Los fondos de inversión asaltan la educación: “Es el caballo de batalla de nuestra sociedad”

Un fondo de inversión (KKR) compra Medac, la empresa de Formación Profesional (FP) que perteneció al consejero de Educación de Andalucía, Javier Imbroda, por 200 millones de euros. Una aseguradora Suiza, SWISS LIFE, adquiere varios colegios concertados —levantado sobre suelo regalado a la empresa vendedora— por otros 200 millones. Un fondo de riesgo, CINVEN, invierte 2.000 millones en la Universidad Privada Alfonso X el Sabio, el doble de lo que había pagado el anterior dueño solo seis años antes. Otro fondo, este el sueco EQT, se hace con el 65% de la Universidad Europea.

Son cuatro ejemplos, entre las docenas que han ocurrido en España en la última década, del “buen negocio” en el que se ha convertido el sector educativo, según relata la Fundación 1º de Mayo, de CCOO, en el informe La Mercantilización de la Educación, presentado este jueves en Madrid. Un texto que realiza un exhaustivo relato sobre cómo el neoliberalismo se ha infiltrado en la educación con la necesaria colaboración de las administraciones, tanto por acción, en unos casos, como por omisión, en otros.

“La Educación se ha convertido en uno de los principales caballos de batalla de nuestras sociedades”, advierte el informe, realizado a varias manos y coordinado por Pedro González de Molina. “La mercantilización es uno de los principales problemas de la educación”, ha añadido el responsable del trabajo durante la presentación del informe.

El texto sostiene que el sistema educativo español experimenta desde hace años un proceso creciente de mercantilización que está transformando la educación de derecho y servicio público a un producto sometido progresivamente a la lógica del mercado y del beneficio. Aunque su rostro más visible se observa en la falta de plazas públicas en la FP y en la Universidad, agujero que aprovecha el sector privado para multiplicar su oferta, el fenómeno afecta también a las etapas obligatorias y preobligatorias, siempre a costa de aumentar el gasto de las familias en educación. La principal consecuencia de este proceso, con la supuesta meritocracia como bandera, es un aumento de la segregación en un país que ya es de los que más diferencia a su alumnado de toda Europa.

“El patrón es siempre parecido”, ha explicado Unai Sordo, secretario general de CCOO. “Primero se limita, debilita o no se amplía suficiente la oferta pública; después aparece una oferta privada que se configura como la única posibilidad disponible y, finalmente, el coste se traslada a las familias. Es todo un proyecto político. Se habla mucho de la libertad de elección cuando se habla de educación, pero no existe verdadera libertad cuando una familia solo puede elegir entre pagar o renunciar”, ha elaborado.

Por acción u omisión

“Hay diferentes razones que explican el avance de las empresas privadas en la Educación, ya sea por motivos económicos, por dejación del Estado o por motivos ideológicos, filosóficos, o combinación de varias causas”, sostienen los autores del texto. Y citan algunos ejemplos: “Podemos ver en muchos lugares de nuestro país que los gobiernos autonómicos prefieren permitir la instalación de centros privados educativos, o la concesión de un servicio, mediante la concertación o la privatización, ya sea para reducir costes, o por dejación de funciones (como durante los gobiernos socialistas andaluces con la enseñanza 0-3 años), o en combinación con los motivos ideológicos (por ejemplo, renunciar a 146 millones de euros para la creación de escuelas infantiles públicas por parte del gobierno popular andaluz). La ventaja es triple, se ahorra presupuesto, se reducen los costes de gestión, y se avanza en la mercantilización de la educación, siguiendo la filosofía de Friedman”.

El rastro de Milton Friedman, un economista estadounidense que se considera uno de los padres del neoliberalismo, aparece por todo el informe. La mitad del alumnado de Infantil acude a un centro privado, un tercio lo hace en la Secundaria y en la FP de grado superior, especialmente en la modalidad a distancia, la oferta empresarial ha crecido más de un 1.600% en una década. La consecuencia de estas políticas siempre es la misma: las familias acaban pagando la fiesta.

Según el INE (2025), los gastos familiares han aumentado en solo doce años de los 13.217 millones de euros a los 18.628 cada curso, recuerda CCOO. El retroceso del estado en la educación, sea en la provisión básica de los servicios, no ofreciendo suficientes plazas públicas o no poniendo fondos para compensar las desigualdades de origen del alumnado, dispara el gasto en clases particulares, academias, comedores, clases extraescolares, libros y materiales escolares y actividades educativas de todo tipo, con gran variabilidad entre comunidades autónomas.

En los últimos años, los hogares se están empezando a gastar también el dinero que no tienen: el 14% de los créditos al consumo que se piden ya se destinan a pagar estudios universitarios. En FP, añade el sindicato, el gasto nominal por hogar afectado por la falta de plazas se ha duplicado entre 2016 y 2023, pasando de 1.069 euros a 2.085 euros. Igualmente, la privatización de los másteres incrementa el coste para cada hogar afectado en casi 1.600 euros.

Una relación cliente-empresa

La mercantilización afecta prácticamente a todas las áreas educativas, han explicado los autores del informe, y distorsionan el sistema. “El problema es que las lógicas empresariales generan problemas serios a la hora de poder hacer efectivo un derecho humano, como es la educación. Si una familia escolariza a su hijo o hija dentro de un centro privado, ya sea con concierto o sin él, se establece una relación de cliente con una empresa. En esa relación se esperan unos resultados que se pueden acabar exigiendo si no se cumplen, so pena de escolarizar a dicho alumno o alumna en otro centro, suponiendo una merma de ingresos para el centro escolar. Es el mismo caso para las universidades o centros de formación profesional privados (...), lo que provoca que haya incentivos perversos para que el centro-empresa educativo presione a su personal para mejorar las notas del alumnado, o que el alumnado apruebe para garantizar que sea escolarizado un año más”, describen.

Una vez que se establece que la educación es un mercado tan válido como cualquier otro, el pastel a repartir es jugoso, impulsado en los últimos años por el desembarco de las grandes tecnológicas en el sector. Según las estimaciones de la consultora HolonIQ33, solo el mercado global de la llamada EdTech alcanzaría los 350.000 millones de euros en 2025, 60.000 de ellos en Europa. En el caso español, el mercado de las tecnologías educativas se valoró en 2023 en 462 millones de euros y se espera que crezca a una tasa compuesta anual al 11% hasta 2028. software educativo, libros de texto digitales, plataformas virtuales, dispositivos electrónicos (ordenadores, tabletas, pizarras digitales), cursos online, academias privadas, servicios de consultoría, apps educativas, herramientas de inteligencia artificial para el aprendizaje, sistemas de gestión escolar “y muchos otros recursos que antes eran accesorios y hoy son o pretenden ser casi imprescindibles”, explica el informe.

El papel del Gobierno

El informe concluye, que pese a que el Gobierno “está intentando a través de la legislación, aunque de manera tímida, evitar la proliferación de ”chiringuitos“ universitarios con el endurecimiento de la ley aprobada en 2021, y está redactando una nueva legislación para evitar el mismo problema en la Formación Profesional”, no tiene previsto tomar medidas en Infantil, Primaria, Secundaria o en Bachillerato. “El proceso de mercantilización afecta al sistema en su conjunto, por lo que el Gobierno debería de ser más valiente y tomar medidas profundas para revertir el proceso”, advierten los autores.

Sus propuestas pasan por aumentar la inversión —la cifra mágica está en el 7% del PIB y España no llega al 5%—, recuperar el papel del Estado como garante del derecho a la educación mediante un aumento de la oferta pública o incluso, ha llegado a decir Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Educación de CCOO, una moratoria por la que se prohíba abrir universidades privadas los próximos diez años.

Mientras, recuerda CCOO, el sector se agota y el conflicto crece. “La insatisfacción en la comunidad docente es evidente. El empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado, la falta de adaptación de los centros a las emergencias provocadas por el cambio climático, la falta de apoyo de las administraciones educativas a la enseñanza pública, la no recuperación de las condiciones laborales anteriores a la crisis de 2008, la falta de medios para poder tratar la diversidad en las aulas, el incremento de la burocracia y la pérdida de la democracia en los centros, han transformado a los claustros en órganos de escasa utilidad y a los y las docentes en meros tecnócratas, alejados de su función educativa”, describe el informe. Y las huelgas se suceden por todo el país, llevando al sistema al límite.