Izquierda Unida de La Rioja reclamará, mediante la presentación de una Proposición no de Ley en el Parlamento regional, que el Gobierno de Gonzalo Capellán llegue a un “convenio” y cree “ayudas” para los estudiantes riojanos que cursan sus estudios en Madrid y que resulten perjudicados por los cambios establecidos desde junio en aquella comunidad en los bonos de transporte.

Como ha expuesto en rueda de prensa este martes Elena Ollero, miembro de Jóvenes de Izquierda Unida y estudiante riojana que vive actualmente en Madrid, “se trata de una decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid que nos afecta directamente a cientos de estudiantes riojanos y riojanas que actualmente estamos cursando nuestros estudios en esta región”.

“Y es que -ha especificado- el pasado 12 de junio, la Comunidad de Madrid limitó una normativa vinculada a la tarjeta de transporte de público personal, mediante la cual se limitaba el derecho de nueva adquisición y de duplicado de dicha tarjeta de transportes a quienes estaban empadronados en la región”.

Una decisión, ha afirmado, que “excluía principalmente a los estudiantes que nos encontramos de manera transitoria cursando nuestros estudios superiores en la Comunidad de Madrid y también a las personas migrantes que tienen muchas dificultades para poder adquirir un padrón estable”.

Ante esta situación, Ollero ha señalado que “venimos tanto a denunciar esta medida del Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que convierte en un elemento de exclusión, un servicio público como es el transporte que nos lleva a tantas personas todos los días a nuestros centros de estudio en la capital española”.

Denuncia que ha extendido también a La Rioja, afeando que “su presidente, Gonzalo Capellán, no se ha manifestado sobre esta decisión que afecta negativamente a cientos de riojanos y de riojanas” y sumando que “no ha hecho nada al respecto, ni siquiera para negociar convenios transitorios con Madrid para solventar esta situación tan negativa”.

Ollero ha calculado que “entre 400 y 600” estudiantes de la comunidad riojana podrían resultar afectados por esta medida con el transporte. Alumnos “que tenemos que trasladarnos para cursar estudios superiores fuera de nuestra comunidad, para cursar titulaciones que aquí no se cursan, no se ofrecen y eso ya implica un enorme esfuerzo económico para nuestras familias o para nosotras mismas”.

En sus palabras, una situación que se agrava “más aún teniendo en cuenta el encarecimiento del precio del alquiler, de la manutención, del desplazamiento”.

“Un sobrecosto -ha añadido- que a nuestras familias y a nosotras mismas nos cuesta un esfuerzo enorme. Y ahora tenemos que asumir un nuevo esfuerzo que no todas las familias, que no todas las estudiantes van a poder asumir teniendo en cuenta lo caro que puede suponer el transporte diario a nuestros centros de estudio”.

Para paliar este problema, IU ha presentado esa PNL en el Parlamento de La Rioja “para plantear medidas, para instar al Gobierno de La Rioja a que haga algo para defender a sus estudiantes, porque a pesar de estar estudiando en Madrid, seguimos siendo estudiantes riojanos, necesitamos que nuestro Gobierno regional nos proteja y nos defienda por encima de intereses partidistas del PP”.

Así, como ha concretado Ollero, en la PNL “pedimos en primer lugar que Gonzalo Capellán manifieste su opinión, que se manifieste en contra de esta medida que perjudica a tantos y tantas riojanas que nos encontramos en Madrid, que manifieste su rechazo a esta medida y reclame su derogación”.

En segundo lugar, ha añadido “que se abra inmediatamente una negociación con la Comunidad de Madrid para establecer convenios transitorios hasta que esta medida se rechace definitivamente”, con los que “de alguna manera se nos alivie este perjuicio económico” ante un curso que, como ha recordado, “empieza ya la semana que viene”.

Por ello, y en último lugar, proponen desde IU “una ayuda extraordinaria para compensar este sobrecoste”, que según calcula la formación podría suponer unos 300 euros más al mes.

Ollero ha recordado, para finalizar, que “el pasado 12 de junio, cuando la la presidenta de la Comunidad de Madrid planteaba esta limitación, tuvo muchas críticas, tras lo que se planteó que se podrían hacer convenios con otras comunidades autónomas”.

“Algunas regiones se manifestaron al respecto. No fue el caso de la Comunidad de La Rioja, Gonzalo Capellán no ha manifestado ningún tipo de intención de establecer algún acuerdo o algún convenio con la Comunidad de Madrid”, ha criticado.

De este modo, ante una medida “clasista” y “excluyente”, Ollero ha lamentado que “el Gobierno del PP de Gonzalo Capillán no haga nada al respecto y se prefiera, antes que defender los intereses de tantas estudiantes riojanas que nos veremos la semana que viene con esta nueva dificultad económica en Madrid, prefiera la pasividad, estar impasible y defender a su compañera del partido”.

“Porque el transporte público no puede convertirse en un elemento de exclusión vinculado al código postal, sino que tiene que ser un derecho público para que todas las estudiantes y todas las personas nos podamos mover con tranquilidad a nuestros centros de estudio y a nuestros centros de trabajo, independientemente de donde tengamos nuestro empadronamiento”, ha finalizado.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se ha personado como “parte y persona interesada” en el expediente sancionador abierto por el Principado contra Aucalsa por mantener sus tarifas pese a las obras que dificultan el tráfico en la autopista León-Asturias, AP-66, llamada del Huerna.

Tras esta decisión, la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, gestionada por Izquierda Unida (IU), socios del PSOE en el Gobierno regional, ha mostrado su sorpresa por una medida que evidencia, a su juicio, una falta de coordinación entre administraciones. Una nueva vía de tensión interna entre los socios.

Según el Gobierno asturiano, pero por boca de IU, no está claro si con esta decisión el Ministerio pretende “rescatar a los asturianos” o a la empresa que gestiona la autopista, al tiempo que ha advertido de la paradoja de que Transportes pueda acabar protegiendo a la concesionaria, resalta Efe.

El Servicio de Consumo estudiará la solicitud para determinar su procedencia y viabilidad legal antes de adoptar una decisión, que, según ha precisado la viceconsejera, se basará en criterios técnicos y estará ajustada a derecho.

El Gobierno asturiano autorizó a finales de julio la tramitación de una multa de 1,1 millones de euros a Aucalsa, la empresa concesionaria de la autopista del Huerna (AP-66), por una presunta infracción “muy grave” en materia de consumo, por cobrar todo el peaje sin prestar el servicio en toda su extensión, y por otra “grave” por una deficiente señalización de las obras.

Por la mala señalización de los trabajos, que afectan a casi un 40 por ciento del recorrido, y no informar a los conductores de esa situación antes de coger la autopista, se plantea una multa de cien mil euros, mientras que por no ofrecer el servicio que debería darse se baraja otra de un millón de euros, cantidades que suponen la mayor sanción planteada hasta ahora en materia de consumo en Asturias.

El Principado ha anuncio además un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para que se declare nula la decisión adoptada en el año 2000, por el úlimo Gobierno de José María Aznar, de prorrogar hasta 2050 el peaje de la autopista León-Asturias y mantiene también abierta la puerta para llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Izquierda Unida ha advertido de que la remodelación de Urgencias del Hospital San Pedro, que ampliará el servicio con diez nuevos boxes, “será insuficiente si no se acompaña de un plan concreto de contratación de profesionales y de un refuerzo de la Atención Primaria”.

La formación critica que el Gobierno regional se haya limitado a anunciar un incremento de plantilla “en función de las necesidades que se determinen”, sin concretar cifras, categorías profesionales ni calendario. Para IU, la respuesta del Ejecutivo es exclusivamente arquitectónica ante un problema que es, sobre todo y a su juicio, de personal.

“Que esta inversión no se quede en metros cuadrados. Se puede aumentar un 29% la superficie, pero si no crece también la plantilla lo único que conseguiremos es tener a los pacientes esperando en un sitio más cómodo”, ha señalado el diputado de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, Carlos Ollero.

La formación pone además el foco en los datos del propio Gobierno: 122.810 atenciones en 2025, frente a las 120.828 de 2024 y las 118.442 de 2023. Más de 4.300 atenciones adicionales en dos años que, sostiene IU, “no responden a una demanda caprichosa, sino a las dificultades crecientes para acceder al primer nivel asistencial”. “Cuando una persona no consigue cita con su médica de familia en un plazo razonable, el problema de salud no desaparece: se traslada a Urgencias. El colapso del San Pedro empieza en los centros de salud”, ha afirmado Ollero.

Izquierda Unida exige por ello un compromiso público y cuantificado de ampliación de plantilla en el servicio y un plan de choque para la Atención Primaria que garantice la cita con el médico de familia en 48 horas, cubra todas las vacantes y ponga medidas para fidelizar profesionales en la comunidad.

A pesar del verano que estamos sufriendo, en el que los registros de calor nos indican que el cambio de clima ya es una realidad, las dos derechas municipales (por acción o por omisión) se empeñan en convencernos que estas cosas ya pasaban en el Pleistoceno y por eso deciden no tomar ninguna medida. Y se quedan tan anchos.

Eso sí, olvidan decir que aquellos cambios climáticos tardaban siglos en producirse y había capacidad de adaptación de la flora y la fauna (y los homínidos cuando los hubo) y ahora, año tras año, rompemos las estadísticas que no quieren escuchar. Esta tendencia de aumento de la temperatura tiene una primera consecuencia directa: un mayor consumo de agua.

Este elemento, desde 2010 considerado por la ONU como un derecho humano esencial para la vida, tenemos que decidir si lo gestionamos como un instrumento mercantil más con el que las empresas privadas aumenten sus beneficiarios, o lo sacamos de la cadena de los beneficios empresariales para garantizar su acceso universal y asequible.

Toledo decidió allá por 1996, y no ha querido nunca cambiar su modelo, que es el de considerar el agua como un negocio privado. Las distintas corporaciones han considerado el agua como una oportunidad de negocio.

Desde esta perspectiva, no es de extrañar que hoy pensemos en el agua solo desde la perspectiva de la gestión de la satisfacción de la demanda. La empresa que lo gestiona y hace negocio, obtiene así más beneficios cuanto más consumimos y las decisiones que se toman en el Ayuntamiento no quieren buscar un modelo de gestión que reduzca necesariamente el consumo. Todo lo contrario.

Si pensamos en satisfacer la demanda, el agua solo será el instrumento útil que garantice, por ejemplo, que el modelo de turismo cuantitativo esté garantizado. Garantizará, porque así lo ha permitido el Gobierno regional, que el parque temático de las afueras de Toledo pueda gastar más de 180 millones de litros de agua al año en las nuevas instalaciones hosteleras en su parcela de negocio que las administraciones vamos a seguir alentando regalando entradas con cualquier burda excusa.

Mientras tanto, a pesar de la obligación que tienen los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, Toledo no tiene aprobado su plan de sequía. Tampoco ningún programa de eficiencia de consumo, pero esto no lo hará mientras la empresa privada se lucre con un mayor consumo de agua.

Eso sí, algunos aprueban sin despeinarse Planes de Ordenación Municipal, como en el año 2006, para incrementar la población hasta los 200.000 habitantes; seguimos aprobando planes parciales que amplían la nómina de construcciones; y seguimos sin poner coto a un exceso de turismo que es ya insostenible (por eso hablamos tanto de buscar un turismo sostenible).

Necesitamos planes para consumir menos y para consumir mejor.

Necesitamos que el Tajo sea la vía azul que garantice una biodiversidad diversa, aunque para ello tengamos que terminar con un Trasvase que solo tiene como objetivo hacer de regadío (y más rentable) una zona del país que es de secano a costa de esquilmar los recursos a la región y de la ciudad.

Necesitamos que el agua deje de ser pensada como elemento empresarial y se convierta en esencial para la vida.

Toledo necesita políticas audaces y valientes que cambien el modelo de desarrollo económico basado solo en un turismo depredador, y cambiar a un modelo productivo que deje de ser extractivo de recursos para caminar a otro modelo de consumo que reduzca la huella humana.

No querer cambiarlo sí que nos acercará más al Pleistoceno que al momento histórico que necesitamos.

Izquierda Unida exige al Gobierno regional que retire de forma inmediata la sanción que ha obligado a suspender el ‘playabús’. La formación acusa al Ejecutivo de Gonzalo Capellán de “seguidismo” y “complicidad” con Autobuses Jiménez y le reprocha anteponer el negocio de una concesionaria privada al beneficio de en torno a los siete mil riojanos y riojanas que utilizan este servicio cada año.

El diputado Carlos Ollero ha recordado que IU lleva toda la legislatura denunciando horarios imposibles y municipios incomunicados “sin que el Gobierno mueva un dedo”, y ha contrapuesto esa inacción a la rapidez con la que la Administración ha respondido a la queja de una empresa privada, “en tiempo récord y con expediente sancionador. ”Eso“, ha sostenido, ”no es aplicar la ley con neutralidad, sino elegir bando“. Ollero ha subrayado además que la decisión llega en el peor momento posible, en plena ola de calor y con el servicio cortado de un día para otro.

La formación ha defendido que el ‘playabús’ cubría una necesidad que el transporte público no atiende: llegar al mar en el día y a precio asequible para jóvenes sin coche, personas mayores, familias trabajadoras o personas con movilidad reducida. “Cada autobús”, ha añadido, “retira decenas de vehículos de la carretera, ahorra emisiones y evita el riesgo de volver al volante tras una jornada entera de playa y calor”.

Izquierda Unida registrará preguntas en el Parlamento riojano para conocer quién ordenó la actuación inspectora, a instancia de quién y con qué informes jurídicos, y qué alternativa piensa ofrecer el Ejecutivo a quienes se han quedado sin servicio en pleno agosto. “La pregunta que debe responder el Gobierno es sencilla: ¿este expediente se ha abierto pensando en el interés público o en el beneficio de una empresa privada?”, ha planteado Ollero.

Izquierda Unida ha exigido al Gobierno de Gonzalo Capellán, a través de preguntas registradas en el Parlamento de La Rioja, que publique de forma inmediata los costes de producción de la uva de esta campaña y que explique qué controles está realizando para garantizar que los contratos de compraventa de uva se firmen antes de la entrega, tal y como obliga la ley.

La vendimia se ha adelantado y ha arrancado ya en algunas zonas de la DOCa Rioja, pero los viticultores y viticultoras riojanas siguen sin conocer la referencia oficial de costes de producción que el Gobierno regional debe publicar. “Sin ese dato encima de la mesa, el productor se sienta a negociar a ciegas frente a una bodega que sí sabe perfectamente lo que puede pagar y lo que quiere pagar. Publicar los costes tarde, o no publicarlos, no es un descuido administrativo: es tomar partido por la parte fuerte de la cadena”, ha señalado la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno.

La segunda pregunta se dirige al corazón del problema estructural del sector: la firma de los contratos. La ley de la cadena alimentaria obliga a que la relación comercial se formalice por escrito antes de la entrega del producto y prohíbe pagar por debajo del coste de producción. “Todos los años se repite la misma escena: uva entregada sin contrato firmado, precios que se conocen meses después y viticultores que asumen todo el riesgo. Queremos saber, con datos, cuántas inspecciones se han hecho, cuántas actas se han levantado y cuántos expedientes se han abierto. Si la respuesta es 'ninguno', el problema no es que la ley no sirva, sino que este Gobierno no la aplica”, ha añadido Moreno.

Izquierda Unida registra estas iniciativas apenas un día después de que la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, presentara el distintivo 'ERRE' y unos nuevos 'Premios ERRE' para reconocer a las empresas agroalimentarias “comprometidas” con el sector primario. La formación Izquierda Unida no se opone al reconocimiento a las buenas prácticas, pero advierte de la “contradicción de fondo”: “entre los criterios para conceder el galardón figuran formalizar los contratos con antelación a la primera entrega y pagar precios que cubran la rentabilidad agraria”. Y ha resumido la diputada: “Están anunciando un premio por cumplir el mínimo legal. Es como dar una medalla a quien no se salta un semáforo mientras se retira a los agentes de tráfico”

Para Izquierda Unida, la campaña de vendimia se afronta un año más “con marketing institucional y sin política agraria”. La formación reclama al Gobierno de La Rioja tres medidas inmediatas: publicar sin más demora los costes de producción de la uva de esta campaña; poner en marcha un plan de inspección específico durante la vendimia, para verificar que los contratos existen y son previos a la entrega; y hacer públicos los resultados de esos controles al finalizar la campaña.

“El sector productor no necesita una placa, necesita un precio justo y una administración que le respalde cuando negocia. Menos premios y más inspectores, menos fotos y más costes de producción publicados a tiempo. Lo demás es cosmética a costa de quienes sostienen el viñedo riojano”, ha concluido Moreno.

El ala minoritaria del Gobierno sigue mostrando con Marruecos un perfil más duro que el elegido por el PSOE tras la crisis migratoria de Ceuta de la semana pasada. Este miércoles, el grupo parlamentario en el Congreso de la coalición —y, más en particular, IU, que se integra en él— registró una proposición no de ley para instar al Ejecutivo a solicitar a la FIFA, la Real Federación Española de Fútbol y el Gobierno de Portugal “una revisión y evaluación específica del actual modelo de organización conjunta” del Mundial de fútbol del año 2030, del que España, Portugal y Marruecos serán anfitriones. Esa revisión, plantea Sumar, debe conllevar “la posibilidad de revisar o retirar la condición de anfitrión” a alguno de los países.

“La Copa Mundial de la FIFA trasciende ampliamente la celebración de una competición deportiva”, puesto que “su organización moviliza recursos públicos, compromete garantías estatales, condiciona inversiones e infraestructuras y proyecta internacionalmente a los países anfitriones”, argumenta Sumar. “Esa dimensión obliga a exigir a quienes participan en su organización un respeto efectivo y continuado de los derechos humanos, de la legalidad internacional y de los principios democráticos que deben regir la actuación de los poderes públicos”, sostiene igualmente la formación, que recuerda que “el Gobierno no es un espectador ajeno a este proceso” porque “coordina la acción pública, las garantías, la seguridad, las infraestructuras, las inversiones y la relación con los demás países organizadores”.

Sumar recuerda que el episodio de la semana pasada en Ceuta es tan solo el último episodio de un conflicto con España en el cual “sus jóvenes, empujados al mar por la falta de oportunidades, la desigualdad y la desesperación, son las primeras víctimas”. “La cooperación migratoria no puede funcionar como una llave que se abre o se cierra en función de intereses diplomáticos”, y el Mundial de fútbol no puede servir para tapar “las decisiones y responsabilidades de un Gobierno y una monarquía que no pueden obtener el prestigio, los beneficios económicos y la legitimación internacional” que supone organizar este evento “mientras persistan dudas tan graves sobre el uso político de vidas humanas”, plantea el partido.

“El futbol no puede servir para blanquearlo todo. España debe promover una revisión formal del modelo de organización de 2030. Si la FIFA rechazara esa revisión, el Gobierno deberá hacer transparentes las alternativas existentes y actuar de manera coherente con los principios democráticos y de derechos humanos que sustentan nuestra acción exterior”, zanja Sumar.

El Auditorio Municipal del municipio toledano de Sonseca pasará de llevar el nombre del Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela, a llamarse Auditorio Reyes Católicos, salvo que la decisión se revierta.

El cambio se planteaba en el último pleno municipal, a propuesta del equipo de Gobierno que conforman PP y Vox, con el rechazo del Grupo Municipal Socialista que cree que “no responde a un reconocimiento de la historia o del patrimonio local, sino que es una decisión de carácter ideológico”. También lo rechaza IU.

El PSOE se ha dirigido a la alcaldesa, la 'popular' Victoria Martín de San Pablo, y le pide que “rectifique” la medida, al no contar con el preceptivo respaldo necesario en el Pleno. Advierte el grupo municipal socialista que, de no dar marcha atrás, acudirá a los tribunales.

Los socialistas recuerdan que el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones establece un procedimiento específico para modificar la denominación de edificios o espacios públicos. Dicho procedimiento exige una “mayoría cualificada” para su aprobación.

Entienden que los hechos “podrían ser constitutivos de un posible delito de prevaricación administrativa, previsto en el artículo 404 del Código Penal, si finalmente se acreditara que se dictó una resolución arbitraria siendo plenamente consciente de su ilegalidad”.

En su opinión, “lo que no puede hacer un alcalde es cambiar las reglas del juego democrático cuando el resultado no le favorece. Si para conseguir un acuerdo es necesario incumplir el Reglamento municipal y alterar el procedimiento establecido, ya no estamos ante una simple discrepancia política, sino ante unos hechos de enorme gravedad que deben ser esclarecidos y, en su caso, depurados por los tribunales”, concluyen los socialistas.

La “advertencia” de la Secretaría del Ayuntamiento

En el Pleno donde se aprobó la medida, no estuvieron varios concejales del PSOE. Tampoco comparecieron los concejales de IU, quienes en un comunicado previo explicaron que la razón era, precisamente, no debatir ni facilitar la aprobación del cambio de nombre. “La propuesta está basada en el odio, el sectarismo, el revanchismo y la mediocridad”, aseguran, además de no tener intención “de reconocer el legado histórico de los Reyes Católicos o su relación con Sonseca”. De hecho, ya existe una avenida principal que lleva su nombre.

“La secretaria municipal advirtio durante la propia sesión, que no se alcanzaba la mayoría exigida por el Reglamento para proceder a la votación del cambio de nombre”, añaden desde el PSOE.

La propuesta está basada en el odio, el sectarismo, el revanchismo y la mediocridad

IU Sonseca

Y es que, dicen, “la normativa municipal establece que, en primer lugar, debe intentarse la aprobación por unanimidad de los 17 concejales de la Corporación. En caso de no alcanzarse, únicamente puede celebrarse una segunda votación si están presentes, al menos, 12 concejales y el acuerdo obtiene un mínimo de nueve votos favorables”.

El PSOE remarca que, pese a esa advertencia, “la alcaldesa, de manera antidemocrática y pueril, decidió modificar sobre la marcha la tramitación del asunto, transformando la propuesta de Alcaldía en una moción de urgencia que fue sometida a una votación distinta a la prevista en el Reglamento de Honores y Distinciones”.

El nombre salió adelante con los votos favorables de los concejales del Partido Popular y de VOX.

La alcaldesa, de manera antidemocrática y pueril, decidió modificar sobre la marcha la tramitación del asunto, transformando la propuesta de Alcaldía en una moción de urgencia que fue sometida a una votación distinta a la prevista en el Reglamento de Honores y Distinciones

PSOE Sonseca

Los socialistas creen que la actuación del equipo de gobierno tuvo “presuntamente como única finalidad eludir deliberadamente las mayorías reforzadas exigidas por la normativa municipal, alterando el procedimiento legalmente establecido para conseguir la aprobación del cambio de denominación”.

El PP habla de “preocupante actitud antidemocrática” de PSOE e IU

Desde el PP dice que PSOE e IU tuvieron una “premeditada y concertada estrategia” de no acudir al Pleno municipal “ para que la votación fuera válida”, en un comunicado. Dan por hecho que el acuerdo no lo fue, pero acusan a la oposición de “intentar pervertir la mayoría absoluta que ostentan PP y Vox” , con una “manifiesta y preocupante actitud antidemocrática”.

Les tachan también de “ruin y lamentable actitud” y justifican que tienen la mayoría absoluta (nueve concejales de un total de 17) y creen que con esa “mayoría cualificada” anuncian que “en cualquier momento” se llevará la propuesta de nuevo a Pleno.

Justifican el cambio recordando que la propuesta ya se llevó a otro pleno municipal en 2024. “En aquel entonces no hubo acuerdo, desmintiendo así que sea una imposición política de otro partido como afirma el PSOE” y de paso asegura que “imposiciones y cesiones las suyas a IU durante los últimos 25 años”.

Vox no se ha pronunciado al respecto, al menos no por la misma vía que lo han hecho el resto de grupos municipales (a través de las redes sociales), con un intercambio de comunicados.

El PP afea también que el nombre del Auditorio Nelson Mandela se aprobó en 2014 en un gobierno de coalición del PSOE e IU y que se hizo a través “de una de una simple moción del Grupo Municipal de IU, cuya propuesta recoge una sola línea, sin ningún tipo de procedimiento administrativo y sin tener en cuenta el reglamento de honores y distinciones de la Villa de Sonseca” .

En 2024 el nombre de Nelson Mandela salió de una de una simple moción del Grupo Municipal de IU, cuya propuesta recoge una sola línea, sin ningún tipo de procedimiento administrativo y sin tener en cuenta el reglamento de honores y distinciones de la Villa de Sonseca

PP Sonseca

Ellos también dicen que “fue una designación absolutamente ideológica ya que dicha figura no tiene ninguna relación con Sonseca ni con su historia, como exige este reglamento”.

Piden la nulidad del pleno y la dimisión de la alcaldesa

Mientras tanto, el Grupo Socialista ha anunciado que solicitará que el próximo Pleno declare la nulidad de pleno derecho del acuerdo por el que se aprobó el cambio de nombre, al considerar que fue adoptado prescindiendo del procedimiento previsto en el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones.

Los socialistas consideran que, “con independencia de las responsabilidades jurídicas que puedan derivarse de estos hechos, la alcaldesa debería presentar su dimisión de manera inmediata”. Argumentan en su petición el hecho de que haya “quebrantado la confianza que debe presidir el ejercicio de la máxima responsabilidad institucional del Ayuntamiento”.

Izquierda Unida (IU) de Santander ha registrado en el próximo pleno municipal una moción para exigir responsabilidades por los incumplimientos acumulados en la concesión del mercado de Puertochico, e instar al órgano de contratación a incoar un expediente para valorar la resolución de la concesión.

El concejal de la formación, Keruin Martínez, ha denunciado que el mercado continúa funcionando de forma incompleta casi una década después del inicio del proyecto, pese a que el contrato formalizado en 2017 establecía un plazo máximo de doce meses para ejecutar las obras y poner en funcionamiento el recinto. “Ya no estamos ante un retraso puntual. Estamos ante años de incumplimientos conocidos por el propio Ayuntamiento, sin que conste que se hayan utilizado las herramientas que el contrato y la ley ponían a su disposición”, ha señalado Martínez.

La concesión fue otorgada a Baika Puertochico S.L. por cuarenta años, mediante el pago de un canon anual de 6.800 euros. Sin embargo, el plazo contractual para la reforma y puesta en marcha del mercado fue ampliamente superado y la empresa presentó sucesivos cronogramas y previsiones de apertura que tampoco llegaron a cumplirse. En estas fechas, la segunda fase continúa sin abrir y el mercado sigue operando parcialmente.

IU considera especialmente grave que los propios servicios municipales advirtieran formalmente de la situación hace seis años. Según ha podido constatar la formación, en junio de 2020, el funcionario responsable de controlar el contrato dejó constancia del incumplimiento de los plazos y solicitó un informe jurídico sobre las medidas que podían adoptarse. El documento, fechado el 18 de junio, concluía que el retraso afectaba a una obligación esencial de la concesión y contemplaba dos vías: imponer penalidades o proceder motivadamente a la resolución del contrato.

“Es decir, el Ayuntamiento disponía desde hace seis años de cobertura jurídica para actuar y optó por mantener la concesión mientras seguían acumulándose los retrasos”, ha afirmado Martínez. “Lo que tiene que explicar el PP es por qué no consta que impusiera penalidades, ni iniciara estudios para resolver la concesión”.

De igual modo, la formación ha denunciado que, en lugar de adoptar medidas efectivas, el equipo de Gobierno continuó reclamando nuevos cronogramas, aceptando ampliaciones y anunciando fechas de apertura que volvieron a incumplirse hasta la inauguración de la fase I, en octubre de 2024, tras más de cinco años de retrasos.

Modificación contractual y de la ordenanza municipal

La moción de IU también reclama un informe sobre la adecuación del modelo actual de explotación a la Ordenanza Municipal de Mercados y a las condiciones de la concesión.

IU recuerda que la Junta de Gobierno autorizó el arrendamiento de 530 metros cuadrados a un único operador, frente al límite ordinario de 84 metros cuadrados por usuario previsto en la Ordenanza, concentrando en McDonald's una parte sustancial del espacio inicialmente previsto para nueve gastrobares y una vinoteca. Por ello, la formación ha reclamado conocer qué informes y acuerdos justificaron esa modificación y si debió tramitarse como una modificación contractual.

“No se trata solo de una decisión comercial con la que no estamos de acuerdo por cómo cambia el modelo del mercado tradicional, sino que hay que saber si el Ayuntamiento ha permitido modificar de forma sustancial una concesión pública respetando o no las condiciones del contrato y la Ordenanza Municipal”, ha advertido Martínez.

Recurso vecinal admitido a trámite

El edil de IU considera que la admisión a trámite del recurso interpuesto por la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche contra la concesión a McDonald’s, por parte de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander, motiva volver a tratar el tema en el pleno.

Martínez ha recordado que la oposición de su formación al proyecto ha sido constante. Tras expresar sus dudas en el Consejo Municipal de Comercio, el año pasado presentó alegaciones formales, y respaldó las movilizaciones vecinales organizadas y la recogida de firmas que ha reunido miles de apoyos.

“Incumplimientos graves” de Baika en San Sebastián

Como precedente de actuación municipal, IU ha recordado que el Ayuntamiento de San Sebastián resolvió en 2024 la concesión del Mercado de La Bretxa, gestionada por una sociedad del mismo grupo empresarial, tras apreciar incumplimientos graves. “Si allí el Ayuntamiento actuó para proteger el interés público, aquí el PP debe explicar por qué no lo hizo cuando sus propios informes contemplaban esa posibilidad”, ha señalado Martínez.

Por ese motivo, la propuesta de IU insta al órgano de contratación a incoar un expediente para valorar penalidades o la resolución de la concesión, solicita un informe sobre la legalidad del modelo actual y reclama la convocatoria de la comisión informativa competente en el plazo máximo de un mes. “El PP tiene que explicar por qué no actuó cuando sus propios servicios le dijeron que podía penalizar o resolver el contrato”, ha concluido Martínez, quien ha pedido al equipo de Gobierno rigor. “Si el Ayuntamiento exige a cualquier vecino cumplir las condiciones de una licencia, también debe exigir a una concesionaria que cumpla el contrato que firmó con la ciudad”.

El cese del concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Gijón/Xixón Oliver Suárez al frente de la presidencia de Divertia, la empresa municipal de festejos, por formalizar los contratos de los artistas Alejandro Sanz y Lola Índigo, “de forma unilateral” y sin comunicarlos previamente al Consejo de Administración para su aprobación ordinaria, no se ha limitado a un relevo en el cargo.

El presidente cesado se defendía públicamente horas después de oficializarse su destitución, asegurando que ambos conciertos habían resultado “un éxito”.

Ahora, seis días después de que trascendiera públicamente la situación interna en la empresa, los portavoces municipales de Izquierda Unida (IU) y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, respectivamente, han cuestionado hasta 15 contratos vinculados a los conciertos de los últimos tres años y piden que la Fiscalía del Principado abra una investigación para dirimir si el procedimiento seguido por Oliver Suárez puede ser constitutivo de delito.

Los contratos cuestionados

De estos 15 contratos que ambas formaciones ponen en entredicho, siete forman parte de la programación estival de este año, tres corresponden a 2025 y otros cinco se remontan al verano de 2024.

Su recelo parte de la premisa de que estos contratos superan las cuantías mínimas que legalmente requieren la autorización y la formalización por parte del consejo de administración de Divertia.

“De acuerdo con los poderes otorgados por este órgano, la presidencia solo puede suscribir contratos por valor inferior a 15.000 euros o, si se firman de manera mancomunada con el gerente, por valor inferior a 60.000 euros”, explican ambos portavoces.

El acceso a los expedientes

Javier Suárez Llana y Olaya Suárez solicitaron ayer acceder a los expedientes de contratación de los 15 conciertos y, una vez examinados, darán traslado a la Fiscalía para conocer si la actuación de Oliver Suárez en los contratos de Alejandro Sanz y Lola Índigo fue un caso aislado o, por el contrario, “fue una práctica continuada durante sus tres años de presidencia y si constituye un delito de prevaricación”.

El portavoz de IU ha reconocido que tanto él como la portavoz de Podemos han asumido una labor de fiscalización que debería haber realizado la propia alcaldesa, Carmen Moriyón, de Foro Asturias, quien fue la que cesó al presidente de Divertia.

La fiscalización de IU y Podemos

“Estamos haciendo como concejales de la oposición lo que debería de hacer la alcaldesa, que no solo es la responsable política de la gestión del concejal tránsfuga Oliver Suárez al frente de Divertia, sino quien lo ha cesado por la contratación irregular de al menos dos conciertos”, expone Javier Suárez Llana.

El edil ha insistido en que “si la máxima autoridad política del Ayuntamiento tiene la más mínima sospecha de que en su gobierno se ha cometido un delito, su obligación es ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. No hacerlo responde única y exclusivamente a los cálculos políticos que caracterizan la forma de gobernar de Carmen Moriyón”.

Por su parte, Olaya Suárez ha denunciado “la extrema gravedad de que se hayan estado usurpando sistemáticamente las competencias del consejo de administración en un aspecto tan sensible como es la contratación pública”.

El dinero en juego

La portavoz municipal de Podemos sostiene que las cuantías económicas que se barajan son importantes: “Estamos hablando de cientos de miles de euros en tres años en contratos que podrían haber sido irregulares, y nos preguntamos por qué han fallado los controles de la contratación pública tanto de Divertia como del propio Ayuntamiento”, inquiere.

Además, ha recordado que, en el caso de los conciertos de este verano “la insistencia de Divertia en asumir su producción también sirvió para que se pagasen cerca de 300.000 euros de dinero público por el escenario y el suministro eléctrico del recinto, de los que se benefician las empresas privadas que organizan allí sus eventos”.

Apuntan hacia la alcaldesa

Al igual que su compañero en la corporación municipal, Olaya Suárez también ha apuntado hacia la responsabilidad de la alcaldesa, tanto por su cargo en el ayuntamiento como “por haber colocado al concejal tránsfuga en esta posición, contra todo sentido de la lógica y del buen gobierno, por lo que ahora no basta con cesarlo y correr un tupido velo”, ha incidido.

La edil considera que es “imprescindible que todos los implicados ofrezcan explicaciones, incluido el gerente como encargado de la gestión de Divertia, porque la ciudadanía merece saber qué y por qué pasó, quién tuvo la responsabilidad y si alguien se ha podido beneficiar de estas irregularidades”.

La elección de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP) ha provocado un cruce de reproches y críticas hacia la gestión socialista en Asturias. Desde las filas del Partido Popular (PP) y de Foro Asturias han acusado a los representantes del Gobierno asturiano por perder una nueva oportunidad de atraer recursos al Principado y han denunciado “el escaso peso político” del Ejecutivo que preside el socialista Adrián Barbón en el Gobierno central.

Unas acusaciones que han sido rebatidas desde el Ejecutivo autonómico que ha anunciado que “pedirá explicaciones” por la decisión acordada ayer por el Consejo de Ministros, entre otros, el informe que ha inclinado la balanza hacia la capital aragonesa en detrimento de la capital asturiana.

Entre tanto, Izquierda-Unida (IU), socio de gobierno en el Principado, ha censurado que sea precisamente una comunidad autónoma como Aragón, “gobernada por la extrema derecha”, quien se convierta en la sede de la Agencia.

La decepción

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, no ocultaba ayer su perplejidad al conocer la decisión del Gobierno central, que ha tachado de “apresurada”.

Su cara de sorpresa traslucía la sensación de impotencia al no haber podido siquiera conocer de forma oficial cuál ha sido el criterio definitivo para que Zaragoza obtuviera todas las papeletas para ganar a las otras sedes.

Sin “visita fisica” al 'edificio Calatrava'

Un dato a tener en cuenta es que antes de tomar esa decisión se suponía que se iban a realizar visitas físicas a las instalaciones propuestas y, según confirman fuentes del Gobierno regional, nadie oficialmente acudió a las dependencias del Palacio de Congresos Ciudad de Oviedo, conocido popularmente como 'el edificio Calatrava' -por ser obra del arquitecto valenciano- para conocer las posibilidades que ofrecía la opción ovetense.

Por ello, Concepción Saavedra pedirá al Ministerio de Sanidad que haga público el informe que justifica la decisión de descartar la candidatura de Oviedo/Uviéu para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública.

Asturias es mucho más reconocida a nivel de Salud Pública porque, durante la pandemia del covid-19, supo dar una respuesta reconocida a nivel nacional. Tenía y tiene un proyecto sólido, con una gran solvencia técnica y respaldo institucional

Concepción Saavedra — Consejera de Salud del Gobierno del Principado de Asturias

Oviedo/Uviéu tenía “un proyecto sólido”

La titular de Salud ha afirmado que “si se ha tomado esta decisión, será porque el proyecto era mejor” pero que, en cualquier caso, cree que a nivel de salud pública “Asturias es mucho más reconocida” porque, durante la pandemia del covid-19, “supo dar una respuesta reconocida a nivel nacional”.

“Asturias tenía y tiene un proyecto sólido”, con “una gran solvencia técnica” y “respaldo institucional” tanto del Principado como del Ayuntamiento de Oviedo, además de ser la comunidad con mayor inversión sanitaria por habitante en España, ha señalado.

Las críticas del alcalde

Con decepción, malestar y críticas se ha recibido entre la corporación municipal del Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu el anuncio de que Zaragoza ha sido la opción elegida. El alcalde de la capital asturiana, Alfredo Canteli, presidía el pleno ayer cuando conoció la noticia y su reacción en caliente fue la esperada.

Canteli censuró al gobierno autonómico que preside el socialista Adrián Barbón por el escaso peso que, según asegura, mantiene en el Gobierno central pese a ser ambos del mismo signo político.

La elección de la capital aragonesa es fruto de la inacción del Gobierno regional. Es una vergüenza total y un día muy triste para Oviedo

Alfredo Canteli — Alcalde de Oviedo/Uviéu

Exhibiendo un folio, en el que contenía el email que confirmaba en apenas unas líneas que Zaragoza conseguía ser la sede, delante de la corporación y de la prensa, expresó su opinión sobre cuál podía haber sido la razón para que se descartara la opción de Oviedo/Uviéu.

“La elección de la capital aragonesa es fruto de la inacción del Gobierno regional. Es una vergüenza total y un día muy triste para Oviedo”, ha añadido el alcalde.

Canteli ha recordado que al frente de los Gobiernos central y autonómicos hay dos presidentes socialistas: “uno aparentemente enfrentado a Pedro Sánchez”, en referencia a Adrián Barbón, y “otro aparentemente con buenas relaciones”, en alusión al del Ejecutivo central, “y en cambio se lo lleva un Gobierno del PP”, aseveró.

“Es deslealtad institucional”

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, ha lamentado la “profunda deslealtad institucional” de la que, según ha indicado, ha hecho gala el alcalde de Oviedo/Uviéu por sus críticas hacia el Ejecutivo asturiano por la designación de Zaragoza como sede para la Agencia Estatal de Salud Pública.

Peláez ha felicitado tanto a Zaragoza como Aragón por la elección y ha lamentado “profundamente” las declaraciones de Canteli por considerarlas “irresponsables”.

Las dos propuestas

Peláez ha subrayado que el Gobierno del Principado de Asturias “respaldó activamente la candidatura”, si bien ha apuntado que el proceso de selección es “transparente en base a unos criterios publicados”.

Peláez también ha recordado que Canteli estuvo “en la génesis de la candidatura” y ha considerado que el hecho de ofrecer primero la Fábrica de Armas de la Vega y después el edificio Calatrava “generó dudas” en Ministerio de Sanidad.

“Es una decisión injusta”

Por su parte, la vicepresidenta y presidenta en funciones del Principado, Gimena Llamedo, ha calificado la decisión de que la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública se instale finalmente en Zaragoza y no en Oviedo/Uviéu de “injusta” por no haber tenido en cuenta “el apoyo sólido que el Gobierno de Asturias da al sistema sanitario”.

Llamedo ha destacado el trabajo conjunto de la consejería y el Ayuntamiento de Oviedo en la candidatura, a la que afirma haber defendido “en todos los ámbitos posibles” y con “argumentos técnicos solventes”.

La opinión del socio de gobierno

IU-Convocatoria por Asturias, socio de gobierno en el Ejecutivo autonómico, también se ha pronunciado. La Comisión Colegiada de IU rechazó por unanimidad la decisión por la que se descarta al Principado como sede, “pese a ser la comunidad autonómica que más invierte por habitante en sanidad”, lo que evidencia “el escaso peso que el Principado ha tenido para el Gobierno central”.

A su juicio, la elección supone “un balón de oxígeno” para comunidades autónomas gobernadas por la extrema derecha y denuncia que se premie a territorios en los que se está impulsando el desmantelamiento del modelo de salud pública mediante una menor inversión y la externalización de servicios.

El coordinador general de IU de Asturias, Ovidio Zapico, ha calificado el anuncio como “un grave error político” y ha sido especialmente crítico con la elección del territorio que albergará la nueva agencia: “Para Izquierda Unida es una noticia bochornosa y una decisión injustificable del Gobierno central llevar la Agencia Estatal de Salud Pública a una comunidad autónoma gobernada por la extrema derecha”, ha afirmado Zapico.

Es una noticia bochornosa y una decisión injustificable del Gobierno central llevar la Agencia Estatal de Salud Pública a una comunidad autónoma gobernada por la extrema derecha

Ovidio Zapico — Coordinador general de IU-Convocatoria por Asturias y socio de gobierno en el Ejecutivo autonómico

La advertencia: “Que tomen nota”

El coordinador general y consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, también ha vinculado esta decisión con el debate sobre la defensa de los intereses de Asturias ante el Estado y las fuerzas que “defienden aquí una cosa y luego se pliegan en Madrid a decisiones que, como ésta, van en contra de la comunidad autónoma”. Y avisa: “Que tomen nota quienes defienden la identidad asturiana”.

PP: “No hay peso político suficiente”

La portavoz de Sanidad del Partido Popular (PP) de Asturias, Pilar Fernández Pardo, también se ha referido al escaso peso que, bajo su criterio, tiene Asturias en Madrid.

“Asturias vuelve a quedarse fuera de un proyecto estratégico porque ni Barbón ha sabido defender nuestra candidatura ni el PSOE asturiano ha tenido el peso político suficiente para hacerse escuchar en Madrid. Una vez más, los intereses de nuestra región han quedado relegados frente a las prioridades de Pedro Sánchez”, ha comentado.

Foro: “Era una oportunidad estratégica”

A las críticas también se ha sumado el secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, quien ha responsabilizado directamente al Gobierno de Adrián Barbón de este nuevo revés para el Principado.

“Asturias vuelve a perder una oportunidad estratégica por la incompetencia de un Gobierno autonómico incapaz de defender los intereses de nuestra comunidad allí donde se toman las decisiones”, ha corroborado.

“Asturias vuelve a quedarse fuera”

Adrián Pumares cree que además refleja la “falta de influencia y de capacidad” del Ejecutivo de Adrián Barbón para defender los intereses de Asturias ante el de Pedro Sánchez.

“Esta Agencia supondrá empleo altamente cualificado, investigación y prestigio institucional para Zaragoza, mientras Asturias vuelve a quedarse fuera. Los asturianos merecen un Gobierno que pelee por atraer inversiones, organismos públicos y oportunidades de futuro, y no que se conforme con ver cómo pasan de largo”, ha sostenido.

Llaneza y Llamazares

Mucho más prudentes y cautos se han mostrado los portavoces municipales del PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo/Uviéu en el Ayuntamiento de la capital asturiana.

El portavoz del PSOE en Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha calificado la decisión del Gobierno central como “una noticia pésima para Oviedo” porque la ciudad era “digna acreedora de la agencia”.

Fernández Llaneza ha pedido analizar el expediente para comprobar la posición de la capital asturiana y estudiar “puntos débiles y fuertes” antes de hacer una valoración “objetiva y rigurosa”.

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha considerado que se trata de “una decisión inaceptable, inexplicable e injusta” que debe tener “una contestación política” porque la capital asturiana contaba con factores desde el punto de vista de la sanidad y la salud pública que la favorecían.

No obstante, ha reconocido que no cree que la pérdida de la oportunidad de que la capital asturiana pudiera llegar a albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública haya sido por “falta de iniciativa” de los gobiernos local o autonómico.

El candidato de Izquierda Unida-Podemos a la Presidencia de Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha remitido una carta a la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), en la que reclama una mayor preparación ante futuras emergencias e incendios forestales y defiende la necesidad de “actuar ahora sobre las causas y no solo cuando lleguen las consecuencias”.

En la misiva, Ruiz Salmón señala que se dirige a la jefa del Ejecutivo cántabro como candidato a la Presidencia, pero también como “una persona preocupada por la situación de emergencia que vive nuestro país a consecuencia de los incendios”.

A su juicio, quienes ejercen responsabilidades públicas “deben ser capaces” de trasladar una respuesta “coordinada” ante este tipo de situaciones porque “cuando una emergencia amenaza, la gente no entiende de competencias, administraciones o debates sobre quién debe hacer qué”, afirma.

En este sentido, añade que la ciudadanía “únicamente espera que las instituciones funcionen, que haya coordinación, que las decisiones se tomen con rapidez y que se haga todo lo posible para proteger vidas, viviendas, bienes y territorio”.

Por ello, considera necesario abordar “con franqueza” la preparación y respuesta de Cantabria ante situaciones de emergencia “desde la obligación de ofrecer seguridad, certidumbre y protección a las familias cántabras”.

Asimismo, sostiene que la comunidad autónoma debe estar preparada no solo para responder a sus propias emergencias, sino también para mostrar solidaridad con otros territorios cuando sea necesario, y destaca que los servicios públicos y sus profesionales constituyen “una fortaleza colectiva que se pone al servicio de quien más lo necesita”.

En relación con los incendios forestales, Ruiz Salmón incide en que el propio Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de Cantabria identifica las principales causas de los fuegos y los periodos de mayor incidencia. “Sabemos, por tanto, dónde, cuándo y por qué se producirán los próximos incendios en Cantabria”, afirma.

Además, advierte de que “el cambio climático, que no debemos negar o minimizar, agrava la situación”, al igual que la despoblación, que, según sostiene, “no se combate subvencionando espectáculos taurinos en una marcada agenda ideológica elevada a caricatura”.

Para el candidato de IU-Podemos, la conclusión es “clara: Actuar ahora sobre las causas y no solo cuando lleguen las consecuencias implica anticiparnos a los riesgos, involucrar en la solución a los sectores afectados y seguir mejorando la coordinación”.

Así, reivindica una gestión “directa” de los servicios públicos y “sin recortes”, una política fiscal que “proteja al pequeño y exija un esfuerzo al grande”, y una concepción del territorio como “el lugar en el que vivimos y no con el que especular”.

A pesar de que reconoce que mantiene con Buruaga “visiones diferentes sobre muchas cuestiones” y que sus respectivos modelos para Cantabria “no son coincidentes”, defiende que esas diferencias “no deben impedir el entendimiento institucional”.

“Cantabria merece que quienes pensamos distinto seamos capaces de dialogar con respeto y de buscar espacios de entendimiento en aquellos asuntos que afectan directamente a la vida cotidiana”, afirma el coordinador autonómico de IU.

En este contexto, plantea abordar la situación de la comunidad autónoma “desde un plano cercano y sencillo: el de dos vecinos preocupados por Cantabria y por quienes viven en ella”, y vincula los retos de las emergencias con otros problemas como la vivienda y la sanidad.

“Cuando una familia tiene que abandonar su vivienda por una emergencia o porque es desahuciada por un fondo buitre o cuando espera una respuesta sanitaria que no llega para mejorar su bienestar, pasa a un segundo plano quién sean las competencias, las responsabilidades o las culpas”, señala. “Detrás de cada una de estas situaciones hay algo común: la necesidad de sentirse protegido y acompañado por los poderes públicos”.

Por ello, solicita formalmente una reunión con la presidenta cántabra para abordar estas cuestiones y “otros asuntos de relevancia para el presente y el futuro” de la comunidad.

Por último, Ruiz Salmón asegura estar convencido de que “el respeto institucional, el diálogo sincero y la voluntad de cooperación fortalece nuestra sociedad” y apela a la responsabilidad compartida de los representantes públicos.

“Los cántabros y las cántabras esperan que nuestra labor aporte soluciones, previsión y capacidad de entendimiento cuando más se necesita. Creo que esa es una responsabilidad que compartimos y una exigencia que debemos estar dispuestos a asumir por encima de nuestras diferencias”, concluye la carta.

Varias formaciones de izquierdas en Santa Cruz de Tenerife han convocado una asamblea abierta este viernes, a las 19:00 horas en el Parque de Los Gladiolos, para abordar las desigualdades entre barrios y anunciar el inicio de conversaciones para un futuro acuerdo político conjunto. La cita reunirá a vecinas y vecinos con representantes de Podemos, Nueva Canarias, Izquierda Unida, Sí Se Puede y Movimiento Sumar Canarias en un “momento clave” para el futuro municipal.

El encuentro, bajo el título Barrios iguales, barrios diversos, busca analizar las diferencias en acceso a servicios públicos, transporte, vivienda y recursos culturales entre el centro y la periferia. La convocatoria pone el foco en una realidad persistente: mientras algunas zonas concentran inversiones, otros barrios afrontan carencias estructurales que afectan a miles de personas.

Los convocantes sitúan el debate en un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda y la falta de planificación urbana inclusiva. Según datos recientes, el precio del alquiler ha aumentado más de un 20% en los últimos años en la capital tinerfeña, dificultando el acceso a un hogar digno, especialmente en barrios con menor renta. A esto se suma una oferta limitada de transporte público y escasos espacios culturales en zonas periféricas, lo que refuerza la desigualdad social y territorial.

La asamblea no solo pretende diagnosticar, sino activar soluciones desde la participación ciudadana. La iniciativa, defienden, responde a la necesidad de construir una alternativa política sólida que evite la fragmentación del espacio progresista, ya que en las elecciones municipales anteriores, miles de votos no se tradujeron en representación suficiente, lo que abrió el debate sobre la importancia de la unidad.

En este contexto, el encuentro servirá también para anunciar el inicio de conversaciones entre las fuerzas convocantes con el objetivo de explorar un acuerdo amplio de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027. La meta es clara: articular una propuesta común que permita a la izquierda gobernar el Ayuntamiento de Santa Cruz y revertir las desigualdades actuales.

Los organizadores señalan que “esta asamblea es un primer paso para escuchar a la ciudadanía y construir una ciudad más justa desde abajo”. Añaden que “la unidad no es solo una estrategia electoral, sino una herramienta para garantizar derechos, redistribuir recursos y asegurar que ningún barrio quede atrás”.

La convocatoria se presenta como un espacio abierto, participativo e inclusivo, donde la voz de los barrios será protagonista en la definición del futuro de la ciudad.

Izquierda Unida de Guadalajara expresa su “profunda preocupación” por las “devastadoras consecuencias” del incendio forestal que continúa afectando a la Sierra Norte de Guadalajara y traslada toda su solidaridad a las personas evacuadas, a los municipios afectados y a los profesionales que trabajan sin descanso en las labores de extinción.

La organización considera que, en estos momentos, la prioridad “absoluta” debe seguir siendo garantizar la seguridad de la población, controlar el incendio y atender a quienes están sufriendo sus consecuencias. Asimismo, defiende que corresponde a la Guardia Civil y a los agentes medioambientales esclarecer el origen del fuego y determinar, “con todas las garantías, si existieron actuaciones negligentes que pudieran haber contribuido a su inicio o propagación”.

Mientras esa investigación permanece abierta, Izquierda Unida muestra su preocupación por la “actitud adoptada por Vox”, que, a su juicio, “ha optado por cerrar filas en torno al alcalde de Robledillo de Mohernando, investigado por estos hechos, tratando de convertir una cuestión de seguridad y responsabilidad en un enfrentamiento político y cuestionando medidas de prevención destinadas a proteger vidas, patrimonio y medio natural”.

En este sentido, IU recuerda que las restricciones al uso de maquinaria agrícola durante episodios de riesgo extremo responden a criterios técnicos y preventivos, y subraya que “el cumplimiento de estas normas no es una opción”, sino una responsabilidad compartida por toda la sociedad.

La prevención debe ser una política permanente

Izquierda Unida Guadalajara comparte la “necesidad”, expresada también por el alcalde de Villares de Jadraque, de reforzar las políticas preventivas durante todo el año. La organización insiste en que los grandes incendios forestales “no se combaten únicamente cuando aparecen las llamas”, sino mediante una adecuada gestión forestal, el mantenimiento continuo del monte, la contratación estable de personal especializado y políticas públicas capaces de hacer frente al abandono y la despoblación del medio rural.

Para IU, la Sierra Norte necesita una inversión sostenida, una política forestal verdaderamente sostenible y unos servicios públicos que garanticen el futuro de los municipios de la comarca, “frente a años de abandono, falta de planificación y actuaciones que llegan cuando la emergencia ya se ha producido”.

Responsabilidad del Gobierno regional

La formación considera que el Gobierno de Emiliano García-Page debe asumir su responsabilidad por una política forestal “insuficiente, incapaz de abordar con la profundidad necesaria problemas estructurales como la despoblación, la falta de mantenimiento del monte o la prevención permanente”.

Desde la organización señalan que “no basta con activar los dispositivos de emergencia cuando el incendio ya está declarado. La prevención requiere recursos, planificación, personal estable y una apuesta decidida por el medio rural” y que recuerdan que durante años se ha advertido del aumento de los factores de riesgo en los montes de la provincia sin que la respuesta institucional haya estado a la altura de la situación.

Exigencia de transparencia y medidas de futuro

Izquierda Unida considera especialmente grave que algunas fuerzas políticas utilicen una tragedia de estas características para alimentar la confrontación en lugar de contribuir a esclarecer los hechos y fortalecer una auténtica cultura de la prevención.

Al mismo tiempo, reclama que las administraciones con competencias en gestión forestal asuman las responsabilidades que les corresponden y adopten medidas eficaces antes de que las emergencias vuelvan a producirse.

La organización defiende que la ciudadanía “necesita gobiernos capaces de actuar con previsión, reforzar los servicios públicos y proteger tanto el patrimonio natural como el futuro de los pueblos de la Sierra Norte, evitando enfrentamientos estériles entre agricultores, ganaderos y defensores del medio ambiente”.

Una vez concluya la investigación, Izquierda Unida exige que se depuren todas las responsabilidades que correspondan, tanto administrativas como políticas, con absoluta transparencia y sin excusas. A su juicio, “la gravedad de lo ocurrido obliga a realizar una autocrítica profunda” y a impulsar medidas inmediatas que impidan que una situación similar vuelva a repetirse.

Mientras se esclarecen los hechos, la organización hace un llamamiento a la prudencia, al rigor informativo y al compromiso con la defensa del territorio, insistiendo en que “la ausencia de previsión, la falta de medios o una gestión deficiente” no pueden volver a poner en riesgo la seguridad de las personas ni el patrimonio natural de la provincia.

El parón estival en el escenario político, que tendrá lugar en agosto, está cada vez más próximo, y la izquierda a la izquierda del PSOE llegará a esas vacaciones sin haber cumplido los plazos que el propio espacio se dio para anunciar una marca y un candidato para las próximas elecciones generales. Los partidos agrupados en Sumar —a falta de un nuevo nombre que reemplace a la gastada marca que ideó Yolanda Díaz hace tres años— tenían la intención de despejar ambas incógnitas antes del paréntesis veraniego, pero varios dirigentes de estas formaciones han confirmado en las últimas semanas que no habrá novedades hasta, al menos, septiembre. Es decir, al inicio de lo que se prevé como una larga precampaña hasta unos comicios que el presidente Pedro Sánchez ya ha abierto la puerta a adelantar al primer trimestre de 2027.

Ningún partido vive ajeno a que las elecciones están cada vez más cerca, como reconocía el pasado miércoles en su entrevista con elDiario.es el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que admitía que “hay muchos actores que están en clave electoral”. La decisión de Sánchez de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado por primera vez en la legislatura, pese a que carece de mayoría en el Congreso para sacarlo adelante, tiene mucho que ver con ello. Y lo mismo ocurre con el hecho de que el PP haya elevado aún más el tono contra el Gobierno, politizando asuntos como los incendios y revelando algunas de sus propuestas económicas, como el recorte de las bajas médicas y las ayudas sociales para luchar contra el absentismo, un planteamiento que ha sido duramente criticado por la izquierda.

No obstante, la actitud con la que Sumar ha decidido afrontar este ambiente preelectoral es marcadamente diferente a la de otras formaciones. Frente a unos rivales que ya tienen claro cómo irán a las urnas, los partidos a la izquierda del PSOE están intentando hacer de la necesidad virtud. Y, por ello —en palabras de Bustinduy—, han apostado por “construir la fórmula” para presentarse a las elecciones en el año 2027 mediante un empujón en la recta final de la legislatura para aprobar nuevas políticas sociales. “Hoy refundamos el sistema de cuidados, estamos peleando la intervención del mercado de vivienda y la prórroga de los alquileres, vamos a llevar la prestación universal por crianza, estamos peleando la derogación de la ley mordaza”, ponía como ejemplo el titular de Derechos Sociales.

Si la estrategia es la de tratar de recobrar tirón electoral logrando la puesta en marcha de algunas medidas en los últimos meses del mandato, la negociación con el PSOE para diseñar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que luego el Gobierno llevará al Congreso es clave para Sumar. Son tres las prioridades que se ha marcado la izquierda alternativa de cara a esas cuentas públicas: la mejora de la prestación por hijo a cargo, reformas en el sistema fiscal y más medidas para paliar la crisis de acceso a la vivienda, una materia sobre la que Sumar está negociando ahora mismo con el PSOE, con quien ha pactado aprobar un decreto en julio para recuperar la prórroga de los alquileres y regular los arrendamientos de temporada.

Sumar no tiene hoy por hoy una cara visible que pueda rentabilizar esos logros sociales, si finalmente se terminan produciendo. Y, aunque Bustinduy pedía hace unos días “calma” y aseguraba que la tardanza de la izquierda en elegir su marca y su candidato se debía a un ejercicio de “prudencia colectiva”, la coalición es la única de las grandes formaciones políticas que no tiene decidido quién será su cartel en las próximas elecciones. Por el momento, los partidos no trasladan nerviosismo al respecto, y una fuente incluso confía en que la persona indicada “acabará apareciendo”, si no es dentro de las organizaciones, “desde los márgenes”. Pero lo cierto es que los partidos tendrán menos de un año para dar a conocer tanto su nuevo nombre como a su nuevo líder, y tendrán que hacerlo en un contexto no precisamente favorable a la izquierda.

No hay grandes diferencias... pero no hay candidato

Todas las fuentes consultadas, de diferentes partidos, descartan que la razón de esta tardanza en escoger candidato sea que exista una pugna entre las diferentes patas de la alianza por escoger a uno o a otro. Nadie ofrece una razón clara por la cual esta elección, que se preveía para julio, no se ha producido. Las opciones más conocidas se han ido cayendo, una tras otra, del panel de candidatables desde que Yolanda Díaz anunciara que no se presentará a los comicios. La líder de Más Madrid, Mónica García, será cabeza de lista en las elecciones autonómicas en esa comunidad. Bustinduy, el favorito de todos los sectores, ha rechazado tomar el testigo. Alternativas menos evidentes, como la exalcaldesa Ada Colau, también han renunciado públicamente a liderar la candidatura. Y nombres que han sonado, como del líder de CCOO, Unai Sordo, no tienen “base de realidad”, según las fuentes consultadas.

De los cuatro partidos inmersos en las negociaciones, ha sido IU el que, con mayor claridad, ha pedido un acelerón para poner a punto la alianza de la izquierda alternativa. En un informe ante la dirección de su partido a principios de este mes, el coordinador federal, Antonio Maíllo, celebraba que existen “bases” positivas para reeditar la alianza de 2023, pero también alertaba de que esos mimbres “son insuficientes si no se resuelve a la mayor brevedad posible la personificación de espacio político en un liderazgo candidatable a la presidencia del Gobierno en las próximas generales”. “Urge”, asimismo, determinar ya la marca, planteaba Maíllo, que, sin embargo, se mostraba optimista y aseguraba que “la izquierda transformadora, hoy, tiene base social y capacidad de crecimiento”.

Varias fuentes consultadas admiten que, especialmente en el último mes y medio, el ritmo de la negociación no solo no se ha incrementado, sino que ha aminorado. Un dirigente del espacio político achaca este frenazo al congreso extraordinario que ha celebrado Movimiento Sumar —en el que se ha elegido como nuevas líderes a Verónica Martínez y Rosa Martínez— y al proceso de primarias de Más Madrid para escoger a sus candidatos para las elecciones locales y autonómicas, que terminó hace un par de semanas, aunque asegura que lo previsto es que haya “un acelerón en el mes septiembre”, ya que en la alianza a la izquierda del PSOE hay “consenso” en que lo más probable es un adelanto electoral para el primer trimestre de 2027.

Conversaciones con otros partidos autonómicos

Otra fuente, más pesimista, añade que los Comuns e IU también tienen sus propias preocupaciones. Los primeros están centrados en intentar recobrar algo de fuerza de cara a unas elecciones municipales que se prevén complicadas y en intentar vencer las resistencias de ERC para un frente amplio en Catalunya. Los segundos, por su parte, analizan el nuevo escenario que se ha abierto en Andalucía, su principal bastión, con el sorpasso de Adelante Andalucía en el espacio de la izquierda alternativa. Y no hay que olvidar que la alianza no está cerrada a los cuatro partidos que ahora la negocian, sino que la intención es sumar a formaciones como Chunta, Compromís o Més, y varias fuentes comparten la necesidad de que estos partidos —que no han querido estar en las conversaciones que se están desarrollando— también aporten su punto de vista sobre la marca y el candidato.

Las conversaciones con algunas de estas formaciones ya han comenzado, según confirman varios de los dirigentes consultados, aunque aún se encuentran en sus estadios iniciales. Y esos partidos también deberán afrontar sus propios debates internos sobre su posible participación en una candidatura de índole estatal. El ejemplo paradigmático es Compromís, donde la discusión es recurrente en todas las elecciones generales: Més, el sector más nacionalista capitaneado por Joan Baldoví, es mucho más reacio a los acuerdos con actores estatales que el de Iniciativa, liderado por Mónica Oltra, proclive a los pactos. La debilidad de los partidos de escala nacional, no obstante, ofrece mejores perspectivas a las formaciones territoriales para poder copar las listas, dada su mayor fortaleza.

Y, aunque el espacio político a la izquierda del PSOE lleva meses negociando su propio proyecto, algunos dirigentes aún mantienen un ojo puesto en los pasos que pueda dar el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Ciertos sectores aún le consideran la mejor opción para ser candidato de todas las izquierdas, aunque en un formato aún por concretar. Pero en otros sectores cunde la sensación de que esa vía está muerta, e incluso el propio Rufián rebajó hace unas semanas las expectativas de un pacto liderado por él en toda España y circunscribió cualquier tipo de coalición a Catalunya. Y allí tampoco parece viable, puesto que la dirección de ERC lo rechaza de plano.

Izquierda Unida y UGT han hablado este martes de dependencia. IU por su parte ha criticado la “hipocresía” del Partido Popular que, en La Rioja pide “que el Gobierno de España asuma sus obligaciones y se comprometa al gasto del 50 por ciento de dependencia”, pero en el Congreso “no apoyan las iniciativas para garantizar esta financiación”.

La diputada de IU en La Rioja, Henar Moreno, ha asegurado que nos jugamos en el Congreso “la aprobación del incremento necesario para garantizar la atención a la dependencia”, una reivindicación -continúa- “histórica de la izquierda” que con Gobiernos del PP “disminuyó”. Fue a partir de 2019, con el PSOE y la entrada de IU, cuando en España “se vio un incremento fundamental en esta materia”. Pero este martes en el Congreso se vota una cuestión “muy importante”. “Cumplir la ley y garantizar que tenemos recursos necesarios para dar esa atención a una dependencia de calidad”, ha afirmado.

De esta manera, expresa, “lo que votamos es claro, o gastamos dinero en dependencia o no”. Y por ello exige al PP que “no se ponga de perfil” en una cuestión que afecta a los riojanos y a las riojanas y ha reclamado a los diputados riojanos del Partido Popular, Cuca Gamarra y Javier Merino, que voten a favor de la iniciativa. Y ha lanzado una pregunta clave: “¿Defiende el Partido Popular de La Rioja que se destine al menos el 50 por ciento de los recursos necesarios para financiar la dependencia o no?”.

Como ha recordado, hasta ahora, en el trámite parlamentario de esta iniciativa en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular ha votado en contra de sus propias enmiendas y de sus propias aportaciones. Por tanto, prosigue, “estamos muy acostumbrados a que el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, nos diga que le preocupa la situación de los riojanos” pero ahora no sabemos su posición. Por eso “le pido que se desmarque del PP y vote a favor de lo que ellos mismos defienden”.

Incrementos para mejorar la atención y condiciones laborales

También UGT La Rioja se ha centrado este martes en dependencia. En su caso, han remitido una carta a la consejera de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín, y a la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo; en la que se reclama que el incremento de la financiación estatal destinada al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se traduzca en una mejora real de la atención a las personas dependientes y de las condiciones laborales de los profesionales del sector. UGT considera que el aumento de recursos supone una oportunidad histórica para fortalecer el sistema de cuidados, pero advierte de que ese objetivo solo será posible si la financiación se destina de forma efectiva a reforzar el empleo y la calidad asistencial.

Y por esta razón, solicita al Ejecutivo que priorice la utilización de estos fondos para reducir las listas de espera, agilizar el acceso a las prestaciones y garantizar una atención suficiente y de calidad a las personas en situación de dependencia. Y además, desde la formación sindical reclaman que una parte importante de la financiación se destine a mejorar las condiciones laborales de las plantillas mediante incrementos salariales, el refuerzo de efectivos, la reducción de la temporalidad y de la parcialidad involuntaria, así como el aumento de la calidad asistencial que reciben las personas usuarias.

A la luz de las primeras reacciones, la operación de enajenación del pabellón público de la Diputación Fernando Buesa Arena y de las parcelas de aparcamiento de su entorno para que sean adquiridos por el grupo conformado por Saski Baskonia y Deportivo Alavés dispondrá de mayoría política en su tramitación en las Juntas Generales, el Parlamento foral de Álava. En Radio Vitoria, el socio del PNV, el PSE-EE, y también el PP han considerado positivo el proyecto presentado este lunes por el diputado general, el nacionalista Ramiro González, y el presidente de la entidad, Josean Querejeta.

Para los socialistas, la valoración es “en principio positiva”. El PP, más claro, ha señalado que “aquí hay un empresario que lleva muchos años haciendo una apuesta muy importante por Álava” y que ha anunciado “más de 150 millones en inversiones”, lo que “a priori es muy positivo” para Vitoria, según Iñaki Oyarzábal.

En el lado contrario, la oposición de izquierdas ha encajado con recelo el proyecto, del que aún no se han dado cifras concretas. “Nos surgen muchas dudas. No vale el sí por el sí. Es una operación muy complicada, muy sensible. Hay que mirarlo con lupa”, ha dicho Eva López de Arroyabe, de EH Bildu. Podemos, de su lado, habla de “pelotazo absoluto”, de “operación inmobiliaria especulativa”. IU también lo ve inaceptable.

A nivel interno, el colectivo Gurea DA, asociación de pequeños accionistas del Deportivo Alavés, ha planteado una batería de preguntas tanto al club como a la Diputación. Entre las segundas, plantean “qué razones impulsan a la máxima institución de la provincia a desprenderse de patrimonio público”. Insisten en que se debería aclarar si el proyecto, que incluye igualmente un segundo edificio para la Universidad Euneiz y una nueva residencia, supone abrir la puerta a un posible traslado del estadio de Mendizorroza a esa zona de Zurbano, una incógnita que Querejeta no quiso despejar en la rueda de prensa.

Para Gurea DA, las instituciones siguen alcanzando “opacos acuerdos privados” con Querejeta sin pensar en el interés público. “Asegurar su titularidad pública es defender la vocación de servicio de una infraestructura estratégica, que garantice el acceso democrático y universal a la cultura y al deporte. Su venta rompe la imprescindible cohesión comunitaria vinculada a todo patrimonio público. Por si esto no fuera suficiente, el proyecto de mejora del Fernando Buesa Arena se basa en dotar a la instalación de palcos y zonas VIP, en lo que es una irrefrenable deriva consistente en transformar espectáculos tradicionalmente populares en propuestas con tufo clasista. El anuncio de su privatización es una pésima noticia [...]. De la mano de esta venta, se da a conocer la ampliación de Euneiz, proyecto educativo también privado y elitista. [...] Lejos de cumplir con su obligación de volcar recursos en la educación pública, nuestras instituciones (ayer la Diputación) aplauden e impulsan proyectos de este tipo, llevando a cabo de esta manera una progresiva privatización encubierta de nuestro sistema educativo”, exponen.

Y agregan: “Como alavesistas no podemos ocultar nuestra perplejidad ante la incesante presentación de ambiciosos proyectos económicos por parte de un club, el nuestro, con evidentes problemas para retener talento deportivo. ¿Nos puede explicar alguien cómo se van a afrontar estas millonarias inversiones sin asegurar antes la única fuente sustancial de ingresos? Resulta innecesario reseñar que dicha fuente de ingresos pasa, sí o sí, por la permanencia y consolidación de nuestro Glorioso en Primera División”.

Izquierda Unida de Navarra (IUN), Batzarre y el colectivo de independientes han alcanzado un principio de acuerdo para revalidar la coalición Contigo/Zurekin y concurrir con ella a las próximas elecciones forales y municipales de 2027. Además, han esperado alcanzar un acuerdo antes de septiembre para la incorporación de Podemos, partido que también formó parte de la coalición en las anteriores elecciones.

El coordinador de IUN y portavoz parlamentario de Contigo/Zurekin, Carlos Guzmán, ha destacado que “es un día muy ilusionante” y ha resaltado que esta coalición “ha sido el ancla izquierda de la mayoría progresista de Navarra”. Ahora, ha dicho, se abre una “nueva etapa” con la que aspiran a convertirse “en el verdadero motor transformador de Navarra”. “Nos hemos dejado la piel para ser la voz de la mayoría social de Navarra, la voz de las familias trabajadoras de todos los pueblos y de todas las ciudades de nuestra comunidad”.

Guzmán ha emplazado a la ciudadanía a “construir una ofensiva social” “en el ámbito de la educación, de la sanidad pública, de la protección del medio ambiente, de la construcción de una verdadera convivencia multicultural” y “en el ámbito de los derechos civiles y democráticos” y ha trasladado un mensaje “optimista” al conjunto de la sociedad navarra y ha destacado que “frente a las limitaciones del gobierno progresista actual hay una alternativa por la izquierda” que pretende “transformar el conjunto de la comunidad para mejorar la vida y otorgar la felicidad al conjunto de los navarros y de las navarras”.

Preguntado por la elección del candidato para las próximas elecciones, Guzmán ha señalado que “en estos momentos” están hablando de proyecto y que “cuando llegue el momento” hablarán de “personas” y “de caras”. “Que a nadie le quepa la menor duda de que vamos a construir la mejor candidatura posible en el Parlamento y en el conjunto de municipios”, ha asegurado.

En cuanto al papel que tendrá en esta coalición Begoña Alfaro, vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias en el Ejecutivo foral, Guzmán ha afirmado que “todas las personas que puedan aportar valía tendrán cabida en este proyecto” y, cuando llegue el momento“, ”no nos cabe la menor duda de que Begoña y el conjunto de compañeros y compañeras que quieran formar parte de este proyecto encontrarán el espacio para trabajar codo con codo y construir esa alternativa que presentamos para el conjunto de Navarra“.

El coordinador de IUN ha mostrado su voluntad de “construir la más amplia alianza posible”. “Sabemos que en estos momentos hay organizaciones y espacios políticos que manejan otros tiempos, otras dinámicas”, ha indicado. “No nos cabe la menor duda que quien quiera formar parte de este espacio encontrará la dinámica necesaria para poder fortalecer este proyecto común”, ha remarcado.

Preguntado por los plazos que se marcan para cerrar un acuerdo definitivo para la coalición, Guzmán ha dicho que “hablar hoy de plazos es hablar de ciencia ficción” pero ha añadido que el 1 de septiembre tienen “que comenzar con la precampaña a tope”. “Quien quiera sumarse a este proyecto tiene la puerta abierta”, ha insistido, esperando llegar a “puntos de encuentro” con Podemos, Equo y “multitud de personas y de colectivos que quieren fortalecer este proyecto”.

En esta línea, Olga Risueño, de Batzarre y concejal en Tudela, ha afirmado que la labor de Contigo/Zurekin esta legislatura “ha sido determinante y muy influyente en algunos de los hitos más importantes que han sucedido durante la legislatura” en el Gobierno foral, el Parlamento y los ayuntamientos.

Ha indicado que mantienen una “intensa negociación” con Podemos y Equo, “respetando los espacios y los tiempos de cada una de las organizaciones” y ha señalado que tienen “este espacio de verano para poder seguir trabajando y acordando, con el foco puesto en septiembre”. Un mes, ha destacado, al que “hay que llegar sin incertidumbres, teniendo claro quiénes somos y dónde estamos”. “Ahora mismo Contigo/Zurekin no somos todos los que estamos, esperamos que seamos más, porque esa es la vocación: crecer y ser más y mejores para poner el foco en esa ofensiva social que necesitan los navarros y navarras”, ha recalcado.

Por su parte, Eneko Larrarte, concejal en Tudela y del colectivo de independientes, ha celebrado que, “después de mucho y discreto trabajo”, Contigo/Zurekin se presentará a los próximos comicios “para profundizar en la ofensiva social” como “la única manera de abordar los retos del futuro y poner el foco en la prioridad social” frente a quienes lo ponen “en la prioridad nacional”.

En este sentido, ha puesto en valor la “transformación social que está abordando Navarra” desde 2015, en los diferentes ámbitos, tanto en la oposición como “liderando políticas sociales” en “gobiernos progresistas”. También ha resaltado la labor de la coalición en el Parlamento de Navarra y donde tiene “responsabilidades”, con el impulso de políticas en materia de vivienda, con un “liderazgo en políticas de igualdad” en el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), siendo “la comunidad que mejor apoyo ha prestado” en el proceso de regularización de personas migrantes o en la defensa de la memoria histórica, reclamando el derribo del Monumento a los Caídos.

Larrarte ha subrayado, además, que Contigo/Zurekin “va a responder a los intereses, única y exclusivamente, de los navarros y las navarras” y no “a intereses organizativos que trasciendan las fronteras de la Comunidad foral”. Una coalición, ha resaltado, “para hacer políticas de vanguardia que defiendan los intereses de la mayoría social de los navarros y navarras”.

La alianza que conforman de cara a las próximas elecciones generales IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns debe tomar forma “a la mayor brevedad” con la elección tanto de una nueva marca que sustituya a Sumar como, sobre todo, con la proclamación de un candidato para esos comicios. Así lo considera el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, según consta en el borrador del informe político que presentará este sábado ante la dirección de su organización. El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, plantea que “urge levantar una alternativa estatal de izquierda transformadora con capacidad de evitar un cierre autoritario”, y trata de insuflar ánimos a un espacio muy tocado asegurando que los resultados electorales de los últimos comicios autonómicos demuestran que “la izquierda transformadora, hoy, tiene base social y capacidad de crecimiento”.

Los partidos que se encuentran negociando desde hace meses la reconfiguración de la alianza Sumar tenían la idea de poder ofrecer, antes del parón de verano, detalles sobre la nueva marca o el candidato, pero en las últimas semanas se ha comenzado a deslizar la posibilidad de que no haya noticias hasta septiembre, a la vuelta de las vacaciones. En su borrador de informe, Maíllo no menciona fechas concretas. Pero sí asegura que las “bases” positivas sobre las que se apoya la negociación para reeditar la alianza de los partidos a la izquierda del PSOE “son insuficientes si no se resuelve a la mayor brevedad posible la personificación de espacio político en un liderazgo candidatable a la presidencia del Gobierno en las próximas generales”. “Del mismo modo, urge dotar de una nueva denominación al espacio político”, insiste el líder de IU.

Maíllo considera que existen mimbres para “levantar una alternativa” de izquierdas que contribuya a evitar el triunfo de PP y Vox en las eleciones, pero sostiene que es imperativo darle ya forma ante la cercanía del próximo ciclo electoral. “Las bases para hacerlo posible están en la alianza de fuerzas políticas que están dando un paso al frente para movilizar conciencias y generar esperanzas. También se cuenta con una base electoral de voto de izquierda transformadora nada desdeñable y, si el deterioro del PSOE continua como resultado de los últimos escándalos, una posible recuperación de votantes que tuvo la coalición Sumar el 23J”, analiza el borrador del informe, que señala que “no se trata de recomponer el espacio del pasado, se trata de proyectar una nueva confluencia para una coyuntura distinta marcada por el declive del PSOE, el auge del bloque reaccionario y la fragmentación de las izquierdas”.

“Respecto al ciclo electoral iniciado en las elecciones autonómicas en Extremadura y al que le siguió Aragón, Castilla y León y Andalucía, cabe destacar que en ninguno de estos comicios el resultado electoral ha sido positivo para la clase trabajadora, dadas las holgadas victorias en todos ellos del bloque PP-Vox. Sin embargo, sí hay un elemento positivo a destacar: salvo en Castilla y León, el espacio electoral que apuesta por las opciones de izquierda transformadora no solo no se ha visto reducido, sino que ha crecido”, analiza Maíllo en su borrador. Para el líder de IU, la “lección” de esos resultados de cara a las generales “está aquí: la izquierda transformadora, hoy, tiene base social y capacidad de crecimiento”.

Maíllo considera que la creación de un “frente amplio” a la mayor brevedad es imprescindible para plantar cara a “adversarios políticos” que considera que no son “democráticos”. “Luchamos contra una amenaza autoritaria que quiere implantar en nuestro país todos los postulados de la extrema derecha global: prioridad racista en servicios públicos mermados y privatizados, política migratoria trumpista y política exterior al servicio de los genocidas”, alerta el líder de IU en su borrador, en el que también critica que “la derecha y la extrema derecha ya han anunciado que su línea de ataque es el no reconocimiento del resultado electoral, incluso acusando ya preventivamente de fraude electoral al Gobierno de España”. “Si no ganan, no reconocerán el resultado y la excusa que pondrán ya la han mostrado: un censo supuestamente alterado por la emigración o por el voto exterior de los hijos y nietos de la emigración española”, “están desesperados e intentarán cualquier cosa”, avisa.

La sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a nueve años y medio de prisión al que fuera diputado autonómico del grupo Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Xabier Ron, por agredir sexualmente de forma continuada a una niña de 12 años de la que había sido profesor.

El fallo, alcanzado por conformidad de las partes, establece como probado que el acusado abusó de su condición de profesor de la menor y de la relación de confianza generada entre ellos, para provocar una “dependencia emocional” que derivó en varios encuentros de contenido sexual con la niña, que contaba con 12 años de edad.

Entre julio y noviembre de 2024, tal y como ha quedado probado en el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, se produjeron distintos encuentros entre el acusado y su alumna que derivaron en varias agresiones sexuales e incluso en la transmisión de una enfermedad.

La Audiencia considera los hechos constitutivos de un delito continuado de agresión sexual, por el que impone a Xabier Ron nueve años y medio de prisión, así como la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante 19 años y seis meses.

Durante 15 años no podrá ejercer actividades relacionadas con menores y tendrá libertad vigilada durante 10 años posteriores al cumplimiento de la pena. El fallo reconoce, además, que el procesado ya ha indemnizado a la víctima con 82.000 euros por los daños morales generados.

Jorge Piedrafita, abogado de la Asociación Defensa Integral de Víctimas Especializada (ADIVE), que ha ejercitado la acción popular, ha expresado su satisfacción moderada con esta resolución, aunque ha admitido que la gravedad de los hechos haría necesario “una pena mucho más elevada”.