El despegue en bolsa de Caixabank y su dividendo ponen a tiro recuperar el rescate de Bankia casi 15 años después

El despegue de las cotizaciones de los bancos y los dividendos millonarios que están entregando las entidades financieras a sus accionistas gracias a sus continuos resultados récord tienen una importante derivada económica: el Estado está cada vez más cerca de poder recuperar los fondos inyectados en Bankia, la entidad que tuvo que ser rescatada hace casi 15 años y fusionada con Caixabank en 2021, justo después de la pandemia.

A lo largo de los últimos ejercicios, Caixabank ha ido reportando más de 1.700 millones de euros al Estado vía dividendos. Una cifra que, si se suma al valor de la participación pública en la entidad financiera cotizada, permiten otear más cerca los 24.000 millones que costó el salvamento del banco que presidió Rodrigo Rato. Una cifra que también incluye al antiguo Banco Mare Nostrum (BMN).

Actualmente, el Estado suma el 18% de las acciones de Caixabank. Según la cotización actual, esos títulos estarían valorados en más de 16.500 millones de euros. Es decir, si se vendieran esas acciones y se sumaran los dividendos ya cobrados y los previstos para los próximos meses, se comienza a atisbar el objetivo de poder recuperar el rescate de Bankia. Sin embargo, todavía se está muy lejos poder recuperar el total de lo inyectado a las entidades que pincharon tras la última burbuja inmobiliaria, en una inyección de fondos públicos próxima a los 90.000 millones de euros, como contamos en este tema. Además, hay que tener en cuenta que esa opción de poner en venta Caixabank, ahora mismo, no está sobre la mesa, lo que permitirá engordar esa nómina de dividendos.

El Estado controla su participación en Caixabank a través de BFA Tenedora de Acciones, una filial de FROB. Precisamente, este Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que nació para salvar a la banca de la última gran crisis económica está ahora enfilando un proceso de transformación. Si sale adelante el anteproyecto elaborado por el Gobierno, dejaría de ser una autoridad de resolución bancaria para centrarse en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, mientras que la participación de Estado en Caixabank quedaría bajo el paraguas de una sociedad adscrita al Ministerio de Economía.

Un rescate de más de 24.000 millones

Hay que recordar que el Estado intervino Bankia en mayo de 2012. Supuso, en total, una inyección de más de 24.000 millones de euros, porque también hay que incluir que entró en su perímetro el citado BMN. En concreto, más de 22.400 millones corresponden a Bankia y 1.645 millones, a BMN.

Al cierre de 2025, el último ejercicio con datos completamente cerrados, el Estado podría recuperar 17.678 millones de euros. De esa cifra, 1.722 millones se han obtenido vía dividendos que BFA ha reportado al FROB; y 489 millones de euros a intereses de preferentes cobrados por el FROB, según confirman fuentes del Ministerio de Economía. A esa cuantía se sumaría el valor de la participación de Caixabank. Si se toma como referencia ese cierre del año 2025, con esa desinversión se sumarían 15.467 millones de euros. Sin embargo, la cotización ha seguido subiendo en lo que va de 2026, lo que deja el 18% de Caixabank en manos del Estado en más de 16.500 millones de euros que ha marcado su cotización en las últimas sesiones. 

En total, Caixabank vale actualmente en bolsa cerca de más de 92.000 millones de euros. Es la quinta mayor cotizada del Ibex 35, por detrás de Inditex, Iberdrola, y de otros dos bancos, BBVA y Santander. Precisamente, el presidido por Ana Botín es la mayor cotizada por capitalización bursátil, porque ronda los 183.000 millones de euros.

Sin intención de vender la participación del Estado

En su capital no solo está el FROB, con ese 18%. Su principal accionista es la Fundación La Caixa, que suma más del 30%. El resto está en manos de otros inversores, institucionales o minoristas. Por ejemplo, según los cálculos que publica la propia entidad, de ese 50% de 'free float', la gran parte está en manos de inversores institucionales, pero también hay una pequeña participación en manos de los propios empleados del banco. 

También hay que tener en cuenta que, en los últimos meses, el Estado ha ido aumentando su participación en Caixabank: ha pasado del 16% al 18%, porque ha acudido a la recompra de acciones de banco, un movimiento con el que las empresas cotizadas buscan mejorar la retribución de sus accionistas. Además, el dividendo de Caixabank va a seguir al alza. En su última junta de accionistas, la entidad dirigida por Gonzalo Gortázar aprobó un dividendo de 2.300 millones de euros con cargo a 2025. De ellos, 417 millones corresponden al Estado a través del FROB. 

Y no hay intención de vender. El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó en una entrevista en elDiario.es que “hace unos meses” el Ejecutivo tomó “la decisión de prorrogar el periodo límite para desinvertir en CaixaBank”, previsto para diciembre de 2027. “En los últimos años, la evolución tanto de la cotización como de los dividendos han revertido en el Estado, lo que ha justificado la permanencia más allá de lo previsto inicialmente”, argumentó Cuerpo. “Al final se trata de recuperar, en la medida de lo posible, el coste del rescate financiero, que es lo que supone esa presencia del Estado en Caixa. Estamos muy contentos con la gestión actual del banco y nuestra presencia en el consejo es testimonial”.

Lo que cambiará en los próximos meses, si sale adelante el anteproyecto en curso, es la estructura de esta participación. Por un lado, porque se transmitirán las participaciones del FROB en Sareb —el banco malo que acumuló los activos tóxicos ligados al ladrillo— a BFA. Por otro, porque posteriormente se hará “la transmisión gratuita de las participaciones del FROB en BFA a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa”, según recoge el anteproyecto. De esta forma, BFA pasará a tener la consideración de sociedad mercantil estatal y se regirá por la normativa del sector público y los dividendos que lleguen desde Caixabank revertirán en el Tesoro. En paralelo, el proyecto el anteproyecto recoge que las funciones de supervisión y resolución pasarán al Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).