La Fiscalía de Cantabria pide diez años de prisión a un acusado de tomar fotografías, almacenarlas y crear con Inteligencia Artificial imágenes de pornografía infantil para satisfacer su propio interés sexual. Se le imputan más de 8.000 instantáneas captadas y vídeos grabados a niños de menos de 16 años desnudos en las playas de Santander, cuando estaban bañándose o jugando ajenos a la presencia del sospechoso, procesado por delitos de elaboración y tenencia de pornografía infantil.

Según el escrito de la acusación pública, el implicado acudió de forma reiterada a arenales de la capital cántabra con varias cámaras suyas y, para “atender su propio ánimo libidinoso”, captó imágenes y grabó a menores no identificados que estaban en la playa desnudos, “bañándose o jugando, ajenos a su presencia”.

Después, almacenaba los vídeos y fotos que “año tras año” iba tomando en discos duros que guardaba en su domicilio. Junto a ese material también guardaba en el ordenador e igualmente “para su propio uso” otras imágenes en las que “se representaban de forma hiperrealista y confundible con la realidad menores de edad desnudos y posando provocativamente”, fotografías creadas mediante Inteligencia Artificial y descargadas de Internet.

En julio de 2024, el acusado fue una vez más a la playa de El Sardinero y desde los Jardines de Piquio trató de tomar imágenes de los menores y sus genitales. Sin embargo, fue observado por un agente de movilidad que, tras comprobar los hechos, avisó a la Policía Local de Santander.

El sospechoso huyó al ser descubierto y se subió en un autobús, donde le encontraron los efectivos, que le requirieron para que se bajara del vehículo. Pero se negó, trató de borrar los archivos y, cuando un policía le quitó la cámara, reaccionó violentamente y le agredió.

Los hechos constituyen, a juicio de la Fiscalía, un delito continuado de elaboración de pornografía infantil, otro de posesión de ese material y uno más de atentado a los agentes de la autoridad.

Por todo ello, la fiscalía pide diez años y diez meses de prisión; trece años de inhabilitación para ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento; dieciocho años de inhabilitación para profesión o desempeño con menores, y diez años de libertad vigilada.

La audiencia preliminar de este procedimiento está prevista este lunes, 8 de junio, a las 10.00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

La jueza de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Logroño ha acordado inhibirse a favor de los Juzgados de Navarra en la causa abierta por los hechos ocurridos en Fuenmayor el pasado 28 de mayo, en los que fue asesinado un hombre de 26 años y agredida una mujer que mantenía una relación sentimental con el presunto agresor.

El investigado fue detenido poco después de los hechos y el Juzgado de Guardia de Logroño acordó el pasado 30 de mayo su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, como presunto autor de un delito de homicidio y de un delito de homicidio en grado de tentativa.

La decisión de inhibición ha sido comunicada hoy a las partes mediante un auto. En la resolución, la Magistrada considera que carece de competencia territorial para continuar con la instrucción del procedimiento al constar en las actuaciones que el domicilio habitual de la víctima no se encuentra en ningún partido judicial de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Según recoge el auto, la víctima tiene su residencia habitual en la Comunidad Foral de Navarra, circunstancia que determina la competencia de los órganos judiciales de dicha comunidad para conocer de la causa.

La resolución fundamenta esta decisión en lo dispuesto en el artículo 15 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que, en los delitos cuya instrucción corresponde a los juzgados de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial viene determinada por el lugar del domicilio de la víctima.

La existencia de una investigación por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa cometido contra la pareja del investigado es el elemento que atribuye el conocimiento del procedimiento a los órganos especializados en Violencia sobre la Mujer y, en consecuencia, determina la aplicación de la citada regla competencial. Por ello, la Magistrada acuerda remitir las actuaciones a los juzgados competentes de Navarra para que continúen la tramitación del procedimiento.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que la plantilla del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Toledo sufre una “situación insostenible” debido a que “es incapaz de hacer frente los cientos de procedimientos pendientes y de absorber el volumen de asuntos que recibe”.

Este juzgado entraba en funcionamiento en abril de 2024 con la competencia de los partidos judiciales de Toledo, Orgaz e Illescas. CSIF alerta que los funcionarios destinados a este juzgado “se ven obligados de manera habitual a prolongar su jornada laboral más allá del horario oficial, fijado entre las 8 y las 15 horas, para intentar sacar adelante todo el trabajo acumulado llegando a salir durante muchos días a las 17 o las 18 horas. Estas horas extraordinarias no son compensadas ni económica ni temporalmente”.

El presidente de CSIF Justicia Castilla-La Mancha, Manuel Pelayo explica que “con la plantilla actual sólo se puede hacer lo urgente, mientras que el resto de procesos se van almacenando e incluso su resolución tarda años y años. Es un problema muy grave”.

Explican que hace meses se crearon tres plazas de refuerzo destinadas exclusivamente a la incoación de demandas. Sin embargo, esta medida “resulta claramente insuficiente” para atender la totalidad de las funciones que desarrolla el juzgado.

La situación “ha empeorado” y el volumen de trabajo “es ingente”

Desde CSIF apuntan que la última semana de mayo hubo once casos de violencia y que este pasado lunes se produjeron otro seis, que conllevaría: “procesos complejos y largos, estamos hablando procedimientos penales, civiles o de menores relacionados con la violencia de género, así como órdenes de protección, medidas cautelares, actuaciones con participación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, médicos forenses… todo lo urgente se atiende, lo que conlleva que los trabajadores superen con creces su jornada laboral, sobre ellos recae esta desproporcionada carga de trabajo, pero el resto de procesos o es que directamente es inasumible poder atenderlos”, señala Pelayo.

Para el sindicato, la situación “ha empeorado” tras la reciente reación de la segunda plaza de juez titular para este Juzgado de Violencia sobre la Mujer, ya que no ha conllevado la dotación de personal: “continúan el mismo número de trabajadores, una plantilla de ocho funcionarios más tres temporales para hacer frente a un volumen de trabajo ingente”.

Denuncian que tampoco hay personal para cubrir bajas, sustituciones o nueva necesidades: “en la actualidad, la Bolsa de Trabajo de Toledo carece de efectivos disponibles en los cuerpos de Auxilio Judicial y Gestión Procesal, mientras que en Tramitación Procesal apenas quedan cinco personas disponibles. Pese a ello, el Ministerio de Justicia no tiene prevista una actualización inmediata de estas bolsas de trabajo”.

Por todo ello, CSIF exige al Ministerio de Justicia la adopción “urgente” de medidas que permitan reforzar la plantilla, cubrir las necesidades estructurales del juzgado y garantizar una respuesta ágil y eficaz en una materia “especialmente sensible” como es la violencia sobre la mujer.

“Las consecuencias son tremendas tanto para los profesionales que prestan servicio en este Juzgado como para las víctimas, que dependen de una tutela judicial rápida y efectiva”, concluye Pelayo.

No sabe nada del paradero de su hija porque fue su exmujer quien “se la llevó” de las instalaciones del punto de encuentro donde se desarrollaba la visita tras “empujar” a una educadora. Es la versión ofrecida por el padre biológico de Miranda, de cinco años, de la que se desconoce su paradero desde el pasado mes de abril.

El hombre, de 41 años, fue arrestado ayer en una operación policial desarrollada en el poblado de la Sierra de Granda, en el concejo asturiano de Siero. Varios coches patrulla aparcaron, a primera hora, en el poblado y los agentes empezaron a buscarlo casa por casa.

Las quejas

Su familia ha mostrado públicamente sus quejas por el amplio despliegue que realizaron los agentes de la Policía Nacional para tratar de localizarlo y detenerlo. Aseguran que al menos eran “ocho coches” en una actuación que califican de “desproporcionada”.

El hombre se encontraba en la casa de sus padres, con los que convive tras su separación matrimonial, y tras arrestarlo fue conducido a dependencias del cuartel de la Policía Nacional, en Buenavista, en Oviedo/Uviéu, donde ha pasado la noche en el calabozo.

Esta mañana pasó a disposición judicial y esta tarde ha quedado en libertad provisional, según han confirmado a elDiario.es Asturias fuentes judiciales.

La búsqueda

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen activa la alerta para tratar de localizar a la niña, cuya imagen ha sido incluida en los carteles que SOS Desaparecidos ha difundido a través de las redes sociales por si alguna persona pudiera aportar algún dato que permita dar con su paradero.

La menor llevaba 18 meses viviendo con una familia de acogida y la administración regional autorizaba visitas reguladas y controladas con sus padres biológicos al haberse desarrollado con anterioridad todos los encuentros sin incidencias.

Miembros de Global Sumud Flotilla han interpuesto este martes una querella criminal en el Tribunal de Instancia de Bilbao por “brutalidad policial” contra la Ertzaintza y contra el consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, del PNV, tras las cargas que tuvieron lugar el pasado 23 de mayo, a la llegada de los activistas al aeropuerto de Loiu. “Hemos interpuesto una querella criminal en representación de Global Sumud Flotilla como acusación popular por los hechos ocurridos en el aeropuerto de Loiu cuando llegaron los voluntarios de la Flotilla. Euskal Herria entera y parte del mundo vieron las imágenes. La Ertzaintza utilizó una vez más una brutalidad policial totalmente innecesaria y desproporcionada. Violentamente tiraron al suelo a los miembros de la Flotilla y cuando estaban en el suelo siguieron golpeándoles con sus bastones policiales. Estas personas acababan de sobrevivir días de secuestro de gran violencia a manos de las fuerzas de ocupación israelíes y cuando llegaron a Loiu fueron golpeadas por la Ertzaintza de forma brutal”, ha denunciado la abogada de los activistas Haizea Ziluaga, tras presentar la querella.

Junto a ella han acudido al juzgado una docena de personas que han mostrado banderas de Palestina y fotografías de las heridas provocadas por la Ertzaintza durante las cargas tras las cuales detuvo a cuatro personas acusadas de desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad. Según informó en aquel momento el Departamento vasco de Seguridad, tras lo sucedido, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza inició una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajustó a las instrucciones en vigor.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, pidió perdón en inglés por las cargas en una comparecencia en el Parlamento Vasco, pero después en castellano y euskera aclaró que la presencia policial en la terminal estaba justificada y que todo arrancó con una “agresión” a un agente de la autoridad y hasta recalcó que entre los activistas había dos exmiembros de ETA, uno condenado a seis años de prisión y la otra a doce. Preguntado el pasado viernes por el tema en la sesión de control al Gobierno, no volvió a realizar ninguna referencia directa al operativo e insistió en que hay un problema en la sociedad vasca porque se está perdiendo el principio de “autoridad” y aseguró que, “mientras tenga la confianza del lehendakari”, Imanol Pradales, seguirá trabajando para garantizar el “orden”.

“A nosotras nos corresponde denunciar lo sucedido y, como acusación popular, pedir responsabilidades. Las declaraciones del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que asumió en primera persona lo sucedido, son inaceptables. Niega lo evidente”, ha criticado la abogada en referencia a sus afirmaciones de que la carga de la Ertzaintza fue “provocada” por una “agresión previa” a un agente.

Según ha destacado, la denuncia va dirigida contra los agentes de la Ertzaintza que actuaron en Loiu, contra los que dirigieron esa “operación policial brutal” y contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, por “detención ilegal, lesiones y delito de odio”, entre otros. “Nos hemos visto obligadas en más de una ocasión a tener que venir al juzgado a defender la solidaridad con el pueblo de Palestina. Denunciar el genocidio que está cometiendo el Estado sionista de Israel es un derecho civil y político y nosotras seguiremos ejecutando este derecho porque es nuestra obligación”, ha concluido la abogada.

La primera jornada de testigos en el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz ha estado marcada por la matización de las declaraciones de la fase de instrucción, hasta el punto de que la estrategia de las acusaciones populares (ejercidas por Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, PP y Vox) ha sufrido un evidente frenazo.

Los tres primeros testigos de la causa —los directores de los conservatorios pacenses en diferentes etapas que trabajaron con el hermano del presidente del Gobierno— han enmarcado en el terreno de los “rumores” y las “conversaciones informales” el supuesto conocimiento previo de que la plaza estaba asignada de antemano a David Sánchez, por lo que han desactivado el supuesto amaño o enchufe por el que la Audiencia de Badajoz juzga al músico y al expresidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, por prevaricación y tráfico de influencias.

En el caso hay otros nueve acusados, todos altos cargos del PSOE, que participaron en la creación, selección y adjudicación del puesto, que a partir de 2022 pasó a denominarse “jefe de la Oficina de Artes Escénicas”.

La declaración de Evaristo Valentí, Yolanda Sánchez y Rosario Mayoral ha demolido la que hasta ahora era la joya de la corona de la acusación: el famoso correo electrónico con el asunto “hermanísimo”, que se envió el 19 de mayo de 2017, el mismo día en que se publicaron las bases de la plaza. Su autor, Evaristo Valentí, entonces director del Conservatorio Superior, no lo ha negado; pero lo que se presentaba como una prueba irrefutable de que la plaza estaba adjudicada antes de convocarse, Valentí lo ha rebajado a la categoría de anécdota.

El profesor de guitarra ha insistido en que usó ese término porque era “llamativo” y había “rumores” de que se presentaría a la plaza, pero que también conocía los nombres del “80% de los candidatos”, por lo que ha negado que existieran especulaciones sobre que la adjudicación estaba amañada y que estas eran sobre su concurrencia al proceso de selección. A las preguntas de las acusaciones sobre de dónde salía esa información, el testigo ha asegurado no recordarlos: “Sería en una conversación informal, en la secretaría del centro, en los pasillos... no sé quién lo dijo”.

En la primera jornada del juicio se ha hablado tanto de rumores y especulaciones que el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Patrocinio, ha llegado a advertir que a la sala no le interesan “ni los rumores ni las elucubraciones ni los corrillos”.

“La ayuda del coordinador vino muy bien”

En esta primera jornada de declaración de testigos también ha quedado descafeinada la acusación de supuesto absentismo laboral de David Sánchez (absentismo que, de haberse dado, tampoco sería un delito ni penal ni de ninguna clase). Las tres personas que han dirigido los centros musicales de Badajoz en la última década han coincidido en lo mismo: no era un trabajador fantasma.

Yolanda Sánchez, destinataria del correo de Valentí, ha admitido que la carga de trabajo de los dos conservatorios es “tremenda” y que la ayuda de un coordinador “vino muy bien”. Además, ha admitido que tenía “un buen currículum, estaba muy bien formado y capacitado para la plaza”. Ello a pesar de que tanto Valentí como ella no consideraron necesaria la creación de la plaza de coordinador porque había “otras necesidades”.

Por su parte, María Rosario Mayoral (directora entre 2020 y 2025) ha apuntado que el programa Ópera Joven conllevaba “muchísimo trabajo” y que el músico siempre estuvo “disponible” para reuniones, matizando que las ausencias o la menor periodicidad de los encuentros presenciales coincidieron con la pandemia, una excedencia y su baja de paternidad.

Las acusaciones han dirigido muchas de sus preguntas a tratar de inferir el supuesto absentismo laboral de Sánchez, que ha quedado desmontado, y conocer si cumplía con las funciones del cargo con cuestiones muy concretas sobre, por ejemplo, si dirigió las orquestas de los conservatorios, asuntos que nada tienen que ver con el proceso penal que se sigue en la Audiencia Provincial por el que el hermano de Pedro Sánchez se enfrenta a una pena de tres años de prisión.

Ante las preguntas insistentes de la acusación, la directora del Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez' ha asegurado que David Sánchez desempeñaba “todas” las funciones propias de su puesto como coordinador y se reunían con “asiduidad”, a veces de forma presencial y otras a través del correo electrónico o por teléfono.

Incluso el testimonio de Nerses Avakimyam, uno de los opositores que compitió por la plaza frente al investigado, ha transitado por la misma vía de normalidad. Se enteró del puesto por un portal de empleo, no detectó nada extraño en los requisitos exigidos y tampoco observó quejas de opacidad entre el resto de los aspirantes.

Este martes y miércoles continuarán las declaraciones de los testigos dentro de una lista que incluye a 42 personas. El turno de los acusados, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, está fijado para los días 4 y 5 de junio, mientras que los informes finales se expondrán los días 8 y 9. No obstante, el tribunal ya ha advertido de que, si las sesiones se prolongaran, el juicio no podrá superar el límite del 19 de junio.

El exdirector del Conservatorio Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, ha negado en el juicio al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017 que existieran rumores de que la plaza era para este y ha aclarado que el rumor era que el “hermanísimo” era uno de los candidatos a la coordinación de los conservatorios pacenses. “También conocía al 80% de los aspirantes”, ha explicado ante las preguntas de la acusación de Manos Limpias.

Valentí remitió un correo en mayo de 2017 a la directora del Conservatorio Profesional de Badajoz, Yolanda Sánchez, con el asunto de “hermanísimo” en el que hablaba de varios candidatos a la plaza, entre ellos David Sánchez, pero que usó ese calificativo porque era “llamativo”. En su declaración durante la fase de instrucción llegó a decir que su uso era “jocoso”. No obstante, ha reiterado que no había rumores sobre el posible amaño de la plaza para que se adjudicara al hermano del presidente, sino que la especulación era que se iba a presentar.

De esta forma, el exdirector del Conservatorio Superior ha tumbado una de las dos pruebas de cargo, el correo electrónico con el asunto 'hermanísimo', que han llevado al banquillo a David Sánchez, al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y otros nueve acusados por la creación de la plaza, la adjudicación y la posterior conversión de la plaza a Jefe de Artes Escénicas en 2022.

Valentí ha reconocido que no era partidario de la creación de la plaza de coordinador porque iba a recaer en una “figura ajena” a la estructura de los conservatorios, que podría tener criterios “pedagógicos muy distintos”. Pero ha enmarcado dentro de la normalidad que tanto él como la otra directora, Yolanda Sánchez, tuvieran que diseñar las funciones de esa plaza que se iba a crear. “Es normal que se nos pida asesoramiento técnico para la memoria justificativa”, ha subrayado.

El testigo también ha reconocido que durante su etapa como director del conservatorio se reunió con regularidad con David Sánchez, una vez nombrado coordinador. “Reuniones diarias”, ha dicho a las preguntas del abogado de Manos Limpias, e incluso algún fin de semana, y también ha admitido que considera que el músico era una persona preparada para el puesto que ocupó hasta 2022.

“Muchísimo trabajo” en la Ópera Joven

La segunda testigo de la jornada ha sido, Rosario Mayoral Núñez, que fue directora del Conservatorio Superior entre 2020 y 2025, sustituyendo a Evaristo Valentí. Mayoral también ha asegurado que no le constaban las afirmaciones sobre que el nuevo puesto creado por la Diputación fuera para asignarlo a dedo a Sánchez y que antes de la llegada del músico a la institución provincial no había escuchado que se le conociera como “hermanísimo”.

Sobre su relación profesional con el coordinador de los conservatorios, ha explicado que mantuvieron reuniones con “periodicidad” y ante la insistencia de la acusación ha especificado que podrían ser “tres o cuatro veces al año”, pero también ha matizado que asumió el puesto de directora durante la pandemia y, además, coincidió con una excedencia y la baja de paternidad de David Sánchez.

Mayoral ha asegurado desconocer de quién partió la idea de crear una plaza de coordinador de los conservatorios pacenses y que esta “en principio no era una necesidad”. Pero la Diputación de Badajoz volvió a convocarla tras la dimisión del hermano de Pedro Sánchez hace un año. De hecho, ha admitido que los equipos directivos de los centros “estamos a veces colapsados por la cantidad de actividades académicas, que acaban convirtiéndose en culturales porque se abren a la ciudad, a la provincia, a la región y a Portugal”.

El puesto que ocupó David Sánchez pasó a denominarse Jefe de la Oficina de Artes Escénicas en 2022 y la acusación tendrá que demostrar si ese cambio se produjo para satisfacer las “preferencias personales del músico”. Sobre ello, la testigo ha asegurado “desconocer” las atribuciones de esa oficina, pero, al mismo tiempo, ha afirmado que el programa Ópera Joven, ideado por Sánchez, conlleva “muchísimo trabajo” y que ha llevado a cabo una labor de difusión de la música y de los conservatorios por toda la provincia. También ha indicado que la oficina dirigida por el hermano del presidente del Gobierno ha sido una vía de oportunidades laborales para los alumnos y exalumnos.

Tampoco fue conocedora de los rumores sobre el presunto amaño de la plaza a favor de David Sánchez la directora del Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez', Yolanda Sánchez, que ha asegurado que el término 'hermanísimo' lo conoció por el correo de Evaristo Valentí en mayo de 2017, pero, según ha dicho, no recuerda si le dijo que Sánchez iba a optar al puesto o que era para él, algo que el exdirector del Conservatorio Superior ha negado.

Sánchez tampoco sabe de quién partió la idea de crear la plaza de coordinador de los conservatorios, un puesto que existió hasta 2010, cuando se jubiló Emilio González Barroso. No obstante, aunque “nunca” consideró la posibilidad de que se volviera a ocupar ese puesto, cuyas tareas recayeron en “compañeros”, ha reconocido que la “ayudas nos vino muy bien” porque la actividad de los dos conservatorios de la Diputación es “tremenda”. “Fue positivo, todo suma”, ha añadido.

La directora del Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez' ha explicado que David Sánchez “desempeñaba” todas las funciones de su puesto y que se reunían con “asiduidad”, a veces de forma presencial y otras por correo o por teléfono. Por último, ha considerado que el hermano de Pedro Sánchez tenía buen curriculum y estaba formado y capacitado para el puesto, aunque no había escuchado hablar de él en el sector, posiblemente por su trayectoria fuera de España.

Un aspirante a la plaza niega irregularidades

En esta primera jornada de testificales en la Audiencia de Badajoz también ha prestado declaración Nerses Avakimyam, uno de los aspirantes que se presentó al proceso de selección para ocupar la plaza de coordinador de los conservatorios municipales. Según ha dicho, “oyó” que unas de las personas que se presentaban al puesto era David Sánchez, pero “siempre se comentan cosas y se dicen cosas”.

Avakimyam ha manifestado que se enteró de la convocatoria por la suscripción a un portal de empleo y que no le llamaron la atención los requisitos incluidos en las bases. También ha afirmado que no vio irregularidades en el proceso ni escuchó de otro opositor que hubiera irregularidades.

Este lunes se ha retomado el juicio en la Audiencia de Badajoz y comenzarán a prestar declaración los primeros de los 42 testigos previstos. Si se cumplen las previsiones del tribunal, el turno de los acusados será a partir del jueves. Tanto para Sánchez como para Gallardo, las acusaciones solicitan tres años de prisión.

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha solicitado la nulidad de la causa que desde este jueves se sigue contra él por prevaricación y tráfico de influencias y otros diez acusados en la Audiencia de Badajoz por la contratación del músico en 2017 en la Diputación Provincial. Su abogado, Emilio Cortés, ha atacado la denuncia que en 2024, siete años después de que Sánchez se incorporara a la institución pacense como coordinador de los conservatorios, presentó Manos Limpias en base a en “recortes de prensa” por delitos contra Hacienda, la Seguridad Social, fraude y exacciones ilegales. “Sin embargo, ninguno de esos delitos aparecen en el escrito de acusación, no se juzgan, lo que formalmente es llamativo”.

Cortés ha defendido que se ha llevado a cabo en una investigación prospectiva porque cuando los delitos de la denuncia no se sustentaron, hubo un “enganche popular” para relacionar a David Sánchez con la “trama” Víctor de Aldama después de que así lo señalara un medio de comunicación digital, lo que ha demostrado que era una “pura mentira, una invención” porque en el juicio del caso Koldo en el Tribunal Supremo no se ha abordado. Por eso ha sostenido que la denuncia del pseudosindicato ultra tuvo una “inspiración de signo político, solo hay que ver el sesgo de las acusaciones populares”. Estas están conformadas también por Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum.

Según la defensa de Sánchez, el procedimiento “tiene la raíz podrida” debido al inicio del caso y porque algunas de las actuaciones ordenadas por la instructora han lesionado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del hermano del presidente. También ha elevado objeciones al proceso de incautación de los correos electrónicos, pues estaban referidos a la denuncia inicial y, a partir de ahí, surgen “hallazgos casuales” que tampoco sustentan indicio alguno.

El letrado ha advertido que el presunto delito de aceptación de nombramiento ilegal del que se acusa a David Sánchez está prescrito, puesto que la denuncia se presentó siete años después de su incorporación de la Diputación de Badajoz. También ha presentado dos certificados del Ministerio de Educación que homologan la titulación académica obtenida por el músico en Rusia, ya que las acusaciones pusieron en duda la formación de Sánchez.

El abogado del expresidente de la Diputación y exlíder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, también ha solicitado la nulidad parcial del procedimiento porque en el auto de apertura de juicio oral aparecen hechos delictivos sobre a los que Gallardo no se interrogó durante la instrucción. En concreto, se refiere a la contratación en la institución provincial de Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, como jefe de sección de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas, una plaza en comisión de servicio.

La defensa de Gallardo también ha presentado una nota de prensa de la Diputación de 2016 cuando se empezaron a preparar los presupuestos del siguiente ejercicio, la convocatoria del comité federal del PSOE que en 2016 acabó con la dimisión de Pedro Sánchez, la celebración de las primarias socialistas en mayo de 2017, que ganó y la celebración en junio de ese año del Congreso Federal. Todo ello para demostrar que en el momento de la creación de la plaza de coordinador de los conservatorios, durante la oferta de empleo público y la contratación del David Sánchez, su hermano no tenía poder orgánico en el PSOE.

La Fiscalía, que pidió el archivo de la causa, no ha presentado cuestiones previas, pero se han adherido a algunas de las planteadas por las defensas. En concreto, el Ministerio Público apoya la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal, que, en todo, caso, se trata de un delito leve, como ha planteado la defensa de David Sánchez.

También se ha adherido la cuestión planteada por el abogado de Gallardo sobre la nulidad parcial del procedimiento porque la instructora no lo llamó a declarar sobre la contratación de Luis María Carrero, un hecho sobre el que se le acusa en el auto de apertura de juicio oral. Según la Fiscalía, se trata de una “acusación sorpresiva”, que podría haber vulnerado el derecho fundamental del expresidente de la Diputación a la defensa.

Las acusaciones de Vox y Manos Limpias chocan por el papel de Pedro Sánchez

Como era previsible, todas las acusaciones han rechazado las cuestiones previas planteadas por las defensas, sobre todo en lo relativo a que se haya producido una investigación prospectiva durante la fase de instrucción. Pero ha habido un tema en el que los letrados que representan a Manos Limpias y Vox han chocado por la supuesta influencia del presidente del Gobierno para que su hermano fuera contratado en la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios pacenses.

El abogado de Manos Limpias, José María Bueno, ha rechazado las pruebas documentales presentadas por la defensa de Miguel Ángel Gallardo para demostrar que durante la creación de la plaza que ocupó el músico (octubre 2016), el proceso de selección y su posterior contratación (mayo 2017) Pedro Sánchez no tenía ningún poder orgánico en el PSOE. Según Bueno, se trata de un “delito local” y en las pruebas y en la documentación posterior “no se cuenta por ningún sitio si intervino”.

Pero esa postura ha sido criticada por la letrada de Vox, Marta Castro: “¿Cómo que no tiene nada que ver? Si aquí lo que estamos viendo es la influencia de Pedro Sánchez”, ha afirmado.

La plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha citado el próximo 18 de junio al presidente del PP de Mairena del Aljarafe, Vicente Agenjo, para trasladarle una imputación formal por un delito de malversación, un paso previo a una vista oral con jurado popular.

Según la información, adelantada por ABC, el juez ha dictado de esta forma una resolución por la que acuerda incoar el procedimiento ante el Tribunal del Jurado. Así, le ha citado el referido día a una comparecencia que prevé la Ley del Jurado. El líder popular estaría imputado por un delito de malversación continuada. La denuncia parte de José Antonio López, candidato a la alcadía de Mairena del Aljarafe en 2023, por el PP, aunque el edil dimitió a finales de 2024.

Cabe destacar que Agenjo fue contratado en 2023 como asesor del Gobierno de José Luis Sanz en el Ayuntamiento de Sevilla, donde tiene cargo de director institucional.

Por el momento, el PP de Sevilla ha asegurado este jueves tras conocerse la citación que ha activado “mecanismos internos de verificación” y, en su caso, se dará “traslado a los órganos de Derechos y Garantías competentes”. Fuentes populares han trasladado a Europa Press su “respeto absoluto” a la presunción inocencia del referido líder, que ha sido citado a una comparecencia que prevé la Ley del Jurado. Así, han esgrimido que el grupo “actuará siempre con máxima exigencia ética, respeto a la Justicia y defensa de la imagen del Partido”.

La jueza del caso Novo Banco, en el que presuntamente un asesor financiero de la sucursal de Santander supuestamente estafó cerca de 50 millones de euros a casi 80 clientes, ha acordado que se investigue por delito continuado de estafa, falsificación por particular de documento mercantil y administración desleal contra el ex empleado porque presuntamente se benefició de inversiones de sus clientes.

En un auto dado a conocer este miércoles, consultado por Europa Press, la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la ciudad transforma en procedimiento sumario ordinario las diligencias previas abiertas en 2020 a raíz de una denuncia de la Fiscalía contra el investigado, Jacobo Vidal, quien previamente había remitido al ministerio público un escrito relatando unos hechos presuntamente delictivos.

En su momento, él mismo denunció los hechos a la Fiscalía y los admitió ante la jueza, implicando también al banco al asegurar que sabía lo que hacía pero carecía de “controles” y “miraba para otro lado” por los beneficios que su actividad le reportaba. En su resolución, la magistrada solicita ahora, además, un informe al Servicio de Vigilancia Aduanera para que “cuantifique el posible lucro que podrían haber obtenido” los familiares del investigado por “la actividad delictiva presuntamente realizada” por él.

Por otro lado, en otros tres autos, la instructora ha acordado el sobreseimiento de la causa respecto de sendas personas que hasta ahora también estaban investigadas: el que era director de la oficina bancaria, otro gestor financiero de la misma y una cuñada de Vidal, en los que no aprecia indicios de conducta delictiva en su actuación.

Las decisiones de la jueza se producen tras tomar declaración, el pasado viernes, a un funcionario de Vigilancia Aduanera para la ratificación del informe elaborado por esta institución en julio de 2021.

Según se desprende del mismo y recoge uno de los autos, Vidal, presuntamente, “mediante sus inversiones en productos derivados llevadas a efecto en nombre de clientes de su cartera, llegado el vencimiento procedía de forma arbitraria a distribuir los retornos de tales inversiones, originando con ello perjuicios económicos a la mayoría de sus clientes y beneficiando a sus familiares, en concreto a su esposa, a su padre y a sus tres hermanos”.

Para tal fin, “habría creado, al parecer, una estructura financiera, de forma que, a partir del mes de mayo de 2010, activa una serie de cuentas bancarias (Grupo 1) abiertas a nombre de sus familiares que utilizaría para llevar a efecto su operativa inversora de productos derivados”.

Después, “habría realizado múltiples transferencias bancarias a un segundo grupo de cuentas (Grupo 2), también aperturadas a nombre de tales familiares directos, si bien manejadas directamente por él mismo, de forma que fueron él y su esposa quienes presuntamente dispusieron en todo momento de tales fondos”. Así, realizaron “disposiciones en efectivo, transferencias con destino a cuentas de la esposa, sufragando viajes y otros gastos de carácter personal”.

A su vez, desde las cuentas del segundo grupo, “el investigado habría efectuado transferencias periódicas a favor de otras cuentas (Grupo 3) de las que también eran titulares sus familiares más directos en forma de asignaciones mensuales, en cuantías que oscilan entre los 1.000 y los 2.000 euros, coincidiendo en su mayoría con fechas de principios o finales de mes”. En este caso, los titulares de las cuentas disponen directamente de los fondos “para atender sus gastos personales (recibos, pagos por tarjetas, extracciones de cajero, pago de préstamos, etcétera)”.

Sobreseimiento de tres investigados

La magistrada explica que el informe de Vigilancia Aduanera sobre la cuñada del investigado, quien también compareció el viernes, relata que a su nombre existían cuentas de los grupos 1 y 2, y que entre las mismas se produjeron 209 transferencias por importe total de 767.635 euros.

Sin embargo, el mismo informe indica que no existen flujos de capital entre esas cuentas de Novo Banco y el resto de las de la investigada en otras entidades “orientadas al gasto familiar o cotidiano”, y que “no se detectan asignaciones o transferencias periódicas”.

Por tanto, la magistrada concluye que “no habría resultado beneficiada de asignación alguna periódica mensual” y, si bien existe una cuenta del Grupo 2 a su nombre, “lo cierto es que era directamente dispuesta y manejada por el investigado, y utilizada por él para la presunta comisión de los ilícitos penales”.

Por otro lado, la magistrada archiva la causa en relación al entonces director de la sucursal en Santander. Novo Banco se querelló contra él al entender que los hechos investigados se produjeron con la ayuda de otras personas de la entidad y que el director de la oficina debió supervisar, analizar, autorizar y controlar las operaciones realizadas por Vidal.

Sin embargo, la instructora señala que, si bien “incumplió las funciones de supervisión y control”, actuación que puede calificarse como “gravemente negligente e irresponsable”, ello no permite inferir la concurrencia de indicios suficientes de participación dolosa del director en los delitos que se persiguen en la causa.

Además, “tampoco consta que obtuviera beneficio personal alguno derivado de la operativa investigada, ni que asumiera dominio funcional sobre las operaciones concretamente ejecutadas” por Vidal.

“Una dinámica estructural de relajación”

Lo que la magistrada aprecia es “una dinámica estructural de relajación generalizada de controles internos, tolerada, al parecer, por la propia organización bancaria, con ausencia de mecanismos eficaces de supervisión, normalización de prácticas irregulares y remisión automática de documentación a servicios centrales sin comprobaciones sustanciales previas”.

Así, la conducta atribuible al que era director de la oficina “se proyecta sobre una deficiente o inexistente supervisión de la actividad desarrollada en la oficina bancaria, permitiendo una dinámica operativa al parecer irregular y contraria a la normativa interna de la entidad”.

“Sin embargo, tal proceder, aun pudiendo resultar profesionalmente reprochable e incluso generador de responsabilidad para la propia entidad bancaria, no permite inferir suficientemente la concurrencia del dolo específico requerido para los delitos de falsedad documental mercantil, estafa o administración desleal”, zanja la magistrada.

Finalmente, archiva la causa respecto de otro gestor financiero de Novo Banco, contra el que también se querelló la entidad al considerar que actuó junto con el principal investigado.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha ratificado la condena por intrusismo profesional, estafa y lesiones imprudentes contra un hombre que ejerció como odontólogo en una clínica de Navalmoral de la Mata, donde atendió a pacientes durante aproximadamente una década sin la titulación requerida, aunque rebaja la pena inicial hasta los dos años de prisión.

Los hechos se remontan al periodo 2001-2011, durante el cual el acusado realizó tratamientos dentales completos, incluyendo extracciones, implantes y prótesis, pese a no estar habilitado como odontólogo ni colegiado. En concreto, se le condena a cuatro meses por intrusismo y por cinco estafas a 20 meses, mientras que las lesiones imprudentes se sustituyen por multa.

La sentencia considera probado que el acusado se hacía pasar por profesional cualificado, lo que llevó a varios pacientes a contratar tratamientos y abonar distintas cantidades económicas. El tribunal subraya que los perjudicados actuaron bajo una apariencia de profesionalidad, ya que lo hicieron en “la creencia de que el acusado contaba con la cualificación profesional correspondiente”, lo que determinó la contratación de los tratamientos y el pago de los importes presupuestados.

Parte de los tratamientos no se completaron por el cierre de la clínica y otros resultaron defectuosos, lo que obligó a los afectados a acudir a nuevos profesionales.

El tribunal aprecia la “existencia de engaño” para sostener el delito de estafa, al entender que se produjo un desplazamiento patrimonial basado en una “confianza viciada por la falsa condición profesional del acusado”.

Asimismo, se mantiene la condena por lesiones imprudentes en uno de los pacientes, tras acreditarse secuelas derivadas de una intervención odontológica, según informes forenses que concluyen que las actuaciones “no cumplieron las mínimas normas exigidas por la lex artis”. Además, deberá abonar una responsabilidad civil superior a 40.000 euros, más intereses, por los perjuicios causados a los pacientes.

En materia de responsabilidad civil, la sentencia mantiene las indemnizaciones por los tratamientos abonados y no finalizados o defectuosos, y confirma las compensaciones por lesiones, que incluyen más de 24.000 euros en el caso de un paciente afectado por secuelas (entre días de curación, incapacidad y daños), además de otras cantidades por tratamientos no completados.

Solo se introduce una modificación puntual, reduciendo a 300 euros la indemnización de uno de los perjudicados al acreditarse únicamente ese importe como efectivamente abonado.

La Audiencia, no obstante, ha estimado parcialmente el recurso y ha rebajado algunas de las penas impuestas inicialmente por el Juzgado de lo Penal de Plasencia, aunque mantiene la condena por todos los delitos.

La pena, tras la apelación, queda fijada en dos años de prisión, además de una multa de 60 días con cuota diaria de seis euros y la inhabilitación para el ejercicio de la odontología y la prótesis dental durante cuatro meses.

La resolución no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. 

La titular de la plaza 1 de la Sección de Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia de Villanueva de la Serena (Badajoz) ha decretado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para los seis detenidos por la muerte a tiros del cantaor flamenco Matías de Paula en esa localidad el pasado 15 de mayo.

De los seis detenidos que han prestado declaración en sede judicial, uno de ellos se ha declarado el autor confeso del homicidio. Esta persona está siendo investigada por los presuntos delitos de homicidio confeso con la concurrencia de pertenencia a organización criminal y homicidio en grado de tentativa, por las lesiones causadas a un taxista.

De los otros cinco detenidos, cuatro de ellos con los que guarda relación de parentesco el autor confeso del crimen, están siendo investigados por el presunto delito de homicidio con la concurrencia de pertenencia a organización criminal.

Al sexto detenido se le han abierto diligencias por el presunto delito de encubrimiento.

La titular de la Sección ha levantado antes de las declaraciones el secreto expreso de las actuaciones, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Matías de Paula, cantaor muy conocido en Villanueva de la Serena y en el ámbito flamenco extremeño, falleció hace una semana por varios disparos de arma de fuego en la plaza Rafael Alberti de esa localidad pacense. El presunto autor del crimen huyó junto a más personas y no fue detenido hasta el martes.

En el operativo participaron la Guardia Civil y la Policía Nacional, que lograron detener al acusado en un camino en las inmediaciones de Magacela, una localidad cercana. En su huída, apuñaló a un taxista que se negó a trasladarlo en su vehículo al reconocerlo. El conductor se encuentra fuera de peligro, aunque su estado médico ha llegado a ser crítico.

Los hermanos de los dos detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas han corroborado este viernes en el juzgado de Villafranca de los Barros (Badajoz) la versión de la defensa y han exculpado al hermano mayor, Manolo G., de su participación en los hechos.

El abogado defensor de Julián G., el hermano menor y autor confeso del crimen, José Duarte, ha corrobado este extremos al término de las declaraciones judiciales que ha calificado como “bastante positivas” para la línea de defensa.

Los dos hermanos y la cuñada de los detenidos “han corroborado un poco la declaración en su momento de Julián y la no participación de Manolo”, por lo que salen “bastante satisfechos”, ha manifestado el letrado.

A la salida de los juzgados, los familiares de los investigados han evitado realizar declaraciones ante los medios de comunicación y han abandonado el lugar intentando esquivar a las cámaras de televisión y los periodistas.

En esta jornada de recogida de pruebas testificales, más breve que en anteriores ocasiones, también han declarado dos agentes policiales y una vecina de Francisca. Esta vio llegar a Manolo la noche de los hechos y se ha mostrado convencida de su participación, además de visiblemente afectada tras su comparecencia.

La investigación judicial en fase de instrucción por el asesinato de Francisca Cadenas, vecina de Hornachos desaparecida en 2017 y cuyos restos óseos fueron hallados el pasado marzo, continúa abierta a la espera de nuevas pruebas periciales y forenses, así como una nueva cita judicial a testigos el próximo 18 de junio. 

El sistema judicial de Extremadura camina hacia la estabilidad organizativa mientras asume una profunda transformación estructural. Los órganos judiciales de la comunidad autónoma registraron durante el pasado año 2025 una reducción de la litigiosidad del 4,7%, alcanzando un total de 131.718 asuntos ingresados. Un descenso “ligero” que, según ha destacado la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena Aragón, ha permitido equilibrar la balanza de trabajo: en el mismo periodo se resolvieron 131.417 procedimientos, lo que demuestra una sólida capacidad de respuesta del servicio público.

Durante la presentación de la Memoria Judicial anual, Tena ha subrayado que el principal hito organizativo del ejercicio ha sido el despliegue progresivo de los Tribunales de Instancia en los 21 partidos judiciales de la región. Este ambicioso proceso de reconfiguración se completó en dos fases a lo largo del año pasado: el 1 de julio arrancó la primera etapa en 16 partidos judiciales, mientras que los cinco núcleos de mayor carga —Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Don Benito— culminaron su integración el 31 de diciembre. “Su desarrollo se ha llevado a cabo con normalidad y sin incidencias reseñables”, ha remarcado la presidenta, vinculando este éxito al impulso paralelo de la digitalización y a las herramientas telemáticas que han agilizado trámites y evitado desplazamientos innecesarios a la ciudadanía.

Vanguardia en la protección frente a la violencia machista

Uno de los puntos más destacados del balance anual se sitúa en el ámbito de la violencia de género. Tras la creación de nuevas secciones especializadas y el refuerzo de magistrados en distintas sedes, Extremadura se ha blindado de manera integral. “Somos la única comunidad autónoma que tiene todo su territorio especializado en esta importante y preocupante materia”, ha aseverado Tena en referencia a la cobertura total de los órganos judiciales de violencia sobre la mujer.

Los datos estadísticos de la memoria reflejan el peso de esta actividad judicial en la región: a lo largo del año se dictaron 1.064 sentencias firmes por delitos de violencia machista, que se tradujeron en 6.316 penas y medidas de distinta índole, además de 2.100 medidas cautelares (entre ellas, 510 órdenes de protección).

El informe del TSJEx también arroja radiografía sobre el perfil de estos delitos en Extremadura: la franja de edad mayoritaria tanto de los agresores condenados como de las víctimas se sitúa entre los 31 y los 50 años. Asimismo, en el 75% de los casos analizados existía una relación de pareja y se daba una situación de convivencia entre ambos en el momento de los hechos.

Petición de refuerzos a Madrid y apertura social

A pesar de los buenos índices de resolución y la estabilidad del sistema, el alto tribunal extremeño no pasa por alto las necesidades acuciantes de la planta judicial de la región. La memoria vuelve a poner sobre la mesa la exigencia de crear nuevas plazas de magistrados para reforzar las secciones civiles de las Audiencias Provinciales de Cáceres y de Badajoz, así como la ampliación de efectivos en las áreas Civil, Mercantil y Social de los recién creados Tribunales de Instancia. Unas demandas que permanecen a la espera de recibir luz verde mediante un Real Decreto de nuevas unidades judiciales por parte del Gobierno central.

Más allá de las cifras y las reformas estructurales, el TSJEx ha querido destacar el éxito de su programa de apertura institucional 'Educar en Justicia'. Durante el último curso escolar, un total de 1.600 alumnos procedentes de 45 centros educativos de toda Extremadura han podido conocer de primera mano el engranaje de los tribunales. Un broche de divulgación ciudadana que coincidió, además, con las actividades conmemorativas del 235 aniversario de la Real Audiencia de Extremadura, que incluyeron sus primeras jornadas de puertas abiertas y la visita institucional del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la región.

El barrio ovetense de Vallobín sigue aún conmocionado por el doble crimen de María y José, la hermana y el cuñado respectivamente de Jesús L.A., 'Susi', el toxicómano acusado de matar a cuchilladas a sus familiares.

La Fiscalía del Principado considera que aún puede continuar su carrera delictiva después de que haya estado en prisión por dos asesinatos anteriores y esa posible reiteración unida al riesgo de fuga son los dos motivos de peso que le han llevado a solicitar esta mañana su regreso al Centro Penitenciario de Asturias.

La petición se ha efectuado ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza número 1, de Oviedo/Uviéu.

Los delitos imputados

La Fiscalía ha interesado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de 'Susi', a quien atribuye su presunta autoría en dos delitos de homicidio/asesinato.

El Ministerio Fiscal solicitó esta medida cautelar dada la gravedad de los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, puede imponerse al detenido.

Mostró los cadáveres a un toxicómano

A las once de la mañana llegaba el furgón de la Policía Nacional a la sede de los juzgados ovetenses y de su interior descendía el presunto autor del doble crimen para prestar declaración.

'Susi' fue detenido el pasado martes tras el hallazgo de los cadáveres de su hermana y su cuñado. Un toxicómano que había acudido a comprar droga a su domicilio, en el inmueble número 10 de la calle Vázquez de Mella, denunció los hechos a la Policía después de que él mismo le enseñara los cuerpos sin vida de sus familiares.

Familiares de los dos hermanos investigados por el asesinato de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos (Badajoz) desaparecida en 2017 y cuyos restos óseos fueron hallados el pasado marzo en la casa de los acusados, declaran este viernes en el marco de la instrucción judicial.

También está previsto que declaren el mismo día varios agentes que participaron en la investigación policial, todo ello enmarcado en el proceso judicial que investiga el Juzgado de Villafranca de los Barros.

La recogida de pruebas testificales continuará el próximo 18 de junio dentro de la instrucción que todavía permanece abierta y pendiente de nuevas pruebas periciales y forenses.

Los restos óseos de Francisca Cadenas continúan actualmente en Madrid, donde el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y el equipo antropológico trabajan en distintos informes periciales que todavía no han concluido. Una vez finalicen estos estudios, los restos podrán ser analizados también por el perito de la acusación particular, cuya solicitud ya ha sido autorizada por el juez. Además, se está a la espera de nuevas pruebas y volcados realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Entre otras actuaciones previstas está la reconstrucción de los hechos en Hornachos y una nueva declaración de los dos hermanos detenidos e investigados por asesinato, aún sin fechas a la espera del avance de la instrucción. 

La Fiscalía de Asturias no se conforma con la condena a dos años y diez meses de cárcel que la Audiencia Provincial ha impuesto al matrimonio que durante cuatro años mantuvo aislados de todo contacto con el mundo exterior a sus tres hijos, dos gemelos que ahora tienen nueve años y su hermano de once, en la vivienda familiar, bautizada policialmente como 'la casa de los horrores', ubicada en la zona rural de Oviedo/Uviéu por miedo a que se contagiaran del covid.

El Ministerio Fiscal considera que el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias debería haber reflejado en la sentencia que con su comportamiento los padres habrían incurrido en tres delitos de detención ilegal, uno por cada uno de los menores, lo que habría elevado considerablemente la condena.

La Fiscalía solicitaba sendas penas de 25 años y cuatro meses de cárcel para los acusados, por lo que la diferencia entre su petición y el fallo es abismal.

Una pena más elevada

Por ello, la Fiscalía del Principado de Asturias ha decidido interponer ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) un recurso de apelación contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

En este recurso, la acusación pública solicita a la Sala que revoque el fallo y condene a la pareja también por los tres delitos de detención ilegal de los que fueron absueltos.

En su resolución, la Audiencia Provincial entendió únicamente que en su caso concurrían la existencia de un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y de un delito de abandono de familia.

El Principado también recurre

De la misma opinión es la administración del Principado, que ejerce actualmente la tutela de los tres hermanos que siguen evolucionando bien en el centro de menores donde están acogidos desde la detención de sus padres.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco, ya había anunciado el pasado día 15 de este mes que el Gobierno asturiano interpondría un recurso por la misma razón alegada ahora por la Fiscalía.

La detención ilegal

En aquella ocasión, la consejera se pronunció a favor de recurrir la sentencia para que el TSJA contemplara los delitos de detención ilegal.

La administración autonómica, que se personó en el procedimiento como acusación particular y solicitó para los padres al igual que la Fiscalía una pena de 25 años y cuatro meses de cárcel, advirtió de que la sentencia debería haber recogido la figura de la detención ilegal, al haber sido retenidos los menores, aislándolos de todo contacto.

La buena evolución de los niños

Marta del Arco reconoció que los tres hermanos siguen “una evolución lenta” por “todo lo vivido” y se encuentran en un centro de acogimiento residencial en el que conviven “perfectamente con otros niños”.

Los magistrados de la Sección Segunda impusieron al alemán Cristian S., de 53 años, y a su esposa Melissa A.S., de 48 años y con doble nacionalidad -alemana y estadounidense-, una pena individual de dos años y cuatro meses de cárcel por el delito de violencia psíquica habitual en el ambito familiar, a la que se suma otra condena de seis meses de prisión por el delito de abandono de familia.

Inhabilitados para la patria potestad

A estas dos penas se sumó igualmente su inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda y acogimiento durante tres años y cuatro meses, y se les prohíbe aproximarse a los menores a menos de 300 metros, a su domicilio, lugar de estudio o cualquier otro que frecuenten durante tres años y cuatro meses.

Asimismo, ambos fueron condenados a otra pena de privación a la tenencia y porte de armas durante cuatro años y seis meses y el pago de una indemnización para cada uno de los tres menores de 30.000 euros, en concepto de responsabilidad civil.

Cuatro años aislados

Durante los cuatro años que ha durado el aislamiento de la familia, en el período comprendido entre los meses de diciembre y abril de 2025, los menores no salieron de la vivienda, estaban sin escolarizar, continuaban con pañales, pese a su edad, y se movían por la casa con tres mascarillas cubriendo la boca para no contagiarse.

Los padres tenían secuelas de covid persistente y, según explicaron sus abogados defensores, ese “miedo insuperable” a que contrajeran la enfermedad les llevó a autoconfinarse y a mantener a los menores dentro de casa, sin dejarlos siquiera que pudieran salir al jardín.

La alerta de la vecina

Una vecina que vivía en los alrededores de la vivienda familiar se puso en contacto con el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu ante su sospecha de que dentro del chalé convivían más personas que el padre, que era el único que estaba empadronado, y tras unas vigilancias discretas por parte de la Policía Local ovetense, se decidió intervenir.

Los agentes acudieron a la vivienda el 28 de abril de 2025 con autorización judicial y, tras liberar a los menores, los padres fueron detenidos.

Tras comparecer en el juzgado, ambos fueron trasladados a la prisión de Asturias, donde han permanecido ingresados como presos preventivos durante un año.

De la cárcel al juicio

Desde la prisión, el matrimonio fue trasladado a la sede judicial donde el pasado mes de marzo fue juzgado a lo largo de varias sesiones.

Finalmente, el tribunal les impuso una sentencia condenatoria que los padres de los menores conocieron a través de sus abogados en la cárcel.

Desde el centro penitenciario, la pareja mostró su satisfacción por no haber sido condenada por los delitos de detención ilegal, alegando que su comportamiento se debía exclusivamente a ese “miedo insuperable” al covid y sin que detrás de su actitud hubiera una intención real de aislar a los menores para quienes, según dijeron, “solo querían lo mejor para ellos”.

Con el anuncio de los recursos del Principado y la Fiscalía, la decisión del futuro de la pareja queda ahora en manos de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama firmó este lunes un auto en el que sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. La resolución, que supone la primera imputación de un presidente del Gobierno en democracia, forma parte de una investigación que el magistrado mantenía bajo secreto y que se remonta al año 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción fue alertada por las autoridades de Francia y Suiza sobre la posibilidad de que el rescate a la aerolínea Plus Ultra hubiera sido utilizado para alimentar una trama de lavado de dinero de Venezuela.

Esas Órdenes Europeas de Investigación remitidas por las autoridades de ambos países acabaron derivando en la presentación de una querella por parte de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2024 que se dirigió contra seis personas, entre las que no estaba el expresidente. La querella apuntaba que Plus Ultra hizo un “uso indebido” del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno le concedió en la pandemia porque parte de esos fondos fueron utilizados para blanquear dinero “ilícito” procedente de Venezuela. 

La Fiscalía sostenía en esa querella que Plus Ultra figura como “firmante y beneficiaria” de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de una supuesta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España y dedicada a blanquear dinero “ilícito” procedente de actos de malversación “de muy alta cuantía” cometidos por funcionarios en Venezuela. La querella citaba fondos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y ventas de oro del Banco de Venezuela. Esos contratos daban “cobertura” a devoluciones por parte de Plus Ultra a cuentas en el extranjero de la supuesta red de blanqueo, tras recibir la ayuda pública, según la querella. 

Anticorrupción presentó una primera denuncia en la Audiencia Nacional sobre estos hechos el 21 de octubre de 2024 contra varios ciudadanos de origen extranjero (Venezuela, Perú y Países Bajos) y un abogado español. Pero el Juzgado de Instrucción 2 la inadmitió al considerar que los hechos eran constitutivos de un delito de blanqueo no cometido íntegramente en el extranjero, por lo que no era competente el tribunal especial. 

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó esta decisión en diciembre de 2024 y trasladó a la Fiscalía que presentara su querella ante el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid. Ese mismo juzgado había investigado el rescate de Plus Ultra tras una denuncia que el pseudosindicato ultra Manos Limpias presentó en 2021. Pero acabó archivando la causa en enero de 2023 al considerar que no aparecía “debidamente justificada la comisión de un delito”, ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de la pandemia. 

A instancias de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid acordó investigar en secreto el posible blanqueo con los fondos del rescate como parte de una pieza separada dentro de las diligencias que había abierto en 2021 tras la querella de Manos Limpias. 

Las conversaciones que sustentan la imputación

El caso salió a la luz en diciembre del año pasado, cuando ese juzgado ordenó detener al presidente de la compañía aérea, Julio Martínez Sola; el consejero delegado, Roberto Roselli; un abogado; y el amigo de Zapatero Julio Martínez Martínez, empresario que estuvo contratado por la aerolínea como una especie de facilitador para sus problemas en Venezuela. En los registros de sus empresas y domicilios se incautaron las conversaciones que sustentan ahora la imputación de Zapatero. 

Al trascender los hechos, Manos Limpias presentó en diciembre una nueva querella en el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid contra Zapatero y Plus Ultra que se basaba en recortes de prensa y varias acusaciones sin pruebas lanzadas por Víctor de Aldama, el empresario imputado en el caso Koldo. La jueza Esperanza Collazos llegó a admitir esa querella, según fuentes del pseudosindicato ultra, si bien la iniciativa de la causa la siguió llevando Anticorrupción. 

El pasado 27 de febrero, esa magistrada se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, que ahora sí aceptó la competencia para instruir la causa y mantuvo el secreto de las actuaciones hasta este martes. El levantamiento de esa reserva arrojará luz en los próximos días sobre el papel de Zapatero, al que el juez José Luis Calama califica de “núcleo decisor y estratégico” de la red de corrupción destapada a raíz del rescate de Plus Ultra.

El Jutjat Social número 8 de València va acollir dimarts el judici per les presumptes irregularitats en el procés de selecció pel qual es va adjudicar a A. G., exempleada del Consorci València 2007, una plaça com a cap de Gestió Economicofinancera de l’Autoritat Portuària de València (APV). La vista s’hauria d’haver celebrat el juliol de l’any passat, però va quedar suspesa per indisposició d’un dels lletrats.

La causa sorgeix a conseqüència d’una denúncia d’UGT pel fet de considerar que tant aquest procés de selecció de personal d’alta direcció com un altre que va resultar adjudicat a M. G., també exdirectiva del Consorci i pendent de judici, van ser falsejats.

Segons han informat elDiario.es fonts coneixedores de la testifical, la vista va començar a les 10.15 i va ser especialment rellevant el testimoniatge d0E. O., excap de Recursos Humans de l’APV, que va confessar davant la jutgessa que va ser la presidenta, Mar Chao, qui l’abril del 2024 li va remetre per correu electrònic les bases ja redactades i amb el jurat conformat, tal com va avançar elDiario.es en revelar els correus intercanviats per totes dues responsables.

E. O. va afirmar davant la magistrada que va desaconsellar a la presidenta que fora ella la que elaborara les bases, però que, així i tot, la instrucció va ser que es publicaren al més prompte possible fent els ajustos numèrics necessaris. L’excap va revelar també que, després d’aquesta topada amb Chao, va ser traslladada a un altre departament, en concret al de Compromís Corporatiu.

També va ser cridanera l’estratègia de l’advocat de l’Estat que defensa a l’APV. Les mateixes fonts han comentat que va centrar tots els esforços a evitar que l’informe de la Intervenció General de l’Estat destapat en exclusiva per aquesta redacció siga admés com a prova en el cas. El moriu principalment és que hi ha un recurs de l’organisme portuari davant l’Audiència Nacional contra una resolució del Consell de Transparència que conclou que l’informe és públic. Per tant, considera que fins que no es resolga aquest contenciós no es pot fer ús del document.

A aquesta pretensió s’ha oposat l’advocat d’UGT que ha defensat que tal com conclou el Consell de Transparència, l’informe s’ha d’entregar degudament anonimitzat a qualsevol interessat que el requerisca, perquè té la consideració de públic i que aquesta qüestió no té per què interferir en cap procediment judicial, com sosté la defensa de l’APV.

De l’interés de l’advocat de l’Estat perquè no es tinga en compte l’informe de la Intervenció es pot intuir que es tracta d’una de les claus del procediment. No debades, assenyala que fins a cinc processos de selecció de personal de direcció, entre ells el que es va analitzar en la vista de dimarts, “contenen requisits o mèrits que predeterminen d’una manera o una altra el candidat seleccionat. Per tant, podrien no respectar-se els principis constitucionals d’accés a ocupació pública”.

La jutgessa també es va interessar per l’acta notarial presentada setmanes abans d’adjudicar-se la plaça en què diversos extreballadors del Consorci encerten que l’adjudicatària seria A. G., tal com va passar. De fet, va acudir un dels exempleats que van presentar l’escrit davant notari per a donar fe que efectivament ho van fer perquè estaven convençuts que el procés estava falsejat.

Les parts disposen ara de 10 dies per a al·legar el que consideren oportú i per a presentar el seu escrit de conclusions a partir del qual la jutgessa emetrà una sentència.

Investigació en Anticorrupció

El judici de dimarts és independent de la investigació oberta per la Fiscalia Anticorrupció arran d’una denúncia de Compromís en què es posa de manifest que va poder haver-hi un procés de subrogació encobert destinat a recol·locar de manera fraudulenta determinats empleats del Consorci en l’APV i en l’Ajuntament.

Es tracta de la plaça objecte del judici de dimarts adjudicada a A. G. i de la de subdirector d’Infraestructures que es va adjudicar a M. G. Ambdues es van presentar a un altre procés selectiu obert en dates coincidents en la Fundació Esportiva Municipal (FEM) i, després de confirmar-se que havien obtingut els llocs en l’APV, van renunciar al concurs de la FEM, entitat que també el va deixar sense efecte.

Un tercer exempleat del Consorci es va adjudicar una altra plaça de la fundació Visit València, procés del qual va informar prèviament el regidor de Grans Projectes, José Marí Olano, també denunciat en Anticorrupció, com es desprén dels àudios avançats per aquest diari.

El juzgado de lo social número 8 de València acogió este martes el juicio por las presuntas irregularidades en el proceso de selección por el que A. G., exempleada del Consorcio Valencia 2007, obtuvo una plaza como jefa de Gestión Económico-Financiera de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). La vista se debió celebrar en julio del pasado año, pero quedó suspendida por indisposición de uno de los letrados.

La causa surge como consecuencia de una denuncia de UGT al considerar que tanto este proceso de selección de personal de alta dirección como otro que resultó adjudicado a M. G., también exdirectiva del Consorcio y pendiente de juicio, estuvieron amañados.

Según han informado a elDiario.es fuentes conocedoras de la testifical, la vista comenzó a las 10.15 horas y fue especialmente relevante el testimonio de E. O., exjefa de recursos humanos de la APV, quien confesó ante la jueza que fue la presidenta, Mar Chao, la que en abril de 2024 le remitió por correo electrónico las bases ya redactadas y con el jurado conformado, tal y como avanzó elDiario.es al revelar los correos intercambiados por ambas responsables.

E. O. afirmó ante la magistrada que desaconsejó a la presidenta que fuera ella la que elaborara las bases, pero que aun así la instrucción fue que se publicaran lo antes posible haciendo los ajustes numéricos necesarios. La exjefa reveló también que después de este encontronazo con Chao fue trasladada a otro departamento, en concreto al de Compromiso Corporativo.

También fue llamativa la estrategia del abogado del estado que defiende a la APV. Las mismas fuentes han comentado que centró todos sus esfuerzos en evitar que el informe de la Intervención General del Estado destapado en exclusiva por esta redacción sea admitido como prueba en el caso. Su argumento es que hay un recurso del organismo portuario ante la Audiencia Nacional contra una resolución del Consejo de Trasparencia que concluye que el informe es público. Por lo tanto, considera que hasta que no se resuelva este contencioso no se puede hacer uso del documento.

A esta pretensión se ha opuesto el abogado de UGT que ha defendido que tal y como concluye el Consejo de Transparencia, el informe se debe entregar debidamente anonimizado a cualquier interesado que lo requiera porque tiene la consideración de público y que esta cuestión no tiene por qué interferir en procedimiento judicial alguna, como sostiene la defensa de la APV.

Del interés del abogado del estado en que no se tenga en cuenta el informe de la Intervención se puede intuir que se trata de una de las claves del procedimiento. No en vano, el documento señala que hasta cinco procesos de selección de personal de dirección, entre ellos el que se analizó en la vista de este martes, “contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”.

La jueza también se interesó por el acta notarial presentada semanas antes de adjudicarse la plaza en la que varios extrabajadores del Consorcio aciertan que la adjudicataria iba a ser A. G., como así sucedió. De hecho, acudió uno de los exempleados que presentaron el escrito ante notario para dar fe de que efectivamente lo hicieron porque estaban convencidos de que el proceso estaba amañado.

Las partes disponen ahora de 10 días para alegar lo que consideran oportuno y para presentar su escrito de conclusiones a partir del cual la jueza emitirá un fallo.

Al respecto, fuentes de la APV han señalado: “Se ha celebrado el juicio esta mañana y estamos a la espera. La jueza ha dado traslado a las partes para presentar conclusiones y posteriormente estaremos a la espera de recibir la sentencia”.

Investigación en Anticorrupción

El juicio de este martes es independiente de la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia de Compromís en la que se pone de manifiesto que pudo haber un proceso de subrogación encubierto destinado a recolocar de forma fraudulenta a determinados empleados del Consorcio en la APV y en el Ayuntamiento.

Se trata de la plaza objeto del juicio de este martes adjudicada a A. G. y de la de Subdirector de Infraestructuras que se adjudicó a M. G.. Ambas se presentaron a otro proceso selectivo abierto en fechas coincidentes en la Fundación Deportiva Municipal (FDM) y tras confirmarse que obtuvieron los puestos en la APV, renunciaron al concurso de la FDM, entidad que también lo dejó sin efecto.

Un tercer exempleado del Consorcio se adjudicó otra plaza de la fundación Visit Valencia, proceso del que informó previamente el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, también denunciado en Anticorrupción, como se desprende de los audios adelantados por este diario.