Decenas de leyes en el aire por el adelanto electoral: de la financiación autonómica a la reforma para blindar la sanidad pública
El adelanto electoral, anunciado este lunes por el presidente Pedro Sánchez, hace decaer decenas de leyes y reformas de calado en el Congreso. La decisión de resetear el parlamento con la llamada a las urnas pone el contador a cero de normas en las que el Ejecutivo lleva meses trabajando —algunas no exentas de polémica—, como la nueva financiación autonómica o el Estatuto Marco sanitario, la condonación de la deuda a las comunidades autónomas, la ley mordaza o varios cambios en educación, que el Ejecutivo había dejado para el último tramo de la legislatura.
A la espera de que el Consejo de Ministros vuelva a aprobar este martes los decretos de vivienda, que el Congreso tumbó el viernes con los votos de PP, Vox y Junts, estos son los proyectos en marcha que se quedan en el aire con la convocatoria electoral:
Se retrasa la reforma de la financiación autonómica
Del ámbito económico, quedan en el aire las grandes promesas en las que La Moncloa había cimentado el futuro de la legislatura. No se aprobará ni la reforma de la financiación autonómica, caducada desde 2014 —y que el Gobierno había sacado adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera— ni la condonación de 80.000 millones de deuda pública de las comunidades, que lleva desde finales de 2025 atascada en la Comisión de Hacienda del Congreso. Y de los Presupuestos, ni rastro.
En materia laboral, no salió adelante la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, pero el Gobierno aún tiene en sus manos la posibilidad de reforzar el registro horario mediante un reglamento. Confían en hacerlo en octubre. Pero por el camino se quedan otras reformas clave, como la de transparencia salarial por sexos o la absorción de pluses del salario mínimo. A dos meses de que acabe el año, los autónomos tampoco saben cuánto pagarán en cuotas a la Seguridad Social en 2027, algo que podrían lanzar a través de un Real Decreto-Ley.
Sin protección de menores en redes sociales
En La Moncloa sí tenían la esperanza de hacer avanzar la que era su gran apuesta de la legislatura: la Ley Orgánica para la protección de personas menores de edad en los entornos digitales, la que elevaba hasta los 16 años el mínimo legal para abrir una cuenta en redes sociales, creaba una app para verificarla y hacía responsables a las tecnológicas de los daños que causan los algoritmos.
Al vicepresidente Carlos Cuerpo le quedará la espina de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, un proyecto que quería retomar a la vuelta del verano y que ya decayó con el adelanto electoral de 2023, entonces impulsado por Nadia Calviño. La reforma del FROB queda en el aire, como también la única ley del ministro de Industria, Jordi Hereu, la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, en el Congreso desde 2024. El campo esperaba que la Ley de Agricultura Familiar, del ministro Luis Planas, permitiera garantizar la continuidad de explotaciones agrarias familiares. También decae, en plenas protestas del sector.
Las grandes reformas en Educación y Sanidad, en el aire
El Estatuto Marco es una de las normas que más quebraderos de cabeza ha dado al Ministerio de Sanidad. El Consejo de Ministros aprobó hace unas semanas la primera gran reforma de las condiciones laborales de todo el sistema público de salud en 23 años. Unos cambios que las comunidades autónomas pidieron retirar y que no cuenta con el beneplácito de los sindicatos médicos, que han convocado una huelga indefinida para el próximo 28 de octubre. La norma, que queda ahora en el limbo, reducía las guardias médicas obligatorias de 24 a 17 horas, la jornada laboral máxima a 45 semanales y forzaba la convocatoria de oposiciones cada dos años.
La labor legislativa de Sanidad se ve interrumpida por más frentes. Otra de las grandes reformas era la Ley de Gestión Pública, que buscaba “blindar” la sanidad pública frente a los fondos de inversión, limitar la colaboración público-privada y frenar la privatización de hospitales. En periodo de enmiendas está también la ley del medicamento y la que buscaba dar más peso a las organizaciones de pacientes. Y la reforma de la ley del tabaco, con la que Sanidad quería prohibir fumar en playas y terrazas y equiparar los vapers al tabaco. Este sería el primer gran cambio en esta materia en 16 años, pese a que las anteriores reformas redujeron notablemente el hábito tabáquico y —pese a las disputas políticas— se aprobaron por consenso.
La “legislatura del profesorado” se va a cerrar en el mejor de los casos diluida y en el peor, sin ninguna medida aprobada que mejore la situación de los docentes. El Gobierno tenía cuatro grandes reformas pendientes. La reducción de las ratios de alumnos por clase en Primaria y Secundaria y la rebaja de horas lectivas semanales, que se tramita en el Congreso en forma de ley, decaerá por el adelanto electoral. Las bajadas de ratios en el resto de enseñanzas, el fin de los “chiringuitos” de Formación Profesional y la reforma de las oposiciones ni siquiera han llegado al Consejo de Ministros, aunque podrían aprobarse como real decreto.
Para la etapa universitaria, Sánchez había anunciado su intención de regular que todos los títulos tuvieran al menos un 50% de doctores y un 40% de trabajadores indefinidos. La ministra Milagros Tolón anunció que iba a convocar por fin los sexenios de transferencia para el personal investigador. Ambas cuestiones quedan ahora en el aire.
Freno al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática
Sánchez comenzó el curso político con un acto sobre el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que llegó al Congreso en septiembre y se ve frustrado apenas un mes después. La propuesta, lanzada en agosto de 2025 en plena oleada de incendios, ha sido una de las prioridades de la vicepresidenta Sara Aagesen y ha necesitado un proceso de consulta, análisis y redacción de muchos meses. A la negativa de base del PP y Vox, se habían unido las reticencias del PNV, BNG y también Junts. Tampoco se hará realidad, al menos de momento, el Parque Nacional del Mar de las Calmas (El Hierro), el primero 100% marino de Europa.
En energía, la medida pendiente más importante es la nueva Planificación de las redes de alta tensión hasta 2030 (más de 17.000 millones de euros de inversión) anunciada para antes de 2027. Si bien esta tramitación no se hace a través de ley —la aprueba el Consejo de Ministros—, todavía se está presentando a las Comunidades Autónomas y parece difícil que se apruebe. Por otro lado, este mes se cerró la consulta pública para un decreto de regulación de los centros de datos con exigentes criterios de consumo de renovables, que ha puesto en contra a todo el sector.
También está pendiente la nueva regulación del autoconsumo y de las comunidades energéticas. Y un procedimiento de operación para el nuevo mecanismo de capacidad (antiapagones). Entre lo que no verá la luz está un anteproyecto de ley de hidrógeno y gases renovables anunciado en enero. O la recuperación de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE).
El blindaje del aborto en la Constitución
El Ministerio de Igualdad tiene en el Congreso, aún en tramitación, su ley más importante: la de violencia vicaria, que preveía incorporar una agravante específica en el Código Penal y que estaba en pleno debate entre los grupos con visos de prosperar. Lo que era difícil que saliera adelante era la reforma de la Constitución para blindar el derecho al aborto, para la que se requieren unas mayorías que exigen el apoyo de un Partido Popular que se opuso desde el primer momento. En el aire quedan el Pacto de Estado contra los discursos de odio y la ley que castiga con penas de cárcel las terapias de conversión LGTBI, cuya tramitación estaba avanzada al estar ya en el Senado.
También decaerá la Ley de Familias, si bien el Ministerio de Derechos Sociales había conseguido aprobar los nuevos permisos por hijo.
La Ley Mordaza sigue sin ser derogada
En el mismo sentido, se queda sin aprobar la ley que iba a eliminar los delitos de injurias al rey y de ofensa a los sentimientos religiosos, una norma que había comenzado su andadura este 2026 y que no verá la luz, al menos en esta legislatura. Como decae, otra vez, la imposible derogación de la ‘ley mordaza’ en todos sus términos. Aunque en las últimas legislaturas sí se ha rebajado la dureza de las sanciones que contempla y se han eliminado algunos de sus artículos más lesivos —como el que ponía en duda derechos sindicales— el PSOE ha bloqueado los intentos de desmontar esta norma puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Tampoco saldrá ya adelante la ampliación de las indemnizaciones a las víctimas o sus familiares que fallecieron o padecen lesiones incapacitantes debido a su lucha por la democracia en el tardofranquismo y la Transición. El Gobierno aprobó estas ayudas el pasado marzo, a través de un Real-decreto ley que fue convalidado por el Congreso, por lo que está en vigor. Sin embargo, los grupos acordaron tramitarlo como proyecto de ley para que su ámbito temporal se alargara hasta 1983 y no solo hasta 1978, como está reconocido ahora.
Otro clásico que no podrá tramitarse es la reforma de la franquista Ley de Secretos Oficiales. En cada legislatura, el PNV lidera los embates parlamentarios contra esta norma. En las dos últimas, además, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha presentado sendos proyectos del Gobierno para reformular una ley que aleja a España de la transparencia de los países de nuestro entorno. La nueva ley tendrá que esperar.
Saharauis sin nacionalidad
El adelanto electoral implicará el final de la tramitación de la ley que reconoce la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo dominio español, pero también a sus descendientes. Aprobada en el Congreso con 168 ‘síes’, 31 ‘noes’ y 145 abstenciones, estaba pendiente de la tramitación en el Senado, donde el PP había presentado enmiendas.
Tampoco se podrá tramitar el nuevo sistema de asilo y la reforma de la Ley de Extranjería a cuenta del recientemente aprobado pacto migratorio en la Unión Europea, y que dificulta la entrada en Europa de personas migrantes, facilita las devoluciones en caliente o a terceros países y limita las solicitudes de asilo. Sí se mantiene en vigor la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que obliga a las comunidades autónomas a acoger a menores migrantes.
Otro varapalo para la Ley del Cine
La Ley del Cine, que llevaba desde diciembre de 2022 esperando a ser aprobada, seguirá durmiendo el sueño de los justos. Los sucesivos adelantos electorales fueron retrasando la norma, que se aprobó en Consejo de Ministros en 2024. Entonces, Vox y PP presentaron una enmienda a la totalidad que fue rechazada el pasado 18 de junio, y los principales interlocutores del sector se encontraban analizando las enmiendas presentadas por el resto de partidos. El adelanto deja de nuevo paralizada una ley que venía a modernizar una industria que ha cambiado radicalmente en los últimos diez años, con la entrada de las series y la inteligencia artificial y a redefinir la figura del productor independiente frente a las grandes plataformas.
Esta información se ha elaborado con la colaboración de las secciones de Sociedad, Política, Economía y Cultura de elDiario.es.
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