo y de ahí, de nuevo, a su casa familiar ubicada en ese momento en la localidad leonesa de Matadeón de los Oteros. A partir de la denuncia, no se les volvió a ver en el pueblo.

El día en que Mari Trini acudió a declarar en la Audiencia Provincial de León, con su bebé en brazos, por la denuncia contra 'El Portugués' por sendos delitos de retención ilegal y maltrato, fue la última imagen de ambas mujeres vivas.

En una residencia de mayores

Antonio Da Silva vive actualmente tranquilo y sin muchos sobresaltos policiales, ni judiciales en una residencia de mayores en León. Su obstinación por guardar silencio ya no es una novedad para los investigadores.

El caso se archivó ya en dos ocasiones anteriores y se había reabierto el año pasado con la esperanza de encontrar alguna pista en el pozo de la antigua mina de Berbes, en la costa asturiana. En esta ocasión, el matiz del sobreseimiento provisional podría llevar a albergar esperanzas de que en un futuro, más o menos cercano, pudiera resolverse la eterna duda que planea sobre los investigadores: ¿Dónde están Mari Trini y Beatriz?.

La familia de Francisca Cadenas, desaparecida en Hornachos (Badajoz) en 2017 y por cuya muerte están en prisión dos vecinos suyos, han declarado este lunes en el juzgado de Villafranca de los Barros (Badajoz), donde se siguen las diligencias por los presuntos delitos de asesinato y contra la libertad a los detenidos, que son hermanos por su desaparición y muerte.

José Antonio Meneses, el hijo menor de Francisca Cadenas, ha relatado ante el juez y los medios de comunicación la “corazonada” que tuvo la noche en la que desapareció su madre. Según su testimonio, antes de llamar a la puerta de los vecinos, en cuya vivienda se hallaron los restos óseos nueve años después, escuchó a una persona con la “respiración súper elevada” que caminaba con nerviosismo.

“Cuando llamé, esa respiración disminuyó de forma brusca”, ha detallado Meneses, quien ha añadido que, al abrir la puerta, uno de los hermanos ahora investigados “intentó obstaculizar” la visión hacia el interior y se encontraba “sudoroso”. Asimismo, ha recordado que en los días posteriores escucharon “ruidos de martillo y cincel alucinantes” en dicho domicilio, sonidos que, según ha afirmado, “ahora cobran sentido”.

La familia “irá a por todas”

Tras la comparecencia judicial en Villafranca de los Barros, la familia de la víctima ha anunciado que irá “a por todas” para que sobre los dos hermanos detenidos recaiga la pena de prisión permanente revisable. La abogada de la acusación particular, Verónica Guerrero, ha precisado que si se confirma la hipótesis de la agresión sexual previa a la muerte —extremo recogido en los informes de la UCO—, solicitará formalmente la “pena máxima”.

La letrada ha adelantado que el proceso se encuentra en fase inicial y que prevé solicitar en breve una reconstrucción de los hechos, además de quedar a la espera del informe antropológico definitivo y el análisis del material intervenido en la vivienda de los acusados.

Por otro lado, la defensa jurídica de la familia ha negado con rotundidad las informaciones publicadas recientemente sobre una supuesta autopsia que exculparía a uno de los detenidos. Guerrero ha calificado de “mentira de inicio a final” los datos referidos a la hora de la muerte, subrayando que el informe forense es preliminar y no fija un momento exacto ni determina la participación de los implicados.

Finalmente, el marido y los tres hijos de Francisca Cadenas han leído un comunicado en el que apelan al “compromiso ético” de los medios de comunicación. Han solicitado que no se convierta su dolor en un “espectáculo” y que se evite la difusión de detalles innecesarios que incrementen su sufrimiento tras nueve años de incertidumbre. La familia confía en que, tras un proceso que prevén “largo y duro”, se haga justicia por la memoria de la víctima.

Los tres hijos y el viudo de Francisca Cadenas, desparecida en Hornachos (Badajoz) en 2017 y por cuya muerte están en prisión dos vecinos suyos, prestarán declaración judicial este lunes en el juzgado de Villafranca de los Barros (Badajoz), donde se siguen las diligencias por los presuntos delitos de asesinato y contra la libertad a los hermanos detenidos por su desaparición y muerte.

Posteriormente, la familia será recibida en el Ayuntamiento de la localidad donde atenderán a los medios de comunicación para realizar una valoración sobre el proceso judicial y sobre el tratamiento mediático del caso, en la que apelarán una vez más a la responsabilidad, el respeto y la dignidad de la víctima en la cobertura informativa.

La familia de Francisca Cadenas ha tenido que esperar casi nueve años, en los que no ha parado de luchar por la reapertura del caso que fue archivado judicialmente en 2019, para encontrar a la mujer desaparecida el 9 de mayo de 2017 en Hornachos cuando tenía 59 años, tras ser vista vista por última vez sobre las 23:15 horas a 50 metros de su casa.

Tras tantos años de incertidumbre, los restos óseos y objetos personales de la víctima fueron encontrados a unos 20 metros de su casa el pasado 11 de marzo cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró la vivienda de dos hermanos en Hornachos, vecinos de Francisca, que ese mismo día fueron detenidos.

El pasado 14 de marzo, el titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros decretó la prisión provisional comunicada y sin fianza para ambos investigados como presuntos autores de delitos de asesinato y contra la libertad.

En el transcurso de la investigación, el hermano menor ha reconocido su implicación en el crimen, mientras que el hermano mayor ha negado cualquier participación y ha solicitado su absolución.

La abogada de la familia de Francisca, Verónica Guerrero, ha defendido el delito de asesinato para ambos detenidos y que, si se confirma el móvil sexual del crimen, pedirá como acusación particular la prisión permanente revisable. 

El caso se remonta a 2023, cuando la víctima murió tras una parada cardiorrespiratoria en una finca de la localidad pacense de Bienvenida, Badajoz. La Fiscalía sostenía que ambos habían mantenido una discusión previa y que, tras el colapso, el acusado no prestó ayuda ni avisó a los servicios de emergencia, por lo que solicitaba para él tres años de prisión por un delito de omisión del deber de socorro.

Sin embargo, durante la vista oral, la defensa mantuvo que no existían evidencias que acreditaran que el procesado estuviera presente en el momento en que se produjo el infarto ni que tuviera posibilidad real de auxiliar a la víctima. Según su versión, ambos se separaron previamente y el acusado no volvió a encontrarse con su compañero.

El magistrado ha acabado dando la razón a este planteamiento al considerar que no ha quedado demostrado que el acusado presenciara la situación de riesgo ni que pudiera intervenir para evitar el desenlace. Ante esta falta de base probatoria, optó por retirar la causa del jurado popular y dictar directamente una sentencia absolutoria, una decisión poco habitual pero prevista en la ley cuando no se sostiene la acusación.

Además, los informes forenses apuntaron a que la causa de la muerte fue un infarto de origen natural, lo que también introdujo dudas sobre la relación directa entre los hechos investigados y el fallecimiento.

La resolución pone fin al proceso judicial sin condena al entender que prevalece el principio de presunción de inocencia, al no haberse podido acreditar que el acusado incurriera en un delito de omisión del deber de socorro.

La jueza de la plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha abierto diligencias previas y ha admitido la querella contra el coordinador de presidencia de la Diputación de Sevilla, Demetrio Pérez, por presunto acoso a una trabajadora de la institución provincial.

Según han indicado fuentes judiciales a Europa Press, la jueza ha citado a la persona denunciante a declarar a final de este mes de abril para “ratificar dicha querella”.

Esta noticia llega menos de un mes después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) inadmitiera a trámite la querella presentada contra el secretario de organización del PSOE de Sevilla y diputado andaluz, Rafael Recio, y, por razón de conexidad, contra el coordinador de presidencia de la Diputación, Demetrio Pérez, así como otras personalidades de la formación y el propio PSOE de Sevilla por “la presunta comisión de delitos de coacciones, contra la integridad moral y revelación de secretos en un entorno de acoso laboral, por los hechos que relata en su querella”.

Según el auto judicial fechado el pasado mes de marzo, el TSJA consideraba que “no existen los suficientes elementos indiciarios de la existencia de los delitos que se imputan a Rafael A. Recio (parlamentario andaluz) por los que se presenta querella contra el parlamentario aforado, ni conexidad con la actuación de los querellados no aforados, respecto de los que no obstante podrá exigirse, en su caso, responsabilidad ante los tribunales de instancia, lo que conduce inexorablemente a la inadmisión íntegra de la querella presentada ante esta Sala”.

Mari Carmen y Juan esperaban disfrutar de una segunda luna de miel con su jubilación. Con sus dos hijas adultas y completamente independizadas, no había nada que les hiciera pensar que no podría ser así. Pero una intervención médica innecesaria y de cuyos riesgos y alternativas no fue informada cambió el destino de la mujer y su familia. Un juzgado ha condenado a la aseguradora del Servicio Madrileño de Salud a indemnizar a esta paciente con 820.000 euros, en una sentencia que está recurrida ante la Audiencia Provincial.

Los hechos se remontan a 2022, cuando Mari Carmen tuvo un susto de salud: un problema pulmonar, que se resolvió satisfactoriamente tras unas semanas de ingreso en el hospital de Móstoles. En una de las pruebas que le realizaron en este centro, los sanitarios encontraron un aneurisma sacular, una pequeña protuberancia de una arteria cerebral, que no tenía nada que ver con su dolencia.

“Cuando se recuperó y le dieron el alta, la derivaron al hospital de Puerta de Hierro, para que le vieran el aneurisma”, relata su hija Vanesa. Ahí empezó su calvario, que ha dejado a la mujer, que tiene ahora 69 años, con una discapacidad grave, problemas cognitivos y totalmente dependiente. “Nos dijeron que [si no se operaba] le podía dar un infarto cerebral y que [la intervención] era muy sencilla, que se hacían muchas. Un día de UCI y a casa. Nos lo puso tan fácil como sacarle una muela”, recuerda Juan, su marido.

Esa operación, a la que Mari Carmen accedió creyendo que era como sacarse un diente, derivó en un ictus durante el postoperatorio, que la ha dejado postrada y con secuelas de por vida. “Ahora depende para todo de mi padre”, lamenta Vanesa. La mujer duerme en un sillón para evitar los dolores. Y en la butaca de al lado, su marido, que no quiere dejarla sola.

La familia decidió ponerse en contacto con la asociación Defensor del Paciente, que ha pilotado el caso, después de que una médica amiga y hasta el de cabecera de la mujer les dijeran que había “algo raro” en el procedimiento médico. “Le llevo toda la documentación a Álvaro [Sardinero, el abogado] y unos días después me llama para hablar, tras ponerse en contacto con un perito”, continúa la hija de Mari Carmen. De aquella conversación la familia sale con dos ideas claras: “Es un aneurisma que no se opera y, además, no aparece la autorización de la intervención”, que es obligatoria porque implica que se ha informado a la paciente.

Con estos datos, deciden iniciar una vía legal para que se reconozca la negligencia y se indemnice a la mujer. En julio de 2025, el juzgado de 1ª Instancia número 51 de Madrid condena a Relyens, la aseguradora del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a indemnizar a Mari Carmen por los daños ocasionados y las secuelas que padece con la cantidad de 821.166,96 euros.

La sentencia, recurrida ante la Audiencia Provincial por la reaseguradora, señala que “no existe prueba que acredite que a la paciente se le informó de las alternativas terapéuticas ni tampoco del riesgo que conllevaba la intervención”. Y, como recuerda el propio texto, “toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado”, que deberá prestarse por escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas, entre otras.

El magistrado considera que “la falta de información a la paciente (...) causa, además, un daño efectivo y real como consecuencia de la cristalización del citado riesgo, por cuanto la actora se vio privada de la posibilidad u oportunidad de ponderar la conveniencia de sustraerse a la operación evitando sus riesgos, máxime cuando existe controversia sobre la necesidad de haberse operado”.

La sentencia va más allá de esa controversia, al señalar que “en este caso también ha quedado acreditada la mala praxis, no en la operación, sino en la decisión de acometerla”. Se basa, principalmente, en la información aportada en el informe pericial judicial, a partir de las pruebas aportadas al caso, que muestran un aneurisma con diámetros aproximados de 3x4 milímetros, que además no había mostrado síntomas.

El informe pericial señala que los aneurismas menores de 10 milímetros en pacientes asintomáticos no requieren tratamiento inmediato, pero deben ser monitorizados ante posibles crecimientos. Algo que, en el caso de Mari Carmen no ocurrió, al ser directamente intervenida. De hecho, el Estudio Internacional de Aneurismas Intracraneales No Rotos —ISUIA, por sus siglas en inglés— señala que el riesgo de rotura en aneurismas de menos de 7 milímetros en esa zona es del 0% a los cinco años.

Un contrato de 35 millones de euros

La demanda, como indican desde el Sermas, es una acción directa en la vía civil contra la compañía aseguradora Relyens, como se prevé en la Ley de Seguros. Esta redacción se ha puesto en contacto con Relyens, para conocer los motivos del recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial, pero desde la compañía han declinado responder a las preguntas de este medio.

Esta empresa se encarga de cubrir las indemnizaciones derivadas de casos como estos y en ella lleva confiando la Comunidad de Madrid durante años. El presupuesto de la última licitación del servicio de póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial del Servicio Madrileño de Salud ascendió a un total de 35 millones de euros por dos años. Pero la colaboración se alarga más allá. De hecho, la mutua, antes denominada Sham, lleva encadenando contratos millonarios para la cobertura de las responsabilidades derivadas de los profesionales y los centros sanitarios de la Comunidad desde 2016.

Según ha publicado la propia compañía, el Grupo, que desarrolla su actividad en España, Francia, Portugal, Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, recibió 1.160 millones de euros en primas en 2024, los últimos datos disponibles. Esto supone un aumento del 7,3% respecto a 2023 y un volumen de negocio de 674 millones, un 6,9% más.

Mientras tanto, en casa de Mari Carmen han tenido que ajustarse también en lo económico. En la hoja de nuevos gastos suma terapias, rehabilitación y cremas, entre otras partidas, a cargo de una pensión “mileurista” y de las aportaciones de Susana, la otra hija del matrimonio, quien, “económicamente, es la que puede ayudar”, lamenta su hermana, que en este momento se encuentra de baja.

Por eso, aunque la indemnización no va a devolver a la mujer a su estado de salud previo sí puede facilitar su día a día, darle acceso a terapias sin mirar la factura o acceder a un coche mejor, para que se traslade de forma más cómoda a las consultas y las sesiones de rehabilitación. “Estamos esperando a que la Audiencia Provincial nos dé la razón, pero un juez de primera instancia ya nos la ha dado”, reivindica Vanesa.

Los sindicatos asturianos han celebrado este miércoles el indulto a 'Las seis de La Suiza', si bien han alertado de que todo el proceso y su entrada en prisión ha supuesto una “pérdida importante” para la democracia, así como una “criminalización del sindicalismo”.

El grupo de apoyo de 'Las seis de La Suiza' y portavoces de organizaciones sindicales de Asturias, en unidad de acción, han dado este miércoles una rueda de prensa en el Conseyu de la Mocedá de Gijón/Xixón, tras la decisión aprobada en el Consejo de Ministros de concederles el indulto.

El Tribunal Supremo ratificó en junio de 2024 la condena a penas de dos años por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones y confirmó la obligación de abonar 150.000 euros de indemnización al propietario de la pastelería La Suiza, en Gijón, que cerró por las movilizaciones en favor de una empleada que lo acusaba de acoso laboral.

El juzgado de Gijón que los condenó en primera instancia ordenó que se ejecutara la sentencia, de modo que las cinco mujeres y el hombre ingresaron en prisión el pasado 10 de julio para cumplir la condena, aunque el día 18 de ese mismo mes se les concedió el tercer grado penitenciario.

Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2016, a raíz de que una empleada, que se encontraba embarazada, pidiera una baja laboral por riesgo de aborto tras la negativa del empleador a que se ausentara de su puesto de trabajo por sentirse indispuesta, lo que derivó en un enfrentamiento entre el propietario y su pareja.

El despido y las protestas

Ella, una vez nacido el niño, contactó con el sindicato CNT para negociar un despido, porque no quería volver a incorporarse por haber sido objeto de acoso laboral, pero el dueño de la pastelería no quiso negociar y los sindicalistas organizaron protestas frente al establecimiento.

Desde el grupo de apoyo de 'Las seis de La Suiza', Inés González Pérez ha remarcado que se trata de la “victoria de seis personas”, lograda “gracias a la movilización sindical”, si bien “la pérdida de derechos sindicales e individuales está por zanjar”.

Las valoraciones

El secretario ejecutivo UGT, Juan José Iglesias, ha valorado el indulto, si bien ha lamentado que el hecho de que tuvieran que entrar en la cárcel, ya que ha supuesto una “pérdida importante en la democracia”, así como un “atropello a un derecho constitucional”.

Durante su intervención, el responsable de Acción Sindical de CCOO de Asturias, Damián Manzano, ha valorado el indulto “después de este calvario de las ”seis compañeras represaliadas“, si bien ha hecho un llamamiento para que los sindicatos sigan vigilantes, frente a ”las amenazas de la democracia“ que han surgido en el ”horizonte de la clase trabajadora“.

El secretario general de USO Asturias, Miguel Rivero, ha reconocido que el de hoy es un “día de alegría” para los que creen en una “sociedad más equilibrada y más justa”, ya que la entrada en la cárcel de los seis representantes sindicales “nunca tendría que haber pasado en democracia”.

La “criminalización del sindicalismo”

La portavoz de la Intersindical Asturiana Lena Sarasúa ha recordado que han sido “casi seis meses de un largo proceso”, con “consecuencias a nivel personal, sindical y social” mientras que, desde la CGT, Yanira Hermida ha mostrado su alegría, pese a “lamentar profundamente la demora de este indulto” y la “criminalización del sindicalismo” que se ha producido.

Por su parte, el portavoz del Sindicato de la Clase Trabajadora LCT Pedro Pariente, ha destacado que la “unidad sindical” ha permitido “llevar esta lucha a cabo”, ya que “con la unidad sindical las batallas pueden seguir avanzando y ganándose”.

La portavoz de CNT Gijón Cristina Mencía también ha interpretado el indulto como un “resultado directo de la lucha” sindical, si bien ha afeado que haya tenido que darse en respuesta a un “proceso que ha puesto en cuestión los límites mismos de la acción sindical”.

Efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han detenido a un vecino de Caudete, de 37 años de edad, el cual no regresó al centro penitenciario de la localidad alicantina de Villena, donde se encontraba cumpliendo condena, tras disfrutar un permiso.

Además de ello, a esta persona le figuraban cuatro señalamientos de búsqueda, detención e ingreso en prisión y otro de búsqueda, detención y personación decretados por distintos juzgados, emitidos con posterioridad a su no reingreso en el centro penitenciario.

La Guardia Civil de Caudete tuvo conocimiento de que un vecino de esa localidad no había acudido al centro penitenciario alicantino de Villena donde se encontraba cumpliendo condena tras el disfrute de un permiso, pudiendo residir, junto con su pareja, en una vivienda que habría sido ocupada ilegalmente en la localidad caudetana.

A raíz de dicha información, la Guardia Civil comprobó la veracidad de los hechos y que la ocupación ilícita de la vivienda se había realizado con el objetivo de residir en ella de forma permanente, dada la intención del detenido de no regresar a prisión tras el permiso y ocultarse en ella de forma permanente.

A partir de ese momento, se realizaron vigilancias discretas en las inmediaciones de dicha vivienda, pudiendo observar cómo esta persona llevaba una vida normal junto con su pareja sentimental, si bien no abandonaba en ningún momento el inmueble para evitar su detención.

Reclamado por varios juzgados

La Guardia Civil comprobó cómo esta persona se encontraba reclamada por varios juzgados, figurándole hasta cuatro señalamientos de búsqueda, detención e ingreso en prisión y uno de búsqueda, detención y personación en sede judicial. Esta persona, además de peligrosa, ha sido detenida en numerosas ocasiones por delitos contra el patrimonio, violencia de género, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.

Finalmente, la Guardia Civil estableció un dispositivo operativo para proceder a su detención, y con la pertinente autorización judicial se procedió a la entrada en la vivienda donde se refugiaba, resultando detenido y trasladado hasta dependencias de la Guardia Civil de Caudete para la instrucción de las pertinentes diligencias.

En el dispositivo operativo establecido por la Guardia Civil para acceder a la vivienda y detener a esta persona intervinieron efectivos de los Puestos de Caudete, Montealegre del Castillo, Fuente-Álamo y de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic).

Las diligencias policiales instruidas por los diferentes delitos, junto con la persona detenida, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, en funciones de guardia de la localidad albaceteña de Almansa, que ha entendido de las actuaciones.

La Fiscalía de Badajoz pide 51 años de prisión para tres varones acusados de amenazar, golpear y retener en octubre de 2021 a los miembros de una familia en su vivienda La Alconera (Badajoz) con la intención de robarles, hechos que juzgará la Audiencia pacense el próximo 20 de mayo.

El escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, acusa a los tres hombres de los delitos de robo con violencia e intimidación, detención ilegal, lesiones agravadas, amenazas graves y leve de maltrato de obra.

Según el escrito de la acusación particular, que pide por su parte 47 años de prisión para los tres procesados, estos, de forma consensuada con más personas no identificadas, acudieron al domicilio ubicado en una finca de La Alconera ataviados con trajes “para dar una apariencia de dispositivo policial”.

Una vez en la finca los varones gritaron “policía, policía” a la vez que abrían a la fuerza la entrada principal del inmueble, donde sorprendieron al propietario de la casa junto al hijo menor de éste, a los que tiraron al suelo y maniataron, para realizar la misma maniobra de retención en relación a la mujer propietaria y al hijo mayor.

Los procesados golpearon en diversas ocasiones a los propietarios, y los amenazaron con machetes y armas de fuego, mientras que les requerían para que les aportaran información sobre el lugar donde presuntamente guardaban droga, 200.000 euros y oro. Revisaron las estancias de la vivienda y rompieron distintos objetos con la intención de encontrar lo pretendido.

Después de haber registrado la vivienda, dos de los investigados, en compañía de un tercero no identificado, se llevaron a la mujer, la introdujeron en el maletero de un coche y se dirigieron con el vehículo hacia un segundo inmueble de propiedad de ésta en Zafra, vivienda que registraron para después regresar a la finca.

Los procesados volvieron a golpear al propietario en ese momento para preguntarle por los objetos mencionados, pero al no conseguir su propósito se marcharon, no sin antes amenazarlos con regresar y matarlos si hablaban con la Guardia Civil.

La investigación realizada por el instituto armado por este episodio derivó en el registro de distintos inmuebles en Castilla-La Mancha en noviembre de 2023, donde se encontraron bridas, entre otros objetos, utilizados durante estos hechos, los cuales iban a ser juzgados a principios de este mes en la Audiencia de Badajoz, pero la vista se ha pospuesto al próximo 20 de mayo. 

La Audiencia Provincial de Cáceres ha absuelto al exjefe de la Policía Local de Cáceres Benedicto Cacho y al preparador de una academia de oposiciones, en el marco de la supuesta filtración de preguntas de una prueba de acceso en 2021, al considerar que no existen pruebas suficientes para acreditar la revelación de secretos.

Emilio Cortés, que ha ejercido de abogado de Cacho durante el proceso, ha valorado este lunes que la sentencia “es muy generosa a la hora de poner de manifiesto que la construcción acusatoria se ha basado únicamente en sospechas y en prospecciones”, según ha declarado a Efe el letrado.

En el juicio, que se celebró este mes de marzo en la Audiencia Provincial, la defensa solicitó expresamente la absolución de ambos acusados al argumentar que las acusaciones carecían de fundamento.

Por su parte, Manuel Beato, abogado del profesor de la academia, se ha mostrado satisfecho de que el tribunal “haya hecho su trabajo y haya destacado que estábamos ante meras sospechas y suposiciones en este caso”.

Así, los abogados han recalcado que no hubo filtración efectiva y han resaltado la importancia de la sentencia absolutoria, lo que, a juicio de ambos, pone de relieve que “la justicia ha hecho su trabajo” al dejar sin efecto las acusaciones.

Se trató de una prueba para cubrir ocho plazas de la Policía Local de Cáceres mediante sistema de oposición libre, que se celebró en septiembre de 2022. Las plazas se adjudicaron y los agentes ejercen actualmente.

Al respecto, Cortés ha indicado que “no ha habido ninguna reclamación administrativa por parte de ninguno de los concursantes respecto a la inidoneidad de ese procedimiento”, lo que ya implicaba que “ninguna resolución administrativa podía justificar una presunta ilegalidad en el ámbito administrativo de ese concurso”.

Para Beato, “resulta sorprendente que no haya acusación particular”, ya que nadie impugnó la prueba; es decir, “todos los aspirantes estuvieron de acuerdo con las correcciones, no vieron ningún vicio de nulidad”.

La Fiscalía Provincial había solicitado dos años y seis meses de prisión para Cacho y cinco años para el profesor, alegando que ambos compartieron el contenido del examen con varios alumnos, lo que habría afectado a la “igualdad y transparencia del proceso selectivo”.

El procedimiento judicial comenzó el 3 de marzo, pero la primera sesión se aplazó parcialmente debido al gran volumen de documentación administrativa, que incluía cerca de 70 gigas de información, algo que dificultó la preparación de las declaraciones de los testigos.

Durante las sesiones declararon opositores, miembros del tribunal y el actual jefe de la Policía Local, Marcos Urbano, quien detalló el desarrollo del examen y los protocolos internos de la oposición. En la última sesión se proyectaron los audios enviados por el profesor que, según la defensa, no alteraron significativamente los resultados.

El Principado de Asturias registró el pasado año una tasa de litigiosidad de 162,42 asuntos por cada mil habitantes, la tercera más elevada entre las comunidades autónomas tras Canarias (202,06) y Madrid (166,46) y por encima de la media nacional de 153,70.

Según ha informado este martes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los juzgados y tribunales españoles recibieron el pasado año 7.550.806 asuntos, un 3,2 % menos que el año anterior.

Asuntos ingresados

El número de asuntos ingresados se redujo en todas las jurisdicciones a excepción de la penal, en la que crecieron un 1,4 %.

Los 7.437.033 asuntos resueltos suponen un incremento interanual del 2 % y a 31 de diciembre quedaron 4.673.596 pendientes, un 3,45 % más que en la misma fecha de 2024.

Jurisdicción civil

En el orden civil los órganos judiciales registraron 3.287.980 asuntos en 2025, lo que equivale a un descenso del 7,7 % respecto al año anterior.

En esta jurisdicción la capacidad de resolución se incrementó un 4,95% con un total de 3.308.215 asuntos resueltos y los pendiente se mantuvieron estables al quedar en trámite 2.672.464, un 0,6% menos que en 2024.

Jurisdicción penal

La penal fue la única en la que el número de nuevos asuntos, 3.550.118, superó al de 2024, un 1,4 % más.

Los resueltos en esta jurisdicción sumaron 3.451.206, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior mientras que los que quedaron en trámite, 1.255.950, experimentaron un crecimiento del 11,7%.

Contencioso-Administrativo

En la contencioso-administrativa la entrada de 198.961 nuevos asuntos supuso un descenso del 4,25%, también disminuyeron, un 1,75%, los resueltos, que sumaron 212.680, mientras que la pendencia se redujo siendo los 219.492 que quedaron en trámite un 2,7% menos que en el ejercicio anterior.

En la de lo social el ingreso de 513.628 nuevos asuntos supuso un descenso del 2,8 % respecto a 2024, los resueltos se redujeron un 1% al alcanzar la cifra de 464.827 y los que quedaron en trámite fueron 525.652, un 9,4% más.

Era domingo. Sobre las 2.00 de la madrugada del 23 de octubre de 2022, Guillermo aprovechó que Dori, su novia, estaba sola en casa para agarrar un cuchillo de la cocina y empezar a apuñalar a la mujer de forma reiterada hasta matarla. La relación había empezado hacía unos meses, en mayo, marcada desde el inicio por los celos y el “sentimiento de superioridad” de Guillermo frente a ella. Tras asesinarla, él se tiró por la ventana y cayó sobre un tejado de uralita en el patio de luces de la vivienda, situada en Alcoy. Dori, de 27 años, se convirtió en la víctima mortal número 35 de la violencia machista aquel año en España.

Este pasado febrero, la Audiencia Provincial de Alicante condenó a Guillermo a 22 años y medio de cárcel por el asesinato de su pareja. La sentencia detalla la brutalidad del ataque contra Dori, a la que llegó a acuchillar 18 veces “en un lapso de un minuto” para aumentar “de forma intencionada su terror y sufrimiento”. Para asegurarse de la “eficacia” de la agresión, “se aprovechó” de que ella estaba sola en la vivienda y perpetró el ataque “de forma repentina” para que no pudiera defenderse. El fallo reproduce el último mensaje de voz que envió a su amiga segundos antes, ante la inminencia de la embestida: “Tata, está con un cuchillo, llama a la policía por favor”, clamó.

El caso ha sido juzgado por un jurado popular, que, sin embargo, no ha considerado probado que Dori fuera víctima de maltrato habitual y absuelve de este delito a Guillermo, que se acogió a su derecho a no declarar y manifestó padecer “amnesia” por el golpe contra la uralita. El fallo sí descarta que hubiera una tercera persona en la casa aquella noche, como apuntaba la defensa. No es ninguna excepción que la violencia mantenida en el tiempo, la que va más allá de una agresión puntual, quede oculta e invisible: a pesar de que detrás de la violencia machista suele haber un contexto de control, dominación y maltrato sostenido, a veces físico y siempre psicológico, es algo que no pocas veces pasa por encima del radar judicial y social.

“Todavía sigue costando mucho entender el ciclo de la violencia de género y no circunscribirla a hechos aislados. Más aún en este tipo de juicios en los que se cuenta con las limitaciones y dificultades añadidas que implica el jurado popular. En estos casos debemos explicar a ciudadanos corrientes pruebas muy complejas e intentar que comprendan cómo opera y funciona la violencia, algo que no es sencillo teniendo en cuenta lo arraigadas que están las ideas preconcebidas sobre qué es la violencia machista y cómo actúan las víctimas”, sostiene Laia Serra, la abogada de la familia de Dori en el proceso.

Tanto expertas como el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llevan tiempo advirtiendo de que la fotografía de la violencia machista suele estar incompleta debido a lo desapercibido que pasa el maltrato habitual. Aunque el CGPJ no ofrece datos de condenas desglosadas por tipo de delito, sí especifica cuáles se instruyen en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Es una calificación inicial que puede variar, pero da una idea de la orientación que suelen llevar las investigaciones: en 2024, último año completo con datos, el 50% fueron lesiones y malos tratos del artículo 153 del Código Penal, el del maltrato ocasional. Solo el 15% fueron del 173, el que castiga a quien ejerce violencia física o psicológica de forma sostenida.

Un hecho de tres

En el caso del asesinato de Alcoy, el jurado popular decidió absolver a Guillermo del delito de maltrato habitual porque no consideraron probados dos de los tres hechos sobre los que tuvieron que deliberar. “La dinámica del jurado popular es así: tras practicar la prueba, se pide a los miembros que se posicionen sobre si consideran probados una serie de hechos, en base a los cuales el Juez luego, determina si los elementos que configuran ese delito se dan o no”, explica Serra.

El primero relataba cómo el 15 de octubre, días antes del asesinato, la pareja discutió y el hombre “cogió un cuchillo y esgrimiéndolo” ante ella “le dijo que un día la mataría y después se quitaría la vida”, lo que le causó “un hondo temor” a la víctima. El jurado consideró que no estaba probado porque aunque dos amigos de Dori explicaron que se lo había contado ella, ninguno “presenció las amenazas personalmente” y no hay “grabaciones” que lo acrediten.

Tampoco creyeron probado que en la madrugada del 29 de mayo, el acusado “empujó” a Dori “contra el portal de una finca” y le estuvo “gritando e intimidando”. A la escena acudieron dos policías tras la llamada de un vecino, pero el jurado argumenta que ninguno de los tres vio el empujón y el “ruido o estruendo” en la puerta que sí escuchó el vecino “pudo deberse a causa que se desconocen”. Lo que sí consideraron probado es que un sábado en una discoteca de Alicante, Guillermo mantuvo una discusión con la víctima por perder un móvil tras lo que el hombre “empezó a increpar, perseguir y hostigarla” teniendo que intervenir dos vigilantes de seguridad que llegaron a acompañar a Dori en coche.

Serra cree que en el resultado de las deliberaciones sobre el maltrato habitual ha influido una “falta de comprensión generalizada” en la sociedad sobre cómo funciona la violencia machista: “Para la ciudadanía, si una mujer reanuda una relación, como fue el caso de este juicio, es que no hay violencia de género. Igualmente, distinguir entre riñas de pareja y situaciones de maltrato, también es difícil, porque es una cuestión de intensidad y de contexto, en la que los usos sociales están muy arraigados. Pero para que un vecino llame a la Policía, el nivel de violencia de lo que está escuchando tiene que ser importante”, esgrime.

La relación de Dori y Guillermo, a pesar de durar solo unos meses, fue “un cuadro de violencia psicológica” que se extendió a lo largo del tiempo y que acabó con el asesinato de la mujer, describe Serra. “Había audios de ella y testimonios de la hermana y amigos que apuntaban a lo desesperada que estaba y a la manipulación, la coerción y el control a los que la sometía”, señala la abogada, que apunta a que “paradójicamente, el jurado descartó la violencia de género habitual, pero sí consideró que el crimen fue cometido por un móvil discriminatorio”.

De hecho, el fallo sostiene que Guillermo “actuaba movido por los celos y el sentimiento de superioridad” sobre Dori y describe las “llamadas insistentes” que solía hacerle o la ocasión en que la llamó “muchas veces” para recriminarle que hubiera hecho topless en la playa. Esta y otras pruebas, como los gritos de “hija de puta, la que has liado” que escucharon dos vecinas antes de que el hombre se precipitara por la ventana, llevan al jurado a considerar el “carácter posesivo” del condenado.

A juicio de Serra, si el hombre hubiera sido juzgado por un juez “sí se habría determinado el maltrato habitual”. Más aún teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo de 2022, que destaca que “lo relevante” para el delito “no es tanto el número de actos, en ocasiones difíciles de acreditar, sino la creación de un estado permanente de violencia que afecta a la convivencia desde el respeto y la dignidad”. En un reciente análisis de sentencias por asesinatos machistas del Consejo General del Poder Judicial, el organismo advierte en este sentido de que “es el propio modelo de relación establecido y asimétrico en las relaciones de poder” el que acaba provocando los crímenes mortales “más que los conflictos puntuales”.

Quedarse en la superficie

La doctora en Derecho Penal y criminóloga Miren Ortubay destaca la “dificultad añadida” de probar el maltrato habitual y la “tendencia del sistema” a quedarse en la superficie. “En los casos de homicidio sí suele haber más condenas por violencia habitual, pero los asesinatos son la punta del iceberg. La violencia más grave, las humillaciones y las amenazas continuadas, el control y la dominación constante es lo que provoca más angustia y destrucción de la autoestima, pero suele quedar invisibilizada cuando las víctimas ponen la denuncia”, sostiene la experta.

Lo habitual es que las denunciantes se ciñan a un último hecho puntual, la gota que colma el vaso, pero para llegar al fondo hacen falta investigaciones largas y complejas que no siempre se llevan a cabo. “Se requieren pruebas elaboradas, periciales psicológicas, testigos... Es mucho más esfuerzo para el sistema y para la mujer que acusa”, apunta Ortubay, que llama la atención sobre la generalización de los juicios rápidos en violencia de género, que deben solventarse en 72 horas y están pensados para delitos sencillos o en los que hay conformidad entre las partes.

En estos casos, se busca que las mujeres obtengan cuanto antes una orden de protección e incluso que haya menos margen para que puedan retirarse del proceso, pero al mismo tiempo es un mecanismo sobre el que las expertas llevan tiempo debatiendo. “El sistema tiende a convencer a las mujeres de que ya con una condena rápida está todo resuelto, muchas veces no se les explica ni se les pide opinión y al final no se investiga lo que realmente está pasando detrás de un hecho puntual”, recalca Ortubay. El propio CGPJ ya alertó en 2010 de que los juicios rápidos “tienen como contrapartida que se primen los hechos más inmediatos y fácilmente constatables”.

Con todo, la experta apunta a otro elemento que tiene que ver con la propia naturaleza del Código Penal, con el que, en su opinión, “es muy difícil captar la esencia última” de la violencia machista, la que tiene que ver con la dominación. “El Derecho Penal castiga hechos concretos y no es un juicio moral sobre determinados comportamientos, por ejemplo, los celos. En muchos casos, en las relaciones estamos hablando de un control absoluto sobre la vida de otra persona que es casi una forma de relacionarse, un ambiente, una forma de vivir... Y para un problema tan complejo como el de la violencia machista, es un instrumento muchas veces burdo y limitado. Por eso creo que debemos pensar e investigar otras vías de reparación complementarias”.

La RAE define al emprendedor como aquella persona que impulsa con resolución acciones o empresas innovadoras, difíciles o arriesgadas. Y con esa premisa, es normal que la 'aventura' pueda acabar mal. Eso es lo que, en apariencia, le ocurrió a un grupo de 'entrepeneurs' que decidieron probar eso de pedir dinero a inversionistas para impulsar una 'startup' rompedora: un broker de seguros online para pymes y autónomos que, auguraban, pegaría un pelotazo en un breve espacio de tiempo gracias a la entrada en el capital del gigante Nationale Nederlanden.

Según una denuncia admitida a trámite en los juzgados madrileños, los tres investigados, una vez se hicieron con el botín –esas rondas de financiación tan aclamadas en casos de éxito de grandes multinacionales que comenzaron en un garaje–, acabaron llevando a esa 'startup' a concurso de acreedores, y los inversores se quedaron sin su dinero. Después llegó el tiempo de asumir la pérdida, el bochorno de haber animado a otros a invertir, la incertidumbre de haber podido ser engañado y, finalmente, la denuncia ante la justicia.

Según fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es, al menos uno de los tres denunciados ya tenía experiencia demostrable en eso de crear 'startups' que acababan en quiebra dejando agujeros en ocasiones millonarios, y todo ello porque era trabajador (socio) de Antai, una suerte de acelerador de este tipo de empresas que se dedica a impulsar proyectos y conseguir inversores para las rondas de startups como esta.

La historia de Singular Cover, la 'startup' en cuestión, tiene un punto de inflexión en mayo de 2022, cuando uno de los tres denunciados, prevaliéndose de su relación de confianza con la persona presuntamente estafada, le trasladó “la existencia en aquel momento de una gran oportunidad de inversión”. Ese broker –hoy en liquidación– “iba a multiplicar exponencialmente la dimensión del negocio de la compañía y, por ende, los beneficios para sus inversores”. Y, como no, había prisas: “La ronda de inversión estaba completamente suscrita y se acababan los plazos para participar, debía proceder sin dilación”.

El equipo directivo de esa 'startup' iba a estar formada por dos de los denunciados, R.G.M., como CEO y presidente, y C.H.D., como consejero y director de operaciones. A ellos se sumaba E.S.A., que era el socio puesto en el asunto por Antai. El denunciante acabó invirtiendo 25.000 euros por medio de un préstamo participativo capitalizable y lo hizo a través de la sociedad intermedia Angel Joe Capital Partners (el vehículo creado por Antai para este asunto concreto). Además, trajo de la mano a su jefe, que también invirtió y que ahora se adhiere a la denuncia.

Todo ocurrió el 7 de junio de 2022. Un mes después empezaban los problemas: se caía la inversión de 11,2 millones de Nationale Nederlanden y se bajaban también del asunto los fondos de capital riesgo Fin TLV y Munich Re VC. “Se evidenciaba entonces un escenario muy distinto del trasladado hasta el momento por los denunciados”, indica la denuncia a la que tuvo acceso elDiario.es.

Con ese panorama, el que iba a ser CEO de ese broker de seguros reconoció por primera vez la verdadera situación de la empresa, “que se encontraba en un escenario de liquidez muy complicado y en posición de caja negativa”, recuerda el escrito, que añade que esto “había sido interesadamente ocultado hasta ese momento por los denunciados, quienes semanas antes habían presentado a su empresa a los inversores como un proyecto sólido y solvente, ocultando, mediante una maniobra engañosa, datos esenciales sobre el estado real de la empresa”. Y después, como suele ocurrir en estos casos, “a partir de ese momento [los 'entrepeneurs'] empezaron a rehusar sus llamadas y apenas respondían a los mensajes” de los inversores. Finalmente, los denunciados indicaron “que la empresa estaba en situación de insolvencia y que los grandes inversores en realidad solo habían efectuado meras propuestas sujetas a estudio, que finalmente no prosperaron en ningún caso, siendo inminente la entrada de la empresa en concurso de acreedores”.

“Fue doloroso tomar conciencia del engaño sufrido para privarle de su dinero, pero mayor era el dolor que sentía porque tal engaño se había extendido a su jefe”, recuerda la denuncia presentada por el inversionista. En octubre, Singular Cover presentó la solicitud voluntaria de declaración de concurso de acreedores, tramitada ante el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona.

Pero el inversor mantuvo la interlocución con el fallido CEO quien “se comprometió inicialmente a reembolsar el importe de la inversión, reconociendo su responsabilidad en los hechos”. “Lo cierto es que no se produjo devolución alguna, sabiendo ahora mi mandante que ese compromiso solo tuvo una finalidad dilatoria, para evitar que el denunciante iniciara acciones legales”.

En la denuncia –que data de 2023–, el abogado del inversionista presuntamente estafado pone el foco en “el súbito cambio de escenario de la situación de la empresa en tan pocas semanas”, entiende que fue una “clara maniobra de engaño urdida por los denunciados para revestir de apariencia de seriedad y solvencia a su empresa, ocultando dolosamente que en realidad estaba al borde de la quiebra”. Considera, además, que hubo una evidente “maquinación” urdida por los denunciados “para engañar” porque ocultaron deliberadamente “información relevante sobre la verdadera situación de la empresa, con el ánimo de obtener así un acto de disposición patrimonial para su propio beneficio y el de sus empresas”.

“Los siempre difíciles comienzos”

Tras la admisión de la denuncia, la causa fue avanzando, se tomó declaración a los denunciados y, recientemente, la defensa legal del socio de Antai ha solicitado en un escrito presentado el pasado 5 de marzo el archivo libre de la causa para él al entender que de lo instruido hasta la fecha se ha evidenciado que no desarrolló una conducta que encaje en el delito de estafa, “se da una ausencia de indicios de criminalidad”. Explica que él sólo actuó en el proceso en su condición de administrador único de la mercantil Angel Joe Capital Partners SL, el vehículo de inversión a través del cual los denunciantes realizaron sus respectivas inversiones en la empresa Singular Cover.

Y resalta que, lejos de ser una estafa, lo que ocurrió es que “la empresa no superó los siempre difíciles comienzos de una startup tecnológica y finalmente tuvo que presentar concurso de acreedores y posteriormente ser liquidada, con la correspondiente pérdida que ello implica del capital invertido, (…) riesgo que todos conocen y asumen al decidir invertir en este ámbito del capital riesgo”.

Además, recalca que él era solo un asalariado más de la empresa Antai Ventures SL. “El señor E.S.A., en su calidad de empleado de Antai, fue designado representante legal de Angel Joe, que fue el vehículo de inversión del entorno de Antai que se creó para el proyecto Singular Cover, en el que Antai también entró como inversor directo por una cantidad muy relevante”, explica el escrito.

A esto se suma que los presuntamente estafados “son profesionales dedicados al ámbito de banca de inversión y los mercados de capitales” y cuentan “con gran experiencia en el ámbito de las startups y de sus inversiones”. Añade que, de hecho, uno de ellos ya había invertido con anterioridad 10.000 euros en ese mismo proyecto, que esa cantidad la perdió también, y que sin embargo no la reclamó ni entonces ni ahora.

Ese escrito de alegaciones indica que, en contra de lo mantenido por el inversor, los consejeros y socios de la 'startup' “fueron los encargados, junto con empleados de Singular Cover, de proporcionar tanto a los denunciantes como al resto de inversores, un constante flujo de información y documentación sobre la compañía completamente real y actualizada”.

Los otros inversores: cerca de cuatro millones de euros

Por otro lado, pone el foco en que tanto el socio de Antai como miembros de su familia también invirtieron cantidades en ese broker de seguros online, dinero que han perdido “como parte del riesgo que supone una inversión en una startup” y, por tanto, no han reclamado. Añade que el propio fondo Antai invirtió en total 1,35 millones de euros que también se volatilizaron y que, sin embargo, “no ha reclamado ni civil, ni mucho menos penalmente”.

En esas alegaciones, de hecho, se recoge que en la ronda de inversores de ese 2022 otras cinco personas habrían entregado distintas cantidades hasta llegar a 93.000 euros. También aporta información sobre otras empresas y grupos que invirtieron dinero en el broker de seguros, una decena de empresas se dejaron 3,8 millones de euros, perdiendo todos la inversión. Si bien destaca que nadie, salvo el denunciante y quien era su jefe, decidió emprender acciones legales.

Por su parte, fuentes jurídicas señalan que Antai cuenta con una trayectoria sólida, reconocida y plenamente consolidada en el ámbito de la inversión en startups y en el ecosistema emprendedor. Y que desde la compañía se insiste en que los hechos denunciados “no son ciertos”. Recuerdan que el propio escrito en el que se solicita el sobreseimiento se apunta a la ausencia de indicios de ilícito penal ni conducta tipificable, en un contexto propio de inversiones de capital riesgo, donde la eventual pérdida de la inversión forma parte de su naturaleza.

Con todo, Antai manifiesta su máximo respeto al proceso judicial en curso y se muestra convencida de que la causa será archivada, “como no puede ser de otro modo”, al tratarse de una denuncia “sin fundamento real” y dada la falta de fundamento jurídico de la denuncia. En este sentido, lamenta que este tipo de actuaciones puedan responder a intereses ajenos a la realidad de los hechos y orientados a generar un perjuicio reputacional injustificado, incompatible con la trayectoria, la práctica empresarial y el historial de cumplimiento de la firma.

El matrimonio que mantuvo aislados de todo contacto con el mundo exterior a sus tres hijos, dos gemelos que ahora tienen 9 años y un niño de 11, entre las cuatro paredes de su domicilio ubicado a las afueras de Oviedo, durante cuatro años, ha aprovechado el turno de última palabra en el juicio que les ha sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Asturias.

En su alegato final, la pareja ha admitido que su conducta “era anómala”, pero justifica que su comportamiento se debía a que sentía “un miedo insuperable” a que contrajeran el Covid–19 y estaba convencida de que la mejor solución era el autoconfinamiento familiar.

El matrimonio se ha mostrado dispuesto a colaborar con el Principado y la administración de Justicia para ayudar a reconducir esta situación y a recuperar alguna vez el vínculo paternofilial.

Es su máxima aspiración ahora que su único contacto con sus hijos se limita a media hora un día a la semana por teléfono y ante la gravedad de la petición de condena a la que se enfrenta, ya que las acusaciones –pública y particular– solicitan la imposición de sendas condenas para cada cónyuge de 25 años y cuatro meses de cárcel.

Declararon en inglés

“Querían lo mejor para ellos”, han trasmitido los acusados, el alemán Christian S., de 53 años, y su esposa la norteamericana con nacionalidad alemana Melissa A.S., de 48 años, en unas declaraciones efectuadas en inglés al traductor que se las iba relatando en castellano a los magistrados de la Sección Segunda que este jueves han dejado el juicio visto para sentencia en la cuarta jornada de la vista oral.

Esta era la ocasión en la que el matrimonio ha podido hablar directamente de sus sentimientos, sus emociones y sus reacciones a lo largo de estos cuatro años –desde 2021 a 2025– en que se autorrecluyeron en el chalé situado en la zona rural de la capital asturiana haciendo solo vida de puertas para adentro.

Una compleja situación personal y familiar después de la sorpresa que les produjo a todos los miembros de la familia la entrada en la vivienda de los agentes de la Policía Local de Oviedo, el pasado 28 de abril, para liberar a los menores, la detención, posterior ingreso en prisión de los padres y el internamiento de los niños en un centro de menores de la administración del Principado.

Los delitos imputados

Por ello, la pareja ha aprovechado el turno de última palabra una vez que ya han escuchado, dentro de la sala de vistas, todas las manifestaciones de las partes, las declaraciones de los testigos y las periciales psiquiátricas.

Unas palabras que han dirigido al tribunal que a partir de ahora tiene en su decisión su futuro más inmediato. Los magistrados tendrán que deliberar entre dos horquillas muy amplias. Si atienden a las tesis de la Fiscalía y la Letrada del Menor, Patricia Arce que ejercita la acusación particular, que solicitan sendas penas de 25 años y cuatro meses de cárcel por su presunta autoría en un delito de violencia psíquica habitual y tres delitos de detención ilegal o si se decantan por la versión de las defensas que interesan la libre absolución.

No estaban escolarizados

La Fiscalía suma a la petición de cárcel el pago de una indemnización de 30.000 euros para cada uno de los niños por los daños morales ocasionados y pide que a los padres se les prohíba aproximarse a los menores y se les suspenda cualquier régimen de visitas durante más de 11 años.

La acusación pública ha fijado así el perjuicio que los progenitores, Christian S. y Melissa A.S., han podido ocasionar a sus tres hijos por el prolongado tiempo en que no han podido salir a la calle, ni estar escolarizados, ni ser sometidos a seguimiento médico, ni socializar, ni llevar una vida “normalizada”.

La vía legal

Por su parte, los abogados Javier Guillermo Muñoz Pereira, que lleva la defensa de Melissa A.S., y Elena González, que representa a Christian S., piden la absolución.

A lo largo de las cuatro sesiones que se han desarrollado en la Audiencia Provincial de Asturias, los letrados defensores han reiterado que, en su opinión, los acusados nunca tuvieron que ser juzgados por la vía penal y se decantan por la vía asistencial como la mejor opción para abordar esta compleja situación.

Los dos acusados permanecen actualmente en el Centro Penitenciario de Asturias desde su detención y a esta cárcel han acudido a lo largo del año que llevan presos sus abogados defensores. En sus entrevistas con sus representados y en las visitas que han realizado al chalé donde residía la familia y que ha sido bautizada como 'la casa de los horrores' por los agentes de la Policía Local de Oviedo que intervinieron en el operativo pudieron comprobar que es una familia que “es normal, pero tiene un comportamiento que es anómalo y que responde a ese miedo insuperable al Covid”.

“No hay casa de los horrores”

En todas las ocasiones en las que las defensas han comparecido a las puertas de la sede judicial han transmitido a los medios de comunicación que esta denominación es además de incorrecta, injusta puesto que dicen que no se ajusta a su percepción.

A juicio de las defensas, la descripción de los agentes de que los niños vivían en una casa llena de “escombros y excrementos” no se corresponde con la realidad y en ningún caso, según su tesis, eso debería jugar en contra del matrimonio en un juicio penal, porque alegan que ellos no abandonaron a sus hijos y suplían su escolarización con el aprendizaje que seguían en la vivienda.

Juicio a puerta cerrada

No obstante, las defensas han querido ser cautas y no realizar declaraciones textuales de las manifestaciones que se producían dentro de la sala. Los letrados han reconocido a elDiario.es Asturias que han recibido un apercibimiento por parte del tribunal para que no realicen declaraciones al haber acordado que el juicio se celebrara a puerta cerrada, siguiendo así el criterio solicitado por la Fiscalía.

Por ello, este jueves se han limitado a señalar que confían, al igual que sus patrocinados, en que la sentencia que se dicte sea conforme a las peticiones de las defensas y que “este asunto por fin se reconduzca, de donde nunca debió salir, que es del ámbito asistencial o de ayuda de los servicios sociales”.

“Tuvieron decisiones erróneas”

“Nuestra defensa siempre ha sostenido –han afirmado– que esta es una familia normal en circunstancias anómalas y extraordinarias. Tomaron una serie de decisiones, seguramente equivocadas y erróneas, pero no criminales”.

El patrón no era el de una familia “socialmente adaptada”, un extremo que no se ha debatido desde el principio. Durante el juicio, el matrimonio ha incidido en que quiere recuperar el hilo con sus hijos, siempre bajo supervisión de quien tiene la tutela actualmente, que es el Principado de Asturias y ese tema, según las defensas, tampoco se ha puesto en duda.

“La etiqueta es estigmatizante”

“Su actuación siempre ha ido en interés de los menores y, aunque desde fuera quizá se ve extraño -aseguran- los que conocemos todo lo que ha sucedido y hemos visto la casa, sabemos que no se trataba de una casa de los horrores, una etiqueta que no compartimos y nos parece estigmatizante e injusta”.

Los abogados defensores confían en que su tesis absolutoria prevalezca en la sentencia que dicte la Audiencia Provincial de Asturias y esperan que la resolución sea “mesurada, moderada y conforme a derecho” y sobre todo que se pueda poco a poco ir recuperando la relación paternofilial.

Sin salida

“Realmente los padres se vieron inmersos en una bola de nieve y no supieron buscar una salida”, concluye.

Ahora, su futuro depende de los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias que emitirán la sentencia en los próximos días.

El juez que instruye la causa de Forestalia, el titular del Juzgado de instrucción nº 1 de Teruel, Juan José Cortés, ha dictado este jueves una providencia en la que acuerda “la suspensión de todos los plazos actualmente en trámite hasta el día 31 de marzo de 2026”. El instructor cree que se trata “de un plazo razonable” que busca por un lado “asegurar que las partes personadas tienen posibilidad de tomar pleno conocimiento de todas las actuaciones” y que, por el otro, garantiza que “la instrucción marche sin demora”.

A partir de esa fecha, recuerda el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en una nota, se alzará la suspensión y comenzarán a computar todos los plazos que todavía están pendientes. Primero, el plazo concedido para que el propio juez informe sobre la eventual inhibición de la causa. En segundo lugar, el plazo concedido para que se informe sobre posibles personas jurídicas o físicas que pudieren ser afectadas por la adopción de medidas cautelares “a los efectos de que puedan ser citadas y convocadas a la correspondiente vista”, según el TSJA. El tercer y último plazo pendiente es el trámite para adherirse o impugnar el recurso de reforma interpuesto por la representación de los hermanos Pérez Águeda, los presuntos testaferros de la trama.

Todo ello, recuerda el juez, “sin perjuicio de los plazos correspondientes a los recursos respecto de las diferentes resoluciones dictadas”.

El juez Cortés justifica la decisión adoptada ante la “especial complejidad de la causa” en cuanto a la tramitación procesal“, lo cual es debido principalmente ”a la multitud y amplitud“ de los escritos aportados por la Policía Judicial, al número de personaciones y a la existencia de ”multitud de trámites pendientes“. Entiende, por todo ello, que ”para la efectividad de los derechos, tanto de defensas como de las acusaciones personadas, ha de garantizarse que todas ellas tengan un acceso total a las actuaciones“. Más en un contexto en el que señala que se han ”producido disfunciones“ debido a ”problemas técnicos“ y la ”dificultad del propio sistema de asumir tanta y tan voluminosa documentación“. ”Esa prevención debe serlo en el sentido de que ese acceso total lo sea antes de cumplimentar los diferentes trámites pendientes“, indica el togado.

Para terminar, el titular del Juzgado nº1 de Teruel aclara asimismo que, una vez “observado” que el 8 de marzo de 2026 se incorporaron a la causa “los anexos que faltaban y de los que se había advertido que solo constaba la carátula”, se puede entender “que el expediente ya está completo”. “Ello –matiza– sin perjuicio del propio devenir de la instrucción y las nuevas actuaciones que se vayan incorporando como consecuencia de las diligencias acordadas”.

A.S.G., de 36 años, estaba casado y tenía dos hijos de 3 y 15 años. El 7 de febrero de 2017, su familia se despidió de él como un día normal cuando salió a trabajar. Tenía que desplazarse con una grúa móvil, de gran tonelaje, desde la base de la empresa Grúas Roxu S.A. sita en Tabaza, en el concejo asturiano de Carreño, hasta el parque eólico situado en el lugar denominado El Acebo, dentro del concejo asturiano de Grandas de Salime.

Un accidente laboral frustró su regreso a casa ya que, cuando circulaba en medio de una pista forestal, sin señalizar, con mala visibilidad debido a que estaba oscureciendo y por un terreno embarrado, éste cedió al paso del vehículo pesado y se precipitó por la ladera de una montaña, desde 66 metros. El trabajador salió despedido de la cabina y falleció esa misma noche en el lugar del accidente.

Tras un largo periplo judicial, los magistrados del alto tribunal asturiano han cuantificado en 371.130 euros la indemnización global para la viuda, sus hijos y los padres del fallecido, tras declarar que el accidente fue debido a la “omisión de medidas específicas de seguridad en el trabajo que provocó que el trabajador llevase a cabo sus tareas en una clara situación de riesgo y en tal omisión encontró su causa directa el accidente”, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias.

Del sobreseimiento a la condena

La familia del trabajador ha tenido que esperar nueve años para ver declarada la responsabilidad empresarial en el accidente mortal. En este tiempo, la causa ha ido pasando por varios órganos judiciales: el Juzgado de Instrucción número Uno de Castropol dictó en 2018 auto de sobreseimiento provisional en una resolución que fue recurrida y confirmada por la Audiencia Provincial de Asturias donde se acordaba el archivo.

Posteriormente, la familia interpuso una demanda, que recayó en el Juzgado de lo Social 3 de Oviedo, donde ya empezó a establecerse una relación de causalidad hasta que finalmente la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha avalado su tesis de que la muerte en accidente laboral se debió a la falta de medidas de seguridad en el trabajo.

Los hechos probados

Según el relato de hechos probados, el día del accidente, A.S.G. recibió el encargo de la empresa para que condujera la grúa móvil de marca Liebherr, desde la base de Tabaza hasta el parque eólico ubicado en el lugar denominado El Acebo, “siendo el objeto del trabajo auxiliar con la grúa en las labores de reparación y mantenimiento de un aerogenerador”, según consta en la sentencia confirmada por el TSJA.

A.S.G. conducía la grúa con una Masa Máxima Autorizada (M.M.A) de 60.000 kilogramos, reflejada en su ficha I.T.V., sobre las 19.15 horas del 7 de febrero de 2017 dentro de una pista forestal cuando “de forma sorpresiva la calzada se derrumbó al paso del vehículo especial que conducía, hundiéndose las ruedas derechas del aparato, lo que ocasionó que el camión grúa girase sobre sí mismo volcando de lado (giro de tonel) y cayendo por el precipicio existente en la margen derecha de la vía”. A consecuencia del accidente, el trabajador falleció a las 21 horas del mismo día.

El “esfuerzo probatorio” de la familia

El TSJA ha dictado una sentencia condenatoria en base tanto a los informes técnicos emitidos por la Guardia Civil como a las pruebas periciales practicadas a instancia de la propia familia de la víctima.

La sentencia resalta el hecho de que frente al esfuerzo probatorio realizado por la familia, ninguna prueba pericial se practicó a instancia de las codemandadas.

La responsabilidad empresarial

Paradójicamente, frente al contundente informe de la Guardia Civil, la inspectora de Trabajo no apreció infracción de normas de seguridad en la producción del accidente.

El informe de la Inspección de Trabajo discrepaba respecto a la responsabilidad empresarial, en contraposición a los extremos corroborados por la Guardia Civil, que han sido avalados por la justicia.

Un lugar “remoto y sin señales”

El informe técnico de la Guardia Civil especificaba que la grúa no tenía autorización para circular por la pista forestal donde ocurrió el accidente e incluso constaba un oficio del Ayuntamiento de Grandas de Salime advirtiendo de la ausencia de solicitud de informe en orden a permitir la circulación de vehículo especial.

En un oficio de la Guardia Civil se describía que el accidente se registró “en un lugar remoto, deshabitado, en horas nocturnas, con ausencia de señales identificativas de cualquier tipo, lo que hizo dificultosa la labor de identificación del lugar, hasta el punto de que se posicionó erróneamente sobre el término municipal de Ibias cuyo partido judicial correspondería al Juzgado de Cangas de Narcea”.

El error de ubicación

Sin embargo, con posterioridad, se pudo verificar que se había producido dentro del término municipal de Grandas de Salime perteneciendo al partido judicial de Castropol.

El firme donde se produjo el accidente era “flexible” y el estado de conservación “malo”, por el grado de humedad, baches y surcos, y carecía de iluminación artificial, siendo el horario al atardecer (con poca luminosidad), y mala visibilidad por la configuración de la vía con abundantes tramos curvos y márgenes provistos de vegetación arbórea formando bosque y talud en el margen izquierdo, según consta en la sentencia.

Sin planificación

La empresa de grúas, de la que es titular J.M.G.S., omitió las medidas específicas de seguridad en el trabajo, según advierten los magistrados, dado que la actividad laboral con grúas de gran tonelaje -como la que conducía A.S.G.-, requieren una planificación y cuidado que no se tuvo por parte de la mercantil.

A esta circunstancia se vino a sumar el hecho de que el lugar por donde el gruista circulaba, en medio de una pista forestal, carecía en 2017 de cualquier tipo de señalización, sin que el trabajador contara con la indicación concreta del lugar al que tenía que dirigirse.

El gruista “no se distrajo”

La Guardia Civil descartó la posible existencia de una posible distracción del conductor “en tanto que el trazado de la huella de impronta discurre paralelo al eje de la calzada, mientras es trazada la curva a derecha”.

Además tenía el permiso de la clase C desde hacía 15 años y llevaba trabajando en Grúas Roxu S.A. con la categoría de gruista desde 1999, por lo que, según exponía, “tenía una dilatada experiencia laboral en la empresa para la cual trabajaba conduciendo este tipo de vehículos especiales”.

La condecoración

La familia no ha querido hacer declaraciones ya que, según han asegurado fuentes cercanas, está atravesando un momento delicado puesto que, al dolor por el fallecimiento del trabajador, se sumó el hecho de ver cómo se personaba en la causa Grúas Roxu S.A.como perjudicado solicitando el coste de la grúa.

Una circunstancia añadida ha sido el anuncio del Ayuntamiento de Siero, municipio donde reside la familia, de que el empresario J.M.G.S. será condecorado con la medalla de oro del concejo, en una fecha aún por determinar, al acoger la propuesta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) por su contribución a “crear riqueza y empleo en el territorio”.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha señalado este miércoles que el préstamo de seis millones de fondos autonómicos a la empresa Duro Felguera (DF) se concedió a través de la Sociedad Regional de Promoción de Asturias (SRP), con un “componente claramente” de participación privada, y que su devolución dependerá de la decisión judicial si bien puede “ser compleja”.

Durante su intervención en el turno de preguntas al presidente en el pleno de la Junta General del Principado, en respuesta a la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, Barbón ha explicado que en su plan de restructuración Duro Felguera propone a la autoridad judicial que la deuda contraída con la SRP y los bancos “quede amortizada para salvar la empresa”.

Una aportación de 2021

“Nosotros nos hemos opuesto. Hemos dicho que ese dinero, que ciertamente es la SRP quien lo acuerda, proviene del Gobierno de Asturias, fue una aportación de 2021”, ha apuntado al respecto.

Barbón ha dicho que ahora “depende de un juez la decisión” de aceptar ese plan de restructuración de la empresa, al que el Principado “se opuso”, porque consideró que esos seis millones eran “fondos públicos”.

“Si el juez lo decide, la situación está compleja”, ha apuntado el presidente del Principado.

Las críticas del PP

Con todo, ha señalado que esos fondos fueron “vitales” para intentar salvar la empresa -“que, de hecho, se salvó”- y contribuyeron a “redimensionarla” y a buscar nuevas salidas, como ha ocurrido con El Tallerón, lo que ha salvado “cientos de empleos”.

Sobre este asunto se ha referido hoy también el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, al recordarle a Barbón que se trata de “seis millones que pertenecen a todos los asturianos”.