El PP abandona el 'caso Azud' y renuncia a acusar por corrupción a la familia de Rita Barberá y al ex vicealcalde de València

El PP valenciano ha abandonado su condición de acusación popular en el marco del 'caso Azud'. El partido que lidera actualmente Juan Francisco Pérez Llorca renuncia así a acusar a la familia de Rita Barberá (su cuñado, el abogado José María Corbín, así como tres de sus sobrinas figuran como procesados) y al ex vicealcalde de València, Alfonso Grau. Los populares dejan en manos de la Fiscalía la acusación de cara al previsible juicio oral, según ha adelantado El Español y ha podido confirmar este diario.

“Este desistimiento se circunscribe exclusivamente a la intervención procesal de esta parte y no supone valoración, pronunciamiento ni toma de posición alguna sobre los hechos objeto de investigación, su relevancia penal o su calificación jurídica, ni afecta al ejercicio de la acción pública por el Ministerio Fiscal y, en su caso, por las demás partes personadas”, indica el escrito del PP, que también pide la devolución de la fianza de 10.000 euros requerida para su personación inicial.

La acusación popular que ejerce el PP había pedido al juez sustituto una ampliación del plazo para presentar su escrito de acusación, una opción que fue denegada por el instructor, tal como informó elDiario.es.

Los populares se han mantenido personados durante más de tres años y medio en un procedimiento en el que, además de la familia Barberá y de Grau, figuraba inicialmente como investigado un relevante excargo del PSPV-PSOE, el extesorero José María Cataluña, para quien finalmente la jueza titular de la Plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València sobreseyó la causa, despejando el procesamiento por la presunta financiación ilegal de los socialistas.

La jueza instructora de la causa, en su auto de procedimiento abreviado, consideraba que Rita Barberá dio un “amparo personal” a su cuñado, José María Corbín, para que se hiciera con supuestas mordidas por un importe total de 3,6 millones de euros provenientes de empresarios contratistas del Ayuntamiento de València.