Lo pidieron en el Parlamento de La Rioja y ahora también en el Ayuntamiento de Logroño. Los socialistas exigen el desarrollo de la Ley de Familias Monoparentales. Y en concreto, reclaman a Escobar voluntad política para aplicar medidas que hagan frente a la paralización del Gobierno regional.

Así, el PSOE propondrá a Escobar en el pleno de esta semana iniciar los trámites para la incorporación de la condición de familia monoparental en el sistema de tarifas del transporte urbano municipal. En este sentido, el grupo municipal pedirá realizar, en el plazo máximo de seis meses, un análisis integral de los ámbitos de competencia municipal en los que resulte posible incorporar medidas específicas de apoyo a las familias monoparentales, en coherencia con los principios y objetivos establecidos en la Ley 3/2023 para incorporarlos allá donde no existan de manera progresiva.

Y es que consideran “incomprensible” que más de tres años después de su aprobación, la Ley de Familias Monoparentales siga sin desarrollarse reglamentariamente impidiendo así que se traduzca en derechos reales. Una Ley, recuerdan, “que fue aprobada por un Gobierno progresista y que fue convalidada por unanimidad en el Parlamento de La Rioja en el año 2023”. Critican al Gobierno de Capellán porque “tiene competencias suficientes para actuar y no quedarse con los brazos cruzados”.

Y el equipo de Gobierno en Logroño, añaden, “no pude permanecer en una posición de espera indefinida. Cuando hay margen de actuación lo que se pone a prueba es la voluntad política. Y más cuando la falta de aplicación de la Ley tiene un claro impacto en términos de desigualdad de género, ya que el 80 por ciento de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres”.

Los socialistas exigen al presidente riojano, Gonzalo Capellán, que “abandone su letargo y desarrolle” la Ley de Familia Monoparentales de La Rioja“. Y para ello, el secretario general, Javier García, ha avanzado que su grupo defenderá una inciativa en el próximo pleno. ”Han pasado ya 3 años desde que el 7 de marzo de 2023, bajo un Ejecutivo socialista, se aprobara por unanimidad esta ley, que supuso todo un hito al convertirse en la primera normativa en España que reconocía las necesidades de estas familias“. Hablamos de familias ”mayoritariamente lideradas por mujeres valientes que sostienen el 81 por ciento de estos hogares“. Esta ley ”prometía protección social, económica y jurídica“.

El líder de los socialistas ha denunciado que desde entonces el Gobierno del PP “solo se ha habilitado un registro oficial que, además, carece de utilidad práctica y que no concede derecho alguno a este colectivo”. Es un registro “que únicamente aprueba y tramita solicitudes de acreditación de esta condición, un trámite vacío que no cambia vidas y no responde a preguntas tan básicas como cuántas familias monoparentales hay en La Rioja”.

Por eso, Javier García ha exigido al Ejecutivo regional “que abandone su letargo y que despliegue todo el potencial de este texto legal”. No puede ser, ha dicho el Secretario General del PSOE, que en pleno 2026 un Gobierno “mire para otro lado mientras mujeres y niños, que además son los más vulnerables, quedan desprotegidos”. Además, “no es la primera vez que llevamos esta iniciativa al parlamento; el Gobierno y el PP ya votaron en contra de desarrollar esta normativa”. Estas familias “merecen ser visibles, reconocidas y que su Gobierno empatice con sus problemas”.

Javier García ha afirmado que a través de esta Proposición no de Ley “perseguimos un consenso para responder a los anhelos de más de 13.000 familias monoparentales en La Rioja”. Lo que queremos es “desarrollar de forma inminente la ley, que se elabore un calendario de implementación efectiva de las medidas consignadas y que los presupuestos regionales incluyan anualmente los recursos económicos necesarios para su financiación”.

El secretario General del PSOE ha señalado que Baleares, Valencia, Navarra o Euskadi “ya tienen desarrolladas sus leyes y aprobadas medidas muy eficaces”. Son comunidades “que han legislado más tarde que nosotros, pero que han elaborado decretos de desarrollo, lo que demuestra que es falso que sea necesaria una ley de familias en el ámbito estatal”. 

García ha exigido a Capellán “que explique las verdaderas causas que le llevan a no desarrollar la ley regional y, por lo tanto, a no atender las justas demandas de estas familias”. Es una muestra más de que estamos ante un presidente del Gobierno “sumido en el letargo, con una actitud pasiva y gris, que no desarrolla leyes aprobadas por la Cámara y con una falta de sensibilidad hacia colectivos vulnerables que resulta ya alarmante”.

Valentina llegó de México en 2019 huyendo de la violencia de su país. Aquí conoció al que luego se convertiría en el padre de su hijo, que hoy tiene tres años. Pero la relación no acabó bien y, aunque quería cortar por lo sano, temía qué sería de una mujer migrante y soltera con un pequeño a cargo. Lo mismo le pasó a Montse que, después de años de violencia, reunió el valor para separarse. Pero entre los juicios y que su ex se negaba a pasarle la pensión, su economía se derrumbó. Estos miedos hicieron que ambas estuvieran más tiempo en sus relaciones del que hubieran querido.

Porque, al dolor de la separación, las secuelas de la violencia y al peso de criar a un hijo en solitario, estas mujeres deben sumar la inseguridad habitacional. Ambas resisten en pisos de los cuales la propiedad quiere echarlas, sometiéndolas a mobbing y con amenazas de desahucio próximas. Ninguna, a pesar de ser profesionales formadas y con carrera, tiene el dinero suficiente como para hacer frente a una mudanza ni a un alquiler que, de bien seguro, será mayor que el que tienen ahora.

Montse paga 600 euros por un piso de 60m2 con dos habitaciones; una de ellas, la de su hijo, sin ventilación y da directamente a la de su madre. “No puedo permitirme nada que no sea eso”, resume esta mujer, que es maestra de primaria. Antes era filóloga árabe, tenía carrera y dos másters, pero tuvo que estudiar magisterio cuando se separó porque vio que el que era su oficio y su pasión no le iba a pagar las facturas una vez sola.

Vive en un piso de la calle del Tigre, en el Raval de Barcelona, del que desahuciaron a principios de enero a siete familias porque, según un informe encargado por la propiedad, el inmueble tiene “riesgo inminente de derrumbe”. Por otro lado, hay inspecciones de los Bomberos que descartan el riesgo. Los casos de los vecinos han caído en Juzgados de Instrucción diferentes —cosa que, según los sindicatos de vivienda es totalmente excepcional. Uno, el 22, ordenó el desahucio. Y otro, el 56 y el que le tocó a Montse, ha decidido que puede quedarse en su casa. Pero no sabe hasta cuándo.

Cuando me separé, tuve que entregarle una copia de las llaves de casa a mi ex. Al tiempo acabó aceptando que tenía que irse, pero alquiló una habitación en el mismo edificio y empezó a perseguirme y a acosarme

Montse

“Estoy agotada, es una carrera de fondo. Después de todo lo que ha pasado…”, se lamenta Montse. Lleva 19 años en ese piso y es la segunda vez que tiene que luchar para quedarse allí. La primera fue cuando se separó, después de un largo maltrato. Su exmarido llegó a entrar en la casa por la fuerza y la denunció porque, argumentó, ella quería echarle y separarle de su hijo —del que luego nunca se hizo cargo.

“Me tocó pagar una multa y entregarle una copia de las llaves de casa. Al tiempo acabó aceptando que tenía que irse, pero alquiló una habitación en el mismo edificio y empezó a perseguirme y a acosarme”, recuerda Montse. Por suerte, sus vecinos se dieron cuenta y, en cuanto pudieron, rompieron el contrato de subarrendamiento.

“Pensé en irme, pero no tenía cómo hacerlo”, explica. Su marido se negaba a pasarle la pensión, lo que inició otro proceso judicial y el consecuente gasto en abogados. Además, se había quedado en paro y no encontraba trabajo debido a la depresión. Y todo ello, con un hijo de tres años. Hoy, ese niño ya tiene casi 18 años y ha salido adelante: estudia música y toca cuatro instrumentos. “Su educación es muy cara, pero no quería quitarle ese sueño. Vamos justos y tener que irnos ahora sería desastroso. Y, aunque intento mantenerle al margen, él nota todo ese estrés, las noches sin dormir”, lamenta Montse.

Un motivo para no romper

Montse reconoce que tardó en separarse “mucho más” de lo que le hubiera gustado. Primero, como a muchas otras víctimas, le costó darse cuenta de lo que pasaba en su casa. Luego vino la vergüenza. Y ya, después, la presión económica. “Si me quedaba sola, no sabía si iba a poder pagar el piso. Y si me echaban, ¿dónde iba a encontrar otro?”, expresa.

Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer del Ministerio de Igualdad, las víctimas tardan unos 2,5 años en identificarse como tal y les suele costar entre 5 y 7 años formalizar la ruptura. Según el estudio, las causas son varias, siendo el bienestar de los hijos y la inestabilidad económica las mayores preocupaciones.

Estos miedos están respaldados por otro informe del Ministerio que apunta que quedarse solas es uno de los principales motivos para los impagos del alquiler. Concretamente, el 6,05% de las que presentan problemas son víctimas de violencia de género; el 3,72 tienen dificultades después de la ruptura con su pareja y el 2,33% desde que enviudaron.

Hay muchos factores que retrasan la salida de situaciones que no son buenas. No todo el mundo se puede permitir el lujo de salir de una relación

Valentina

“Las mujeres somos un sujeto devaluado”, apunta Marina Parés, portavoz del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, que acompaña el caso de Montse. La mayoría de personas que se acercan a sus asambleas, aseguran, son mujeres y “en no pocos casos” se detecta a víctimas de violencia machista. “Mujeres que no estarían con sus parejas si no dependieran de un segundo sueldo para pagar. El alquiler te ata al maltratador”, remacha.

“Hay muchos factores que retrasan la salida de situaciones que no son buenas. No todo el mundo se puede permitir el lujo de salir de una relación”, argumenta Valentina. Esta mexicana es médica y, cuando empezó a pensar en separarse, se encontraba en medio del proceso para obtener su residencia, homologar su título, colegiarse y sacarse el MIR. “Yo había dejado el trabajo que tenía para poder dedicarme plenamente a eso y volver a ejercer rápido, pero claro, si me separaba, iba a ser mucho más difícil”, recuerda.

A todo ello se suma que, tras la separación, ella se quedó con la custodia total del niño, al que su ex sólo ve en visitas puntuales, lo que le resta mucho tiempo para estudiar y hacer trámites —que, a veces implican viajes a Madrid o incluso a México. Además, Valentina apunta que, por ser migrante, tiene una red de apoyo “muy limitada” que no puede hacerse cargo del bebé si ella necesita ir a una entrevista de trabajo o a un examen.

Con todo, decidió dar el paso. Hizo cálculos y vio que, gracias al IMV, a la manutención y a los ahorros podría aguantar un año más sin trabajar y acabar de homologar su título. La vivienda no era un problema porque su ex le dejó quedarse en el piso, sabiendo que para ella iba a ser muy difícil encontrar un alquiler siendo madre soltera.

Pero todo cambió con un burofax en el que la propiedad le informaba que habría una actualización del IPC en el contrato. Y no solo del presente año, sino que el documento también le exigía al pago retroactivo de los años anteriores, lo que sumaba una deuda acumulada de 3.000 euros. Ese gesto, que es ilegal, fue leído por Valentina y su abogado como un “acoso inmobiliario” que llegó justo cuando informó a la propiedad de que se había separado y, a partir de entonces, en el contrato constaría sólo ella.

Mi hijo no va a saber lo que es el sentimiento de barrio. Tiene derecho a jugar en su parque y yo, siendo madre soltera, tengo derecho a pedir ayuda a una vecina, a cuidarnos a los niños mutuamente y a echarnos una mano

Valentina

“Querían crearme una situación hostil para que me fuera”, resume la mujer, que reconoce que se lo llegó a pensar. “Pero no estaba preparada para lo complicado que es. Cuando iba a un piso, eran visitas que duraban 15 minutos, junto a otras ocho personas ”, recuerda. En su situación, sólo se le ofrecía alquiler de habitaciones y no estaba dispuesta a vivir con su hijo en una pequeña pieza junto a desconocidos.

Así que decidió quedarse en su piso por el tiempo que pudiera. Pero a finales de 2025, y contraviniendo el mínimo de cuatro meses de preaviso, la propiedad dio la estocada final y le informó de que no le iba a renovar, argumentando que había una deuda impagada. Valentina pidió la prórroga por vulnerabilidad (de hasta un año), pero su casera se la denegó. Así que, a pesar de que el contrato acabó el pasado 9 de febrero, ella sigue en el piso. “Estaré aquí hasta que encuentre una alternativa, al menos”, asegura.

Valentina explica que supuso “mucho trabajo” reconstruir su vida tras la separación. Y ahora ve que tendrá que volver a empezar. Seguramente, en un barrio nuevo. El suyo, el del Born, es uno de los más gentrificados de la ciudad. Cuando se mudó a su edificio, durante la COVID, estaba lleno de familias y personas locales. Pero, a la que se han ido acabando los contratos, esos vecinos se han ido sustituyendo por expats y alquileres de temporada.

“Mi hijo no va a saber lo que es el sentimiento de barrio. Tiene derecho a jugar en el parque con sus vecinos y yo, sobre todo siendo madre soltera, tengo derecho a pedir ayuda a una vecina, a cuidarnos a los niños mutuamente y a echarnos una mano”, lamenta. Ella, igual que Montse, siente que la expulsión de su casa es el último golpe tras una separación traumática. Algo que sus exparejas no han tenido que soportar.

Amnistía Internacional ha instado al Ayuntamiento de Alovera (Guadalajara) y a la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha a adoptar “medidas urgentes” para garantizar una vivienda adecuada a Ikram, de 26 años, y su hija de un año, “tras su desalojo sin alternativa habitacional en noviembre de 2025”.

Según la organización, madre e hija “se encuentran actualmente residiendo en una habitación en una vivienda compartida que no reúne condiciones adecuadas de habitabilidad ni salubridad, lo que supone una situación de especial gravedad al afectar directamente a una menor”.

Amnistía Internacional ha escrito tanto al Ayuntamiento de Alovera como a la Consejería de Bienestar Social, solicitando “la adopción inmediata de medidas urgentes” para asegurar una vivienda adecuada para la familia, la “revisión de la actuación administrativa que permitió el desalojo sin solución habitacional” y, por otro lado, la “implementación de protocolos que impidan el desalojo de menores sin alternativa de vivienda”.

La organización ha recordado que los Servicios Sociales dependientes del Ayuntamiento de Alovera y la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha emitieron previamente un informe “recomendando la paralización del desahucio por tratarse de una familia en situación de vulnerabilidad”.

Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas solicitó “medidas cautelares al Estado español para evitar daños irreparables, instando a proporcionar una alternativa habitacional adecuada”.

La organización también subraya que recientemente el Comité de los Derechos del Niño recomendó a nivel estatal “suspender los desalojos de familias con menores hasta garantizar una vivienda alternativa”, y que el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Balakrishnan Rajagopal, ha advertido “sobre las consecuencias del fin de la moratoria de desahucios para familias vulnerables”.

“Las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar el derecho a la vivienda, evitando los desalojos de familias vulnerables sin alternativa habitacional, y de proteger el interés superior del menor”, ha señalado Alfonso Sánchez, coordinador de Campañas de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha.

Bienestar Social dice “no tener competencia” para ofrecer vivienda

La consejera de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha señalado hoy a preguntas de los periodistas que le “consta que el Ayuntamiento de Alovera tiene algunas viviendas sociales. Supongo que a través de los equipos del ayuntamiento estarán tramitando esta situación que para nosotros no es deseable, pero a veces sucede y las administraciones tenemos que dar la mayor cobertura posible”.

Asegura que desde la Consejería su “posibilidad no es ofrecer una vivienda porque no es nuestra competencia, pero sí es ofrecer nuestros apoyos posibles para que esa familia salga de esa situación de vulnerabilidad” que se puede hacer “con ayudas de emergencia para poder facilitar alquiler, como con recursos de personas en situación sin hogar”.

García Torijano ha añadido que cree que “tiene que ser una acción más concreta del propio ayuntamiento, que es la entidad competente en darle una alternativa a esta familia si puede y tiene posibilidades, y muy trabajado con los Servicios Sociales de Atención Primaria”.

Este medio se ha puesto en contacto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alovera. Sin embargo, no ha obtenido respuesta por el momento.

El Gobierno vasco ha aprobado este martes el quinto Plan de Apoyo a Familias, a la Infancia y a la Adolescencia de Euskadi, que se ha elaborado con la participación de entidades, familias y, por primera vez, con treinta niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 14 años. Se trata de un plan que contará con una duración de cuatro años, de 2026 hasta 2030, y cuenta con 17 medidas y 78 acciones. Aunque la consejera Nerea Melgosa, del PNV, insiste en que no es un “catálogo de ayudas”, sí se ha estimado una inversión de 817 millones de euros.

“Este plan reconoce a las familias de Euskadi como pilares fundamentales de nuestra sociedad y pone en valor su contribución como agentes activos del bienestar colectivo”, ha explicado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes. Una de las patas principales es la ayuda de 200 euros mensuales que se abona por nacimiento, adopción, acogida o incluso gestación subrogada, que será mejorada. Melgosa ha dicho desconocer cuáles son las intenciones del Gobierno de España, que planteó también una prestación similar pero hasta los 18 años.

El plan utiliza palabras como “crianza responsable” o “corresponsabilidad en los cuidados”, claves en las que se han querido enfocar desde el Ejecutivo para hacer frente a las problemáticas que dificultan el día a día de las familias. Por ello, lo que se busca es crear un mayor refuerzo de cara a la conciliación. “Vivimos un tiempo de profundas transformaciones sociales. Las familias son cada vez más diversas, la crianza y los cuidados requieren una conciliación equilibrada, la emancipación se retrasa y la infancia y adolescencia afrontan nuevos retos. Ante esta nueva realidad, las instituciones no podemos mirar hacia otro lado, nos jugamos mucho como país. Tenemos que anticiparnos, acompañar y generar seguridad vital y eso es lo que hace este plan”, ha detallado Melgosa.

Entre las medidas que ha presentado se encuentra la ampliación de la ayuda directa de 200 euros mensuales por hijo hasta los cuatro años, ya anunciada a principios de 2025, un decreto para familias monoparentales, aprobado también en diciembre de 2025, y “un refuerzo de la comuidad Kontzilia”, que forman empresas y cooperativas con el objetivo de favorecer la conciliación. También se incluyen en el nuevo plan la extensión de permisos de paternidad y maternidad con permisos iguales e intransferibles, la ampliación de la oferta de Haurreskolak -expresamente preguntada por ello, Melgosa ha pedido tiempo para explicar su alcance- o la creación del Foro de la Infancia y la Adolescencia para “garantizar su participación en las políticas públicas”.

Además, “en un plazo muy breve” que no determinan desde el Gobierno vasco, se pondrá en marcha un “observatorio de infancia, adolescencia y juventud” y un servicio de atención integral y especializada a personas menores víctimas de violencia sexual. “El quinto plan no es un plan sectorial ni de un catálogo de ayudas. Es un marco político que orienta cómo Euskadi quiere cuidar, convivir y construir bienestar colectivo en los próximos años. Fortalecer a las familias es fortalecer la comunidad y fortalecer la comunidad es fortalecer la cohesión social y el futuro de nuestro país”, ha aseverado la consejera.

En cuanto a la ayuda de 200 euros por hijo hasta los cuatro años Melgosa ha reconocido que sumaría a unos “12.000 expedientes más”. “Y si sumamos 0-3 y 3-7 [los pagos son durante más tiempo en caso de familias numerosas, monoparentales o con discapacidad] cada mes se pagan o se invierte en políticas de familia 47.000 expedientes”, ha aclarado. Preguntada por si la ayuda del Gobierno vasco se puede compaginar con la prestación del Gobierno de España de 200 euros para menores de 18 años pero con un horizonte lejano, la consejera ha indicado que pese a que han solicitado el texto de la medida, por el momento no lo han recibido y, por tanto, no pueden “analizarlo ni saber cuáles son sus implicaciones”.

En cuanto a la ampliación de la oferta de Haurreskolak, ha añadido que “muchas veces no se tiene en cuenta que una de las grandes medidas de conciliación y corresponsabilidad no es solamente el tema de los permisos, sino el de las plazas de Haurreskolak gratuitas de 0 a 2 años. Es importante poner encima de la mesa la inversión que se está haciendo sobre políticas de conciliación y de educación en las escuelas infantiles”, ha concluido.

“Els primers quatre mesos, quan tenia el permís de maternitat per cura del menor, me’n vaig anar a Conca, perquè la meva família és d’allà”. Estrella, mare soltera que resideix a Eivissa, té una filla de tres anys. És una de les moltes progenitores que reclama, a través de les associacions en què s’organitzen, equiparar les ajudes públiques que perceben les famílies nombroses a les monomarentals. L’objectiu és tan conciliar com no patir per arribar a final de mes. “La meva mare em donava un cop de mà [quan va néixer la seva filla], però a partir del quart mes estava tota sola”, explica. La realitat és que arribar a tot és una cursa d’obstacles en què, quan arriba el final del dia, les mares solteres acaben completament exhaustes.

Quan va tornar de la seva baixa per maternitat, va haver de deixar la seva empresa, del sector de la medicina estètica, perquè no la deixaven conciliar, segons afirma. “Em van posar molts impediments. No em volien donar els permisos de lactància que em pertocaven, uns quinze dies”, assegura. Afegeix que s’havia guardat un mes de vacances l’agost del 2022 perquè la seva filla va néixer al desembre: “La idea era gaudir més d’ella i no haver de deixar-la tan petita en una escoleta”.

El relat d'Estrella reflecteix una realitat que moltes mares solteres coneixen massa bé. No és només una qüestió d'horaris o logística: es tracta de tenir que lluitar per drets bàsics cada dia. “Al final em van enviar a l'atur i vaig poder gaudir de la meva filla quan era un nadó”, detalla, recordant que no va haver de portar-la a l'escoleta amb quatre mesos, la segona opció que es plantejava, encara que no desitjada. Estrella, sent mare soltera, necessitava seguir cobrant. No podia demanar una excedència. D'altra banda, va tenir dificultats per pactar l'horari de matins amb l'empresa en la qual estava, que per a ella era l'idoni per poder conciliar. Com que l'empresa no va accedir, va arribar a un acord per al seu acomiadament, va demanar l'atur, i va poder quedar-se més temps cuidant del seu nadó.

“Està destinat a rendes altes”

L’Associació de Mares Monomarentals per Elecció a Eivissa i Formentera (Ammpeeif) qüestiona l’abast de l’anomenat xec cangur, una subvenció de fins a 4.000 euros per unitat familiar impulsada pel Govern de Marga Prohens (PP) per facilitar la conciliació mitjançant la contractació de personal per a la cura de menors. Tot i que l’Executiu autonòmic assegura que les famílies monomarentals tindran prioritat en l’accés a aquesta ajuda, des de l’associació consideren que es tracta d’una mesura allunyada de la seva realitat econòmica. Aquesta subvenció pública va destinada a diferents tipus de famílies per “ajudar en la contractació de personal que pugui cuidar els menors perquè les famílies puguin conciliar”, però des de l’entitat recriminen que el xec està “destinat a rendes altíssimes”, en paraules d’Inés Santiago, presidenta de l’associació.

L’Associació de Famílies Monomarentals d’Eivissa i Formentera qüestiona l’abast del ‘xec cangur’ del Govern balear i denuncia que, tot i que l’Executiu assegura que l’ajuda tindrà prioritat per a elles, està “destinada a rendes altíssimes”

Davant d’això, Catalina Cabrer (PP), consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, nega que les famílies monomarentals no tinguin prioritat. “Les famílies monoparentals sí que tenen un tracte diferenciat en aquesta convocatòria: per exemple, els beneficiaris poden estar treballant només a temps parcial o gaudir d’una reducció de jornada i, així i tot, beneficiar-se de la subvenció. Això no passa amb les famílies ordinàries”, explica a elDiario.es. A més, afirma que, pel que fa al topall màxim de l’import a percebre, les monoparentals “cobraran en tot cas el 100% dels conceptes previstos”.

Les famílies monoparentals sí que tenen un tracte diferenciat en aquesta convocatòria: per exemple, els beneficiaris poden estar treballant només a temps parcial o gaudir d’una reducció de jornada i, així i tot, beneficiar-se de la subvenció. Això no passa amb les famílies ordinàries.

Catalina Cabrer — Consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social

L’opinió de les afectades és una altra. “No volem que es publicitin mesures que mai ens arribaran com si fossin favorables a les nostres famílies. No volem un xec per pagar un/a empleat/da de la llar que no podem contractar”, insisteix Santiago. En conversa amb aquest diari, explica que per a elles és impossible assumir totes les despeses que comporta aquesta contractació: Seguretat Social, IRPF, gestoria, etc. “Depenem d’un sol sou, per la qual cosa el risc d’exclusió social és molt alt”, argumenta.

Les dificultats són tant econòmiques com de conciliació. En la seva feina anterior, Estrella tenia horari de matí dos dies a la setmana mentre que els altres tres eren de tarda. “Necessitava deixar la nena a l’escoleta, treballar al matí i recollir-la en acabar. Si treballo a la tarda, i estic sola, on la deixo?”, es pregunta. “Les escoletes privades tanquen a les cinc, a tot tardar, i jo de vegades acabava de treballar a les onze de la nit”, lamenta. Ara treballa d’administrativa en el sector de la construcció, on té una jornada de nou i mitja del matí a dues i mitja del migdia. És a dir, jornada reduïda. És una altra de les dificultats a les quals s’enfronten. Per això, des de l’associació demanen ajudes públiques per pal·liar aquesta situació. “Volem que ens compensin les reduccions de jornada per cura de menors”, explica Santiago.

L’impacte d’aquestes decisions no és només econòmic, ja que també afecta la salut mental i emocional de les mares i dels fills. “Durant nou mesos vaig estar sola amb la meva filla les vint-i-quatre hores, set dies a la setmana”, comenta. Fins que nou mesos després va decidir portar-la a una escoleta. “Necessitava un respir”, admet Estrella. En cas de no poder acudir a una guarderia pública, hi ha subvencions de la comunitat autònoma, però no són específiques per a elles. “Es tenen en compte totes les famílies, tant monomarentals com biparentals”, explica.

Durant nou mesos vaig estar sola amb la meva filla les vint-i-quatre hores, set dies a la setmana, fins que nou mesos després vaig decidir portar-la a una escoleta. Necessitava un respir

Estrella — Mare monomarental

Es tracta de situacions que, segons Santiago, es repeteixen sistemàticament entre les famílies monomarentals de l’arxipèlag balear. “En teoria estem equiparades a les famílies nombroses. La llei existeix –8/2018, de suport a les famílies– però a la pràctica no ens fan descompte al patronat d’esports ni per a les activitats extraescolars”, lamenta. “Si el teu fill o filla vol anar a la piscina, la quota per a les famílies nombroses està a la meitat. Tot i això, no hi ha descompte per a les famílies monomarentals”. Assegura que mantenen reunions amb els ajuntaments, el Consell Insular i el Govern, però sense resultats: “No aconseguim que la llei es compleixi”.

“No tenim ajudes de menjador ni d’activitats extraescolars”

Estrella aporta exemples concrets. “Al menjador escolar o a les activitats extraescolars no tenim absolutament cap ajuda, ni a les matineres –activitats complementàries, esmorzar inclòs, abans de començar les classes– ni al menjador, ni a res”, assenyala. Fins i tot els serveis que existeixen per a famílies nombroses no s’apliquen a les monomarentals, tot i que la llei 8/2018 estableix la seva equiparació. De vegades, aquesta mare s’inscriu com a família nombrosa, però després ha d'aportar documentació i escrits per justificar que el seu model de família entra dins dels descomptes. “Sembla que estiguem demanant un favor”, resumeix. L’associació de famílies monomarentals aporta un altra dada: gairebé el 94% d’elles té dificultats per arribar a final de mes. “Les estadístiques ens situen en risc de pobresa: destinem més de la meitat del sou a l’habitatge i per a més del 40% de les famílies monomarentals una de les despeses més difícils d’assumir és l’educativa”, afegeix Santiago.

Les estadístiques ens situen en risc de pobresa: destinem més de la meitat del sou a l’habitatge i, per a més del 40% de les famílies monomarentals, una de les despeses més difícils d’assumir és l’educativa

Inés Santiago — Presidenta de l'Associació de Mares Monomarentals per Elecció d'Eivissa i Formentera

El contrast entre el que afirmen les afectades i el que ha anunciat el Govern és evident. La Conselleria de Treball, Funció Pública i Diàleg Social acaba de presentar el “xec cangur”: una línia de subvencions de 4.000 euros per unitat familiar “per a la contractació de personal de la llar per a la cura de menors”. Així, la mesura anunciada pel Govern de Prohens preveu donar prioritat a “les famílies monoparentals, les famílies nombroses i les famílies amb membres amb discapacitat, que poden accedir a les ajudes també en cas de treballar a jornada parcial”.

La quantia de la subvenció s’estableix en funció de la renda familiar per càpita. Les rendes inferiors a 20.000 euros poden obtenir una cobertura del 100%; les rendes entre 20.000 i 29.999 euros, una cobertura del 75%, i les famílies monoparentals amb una renda per càpita inferior a 30.000 euros també poden accedir a una cobertura del 100%. Les rendes iguals o superiors a 30.000 euros no poden accedir a l’ajuda.

La família monomarental, “invisibilitzada”

“Aquesta ajuda només arribarà a 80 famílies de l’arxipèlag balear”, indica Santiago, consultada sobre la mesura. “És impossible aconseguir una ajuda de menjador –només la poden rebre les famílies que ingressen menys de 19.000 euros bruts anuals– però sí que podem aconseguir una subvenció per contractar una persona a casa. És un sense sentit”, explica. La presidenta de l’associació adverteix que, a la pràctica, mesures com el “xec cangur” ajuden molt poc les famílies que viuen amb pressupostos ajustats.

“La família monomarental encara està invisibilitzada. En l'àmbit estatal no existim. La família nombrosa està reconeguda des de fa molt de temps, té uns beneficis consolidats que no s’han de treure, ni de bon tros. Però la família monomarental no es reconeix”, matisa. Santiago insisteix que les necessitats de conciliació que tenen “són molt reals”, com la necessitat de portar els seus fills i filles a escoles durant les vacances d’estiu o Setmana Santa. “Reclamem que es respecti la prioritat en les bonificacions que estableix la llei”, afegeix.

La família monomarental encara està invisibilitzada. A nivell estatal no existim. La família nombrosa està reconeguda des de fa molt de temps, té uns beneficis consolidats que no cal treure, ni molt menys. Però la família monomarental no es reconeix

Inés Santiago — Presidenta de l'Associació de Mares Monomarentals per Elecció d'Eivissa i Formentera

La Conselleria de Treball, Funció Pública i Diàleg Social afirma, en canvi, que la subvenció anunciada –dotada amb un pressupost de 320.000 euros– és un recurs més “als que ja existeixen”. Cabrer ha explicat que la seva conselleria treballarà en altres mesures integrades al Pla de Conciliació de les Balears. “I tot això sense interferir en la llibertat que cada família opti pel model de dedicació i conciliació que consideri pertinent”, assegura. Així, indica que la renda que s’exigeix és familiar per càpita. “Convé aclarir que es calcula sumant els ingressos dels progenitors i dividint aquesta suma pel nombre de membres de la família, i per això pensem que té un gran abast”, conclou.

“Los primeros cuatro meses, cuando tenía el permiso de maternidad por cuidado del menor, me fui a Cuenca, porque mi familia es de allí”. Estrella, madre soltera que reside en Eivissa, tiene una hija de tres años. Es una de las muchas progenitoras que reclama, a través de las asociaciones en las que se organizan, equiparar las ayudas públicas que perciben las familias numerosas a las monomarentales. El objetivo es tanto conciliar como no sufrir por llegar a final de mes. “Mi madre me echaba una mano [cuando nació su hija] pero a partir del cuarto mes estaba solita”, atestigua. La realidad es que llegar a todo es una carrera de obstáculos en la que, cuando llega el final del día, las madres solteras terminan completamente exhaustas.

Cuando volvió de su baja por maternidad, tuvo que dejar su empresa, del sector de la medicina estética, porque no la dejaban conciliar, según cuenta. “Me pusieron muchos impedimentos. No me querían dar los permisos de lactancia que me pertenecían, unos 15 días”, asegura. Añade que se había guardado un mes de vacaciones en agosto de 2022 porque su hija nació en diciembre: “La idea era disfrutar más de ella y no tener que dejarla tan pequeña en una escoleta”.

El relato de Estrella refleja una realidad que muchas madres solteras conocen demasiado bien. No es solo una cuestión de horarios o logística: se trata de tener que luchar por derechos básicos cada día. “Al final me mandaron al paro y pude disfrutar de mi hija cuando era un bebé”, detalla, recordando que no tuvo que llevarla a la escoleta con cuatro meses, la segunda opción que se planteaba, aunque no deseada. Estrella, siendo madre soltera, necesitaba seguir cobrando. No podía pedirse una excedencia. Por otro lado, tuvo dificultades para pactar el horario de mañanas con la empresa en la que estaba, que para ella era el idóneo para poder conciliar. Como la empresa no accedió, llegó a un acuerdo para su despido, pidió el paro, y pudo quedarse más tiempo cuidando de su bebé.

“Está destinado a rentas altas”

En Eivissa y Formentera, la Asociación de Madres Monomarentales por Elección (Ammpeeif) cuestiona el alcance del llamado cheque canguro, una subvención de hasta 4.000 euros por unidad familiar impulsada por el Govern de Marga Prohens (PP) para facilitar la conciliación mediante la contratación de personal para el cuidado de menores. Aunque el Ejecutivo autonómico asegura que las familias monomarentales tendrán prioridad en el acceso a esta ayuda, desde la asociación consideran que se trata de una medida alejada de su realidad económica. Esta subvención pública va destinada a diferentes tipos de familias para “ayudar en la contratación de personal que pueda cuidar a los menores para que las familias puedan conciliar”, pero desde la entidad recriminan que el cheque está “destinado a rentas altísimas”, en palabras de Inés Santiago, presidenta de la asociación.

La Asociación de Familias Monomarentales de Eivissa y Formentera cuestiona el alcance del 'cheque canguro' del Govern balear y denuncia que, pese a asegurar el Ejecutivo que la ayuda tendrá prioridad para ellas, está “destinada a rentas altísimas”

Frente a ello, Catalina Cabrer (PP), consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, niega que las familias monomarentales no tengan prioridad. “Las familias monoparentales sí tienen un trato diferenciado en esta convocatoria: por ejemplo, los beneficiarios pueden estar trabajando solo a tiempo parcial o disfrutar de una reducción de jornada y aún así beneficiarse de la subvención. Esto no ocurre con las familias ordinarias”, explica a elDiario.es. Además, afirma que respecto al tope máximo de importe a percibir, las monoparentales “cobrarán en todo el 100% de los conceptos previstos”.

Las familias monoparentales sí tienen un trato diferenciado en esta convocatoria: por ejemplo, los beneficiarios pueden estar trabajando solo a tiempo parcial o disfrutar de una reducción de jornada y aún así beneficiarse de la subvención. Esto no ocurre con las familias ordinarias

Catalina Cabrer — Consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social

La opinión de las afectadas es otra. “No queremos que se publiciten medidas que nunca nos llegarán como si fueran favorables a nuestras familias. No queremos un cheque para pagar a un empleado/a de hogar que no podemos contratar”, insiste Santiago. En conversación con este diario, explica que para ellas es imposible acarrear con todos los gastos que conlleva esta contratación: Seguridad Social, IRPF, gestoría, etc. “Dependemos de un solo sueldo, por lo que el riesgo de exclusión social es muy alto”, argumenta.

Las dificultades son tanto económicas como de conciliación. En su anterior trabajo, Estrella tenía horario de mañana dos días de la semana mientras que los otros tres eran de tarde. “Necesitaba dejar a la niña en la escoleta, trabajar por la mañana y recogerla al terminar. Si trabajo por la tarde, y estoy sola, ¿dónde la dejo?”, se pregunta. “Las escoletas privadas cierran a las cinco, como muy tarde, y yo a veces terminaba de trabajar a las once de la noche”, lamenta. Ahora trabaja de administrativa en el sector de la construcción, donde tiene un trabajo de nueve y media de la mañana a dos y media del mediodía. Es decir, jornada reducida. Es otra de las dificultades a las que se enfrentan. Por eso, desde la asociación piden ayudas públicas para paliar esta situación. “Queremos que nos compensen las reducciones de jornada por cuidado de menores”, explica Santiago.

El impacto de estas decisiones no es solo económico, ya que también afecta a la salud mental y emocional de las madres y de los hijos. “Durante nueve meses estuve sola con mi hija las veinticuatro horas, siete días a la semana”, comenta. Hasta que a los nueve meses decidió llevarla a una escoleta. “Necesitaba un respiro”, admite Estrella. En caso de no poder acudir a una guardería pública, hay subvenciones de la Comunitat Autònoma, pero no son específicas para ellas. “Se tienen en cuenta a todas las familias, tanto monomarentales como biparentales”, explica.

Durante nueve meses estuve sola con mi hija las veinticuatro horas, siete días a la semana, hasta que a los nueve meses decidí llevarla a una 'escoleta'. Necesitaba un respiro

Estrella — Madre monoparental

Se trata de situaciones que, según Santiago, se repiten sistemáticamente entre las familias monomarentales del archipiélago balear. “En teoría estamos equipadas a las familias numerosas. La ley existe –8/2018, de apoyo a las familias– pero en la práctica no nos hacen descuento en el patronato de deportes o para las actividades extraescolares”, lamenta. “Si tu hijo o hija quiere ir a la piscina, la cuota para las familias numerosas está a la mitad. Sin embargo, no hay descuento para las familias monomarentales”. Asegura que mantienen reuniones con los ayuntamientos, el Consell Insular y el Govern, pero sin resultados: “No conseguimos que la ley se cumpla”.

“No tenemos ayudas de comedor ni extraescolares”

Estrella aporta ejemplos concretos. “En el comedor escolar o en extraescolares no tenemos absolutamente ninguna ayuda, ni en matineres –actividades complementarias, desayuno incluido, antes de empezar las clases– ni en comedor, ni nada”, señala. Incluso los servicios que existen para familias numerosas no se aplican a las monomarentales, aunque la ley 8/2018 establece su equiparación. En ocasiones, esta madre se inscribe como familia numerosa pero luego tiene que aportar documentación y escritos para justificar que su modelo de familia entra en los descuentos. “Parece que estemos pidiendo un favor”, resume. La asociación de familias monomarentales aporta otro dato: casi el 94% de ellas tiene dificultades para llegar a final de mes. “Las estadísticas nos sitúan en riesgo de pobreza: destinamos más de la mitad del suelo a la vivienda y para más del 40% de las familias monomarentales uno de los gastos más difíciles de afrontar es el educativo”, añade Santiago.

Las estadísticas nos sitúan en riesgo de pobreza: destinamos más de la mitad del suelo a la vivienda y para más del 40% de las familias monomarentales uno de los gastos más difíciles de afrontar es el educativo

Inés Santiago — Presidenta de la Asociación de Madres Monomarentales por Elección de Eivissa y Formentera

El contraste entre lo que afirman las afectadas y lo anunciado por el Govern es evidente. La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social acaba de presentar el “cheque canguro”: una línea de subvenciones de 4.000 euros por unidad familiar “para la contratación de personal del hogar para el cuidado de menores”. Así, la medida anunciada por el Govern de Prohens prevé dar prioridad a “las familias monoparentales, las familias numerosas y las familias con miembros con discapacidad, que pueden acceder a las ayudas también en caso de trabajar a jornada parcial”.

La cuantía de la subvención se establece en función de la renta familiar per cápita. Las rentas inferiores a 20.000 euros pueden obtener una cobertura del 100%; las rentas entre 20.000 y 29.999 euros, una cobertura del 75 %, y las familias monoparentales con una renta per cápita inferior a 30.000 euros también pueden acceder a una cobertura del 100 %. Las rentas iguales o superiores a 30.000 euros no pueden acceder a la ayuda.

La familia monomarental, “invisibilizada”

“Esta ayuda solo llegará a 80 familias del archipiélago balear”, indica Santiago, consultada por la medida. “Es imposible conseguir una ayuda comedor –solo la pueden recibir las familias que ingresan menos de 19.000 euros brutos anuales– pero sí podemos conseguir una subvención para contratar una persona en casa. Es un sinsentido”, explica. La presidenta de la asociación advierte que, en la práctica, medidas como el “cheque seguro” ayudan muy poco a las familias que viven con presupuestos ajustados.

“La familia monomarental todavía está invisibilizada. A nivel estatal no existimos. La familia numerosa está reconocida hace mucho tiempo, tiene unos beneficios consolidados que no hay que quitar, ni mucho menos. Pero la familia monomarental no se reconoce”, matiza. Santiago insiste en que las necesidades de conciliación que tienen “son muy reales”, la necesidad de llevar a sus hijos e hijas a escuelas durante las vacaciones de verano o Semana Santa. “Reclamamos que se respete la prioridad en las bonificaciones que establece la ley”, apostilla.

La familia monomarental todavía está invisibilizada. A nivel estatal no existimos. La familia numerosa está reconocida hace mucho tiempo, tiene unos beneficios consolidados que no hay que quitar, ni mucho menos. Pero la familia monomarental no se reconoce

Inés Santiago — Presidenta de la Asociación de Madres Monomarentales por Elección de Eivissa y Formentera

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social afirma, en cambio, que la subvención anunciada –dotada con un presupuesto de 320.000 euros– es un recurso más “a los que ya existen”. Cabrer ha explicado que su conselleria trabajará en otras medidas integradas en el Plan de Conciliación de Balears. “Y todo ello sin interferir en la libertad de que cada familia opte por el modelo de dedicación y conciliación que considere pertinente”, asegura. Así, indica que la renta que se exige es familiar per cápita. “Conviene aclarar que se calcula sumando los ingresos de los progenitores y dividiendo esa suma entre el número de miembros de la familia, por lo que pensamos que tiene un gran alcance”, concluye.

El Tribunal Constitucional ha dado su aval a la fórmula elegida por la Seguridad Social para resarcir económicamente a las familias monoparentales que tuvieron que acudir a la vía judicial para aumentar sus permisos por el nacimiento de un hijo. El pleno, con el voto en contra de María Luisa Segoviano, ha rechazado la queja de una mujer contra la decisión de la Administración de darle algo más de 7.000 euros por las 10 semanas que se le reconocieron años después del nacimiento de su hijo, excluyendo en la práctica que además se le deba reconocer esas semanas de permiso años después.

La normativa cambió el pasado mes de julio, cuando el Gobierno anunció un aumento hasta 17 semanas del permiso retribuido al 100% por maternidad y paternidad. Una reforma que también afectó a las familias de un solo progenitor: ese permiso retribuido se extiende a 32 semanas. Hasta la fecha, la Administración solo reconocía la mitad para familias monoparentales y después ya quedaba en sus manos acudir a los tribunales para que, años después, una sentencia les reconociera una ampliación. El Tribunal Supremo, por ejemplo, estableció en 2023 que en estos casos los permisos no se podían duplicar.

El Tribunal Constitucional dictó su primera sentencia en noviembre de 2024 en un escenario complejo: declaró inconstitucionales los preceptos legales que servían para negar estos permisos ampliados a familias monoparentales. Y hasta que el legislador no introduzca cambios para paliar esta desigualdad –algo que sucedió pocos meses después– la solución era reconocer 26 semanas a estas familias. “Adicionarse al permiso para la madre biológica de 16 semanas, el previsto para progenitor distinto de 10 semanas, al excluirse las 6 primeras, que necesariamente deben disfrutarse de forma ininterrumpida e inmediatamente posterior al parto”, dijo el tribunal de garantías, muy cerca de la unanimidad.

Ese primer caso de una mujer residente en Cataluña marcó el paso a más de un centenar de mujeres que, mes tras mes, han visto cómo el Tribunal Constitucional les ha reconocido ese permiso ampliado. Pero ha sido ese primer caso el que ha abierto la segunda batalla jurídica sobre este asunto: si la Seguridad Social se podía limitar a resarcir económicamente a estas mujeres o si tenía que concederles las semanas de permiso reconocidas por el Constitucional aunque sus hijos ya tuvieran seis y siete años de edad.

En este caso, la Seguridad Social se limitó a pedir a la mujer “un número de cuenta” para, en una futura resolución, reconocer su derecho “al disfrute del permiso de nacimiento y cuidado del menor en las fechas solicitadas” pero también “el percibo de la cuantía que procede por las 10 semanas adicionales”. En total una cantidad superior a 7.600 euros, a razón de 108 euros por día. La reclamante decidió acudir de nuevo al Constitucional, esta vez a través de un incidente de ejecución, reclamando que la Administración reconozca “el derecho a disfrutar de las semanas de permiso correspondientes”. Es decir, las 10 semanas adicionales de permiso que no tuvo en su momento.

El pleno del Constitucional, según ha podido saber elDiario.es, ha rechazado este incidente de ejecución con el que la defensa de la mujer solicitaba que su victoria judicial no se diera por ejecutada hasta que se le reconocieran esas 10 semanas de forma efectiva. La mayoría del organismo entiende que con ese resarcimiento económico la Administración está reconociendo ese derecho y su sentencia se ha ejecutado correctamente.

La decisión ha tenido un voto en contra significativo: el de María Luisa Segoviano, expresidenta de la Sala de lo Social del Supremo que fue la ponente de la primera resolución que dio la razón a estas mujeres que crían solas a sus hijos. Los datos oficiales muestran que en España hay casi de dos millones de familias monoparentales, mayoritariamente compuestas por mujeres que crían solas a sus hijos.

Exactamente dos meses después de que trascendiera la dimisión de Ana Belén Otero, la consejera Nerea Melgosa ha encontrado finalmente nuevo viceconsejero de Bienestar. Será Iván Larraza Vila, que llevaba apenas medio año como director de gestión de la entidad del tercer sector Matía y que antes había trabajado en CAF (ocho años, con puestos directivos), Viscofan (casi dos años) y Price Waterhouse Coopers (más de cuatro años). Es donostiarra y tiene estudios de gestión internacional por la Universidad de Deusto, así como experiencia internacional.

Este periódico informó a comienzos de octubre de la “dimisión por motivos personales” de Otero. Su cese fue visado por el Consejo de Gobierno, aunque ni se comunicó en la rueda de prensa ni se incluyó en el 'dossier' informativo. El nombramiento de Larraza sí ha sido publicitado. Otero llevaba menos de un año en el cargo. Accedió a él a finales de noviembre de 2024 después de cinco años como directora de Servicios Sociales de Álava. Antes, tenía una larga trayectoria en el tercer sector como gerente de Asafes durante doce años, docente de la EHU o de la UNED y como trabajadora social. Ha regresado a esa entidad.

Melgosa ha indicado sobre Larraza que es una “persona de acreditado reconocimiento” y ha destacado su paso por Matía, el más breve de su carrera profesional. Preguntada por los dos meses de espera, ha indicado que “no es un tema de tiempo, sino de acertar con la persona” y ha insistido en que es un “perfil adecuado”. “Es al que queríamos”, ha recalcado.

La consejera Melgosa ha informado de este nombramiento al tiempo que ha presentado un primer decreto para atender a las familias monoparentales y monomarentales (un 80% del total). Se estima que “21.000” familias “obtendrán beneficios” con un nuevo certificado que entrará en vigor desde el 1 de enero de 2026. El reglamento regula una “acreditación” y, después, serán los organismos competentes los que fijen las ventajas para este colectivo, aunque el propio área de Melgosa ya plantea incrementar un 30% las ayudas de conciliación a este tipo de unidades de convivencia o que queden equiparadas a familias numerosas en las ayudas por nacimiento, adopción o gestación subrogada, es decir, un plus mensual de 100 euros hasta que el menor cumpla los siete años.

El certificado podrá tramitarse 'online' (en euskadi.eus) o en las oficinas físicas de atención ciudadana, Zuzenean. Se ha habilitado también el canal de información gurasobakarra@euskadi.eus. Para ello se exige “residencia legal efectiva” en la comunidad autónoma y empadronamiento “ininterrumpido” durante los últimos doce meses. Los hijos tendrán que ser menores de 21 (o de 26 si están estudiando aún), tener una discapacidad por encima del 33% o un grado reconocido de dependencia y depender económicamente del progenitor. “Hoy damos un paso más en el reconocimiento de los derechos de estas familias, así como de la diversidad familiar de nuestro país”, ha señalado la consejera. “Estas familias tienen mayores dificultades”, ha agregado.

La concejala de Políticas de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, ha visitado este lunes a los niños y niñas que participan en el proyecto municipal de apoyo a la conciliación de familias en dificultad social. Según ha destacado Sainz, este proyecto “además de dar respuesta a las necesidades de conciliación laboral y familiar, atiende a menores de familias con declaración de riesgo o dificultades sociales, favoreciendo la participación activa del menor y de la familia en su proceso educativo y social”.

Así, la concejala ha indicado que esta iniciativa municipal “permite, en primer lugar, a las familias, que sus hijos e hijas estén bien atendidos durante las horas que por las características de sus jornadas laborales y/u otras circunstancias personales, tienen dificultades con el cuidado de sus hijos e hijas”. “Además, posibilita la creación de un espacio para el crecimiento personal de los/las menores a través del juego y la participación en actividades lúdico-educativas, persiguiendo en todo momento el desarrollo integral de los niños y las niñas”, ha añadido. Finalmente, ha apuntado, “es un recurso de referencia para los y las técnicos municipales de los centros sociales, en cuanto a la prevención e intervención de situaciones de riesgo en la que viven algunos menores”.

El proyecto de apoyo a la conciliación de familias en dificultad social, que cuenta con un coste anual de 123.721 euros, se desarrolla en el CDM La Ribera durante el curso, mientras que en los meses de verano se lleva a cabo en el Centro Cívico Lobete.

Los horarios de este servicio son los siguientes:

En el último año, han participado en el proyecto de apoyo a la conciliación para familias en dificultad social 82 familias con un total de 106 hijos/as menores, de edades comprendidas entre los 3 y los 13 años.

El 82 por ciento del total son familias con un solo progenitor. Dentro de este porcentaje el 94 por ciento son monomarentales y el 6 %, monoparentales. En solo dos casos conviven con otros familiares. El 90,24 por ciento de las solicitudes se realizan a través de mujeres (madres, abuelas…) solo en 7 (8,53%) de los casos los solicitantes son hombres.

De las 82 familias atendidas, con 69 se ha realizado un apoyo en la conciliación laboral y familiar, de las cuales 47 (por la información transmitida por los centros sociales) son de apoyo a la conciliación laboral y las otras 22 además de dicha conciliación están declarado en situación de riesgo o hay una necesidad de apoyo educativo o violencia de género.

Además, otros 24 menores tienen otro tipo de necesidades educativas especiales por diferentes motivos y diagnósticos, como por ejemplo:

Trastorno por hiperactividad y déficit de atención

Conductas disruptivas, dificultades de gestión emocional y relación

Retraso madurativo y otras discapacidades

Dificultades a nivel académico, del habla… en algunos casos con apoyo de PT

Discapacidad Intelectual

Trastorno Espectro Autista

Hipoacusia profunda, epilepsia y malformación de Dandy-Walker

Dificultades de gestión emocional

Entre las familias participantes se pueden destacar diferentes perfiles:

Los socios de Gobierno han llegado, tras meses de negociaciones, a un acuerdo para ampliar los permisos a las personas con hijos e hijas. Los nuevos derechos, menos ambiciosos respecto a lo que estaba recogido en el acuerdo de la coalición para gobernar, se aprobarán este martes en el último Consejo de Ministros de la temporada, según ha anunciado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Esto es lo que se sabe hasta ahora de esta ampliación de permisos, cuya letra pequeña se concretará mañana, martes.

Permisos de maternidad y paternidad

¿Cuántas semanas puedo tomar por nacimiento?

Los permisos por maternidad y paternidad retribuidos al 100% del salario aumentan una semana: de las 16 actuales a las 17 semanas para ambos progenitores hasta que el niño o niña tenga 12 meses. El pacto, tras la negociación con el PSOE, se queda a medio camino de lo que está en el acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones: una ampliación de este derecho hasta las 20 semanas.

“A estas medidas se suma el compromiso político de aumentar una semana de nacimiento hasta completar el total de 20, entre parentales y nacimiento clásicas”, responden fuentes del Ministerio de Trabajo. Esta suma, igualmente, sería inferior a lo acordado para la legislatura. En principio se mantiene la obligatoriedad de que ambos progenitores tomen las seis primeras semanas seguidas tras el nacimiento, la adopción o la acogida.

¿Desde ahora? ¿Cuándo entra en vigor el nuevo permiso?

La entrada en vigor es inmediata, de manera que quienes tengan hijos e hijas a partir de ahora podrán disfrutarlos una vez se apruebe en el Consejo de Ministros y se publique en el Boletín Oficial del Estado, aunque el contenido debe ser refrendado por la mayoría del Congreso.

¿Qué pasa si ya estoy disfrutando de mi permiso de nacimiento? ¿Puedo tomar 17 semanas?

Los progenitores que se encuentran en medio de su permiso de paternidad o maternidad no pueden, sin embargo, acogerse a esta ampliación de una semana, aclaran desde el Ministerio de Trabajo, pero sí a las dos extras flexibles para el cuidado parental que ahora se remuneran.

Permisos por cuidado parental hasta los ocho años

¿Cuántas semanas estarán retribuidas?

España tiene un permiso de ocho semanas para el cuidado de descendientes de hasta ocho años. Sin embargo, hasta ahora no estaban retribuidas. El nuevo real decreto que aprobará el Gobierno este martes comienza a pagar estos permisos como nuevos derechos de los niños y las niñas. De momento, solo dos semanas, según el acuerdo alcanzado PSOE y Sumar, que podrán coger cada uno de los progenitores.

Los de Yolanda Díaz pedían que fueran cuatro las semanas remuneradas y así constaba en el pacto de Gobierno firmado por las dos formaciones.

¿Qué significa que el permiso se aplica de manera retroactiva?

El presidente del Gobierno ha explicado que la retribución de dos semanas será retroactiva desde agosto de 2024. Esto implica, según señalan a elDiario.es fuentes de Trabajo, que las personas cuyos hijos e hijas nacieron a partir de agosto de 2024 podrán recibir esta remuneración hasta que cumplan los ocho años. No solo los niños y niñas nacidos desde la entrada en vigor del nuevo decreto.

Se ha marcado este umbral porque coincide con el momento en que España debía haber traspuesto la directiva que incluía estos nuevos derechos. Por este retraso, el Estado ya ha sido multado con casi diez millones de euros.

¿Y si mi hijo o hija tiene menos de un año y ya he decidido coger el permiso cuando aún no se retribuía?

En este caso se podría reclamar a la administración, siempre que el nacimiento sea posterior al 2 de agosto de 2024, la cuantía equivalente a dos semanas de permiso, según el Ministerio de Trabajo.

¿Qué pasa con las otras ocho semanas que estaban reconocidas?

Las dos semanas retribuidas se suman a las ocho que ya existían y podrán seguir tomándose, como hasta ahora. Es decir, como una suspensión temporal sin remuneración.

32 semanas para familias monoparentales

¿Cuánto tiempo de permiso por nacimiento me corresponde si soy un único progenitor o progenitora?

Serán 28 semanas por paternidad y maternidad en el caso de las familias monoparentales, frente a las 26 semanas reconocidas en una sentencia de noviembre del Tribunal Constitucional. La medida da respuesta a una reivindicación histórica de las mujeres que tienen hijos en solitario.

¿Y de cuánto puedo disfrutar adicionalmente por cuidado parental con retribución?

Estas madres –son la mayoría en las familias monoparentales– y padres tendrán derecho a cuatro semanas más retribuidas –el doble que el resto– hasta que sus hijos o hijas cumplan los ocho años. Estas semanas pueden tomarse junto al permiso de nacimiento o extenderse durante los ocho años siguientes, por eso el Gobierno ha anunciado un total de 32 semanas.

¿Quién paga estas ampliaciones de permisos?

La Seguridad Social las asume íntegramente, ha subrayado la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz en un vídeo compartido en redes sociales, y cubren el 100% de la base reguladora.

Corrección: en una primera versión de este artículo se afirmaba que las dos nuevas semanas de permiso retribuido por cuidado parental se sumaban a otras seis sin remunerar, pero las ocho ya existentes se mantienen. Es decir, son diez en total, de las cuales se pagan dos.

La mutua Muface deberá devolver a una mujer el dinero que pagó por tres medicamentos necesarios para su tratamiento de reproducción asistida a pesar de estar siendo atendida en la sanidad pública. Así lo especifica una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que admite el recurso interpuesto por Sofía (nombre ficticio), que tuvo que desembolsar 1.426,05 euros por una única razón: no tener una pareja que fuera hombre. Si la hubiera tenido, los fármacos hubieran sido financiados por el Sistema Nacional de Salud.

El fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es y que todavía puede ser recurrido, le da la razón a la mujer admitiendo que Muface “debería haber hecho otra lectura e interpretación” de la ley “en aras de la no discriminación por razón de estado civil u orientación sexual”. Se refiere la mutua a la norma que regía en aquel momento, 2019, impulsada por el Partido Popular unos años antes para establecer que solo la esterilidad sería requisito para acceder a la reproducción asistida, lo que excluyó a las mujeres lesbianas o bisexuales y aquellas que, como Sofía, buscaban tener un hijo ellas solas.

Las comunidades autónomas fueron progresivamente incluyendo en sus carteras de servicios la reproducción asistida para todas las mujeres, pero la norma estatal no se modificó hasta finales de 2021, por lo que las mutuas –Muface, Mujeju e Isfas–, al depender del Ministerio de Función Pública, seguían aplicando la ley excluyente. Por eso Sofía, que siguió el tratamiento en un hospital de Madrid, no pagaba por él, pero sí por los medicamentos necesarios, ya que Muface le negó en repetidas ocasiones la financiación. La mujer estaba atada de pies y manos porque al ser profesora debía pertenecer obligatoriamente a la mutua y, además, aunque había elegido la sanidad pública frente a las aseguradoras privadas, Muface seguía siendo la encargada de autorizar las recetas.

Sofía decidió acudir a la Justicia con la ayuda del sindicato CCOO después de que la mutua rechazara todos los recursos que presentó contra las resoluciones desfavorables por “no cumplir los requisitos” de la norma vigente. Estos eran o bien tener un “trastorno documentado de la capacidad reproductiva” o no lograr el embarazo “tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin métodos anticonceptivos”, figuraba literalmente en el texto. Al no cumplirlos, tuvo que hacer frente al pago de 1426,05 euros por los medicamentos Menopur, Ovitrelle y Galutran, según figura en la sentencia.

La norma ampara el caso

El TSJ, sin embargo, considera que no debió de haberlos costeado, sino que Muface tendría de haberlos cubierto y no hacer una lectura “restrictiva” de la ley. Los jueces creen que bajo los requisitos que establece la ley debe incluirse también a las mujeres monoparentales o las mujeres con pareja femenina porque, de lo contrario, aseguran, se estaría vulnerando la igualdad consagrada en el artículo 14 de la Constitución. Nombran también el artículo 41, que prevé un régimen público de Seguridad Social “para todos los ciudadanos”.

A preguntas de este medio, Muface asegura que “ha aplicado siempre” la normativa vigente, que en el momento de la fecha de la solicitud de Sofía era la que impuso restricciones a las mujeres sin pareja varón. Recuerda la mutua que desde noviembre de 2021 esto ya no ocurre y las mujeres sin pareja, lesbianas o trans con capacidad de gestar “ya pueden acceder a la reproducción humana asistida en pie de igualdad” y sin que sea limitante su condición de mutualistas. Además, Muface no recurrirá la sentencia.

En el fallo el tribunal estima que aquella ley, sin embargo, tendría que haber sido aplicada de forma diferente y apunta a que “siendo soltera”, Sofía “no está en condiciones de lograr un embarazo en virtud de una relación física heterosexual en pareja” y obligarla a ello “sería contrario a la dignidad de su persona vulnerándose el artículo 10” de la Carta Magna. “Es imposible un diagnóstico de esterilidad por patología ginecológica al tiempo que es aberrante la exigencia de una concepción por vía vaginal al tratarse de una mujer sola, lo que obliga al preceptivo tratamiento de reproducción asistida”, reza el fallo.

Reconocen los jueces que pese a que no se da una situación de esterilidad “propiamente dicha” porque Sofía no lo es ginecológicamente hablando, sí es da “en la práctica” una “esterilidad natural” que debe equipararse a la clínica establecida por ley, argumentan al tiempo que aseguran que los requisitos contenidos en la ley “no constituyen cláusulas cerradas que no permitan la inclusión” de otros supuestos. Por eso, la sentencia estipula que la denegación de la financiación por parte de Muface “no se ajusta a la letra y al espíritu de la normativa aplicable”. Esta interpretación, prosigue el tribunal, “se sustenta en el absoluto respeto a la no discriminación” por razón de sexo, estado civil u orientación sexual.

Por eso, revoca las resoluciones denegatorias de la financiación de los medicamentos y mandata a la mutua a devolverle a la mujer el dinero que desembolsó por ellos, además sujeto a intereses desde la fecha de la notificación de la sentencia hasta el efectivo abono del importe, que aún no se ha producido. “Supone un descanso y un orgullo para seguir luchando por lo que creo que es justo, no solo para mí sino para las que vienen detrás”, sostiene Sofía, que recuerda “el desgaste, el esfuerzo y la energía” que se dejó por el camino por este motivo al tiempo que se sometía a los tratamientos. “Era injusto y no entendía nada”, añade.

No es la primera sentencia en el mismo sentido, sino que fueron varias las afectadas que acudieron a la Justicia desde que los populares aprobaron la modificación en 2014. Los fallos censuraron en general la discriminación y les dieron la razón a ellas por, entre otras cosas, existir una ley, la de Técnicas de Reproducción Asistida de 2006, donde se regula el derecho con independencia de la orientación sexual o el estado civil y que es de rango superior a la orden ministerial del PP. Aunque las comunidades fueron revirtiéndola con el paso del tiempo, el Gobierno central anunció que lo haría en 2018, al inicio del mandato de Pedro Sánchez, pero finalmente acabó con la exclusión tres años después.

El Consejo de Europa investigará una nueva denuncia contra España. Tras el reciente caso abierto por el ingreso mínimo vital, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha comunicado la admisión a trámite de la reclamación presentada por el sindicato vasco ELA contra España por discriminar a las familias monoparentales (en su mayoría de madres) con el permiso por nacimiento. En la actualidad alcanza las 26 semanas tras una sentencia del Constitucional y el sindicato reclama que alcance las 32 semanas, fruto de la suma de las 16 semanas que le corresponden a cada progenitor. Esta semana, una asociación de familias monoparentales anunció una denuncia por este mismo motivo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La reclamación contra España fue presentada por ELA el pasado marzo y el Comité del Consejo de Europa lo ha admitido a trámite el pasado 2 de julio. El sindicato vasco alega que “la falta de reconocimiento del derecho de las familias monoparentales a acumular 16 semanas de permiso retribuido por parto (”permiso por nacimiento“) y 16 semanas de permiso adicional para cuidar de un hijo recién nacido no se ajusta” a la Carta Social Europea por varios motivos y que “constituye una discriminación contra los niños nacidos en familias monoparentales y sus madres”, explica el órgano europeo.

El permiso por nacimiento para estas familias monoparentales era de 16 semanas, pero el Tribunal Constitucional obligó a la Seguridad Social a elevarlo a las 26 semanas porque consideró que se discriminaba a los niños nacidos en familias monoparentales (con menos cobertura del permiso por nacimiento). “Adicionarse al permiso para la madre biológica de 16 semanas, el previsto para progenitor distinto de 10 semanas, al excluirse las 6 primeras, que necesariamente deben disfrutarse de forma ininterrumpida e inmediatamente posterior al parto”, concluyeron los jueces.

Además, la Seguridad Social reconoció recientemente a través de un criterio que “debe abonarse la prestación de nacimiento y cuidado del menor de las familias monoparentales aunque no se hubiese realizado el permiso durante los 12 primeros meses de vida del menor”, explica el abogado Miguel Arenas en su blog.

Sin embargo, hay colectivos, como el sindicato ELA y la Asociación Madres Solteras por Elección (MSPE), entre otros, que reclaman ampliar el permiso a las 32 semanas, ya que consideran que las 26 semanas siguen discriminando a las familias monoparentales respecto a las formadas por dos progenitores.

La Asociación Madres Solteras por Elección (MSPE) ha reclamado que el Gobierno de coalición incluya esta reforma del permiso por nacimiento de las familias monoparentales en el decreto que Sumar está intentando sacar adelante en el Consejo de Ministros para ampliar el permiso por nacimiento a las 20 semanas y para retribuir cuatro semanas del nuevo permiso parental de ocho semanas. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha afirmado que su intención es que este decreto pueda aprobarse antes del parón veraniego, algo que no ha confirmado la portavoz del Gobierno, la socialista Pilar Alegría.

Qué investigará el Consejo de Europa

De los artículos de la Carta Social Europea denunciados por ELA, el Comité Europeo de Derechos Sociales investigará si el permiso por nacimiento en España respeta el 16 (derecho de la familia a la protección social, jurídica y económica), el 17.1a (derecho de los niños y los jóvenes a la protección social, jurídica y económica), el 27.1 y 2 (derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato), así como el artículo E (no discrminación).

El Comité considera que estas cuestiones “entran en el ámbito material de estas disposiciones invocadas y que la reclamación se refiere con suficiente precisión a disposiciones jurídicas nacionales específicas”, no así con otros artículos denunciados, para los que considera que ELA no había dejado “suficientemente claro” de qué manera España incumplía la Carta Social.

El organismo europeo tumba los argumentos del Gobierno, que había intentado impugnar la reclamación de ELA por falta de representatividad del sindicato a nivel nacional. El Comité considera que ELA “es un sindicato representativo” en lo que exige el Protocolo de la Carta Social Europea, que recuerda que no tiene por qué coincidir con las normas nacionales de mayor representatividad.

Además, en cuanto a la objeción del Gobierno de que la cuestión planteada por ELA se refiere a la legislación nacional aplicable en todo el Estado, mientras que ELA opera en una zona geográfica específica (País Vasco y Navarra), el Comité considera que esto no significa que ELA no tenga derecho a denunciar la supuesta falta de conformidad de la legislación nacional con la Carta Social Europea.

La institución europea da de plazo al Gobierno hasta el 15 de septiembre para presentar sus observaciones, así como a otras organizaciones sindicales y patronales que quieran presentar alegaciones en este procedimiento.

Ester Atset tenía 34 años cuando dio a luz a sus dos hijos gemelos, a los que ha criado sola hasta el día de hoy, que tienen ya 7 años. En el momento de parir, estaba desempleada y recibía ayuda de su padre para salir adelante. Pero el hombre falleció a los pocos meses. “Me vi en la calle con dos bebés, hasta me planteé darlos en adopción”, recuerda esta mujer, residente actualmente en uno de los pisos sociales en Barcelona de la Fundació Habitatge Social de Catalunya, vinculada a Càritas.

Ser familia monoparental en las principales ciudades españolas, donde el precio del alquiler puede superar los 1.000 euros al mes de media –en Barcelona o Madrid, por ejemplo–, es casi sinónimo de vivir en riesgo de exclusión residencial. A las complicaciones habituales de conciliar el trabajo con la crianza, muchas madres –más del 80% de estos hogares están encabezados por mujeres– se encuentran con que no solo no pueden pagar un piso, sino que cuando localizan uno asequible les exigen más nóminas o avales de los que no siempre disponen.

“Es dificilísimo salir adelante, se pasa muy mal”, explica Ester. “Alquilar un piso a precio de mercado es imposible, ¿cómo se paga todo? Los suministros, la comida, el colegio de los niños… Es o pagar el alquiler o comer”, denuncia esta mujer. Desde que consiguió una vivienda social, se ha puesto a estudiar una Formación Profesional y cubre los gastos con la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) de unos 1.000 euros, pero aunque consiga empleo en los próximos años ve el futuro muy cuesta arriba: “Para hacer frente a un alquiler en Barcelona yo sola necesitaría 3.000 euros al mes de sueldo, es imposible”.

Atset es una de las usuarias de los pisos de la Fundació Habitatge Social, que en su balance anual ha alertado precisamente del aumento de la demanda de vivienda social por parte de familias de un solo progenitor. Del total de 473 hogares sociales que gestionan en Barcelona, por primera vez los ocupados por monoparentales, 185, superan los de parejas con hijos, 180. Además, y como es habitual, el primer grupo está integrado en un 95% de casos por mujeres.

Otra de estas madres sin pareja ni familia cerca es Anyuli del Carmen Rodríguez, venezolana residente en Barcelona desde hace tres años con sus hijas de 16 y 18. En su periplo hasta la ciudad pasó antes por un hotel y por un piso compartido con ocho familias. “Vivíamos en una habitación de ocho metros cuadrados, con una cama y una litera, cocina compartida, baño compartido… Yo estaba loca por irme de ahí”, dice.

Tan desesperada estaba por encontrar un piso que una vez fue a visitar uno para el que la citaron a las once de la noche. “Me fui con las dos niñas para allá y resultó que era un narcopiso, una experiencia horrible”, recuerda esta mujer de 52 años.

Anyuli, licenciada en Administración de Empresas y máster en Finanzas en su país, trabajaba en una panadería y cobraba el salario mínimo, 1.080 euros al mes (desde 2024 son 1.134 euros). Con ese sueldo pagaba los 600 euros de la habitación y aspiraba a encontrar por ese precio algún piso pequeño y periférico. “Encontré algunos, pero de primeras ya me decían que por estar sola no podía alquilar, que necesitaba otra nómina como mínimo”, se lamenta, consciente además de que ser latinoamericana es también motivo de discriminación inmobiliaria.

En la Fundació Habitatge Social suelen hacer contratos de alquiler a precios reducidos –la mayoría entre 200 y 250 euros al mes– para que las familias en riesgo de quedarse sin techo puedan rehacerse y tengan tiempo de buscar alternativas. Con todo, la media de estancia acaba siendo de cinco años.

Para facilitar su regreso al mercado de la vivienda libre, o cuando menos al circuito de pisos de protección oficial, Sergio Rodríguez, director de la entidad, ha reclamado que existan para estas familias ayudas específicas al alquiler, así como avales también pensados para este tipo de hogares. También que su situación puntúe más para acceder a vivienda de protección, un escenario que ya existe en algunas comunidades autónomas y municipios.

El peligro de cronificar la pobreza

Aunque no hay datos específicos sobre el acceso a la vivienda de las familias monoparentales, es conocido desde hace años el mayor riesgo que sufren estas mujeres y sus hijos de caer en situaciones de pobreza. El 50% supera la tasa de riesgo de exclusión social AROPE (por un 28% del resto de la población). Pero hay más, según el resultado de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE: el 40% llega final de mes con dificultad o mucha dificultad. Además, el 18% no puede permitirse comprar ropa nueva para sustituir la estropeada, el 21% no puede costearse actividades de ocio regularmente y al 29% no le llega para gastarse una pequeña cantidad en sí mismo. Para los hogares con parejas y niños, estos porcentajes son del 8%, 14% y 17%, respectivamente.

Con todo, desde la federación Familias Monomarentales (FAMS) advierten que estos datos podrían quedarse cortos, puesto que hacen referencia a aquellos hogares en los que hay más de un niño y solo un progenitor. Pero esto deja fuera a todas aquellas madres, cada vez más, que comparten piso o que viven con abuelos o hermanos.

“La monomarentalidad tiene tres pilares básicos: vivienda, empleo y conciliación. Una casa donde vivir y un empleo para pagarla, pero sin conciliación no hay empleo ni, por lo tanto, casa”, razona Paloma de Uribe, técnica de FAMS, que señala de esta forma que estas familias lo tienen muy complicado de partida si no tienen una red familiar que les apoye. “Sin ayuda externa es prácticamente inviable irte a vivir sola tal como están los precios en una ciudad como Madrid o Barcelona”, constata.

En FAMS corroboran también las pegas que ven las inmobiliarias y los caseros cuando se encuentran con una aspirante a arrendataria que es madre soltera. “Ya puede ser una funcionaria o una arquitecta con una súper nómina, siempre presuponen que no vas a ser capaz de hacer frente a los gastos más allá de cualquier situación laboral”, expresa Uribe.

En los últimos años, entidades como la Fundació Habitatge Social han detectado que es cada vez más complicado que estas madres solas puedan enderezar su situación y dejar los pisos sociales. “Es como un techo de cristal, el mercado de la vivienda no las deja salir del circuito de la vivienda social y se quedan mucho tiempo en la institución”, lamenta Francesc Castellano, educador de la entidad.

Esto, añaden, afecta a sus perspectivas de futuro y a la de sus hijos, que a menudo deben ponerse a trabajar para aportar recursos a la familia. Lo sabe bien Anyuli, que cobra 900 euros al mes por un empleo de dependienta a tiempo reducido. “Ojalá mi hija mayor consiga un trabajo, tiene que compaginar los estudios con algún empleo porque si no no vamos a poder vivir”, explica. Ahora la hija estudia una FP y en el futuro quiere cursar Derecho, pero Anyuli ya debe pensar en un posible escenario en el que tengan que dejar el piso social cuando venza el contrato que tienen vigente por tres años.

“Estoy muy agradecida a la Fundación”, reconoce, “pero esto no es garantía de que yo me pueda quedar tranquila ni de que se me quite un peso de encima”. En la misma situación está Ester. Ambas están apuntadas en la bolsa de la Generalitat para vivienda social o de protección. “Lo paso fatal, la sola idea de tener que buscar piso me pone de los nervios, ¿adónde voy a ir si no me lo puedo pagar?”, se pregunta esta mujer.

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Ciudad Real por el reparto del cuadernillo para colorear 'Mandalas con valores' entre los escolares que visitan las dependencias municipales. En su petición ante los tribunales solicita también medidas cautelares para que se retire el citado cuadernillo.

Esta organización considera que el Ayuntamiento “está vulnerando el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos”, al repartirlo e incluso que la Concejalía de Educación “se está atribuyendo competencias que no son suyas” y que, sostienen, dependen de la Junta de Castilla-La Mancha.

A los Abogados Cristianos no les gusta, y así lo hacen constar en su escrito, que el Ayuntamiento de Ciudad Real “restablezca” el concepto de familia y pase a crear otros “muy dispares de lo que significa la palabra familia”.

Este colectivo, rechaza términos que, en su opinión, son muy poco conocidos como familia nuclear, familia reconstituida, o familia extensa. Eso desde su punto de vista es “una ideología radical que pretende influir directamente en la educación ideológica de los niños”.

En el cuadernillo se habla de la diversidad, de familias homoparentales, monomarentales y de otros tipos. “Cada familia es única pero todas son iguales de válidas”, explica el documento, apelando a la igualdad.

Sin embargo, según la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, esos mensajes son “un claro ejemplo de adoctrinamiento ideológico” y acusa al PP de estar cada vez “más cerca de la izquierda” y también de “malgastar el dinero de todos en imponer su ideología, incluso vulnerando derechos fundamentales de sus ciudadanos”.

El cuadernillo que rompió el pacto entre PP y Vox

El mensaje de Abogados Cristianos es el mismo que difunde Vox. El pasado 25 de febrero el entonces teniente de alcalde, el número dos del Gobierno local, Ricardo Chamorro, de la formación ultra, anunció que se dejaba en suspenso el pacto con el PP a causa del cuadernillo. También habló de “adoctrinamiento” y reclamó su retirada.

El alcalde, el 'popular' Francisco Cañizares hizo frente al órdago y se negó a retirarlo asegurando que el Gobierno seguiría, con o sin Vox. Terminó cesando en sus competencias de gobierno a los concejales de la formación ultra y la ruptura del pacto vigente tras las elecciones municipales de 2023 se hizo efectiva.

En el cruce de declaraciones Chamorro, tras la negativa del alcalde, llegó a ofrecer su dimisión si con eso se garantizaba la continuidad del pacto. Hoy sigue roto y el PP gobierna en solitario en el ayuntamiento.

Vox dice que hará “hiperventilar” al PP

Este lunes el partido ultra aseguraba que haría “hiperventilar” al PP tras la ruptura del pacto y hoy el alcalde de Ciudad Real respondía: “Ellos sabrán si quieren trabajar en mejorar la ciudad o volver a equivocarse”.

Ante esta “amenaza”, el alcalde ha defendido que su prioridad sigue siendo “la política útil” para el progreso de Ciudad Real y el bienestar de sus habitantes, frente a quienes “solo buscan generar problemas donde no los hay”, según recoge Europa Press.

Sobre Chamorro ha dicho que “está más preocupado por mantenerse como diputado que de trabajar por su ciudad”, ha reprochado, asegurando que la actitud de Vox ha sido la de “enredar” y, ahora, la de bloquear iniciativas y propuestas en la oposición. En este sentido ha recordado que la gota que colmó el vaso fue el rechazo de Vox a la solicitud de una subvención de 20 millones de euros para la ciudad, una decisión que, a su juicio, demuestra que su permanencia en el gobierno era ya insostenible.

En cuanto a la postura que adoptará el Partido Popular a partir de ahora, Cañizares ha dejado claro que su equipo seguirá adelante con su modelo de gestión.

Cañizares ha acompañado este miércoles al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en una rueda de prensa en la que le ha dado las gracias por su apoyo en las decisiones que han tomado en el Ayuntamiento de Ciudad Real.

Por su parte, Paco Núñez ha defendido la decisión del alcalde de romper el pacto de gobierno con Vox y ante “los chantajes” de la formación de Santiago Abascal.

“Desde hace un año y medio soy una viuda no reconocida, una sin papeles”, ironiza Mireia Garriga. “Si no me lo tomo con humor...”, añade. Esta mujer de 46 años, vecina de Torelló (Barcelona), perdió a su pareja en 2023 y se quedó sola a cargo de sus hijos de 7 y 11 años. Pero a pesar de las décadas de convivencia y la descendencia en común, no consta como viuda ni recibe la pensión que le correspondería. Se la denegaron por no cumplir con el requisito de constar como matrimonio o pareja de hecho. 

En la misma situación que Garriga hay cientos de personas en España. Entre los años 2020 y 2024, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) rechazó un total de 1.309 pensiones de viudedad de parejas de hecho porque no estaban constituidas formalmente como tal, según los datos facilitados por el organismo público a la Asociación Viudedad & Igualdad. Ahora este colectivo reclama a los partidos políticos que modifiquen la legislación para que se les equiparen los derechos.

“Son 18 años de convivencia bajo el mismo techo, hijos, dos cuentas bancarias conjuntas, libro de familia… Nuestro gestor siempre nos decía que éramos la pareja más simple del mundo mundial”, expresa Garriga, que un día recibió una llamada avisándole de que su compañero, Jordi, había fallecido de un paro cardíaco mientras montaba en bici.

Llevaban prácticamente toda la vida juntos. “Hay mil maneras de demostrar que somos una pareja estable, nuestra elección fue siempre vivir juntos y no teníamos necesidad de ponerlo en un papel oficial”, añade. “La ley no nos considera como un tipo de familia”.

Actualmente, para cobrar una pensión de viudedad, que supone un mínimo de 15.700 euros anuales cuando hay hijos de por medio, el solicitante debe acreditar ser el cónyuge del fallecido o haberse inscrito como pareja de hecho –en un registro autonómico o municipal– al menos dos años antes de la muerte. Así consta en la Ley de Seguridad Social, cuya última modificación en 2021 eliminó los requisitos adicionales que exigía de dependencia económica del viudo respecto del fallecido solamente para el caso de las parejas de hecho. 

Pero esto no siempre fue así. En algunas comunidades autónomas con Código Civil propio, como Catalunya, Aragón o Navarra, la simple convivencia durante más de dos años o la existencia de hijos en común era sinónimo históricamente de ser pareja de hecho, aunque no se registrara oficialmente. Y ello daba acceso a la pensión de viudedad.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional lo tumbó en 2014 para igualarlo en toda España. “Algunos jueces consideraban que el sistema anterior de acceso a la pensión era discriminatorio a favor de parejas como las catalanas, con lo que presentaron una cuestión de inconstitucionalidad y el tribunal les dio la razón”, señala Josep Ferrer, catedrático de Derecho Civil de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). 

De ahí que una parte destacable de las solicitudes rechazadas se concentren en Catalunya. Concretamente, el 35%, un porcentaje muy superior al que le correspondería a la comunidad por población. “Lo grave es que en Catalunya hemos ido hacia atrás, porque era un modelo que ya funcionaba”, se queja Mireia Garriga.

Además de la mayor afectación en Catalunya, el perfil de las integrantes del colectivo Viudedad & Igualdad es que son la gran mayoría mujeres, que suponen tres de cada cuatro rechazos de solicitud. Muy a menudo son relativamente jóvenes –de menos de 50 años– y con menores a cargo. “Hay incluso viudas embarazadas, pero la mayoría son de relaciones de convivencia largas”, detalla Àsia Selma, portavoz de la entidad. Los fallecimientos de las parejas suelen ser súbitos y accidentales, no por enfermedad. 

Selma, que perdió a su pareja en 2021 por un accidente laboral, cuando su hija tenía apenas unos meses, relata los inicios de la entidad, que nació del colectivo Asociación Vida, también de mujeres viudas e hijos e hijas huérfanos. El detonante fue la reforma de la ley de Seguridad Social de 2021, acometida por el entonces ministro José Luis Escrivá. “Muchas mujeres afectadas esperaban entonces que se equiparara las parejas sin registrar a las demás, pero no fue así”, lamenta Selma.

Actualmente, la asociación se centra en pedir que la Ley de Familias, aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de 2024 y pendiente de validación del Congreso de los Diputados, incluya sus demandas. Ahora mismo se encuentra en fase de presentación de enmiendas a la totalidad, tras lo cual se abriría otro plazo para modificar el texto. Desde la asociación aseguran que algunos grupos en el Congreso ya les han mostrado su apoyo, como son Sumar, Junts o ERC, según confirman todos ellos. Por parte del PSOE, dicen que no se pronunciarán hasta que no se comiencen a analizar las enmiendas. 

Lo que piden en concreto las viudas no reconocidas es que, de entrada, la ley incorpore la definición de esta tipología de familias –las parejas estables sin registrar– en el preámbulo del texto. Pero más importante aún, que incluya una disposición adicional para modificar el artículo 221 de la Ley de Seguridad Social, que es la que regula la pensión de viudedad para parejas de hecho.

No con expediente de matrimonio abierto

A la madrileña Esther Lomas la vida le dio un vuelco durante un viaje en Indonesia en agosto de 2019. El primer día de las vacaciones, a las que había acudido con toda la familia, una barca arrolló a su pareja, Javier, mientras practicaba snorkel, y falleció en el momento. Sus dos hijos tenían entonces 16 y 17 años. “La situación fue tremenda, no solo por el golpe de la muerte sino por la burocracia añadida y las gestiones con el seguro para repatriar el cuerpo”, recuerda la mujer. 

A pesar de los 20 años de convivencia, de la descendencia conjunta, y de cuentas bancarias y pisos a nombre de ambos, nunca formalizaron su condición de pareja. Pero precisamente poco antes de marcharse a Indonesia, en enero de ese mismo año, decidieron abrir expediente de matrimonio, preocupados ambos por unas pruebas de salud de Javier. “El trámite estaba hecho, solo faltaba ir a firmar ante el juez”, explica Lomas. 

Sin embargo, tampoco eso fue suficiente para lograr la pensión de viudedad. Lomas recurrió en los tribunales, que reconocieron que se trataba de una unidad familiar, pero no fue suficiente para conseguir la prestación. 

“La diferencia entre recibir o no la pensión es enorme, porque como familia siempre habíamos apostado por el trabajo de Javi, que es el que tenía más ingresos”, relata. “Así que de repente me encuentro con dos hijos adolescentes, que están en edad de estudiar, y que tenemos que salir adelante todos con mi sueldo”, lamenta.

Lomas, como las demás integrantes de la asociación, pide a las instituciones que se adapten a una realidad familiar que existe. “La gente vive en pareja y muchos lo hacen durante un tiempo antes de casarse o de formalizar la relación, o sencillamente ese no es su modelo. No debería existir la obligación de firmar papeles si se puede demostrar la convivencia”, argumenta.

Desde el colectivo aseguran además que sus demandas no son solo para pedir la prestación para ellas, sino para todas las parejas viudas que se encontrarán en esa situación en el futuro. “A todos los que nos dicen que nos podríamos haber casado, que nos lo dicen a menudo, lo que les recordaría es que todos los avances sociales se han hecho cuestionando el sistema, y que las leyes se deben adaptar a la realidad social”, concluye Selma.

El Gobierno de España ofrece una prestación económica destinada a padres y madres con hijos nacidos a partir del año 2007. Se trata de una ayuda económica de un solo pago donde se reconoce tanto el nacimiento o adopción de los hijos en los supuestos de familias numerosas, en el caso de familias monoparentales o si alguno de los progenitores padece algún tipo de discapacidad igual o superior al 65%, siempre que en ninguna de estas situaciones supere un determinado nivel de ingresos.

Para solicitar esta prestación debes de rellenar un formulario en la Sede Electrónica de la Seguridad Social y presentar la documentación necesaria para acreditar la identidad y circunstancias determinantes del derecho: el documento nacional de identidad, un certificado de empadronamiento del beneficiario, el libro de familia o el certificado de partida de nacimiento y un justificante de ingresos. En los casos donde los progenitores estén divorciados, es necesario presentar la sentencia judicial que lo acredite o en su lugar el documento en el que se acredita la guardia y custodia de los hijos.

Para realizar la solicitud online debes disponer de un certificado digital o cl@ve permanente. En caso contrario, puedes solicitar la prestación a través de la plataforma 'Solicitud y Trámites de Prestaciones de la Seguridad Social' o en un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).

Además, en los casos en los que los hijos o los padres padezcan algún tipo de discapacidad se debe presentar el título de minusvalía o documento que acredite esa situación para poder obtener la ayuda, Al igual que las familias numerosas, necesitan presentar la documentación que acredite esta condición.

Requisitos para recibir la prestación

Son muchas las familias de bajos recursos o que se encuentran en una situación económica vulnerable. Por eso, la Seguridad Social ofrece una ayuda económica de 1.000 euros, proporcionando apoyo a las familias en la crianza de los hijos. Sin embargo, es importante tener en cuenta tantos los requisitos como los plazos de solicitud de esta prestación. Algunos de estos requisitos son:

Esta prestación no se puede solicitar en cualquier momento vital del menor, prescribiendo a los cinco años desde el día siguiente al nacimiento o adopción del niño.

Cuantías de esta ayuda

Aunque la cuantía se abona en un pago único de 1.000 euros, existen diferentes cuantías dependiendo en la situación económica en la que se encuentra cada familia. Para ello, encontramos una serie de reglas a seguir para saber a qué tipo de cuantía podemos optar. Las reglas de aplicación para las cuantías son las siguientes:

El Boletín Oficial del Estado de este miércoles 5 de febrero recoge dos cambios en instrucciones emitidas por la Junta Electoral Central que modifican las reglas para sustituir a los representantes locales que dejen el cargo, pero también que cambian las circunstancias que permiten a la ciudadanía excusarse de participar en una mesa electoral por cuidado de los menores, como adelantó este miércoles Eva Belmonte, de Civio.

En una de las últimas decisiones de la Junta Electoral Central saliente, fechada el pasado 30 de enero, se han incluido dos modificaciones en las causas que permiten a una persona adulta excusarse de formar parte de una mesa electoral.

Si hasta este momento los padres o madres de menores de 14 años podían ausentarse de esta obligación constitucional, si el otro progenitor no pudiera encargarse de cuidarles durante este tiempo y siempre que se acreditase que no había ni abuelas/os ni hijas/os mayores que pudieran hacerse cargo de ellos, ahora se introducen cambios destinados a facilitar la excusa a las familias.

En primer lugar, la nueva instrucción incluye de forma explícita a las familias monoparentales, lo que eliminará las pocas dudas que quedaban sobre la aplicación de la normativa en estos casos.

En segundo lugar, se elimina la parte en la que se incluía la obligación de acreditar la imposibilidad de otros familiares de hacerse cargo del cuidado del menor o menores. Esto, en la práctica, eliminará la necesidad de justificar que los abuelos o los hermanos del menor no están disponibles para cuidarle.

A partir de la próxima convocatoria electoral, por lo tanto, podrán excusar su presencia como presidente/a o vocal de mesa todas aquellas personas que tengan menores de 14 años a su cargo y que sean familia monoparental o, en el caso de no serlo, justifiquen que el otro progenitor no pueda hacerse cargo. Eso sí, aunque este tipo de excepciones se aplican casi siempre de forma automática, la instrucción continúa aclarando que se evaluará cada petición “atendiendo a las circunstancias de cada caso”.

La decisión de la Junta Electoral llega después de que en abril de 2024 una mujer, madre de una bebé de 18 meses, tuviera que acudir a la mesa electoral durante las elecciones autonómicas vascas con su hija, ya que la Junta había rechazado su petición por familia monoparental.

A través de las redes sociales, desde su entorno se impulsó una campaña de recogida de firmas para denunciar que se produjeran estas situaciones porque, aseguraban, “la conciliación familiar y la presencia en mesa electoral es una misión imposible”. Esas firmas cristalizaron en una petición formal a la JEC por parte de la Asociación 'Madres solteras por elección' que reclamaba que se incluyera esta excepción.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha declarado el derecho de una madre de familia monoparental a que se le abone la prestación económica por nacimiento y cuidado de menor durante un total de 32 semanas, añadiendo a las 16 semanas ya reconocidas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, las 16 semanas que hubieran correspondido al otro progenitor si hubiera existido.

Así se establece en la sentencia, notificada este jueves a las partes, que estima el recurso de suplicación de una mujer, trabajadora por cuenta ajena, contra la sentencia de un juzgado de lo Social de Murcia, según han informado desde el TSJ.

El Tribunal cambia la doctrina mantenida hasta este momento, al entender que debe ser modificada necesariamente a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional 140/2024, de 6 de noviembre, que fija un criterio diferente al declarar la inconstitucionalidad de los artículos 48.4 del Estatuto de los Trabajadores y del artículo 177 de la Ley General de la Seguridad Social, en cuanto omiten la posibilidad de extender el permiso de nacimiento y cuidado de menor en estos supuestos, estableciendo la prohibición de discriminación por razón de nacimiento en la familia monoparental.

Como recuerda la Sala, en esa sentencia el Constitucional destaca que se trata de una misma necesidad de atención y cuidado de los menores, ya sean nacidos en familias monoparentales o nacidos en familias biparentales, “a la que responde de forma diferenciada la norma”.

Y, añade, que el legislador introduce “–mediante su omisión- una diferencia de trato por razón del nacimiento entre niños y niñas nacidos en familias monoparentales y biparentales que no supera el canon más estricto de razonabilidad y proporcionalidad aplicable en estos casos”. Concluyendo que obvia, por completo, “las consecuencias negativas que produce tal medida en los niños y niñas nacidos en familias monoparentales”.

Por todo ello, explica la sentencia “la Sala debe aplicar el criterio del Tribunal Constitucional apartándonos del hasta ahora mantenido”, estimando el recurso de suplicación, revocando la sentencia de instancia y declarando el derecho de la recurrente al abono de la prestación económica de nacimiento y cuidado de menor durante un total de 32 semanas, al añadir a las 16 semanas ya reconocidas por el Instituto Nacional se la Seguridad Social, las 16 semanas que hubieran correspondido al otro progenitor.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Este es el octavo cuento de la serie 'Mari contra la pobreza'. Mari vive en un barrio murciano, trabaja de camarera, tiene dos hijos (Jaime y Jorge) y un dinosaurio. El dinosaurio (que podría ser el mismo que sale en el cuento de Augusto Monterroso) representa la fuerza interior de Mari, la fuente de energía que le permite enfrentarse a todos los problemas cotidianos que provoca vivir en situación de pobreza. Mari comparte el protagonismo de estas historias con sus amigas Tamara y Henriette. Ellas representan a todas aquellas mujeres que pelean a diario contra la pobreza y queremos que sea el reconocimiento de la EAPN-RM a su valor y esfuerzo. Este cuento vuelve a contar con una ilustración original de la artista Laia Domènech.

Habitualmente, cerramos el cuento ofreciendo algunos datos sobre la historia narrada. Esta vez los ofrecemos al comienzo. En España, según datos del INE, un 83% de las familias monoparentales tienen a una mujer sola al frente de la misma. Por eso es más razonable llamarlas familias monomarentales. Este tipo de familia es en el que se encuentran los mayores índices de pobreza. Según una investigación publicada hace unos años por EAPN Región de Murcia, mientras que la media de pobreza en la Región era de un 32% en las familias monomarentales era del 47%.

Cada mes de diciembre, conforme se acerca la navidad, pasan dos cosas que son independientes entre sí al mismo tiempo que están dramáticamente entrelazadas. Casualidad y causalidad, dos en uno. Cada mes de diciembre, conforme se acerca la navidad, el padre de Jaime y Jorge les llama para decirles que les va a visitar. Cada mes de diciembre, conforme se acerca la navidad, el abuelo paterno de Jaime y Jorge  les llama para hacer una compra navideña. 

El suegro de Mari no aparece en todo el año salvo para llevar a Jaime de compras una semana antes de Nochebuena. La primera vez que eso pasó, Mari montó en cólera. Tenía la sensación de que pretendía compensar los desmanes de su hijo a base de polvorones, conservas y embutidos. Su madre (la de Mari), que tiene la habilidad de sentir pena por todo el mundo, le dijo que lo dejara estar. Si así considera que repara algo de todo lo malo que ha hecho su hijo, le dijo, déjalo hacer. Tamara, desde un punto de vista más pragmático, también le animó  a no complicarse con el asunto.

-Y dile al chiquillo que se traiga un cava del bueno -añadió.

A Jaime no le hace mucha gracia ir con su abuelo a hacer la compra navideña. Sabe que aquello es, en el mejor de los casos, raro. La primera vez que tuvo conciencia de la pobreza en la que viven en su casa, fue cuando sintió la misericordia en el acto de su abuelo. Cada año, su abuelo, con una exactitud escalofriante, compra las mismas cosas. Mientras pasean por los pasillos del supermercado, Jaime tiene que tomar nota de cada cosa que echan al carro y llevar la cuenta de por dónde va el gasto. Su abuelo se enfada si usa la calculadora del móvil. Esas sumas, le advierte, tienes que hacerlas con papel o lápiz, o incluso de memoria. De lo contrario, acaba por amenazarle, se te secará el cerebro. 

La primera vez que llevó a Jaime a hacer la compra navideña, gastó 100 euros. Y en esa cifra se ha mantenido año tras año, añadiendo la cantidad correspondiente a la subida del IPC, claro. El suegro de Mari es un hombre de una corrección marcial. Fue maestro como podría haber sido coronel. Un hombre duro e inflexible. Y lo que es duro e inflexible es frágil como la materia muerta, como la madera seca. Se quiebra cada dos por tres y deja fragmentos cortantes a su paso que hieren a todos aquellos que se le acercan. Mari no tiene especial interés en justificar las cosas que hizo el padre de sus hijos pero, por mucho que Tamara ponga el grito en el cielo cada vez que lo hace, no puede evitarlo. La vida es una sucesión absurda de víctimas que luego ejercen de victimarios.

El padre de Jaime y Jorge no tiene ni idea de la ceremonia de la compra del billete verde, como la llama Tamara. Lleva años sin hablar con su padre. Se retiraron la palabra cuando todavía estaba con Mari. Sin embargo, casi al mismo tiempo, llama para decirles a los niños que irá a verlos por Navidad. Y, año tras año, incumple su promesa. Solo una Navidad vino a visitarlos y a ese clavo ardiendo es al que se agarra Jaime cada mes de diciembre para pensar que ese año su padre sí dice la verdad. 

Mari piensa que no hay padre bueno. Sabe que no es así, aunque solo sea por probabilidad alguno bueno tiene que haber. Pero, de haberlo, nadie lo conoce en el barrio.

En el caso de Tamara, la cosa es algo complicada porque depende del día. Tamara, cuando habla de su padre, parece dejarse poseer por una especie de alucinación desvergonzada, por una fantasía sin pudor que exhibe delante de todo el mundo. A veces, su padre es un héroe que murió atropellado por un camión cuando saltó a la carretera para salvar a un anciano ciego, otras es un villano miserable que las abandonó para gastarlo todo en los casinos de Torremolinos, otras un ingeniero especializado en una tecnología punta que debió viajar al extranjero y aceptar una vida secreta, otras un mujeriego sin remedio que agoniza de varias enfermedades venéreas en un hospital de la estepa siberiana. Cuando Mari le pregunta qué es eso de inventarse tantas historias, Tamara explica que está buscando la historia perfecta para situar a su padre. No me gusta la verdad, reconoce, y nada me impide fabricar una mentira a mi antojo.

Una buena fantasía es el bálsamo perfecto para una mala realidad. Jorge le explicó una tarde que el padre de Endurance es la arena del desierto porque su madre, Henriette, se quedó embarazada de él atravesando el Sáhara de camino a Europa. Jorge estaba haciendo dibujos esa tarde y uno de ellos era de Endurance. Mira, mamá, le dijo a Mari mostrándole orgulloso el retrato de su amigo, he dibujado a Endurance como el Capitán Duna, tiene el poder de invocar tormentas de arena. Jorge, que se resiste a abandonar el pensamiento mágico, ha aceptado al padre mineral de Endurance con la tranquilidad de quien acepta que las palabras agudas sólo se acentúan cuando terminan en n, s o vocal. Junto al Capitán Duna, salía dibujado él mismo. Soy Chico Caries, le dijo a su madre.

-¿Chico Caries? - le preguntó Mari desconcertada -. ¿Y cuál es tu súper poder?

-Hago que se le pudran los dientes a los racistas -respondió Jorge.

Una sonrisa de orgullo se apoderó de la cara de Mari, casi tan grande como la que se dibujó en la boca del dinosaurio.

Al mismo tiempo que Jaime, Penélope filial, espera y espera a que llegue la visita navideña de su padre, Jorge lo ignora por completo. Ha visto a su padre 2 ó 3 veces en la vida y para él no es más que un extraño poco de fiar. 

Mari ha intentado por activa y por pasiva acabar con esa rutina de la mentira y de la decepción pero no lo ha conseguido. Cuando Jaime espera a que venga su padre, el dinosaurio espera junto a él. Pasa días acompañándolo a todas partes hasta que Jaime acaba por aceptar el engaño de cada navidad. Mari piensa que sólo ella puede ver al dinosaurio pero ese día, después de escuchar a Jaime decir en voz alta que ese año su padre tampoco vendrá, vio cómo su hijo acariciaba la cabeza del lagarto y no pudo evitar pensar que se trataba de alguna especie de milagro navideño.