El Tribunal Supremo acaba de aumentar la factura que pagan los bancos por los miles de pleitos abiertos por cláusulas abusivas en juzgados de todo el país. La Sala de lo Civil ha modificado su doctrina y ha especificado que las entidades deben pagar las costas del proceso cuando pierden un juicio por cláusulas abusivas, pero también si el cliente tuvo que recurrir y los tribunales le dieron la razón en segunda instancia. Si el cliente denunciante es el que pierde en segunda instancia, por contra, los jueces establecen que el banco tendrá que pagar la mitad de las costas aunque sea su recurso el que haya triunfado parcialmente.

Las cláusulas bancarias potencialmente abusivas han sido uno de los asuntos con más protagonismo en los tribunales españoles en la última década. En 2017, incluso, el Consejo General del Poder Judicial tuvo que poner en marcha un plan de especialización de juzgados en este tipo de pleitos entre bancos y clientes para hacer frente al aluvión de demandas de personas contra las cláusulas, como las 'suelo' o 'techo', que condicionaban negativamente sus hipotecas.

Los números de estos juzgados evidencian que la inmensa mayoría de los pleitos sobre cláusulas abusivas judicializados se han resuelto a favor de los clientes. En sus primeros cinco años de funcionamiento, estos juzgados ingresaron más de 710.000 pleitos. En 2021, por ejemplo, el 97,8% de las sentencias fueron favorables al cliente. La Abogacía española, en su momento, llegó a recurrir esta medida.

Cada uno de estos pleitos gira en torno a reclamaciones de miles de euros por cláusulas abusivas que han encarecido de forma irregular las hipotecas de los clientes bancarios, pero la factura es mayor: las costas judiciales de cada proceso. En el caso de la jurisdicción civil, la factura crece con los honorarios de abogados y procuradores, las tasas, posibles peritajes y otros gastos. Miles de euros más.

Hasta ahora el Tribunal Supremo se había limitado a establecer que en primera instancia el perdedor del pleito se hacía cargo de las costas. Pero no había especificado qué pasaba cuando el cliente había perdido en primera instancia y se había visto obligado a acudir a una Audiencia Provincial para que los jueces declarar la abusividad de su cláusula. En este caso, dice ahora el Supremo tras recoger las últimas sentencias del Tribunal Constitucional, el banco debe hacerse cargo de las costas. Y si es el banco el que gana parcialmente en segunda instancia, aún así debe pagar la mitad de las costas.

Estos razonamientos afectan, por tanto, a las sentencias dictadas por Audiencias Provinciales, organismos que revisan en segunda instancia las sentencias de los juzgados especializados en cláusulas abusivas donde, mayoritariamente, los magistrados han dado la razón a los clientes. No se extienden, especifica el Supremo, a los recursos de casación ante el propio Supremo, que tienen una normativa propia. Pero los datos del CGPJ revelan la magnitud del pleito: sus bases de datos recogen, solo en este año 2025, más de 20.000 resoluciones sobre esta temática.

Obligar al cliente a pagar las costas a pesar de haber tenido que llegar hasta una Audiencia Provincial para que le den la razón, dice el Supremo, puede incluso ser disuasorio y evitar que la gente acuda a los tribunales a denunciar estas cláusulas abusivas. “Vería mermado su derecho si, pese a reconocerse por los tribunales, tuviera que hacer frente a las costas devengadas durante la fase de recurso”.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que avala que los afectados por cláusulas suelo en sus hipotecas presenten demandas colectivas. La Sala de lo Civil, después de elevar el caso a Europa, rechaza el último recurso de varias decenas de bancos y cajas contra una decisión judicial que declaró abusivas las cláusulas presentes en contratos hipotecarios de 800 personas representadas por ADICAE. Los jueces reconocen que, con el paso del tiempo, los consumidores pudieron tener más conocimiento de lo que era una cláusula suelo, pero en ningún caso antes de que el Supremo dijera por primera vez en 2013 que podían ser abusivas.

El pleito presentado por ADICAE en nombre de unos 800 afectados contra hasta 40 bancos y cajas llevó al Supremo a elevar una cuestión prejudicial en 2022. Para entonces la doctrina española ya señalaba desde hace casi diez años que ese tipo de cláusulas hipotecarias podían llegar a ser abusivas, por ejemplo si el consumidor no fue correctamente informado, pero la nueva pregunta planteaba qué hacer con una demanda colectiva de cientos de personas.

La respuesta positiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea llegó el año pasado y el Supremo explica ahora que es viable presentar este tipo de macrodemandas, teniendo en cuenta que las cláusulas suelo de los distintos bancos eran muy parecidas: “Atendida su redacción y finalidad limitativa de la variabilidad del interés remuneratorio, tienen suficiente grado de similitud”.

También explica que es “imposible” examinar caso por caso la percepción que cada usuario tuvo de su cláusula, ya que “el público afectado es muy amplio y heterogéneo, dadas la multitud de entidades y el extenso lapso temporal”. Los jueces, por tanto, deben recurrir a la “ficción jurídica” del “consumidor medio”.

La solución de la Sala Civil es “indicar un momento exacto a partir del cual el consumidor medio pudo cambiar su percepción sobre las consecuencias reales de la aplicación de la cláusula suelo y lo que para él significaba su inclusión en el contrato”. Una fecha que, como mínimo, no llegó hasta su primera sentencia de mayo de 2013, cuando los jueces dijeron por primera vez que esas cláusulas debían ser sometidas a un control de transparencia y podían llegar a ser consideradas abusivas. En el caso concreto de esta demanda, que fue planteada en el año 2010, “la sala concluye que ninguna trascendencia tendría el cambio de percepción del consumidor medio en relación con las consecuencias de la cláusula suelo”, rechazando los últimos recursos de los bancos.

Las entidades financieras están engordando sus huchas para hacer frente a las reclamaciones judiciales que tienen por delante vinculadas a las hipotecas. Por un lado, por los gastos abusivos en los contratos. Por otro, por las cláusulas suelo. Así lo reflejan sus informes financieros de los últimos meses.

No lo están haciendo todas, pero sí la mayoría. Las últimas memorias semestrales publicadas por bancos como Caixabank, Santander, Banca March, Abanca, Kutxabank o Ibercaja recogen que están incrementando sus provisiones para hacer frente a esas cuestiones legales ligadas a la concesión de préstamos para la compra de viviendas. En cambio, otras entidades, como BBVA o Sabadell, no dan detalles sobre ahorros específicos para esta materia, aunque sí reflejen incrementos en las provisiones por temas judiciales.

De hecho, esa disparidad es una de las características de este tipo de información financiera, porque cada entidad presenta los datos y las argumentaciones sobre los mismos de una forma diferente, con más o menos concreción. Eso impide realizar una foto completa, en conjunto, que refleje qué provisiones tiene toda la banca para hacer frente a demandas por hipotecas o saber qué expectativas tienen para todos estos procesos. 

Los dos frentes por prácticas cuestionadas

De entrada, la banca tiene dos grandes vías judiciales abiertas en materia hipotecaria. Por un lado, la de los gastos abusivos en hipotecas firmadas entre 2024 y 2006. En enero de este año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó que la legislación española que impone la prescripción de las reclamaciones (cinco años a escala estatal y 10 en Catalunya) es contraria al derecho comunitario. 

Sobre esta cuestión, los jueces del tribunal europeo consideraron  que no se podía fijar un plazo límite –a partir del momento en el que se paga el último recibo– si los clientes no conocían que sus contratos contenían aspectos abusivos. 

Por otro lado está el tema de las cláusulas suelo, con las que los bancos blindaron sus hipotecas ante cambios de los tipos de interés y que llevan más de una década sin acabar de resolverse. En 2015, el Tribunal Supremo ya dictaminó que las entidades tenían que devolver todo lo que cobraron de más. Y, este verano, el TJUE ha avalado las demandas colectivas contra los bancos por este tipo de cláusulas.

Las cifras de cada banco

Cada banco desglosa de forma diferente la información sobre estas provisiones por litigios hipotecarios. Por ejemplo, Ibercaja separa cuánto tiene reservado por cada uno de los frentes y en qué medida han cambiado ambos. En el caso de las cláusulas suelo, esas provisiones se han reducido ligeramente. El 30 de junio contaba para esos litigios con un colchón de 10 millones, cuando en diciembre era 10,4 millones de euros. En cambio, para los pleitos por los gastos hipotecarios, prácticamente ha duplicado esa dotación que supera los 12 millones de euros al concluir la primera mitad de 2024, cuando seis meses antes eran 6,6 millones. 

Esta entidad también entra a valorar en su última información financiera las últimas sentencias en el tema de los gastos hipotecarios. Asegura, sobre la última resolución del TJUE, que “no cabe presumir que una determinada cláusula contractual es abusiva, pues tal calificación puede depender de las circunstancias específicas de la celebración de cada contrato y, especialmente, de la información concreta que cada profesional haya proporcionado a cada consumidor”. 

Otros bancos señalan que los temas hipotecarios están detrás del aumento de sus dotaciones legales, pero no entran al detalle. Es el caso de Abanca. En seis meses, sus provisiones por cuestiones procesales han pasado de 11,7 a 28,3 millones. En el informe del primer semestre argumenta que esa cifra “incluye, básicamente, las provisiones constituidas por el grupo para cubrir otros pasivos, ciertos o contingentes, de carácter específico, relacionados con las contingencias masivas sectoriales de temática hipotecaria”.

Algo similar ocurre con Kutxabank que el último 31 de diciembre tenía reservado para esta materia 186,5 millones de euros y este 30 de junio casi duplicó esa cifra, hasta los 332,29 millones. “Durante el semestre ha habido distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo referentes a las reclamaciones por gastos hipotecarios o cláusulas suelo, lo que ha llevado al Grupo a reforzar las provisiones constituidas para reclamaciones presentes y futuras”, resume en la información financiera que ha enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Hay más entidades que dan información, aunque sea parcial. En ese mismo semestre, Caixabank ha aumentado de 73,5 a 79 millones de euros las provisiones por litigios de gastos hipotecarios. Y menciona que, el 14 de junio de este año, el Tribunal Supremo, estableció que “el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución de gastos hipotecarios indebidamente pagados por un consumidor será el de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula que obligaba a tales pagos, salvo en aquellos casos en que la entidad prestamista pruebe que, en el marco de sus relaciones contractuales, ese concreto consumidor pudo conocer en una fecha anterior que esa estipulación (cláusula de gastos) era abusiva”.

Mientras, Santander solo da detalles de las dotaciones por los pleitos por las cláusulas suelo, que heredó por la compra de Banco Popular. Al cierre del primer semestre del año, recoge que “la potencial pérdida residual asociada a procedimientos judiciales en curso se estima en 53,67 millones de euros cubierta íntegramente con provisiones”. En diciembre, por este mismo motivo, reflejaba 52,6 millones. 

Sobre las cláusulas suelo y los gastos hipotecarios, también Banca March desglosa un incremento en uno de los últimos documentos que ha enviado a la CNMV. En su caso, se refiere al conjunto del año 2023. Asegura que, durante ese ejercicio, “se ha producido un aumento”, de algo más de 2 millones de euros, respecto al 31 de diciembre de 2022. Lo que supone un incremento de fondos del 130,7%. “Se debe, principalmente, a la constitución de determinados fondos por litigios que representan su mejor estimación de los posibles flujos de caja que podrían producirse, sin ser ninguno de ellos, significativo a nivel individual”. Concluye que, de los 3,59 millones de euros de provisión constituida, 3,2 millones corresponden a litigios por cláusulas suelo y gastos hipotecarios.

Hay otras entidades que dan cifras sobre sus dotaciones por temas legales, pero sin desglosarlas, aunque hayan aumentado. BBVA contaba a 30 de junio con 773 millones provisionados para cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes. En diciembre eran 696 millones. Sí desglosa que, de esos 773 millones, 612 corresponden a contingencias legales y 160 millones de euros a contingencias fiscales.

Sabadell, el banco sobre el que BBVA lanzó una oferta de compra (OPA) la pasada primavera, solo apunta que tiene reservadas para estas cuestiones 69,2 millones al cierre del primer semestre. Al finalizar 2023 esa cifra se quedaba en 60,5 millones de euros. Lo mismo sucede con Cajamar, que en lo que va de este año ha elevado esa hucha para “diferentes procedimientos judiciales” de 25,79 a 29,13 millones, pero no especifica nada más. 

Mientras, Bankinter y Unicaja, que tampoco desglosan, han rebajado esa dotación para pleitos. El primero, de 346 a 327 millones, en este último semestre. Y, Unicaja, de 114,2 a 62,7 millones de euros, según cifra en su información financiera.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha avalado este jueves la adecuación del procedimiento colectivo iniciado por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (Adicae) contra 101 entidades financieras que operan en España para que cesen en el uso de las cláusulas suelo y que se devuelvan las cantidades pagadas por los consumidores.

En España se presentaron miles de demandas en las que se alegaba la ilegalidad de las cláusulas suelo a la luz de la directiva sobre las cláusulas abusivas y tras los llamamientos hechos en medios de comunicación de difusión nacional, ochocientos veinte consumidores se personaron en apoyo de la acción colectiva.

Después de que las pretensiones de los bancos se desestimasen en dos ocasiones, estos recurrieron en casación ante el Tribunal Supremo, que albergaba dudas acerca de la adecuación del procedimiento colectivo para llevar a cabo un control de la transparencia de las cláusulas para determinar su carácter abusivo.

El Supremo también hizo referencia a la dificultad de utilizar el criterio del consumidor medio para llevar a cabo el control de transparencia en este caso, ya que las cláusulas suelo se dirigían a diferentes categorías específicas de consumidores.

En su sentencia, el TJUE señala que ninguna disposición de la directiva indica que el control judicial de transparencia quede excluido en el marco de una acción colectiva, sino que debe simplemente adaptarse a las particularidades de las acciones colectivas y concentrarse en las prácticas contractuales y precontractuales estándar del profesional con respecto al consumidor medio.

Además, apunta que, en este caso, se cumple el primero de los dos requisitos a los que se supedita el ejercicio de una acción colectiva contra varios profesionales, ya que esta se dirige contra profesionales del mismo sector económico (el de las entidades de crédito) y recuerda que las dificultades organizativas planteadas por la complejidad del asunto no pueden menoscabar la efectividad de los derechos subjetivos reconocidos por la directiva a los consumidores.

El Tribunal de Justicia señala también que parece que se cumple el segundo requisito, ya que, a falta de las comprobaciones que haga el Tribunal Supremo, las cláusulas suelo en cuestión parecen similares y añade que el mero hecho de que los contratos en los que estas figuran hayan sido celebrados en momentos diferentes o bajo diferentes regímenes normativos no permite excluir esta similitud.

Por último, la sentencia destaca que es precisamente la heterogeneidad del público afectado la que hace necesario recurrir a la figura del consumidor medio, cuya percepción global es pertinente a efectos del control de transparencia.

No obstante, esta percepción puede haber evolucionado, por lo que el Tribunal Supremo deberá comprobar si la caída de los tipos de interés, característica de los años 2000, o el pronunciamiento de su sentencia de 9 de mayo de 2013, en la que se declaró que las cláusulas suelo no eran transparentes, pudieron provocar un cambio, a lo largo del tiempo, del nivel de atención y de información del consumidor medio en el momento de la celebración de un contrato de préstamo hipotecario.

Adicae reclama la devolución de los cobros “de manera indebida”

Adicae ha celebrado lo que ha calificado de sentencia “histórica” en la que consideran que el TJUE respalda de manera “contundente” sus reivindicaciones en la macrodemanda de cláusulas suelo. “Este fallo confirma la posición defendida por la asociación defensora de los consumidores y usuarios de Bancos, Cajas y Seguros como entidad que ha liderado y hecho posible este hito”, destacan en un comunicado.

La asociación ha aplaudido que el TJUE haya reafirmado que los tribunales el control de transparencia en las cláusulas suelo aunque sea una acción colectiva de miles de afectados y con varias entidades financieras implicadas, declarándolas nulas por tanto por falta de transparencia y abusividad. “Eso quiere decir que todos los afectados deben ser compensados desde el primer momento en que se les empezó a cobrar de manera indebida”, han explicado.

La asociación considera que esta sentencia, que “llega después de más de 13 años de lucha incansable”, representa “una victoria no solo para los consumidores, estableciendo un futuro prometedor para el ejercicio efectivo de la acción colectiva en España, sino también para la propia justicia y la transparencia en el sector bancario”.

Aunque aún falta que el Tribunal Supremo dicte sentencia atendiendo a la interpretación del TJUE, en aras de la justicia para los consumidores, Adicae insta a todas las entidades financieras a restituir a los consumidores “de manera inmediata y sin más dilaciones las cantidades indebidamente cobradas”.

Hace varias semanas el Tribunal Constitucional publicó una sentencia que tenía como destinatario al sector bancario español: si perdían un pleito contra un consumidor por haber puesto cláusulas abusivas en su hipoteca, tendrían que pagar las costas del procedimiento judicial. La sentencia completa revela que, detrás de este caso, está la historia de dos niños pequeños que perdieron a su padre en un accidente laboral y que han pleiteado durante años contra el BBVA, primero para evitar su desahucio y después para que el banco sea condenado en costas. “Esto nos lleva a hacernos la pregunta de cuántos miles de euros se ha ahorrado el sector financiero en este país en la última década en pleitos perdidos”, dice Gonzalo Carrasco, uno de los abogados que representa a los dos chicos desde el principio del proceso.

El caso de esos dos menores de edad fue denunciado hace una década por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid. Dos hermanos de cuatro y nueve años de edad, respectivamente, se enfrentaban a una ejecución hipotecaria por parte del BBVA después de que su padre hubiera fallecido en 2012 en un accidente laboral en el sector de la construcción. La hipoteca de 130.000 euros, tras el fallecimiento de su padre, había pasado a ser una herencia de los niños que el banco empezó a reclamar después de rescindir el contrato de forma unilateral y anticipada. La razón: las cinco primeras mensualidades posteriores a la muerte del hombre se habían quedado sin pagar.

Su madre contactó con varios abogados vinculados a la PAH y empezaron entonces varios pleitos para evitar que se perpetrara una ejecución hipotecaria sobre dos niños que tardarían muchos años en saber lo que es una hipoteca y qué significa que se ejecute. El banco, dijo entonces el comunicado, paralizó el proceso. Un primer triunfo vino cuando los tribunales establecieron que la hipoteca que había firmado su padre tenía, al menos, una cláusula suelo abusiva. Años después los tribunales madrileños, al apreciar de oficio este abuso por parte del banco, suspendieron la ejecución hipotecaria dirigida contra los dos niños. También pleitearon para que actuara el seguro que su padre había contratado para una situación como esta.

La siguiente batalla de los abogados que habían representado a estos dos menores de edad fue que el banco se hiciera cargo de las costas del proceso judicial, algo que rechazó la Audiencia Provincial de Madrid. Entre otros argumentos, los jueces esgrimieron que sus alegaciones habían sido aceptadas de forma parcial –no todas las cláusulas recurridas habían sido declaradas abusivas– y también que España no tenía una normativa específica en casos en los que el banco pierde el pleito.

Ha sido el Tribunal Constitucional, con el apoyo de la Fiscalía, el que ha dictado la sentencia definitiva sobre el caso y ha establecido que debe ser el BBVA, y cualquier entidad bancaria en situaciones similares, el que se haga cargo de las costas del proceso. Encima de la mesa estaban los argumentos del banco: alegaba, entre otras cosas, que los abogados ya se habían beneficiado de la justicia gratuita, que no había por tanto legitimidad para recurrir y que la cláusula se anuló de oficio por parte del juzgado. Los magistrados del Constitucional argumentan que no imponer las tasas al banco cuando pierde puede, incluso, tener un efecto disuasorio para los consumidores y afecta al derecho a la tutela judicial efectiva.

Esto es, según el Constitucional, una “jurisprudencia reiterada” desde los tribunales europeos hasta el Tribunal Supremo, aunque eso no disminuye el alcance de un fallo que proyecta su sombra sobre miles de pleitos sobre cláusulas bancarias que, desde hace años, colapsa los juzgados españoles, hasta el punto de haber tenido que crear una red de juzgados específicos para tratar estos temas. Solo en 2021, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, estos juzgados dictaron casi 124.000 sentencias dando la razón a los consumidores en más del 97% de los casos.

Un caso “horrible, de terror”

Gonzalo Carrasco es, junto con Pablo Espinosa-Arroquia y Miguel Antón Bravo, uno de los abogados vinculados a la PAH que se hizo cargo del caso desde su comienzo hasta su desenlace en el Tribunal Constitucional. “Quiero pensar que se han sentido acompañados por nosotros y por la plataforma, y protegidos”, dice a preguntas de elDiario.es sobre los dos menores, pero recuerda que son procesos judiciales que se alargan durante años y causan “angustia”. Angustia porque, explica, lo normal es pensar que “contra el banco se pierde”, existe la posibilidad de quedarte “en la calle” y ahora, tras esta sentencia del Constitucional, “son barbaridades que han desaparecido, ahora están muy tranquilos, es una de las mejores noticias”.

La propia sentencia reconoce que este fallo incidirá sobre otros pleitos similares. “Sobre todos aquellos consumidores que, como es notorio, vienen planteando en numerosos procesos civiles la supuesta abusividad de ciertas cláusulas recogidas en los contratos celebrados entre consumidores y entidades bancarias, cuestión ésta que ha dado lugar a diversas intervenciones legislativas expresas dirigidas a la protección de los primero”, reconoce el Constitucional con su presidente, Cándido Conde-Pumpido, como ponente de una resolución aprobada con unanimidad de progresistas y conservadores.

Para Carrasco y los abogados que llevaron el pleito la ley “es clara” y las costas debían correr a cargo de los bancos. Pero explica que “esto no siempre se ha dado así”, aunque pueda cambiar a raíz de esta sentencia. “Nos lleva a hacernos la pregunta de cuántos miles de euros se ha ahorrado el sector financiero en este país en la última década en pleitos perdidos con consumidores. Y cuántas de esas familias se han quedado sin defensa porque las costas son un desincentivo a la gente”.

Las entidades bancarias, denuncia, se sienten “impunes” para actuar en estos pleitos. “A este tipo de casos no se mete cualquiera, estás luchando contra un gigante y vas a estar años peleándote con un resultado incierto y de alguna manera hay que permitírselo, porque sabes que no vas a cobrar un duro, se dificulta mucho el derecho de defensa”, analiza. Un caso, el de estos dos niños, que define como “horrible, de terror... y parecía que a los bancos se les ha perdonado por sistema que pudieran acudir a los tribunales de forma temeraria y que una vez pierden esos juicios no tienen que asumir las costas”. 

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Almería y el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao han obligado a Cajamar y a Kutxabank a devolver cerca de 59.000 euros a casi medio centenar de clientes por la aplicación de la cláusula de gastos hipotecarios.

Según ha informado Adicae en un comunicado, el juzgado ha condenado a Cajamar a devolver 46.655,22 euros a 40 consumidores, mientras que Kutxabank deberá restituir un total de 12.746,19 euros a un grupo de nueve usuarios por el mismo concepto. “En ambos casos, los hipotecados afectados por dicha cláusula abusiva se encontraban adscritos a una demanda colectiva presentada por Adicae”, señala la propia asociación.

Estas sentencias se suman a la lucha colectiva liderada por Adicae, que estima que la banca debe devolver a los usuarios un total de 7.105 millones de euros por la cláusula de repercusión al consumidor de los gastos hipotecarios, una cláusula que en ambas sentencias ha sido declarada nula.

Es importante destacar que, aunque estas sentencias son “un éxito” para los afectados, aún hay usuarios que esperan más de seis años para obtener una primera sentencia por cláusulas suelo o gastos hipotecarios. Por eso, Adicae considera que la futura Autoridad del Cliente Financiero es imprescindible para acortar plazos y resarcir a los afectados, sin necesidad de incurrir en un proceso judicial. A pesar de los posicionamientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del sector financiero, que han mostrado sus dudas sobre ciertos aspectos de este organismo, cuya creación está actualmente en trámite parlamentario.

La sala de lo civil del Tribunal Supremo ha decidido elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una macrodemanda planteada por ADICAE en representación de miles de españoles afectados por cláusulas suelo contra más de 40 bancos y cajas. Algunas de las partes habían propuesto plantear una cuestión prejudicial al TJUE, que recientemente ha reforzado su doctrina sobre el derecho de los consumidores a recuperar todo su dinero por estas cláusulas.

La sala, finalmente, ha decidido dejar el caso en manos de Luxemburgo. Las preguntas que eleva la sala primera tienen que ver, sobre todo, con las posibilidades de gestión de una macrodemanda como esta: pregunta, por ejemplo, si se puede llevar a cabo el “enjuiciamiento abstracto” de miles de casos de diferentes bancos “sin tener en cuenta el nivel de información precontractual ofrecido sobre la carga jurídica y económica de la cláusula, ni el resto de las circunstancias concurrentes en cada caso, en el momento de la contratación”.

También pregunta si este tipo de análisis judicial se puede llevar a cabo “cuando varias de las ofertas de contratos están dirigidas a diferentes grupos específicos de consumidores” o también cuando los pleitos afectan a bancos distintos en contextos distintos y durante largos periodos de tiempo. En este caso, según ADICAE, hay en torno a 9.000 personas representadas.

El pleno de la sala primera estudiaba desde hace semanas la sentencia de la Audiencia de Madrid que dio la razón a miles de afectados por estas cláusulas abusivas y ordenó a los bancos que devolvieran todo el dinero cobrado irregularmente. No solamente a partir de 2013, cuando el Supremo dictó su primera sentencia sobre estas cláusulas.

Los jueces explican que, en el último año, el propio TJUE ha concluido que las directivas europeas protegen “a todos los consumidores y no sólo al consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz”. Pero esto, dicen los jueces de la sala de lo civil, “no quiere decir que, para el enjuiciamiento de la abusividad de una cláusula en una acción colectiva, no deba utilizarse como estándar el concepto de consumidor medio”.

En este caso, la macrodemanda impulsada por ADICAE llevó a la Audiencia de Madrid a resolver casos muy variados. Entiende el Supremo que hay jurisprudencia suficiente para estudiar cualquier tipo de supuesto de existencia de cláusulas abusivas, y saber si son poco transparentes, pero hasta ahora se ha hecho “desde una perspectiva individual, en la que se ha valorado la información relevante en el caso concreto”.

Por eso entiende el Supremo que gestionar el caso a través de una macrodemanda que afecta a miles de personas distinas puede ser problemático: “La agrupación de todos los casos en una única acción colectiva dificulta mucho la adopción de un criterio sobre la base del concepto de consumidor medio”, explica. 

La sala de lo civil del Supremo también ve problemas a la hora de ejecutar una sentencia de estas características, porque no sólo se insta la nulidad de la cláusula suelo de cada hipoteca sino que los bancos devuelvan las cantidades que han cobrado de más y de forma indebida. En ese caso, la Ley de Enjuiciamiento Civil española insta a que sea la sentencia la que establezca los baremos para podr exigir el pago, pero sería una “determinación genérica que también resulta extremadamente difícil cuando lo es la determinación del consumidor medio”, dice el Supremo.

La Justicia europea ha fallado este martes contra los “obstáculos” procesales españoles para revisar cláusulas abusivas y, por tanto, avala que se reclamen las devoluciones de las cláusulas abusivas. Así lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la UE en varias sentencias publicadas este martes. “En relación con las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, los principios procesales nacionales no pueden ser un obstáculo para los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables. El principio de efectividad exige un control eficaz del carácter potencialmente abusivo de las cláusulas”, dice el tribunal.

Así, de lo que ha dicho el TJUE puede deducirse que, si el juez pudiera examinar de oficio la cláusula abusiva, también podría decretar la restitución íntegra de esas cantidades, sin limitación alguna en el tiempo, desde el momento en que se hizo el primer pago indebido.

Mediante sus sentencias de este martes, el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre varias peticiones de decisión prejudicial presentadas por unos órganos jurisdiccionales españoles, uno italiano y uno rumano, relativas a la interpretación de la directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Lo que se ha dicho en las sentencias de hoy es que el Derecho nacional no puede obstaculizar el ejercicio de los derechos que confiere la Directiva. En el caso español, según las normas procesales en vigor, si el consumidor no había impugnado la sentencia que limitaba en el tiempo la restitución de las cantidades indebidamente pagadas, el juez que conociera de un recurso contra esa sentencia no podía analizar de oficio si la cláusula que imponía dicha restricción era abusiva. El Tribunal Supremo, teniendo en cuanta la sentencia de la sentencia Gutiérrez Naranjo que impedía la limitación en el tiempo de los efectos restitutorios, preguntó al Tribunal de Justicia si esas normas procesales eran compatibles con la Directiva. Y el Tribunal de Justicia ha dicho que no (asunto Unicaja).

En el procedimiento Ibercaja, el Tribunal de Justicia dice que las cláusulas deben poder examinarse de oficio en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria o en otro procedimiento declarativo posterior. Ahora bien, si la propiedad del bien ejecutado ha sido transmitida a un tercero, el consumidor solo podrá reclamar una compensación económica, porque debe preservarse la seguridad jurídica (el tercero compró el bien creyendo que no había ningún problema).

Es un principio general del Derecho Civil: se protege al tercero adquirente salvo que se pruebe, por ejemplo, que estaba al corriente de que el objeto que compra es robado.

Se pregunta al Tribunal de Justicia si principios procesales nacionales, como el de la fuerza de cosa juzgada, pueden limitar las facultades de los jueces nacionales, en particular de ejecución, para apreciar el carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales.

¿Son compatibles unos principios de Derecho procesal interno que no permiten dicha apreciación en el ámbito de la ejecución, incluso de oficio por el juez que conoce de la ejecución, debido a la existencia de resoluciones judiciales nacionales previas? Sobre este particular, el Tribunal de Justicia de la UE recuerda la importancia que reviste el principio de cosa juzgada tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales.

Así, con el fin de garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la recta administración de la justicia, es necesario que no puedan impugnarse las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza tras haberse agotado las vías de recurso disponibles o haber expirado los plazos previstos para el ejercicio de esos recursos.

Dicho esto, en primer lugar, el Tribunal de Justicia recuerda que el sistema de protección que establece la directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, tanto en lo relativo a la capacidad de negociación como al nivel de información.

Habida cuenta de esta situación de inferioridad, la directiva prevé que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor. Se trata de una disposición imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal del contrato por un equilibrio real.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia señala que el juez nacional deberá apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la directiva y que los Estados miembros están obligados a establecer medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas.

En principio, el Derecho de la Unión no armoniza los procedimientos aplicables al examen del carácter supuestamente abusivo de una cláusula contractual y, por consiguiente, corresponde a cada Estado miembro establecer dichos procedimientos en su ordenamiento jurídico interno.

Las disposiciones procesales nacionales deben observar el principio de efectividad, es decir, cumplir la exigencia de tutela judicial efectiva.

A este respecto, el Tribunal de Justicia estima que si no hay un control eficaz del carácter potencialmente abusivo de las cláusulas del contrato de que se trate, no puede garantizarse el respeto de los derechos conferidos en la directiva europea.

Caso Unicaja Banco

La petición se presentó en el contexto de un litigio entre L y Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S. A. U., en cuyos derechos se subrogó Unicaja Banco, S. A., en relación con la falta de examen de oficio por el juez nacional de apelación de un motivo basado en el incumplimiento del Derecho de la Unión.

La entidad bancaria concedió a L un préstamo hipotecario. Dicho contrato establecía una “cláusula suelo” en virtud de la cual el tipo variable no podía ser inferior al 3%.

L interpuso una demanda contra dicha entidad bancaria, en la que solicitaba la nulidad de esa cláusula y la restitución de las cantidades indebidamente percibidas, al considerar que la cláusula debía declararse abusiva por falta de transparencia.

El juez de primera instancia estimó la demanda, limitando en el tiempo los efectos restitutorios con arreglo a la jurisprudencia nacional.

El juez de apelación, ante el que acudió la entidad bancaria, no acordó la restitución plena de las cantidades percibidas en virtud de la “cláusula suelo”, porque L no había interpuesto recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia.

Según el Derecho español, si un pronunciamiento de una sentencia no es impugnado por ninguna de las partes, el tribunal de apelación no puede dejarlo sin efecto ni modificarlo. Esta norma presenta similitudes con la cosa juzgada. Por lo tanto, el Tribunal Supremo español preguntó al Tribunal de Justicia de la UE acerca de la compatibilidad del Derecho nacional con el Derecho de la Unión, en particular en cuanto al hecho de que un tribunal nacional que conoce de un recurso de apelación contra una sentencia que limita en el tiempo la restitución de las cantidades indebidamente pagadas por el consumidor a consecuencia de una cláusula declarada abusiva no puede examinar de oficio un motivo basado en la infracción de la directiva y decretar la restitución íntegra de esas cantidades.

Recordando su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia de la UE reafirma que el Derecho de la Unión se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios y los circunscribe exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de una cláusula abusiva después del pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró ese carácter abusivo.

Asimismo, el Tribunal de Justicia estima que la aplicación de los principios procesales nacionales de que se trata puede hacer imposible o excesivamente difícil la protección de esos derechos, vulnerando de este modo el principio de efectividad.

En efecto, el Derecho de la Unión se opone, dice la sentencia, a la aplicación de principios procesales nacionales en cuya virtud un tribunal nacional que conoce de un recurso de apelación contra una sentencia que limita en el tiempo la restitución de las cantidades indebidamente pagadas por el consumidor a consecuencia de una cláusula declarada abusiva no puede examinar de oficio un motivo basado en la infracción de dicha disposición y decretar la restitución íntegra de esas cantidades, cuando la falta de impugnación de tal limitación en el tiempo por el consumidor afectado no puede imputarse a una pasividad total de este.

Caso Ibercaja Banco

La petición se presentó en el contexto de un litigio entre MA e Ibercaja Banco, S. A., en relación con una reclamación de pago de los intereses adeudados a la entidad bancaria debido a la no ejecución por MA y PO del contrato de préstamo hipotecario celebrado entre dichas partes.

El tribunal competente ordenó la ejecución del título hipotecario de Ibercaja Banco y despachó ejecución frente a los consumidores.

MA invocó el carácter abusivo de la cláusula relativa a los intereses de demora y de la cláusula suelo únicamente en el procedimiento de ejecución, concretamente después de la subasta del inmueble hipotecado, es decir, cuando el efecto de cosa juzgada y la preclusión no permiten al juez examinar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas contractuales ni al consumidor invocar el carácter abusivo de dichas cláusulas.

El contrato fue examinado de oficio al inicio del procedimiento de ejecución hipotecaria, pero el examen de las cláusulas controvertidas, sin embargo, no fue expresamente mencionado ni motivado.

Según el Tribunal de Justicia de la UE, el Derecho de la Unión se opone a una legislación nacional que, debido al efecto de cosa juzgada y a la preclusión, no permite al juez examinar de oficio el carácter abusivo de cláusulas contractuales en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria ni al consumidor, transcurrido el plazo para formular oposición, invocar el carácter abusivo de las citadas cláusulas en ese procedimiento o en un procedimiento declarativo posterior cuando el juez ya ha examinado de oficio el eventual carácter abusivo de dichas cláusulas pero la resolución judicial en que se despacha ejecución hipotecaria no contiene ningún motivo, siquiera sucinto, que acredite la existencia de ese examen ni indica que la apreciación efectuada por dicho juez al término de ese examen no podrá ya cuestionarse si no se formula oposición dentro del referido plazo.

Sin embargo, cuando el procedimiento de ejecución hipotecaria ha concluido y los derechos de propiedad han sido transmitidos a un tercero, el juez ya no puede proceder a un examen del carácter abusivo de cláusulas contractuales que llevase a la anulación de los actos de transmisión de la propiedad y cuestionar la seguridad jurídica de la transmisión de la propiedad ya realizada frente a un tercero.

No obstante, en esa situación, el consumidor debe poder invocar, en un procedimiento posterior distinto, el carácter abusivo de las cláusulas del contrato de préstamo hipotecario para poder ejercer efectiva y plenamente sus derechos en virtud de la Directiva, con el fin de obtener la reparación del perjuicio económico causado por la aplicación de dichas cláusulas.

Es decir, Luxemburgo viene a decir que cuando se ha vendido a un tercero (ese tercero pueden ser fondos buitre de los bancos) ya no se puede reclamar en las ejecuciones hipotecarias (procedimiento en el que se pierde la vivienda) cláusulas abusivas sino las ha apreciado de oficio el juez, y se tiene que ir a un procedimiento nuevo.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha ratificado la nulidad de una cláusula suelo incluida en un préstamo concedido a un directivo de una entidad financiera. Es la primera vez que la Justicia da la razón al cliente a pesar de que se trata de una persona que, por su profesión, conocía y comprendía el alcance de los términos del contrato. Considera que el banco actuó de forma poco transparente por imponer la cláusula en su propio beneficio y sin negociación.

El fallo, que tiene fecha del 26 de abril y que cita Europa Press, asegura que el reclamante estaba “plenamente capacitado” para conocer la totalidad de los términos del contrato cuando lo firmó, incluido el significado de la limitación al tipo variable del interés que impedía que este cayese a valores negativos. Hasta el momento, la justicia había dado la razón a otro tipo de clientes, a los que reconocía su incapacidad para comprender completamente las condiciones recogidas en el contrato y, en concreto, la cláusula suelo, declarada ilegal por el Tribunal Supremo en el año 2013.

En este caso, el cliente es un empleado con “una larga carrera laboral en el sector de la banca” y 25 años de experiencia. En 2007, el momento de la firma del préstamo por valor de 65.800, ocupaba un cargo de director de zona en una entidad financiera distinta a la responsable del crédito, Caixanova -actualmente Abanca-. En septiembre del pasado año, un juzgado coruñés de primera instancia dio la razón a este cliente, que pedía la nulidad de la cláusula suelo incluida en su préstamo. A través de este fallo, Abanca fue condenada a devolver 3.554,57 euros, además de hacer frente a las costas del proceso.

Durante este primer proceso, la entidad prestamista argumentó en su defensa que el cliente era un empleado de banca de alto rango que, por lo tanto, era “plenamente conocedor” del funcionamiento de una cláusula suelo, recogida en los términos del contrato. Sin embargo, el tribunal desechó esta premisa y reflejó en su fallo que las pruebas practicadas eran “insuficientes” para “acreditar” que la entidad financiera hubiese prestado a su cliente “el correcto asesoramiento e información”.

Abanca recurrió este fallo ante la Audiencia Provincial de A Coruña, pero esta dio de nuevo la razón al reclamante al considerar que la cláusula suelo no se incluyó como “resultado de una negociación”. “Con seguridad, la limitación fue impuesta por la caja prestamista en su propio interés, anticipando un escenario futuro de descenso de los tipos de interés de referencia que en 2007 todavía no se vislumbraba”, señalan los magistrados.

Los juzgados especializados en cláusulas suelo siguen fallando a favor de los consumidores en la inmensa mayoría de sus sentencias. Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revelan que estos juzgados dictaron casi 124.000 sentencias a lo largo de 2021 y que un 97,8% de las resoluciones fueron favorables a los consumidores. La estadística revela que se mantiene tanto la tendencia a dar la razón a los consumidores en estos pleitos desde la creación del plan de juzgados especializados en 2017 como también el mayor ritmo de resolución de asuntos. Los procedimientos pendientes de resolución han caído más de un 11% con respecto a 2020 aunque el ingreso de nuevos pleitos ha crecido ligeramente.

El plan del Consejo fue puesto en marcha en junio de 2017 con más de medio centenar de juzgados especializados en litigios sobre cláusulas abusivas, sobre todo cláusulas suelo en hipotecas. Medio año antes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había establecido que la banca tenía que devolver todo el dinero cobrado de más por estas cláusulas en casos de conducta abusiva con respecto al cliente. El Gobierno puso en marcha un Real Decreto-ley para buscar que la mayoría de conflictos quedaran solucionados antes de llegar a los tribunales pero el Tribunal Supremo añadió que la retroactividad del fallo era total y que también tenía que devolver el dinero en casos anteriores a 2013.

Según los datos hechos públicos este martes por el órgano de gobierno de los jueces, desde 2017 hasta 2021 estos juzgados han ingresado más de 713.000 asuntos y han resuelto ya más de 501.000 en sentencias, más del 95% favorables a los clientes. La tasa de resolución ha aumentado drásticamente al pasar del 103,7% de 2020 al 123% de 2021. A lo largo del año pasado los juzgados resolvieron en sentencia 123.938 asuntos, de los cuales 121.211 fueron favorables a los clientes. Esto supone que desde 2017 hasta la fecha estos juzgados han resuelto más de 420.000 casos.

Después de un año de pandemia, el número de casos resueltos aumentó un 27% en 2021. También crecieron un 13,5% el número de casos resueltos a través de autos finales y también decretos, usados por ejemplo cuando una de las partes renuncia a seguir adelante con el procedimiento.

El número de casos de cláusulas suelo resuelto a favor de los clientes en este tipo de juzgados se mantiene establece desde su creación a mediados de 2017. Los datos de 2020, aunque afectados por la pandemia y cómo condicionó durante meses la actividad judicial, también dejaron una resolución favorable al cliente por encima del 97% del total.

Ibercaja ha comenzado a sentir en su cuenta de resultados la nueva jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la renegociación de las cláusulas suelo: la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Zaragoza, Ana Isabel Serrano, ha condenado al banco por haber impuesto a un cliente un interés mínimo en su hipoteca que, aunque menos exigente que el inicial, seguía siendo abusivo, como también lo fue la supuesta negociación para modificarlo.

La sentencia es una de las primeras en las que los tribunales zaragozanos aplican la nueva doctrina que, precisamente en una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia de Zaragoza en un pleito por una cláusula suelo de Ibercaja, emitió a primeros del mes de marzo el TJUE, y que establece con claridad tanto la información que los bancos deben dar a sus clientes a la hora de renegociar un contrato de préstamo como los formalismos que debe respetar esa negociación para ser tenida como tal y no como una imposición.

La nueva jurisprudencia amenaza con tener un elevado impacto en las cuentas del banco zaragozano, el cual, aunque la matriz original apenas aplicó cláusulas suelo mientras se hacía con el grueso de las potencialmente nulas al absorber a la CAI con Caja3, aplicó la estrategia de las renegociaciones tras el primer varapalo del Supremo a las entidades financieras con este asunto en mayo de 2013.

Entre esa fecha y diciembre de 2016, cuando el TJUE dictaminó que la devolución de los intereses cobrados de más a los clientes debía hacerse desde el inicio de la vigencia del contrato, y no desde que el Supremo había emitido su sentencia, los bancos se dedicaron a contactar con los clientes cuyas hipotecas tenían cláusulas suelo para modificarlas a la baja.

¿Cuánto se puede ahorrar o pagar de más?

Sin embargo, decenas de miles de hipotecados acudieron a los tribunales denunciando que, en realidad, no habían sido negociaciones entre dos partes de igual a igual sino imposiciones de las entidades financieras que se formalizaban en impresos ya preparados y que ni siquiera podían sacar de las oficinas.

Para dar por buenas esas negociaciones, el TJUE exige que el banco haya explicado a su cliente “de manera clara y comprensible” a cuánto dinero renuncia y cuánto se ahorraría o pagaría de más con el acuerdo que le proponen y con otros índices de intereses. 

Anotar a mano que “comprendían el mecanismo” de la cláusula no es suficiente, como tampoco resulta vinculante la renuncia a ir a los tribunales salvo que eso se acepte mediante “un consentimiento libre e informado”.

Maniobras para evitar el impacto de la caída del euríbor

Ibercaja fue uno de los bancos que recurrió a esa estrategia, en este caso para tratar de atenuar la merma de ingresos sobre las previsiones que iban a suponerle las eventuales declaraciones de nulidad de las cláusulas suelo que había estado aplicando la CAI.

En Zaragoza, tanto la Audiencia como el juzgado especializado en cláusulas abusivas, cerrado en enero para distribuir los nuevos asuntos entre los juzgados de Primera Instancia, decidieron suspender la tramitación de estos procedimientos a la espera de que el TJUE se pronunciara.

En el caso que ahora ha resuelto la magistrada del juzgado número 12, el hipotecado, defendido por la abogada Sara Benedí, consideraba abusivas la cláusula inicial del 3,704%, por la que había pagado 6.706 euros de más, la que añadía cinco puntos a los intereses de demora y, también, la renuncia a ejercer acciones legales contra el banco que le habían hecho firmar con la supuesta renegociación.

Ese interés mínimo había sido firmado en abril de 2006, con lo que estaba casi medio punto por encima del 3,221% que en aquellas fechas marcaba el euríbor, el principal índice de referencia de las hipotecas en España. La revisión tuvo lugar en agosto de 2015, con ese indicador en un escuálido 0,161% cuando solo faltaban seis meses para que entrara en unos registros negativos de los que sigue sin salir.

La sentencia del Supremo llegaba cuando ya había caído por debajo del 0,5%, lo que llevó a los bancos a rebajar los suelos iniciales, del 3,5% al 6%, por otros menos gravosos que, por lo general, no pasaban del 3%.

“El documento no cumple todos los requisitos”

El grueso de esas negociaciones impulsadas por los bancos españoles no superan los filtros de transparencia que ha establecido el TJUE; tampoco en el caso de Ibercaja, al menos, en esta ocasión.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 12 declara “la nulidad de la totalidad del contrato privado” firmado en agosto de 2015 “dado que el documento no cumple con todos los requisitos que la reciente jurisprudencia del TJUE exige a los efectos de ser calificado como transacción entre las partes”, ya que no existió “contraprestación entre las partes que pueda conllevar una transacción” ni tampoco el documento cumple “las exigencias de transparencia e inclusión” de la nueva jurisprudencia.

La resolución, que mantiene “la vigencia del contrato sin la aplicación de los límites de suelo del 3,704%”, impone las costas del pleito a Ibercaja, que deberá “restituir las cantidades correspondientes a los intereses percibidos en exceso desde el momento de pago hasta la fecha de sentencia como consecuencia de la aplicación de la cláusula declarada nula más sus respectivos intereses”.

Una hipoteca sin intereses. Suena a utopía para el consumidor en un escenario donde se asume el aforismo de que la banca siempre gana. Sin embargo, es el horizonte que se les ha abierto a unos vecinos de Puerto del Rosario, la capital de la isla de Fuerteventura, con una insólita sentencia que, de confirmarse en la interpretación más favorable para los clientes, reduciría el importe del préstamo al capital suscrito, de manera que la entidad financiera no obtendría beneficio alguno con la operación. Caixabank, el banco demandado, ya ha solicitado la subsanación y complemento de la resolución judicial al entender que es incongruente.

La cláusula 3 bis de un contrato de préstamo hipotecario firmado en marzo de 2006 tiene la culpa. En ella se estipula para los dos primeros años del crédito un interés fijo, del 2,5%, y para los sucesivos, un tipo variable, resultado de aplicar un diferencial del 0,5% al Euríbor. Hasta ahí, todo normal. La peculiaridad estriba en la coletilla posterior, que recoge que “en ningún caso” los tipos de interés “pueden llegar a ser superiores al 0,00% ni inferiores al 0,00%”. En la vista no quedó claro si se debió a un error en la redacción del contrato o en alguna de las fases de constitución del préstamo. Tampoco la entidad ha contestado a las preguntas formuladas por este periódico al respecto. Es cierto que algunas entidades financieras comenzaron a comercializar cláusulas suelo del 0% a finales de 2016, cuando el Euríbor se situaba ya en valores negativos, ante el temor de llegar a tener que pagar al cliente por prestarle dinero, pero diez años antes, con el tipo de referencia por encima del 3%, esa posibilidad era impensable. Más aún lo era fijar un techo del 0%, lo que en la práctica significa no pagar intereses por el préstamo.

Los consumidores, representados por el abogado Andrés Roda, pedían que se aplicara en su literalidad esa cláusula, que se recalcularan las cuotas del préstamo y que se les devolviera el dinero indebidamente cobrado. La entidad financiera defendía, en cambio, que durante toda la vida útil del crédito se había aplicado la fórmula financiera prevista en la escritura de préstamo (Euríbor más el diferencial pactado, del 0,5%), “ni más ni menos”, sin tope mínimo ni máximo. Caixabank llegó incluso a interpretar que la parte contraria pretendía declarar nula esa cláusula, cuando lo cierto es que su interés era justo el contrario para dejar sin intereses la hipoteca.

Para resolver el conflicto suscitado, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Puerto del Rosario acude a dos artículos del Código Civil, el 1278 y el 1288. El primero de ellos alude al principio de obligatoriedad, según el cual los contratos serán de obligado cumplimiento siempre que cumplan los requisitos estipulados, es decir, tienen “fuerza de ley” entre las partes. El segundo establece que “la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato”, como la que es objeto de esta controversia, “no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad”. La resolución también menciona una sentencia del Tribunal Supremo que recoge que “ante la falta de claridad y transparencia, con la consiguiente imposibilidad de conocer la voluntad común, se ha de proteger al contratante que no causó la confusión”. En este caso concreto, si la entidad pactó una cláusula suelo, fijando una limitación para evitar un eventual tipo de interés negativo, “no puede dejar sin aplicación aquella parte (techo del 0%) que no le es favorable y que redactó”.

Por todo ello, el juez decide estimar en su integridad la demanda interpuesta por los consumidores (que también habían reclamado la devolución del importe abonado por la imposición de los gastos de constitución de la hipoteca), ordenando a la entidad financiera a reintegrar las cantidades cobradas de más en aplicación de esa cláusula desde la celebración del contrato hasta “la fecha en la que la entidad haya dejado de aplicarla”. Un dinero que podrá ser depositado en la cuenta de los clientes o destinarse a la amortización anticipada de la hipoteca.

En su fallo, el juez condena a Caixabank a aplicar la cláusula 3 bis “en toda su extensión”, con interés mínimo y máximo del 0%, de acuerdo con los argumentos esgrimidos a lo largo de la resolución. Sin embargo, en su parte final incorpora un párrafo que se presta a confusión, por ser contradictorio con su fundamentación anterior. En esas últimas líneas, la resolución señala que las cantidades a devolver serán concretadas en la fase de ejecución y que para su cálculo se usará “el índice de referencia correcto (Euríbor) sin aplicación del tope mínimo ni máximo, más el diferencial pactado”. La redacción de esta parte coincide con la habitual en los procedimientos sobre cláusula suelo en los que los demandantes solicitan la nulidad de la cláusula y no su cumplimiento íntegro, por lo que la parte demandante apunta que se puede tratar de un error que, en cualquier caso, deberá ser resuelto por el juzgado en contestación al escrito de aclaración del banco.

A ese fragmento de la sentencia, que de mantenerse implicaría la eliminación de las cláusulas suelo y techo del 0% y, en consecuencia, la aplicación de unos intereses del Euríbor más 0,50%, se agarran los servicios jurídicos de la entidad para pedir su subsanación y complemento. Caixabank entiende que esa frase coincide con su tesis de que los tipos mínimos y máximos nunca se han aplicado y que, por lo tanto, ninguna cuantía debe restituir, por lo que insta al juzgado a desestimar la demanda, ya que entiende que las consecuencias económicas son “inocuas” para el banco. Frente a esta posición y en consonancia con la línea argumental del juzgado de primera instancia de Puerto del Rosario, el abogado de los demandantes considera que debe recalcularse el cuadro de amortización aplicándose la cláusula techo del 0%.

Una vez el magistrado resuelva la solicitud de aclaración formulada por la entidad financiera, las partes podrán presentar recurso ante la Audiencia Provincial de Las Palmas. La sentencia condena además a la entidad financiera al pago de algo más de 450 euros por la imposición al cliente de los gastos de notaría, registro y tasación en la constitución de la hipoteca. 

El Tribunal Supremo ha sentenciado que los profesionales también tienen derecho a ver anuladas las cláusulas suelo de sus préstamos a tipo variable (las que impiden que bajen las cuotas aunque lo hagan los tipos de interés) pese a no ser considerados consumidores. Los autónomos no fueron incluidos en el mecanismo extrajudicial que puso en marcha el Gobierno del PP en 2017 para la reclamación de las cláusulas suelo tras la sentencia europea que dio razón a los consumidores y obligó a la banca a devolver todo el dinero de estas cláusulas.

Comenzaron entonces los litigios judiciales de algunos autónomos y profesionales que consideraban que en su caso también eran ilegales. Ha habido sentencias en distintas instancias judiciales que a veces les han dado la razón y otras no. Ahora el Supremo, en una sentencia adelantada por Europa Press, establece que al menos en algunos casos, aquellos en los que no ha habido posibilidad de conocimiento por parte del prestatario, lo que llaman el control de inclusión, sí deben anularse estas cláusulas suelo.

En los fundamentos de derecho, la sentencia relata que en 2012 un taxista y su esposa suscribieron con Abanca un contrato de préstamo con garantía hipotecaria a interés variable, si bien con una limitación a la variabilidad del tipo de interés (suelo) del 6,50%. La finalidad del préstamo era la financiación de la adquisición de una licencia municipal de taxi en Madrid.

Años después, formularon una demanda contra Abanca en la que solicitaron que se declarase la nulidad de la cláusula de limitación y se condenara a la entidad prestamista a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por su aplicación, como así será. La sentencia de primera instancia estimó la demanda del taxista, como lo hizo la Audiencia Provincial tras el recurso de Abanca, y finalmente ha hecho el Supremo.

El juzgado de primera instancia consideró que la cláusula suelo no superaba el control de incorporación, esto es, que no bastaba que dicha cláusula estuviera en el contrato y que puediera ser comprensible gramaticalmente, sino también su posibilidad real de conocimiento.

No se cumplió en este caso, ya que no se entregó la ficha FIPER (ficha informativa personalizada de la hipoteca) y el notario tampoco consignó expresamente la advertencia de esta cláusula suelo en la escritura, por lo que el cliente no tuvo oportunidad real de conocer que el préstamo estaba sujeto a una limitación de la variabilidad del tipo de interés.

El Supremo ha confirmado que la entidad deberá devolver al afectado por la cláusula suelo la cantidad pagada de más como consecuencia de la diferencia entre el 6,5% impuesto y el Euríbor aplicable desde el 9 de mayo de 2013 (el préstamo se firmó un año antes con tipo fijo en los 12 primeros meses).

Según la plataforma online de servicios legales reclamador.es, este fallo permitirá a los autónomos, empresas y profesionales reclamar la cláusula suelo en sus préstamos, “que hasta ahora se encontraban con la imposibilidad de beneficiarse de la legislación propia de los consumidores”. Reclamador.es explica que, en estos casos, la defensa debe orientarse al argumento que finalmente ha acogido el Tribunal Supremo, el control de inclusión, informa EP.

Por su parte, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, recalca que “por fin el Tribunal Supremo pone paz en este asunto. Definitivamente, una cláusula que no supera el control de incorporación porque a pesar de ser gramaticalmente correcta de ella no se deducen las consecuencias económicas para el cliente, no debe ser incorporada al contrato. Y esto da igual si eres un consumidor particular, que una pyme, un autónomo o una empresa. Y debes tener derecho a recuperar tu dinero”.

Este 2020 se cumplirán 12 años de la peor crisis financiera que ha soportado este país, cuyas secuelas siguen muy presentes. Millones de ciudadanos siguen atrapados en largos y desesperantes pleitos con los bancos. Los juzgados que tramitan estos asuntos se encuentran desbordados. Las previsiones para las vistas se eternizan y en muchos casos tardarán varios años en resolverse.

La judicialización de los conflictos ha sido la estrategia de la banca para retrasar la devolución de las cantidades reclamadas. Las cifras de los litigios son escalofriantes. Desde 2017 los juzgados especiales que examinan los asuntos relacionados con cláusulas abusivas en las hipotecas han recibido 431.920 demandas. Los tribunales han dictado 143.662 sentencias, el 96,69% de las cuales ha sido a favor de los clientes. Los asuntos pendientes de resolución ascienden a 255.247, según datos del Consejo general del Poder Judicial.

A pesar de este abrumador resultado de sentencias favorables a los clientes los bancos continúan acudiendo a los juzgados a sabiendas de que carecen de razón. Tratan de ganar tiempo. Esta situación no tiene parangón en ningún otro país europeo.

El agobio por la abundancia y variedad de este tipo de litigios (ejecuciones hipotecarias, cláusulas suelo, hipotecas multidivisa, intereses abusivos, cláusula IRPH, swaps o permutas financieras, entre otros) alcanza al Tribunal Supremo. También aquí la mayoría de las sentencias han sido favorables a los clientes, en buena medida porque el alto tribunal español se ha visto obligado repetidamente a corregir su doctrina y aplicar la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Algunos productos fueron especialmente ruinosos para las pequeñas y medianas empresas. En 2016 y 2017, la mitad de los asuntos resueltos por la sala civil del Supremo correspondían a swaps, resueltos mayoritariamente a favor de los clientes.

Para cientos de miles de ciudadanos, los atascos judiciales constituyen un segundo suplicio tras no haber logrado el reconocimiento de sus derechos en el sistema de reclamaciones por cláusulas abusivas organizado por el Gobierno en 2017. A través de este mecanismo los bancos han recibido la impresionante cifra de 1.294.444 reclamaciones hasta el pasado septiembre. Un total de 418.617 fueron inadmitidas y 235.256 desestimadas. Buena parte de los afectados que no lograron satisfacción en sus reclamaciones acudieron después a los juzgados. Hasta el momento los bancos han estimado con acuerdo del cliente 498.917 reclamaciones, que han supuesto la devolución de 2.254 millones de euros. La reparación de unos daños causados por unas malas prácticas supone en el mejor de los casos varios años de espera.

Las noticias sobre la elevada litigiosidad por las malas prácticas bancarias han producido malestar entre los ciudadanos. Estas informaciones han coincidido con las periódicas publicaciones sobre las ayudas públicas para salvar a cajas y bancos, la mayor parte de las cuales ya se dan por perdidas. Los últimos datos, de diciembre, indican que el FROB ha concedido 58.871 millones de euros en ayudas a las entidades financieras, de los que solo ha recuperado 5.917 millones; es decir, el 10%.

Las pérdidas del dinero público concedido a cajas y bancos superan con creces los recortes en sanidad, educación y protección social, que significaron en su conjunto el 0,9 % del PIB (unos 9.300 euros anuales) entre 2011 y 2014, según Fedea. En realidad, el coste real del saneamiento bancario ha sido mucho mayor por la menor recaudación tributaria. Entre 2011 y 2013, el sector financiero pudo recuperar por la vía de impuestos (activos fiscales diferidos) 20.842 millones. En los años posteriores los beneficios han sido mucho más moderados y, por supuesto, los impuestos pagados.

El comportamiento de las entidades financieras de Irlanda y España fue muy temerario en los primeros años de este siglo. Entre 2001 y 2011 el crédito bancario registró un crecimiento desaforado, superior al 250% en ambos países. Al mismo tiempo, el número de oficinas y empleados creció mucho. Ello permitió alcanzar un récord de beneficios en 2007 (25.112 millones de euros). A consecuencia de la crisis el sector ha registrado una drástica reducción de casi 90.000 empleos, que representan la cuarta parte de todo el ajuste de la zona euro.

La realidad es que la banca española registra serias debilidades. Una de las más significativas es que tiene el nivel de capital más bajo de la zona euro. Por otra parte, la rentabilidad media es del 8%, inferior al 10%, que es el coste de capital.

La elevada litigiosidad del conjunto de la banca, los juicios a los directivos del Banco Popular y Banco de Valencia y las ayudas recibidas después de la crisis por el sector bancario ponen al descubierto que no se puede circunscribir la crisis a un problema de las antiguas cajas de ahorros.

Todas estas informaciones han producido una importante pérdida de reputación del sector, lo que supone un obstáculo para el desarrollo normal de sus actividades. Algunos de sus ejecutivos, como Ana Patricia Botín, han empezado a reconocer que han perdido la confianza de la opinión pública.

Las entidades financieras son una pieza fundamental de la economía. Sus directivos deben cambiar sus conductas en aspectos esenciales. No pueden llevar a sus clientes masivamente a los tribunales cuando saben de antemano que en el 96% de los casos los jueces darán la razón a los demandantes. Los directivos saben también que con un desempeño tan precario tampoco pueden mantener sus niveles salariales multimillonarios, que en algunos casos son 200 veces superiores a los salarios medios de sus empleados. Los directivos bancarios tienen que reaccionar con rapidez. El primer banco que decida actuar de manera transparente tiene muchas posibilidades de recuperar la confianza de los ciudadanos.

[Este es el editorial del número 76 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Castilla-La Mancha ha registrado en 2018 en los cinco juzgados especializados en materia de cláusulas suelo 10.500 nuevos asuntos de este tipo, lo que representa un 14% del total de asuntos civiles ingresados, según ha explicado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la región, Vicente Rouco, en la presentación de la memoria judicial del pasado año.

Antes de la inauguración del año judicial en Castilla-La Mancha, en un acto solemne que este año se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Cuenca, Rouco ha dado a conocer la actividad y funcionamiento de todos los órganos judiciales de la región: cifras de litigiosidad “muy elevadas” en todos los órdenes jurisdiccionales (sobre todo en el orden civil), cifras de resolución mantenidas, y, un año más, un ligero aumento de la pendencia.

En concreto, el número total de asuntos ingresados en el año 2018 fue de 196.159, mientras que en 2017 fueron 187.557 asuntos, lo que representa un incremento del 4,59%. De éstos, se resolvieron 180.304 asuntos, con una tasa de resolución cercana al 92% sobre la cifra de ingreso. Además se dictaron 52.595 sentencias.

Jurisdicción Civil

En la Jurisdicción Civil lo más relevante, ha detallado, es un incremento “muy significativo” de la litigiosidad en comparación con las cifras de 2017, concretamente de un 14,9%. En total ingresaron 82.864 nuevos asuntos en 2018 frente a 72.120 asuntos registrados en 2017.

“Como ya ocurriera en la anualidad de 2017, esta elevada litigiosidad civil se origina, por el aumento de los procedimientos judiciales en materia de derecho de los consumidores y usuarios, principalmente los procedimientos relacionados con la impugnación de las condiciones de los contratos de financiación con garantía real inmobiliaria, los conocidos como pleitos de las cláusulas suelo”, ha señalado.

Una “avalancha” de litigios de esta clase a los que se dio respuesta en junio de 2017 con la especialización en cada provincia de un Juzgado de Primera Instancia que asumiera con carácter exclusivo estos procedimientos. “Medida que se ha tenido que completar en 2018 con refuerzos en determinados juzgados especialmente sobrecargados, como ha sido el caso de los Juzgados especializados de Toledo, Ciudad Real y Albacete”.

En lo referente a la tasa de resolución en la Jurisdicción Civil en 2018, ha alcanzado un 86,8% con respecto al número de ingreso de asuntos. Se resolvieron 71.939 asuntos, quedando 86.529 asuntos en trámite a 31 de diciembre de 2018. En cuanto a la capacidad resolutiva de los Juzgados de Primera Instancia en Castilla-La Mancha fue de 66.665 asuntos resueltos.

Con el resumen de estas cifras, los Partidos Judiciales más sobrecargados en materia civil y que presentan dificultades en su funcionamiento son, un año más, los que cuentan con Juzgados mixtos especialmente en capitales de provincia y Partidos Judiciales de mayor complejidad: Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Toledo, Illescas, Talavera de la Reina, Tomelloso y Puertollano, a lo que se suman otros como Orgaz y Valdepeñas.

En referencia a los Juzgados con competencia en materia Mercantil, “sigue siendo compleja la situación de estos juzgados en Albacete, Toledo y Ciudad Real, muy sobrecargados, y actualmente más por ser especializados en materia de cláusulas suelo, lo que obliga a insistir en la necesidad de Juzgados de lo Mercantil exclusivos”.

Según Vicente Rouco, el resumen sobre las necesidades de ampliación de la planta judicial pasa por la creación de un Juzgado de Primera Instancia en el Partido Judicial de Albacete y dos Juzgados de Primera Instancia en el Partido Judicial de Guadalajara. Además se propone también la creación de un Juzgado (en este caso de Primera Instancia e Instrucción) en los Partidos Judiciales de Ciudad Real, Cuenca, Ocaña, Orgaz, Torrijos, Talavera de la Reina y Puertollano y dos en Toledo y en Illescas.

Jurisdicción Penal

En lo referente a las cifras estadísticas en la Jurisdicción Penal, 2018 “deja una nueva y moderada” disminución en la cifra de registro de nuevos asuntos, concretamente del 3,44%. Se registraron 92.332 nuevos asuntos frente a 95.631 del año anterior.

Esta disminución de la litigiosidad se advierte en las cifras de ingreso de los Juzgados de Instrucción. En 2018 registraron 72.770 asuntos frente a 75.123 en 2017, lo que supone una disminución del 3,13%. La tasa de resolución en la Jurisdicción Penal “sigue siendo excelente”, de un 96% sobre el total de asuntos ingresados.

“Capítulo aparte merecen los Juzgados de lo Penal, que siguen sobrecargados, por unas cifras de entrada de asuntos elevadas y que vuelven a superar los módulos de entrada. En 2018 se han registrado 6.687 nuevos procedimientos penales. Por ello, se propone la ampliación de su planta judicial, concretamente en las provincias de Albacete y Ciudad Real, manteniendo los refuerzos existentes especialmente en los Juzgados de lo Penal de Ciudad Real y Toledo”.

Ampliación también para lo que son Juzgados de Primera Instancia e Instrucción en los Partidos Judiciales de Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Illescas, Ocaña, Orgaz, Torrijos, Talavera de la Reina y Puertollano.

En lo que respecta al funcionamiento de las Audiencias Provinciales, durante 2018 su actividad ha seguido siendo, “un año más, normal y correcto, aunque se ha visto afectada por la entrada de asuntos civiles en apelación o en segunda instancia”.

En el orden civil, los Tribunales provinciales han experimentado “un fuerte aumento en la entrada de asuntos”, concretamente de un 46,46%, con 6.415 nuevos asuntos frente a 4.380 del año 2017. Esto ha originado un aumento desmesurado de la pendencia, concretamente de un 112,71 %, con 5.444 asuntos en trámite al finalizar el a´o 2018, cuando el 31 de diciembre de 2017 eran 2.492.

En el orden penal el ingreso de asuntos se ha reducido un 5% con respecto a 2017: 5.945 nuevos asuntos frente a 6.256 del año anterior. “Se mantiene en la presente memoria la petición de ampliación de la planta judicial en un magistrado más en la Audiencia Provincial de Albacete y en tanto se cree esta plaza mantener las medidas de refuerzo adoptadas en este Tribunal provincial”.

Jurisdicción Social

En cuanto a las cifras de la Jurisdicción Social vuelven a destacar una anualidad más el aumento en las cifras de ingreso de la Sala de lo Social, que ha sido en 2018 del 3%: 2.007 asuntos ingresados frente a 1.948 procedimientos de 2017.

“Sobre el funcionamiento de los Juzgados de lo Social, la litigiosidad ha vuelto a crecer en 2018 (un 4%) con 12.264 nuevos asuntos. La capacidad resolutiva de estos Juzgados vuelve a ser alta, con 11.683 asuntos resueltos. Se solicita, un año más, la ampliación de la planta judicial de los Juzgados de lo Social en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo”.

Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Por último, en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa cabe destacar, según recoge la Memoria, un incremento en 2018 en el número de entrada de asuntos, concretamente de un 10,59%, con el registro de 6.692 nuevos asuntos. En el caso de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, la mayor entrada de asuntos la registra el Juzgado de Guadalajara, con 851 asuntos ingresados en 2018, “por lo que se estima necesaria la creación de un nuevo Juzgado de esta clase en esta provincia”.

En cuanto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ingresaron en 2018, 2.167 nuevos asuntos, un 10,6% más que el año anterior. “Este aumento en el número de entrada de asuntos y cambios en la composición de la Sala e incidencias en su plantilla han hecho que la pendencia haya aumentado ligeramente, comparándola con la reducción de la misma en años precedentes”, concluye.

Rouco reclama la creación de 34 nuevas plazas de jueces y magistrados en la región

Por otra parte, Vicente Rouco también ha señalado que en la Comunidad Autónoma se ha propuesto la creación de 34 plazas para jueces y magistrados, de los que dos plazas irían destinadas a plazas en órdenes colegiados, 24 a juzgados y ocho a jueces de adscripción territorial.

“La planta judicial de Castilla-La Mancha sigue ocupando el último lugar de todos los Tribunales Superiores de Justicia en número de Jueces por habitante, y es por esta razón por lo que se requiere de manera imperativa ese aumento en el número de Jueces y Magistrados”, ha señalado Rouco.

En lo relativo a infraestructuras, se resalta que está pendiente de dotar de mobiliario y equipamiento al nuevo edificio de juzgados de Guadalajara, y que la finalización de las obras de la ciudad judicial de Albacete será previsiblemente al comienzo del 2020.

También ha insistido en la creación de nuevos edificios de juzgados en Tomelloso, Torrijos e Illescas, y en que se debería acometer una ampliación de los juzgados de Villarrobledo.

Antonio, lector y socio de eldiario.es, nos escribe la siguiente petición en un correo electrónico: “Hace ya algunos años solicité una hipoteca y al parecer me cobraron una comisión de apertura. He visto algunas publicidades de algunos bufetes de abogados en las que se dice que este tipo de cláusulas son ilegales, pero como esto no me queda claro que sea una cláusula y en los papeles que tengo el banco ya me informaba de ella, no sé si merece la pena ir a un abogado para pedirla. ¿Podéis orientarme al respecto? ¿Cómo están las cosas al respecto?”.

Las “cosas al respecto”, tal como dice Antonio, parece que en los últimos meses están bastante definitivas después de la sentencia del Supremo en el sentido de legalizarlas a finales del pasado enero. No obstante, antes de entrar en materia conviene primero aclarar qué son las comisiones de apertura de un préstamo, ya sea hipotecario o no.

¿Qué es la comisión de apertura?

Cuando una persona solicita un préstamo a una entidad bancaria, esta suele realizar uno o varios estudios sobre la solvencia y la capacidad de devolución del mismo del futurible cliente. En función de los datos obtenidos en este estudio, que encarga a analistas de la casa o externos, la entidad le ofrecerá un tipo de préstamo u otro, con unas cantidades determinadas, o bien rechazará la petición. En caso de que decida conceder el préstamo, cargará una comisión por los costes de este estudio u otros servicios que hubiera podido ofrecer. Esta comisión, denominada “de apertura”, consiste entre el 0,5% y el 1% de la cantidad prestada, y se incluye en el cómputo general del préstamo.

Cuando comenzaron a caer las sentencias de distintos juzgados sobre los gastos hipotecarios y las cláusulas abusivas, existía cierta confusión sobre qué debía pagar el banco, qué el cliente y cuáles eran cláusulas consideradas ilegales y que por tanto no se podían aplicar o bien su coste debía ser revertido al cliente. Entre estas últimas están las cláusulas suelo y las hipotecas IRPH, por ejemplo.

Respecto a los gastos que debe pagar el banco estarían los de notarías, aunque algunas sentencias ordenan que se paguen a medias, y al cliente le toca pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, según la sentencia del Tribunal Supremo del pasado octubre. Pues bien, una reciente sentencia del mismo alto tribunal dice que la comisión de apertura no se puede considerar una cláusula abusiva.

Lo qué dice la sentencia del Supremo

El Supremo argumenta que no es tampoco un gasto disociado de la hipoteca, como puedan serlo todos los trámites notariales, sino que va incluido en la misma y responde a determinados servicios. En concreto puede leerse en la sentencia: “La comisión de apertura no es ajena al precio del préstamo; por el contrario, el interés remuneratorio y la comisión de apertura constituyen sendas partidas del precio del préstamo, en cuanto que son las principales retribuciones que recibe la entidad financiera por conceder el préstamo al prestatario y no corresponden a actuaciones o servicios eventuales. Tanto el interés remuneratorio como la comisión de apertura deben incluirse en el cálculo de la TAE, que permite al consumidor conocer cuál será el coste efectivo del préstamo”.

Es decir que el Tribunal Supremo considera que con independencia de que haya estudios previos de solvencia a la concesión del préstamo, la entidad crediticia tiene derecho a establecer una comisión de apertura siempre que informe con transparencia de la inclusión de la misma —el caso de Antonio— y siempre que además el coste de dicha comisión se incluya en la Tasa Anual Equivalente (TAE) que se le propone al cliente en el préstamo. Esto es el interés total que pagará, que incluye el nominal más los diferentes costes repartidos.

¿Debe Antonio recurrir?

Antes de esta sentencia, algunas sentencias de diversos juzgados de primera instancia dictaminaban que la comisión de apertura era ilegal si el cliente demostraba que no correspondía a ningún trabajo o servicio previo que el banco realizara antes de la concesión o propuesta del préstamo, como es el caso de los estudios de solvencia, o bien la tasación del inmueble, que también suele hacerse y muchos clientes utilizan luego como referencia y garantía a la hora de venderlo.

Por lo tanto, la respuesta a Antonio debe ser que dado que fue informado de la apertura de dicha comisión, y siempre que la misma figurara en el TAE que le propusieron, esta es legal con independencia de que el banco le hiciera o no un estudio de solvencia o una tasación del inmueble a adquirir. No es en consecuencia aconsejable —a no ser que el monto de la comisión sea claramente desproporcionado respecto a la totalidad del préstamo—, al menos de momento, dejarse llevar por los reclamos de algunos bufetes que siguen asegurando que la comisión de apertura se puede impugnar. 

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Desde que en la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) asumimos la defensa judicial de la hipoteca multidivisa, en 2012, y a pesar de obtener cada vez más sentencias favorables al consumidor, dos de ellas del Tribunal Supremo*, son muchas las personas que acusan a los afectados de listillos que quisieron “ganar duros a cuatro pesetas” y les exigen que asuman la consecuencias. Algunos, incluso, se preguntan cómo es posible que una familia haya optado por una hipoteca en yenes o francos suizos en lugar de una hipoteca tradicional. Pocos se hacen la pregunta al revés, cómo es posible que una entidad financiera haya puesto en circulación una hipoteca así en su red comercial.

Por su parte, las entidades financieras defienden sin rubor, tanto en los medios de comunicación como en sus escritos, argumentos que se han llegado a convertir en leyendas urbanas. ¿Quién no ha escuchado a María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, decir que tienen que defenderse de demandas presentadas por notarios o por directivos de empresas cotizadas?

En los últimos seis años, en Asufin hemos escuchado la historia de más de 10.000 afectados, hemos estudiado más de 6.000 escrituras, además de acumular ingente documentación precontractual. Todo ello nos permite hoy, presentar datos que desmontan algunos de estos mitos sobre la comercialización de la hipoteca multidivisa en España.

MITO 1. Las entidades financieras no las comercializaron activamente, la iniciativa siempre partió del cliente.

Según los datos recogidos por Asufin el 82% de las hipotecas multidivisa se firmaron en 2007 (40,4%) y 2008 (41%), frente al 2% en 2004, el 3,7% en 2005 y el 11,8% en 2006. A partir de 2009 se dejaron de comercializar y hoy no se encuentra entre los productos ofrecidos por ninguna entidad.

Por tanto, frente al mito de que la iniciativa partió del cliente o que era un producto de estantería, es decir, que se daba solo si el cliente lo solicitaba, hubo sin ninguna duda una intensa campaña de comercialización durante 2007-2008, justo cuando el euríbor estaba en su punto álgido y la cuota mensual era muy alta. Pagar hasta un 30% menos de la cuota mensual que una hipoteca tradicional era, evidentemente, un buen gancho comercial.

Además, las entidades emitieron folletos, enviaron cartas y hasta organizaron desayunos para determinados colectivos. Bankinter, por ejemplo, publicó un folleto en el que resaltaba los beneficios de este tipo de hipotecas silenciando los riesgos. La oferta incluía un asesor personal para sacarle “el mayor partido”, además de enviar cartas desde las sucursales en las que se prometía un ahorro de hasta el 15%.

Por su parte, el Banco Popular desplegó su actividad comercial entre pilotos y tripulantes de cabina, llegando a acuerdos comerciales con sus sindicatos. El argumentario comercial era tan convincente que los propios empleados del Banco Popular manifestaron su malestar, porque no les dejaban contratar este tipo de hipoteca. Incluso sus sindicatos llegaron a manifestarlo públicamente. Sin embargo, en un acto de responsabilidad, no quiso exponer a este riesgo a sus empleados, aunque no tuvo ningún empacho en colocárselo a sus clientes.

Finalmente, Barclays también publicó folletos y fichas informativas para ciertos colectivos, como los controladores aéreos. Este despliegue comercial tuvo sus efectos. No es casualidad que Bankinter tenga el 52% de la cuota de mercado, Banco Popular el 14% y Barclays el 12%.

MITO 2. El banco no sabe, ni puede saber, lo que va a pasar.

Este argumento se utiliza no solo en los casos de hipoteca multidivisa, sino también para otros productos como los swaps, las preferentes y las cláusulas suelo.

Sin embargo, no podemos olvidar que un banco, como profesional que es de la gestión del riesgo, se basa en sistemas de análisis y previsiones futuras de Bloomberg y Reuters para la toma de decisiones y el diseño de los productos. Por ello, las pantallas de Bloomberg se han incorporado a muchos procedimientos judiciales demostrando que las entidades financieras conocían las altas probabilidades de que el euro se depreciase frente a otras monedas y de que los tipos de interés podrían bajar.

Pero incluso dando por bueno este mito, lo cierto es que deberían haber presentado distintos escenarios para mostrar al cliente las consecuencias económicas que implicaba tener la deuda indexada en otra moneda. Así, el cliente hubiese podido ver que el riesgo de tipo de cambio impactaba no solo en la cuota mensual, sino también en la deuda pendiente de pago.

Mito 3. Se presentaron escenarios para advertir de los riesgos.

Las entidades afirman también que sus empleados explicaron los riesgos y aportaron escenarios mediantes fichas explicativas. Sin embargo, estas solo destacaban el ahorro que el cliente obtendría en la cuota y al final del préstamo, obviando el impacto de la depreciación del euro en el capital pendiente de pago.

Bankinter defiende que advirtió de los riesgos en el denominado Documento de Primera Disposición y que en el mismo se aportaban escenarios. Sin embargo, el ejemplo mostraba una oscilación de apenas 51 euros en la cuota y unos 6.000 euros en el capital.

Mito 4. Los clientes tenían alto poder adquisitivo y conocimientos financieros y/o formación superior.

La hipoteca multidivisa se popularizó en colectivos como el de los pilotos, controladores, tripulantes de cabina y trabajadores del aeropuerto. También entre las fuerzas y cuerpos de seguridad como militares, guardia civil, policía nacional, autonómica y municipal. Bomberos, personal sanitario y todo tipo de funcionarios, fueron también objetivo comercial. Es decir, personas con empleo estable y sueldo fijo.

En cuanto a la formación, según nuestros datos, el 42% tenía estudios universitarios, porcentaje superior a la media de la población española, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, el 21% tenían estudios medios y el 32% declaró tener estudios primarios o secundarios. Por tanto, en contra de lo que las entidades afirman y muchos se han creído, más de la mitad de los clientes no tenían formación superior.

 Conclusiones

Podríamos añadir otros mitos como que “el cliente podía haber cambiado a euros”, eso sí, asumiendo el incremento y consolidación de la deuda o que “el banco entregó divisas” o que “las cláusulas eran comprensibles para un consumidor medio”. Sin embargo, los datos aquí mostrados, así como las más de 1.000 sentencias publicadas en Asufin, ponen de manifiesto que la simplificación conscientemente buscada por las entidades para mostrar un cliente especulativo y con ánimo de lucro no es más que propaganda para ocultar su responsabilidad en la comercialización masiva e indiscriminada de un producto que nunca debió llegar a manos de familias que solo querían obtener un crédito más accesible para comprar su vivienda habitual.

*STS 608/2017, de 15 de noviembre y STS 599/2018 de 22 de octubre.

[Este artículo ha sido publicado en el número 65 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

El 25 de mayo de 2017, el Consejo General del Poder Judicial aprobó la especialización de cincuenta y cuatro juzgados en toda España para conocer los litigios relativos a cláusulas abusivas incluidas en contratos de hipoteca, entre las que se encuentran las cláusulas suelo, que les han dado el nombre por el que son comúnmente conocidos.

Esta decisión se adoptó para hacer frente a un previsible aumento de demandas a consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, que reconoció el derecho de los consumidores a la devolución de las cantidades cobradas indebidamente en aplicación de esas cláusulas en todos los casos, contrariando así la Sentencia 241/2013 del Tribunal Supremo español. Esta, por su parte, había fijado unos parámetros para valorar cuándo una cláusula es abusiva, que se resumen fundamentalmente en la falta de transparencia e información comprensible para el consumidor. Por la misma razón, en enero de 2017, se había dictado el Real Decreto 1/2017, que regula un procedimiento extrajudicial para que consumidores y bancos se pusieran de acuerdo en la devolución de esas cantidades.

Lo cierto es que las cláusulas suelo constituyen un ejemplo magnífico para analizar la respuesta de la justicia española a las necesidades sociales, que pone a prueba las tradicionales reclamaciones de aumento de efectivos y juzgados. Y ello por factores como la larga duración del conflicto general, su repercusión en numerosísimos conflictos individuales que afectan a un bien de primera necesidad como es la vivienda, el gran desequilibrio de poder entre bancos y clientes o el punto de inflexión en el tratamiento jurídico de las cláusulas suelo a raíz de las sentencias dictadas.

Según publicó hace unos días el Consejo General del Poder Judicial, los juzgados de cláusulas suelo habían recibido a 30 de septiembre más de 300.000 demandas, de las que han resuelto menos de una cuarta parte. Sin embargo, el propio Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en justicia concluyeron, en la reunión de coordinación celebrada en octubre, que la especialización es un sistema adecuado.

Sin embargo, no se puede concluir que la especialización de juzgados haya sido la opción adecuada, y ni siquiera la menos mala. Los resultados son evidentes: un aluvión de demandas concentradas en sólo cincuenta y cuatro juzgados imposibilita que ya la primera respuesta (registro e inicio de los procedimientos) sea inmediata, y provoca que demandas presentadas con poca distancia entre sí tengan señalamientos muy dispares. Esto no colapsa el sistema, por más que algún juzgado haya optado por no señalar más juicios, pero sí genera consecuencias graves, como retrasar la respuesta a los afectados, incrementar los costes o mantener una visión litigadora de la solución de conflictos en casos en los que puede cuestionarse que el pleito sea la manera adecuada de resolverlos. Llama a la reflexión la anomalía estadística que supone que el 97,1% de las sentencias dictadas sean todas ellas favorables al consumidor, lo que deja traslucir que la controversia jurídica no es tal en un porcentaje elevadísimo de casos.

Las cláusulas suelo han vuelto a corroborar la incapacidad operativa de un modelo de Administración de Justicia que debe superarse en favor de oficinas judiciales modernas y eficaces, tribunales de instancia y, como viene reclamando el Sindicato de Letrados - SISEJ, tribunales de base y ejecución para asuntos menos complejos y para impulsar la ejecución de resoluciones judiciales. Junto a esto, es evidente la necesidad de incorporar al  ámbito público mecanismos adecuados de resolución de conflictos para permitir que se alcancen acuerdos, pero salvaguardando todas las garantías, implicando y coordinando a todas las administraciones e instituciones que a día de hoy realizan esta oferta y garantizando el sostenimiento económico del sistema.

En conclusión: cualquier medida que mantenga el juzgado como elemento sobre el que pivote la Administración de Justicia (creación de nuevas unidades, especializaciones o refuerzos) genera gasto público sin suponer inversión y condena a la sociedad a respuestas tardías, heterogéneas e ineficaces, que son incompatibles con el artículo 24 de la Constitución, según el cual la tutela judicial debe ser efectiva.

La Audiencia Provincial de Madrid ha fallado hoy a favor de la asociación de consumidores Adicae en el marco de su macrodemanda por cláusulas suelo contra unas 40 entidades, a las que obliga a devolver “todas las sumas percibidas” de forma indebida desde el comienzo de la contratación.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, los magistrados que componen la sección 28 han reconocido el derecho de los perjudicados a recuperar el dinero abonado de más a sus bancos más intereses legales, “sin la limitación temporal” apreciada en primera instancia.

Interpuesta en 2010 contra 101 entidades de las que finalmente quedarían 40 tras los procesos de fusión, la macrodemanda obtuvo una victoria en primera instancia hace más de dos años en un fallo que obligó a las entidades a devolver el dinero a partir de la fecha en la que el Tribunal Supremo declaró la primera nulidad de las cláusulas suelo, el 9 de mayo de 2013.

Dicha sentencia, dictada meses antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concediera la total retroactividad a los afectados, fue especialmente celebrada por los 15.000 perjudicados adheridos a la causa promovida por Adicae, que estimaba el perjuicio anual medio en 2.000 euros y calculaba que el impacto para la banca podría ser de unos 1.000 millones.

La sentencia del Supremo y del TJUE llevó a tal avalancha de demandas para la devolución de las cantidades indebidamente cobradas que se crearon juzgados especializados. En la actualidad dan la razón al cliente en más del 98% de los casos, pero se ha criticado la falta de medios y el colapso de estos juzgados, lo que provoca el retrasos en los dictámenes.

Una pareja de Zaragoza, J. M. A. R. y M. C. S. G. S., tendrá que seguir pagando una cláusula suelo del 2,5 % a Bantierra hasta que terminen de liquidar su hipoteca: rehipotecaron su casa para adquirir un negocio y el Tribunal Supremo estima que, en ese caso, no pueden acogerse a las normas de protección de los endeudados, ya que no se trata de un asunto de consumo.

La pareja obtuvo el mismo resultado ante el Juzgado Mercantil número 1 de Zaragoza y ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con lo que, además de perder el pleito, encadenan tres condenas consecutivas a pagar las costas del procedimiento.

J. M. A. R. y M. C. S. G. S. se subrogaron en 2004 en el crédito que había suscrito con Bantierra el promotor de la casa que compraron. Al formalizar la subrogación, su cláusula suelo pasó del 2,5 % al 2,75 % mientras la de techo permanecía en el 15 %.

Cuatro años después, clientes y banco acordaron ampliar la hipoteca en 60.000 euros con el objetivo de comprar la mitad de las participaciones de un negocio de artes gráficas en La Muela. La entidad financiera les impuso entonces una cláusula suelo del 4 % que dos años después, por la “especial vinculación” que tenían, quedó reducida al 2,5 %.

“El destino del préstamo no fue un acto de consumo”

Más adelante, los hipotecados solicitaron a los tribunales que declararan la nulidad de la cláusula por su “abusividad debido a la falta de transparencia”.

Sin embargo, el Juzgado Mercantil número 1 concluyó que “el destino del préstamo no fue un acto de consumo, sino una actividad mercantil”, por lo que “no cabía el control de transparencia y solo el de inclusión, que lo pasaba porque existía una oferta vinculante, que contenía de forma clara y precisa las condiciones de la ampliación del préstamo hipotecario, y las cláusulas de la escritura estaban igualmente redactadas con claridad, concisión y sencillez”.

La Audiencia añadió que la cláusula inicial “podía no reunir las condiciones de transparencia exigibles para su validez”, aunque “en 2008 la negociación de las condiciones de ampliación del préstamo se producen en un contexto diferente”, en el que “las nuevas condiciones traen causa de una finalidad mercantil”.

“La ampliación del préstamo no es un acto de consumo, en atención al destino de la suma financiada”, añadía el tribunal provincial.

“Las propias necesidades de consumo propio”

El Supremo, por su parte, concluye que “una misma persona puede ser considerada consumidor respecto de ciertas operaciones y operador económico respecto de otras”, y que, en este caso, al contrato de ampliación del préstamo no le es aplicable “la normativa protectora de consumidores, porque quien contrata con el empresario no tenía la condición de consumidor, en la medida en que la ampliación del préstamo iba destinada a la adquisición de la mitad del capital social de una sociedad mercantil”.

En este sentido, anota que la normativa de protección de los consumidores afecta “solo a los contratos celebrados fuera e independientemente de cualquier actividad o finalidad profesional” y que tienen “el único objetivo de satisfacer las propias necesidades de consumo privado de un individuo”.

En ese caso, quien recibe el préstamo es la “parte considerada económicamente más débil, mientras que esta protección no se justifica en el caso de contratos cuyo objeto consiste en una actividad profesional”.

Más de 8.000 demandas por cláusulas suelo en Aragón

Los juzgados especializados en cláusulas abusivas han resuelto en Aragón un total de 1.753 asuntos desde que entraron en funcionamiento el 1 de junio de 2017.

Ese volumen de casos, no obstante, representa únicamente el 20,7 % del total de los que han entrado en los tribunales, lo que refleja el nivel de atasco que está generando el cribaje judicial de las cláusulas suelo. Con todo, la media de resoluciones de la comunidad se sitúa por encima de la estatal.

En esos quince meses, entre junio de 2017 y agosto de 2018, han llegado a los juzgados especializados (hay uno por provincia) 8.480 demandas, prácticamente la mitad de ellos en Zaragoza.

El Gobierno de Aragón ha solicitado al Ministerio de Justicia más medios personales para asumir la avalancha de asuntos.