Supermercados públicos: Barcelona debate el modelo de Mamdani con incógnitas sobre precios y alcance

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se reunió en Nueva York con su homólogo, Zohran Mamdani, y sorprendió con un anuncio llamativo e inesperado: la creación de una red de comercios asequibles. La iniciativa guarda similitudes con el proyecto de supermercados públicos en el que trabaja la Administración neoyorquina y ya ha suscitado reacciones de todo tipo en la capital catalana.

Dentro del consistorio, las formaciones de izquierdas, ERC y Comuns, ven “improvisación” y “marketing” en un anuncio en el que faltan detalles por resolver, mientras que Junts y PP lo rechazan de plano. En sintonía con la patronal de pymes Pimec, lo consideran competencia desleal para el pequeño comercio. Desde el sector de supermercados, guardan silencio y ponen en duda que la experiencia se lleve a cabo. 

En paralelo, expertos en soberanía alimentaria celebran que esta iniciativa permita debatir sobre un modelo que a día de hoy impide que todo el mundo acceda a productos frescos y saludables, con una cesta de la compra que se ha disparado un 35% en tres años. Pero advierten que la propuesta de Collboni parece centrarse en barrios desfavorecidos, cuando debería avanzarse hacia medidas para toda la ciudadanía.

Tras el anuncio, poco más se conoce sobre la apuesta del alcalde barcelonés. Su intención es impulsar en 2027 una primera tienda como plan piloto, en un barrio en crecimiento y con poca oferta como es la Marina. El local comercial se ubicará en un edificio de vivienda pública, será gestionado por una entidad social o ONG, y estará vinculado a un programa de inserción laboral y formación profesional.

La experiencia de Nueva York está más avanzada, aunque no desplegada. Cuenta ya con un presupuesto, de 70 millones de euros, y el compromiso de que los alimentos básicos en estos supermercados sean un 30% más baratos. Para lograrlo, la Administración, que adjudicará la gestión a empresas privadas, asumirá costes como el alquiler del inmueble y aplicará rebajas fiscales. 

El Ayuntamiento de Barcelona es ahora la primera administración española que asegura que probará este modelo, aunque el debate no es nuevo en el país. Partidos como Podemos lo han planteado, y Sumar llevó al Congreso una proposición no de ley, que salió adelante, para crear “infraestructuras públicas” para distribuir productos saludables y de proximidad en colaboración con los ayuntamientos. 

En la capital catalana, los Comuns han mostrado su enfado con Collboni porque propusieron una iniciativa parecida a principios de año sin recibir respuesta. Su apuesta pasa por recurrir a Mercabarna, la plataforma alimentaria mayorista de titularidad pública, y ubicar los supermercados públicos en los emplazamientos cedidos actualmente a grandes cadenas dentro de los mercados municipales de la ciudad. 

Una de las diferencias de Barcelona respecto a Nueva York, es que cuenta con una red más tupida de comercios en los barrios, incluidos 39 mercados municipales que venden producto fresco. “En Estados Unidos predominan los desiertos alimentarios, y es muy complicado encontrar producto fresco”, advierte Adrià Rodríguez, investigador del instituto IDRA y autor del estudio Entre el campo y la mesa. Las cadenas de suministro agroalimentario en Catalunya. 

Los problemas que sí identifica en Barcelona son las dificultades económicas para comprar alimentos y la “sobreabundancia” de oferta de productos poco saludables o de baja calidad. Y critica que la respuesta de Collboni sea una iniciativa puntual de carácter “asistencialista”, en un barrio desfavorecido, y no para el conjunto del municipio. “El problema de la asequibilidad lo sufren más severamente los más pobres, pero la inflación alimentaria golpea a toda la ciudad”, concluye. 

Desde el pequeño comercio, sin embargo, temen competencia “desleal” por parte de esta anunciada red de tiendas públicas. Así lo ve Mònica Gregori, responsable de Comercio de la patronal Pimec. Si Collboni quiere garantizar el acceso a determinados alimentos, propone que se subvencionen directamente a través de los comercios existentes.

Preocupación en los comercios e interés en el sector agrario

“Igual que hacen con el precio de la gasolina, con el Gobierno que utiliza la red de gasolineras, si quieren bajar el precio de las lentejas un 30% pueden compensarlo con reducciones del IVA o subvenciones temporales al tejido comercial”, arguye Gregori. 

Ana Moragues, profesora de Economía en la Universitat de Barcelona (UB) y directora del Food Action and Research Observatory (FARO), defiende por contra que las administraciones intervengan en el modelo alimentario. “Tiene sentido plantear supermercados públicos, porque el derecho a la alimentación no está garantizado”, afirma.

“Hay muchas formas de intervención, desde las becas comedor hasta los mercados municipales o las ayudas al sector agrario, así que hay que poner iniciativas sobre la mesa”, señala Moragues, para aumentar el acceso a alimentos básicos. De hecho, Moragues y Rodríguez coinciden en que debería ser una oportunidad para “repensar” otras partes de la cadena, desde la producción hasta la logística. 

En este sentido, algunas organizaciones agrarias se han mostrado favorables a este plan piloto. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) valora “positivamente” que se intente “aportar vías de comercialización alternativas a la cadena agroalimentaria”. “Somos muy activos en el establecimiento de canales cortos que acerquen la producción al consumo, eliminando de este modo intermediarios que, en ocasiones, obtienen mucha ganancia con muy poco aporte de valor a la cadena”, afirman. 

También celebra este proyecto de comercios asequibles la responsable de Cadena Alimentaria de la Comisión Ejecutiva de COAG (Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas), Isabel Vilalba. “Recibimos con interés esta u otro tipo de medida de intervención de los mercados siempre que supongan un cambio real en la cadena de valor, que vayan a favor de asegurar la rentabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas y que permitan asegurar el derecho a una alimentación adecuada de la ciudadanía”.