Por qué la pobreza apenas disminuye con máximos de empleo: los factores que atrapan a 12 millones de personas

En un momento en el que España lidera el crecimiento económico en Europa y que bate máximos históricos de empleo, la pobreza y la exclusión social apenas se reducen. “Solo una décima”, ha subrayado este miércoles Carlos Susías, presidente de EAPN España y EAPN Europa, la red de ONG especializadas en pobreza, que señala que España ha encontrado cierto “suelo” en la mejora de la población más vulnerable con su actual Estado del Bienestar. Entre otros, sobresalen dos vacíos pendientes: la protección de la infancia y el acceso a la vivienda.

Que en una época de bonanza macroeconómica como la actual en España, envidia de otros muchos países, la pobreza se reduzca tan poco es una prueba viviente de que “el mero crecimiento no erradica la pobreza”, ha insistido Carlos Susías en la presentación de XVI Informe ‘El Estado de la Pobreza en España. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030’.

Hay que “focalizar las políticas y tener la intención de erradicar la pobreza”, ha sostenido el presidente de EAPN, que ha recordado que en la última década España no logra bajar su nivel de pobreza y exclusión del 25% de la población. Es decir, una de cada cuatro personas. Son 12,6 millones de personas en la actualidad.

Hay que recordar que, en un país rico como España, la pobreza se mide de forma relativa, en comparación con el nivel de vida de la sociedad. También con una mirada más amplia, la tasa de pobreza y exclusión social (AROPE) mide la pobreza monetaria (vivir con ingresos por debajo del 60% de la mediana) y también otras dificultades, como la intensidad laboral y la carencia material y social severas, como no poder afrontar gastos imprevistos o la dificultad para llegar a fin de mes.

Lo que se hace importa, pero se necesita más

Las ONG son claras: no es que lo que se esté haciendo en materia de protección social en los últimos años –como el lanzamiento del ingreso mínimo vital y la revalorización de las pensiones– no valga de nada. Todo lo contrario: la actuación protectora del Estado sacó el año pasado de la pobreza a 11 millones de personas, calcula la EAPN con el análisis de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE.

En concreto, se evitó que cayeran en la pobreza “8,1 millones gracias a los ingresos por jubilación y supervivencia y 2,9 millones al resto de transferencias”, recoge el estudio.

La cuestión es que continúa habiendo importantes márgenes de mejora, que se puede hacer mucho más, como demuestran los países de nuestro entorno europeo, que en general logran reducir la pobreza mucho más que España con las ayudas del Estado distintas más allá de la jubilación.

“Hay espejos en los que mirarse”, ha destacado Alejandro Sanz Angulo, investigador principal del estudio, que ha señalado el ejemplo de Suecia. Si se eliminasen todas las transferencias del Estado salvo las pensiones, la tasa de pobreza española sería similar a la de Suecia (25,4% y 25,3%, respectivamente). Sin embargo el resto de ayudas del Estado del Bienestar sueco logra sacar de la pobreza a mucha más población que en España, con un balance final del 19,5% y del 15,6% de personas afectadas por pobreza monetaria en cada país.

Suecia no es un caso aislado, como ilustra el anterior gráfico, sino que Francia reduce su pobreza relativa en 10,2 puntos e Irlanda, en 13,8 puntos. Más bien es España (con 5,9 puntos) la que se distancia del panorama mayoritario, con una escasa protección del resto de ayudas del Estado más allá de la jubilación.

Vivienda e infancia, los mayores vacíos de protección

La EAPN ha señalado especialmente dos agujeros de protección en el Estado de Bienestar español que, si se indaga en los datos oficiales, se observa que se vuelcan de manera clara en altos indicadores de pobreza, sobre todo en ciertos grupos de población más vulnerables.

Se trata de la escasa protección social de la infancia y en materia de vivienda. Este último se ha convertido en uno de los principales factores empobrecimiento en los últimos años no solo para las personas más vulnerables sino también “para la clase media”, ha sostenido Carlos Susías.

En este sentido, las ayudas a la vivienda siguen siendo muy reducidas (3,1%), indica el estudio, y se mantiene un escaso parque público de viviendas, con una cobertura a un 1,6% de los 18,6 millones de hogares en España, según la última memoria anual del CES.

Las ONG han subrayado el gran aumento del precio de la vivienda y especialmente del alquiler, que ahoga cada vez más a personas en un “circulo vicioso”. No pueden comprar una vivienda, por lo que se ven obligadas a vivir en alquiler, pero este es cada vez más caro, lo que implica que se va comiendo más parte de sus ingresos y les impide mejorar su situación.

En el caso de las personas en pobreza, la situación es límite, porque el alquiler se come más de la mitad de sus ingresos (51%), frente al 26% de renta que se va en la hipoteca de las personas en pobreza. En la población total, los porcentajes son de casi el 35% y 12%, respectivamente.

Por el lado de la infancia, las ONG han insistido en reclamar una prestación universal por crianza, consolidada en la mayoría de países europeos y con la que coinciden múltiples organismos, como recientemente el Consejo Económico y Social (CES), ante la elevada tasa de pobreza infantil de España, la más alta de toda la Unión Europea, y muy por encima del resto de la población.

En 2025, un tercio de los niños, niñas y adolescentes está en pobreza y exclusión (el 34%), lo que supone cerca de 2,7 millones de personas, y más de uno de cada cuatro (el 28%) está en situación de pobreza monetaria, lo que supone más de 2,2 millones de menores.

También hay otros indicadores, como la elevada pobreza de hogares monoparentales (el 51% está en pobreza o riesgo de exclusión) y en familias numerosas (47%), que sitúan el foco en la protección de la infancia en España, inferior a la europea.

La EAPN también ha exigido acabar con “la discriminación” por edad para acceder al ingreso mínimo vital (IMV) para las personas jóvenes, de menos de 23 años. “Ningún joven quiere vivir con 400 euros”, ha sostenido Ruth Caravantes, responsable de Investigación e Incidencia Política de EAPN-ES, que ha tachado de “aporofobia” el enfoque que les excluye de esta renta mínima estatal por el temor de que no busquen un empleo.