El Gobierno quiere que al menos la mitad de los profesores de cada título universitario sea doctor

Preocupado por la deriva privatizadora de la universidad española, el Gobierno quiere mejorar la calidad de los títulos. El presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo quiere aprobar un Real Decreto por el que obligará a todas las universidades a que un 50% del profesorado de cada grado tenga el título de doctor. Además, el 40% deberá contar con un contrato a tiempo completo. “Con ello, no solo vamos a reforzar la calidad de la enseñanza, también vamos a luchar contra la precarización”, ha valorado el presidente.

La normativa actual ya obliga a las universidades a tener un 50% de su profesorado con un doctorado, pero no especifica su reparto ni concreta cómo deben ejercer la docencia, agujero que con este Real Decreto quedaría tapado.

Además de los cambios con el profesorado, el RD también incluirá medidas para “exigir la presencialidad allí donde sea necesaria, especialmente en ámbitos como el sanitario, para evitar que algunas privadas puedan aprovechar la creciente demanda y falta de plazas para ampliar masivamente su oferta online sin garantizar los estándares de calidad”. El presidente no ha ampliado la información sobre ninguno de los dos aspectos y fuentes del Ministerio de Universidades han explicado que comunicará las novedades conforme avance la negociación con los diferentes actores interesados.

Sánchez ha recordado durante su intervención que el Gobierno ya remodeló el año pasado el Real Decreto que regula los requisitos mínimos que debe cumplir una universidad privada para ser reconocida como tal en España. Entre otras cuestiones, aquella reforma incluyó que los proyectos de centro online deben ser aprobados por el Congreso, y no por las Comunidades Autónomas, y obliga a destinar un 5% del presupuesto a investigación, con el fin de evitar lo que el presidente califica habitualmente de “franquicias expendedoras de títulos” o “chiringuitos”.

El presidente ha admitido que en España hay un problema con la falta de plazas públicas en la universidad —se ofrecen hoy prácticamente las mismas que hace 20 años–, cuestión en la que señala a las comunidades autónomas, responsables de la financiación universitaria. Esta escasez de oferta ha tenido el efecto directo de subir las notas de corte y dejar fuera a miles de personas —un estudio calcula que son unas 17.000 al año—, que se ven en la tesitura de acudir a la privada a pagar miles de euros, a veces aunque no los tengan, dejar pasar un año para intentarlo otra vez o cambiar de plan formativo.

“Quieren convertir lo que era común en un extra y lo que era una garantía en una mercancía. No queremos esta estrategia low cost para nuestros hijos e hijas, no lo queremos para la Universidad.