No es solo falta de fondos: los vicios de la universidad pública que alimentan la expansión de la privada

Como viene sucediendo en los últimos años, este curso empieza en la universidad pública con varios miles de ausencias. Faltarán, al menos, los 17.000 estudiantes que se han quedado fuera de alguno de los 15 ámbitos de estudio que tienen una nota de corte superior al 10 y que, a falta de plazas públicas, han tenido que acudir a un campus privado a buscar lo que no les ofrecía el Estado, según calcula el informe Cuándo, cómo y por qué: factores explicativos del crecimiento de la universidad privada en el sistema universitario español, elaborado por Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García, profesores de economía en las universidades de Jaén y Politécnica de València, respectivamente.

El estudio ofrece un exhaustivo repaso de la evolución del sector privado en la educación universitaria en España, que ha pasado de contar con menos de una decena de centros antes del año 2000 para rozar la cincuentena hoy. Entre sus aportaciones más novedosas quizá esté que los autores no se limitan a señalar el argumento recurrente de la falta de financiación de los centros públicos como el mal que todo lo explica en la progresiva privatización de este espacio educativo.

Hernández y Pérez, autores habituales de los informes anuales sobre el estado de la universidad en España que realiza la Conferencia de Rectores (CRUE), apuntan que también existe una parte de responsabilidad de los dirigentes universitarios y las dinámicas de los campus en esta eclosión de campus privados (en la que siempre actúan “de forma determinante las expectativas de rentabilidad que han impulsado la creación de nuevas universidades privadas”).

Porque, cuenta Hernández, los datos dicen que la universidad pública no responde a los deseos formativos de la población —ahí están los 17.000 que no encuentran acomodo en lo público— y eso está influenciado por la disponibilidad de fondos, limitados, pero también por las decisiones que se toman. Los departamentos presionan para defender sus intereses, explica el profesor, para ofertar más títulos y que su profesorado tenga horas de clase que impartir, y los recursos que se destinan a un título no se dedican a otro.

“El área de conocimiento de titulaciones que no están muy demandadas y no tienen potencialidad para ocuparse de sus profesores presionarán para que no se cree un determinado título [de otra área que sí está demandado] porque detrae recursos que podrían ser para ella. Está muy presente todavía ese carácter corporativo, es una realidad en toda la universidad pública que no puede cuestionar nadie. Es un lastre que está ahí”, cierra Hernández, con la experiencia de quien ha pasado por equipos directivos universitarios y asesorado en el Ministerio. También los colegios profesionales presionan para mantener las plazas limitadas, cuenta.

El resultado de estas políticas es que las universidades públicas ofrecen pocas plazas en titulaciones muy solicitadas y demasiadas en otras que no desea cursar mucha gente, explica el informe, ajenas en parte a lo que pide el estudiantado. Y eso, sostiene Hernández, es una dejación de funciones de los mandatarios políticos y los universitarios, responsables de planificar el sector. Hay factores externos que contribuyen al crecimiento de lo privado sobre los que los dirigentes no pueden actuar —el crecimiento de las rentas familiares o la concentración de la población—, pero sobre los internos, sí.

Un reparto desigual

La rigidez y falta de planificación en lo público se observa cuando se analiza el reparto de alumnado en titulaciones de alta demanda y se compara con cómo han actuado los centros privados en los últimos años a lo que piden los estudiantes en la última década.

El informe muestra que la oferta global en la universidad pública se ha mantenido estable desde el curso 2015/2016 al 24/25, último con datos asentados: entonces se ofrecían 237.884 plazas al año, hoy son 241.613, apenas un 2% más. Y las titulaciones que más se piden han visto un incremento de sus plazas, pero mucho más pequeño que el que ha realizado la privada, donde “los crecimientos se evidencian con rotundidad en los ámbitos que concentran la demanda efectiva”, escriben los profesores.

Informática ha mejorado su oferta un 25% en la pública en diez años mientras en la privada lo ha hecho un 250%. Enfermería, un 12% frente a un 69%, respectivamente. Otros estudios de Ciencias de la Salud se sitúan en un 11% en la pública y en un 38% en la privada, con Medicina, una de las joyas de la corona, registrando subidas de entre el 15% y el 47% según la red. Los centros privados han disparado su oferta en Economía, estudios diversos de ciencias sociales y del comportamiento, Administración y Dirección de Empresas o Arquitectura, mientras las 50 universidades públicas apenas han aumentado la suya.

Dejación de funciones

“No toda demanda social debe tener idéntica respuesta en el sistema universitario público”, escriben Hernández y Pérez, “es preciso que los responsables universitarios, al programar la oferta académica y su dimensión, actúen con criterios de rentabilidad social por el carácter mayoritariamente público de la financiación destinada a su provisión”, argumentan. Pero el Consejo de Universidades del Ministerio, órgano que junta a la administración con los rectores, no está haciendo ese trabajo estratégico de planificación de la oferta, sostienen.

“Hay titulaciones en las que esa planificación, competencia del Consejo, no se ha hecho nunca. Y eso perjudica a la pública y ha favorecido a la privada, que conoce la cautividad que tienen [las universidades públicas] en titulaciones en las cuales no hay demanda social e incluso la demanda productiva es escasa, y sin embargo mantiene una producción excedentaria frustrando las aspiraciones profesionales de estas personas”, explica Hernández.

Dicho de otra manera, sostiene, no tiene sentido que todas las universidades públicas ofrezcan todo tipo de estudios, aunque no los curse nadie o aunque la demanda esté claramente sobredimensionada y solo vaya a generar parados a futuro, sostiene el profesor. Hernández esgrime en este punto el ejemplo de la formación de maestros, que produce cada año muchos más profesionales de los que el sistema puede absorber. Pero el sector no admite estos discursos, lamenta el profesor, que recuerda “el gran revuelo” que se organizó entre los rectores cuando se le ocurrió sugerir en un informe, poco después de la pandemia, que sobraban plazas de formación de docentes.

Porque se puede argumentar el carácter social de los centros y su rol de servicio público para justificar esa política generalista, pero, reflexiona Hernández, también que hay que explicar que se está mandando a estudiantes a títulos sin salida profesional ni posibilidad de tenerla.

“Resulta difícil asumir que titulaciones que registran solicitudes de preinscripción en primera opción que cuadriplican la oferta, como Enfermería (con una demanda del 481% respecto a la oferta), hayan experimentado un crecimiento de la oferta de tan solo el 19,1% en el periodo 2015/2023. Medicina y Odontología presentan datos aún más explosivos, con índices de preferencia de 1.066,4% y 1.035%, respectivamente, al tiempo que su oferta de plazas sufre aumentos escasamente significativos (Medicina un 15,7%) o incluso anotan retrocesos (Odontología, -2,3%)”, escriben los autores.

Los autores calculan que crear plazas para esos casi 17.000 excluidos de los centros públicos supondría, con el actual coste por alumno en la universidades públicas, un total de 549,25 millones de euros al año. Apenas un 6,6% del total de la financiación autonómica en el año 2023.