Para la libertad de las mujeres, políticas feministas

Las mujeres ya estamos sufriendo las políticas que están poniendo en marcha las comunidades autónomas gobernadas por las derechas, ya sea en coalición —Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura— o en solitario, como en Madrid. Su ataque a nuestros derechos reconocidos consiste en impedir que podamos ejercerlos en condiciones materiales de libertad e igualdad. Las feministas volvemos a estar en pie de guerra: ha vuelto Marea Violeta.

El 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, obliga a examinar las políticas que están ideando y ejecutando los dos partidos de derechas en las comunidades autónomas para saber qué harán si llegan a gobernar España.

Hablo de las derechas porque, en relación con los derechos de las mujeres, no es necesario especular sobre las condiciones que Vox podría imponer al Partido Popular. Basta con atender a sus propias decisiones. Núñez Feijóo ha anunciado que, si gobierna, extenderá al conjunto del Estado la ley madrileña del “concebido no nacido” y, al mismo tiempo, asegura que mantendrá la actual ley de plazos. Esta es la estrategia —y no solo en relación con el aborto—: erosionar los derechos sin necesidad de derogarlos.

Quizá haya quien crea que ambas posiciones son compatibles. No lo son. Las palabras crean categorías jurídicas y las categorías jurídicas producen consecuencias materiales. Reconocer al concebido como integrante de la familia “desde la concepción” introduce en el ordenamiento la ficción de dos sujetos con intereses diferenciados. De este modo, la interrupción del embarazo deja de presentarse como el ejercicio de la autonomía reproductiva de las mujeres y comienza a construirse como un conflicto entre sus derechos y los supuestos derechos de quien todavía no ha nacido.

Feijóo parece haber aprendido de la derrota de la reforma de Alberto Ruiz-Gallardón. En 2014, el Tren de la Libertad convirtió la defensa del aborto en una movilización estatal, obligó al Gobierno de Mariano Rajoy a retirar el anteproyecto y precipitó la dimisión del ministro. La estrategia actual evita aquella confrontación directa: mantiene formalmente la ley de plazos mientras introduce, por otras vías, el marco jurídico y político del “concebido no nacido”.

Los cuatro acuerdos autonómicos de gobierno suscritos por PP y Vox comparten esa misma concepción política y forman parte de una ofensiva nacional e internacional dirigida a deslegitimar el feminismo y revertir los derechos conquistados.

En todos ellos, las mujeres dejamos de aparecer como sujetos autónomos de derechos sexuales y reproductivos y somos situadas fundamentalmente en relación con la familia, la maternidad y la natalidad. Ninguno articula una política integral de salud sexual y reproductiva basada en nuestra autonomía y en el acceso efectivo al aborto, a la anticoncepción y a la educación sexual.

Quiero detenerme en Andalucía, no solo porque es el territorio desde el que Marea Violeta Andalucía convoca la movilización de este 28 de septiembre, sino porque —como le sucedió en su día a Gallardón— el presidente andaluz goza de una imagen de moderación que el acuerdo de gobierno desmiente. El pacto proclama una “cultura de la vida”, prevé un Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada que no reconoce nuestros derechos y convierte la “perspectiva de familia” en un criterio transversal de la acción pública.

Me detengo en esta última cuestión porque estas palabras también generan categorías jurídicas. La perspectiva de familia significa que las normas y las políticas deben evaluarse por sus efectos sobre una institución presentada como una unidad armónica. Desaparece así la obligación política de examinar sus consecuencias específicas sobre las mujeres. La perspectiva de género es sustituida por formulaciones aparentemente neutras que ocultan las relaciones de poder entre los sexos, diluyen los derechos individuales de las mujeres y excluyen la diversidad familiar y vital.

Los cuatro pactos demuestran que la ofensiva contra el derecho a decidir no necesita comenzar con la derogación de la ley del aborto. Puede avanzar mediante políticas que convierten la natalidad en un objetivo público y expulsan la libertad reproductiva de las prioridades gubernamentales. Después puede materializarse dificultando el acceso al aborto en la sanidad pública, tolerando desigualdades territoriales, ampliando los efectos de la objeción de conciencia o sometiendo a las mujeres a itinerarios administrativos diseñados para disuadirlas.

Vox radicaliza el discurso, acelera las medidas y amplía la ofensiva antifeminista, pero atribuirle en exclusiva el proyecto antiabortista permite al Partido Popular presentarse como un límite moderado. Su trayectoria y sus propios compromisos muestran lo contrario. La promesa de Feijóo de extender a todo el Estado la ley madrileña del “concebido no nacido” no constituye una concesión aislada a Vox, sino la formulación nacional de un marco que ambos partidos ya comparten en sus acuerdos autonómicos.

El precedente del Tren de la Libertad contiene, además, una enseñanza política: estas medidas pueden ser derrotadas. El movimiento feminista consiguió detener la reforma de Gallardón y hacer dimitir a un ministro. Marea Violeta Andalucía vuelve a movilizarse este 28 de septiembre con el mismo objetivo: frenar unas políticas que atentan contra los derechos de las mujeres.

La reforma de 2023, impulsada por el actual Gobierno de coalición de izquierdas, reforzó el derecho al aborto y obligó a las comunidades autónomas a garantizar su prestación pública y accesible. Por eso, los acuerdos autonómicos de PP y Vox pueden vaciar materialmente este derecho mediante la gestión sanitaria y de la objeción de conciencia.

La reforma prolonga los avances promovidos por Gobiernos socialistas con la despenalización parcial de 1985 y la ley de plazos de 2010. Aunque con una lentitud denunciada por el feminismo, han sido las políticas de izquierdas las que han ampliado los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Frente a quienes atacan nuestra libertad, necesitamos políticas de izquierdas que sean verdaderamente feministas.