El fiscal del juicio al bulo del 'Bar España' eleva la petición de penas de cárcel por el “linchamiento” salvaje a las víctimas

El fiscal del juicio a los difusores del bulo del 'caso Bar España' ha aumentado la petición de pena hasta los 36 años de prisión para los conspiranoicos acusados Ramón Valero Martín Consuegra, alias Un técnico preocupado; Juan Lankamp Riaza; Gabriel Hernández, del canal Las cloacas del Estado, y Pilar Baselga. Al letrado Javier Fernández Torres, que se defiende a sí mismo, también le pide inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía durante cuatro años.

El representante del Ministerio Fiscal, según ha afirmado en la sesión de este viernes de exposición de los informes de conclusiones, los considera autores de nueve delitos contra la integridad moral en concurso medial con cinco delitos continuados de calumnias e injurias con publicidad contra autoridad y funcionario y con cuatro delitos de calumnias con publicidad contra particular.

Los acusados propagaron en redes sociales el bulo fabulado por el fallecido peluquero Reinaldo Colás por venganza contra su exmujer, primero en una era analógica y posteriormente multiplicado hasta el infinito en redes sociales. Cinco testigos confirmaron que todo fue un invento y que Colás les obligó siendo menores de edad a mentir.

Además, el fiscal Javier Carceller ha doblado la petición de responsabilidad civil, de los 200.000 euros solicitados inicialmente a los 400.000 euros por cabeza para indemnizar conjunta y solidariamente a las principales víctimas del bulo: la magistrada Sofía Díaz; la exdirectora del centro de menores del Baix Maestrat, Gema R.; el expresidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra; el expresident Francisco Camps; el excapitán de la Guardia Civil Santos F.; además de a varias enemistades personales del creador inicial del infundio: Francisco R. B., Juan M. C., Rodolfo B. C. y los descendientes del fallecido Carlos Y. A. E.

Por otro lado, el representante del Ministerio Público también aumenta su petición de indemnización —de 5.000 euros iniciales por cabeza a 25.000 euros— para las exconselleras Mónica Oltra y Gabriela Bravo y las exdirectoras generales Rosa Molero y Verónica López. El fiscal Carceller también ha solicitado que las costas de la publicación de la sentencia corran a cargo de los acusados.

Define la difusión del bulo como una “tropelía”

El fiscal ha definido la vista oral como el “primer juicio conocido” por la difusión “imparable” e “infinita” en la red de “noticias falsas” de “dimensiones colosales” y con efectos “indefinidos”. Javier Carceller ha aducido una “regulación penal obsoleta e insuficiente” para casos como el del bulo del 'caso del Bar España' (al no prever el legislador que reformó el Código Penal en 1995 un uso tan “maligno” de las nuevas tecnologías).

Las víctimas, ha remachado el fiscal, han sufrido en casi tres décadas un “linchamiento público despiadado e injusto” que ha “destrozado” la reputación personal y profesional de los perjudicados. La huella digital de las víctimas ha quedado “marcada para siempre”, ha apostillado.

La difusión del bulo, según concluye Carceller, ha sido una “tropelía” y una “salvajada” que merece una condena “contundente y enérgica”.