El concejal de Izquierda Unida de Santander, Keruin Martínez, ha anunciado este martes que su formación llevará al próximo Pleno municipal una moción para exigir al equipo de Gobierno (PP) que ponga en marcha el Observatorio Municipal de la Contratación para fiscalizar los grandes contratos externalizados del Ayuntamiento

La creación de este órgano fue aprobada en 2019 y ratificada en 2020 pero “sigue sin estar operativo casi siete años después”, ha denunciado en un comunicado el edil.

Martínez ha advertido de que Santander mantiene “un modelo de servicios públicos profundamente dependiente de la externalización”, con contratos que afectan a ámbitos esenciales como la limpieza viaria, la recogida de residuos, el abastecimiento de agua, los parques y jardines, la limpieza de colegios y dependencias municipales, el alumbrado o distintos servicios de mantenimiento.

El edil ha subrayado que “cuando un servicio público se entrega a una empresa privada, el Ayuntamiento no se quita responsabilidad: al contrario, tiene que controlar más, fiscalizar mejor y garantizar que se cumplen los pliegos, las inversiones, las condiciones laborales y la calidad del servicio que recibe la ciudadanía”.

Según ha expresado Martínez, las experiencias de los últimos años han “evidenciado que los mecanismos actuales de control son insuficientes”, y al respecto ha apuntado a “conflictos laborales en servicios externalizados, quejas de vecinos y usuarios por posibles incumplimientos de condiciones previstas en los pliegos, retrasos en nuevas licitaciones, contratos vencidos, prórrogas forzosas y servicios que han seguido prestándose, una vez finalizados los contratos, mediante fórmulas extraordinarias”.

El concejal ha puesto como ejemplos los “problemas históricos” en la gestión de servicios externalizados, señalando que “Santander no necesita otro caso como el de las basuras”, ni “otro expediente fallido en Parques y Jardines”.

Martínez se ha referido también al “incumplimiento del contrato de explotación del mercado de Puertochico”, formalizado en 2017 con un plazo no superior a un año, pero “diez años después, es evidente que este contrato no se ha cumplido, porque ni está totalmente rehabilitado, ni totalmente operativo”, lo que ha calificado como “absolutamente incomprensible”.

El edil ha enfatizado que “lo que estamos viendo no son incidencias aisladas, sino un problema estructural de planificación, seguimiento y control”. En su opinión, “Santander paga cada vez más por grandes contratos, pero la ciudadanía no siempre recibe servicios a la altura de ese esfuerzo económico”.

Más de 80 millones en externalizaciones

Martínez ha recordado que el análisis presupuestario del ejercicio 2026 cifra en más de 80 millones de euros el volumen destinado a contratos externalizados, un volumen que “no ha dejado de crecer en las últimas dos décadas”.

En este contexto, Martínez ha concluido que el Observatorio Municipal de la Contratación, cuya creación apoyaron todos los partidos políticos en 2020, “tiene que formar parte ordinaria de la gestión municipal” y ha reprochado al Partido Popular que “sigue sin buscar un modo de controlar con más eficiencia los contratos más importantes de la ciudad”.

Podemos convoca una asamblea para decidir si continúa en Valladolid Toma La Palabra en las elecciones de 2027, según ha informado a través de un comunicado. Podemos ha tenido un representante en la capital vallisoletana, Jonathan Racionero, hasta que dimitió del cargo hace un año. Racionero era el número cuatro en la lista, pero accedió al consistorio tras la renuncia de los concejales María Sánchez y Alberto Bustos, que estuvieorn en el último gobierno de coalición de Óscar Puente, y que abandonaron el pleno al no poderse reeditar el pacto.

La reunión se celebrará el 27 de mayo a las 19:30 horas en el centro cívico Bailarín Vicente Escudero. En esa fecha se evaluará el trabajo de los últimos años para decidir si seguir formando parte de la confluencia o no. La formación pretende que sea la militancia la que decida la estrategia del partido a través de un proceso “democrático y participativo”, como ya se hizo antes de las elecciones de 2023.

Podemos Valladolid ha recordado en el comunicado que el resultado de la votación es vinculante y que el proceso se realiza de forma autónoma e independiente de procesos similares que se realicen en otros territorios.

Izquierda Unida (IU) de Santander ha registrado una moción para exigir al equipo de Gobierno del Ayuntamiento (PP) la convocatoria de la comisión mixta para la Recuperación Integral del Cabildo de Arriba. Este foro, que aglutina a las administraciones con competencias en urbanismo y obras públicas, lleva más de tres años sin ser convocada. La demanda de IU pasa por reactivar las reuniones del órgano en un plazo máximo de tres meses.

IU elevará el asunto al pleno municipal para impulsar de nuevo un espacio de coordinación entre administraciones pensado para abordar la recuperación integral del barrio, poner en común información, evaluar avances y orientar las actuaciones necesarias, en el céntrico y antiguo barrio.

El concejal de IU, Keruin Martínez, ha advertido de que el Cabildo de Arriba es “una de las zonas más golosas del centro, apenas a escasos metros del Ayuntamiento y, sin embargo, lleva décadas acumulando abandono, solares vacíos, edificios deteriorados y pérdida de vida vecinal. Es una imagen muy dura de la falta de respuesta institucional y urbanística”.

La última reunión de la comisión mixta se celebró el 9 de marzo de 2023, cuando se aceptó una hoja de ruta basada en la modificación puntual del PGOU, la articulación de un convenio entre administraciones y el desarrollo de actuaciones paralelas en el barrio.

Desde entonces, ha habido una serie de movimientos, como el derribo de los números 9, 11 y 13 de la calle Alta o la intervención de Gesvican para construir vivienda de alquiler asequible, pero no se ha vuelto a convocar la Comisión para explicar de forma suficiente cómo encajan esas actuaciones en una estrategia global para el conjunto del ámbito.

“Tenemos que denunciar que no exista una explicación completa, actualizada y verificable sobre qué se está haciendo, qué falta por hacer, qué plazos se manejan y qué papel va a tener cada administración”, ha afirmado el concejal.

La moción plenaria plantea que la convocatoria de la Comisión Mixta no sea una simple reunión informativa, sino una verdadera sesión de trabajo. Para ello, ha reclamado que el equipo de Gobierno remita a todos los grupos municipales, con al menos un mes de antelación, la documentación técnica, urbanística, patrimonial y administrativa necesaria para analizar la situación real del barrio.

“Una comisión sin documentación previa serviría de poco. No queremos una foto ni una reunión que solo sirva para cubrir expediente ni que sea meramente informativa. Queremos una reunión de trabajo, con expedientes, datos, calendario, compromisos y una hoja de ruta que se pueda comprobar”, ha subrayado Martínez.

Derecho vecinal a información

En una visita reciente al entorno, el concejal ha comprobado de nuevo el estado de abandono de distintos puntos del Cabildo y recogió la preocupación de vecinos que reclaman transparencia, participación y certezas sobre el futuro inmediato de la zona.

Por ello, considera que la situación del barrio debe abordar, no solo desde una perspectiva urbanística, sino también humana. “Hablamos de un barrio marcado por el deterioro, por el recuerdo del derrumbe que costó la vida a tres vecinos y por una pérdida progresiva de población y tejido vecinal. Quienes siguen viviendo allí tienen derecho a información clara y a garantías de que el barrio no seguirá degradándose mientras se acumulan anuncios”, ha indicado Martínez.

Al mismo tiempo, el edil ha lamentado que no se ha hecho nada para impedir los procesos de acumulación de suelo, dinámicas propias de gentrificación en un lugar atractivo por su ubicación, o la dilatación de actuaciones por parte de iniciativa privada para forzar la revalorización de suelos.

El paso adelante que dio públicamente este miércoles el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido recibido con tanta expectación como incertidumbre. Ninguno de los partidos estatales cuya candidatura a las generales Rufián aseguró estar dispuesto a “encabezar” —con una fórmula aún por desarrollar— ha cerrado la puerta a analizar la propuesta, pero antes de cualquier conversación varios de ellos han exigido al dirigente “concretar” qué es lo que quiere hacer. Y mientras ERC, que no se cansa de rechazar por activa y por pasiva la idea de una coalición con formaciones de ámbito nacional para las próximas elecciones, evita confrontar públicamente con su portavoz y trata de quitar hierro al órdago público que le ha lanzado para exigir el control del grupo parlamentario de ERC en el Congreso.

En un coloquio en el Club Siglo XXI de Madrid, Rufián afirmó por primera vez expresamente que, si está en posición de “ayudar a que haya una confluencia o una colaboración entre las izquierdas soberanistas y estatales, un espacio de unión para maximizar resultados”, siendo “el cabeza de lista, pues p’alante”. El dirigente volvió a asegurar, como ya ha hecho en numerosas ocasiones, que no piensa romper su carné de militante de ERC y que se mantendrá en el partido siempre y cuando no le “echen”. Pero también lanzó, por primera vez en público, un pulso al líder de su partido, Oriol Junqueras: “Yo no voy a volver a presentarme por ERC si no se cumplen unas condiciones”.

Esos requisitos tienen que ver con las diferencias cada vez más profundas que existen en el grupo parlamentario republicano, que son de carácter político y estratégico, pero también personales, según sostienen fuentes de los diferentes sectores. En público, Rufián ha rechazado concretar cuáles son sus condiciones para no marcharse a su “casa”, pero fuentes de ERC confirman que lo que quiere son, básicamente, dos cosas: el control del grupo parlamentario en el Congreso —lo que implica tener, al menos, una mayoría de dirigentes afines en las listas— y mando en plaza para marcar la línea política del partido en Madrid.

No obstante, pese al paso adelante de su portavoz en el Congreso, la dirección de ERC se ha conjurado para no confrontar con él. A pesar del enfado creciente que existe en la cúpula republicana con los movimientos de Rufián y, ahora, con su presión pública para conseguir una lista más afín, la consigna es la de emitir los mínimos mensajes posibles y remitirse siempre a la línea marcada en febrero, cuando la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, aseguró que el partido se presentaría a las elecciones con sus siglas y únicamente en circunscripciones catalanas.

La formación sigue queriendo que Rufián sea su candidato en los próximos comicios generales, puesto que le consideran un activo político de primer orden. Pero la dirección que encabeza Oriol Junqueras insiste en que es imposible unirse a unas candidaturas estatales con las diversas izquierdas que se agrupan en Sumar, aunque sí se muestra abierta a negociar con Rufián la confección de las listas. Esta cuestión, sin embargo, es problemática, porque en ERC las candidaturas se aprueban en asambleas territoriales. La dirección tiene, obviamente, mucha capacidad de influir en estas reuniones, pero no infinita. Y la postura del portavoz, que casa con la corriente interna de Àgora Republicana que lidera Joan Tardà, es minoritaria en todas las asambleas.

Recelos en IU, perfil bajo en Podemos

Pero no solo es ERC la que no ve clara la propuesta de Rufián. Aunque dista mucho del rechazo frontal que ha expresado la dirección republicana, los diferentes partidos que se encuadran en Sumar tampoco terminan de ver clara la idea que plantea el dirigente, aunque en su caso no porque no compartan la posibilidad de que él sea candidato de una alianza amplia, sino por su falta de concreción. Quien más reparos pone es IU, que aunque ha afirmado que “por supuestísimo” que estaría dispuesta a hablar con Rufián si aclara cuál es su idea y ha prometido que la va a “estudiar”, no ha ocultado las enormes dudas que le genera.

IU ha insistido en los últimos días en que no está de acuerdo con un proyecto como el que defiende el dirigente de ERC, en el que las izquierdas estatales queden subordinadas a los partidos a la izquierda del PSOE de ámbito autonómico. Y el líder del PCE y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, afirmó el jueves que “los hiperliderazgos personales y los egos desmesurados” son el verdadero “problema” de la izquierda, y no los partidos de ámbito nacional. “Nosotros defendemos un proyecto federal con un proyecto de país integral, que satisfaga a todas las personas que viven en cualquier parte del Estado, y que no anteponga la prioridad regional”, dejó claro Santiago.

Por su parte, la presidenta del grupo parlamentario de los Comuns en el Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, pidió el jueves una reunión “urgente” con Rufián para que les aclare cuál es su propuesta. La formación, no obstante, no quiere embarcarse en una negociación con el portavoz sin que aclare antes su situación con ERC, y de ahí que Albiach expresara públicamente la duda de si Rufián “se ha emancipado” de su partido, dado que los republicanos siguen dando un portazo a la propuesta. En una línea parecida se expresó este viernes el ministro de Cultura y también dirigente de los Comuns, Ernest Urtasun, que insistió en “tender la mano” para un acuerdo pero también pidió a Rufián que “concrete” sus intenciones. Mencionó en varias ocasiones la necesidad de negociar con “los compañeros de ERC” y no solo con el dirigente.

De los partidos encuadrados en la alianza Sumar, es Movimiento Sumar —la formación de Yolanda Díaz— el que ha saludado con mayor entusiasmo el paso adelante de Rufián. En un mensaje en sus redes sociales unas horas después del anuncio del portavoz de ERC, la formación evitó poner el foco en las inconcreciones de la propuesta y planteó que “en el desafío que tenemos delante no sobra nadie” y que “tenemos la obligación de construir frentes amplios”. Se mostró convencida de que las izquierdas encontrarán “las formas” de llegar a un acuerdo: “Lo importante es que el pueblo progresista sepa que vamos a estar a la altura y no vamos a permitir que la extrema derecha avance”.

Podemos, por el contrario, ha preferido mantener un perfil bajo tras un paso adelante de Rufián que, por ahora, no ha suscitado movimientos en su partido. El jueves, la secretaria general de la formación, Ione Belarra, se limitó a señalar que quiere ser “muy respetuosa con los tiempos de ERC y de Gabriel Rufián”, e insistió en que “lo que la gente está esperando es que hagamos equipo, colaboremos y estemos a la altura de las circunstancias”. Podemos lleva semanas defendiendo un “tándem” entre el dirigente e Irene Montero, lo que les proyectaría de nuevo como el principal partido estatal a la izquierda del PSOE y les daría un lugar preeminente en las negociaciones con el resto de las formaciones de ese espacio. Pero, hasta ahora, Rufián ha rechazado ligar su futuro a los morados.

Zamora, una pequeña ciudad conservadora, lleva gobernada por la izquierda desde el 2015. Pero no por un partido socialdemócrata, sino por una Izquierda Unida que ha vivido durante años al margen de las múltiples y variadas coaliciones que han estado presentes en otros puntos del país. Francisco Guarido lleva en la alcaldía zamorana tres mandatos (el último, en coalición con el PSOE) y ahora, tras la anunciada marcha del alcalde, IU ha apostado por un perfil joven: su concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo (Zamora, 1995), será el candidato de IU para las elecciones municipales de 2027. El reto es importante, sustituir al único alcalde de capital de provincia de IU en España.

El nuevo candidato de IU quiere trasladar a la ciudadanía una imagen de “calma y estabilidad”. “Podrán cambiar los rostros visibles, pero el trabajo del equipo se mantiene y se mantendrá a largo plazo, independientemente de donde decidan ponernos los ciudadanos”, explica Novo. Preguntado por este medio, el alcalde Guarido garantiza que tiene previsto “disponer de tiempo para ayudar” en lo que se le solicite, aunque esté fuera del Ayuntamiento. “Su conocimiento va a seguir siendo un activo fundamental”, insiste Novo.

“Ha llevado una responsabilidad muy importante en estos años. Trabaja en el área por la que sale prácticamente todo el dinero: obras, parques y jardines, recogida de basura, limpieza viaria, distribución del agua, saneamiento... Vigila bien que esos contratos sean de gran repercusión social. Impulsó Línea Zamora, que no funcionaba cuando gobernó el PP (1995-2015), que permite que se arregle el aviso un día después de que llame un vecino, si tiene arreglo fácil. Ha sido el impulsor de todos los grafitis que tenemos en las fachadas que estaban estropeadas, ya hay casi 50”, valora Francisco Guarido, consciente del reto que tiene IU con su marcha del Ayuntamiento.

Poco antes de esta valoración, Pablo Novo atiende a elDiario.es en la sala de comisiones del Ayuntamiento de Zamora. Asegura que afronta ser el nuevo candidato de IU en Zamora con responsabilidad, y rechaza el tópico de la “ilusión”, un concepto “carente de contenido”. Por eso recurre a la responsabilidad de “continuar impulsando y materializando todos los proyectos” que tienen en marcha y el mero hecho de encabezar unas siglas siempre se han mantenido, cuya “soberanía organizativa” han reivindicado “frente al mare magnum de confluencias”, que “no han dado muy buenos resultados”. “Hemos mantenido esa constancia para proyectar esa estabilidad a nivel institucional como equipo de gobierno y como organización consolidada, con un número de militantes cohesionado y compacto”.

Pablo Novo resume el legado de Francisco Guarido en tres patas: humildad, pedagogía y transformación. “Y también la lucha contra la corrupción, denunciando presuntos casos y reclamando millones de euros que anteriores contratas debían al Ayuntamiento”, agrega. El alcalde añade una particularidad que vive la capital zamorana: “Esa polarización, insulto y agresividad que hay en los debates de política nacional no existe en Zamora”.

Novo subraya la importancia de resolver ágilmente las cuestiones que más interesan a la ciudadanía. “Es lo que llamamos la 'política de baldosa': dar importancia a las cuestiones más sencillas, compaginándolo con los proyectos de inversión estructural”, defiende. El equipo de gobierno que lidera IU destaca los resultados de los últimos tres mandatos y las buenas relaciones que mantienen con todas las Administraciones públicas, independientemente del signo político. “Con nuestros aciertos y errores, se está viendo un proceso de transformación muy palpable: hemos captado inversiones de otras Administraciones como el Ministerio de Transportes y el de Cultura, o la Junta de Castilla y León, con la que estamos trabajando en la vivienda, una cuestión primordial. Están ya en ejecución unas 50 viviendas en el barrio de Vista Alegre. También tenemos un proyecto más o menos encarrilado para construir 200 viviendas públicas en el barrio de La Alberca que responda a las necesidades de la ciudadanía”, enumera Pablo Novo.

Guarido es consciente del personalismo que implica haber sido el alcalde en los últimos once años, pero cree que el nuevo equipo —de la mano de Pablo Novo y María Eugenia Cabezas, concejala de Cultura y número 2 de la candidatura— puede aportar “impulso”. “Lo van a hacer bien, es gente honrada, trabajadora y en la que se puede confiar. La gente puede dormir tranquila porque su dinero está bien gestionado con nosotros; saben que nos comportamos de manera pulcra y vigilando el dinero y que no haya corrupción”, zanja. Novo esboza los “nuevos escenarios” que se esperan en Zamora: los pliegos de los contratos de limpieza, parques y jardines, la cesión de parcelas municipales para construir vivienda pública, el futuro aparcamiento en el entorno de Puerta Nueva y la mejora de los servicios ferroviarios por el “revulsivo demográfico” que suponen al permitir la movilidad diaria con Madrid.

Guarido es consciente de que la mayoría de sus votos son “prestados”, proceden de personas que votan a otras formaciones políticas en el resto de procesos electorales. Ya sucedía cuando IU estaba en la oposición. “A nosotros se nos juzga por los resultados, no por forofismos. Creo que el resultado de estos cuatro años va a ser muy positivo a pesar de que nuestros partidos nacionales, IU y el PSOE, no nos ayudan mucho en estos momentos, que no están en su mejor momento”, concluye.

Críticas a las confluencias y marcas de la izquierda

Izquierda Unida Zamora se ha mantenido al margen de coaliciones con otras formaciones políticas, con fuertes críticas a estas confluencias. Novo propone que IU recupere la “visibilidad histórica” de la formación como una “organización soberana”, como han hecho otras formaciones como el Bloque Nacionalista Galego (BNG). “Esa soberanía organizativa y esa estabilidad a lo largo del tiempo hace que la gente te reconozca, reconozca tus siglas, tus equipos y esa constancia es premiada también por los ciudadanos. Izquierda Unida tiene que volver a esa senda que hemos mantenido en Zamora y que ha dado buenos resultados. Tenemos que seguir con un programa muy definido y muy concreto que responda a las necesidades materiales de la ciudadanía”, sostiene el candidato de IU.

Guarido confía en que las izquierdas “respirarán un poco más” en las elecciones locales que en las autonómicas o generales. “La gente confía en las siglas, no en otras que puedan estar pululando en un ámbito ideológico parecido al nuestro, pero que tienen otro perfil personal, de partido y de comportamiento público”, concluye el alcalde de Zamora.

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo/Uviéu en el ayuntamiento de la capital asturiana ha instado al equipo de gobierno del Partido Popular (PP) a dar marcha atrás en su intención de adquirir chalecos antibalas a la empresa Guardian Homeland Security, filial de IMI Systems, integrada en la empresa israelí Elbit Systems, e implicada en el genocidio en Gaza.

Esta empresa de seguridad es representante oficial en España de los principales fabricantes israelíes de material policial y militar y el consistorio ovetense, a través de la mesa de contratación, le adjudicó el pasado martes el contrato para la adquisición de chalecos antibalas para equipar a la plantilla de la Policía Local.

La vulneración

Los concejales de IU, Cristina Pontón, Gaspar Llamazares y Alejandro Suárez, consideran que el ayuntamiento debe recular y anular ese contrato por vulnerar la normativa estatal que afecta al embargo de material de defensa procedente de Israel.

El portavoz municipal, Gaspar Llamazares, advierte de que el consistorio “debe cumplir el Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina y que no solo establece el embargo de armas, sino que también prohíbe la compra de material de defensa o de doble uso”.

En esta categoría se incluyen los chalecos antibalas 'made in Israel', tal y como figuran en la página web de la empresa.

El veto a Israel

Llamazares ha defendido que la legislación estatal “respalda un posicionamiento internacional de defensa de los derechos humanos, de veto al estado sionista de Israel y la condena absoluta ante el genocidio de Gaza y de la población palestina”.

El portavoz municipal de IU-Convocatoria por Oviedo/ Uviéu ha resaltado que “desde ningún punto de vista humanitario, se puede consentir su financiación con dinero público”.

La reversión del contrato

Llamares ha exigido al gobierno local la reversión del contrato y ha anunciado que, en el caso de que no se anule la adjudicación, impulsará “todas las medidas políticas y jurídicas” a su alcance para tratar de revertirla.

A este concurso optaban dos empresas: además de la israelí competía por este contrato Soltec pro uniformidad y aunque ambas estaban igualadas en la calidad de los materiales y plazo de entrega, el consistorio se decantó por Guardian Homeland Security al ofrecer un precio más reducido. Su oferta suponía 540 euros por prenda frente a los 600 euros por unidad de Soltec pro uniformidad.

La 'fiscalización'

El contrato que afecta a la capital asturiana contempla la posible adquisición de 77 chalecos por un importe total de 41.580 euros.

La organización 'Civio' fiscalizó la adjudicación de este contrato y denunció públicamente la intención del gobierno local de llevar adelante la compra de los chalecos antibalas.

Sus integrantes aseguraron a eldiario.es Asturias que el decreto ley de embargo incluye entre los materiales vetados equipos de protección como cascos y chalecos antibalas, salvo aquellos que acompañen a su usuario para protección personal, por lo que esta compra de material podría ser denunciada como ilegal y su importación debería prohibirse.

El paso adelante dado por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que el miércoles se ofreció expresamente por primera vez para ser el candidato de una alianza de las izquierdas territoriales y estatales en las próximas elecciones generales, ha sido recibido con interés por las formaciones progresistas de ámbito nacional. Tanto Movimiento Sumar como IU y los Comuns, todos ellos encuadrados en la alianza Sumar, han saludado el pronunciamiento, aunque los dos últimos han pedido conocer con más detalles una propuesta que, por ahora, es enormemente incierta, entre otras cosas por la negativa de ERC a secundarla. Podemos, por su parte, ha llamado a respetar los “tiempos” tanto del dirigente como de su partido, aunque ha vuelto a dejar claro su deseo de “hacer equipo” con Rufián.

IU, el principal de los partidos estatales que forma parte de Sumar, aseguró por boca del secretario general del PCE, Enrique Santiago, que “por supuestísimo” que estaría dispuesto a negociar y a participar en un proyecto liderado por Rufián. No obstante, IU no oculta que la propuesta le genera enormes dudas. “Nosotros somos más de proyectos colectivos, nos gusta forjar acuerdos con organizaciones políticas, y creemos que los hiperliderazgos personales y los egos desmesurados han sido un problema en la política de la izquierda” aseguró Santiago en declaraciones a La Hora de La 1 de TVE. “Yo creo que eso es un problema, y no la izquierda estatal, que tiene más que acreditada una preocupación por mejorar la vida de la clase obrera de cualquier territorio”, deslizó igualmente el dirigente en respuesta a las críticas de Rufián a los partidos progresistas de ámbito nacional.

Y es que IU ha insistido en los últimos días en que no está de acuerdo con un proyecto como el que defiende Rufián, en el que las izquierdas estatales queden subordinadas a los partidos a la izquierda del PSOE de ámbito autonómico, un debate que ha vuelto a tomar fuerza tras los buenos resultados de Adelante Andalucía en las elecciones del pasado domingo. “Nosotros defendemos un proyecto federal con un proyecto de país integral, que satisfaga a todas las personas que viven en cualquier parte del Estado, y que no anteponga la prioridad regional”, dejó claro Santiago, que sin embargo afirmó que “la propuesta de Rufián, como una propuesta más de la izquierda, con mucho cariño la vamos a estudiar”. Eso sí: “Estamos deseando que alguien nos la explique, porque la hemos pedido en varias ocasiones y no hemos tenido la suerte” de que eso ocurra, deslizó.

Eso es exactamente lo mismo que han pedido los Comuns catalanes: detalles. La presidenta del grupo parlamentario de la formación en el Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, solicitó este jueves una reunión “urgente” con Rufián para que el dirigente aclare cuál es su propuesta para las próximas elecciones generales, y aseguró desconocer si el dirigente “se ha emancipado de ERC”, dado que los republicanos siguen dando un portazo a la propuesta de su portavoz en el Congreso. Rufián “ayer dio un paso que hasta ahora no había dado ni en público ni en privado”, sostuvo Albiach, que celebró la posibilidad de armar un frente amplio por que, a juicio de los Comuns, la mejor solución de cara a las generales es “estar todos, cuantos más mejor” en una misma candidatura. No obstante, la dirigente también llamó a “respetar los procedimientos” de los partidos, en este caso de ERC.

Por el contrario, Movimiento Sumar —el partido de Yolanda Díaz, el más pequeño de los cuatro que están renegociando la alianza Sumar— evitó poner el foco en los problemas que tendría una eventual candidatura de Rufián y se limitó a asegurar que “todos los pasos adelante son bienvenidos”. En un mensaje en sus redes sociales, la formación planteó que “en el desafío que tenemos delante no sobra nadie” y que “tenemos la obligación de construir frentes amplios”, y se mostró convencida de que las izquierdas encontrarán “las formas” de llegar a un acuerdo: “Lo importante es que el pueblo progresista sepa que vamos a estar a la altura y no vamos a permitir que la extrema derecha avance”.

La reacción de Podemos, por el contrario, ha sido más escueta. La secretaria general de la formación, Ione Belarra, se limitó a señalar que quiere ser “muy respetuosa con los tiempos de ERC y de Gabriel Rufián, yo solo puedo hablar por Podemos, y nosotros ya lo hemos dicho, lo que la gente está esperando es que hagamos equipo, colaboremos y estemos a la altura de las circunstancias”.

La presidenta del grupo de Comuns en el Parlamento catalán, Jéssica Albiach, ha solicitado una reunión “urgente” con Gabriel Rufián, para que el portavoz de ERC en el Congreso aclare cuál es su propuesta para las próximas elecciones generales.

Los partidos de izquierdas, incluida ERC, han reaccionado este jueves a las palabras de Rufián de este miércoles. El jefe de filas de ERC en las Cortes redobló su apuesta por la unidad electoral de las fuerzas progresistas, que ha incomodado a su partido, y aseguró que aceptaría ser cabeza de lista en unas elecciones generales si eso “ayudara a que haya colaboración o un espacio de unión” en la izquierda.

El secretario general adjunto de ERC, Oriol López, ha insistido este jueves en recordar que su partido ya es un “frente amplio”, y ha asegurado que mantienen la apuesta por Rufián como candidato en las próximas elecciones generales. Este miércoles Rufián desveló que ha puesto “condiciones” a Esquerra para repetir como candidato.

En una entrevista en La 2Cat, López ha relativizado las palabras de su líder en el Congreso y ha asegurado que no dejará el partido: “ERC liderará en Catalunya, con Gabriel Rufián, un proyecto que puede ser mucho más amplio”.

López ha afirmado que la dirección del partido y Rufián están “muy cerca” sobre la fórmula para presentarse a las elecciones, sin aportar más detalles.

Por su lado, los Comuns han reclamado aclaraciones a la propuesta del portavoz de ERC. En declaraciones a TV3, Albiach ha dicho desconocer si Rufián “se ha emancipado de ERC” o si es el partido republicano el que ha acabado aceptando la propuesta de su líder en el Congreso.

Se ha preguntado si Rufián está negociando con la dirección de ERC la configuración de la candidatura del partido a las próximas generales o si quiere construir una “alternativa estatal” en la que concurran diversas formaciones. “Ayer dio un paso que hasta ahora no había dado ni en público ni en privado”, ha afirmado Albiach.

Para Albiach, la mejor solución es “estar todos, cuantos más mejor” en una misma candidatura, aunque también ha dicho que se deben “respetar los procedimientos” de todas las formaciones.

A favor de la unidad de la izquierda se ha mostrado el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, que “por supuestísimo” se ha mostrado dispuesto a negociar sobre la propuesta de Rufián.

En una entrevista en TVE, Santiago ha señalado que su formación está “deseando” que alguien les explique la propuesta porque lo han pedido “en varias ocasiones” y todavía no han tenido “la suerte” de que se les detalle.

En todo caso, ha precisado que en IU creen que los “hiperliderazgos individuales, los egos desmesurados, han sido un problema en la política de la izquierda en los últimos años” y que son partidarios de un “proyecto de izquierda federal con un proyecto de país integral” y “que no anteponga la prioridad regional”.

Comuns, Movimiento Sumar, IU y Más Madrid llevarán a cabo un nuevo acto conjunto el 30 de mayo en Barcelona, tras los ya celebrados en Madrid, el 21 de febrero, y Sevilla, el 19 de abril. El acto, que nuevamente se hará bajo el lema 'Un paso al frente', tendrá lugar a las 11:30 horas en el edificio ONCE y en el mismo tomarán la palabra los ministros Ernest Urtasun, Pablo Bustinduy y Mónica García.

También hablarán los líderes de IU, Antonio Maíllo, y Movimiento Sumar, Lara Hernández, al tiempo que la bienvenida correrá a cargo del alcaldable de Barcelona En Comú en la capital catalana y secretario primero de la Mesa en el Congreso, Gerardo Pisarello.

Estas cuatro organizaciones ubicadas a la izquierda del PSOE se proponen “conformar una candidatura de izquierdas competitiva, unitaria y pluricional” que plantee “una propuesta sólida y amplia que ponga en el centro la vivienda, los salarios dignos, el coste de la vida, los servicios públicos, el feminismo y la transición ecológica”, subrayan fuentes de Comuns.

Esta alianza, que se muestra “abierta al conjunto de las izquierdas”, debe demostrarse capaz de “hacer frente al avance de la extrema derecha y de proteger y profundizar los avances del Gobierno de coalición”.

Las citadas fuentes reivindican que la ciudad de Barcelona, que bajo el gobierno de Ada Colau fue “pionera” al apostar por el urbanismo simbolizado por las llamadas supermanzanas, ha demostrado en las últimas semanas cómo la izquierda puede pasar “de las palabras a los hechos”, en alusión a la partida de la flotilla hacia Gaza desde la capital catalana.

“El acto del 30 de mayo quiere conectar con este espíritu, una izquierda que no se resigna, que tiene vocación y ambición, que demuestra que las políticas transformadoras se pueden hacer y que la resistencia democrática ante la extrema derecha se construye desde las propuestas y desde la solidaridad”, recalcan desde Comuns.

El anuncio de este acto se produce también el mismo día de que uno de los integrantes de la alianza, Más Madrid, haya rubricado la paz interna en el seno de la formación tras el acuerdo entre la ministra de Sanidad, Mónica García, que encabezará la lista del partido para las próximas elecciones autonómicas, y el portavoz adjunto en la Asamblea, Emilio Delgado, quien ostentará el tercer puesto.

Dicho pacto fija la mirada también en la política nacional y sitúa a tres nombres como “referentes” en una hipotética lista al Congreso. Se trata de la actual diputada en la Cámara Baja Tesh Sidi, el portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño, y Emilio Delgado.

Los socios del Gobierno ya no cierran filas con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al menos no con la misma contundencia que el martes, cuando se conoció su imputación por la supuesta comisión de varios delitos de corrupción. Si antes de que se hiciera público el auto judicial tanto Sumar como los aliados parlamentarios progresistas del Ejecutivo coincidieron en deslizar sus sospechas de que Zapatero podría estar siendo víctima de lawfare, este miércoles, ya con la resolución judicial en la mano, rebajaron el tono, evitaron hablar de una persecución judicial injusta y se mostraron prudentes ante la evolución del caso.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, expresó el martes las “sospechas” que le generaba la investigación a Zapatero, y aseguró que “a nadie que siga las noticias de la prensa y las imputaciones de dirigentes de la izquierda le puede sorprender que algunos tengamos dudas sobre el origen de estas acusaciones”. “Ya se aclarará y entonces corregiré o mantendré las sospechas que tengo ahora”, planteó Martínez horas antes de conocer el contenido del auto. Pero este miércoles, 24 horas después y ya con la resolución judicial en la mano, la portavoz evitó responder a las preguntas de los periodistas sobre si seguía considerando un posible caso de lawfare la imputación a Zapatero.

Quien sí lo hizo fue el portavoz adjunto del grupo de Sumar y líder de IU en el Congreso, Enrique Santiago, que lejos de abonar la teoría de la persecución judicial injusta se limitó a afirmar que, “si se han cobrado cantidades por gestiones políticas”, como asegura indiciariamente el auto de la Audiencia Nacional que hizo Zapatero, “eso es un delito”. “Lo primero que es necesario en este país es regular bien las actividades de los expresidentes” para evitar que este tipo de situaciones puedan producirse, aseguró igualmente Santiago.

Por su parte, fuentes de Movimiento Sumar —el partido de Yolanda Díaz dentro de la coalición Sumar— llamaban este miércoles a la “prudencia” y evitaban en todo momento hablar de lawfare. “Que se investigue todo lo que se tenga que investigar y que se haga con diligencia e independencia, que se examine todo lo que se tenga que examinar y que se explique todo lo que se tenga que explicar”, plantean estas fuentes, que sí dejan caer, eso sí, que “el uso de la justicia con claros fines politicos que en los ultimos años se ha hecho desde algunas organizaciones y por parte de sectores de la judicatura llaman a insistir en la prudencia y en la necesidad de que se investiguen los hechos con diligencia”.

Rufián: “Si es verdad, es una mierda”

Otro dirigente que ha reculado rápidamente con respecto a su posición del martes es el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. El dirigente, antes de conocer el auto del juez José Luis Calama, quiso enviar “un mensaje para según qué jueces: el PP ya está ganando las elecciones autonómicas de forma continuada, no hace falta que hagan política”. Pero este miércoles, tras conocer el detalle de las acusaciones contra Zapatero, Rufián abrió la puerta a que sea “verdad” que el expresidente ha cometido los delitos de los que se le hace responsable, aunque no descartó del todo la posibilidad del lawfare. “Si esto es verdad, es una mierda, y si es mentira, es una mierda aún mayor que hemos visto muchas veces”, planteó el dirigente.

Rufián se dijo “jodido” porque, afirmó, tiene “un enorme respeto y un enorme afecto” a Zapatero. “Pero también tengo ojos en la cara. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda, sí; que existe una cacería judicial, sí, y tanto; que Felipe, Aznar y Rajoy se lo merecen mucho más, sí, también. Pero la izquierda somos otra cosa, y yo le pregunto dónde acaba el lobbysmo y empieza el tráfico de influencias”, cuestionó en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles en su pregunta al presidente Pedro Sánchez.

“No pinta bien el auto”, se limitó por su parte a afirmar la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, al ser preguntada este miércoles por la mañana en relación a la resolución judicial. Las declaraciones también suponen un paso atrás, puesto que el martes, antes de conocer el detalle de las acusaciones, Belarra había puesto el foco en que “la derecha tiene muchas ganas” a Zapatero y había planteado que “no deja de ser sorprendente que, teniendo a expresidentes como Mariano Rajoy, que montó la policía política; a José María Aznar, que es un criminal de guerra; a Felipe González, que montó los GAL; o a Adolfo Suárez, que ha resultado ser un agresor sexual, el primer presidente imputado sea el expresidente Zapatero”.

En la misma línea, la diputada de Compromís Águeda Micó pidió “prudencia” y se limitó a plantear la necesidad de que Zapatero “se pueda defender en el proceso judicial y, si hay corrupción, que caiga todo el peso de la ley” sobre él. Eso sí: Micó también reconoció que “parece que no está tan claro que haya lawfare”, una posibilidad que sí había valorado el martes, cuando sostuvo que habría que ver si la imputación de Zapatero tiene que ver con un caso de corrupción o con “la guerra judicial” emprendida por el PP, y cuando también dijo que le sorprendería que el expresidente hubiera participado en presuntas irregularidades.

Podemos e Izquierda Unida han hecho publico un acuerdo entre ambas formaciones de cara a ofrecer al PSOE regional una nueva propuesta para reformar el Estatuto de Autonomía por la vía de las enmiendas parciales en el texto que actualmente está pendiente de tramitación en el Congreso de los Diputados.

Lo hacen una vez que se han celebrado las elecciones andaluzas porque, tal y como dijeron los socialistas hace unas semanas, se esperaría al término de estos comicios para tomar una decisión sobre si retirar o no la propuesta ante el bloqueo por parte del PP. El propio presidente del Parlamento regional Pablo Bellido dijo en abril que el Estatuto estaba “en muerte clínica”.

Ahora se trataría precisamente de intentar sortear ese bloqueo - aunque solo con sus votos no sería suficiente- tras la espantada del PP que había llegado a un pacto con el PSOE para propiciar la reforma y sin embargo lo rompió dando marcha atrás a la parte que tiene que ver con el número de diputados que han de tener las Cortes de Castilla-La Mancha. Fue en febrero. El PP lo hizo en mitad de procesos electorales -y conformación de gobiernos con Vox- en varias autonomías y los socialistas lo interpretaron como una forma de plegarse al partido ultra.

Tras aquello, partidos políticos como Movimiento Sumar, Podemos e IU salieron a la palestra ofreciendo al PSOE pactar un texto alternativo que permitiese sacar el nuevo Estatuto de Autonomía adelante. Solo es necesario que pase el filtro del Congreso, antes de regresar a las Cortes regionales, donde la mayoría absoluta del PSOE permitiría su aprobación.

Ahora IU y Podemos han presentado de forma conjunta un nuevo texto al PSOE. IU ya avanzó en marzo los detalles que ahora han sido matizados (entonces se hablaba de 65 diputados como máximo) tras acordarlo con la formación morada.

Se incluye un un total de cuatro enmiendas sobre vivienda, derechos LGTBIQA+, la idea de blindar derecho al aborto y una horquilla para las Cortes de Castilla-La Mancha de entre 55 y 75 diputados.

Invertir un 2% del presupuesto regional en vivienda pública

Según el acuerdo, se busca por un lado promover políticas públicas destinadas a evitar la especulación inmobiliaria, asegurar el acceso asequible al alquiler y favorecer el desarrollo de un parque público de vivienda, con una inversión en cada ejercicio presupuestario de al menos el 2% del presupuesto autonómico y con capacidad de atender las diferentes necesidades ante las dinámicas de crecimiento o de pérdida de población.

La enmienda número dos, sobre derechos de las personas LGTBIQA+, plantea incorporar al Estatuto que el colectivo vea reconocido el derecho a la dignidad, libertad y autonomía, incluida la autonomía corporal, que incluye el derecho de cada persona a la autodeterminación en relación con su cuerpo, sexo, género, prácticas u orientación sexual y a ser tratada con respeto a la misma.

Según la tercera enmienda, se plantea que el Estatuto, en el marco de los derechos fundamentales, establezca la obligación institucional de “garantizar los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”. Así pues, los poderes públicos garantizarán el ejercicio a una interrupción voluntaria del embarazo “que sea libre, segura, informada, plena y universal en los centros sanitarios públicos de Castilla-La Mancha, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos humanos de la dignidad, la integridad y la autonomía corporal”.

El tamaño del Parlamento regional: entre 55 y 75 diputados

Por último, proponen la modificación del número de representantes en las Cortes de Castilla-La Mancha, con una horquilla de entre 55 y 75 diputados.

En su exposición de motivos, explican ambos partidos que Castilla-La Mancha “se encuentra ante una oportunidad histórica para actualizar su marco estatutario y adaptarlo a las necesidades sociales, económicas y democráticas del siglo XXI” y añaden que tras meses de bloqueo ahora “resulta imprescindible avanzar hacia un nuevo consenso que sitúe en el centro los derechos de la ciudadanía, el fortalecimiento de los servicios públicos y la profundización democrática”.

Esta propuesta conjunta se presenta “como alternativa constructiva que permita desbloquear la situación actual”, y todo ello “incorporando avances en derechos sociales, civiles y políticos, así como mejoras en la representación democrática de las instituciones autonómicas”.

“Una propuesta que nace de fuerzas políticas radicadas en Castilla-La Mancha y pensadas para el bienestar de la ciudadanía a la que representamos en más de un centenar de municipios de nuestra región”, aseguran Podemos e Izquierda Unida.

Una propuesta que nace de fuerzas políticas radicadas en Castilla-La Mancha y pensadas para el bienestar de la ciudadanía a la que representamos en más de un centenar de municipios de nuestra región"

Como “principios rectores” de estas propuestas, apuntan a su interés en una “centralidad de los derechos sociales como base del bienestar y la cohesión territorial”; así como la “garantía de derechos fundamentales y libertades individuales, con especial atención a la diversidad”.

Pretenden igualmente “fortalecer los servicios públicos como pilares del Estado del bienestar”; el equilibrio territorial y lucha contra la despoblación; y la regeneración democrática y mejora de la representación institucional.

Una reforma en tiempo de descuento: la legislatura termina en un año

Ahora, aceptar la propuesta queda en manos del PSOE, aunque el presidente regional Emiliano García-Page siempre ha mantenido su intención de buscar el “consenso” con quien representa la mayoría de la oposición en el Parlamento, el Partido Popular, alejándose así de la postura de Dolores de Cospedal durante su etapa al frente de la Junta de Castilla-La Mancha que sacó adelante una reforma en lo que afecta a la ley electoral y el número de diputados sin consenso parlamentario.

Desde hace meses sobrevuela la idea de una retirada del texto para reformar el Estatuto de Autonomía. El pasado mes de abril, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha Pablo Bellido rechazó la idea de aprobar un texto “impuesto, cercenado y manipulado”.

Por otro lado, la legislatura se encuentra ya en tiempo de descuento. Queda un año para las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha, casi lo mismo que resta para las elecciones generales (si no hay adelanto electoral) que disolverían el Congreso de los Diputados y la posibilidad de aprobar la reforma estatutaria.

Vuelco en la izquierda alternativa en Andalucía. Por primera vez en la historia, el espacio a la izquierda del PSOE no estará liderado por IU o una coalición en la que esté presente la federación, puesto que la alianza Por Andalucía ha sido ampliamente superada por Adelante Andalucía en las elecciones autonómicas de este domingo. La candidatura de Antonio Maíllo ha obtenido un 6,3% de los votos y cinco diputados, casi la mitad que los andalucistas de José Ignacio García, que han cuadruplicado sus resultados de hace cuatro años, alcanzando ocho escaños en el Parlamento andaluz con el 9,6% de los sufragios.

Con su resultado de este 17M, IU —que se presentó en coalición con Movimiento Sumar y Podemos, quien se sumó in extremis— empata el peor registro de su historia en unas elecciones autonómicas en Andalucía: el que logró, también en coalición con Podemos, en las elecciones de 2022. “El resultado obtenido no cumple con nuestras expectativas de crecimiento ni con el objetivo de echar a Moreno Bonilla de la Junta de Andalucía”, ha resumido el líder de la alianza de izquierdas en su comparecencia al borde de cerrar el escrutinio.

Durante el recuento, los de Maíllo respiraron aliviados al recuperar el diputado que, hasta bien avanzado el escrutinio, daban por perdido, lo cual se hubiera traducido en perder el grupo propio en la Cámara baja andaluza. Finalmente, la formación de izquierda –que aglutina a siete partidos con IU, Podemos y Sumar como mascarón de proa– sumó también el escaño de Granada, noticia que fue recibida entre aplausos en una sede de IU en Sevilla, desde donde ha seguido el escrutinio la coalición de Antonio Maíllo.

La coalición de Maíllo partía con ventaja frente a Adelante (cinco diputados frente a dos), su adversario directo a la izquierda del PSOE. Sin embargo, el temido sorpasso que vaticinaba el CIS se ha terminado produciendo y el partido andalucista y anticapitalista que fundó Teresa Rodríguez, hoy comandado por José Ignacio García, ha logrado imponerse a la candidatura del coordinador federal de IU.

La reunificación entre IU, Sumar, Podemos –alcanzada in extremis– no ha logrado movilizar al electorado progresista, que ha optado por apoyar a la alternativa de José Ignacio García. Presentarse como la izquierda “útil” que “quiere gobernar” –representando a los ministros de Sumar en el Gobierno de Sánchez– no ha favorecido a la candidatura de Maíllo.

Esa era la principal diferencia entre los proyectos de Por Andalucía y Adelante Andalucía, ya que los segundos se han desmarcado de gobernar junto al PSOE y se han mostrado muy críticos con la participación primero de Unidas Podemos y luego de Sumar en los dos últimos ejecutivos centrales. Frente a esa posición, la coalición que lidera Antonio Maíllo había abogado durante la campaña por un proyecto que “defiende su tierra con un proyecto propio, pero con capacidad de influencia en el conjunto del país desde todos los niveles institucionales”.

Pese a no cumplir sus expectativas, Maíllo ha asegurado que desde la coalición que capitanea “estamos orgullosos de nuestro trabajo y del que vamos a hacer”. En ese sentido, ha garantizado que Por Andalucía “va a seguir siendo una izquierda útil que defiende los servicios públicos y la apuesta y defensa de lo común”. Y ha avanzado que desde su grupo “no va a haber tregua en el gobierno del PP”, al que ha equiparado con Vox, con quien presumiblemente tendrá que pactar tras perder la mayoría absoluta.

Varapalo para Sumar pese al crecimiento del espacio

Las réplicas del terremoto en el espacio de la izquierda alternativa andaluza también llegan a Madrid. El varapalo recibido por la alianza Por Andalucía supone igualmente un bofetón para el espacio a la izquierda del PSOE a escala estatal, que se encuentra en pleno proceso de reconstrucción, sin candidato para las generales tras el paso atrás de Yolanda Díaz y pendiente de un reencuentro con Podemos que, en Andalucía, no ha servido para impulsar los resultados.

A nivel nacional, la lectura es ambivalente: buena para el espacio ideológico a la izquierda del PSOE, pero extremadamente negativa para Sumar, como referente en el resto de España de Por Andalucía, y para Podemos, como integrante de la coalición en las elecciones de este domingo. Sumando sus votos, Adelante Andalucía y Por Andalucía logran rozar el 16% de los sufragios, y esa cifra es extraordinariamente positiva para un espacio que lleva años encadenando malos resultados, con excepciones como las elecciones extremeñas de febrero. De hecho, en conjunto la izquierda alternativa iguala el porcentaje de voto logrado en 2018, cuando todas las sensibilidades del espacio (IU, Podemos y los andalucistas anticapitalistas ahora insertos en Adelante) se presentaron unidos en una única candidatura.

La alegría, no obstante, va por barrios, porque todo el crecimiento del espacio a la izquierda del PSOE se debe a la subida de Adelante. Y eso evidencia que el proceso de reconstrucción de la alianza Sumar que están llevando a cabo IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns no está sirviendo —al menos por el momento— para ganar apoyos, pese a que Maíllo aspiraba a tener “unos buenos resultados” en Andalucía para “facilitar una aceleración del proceso unitario en el resto del país”, como explicó en una entrevista con elDiario.es en la que también aseguró que “lo que pasa en Andalucía no solo queda en Andalucía”

La unidad con Podemos, señalada por IU como un objetivo de primer orden, tampoco ha servido para impulsar los resultados del espacio a la izquierda del PSOE, al menos en Andalucía. Es cierto que el pacto para una candidatura conjunta de cara a las elecciones de este domingo se firmó a última hora y tras meses de choque frontal por la negativa de los morados a integrarse en Por Andalucía. También lo es que no se ha visibilizado durante la campaña un entendimiento demasiado estrecho entre IU y Podemos, puesto que la dirección estatal liderada por Ione Belarra se ha limitado a celebrar actos de campaña con los candidatos de su partido y no ha participado en mítines con el resto de los partidos de la coalición. Pero los resultados andaluces demuestran que reconstruir los puentes entre las izquierdas tras años de desencuentro no sirve, por sí solo, para revitalizar un espacio maltrecho, especialmente si existe un competidor directo en la izquierda alternativa.

El golpe es especialmente duro para IU, puesto que ha cosechado un muy mal resultado en que es su principal feudo electoral y con su líder como candidato. La federación queda muy tocada de cara a la negociación con Movimiento Sumar, Más Madrid y Catalunya en Comú para la reconfiguración de Sumar, en la que el peso de los diferentes actores será clave para definir asuntos como la marca, el candidato o el método de elección de las listas para las próximas elecciones generales. Y el liderazgo de Maíllo también queda dañado, puesto que el líder de IU asume en primera persona el escaso botín de Por Andalucía.

Además, el resultado de este domingo vuelve a poner el foco sobre la propuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de conformar para las próximas generales una alianza entre las izquierdas a la izquierda del PSOE comandada por los partidos de ámbito territorial. Tras conocer el éxito de Adelante, Rufián publicó un mensaje en su cuenta de X en el que aseguraba que las izquierdas de ámbito estatal “son el problema” y en el que también afirmaba que este “es el momento de las izquierdas soberanistas”, un posicionamiento que eleva la presión sobre los partidos de Sumar en favor de Adelante. No obstante, los andalucistas han evitado secundar por el momento la propuesta de Rufián, que tampoco respaldan ni ERC, ni EH Bildu ni BNG.

Los continuos atropellos en el Paseo de la Rosa de Toledo, la arteria del barrio de Santa Bárbara, siguen en el punto de mira político de la ciudad, tras los dos accidentes seguidos en el mismo punto de esta vía en las últimas dos semanas. Los partidos políticos de la oposición han rechazado en bloque las medidas que el Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, está estudiando para evitarlos y que el alcalde, Carlos Velázquez, ha adelantado: soterramiento o pasarelas.

Para el concejal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, no son soluciones viables. En su lugar aboga por la educación y la concienciación al margen de medidas más realistas y de aplicación más económica e inmediata.

Y es que, las medidas “drásticas”, tal y como definió el propio alcalde, son “una reacción impulsiva y excéntrica” que no se soportan en sí mismas ni desde el punto de vista técnico, ni económico. Sin embargo, recuerda el portavoz de IU, el alcalde tiene en su mano, desde que empezó la legislatura, la puesta en marcha del “enmohecido” parque de educación vial, una instalación que “ha servido a generaciones de toledanos y toledanas para formarse en materia de seguridad y tráfico”.

Se muestra firmemente convencido de que “no hay nada más drástico que la educación” y por eso considera que la base para evitar los atropellos pasa por una “sólida educación vial” al margen de la instalación de medios preventivos como semáforos o radares pedagógicos, tal y como se han debatido y aprobado en el Consejo de Participación de Santa Bárbara.

IU presentó alegaciones para recuperar el parque de educación vial

De hecho, Izquierda Unida ya presentó alegaciones al presupuesto de 2022 para la recuperación de este recinto, que fue una de sus apuestas electorales, y volvió a alegar a los presupuestos con esta intención en 2023 y 2024. Es más, volvió a insistir en el arreglo y puesta en actividad del parque de educación vial cuando se dio a conocer el proyecto de recuperación del Paseo de la Vega solicitando que se incluyera en el proyecto como complemento a la oferta de ocio y formación.

Por otro lado, considera oportuno la instalación de pictogramas en los pasos de peatones que más allá de servir a las personas con discapacidad cognitiva pueden ser útiles para todos los peatones. Al respecto, recuerda el concejal de IU que la Corporación local aprobó en Pleno y por unanimidad una moción de este grupo municipal para la instalación de estos pictogramas y que el actual equipo de Gobierno no los quiso incluir en el proyecto de presupuestos de 2026 pese a la alegación presentada por IU para este fin.

También el PSOE ha arremetido contra el equipo de Gobierno de PP y Vox. La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Abellán, ha mostrado su “profunda preocupación” por el aumento de atropellos y ha exigido “medidas prácticas, urgentes y eficaces” para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas de Santa Bárbara.

Ha recordado que la Asociación Vecinal Alcántara viene mostrando su preocupación por esta situación y ha subrayado que “esa inquietud no puede echarse en saco roto”. “Ayer tuvimos otro atropello más en el Paseo de la Rosa. ¿Cuántos avisos necesita el alcalde para actuar?”, se ha preguntado Abellán.

La responsabilidad es del alcalde, que debe resolver el error que cometió al partir las competencias de Tráfico entre dos concejales

En este sentido, la edil socialista ha señalado directamente a Carlos Velázquez como responsable político de una situación que, a su juicio, evidencia “la ineficacia de un gobierno fracasado”. “El tráfico y la seguridad vial son competencia del Ayuntamiento de Toledo. Por tanto, la responsabilidad es del alcalde, que debe resolver el error que cometió al partir las competencias de Tráfico entre dos concejales, una de Seguridad Ciudadana y otro de Movilidad, como consecuencia del pacto entre PP y Vox”, ha denunciado.

Ha reclamado así que el Ayuntamiento facilite los datos de atropellos registrados en los últimos años en el Paseo de la Rosa y que convoque una reunión con oposición, vecinos, vecinas y equipo de Gobierno para analizar la situación y buscar una solución consensuada. “Ofrecemos la colaboración del Grupo Municipal Socialista para trabajar en medidas que, si no eliminan por completo los atropellos, al menos reduzcan su frecuencia y su peligrosidad”.

Ana Abellán ha exigido cuatro actuaciones inmediatas: la revisión urgente de todos los pasos de peatones del Paseo de la Rosa, la instalación de medidas efectivas de reducción de velocidad, la elaboración de un plan real de seguridad vial consensuado con los vecinos y vecinas del barrio y la convocatoria de la Comisión de Movilidad, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

“El Paseo de la Rosa necesita actuaciones inmediatas y eficaces antes de que tengamos que lamentar consecuencias más graves. El alcalde debe dejar de esconderse detrás de sus concejales, asumir su responsabilidad y actuar ya”, ha concluido.

Movimiento Sumar: hay una “mala planificación urbana”

A estas críticas se ha unido igualmente Movimiento Sumar de Toledo, que considera que las medidas planteadas por el alcalde “no abordan el problema real” y trasladan las consecuencias “de una mala planificación urbana a quienes se desplazan a pie”.

Para la formación, la prioridad debe ser garantizar una convivencia segura entre peatones y vehículos sin penalizar los recorridos peatonales ni dificultar la accesibilidad. “Si una calle es peligrosa para cruzar, lo que hay que hacer es calmar el tráfico, no esconder o apartar a los peatones”, señalan.

Recuerda además que el límite de velocidad actual en el Paseo de la Rosa ya es de 20 kilómetros por hora, pero que en la práctica no se respeta de manera habitual debido a la ausencia de controles efectivos y a un diseño de la vía que favorece velocidades superiores.

La formación considera que los pasos subterráneos no son una solución adecuada porque “incrementan el esfuerzo y el tiempo de desplazamiento para peatones, generan problemas de accesibilidad e inseguridad y requieren elevados costes de construcción y mantenimiento”. Del mismo modo, las pasarelas elevadas resultan “poco viables” en una vía de estas características y “vuelven a cargar sobre el peatón las consecuencias de un tráfico excesivamente rápido”.

Para este partido, el principal problema del Paseo de la Rosa no es la presencia de peatones, sino el exceso de velocidad y la falta de medidas eficaces para reducirla. Actualmente la vía cuenta únicamente con dos semáforos para ocho pasos de peatones y carece de mecanismos permanentes de control de velocidad. “La seguridad vial no se consigue obligando a la gente a dar rodeos o cruzar túneles, sino diseñando calles donde conducir despacio sea la norma”, concluyen.

Las feministas del PCE-IU denuncian la programación del tenor Plácido Domingo en Logroño y exigen al Ayuntamiento y a las instituciones implicadas en la organización del evento que procedan de inmediato a su cancelación. El concierto está programado para el sábado 23 de mayo en el Riojaforum, dentro del festival La Rioja Festival, que recibe una financiación de 387.200 euros del Gobierno de La Rioja.

Las organizaciones recuerdan que Plácido Domingo fue investigado y reconoció públicamente comportamientos inapropiados tras las denuncias de más de veinte mujeres que lo acusaron de acoso y agresión sexual a lo largo de décadas. Para las feministas del PCE e Izquierda Unida, permitir que este artista actúe en un escenario sufragado o respaldado con fondos públicos constituye “un mensaje devastador para las víctimas de violencia sexual y una contradicción flagrante con las políticas de igualdad que las instituciones dicen defender”.

Las feministas del PCE-IU califican de “profundamente equivocada” la decisión de programar este concierto y la consideran “un error político sin justificación alguna”, dado que “las instituciones deben ser coherentes con el compromiso social de erradicar la violencia machista y no convertir los escenarios públicos en altavoces de quienes han ejercido esa violencia”.

Subrayan, además, que la impunidad cultural con la que ciertos artistas de renombre continúan actuando ante el silencio de las administraciones “alimenta la cultura de la violación y manda el peor mensaje posible a la sociedad, especialmente a las mujeres y a las víctimas que se atrevieron a alzar la voz”.

Por todo ello, las feministas del PCE-IU exigen a las instituciones logroñesas y riojanas que retiren de forma inmediata su respaldo a este evento y que, en coherencia con las leyes de igualdad vigentes, establezcan criterios claros para impedir que personas señaladas por violencia sexual actúen en espacios o con fondos públicos.

Asimismo, las feministas del PCE-IU se suman al llamamiento al boicot cultural a artistas vinculados institucionalmente al estado genocida de Israel, en el contexto del concierto del pianista israelí, Shai Maestro, celebrado en Logroño el día 7 de mayo.

Recuerdan que Israel lleva más de dieciocho meses perpetrando lo que organismos internacionales, relatores de la ONU y numerosas instituciones jurídicas han calificado de crímenes de guerra y genocidio contra el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania. Ante esta situación, las feministas del PCE-IU consideran que la comunidad artística e institucional “no puede mantenerse al margen y continuar con la normalidad como si nada ocurriera”.

Las feministas del PCE-IU defienden que el boicot cultural es “una herramienta legítima y necesaria de presión política” ante la inacción de los gobiernos occidentales, y recuerdan que el propio Parlamento Europeo, numerosos sindicatos y organizaciones de la sociedad civil han secundado llamamientos similares. Estas organizaciones instan al Ayuntamiento de Logroño a valorar la cancelación o, cuando menos, a no destinar fondos públicos a la promoción de eventos parecidos en un futuro, en solidaridad con el pueblo palestino y en línea con la posición mantenida por las fuerzas progresistas a nivel estatal e internacional.

Para las feministas del PCE-IU, “una ciudad que se dice comprometida con los derechos humanos no puede ofrecer sus mejores escenarios a quienes representan, directa o indirectamente, instituciones responsables de violaciones masivas del derecho internacional”.

El concejal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, va a reclamar a la Concejalía de Seguridad Ciudadana que solicite a la Policía Local un informe sobre las indagaciones que se han llevado a cabo tras la denuncia de la existencia de un cementerio de animales en el parque Puy du Fou que publicó elDiario.es.

Apunta el concejal que este parque se encuentra en término municipal de Toledo y que, por tanto, parece lógico que desde la Policía Local se lleve a cabo alguna actuación que pueda dar luz sobre esta cuestión. “Nos preocupa la situación y entendemos que es necesario esclarecer qué hay de verdad en las denuncias que se han hecho públicas y que hablan de una práctica irregular en un parque que está en término municipal”.

El portavoz de IU recuerda que Puy du Fou, un proyecto que ha recibido 27 millones de euros de fondos públicos “a fondo perdido”, debe cumplir con la Ley de Bienestar Animal y que el Ayuntamiento de Toledo debe vigilar que se cumple, tanto desde la Policía Local como desde la Concejalía de Medio Ambiente, y que debería realizar las pertinentes inspecciones.

“Les guste o no, hay una Ley que regula y garantiza el bienestar de los animales y que establece cómo han de ser enterrados cuando mueren, y forma parte de la responsabilidad del equipo de Gobierno municipal cumplir y hacer cumplir con esta ley”, sostiene Fernández.

El concejal de IU, que integró la plataforma 'Queremos saber la verdad sobre Puy du Fou', rememora que desde los orígenes del proyecto se advirtió de que el elevado número de animales que se necesitaban para los espectáculos obligaba a contar con una política clara y transparente sobre su cuidado y bienestar, y “hoy comprobamos que no parece que se respete ni la Ley de Bienestar animal”.

Todos los papeles están “en regla”, insiste el Gobierno regional

Precisamente, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a pronunciarse sobre este tema por boca de su consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha insistido en que el Ejecutivo regional no ha tenido ninguna denuncia al respecto.

Según ha dicho, la retirada de cadáveres de los animales y todas las comprobaciones que se han hecho “concuerdan con la más absoluta legalidad”. “No ha habido denuncia ni ante los juzgados ni ante la autoridad medioambiental ni tampoco en materia zoológica ante la Comunidad autónoma”. Todos los papeles “están en regla, pero no solamente desde hoy, sino desde siempre”, ha incidido el consejero.

El actual concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, sustituirá al actual alcalde de Zamora, Francisco Guarido, que es el único alcalde de IU en una capital de provincia española, como cabeza de lista de Izquierda Unida para las elecciones municipales de 2027.

Guarido, que cumplirá doce años al frente del Ayuntamiento de Zamora, ya había anunciado su negativa a continuar un cuarto mandato y la asamblea provincial de IU ha designado por consenso a Novo, de 31 años, como nuevo candidato. Del mismo modo, ha acordado que como número dos de la candidatura figure la actual concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas.

El actual alcalde ha indicado que tras 28 años que hará en 2027 como concejal ha cumplido “un ciclo muy amplio” y no va a volver a aspirar a formar parte de la Corporación municipal, aunque ayudará al partido y al nuevo candidato en todo lo que le pidan.

También ha resaltado que Pablo Novo y María Eugenia Cabezas forman “un tándem extraordinario” y como concejales han sido ambos “muy innovadores”.

Decisión por consenso

Por su parte, Pablo Novo, graduado en Historia y máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, ha declarado que para él supone una “enorme responsabilidad” sustituir a Guarido como candidato, una decisión que junto a la de la número dos se adoptó por consenso previamente en las asambleas que semanalmente celebra la agrupación local de IU de Zamora.

Ha subrayado que IU en Zamora, donde gobierna en el ayuntamiento desde 2015, tienen un equipo “cohesionado” y con “experiencia de gestión pública”.

Por ello, ha indicado que el tándem que conforma con María Eugenia Cabezas y con ese equipo cohesionado tiene intención en 2027 de “saltar al ruedo a volver a ganar la alcaldía”. Además, el actual alcalde les va a ayudar “aconsejándonos en muchos aspectos” porque la experiencia que tiene es “impagable”.

El candidato de IU a la alcaldía de Zamora en 2027 ha explicado que su candidatura se adoptó de forma consensuada por la militancia local, aunque no ha sido una decisión fácil ni resulta fácil la labor de gobierno en el ayuntamiento, que continuará como su prioridad hasta final del mandato.

La decisión la ha adoptado “desde la responsabilidad, para obtener el mejor resultado y dar el mejor servicio a nuestros ciudadanos”, ha declarado. Por su parte, María Eugenia Cabezas, ha subrayado la experiencia de gobierno de Pablo Novo, quien “a pesar de su juventud tiene una madurez que no tienen la mayoría de los jóvenes hoy en día”.

Izquierda Unida (IU) celebrará este jueves, a las 18.30 horas, una charla informativa dirigida a la población migrante de Torrelavega con el objetivo de ofrecer orientación, asesoramiento y acompañamiento en los distintos procesos de regularización y trámites de extranjería.

El encuentro tendrá lugar en la sede de Comisiones Obreras en la capital del Besaya (calle Ansar, 5) y se enmarca en la iniciativa puesta en marcha por IU para facilitar información práctica dentro del proceso extraordinario de regularización abierto por el Gobierno de España, ha indicado la formación en nota de prensa.

Según IU, “muchas personas extranjeras se encuentran en situaciones de inseguridad administrativa que derivan en precariedad laboral, problemas de acceso a la vivienda o incluso situaciones de explotación”, por lo que considera “fundamental” acercar información útil y generar espacios de apoyo y acompañamiento colectivo.

El coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, ha explicado que estas charlas buscan también combatir la desinformación y los discursos de odio mediante información rigurosa y cercana, y reforzar el trabajo conjunto con sindicatos y entidades sociales que trabajan habitualmente con población migrante.

Tras la charla que IU ha realizado en Santander el pasado 5 de mayo, en la que participaron personas migrantes y otras pertenecientes a asociaciones en contacto directo con personas extranjeras, IU prevé continuar desarrollando nuevas sesiones informativas en diferentes municipios de Cantabria en las próximas semanas, con el fin de ampliar el acceso a la información y garantizar que los derechos de las personas migrantes puedan ejercerse en igualdad de condiciones.

Tres formaciones políticas, Izquierda Unidad, Podemos y Movimiento Sumar, han anunciado este lunes su adhesión a la campaña 'La Sagra Existe', impulsada por el sindicato STE-CLM, en la que se denunciará la situación que atraviesan numerosos centros educativos de la comarca toledana de la Sagra debido a la falta de recursos, la masificación y el deterioro de las condiciones educativas. Para el próximo 28 de mayo han anunciado una protesta frente a la sede de la Consejería de Educación, en Toledo.

En un comunicado de prensa, Izquierda Unida ha indicado que considera “inadmisible” que una de las zonas con mayor crecimiento demográfico de Castilla-La Mancha continúe sufriendo graves carencias estructurales en materia educativa, afectando tanto al alumnado como al profesorado y al conjunto de la comunidad educativa.

La formación comparte las reivindicaciones planteadas por STE-CLM y las AMPA adheridas a esta campaña, entre ellas la “necesidad urgente” de aumentar la inversión educativa en la comarca, reducir las ratios, ampliar las plantillas docentes, construir nuevas infraestructuras y garantizar recursos suficientes para ofrecer una educación pública de calidad y en condiciones dignas.

Muestra también su respaldo a las movilizaciones convocadas en defensa de la educación pública y han señalado que “no se puede seguir normalizando la existencia de macrocentros saturados, la pérdida de espacios educativos o la falta de atención a las necesidades específicas del alumnado”.

La organización considera “fundamental” que el Gobierno regional escuche las demandas de docentes, familias y estudiantes de La Sagra “y adopte medidas inmediatas que permitan revertir una situación que lleva años agravándose”.

Podemos también apoya la protesta prevista para el 28 de mayo

En similares términos se ha pronunciado el coordinador de Podemos Castilla-La Mancha José Luis García Gascón, tras reunirse con el Sindicato Técnico de la Educación, STE-CLM. La formación morada apoya también las movilizaciones para “visibilizar la situación que atraviesan centros educativos tensionados de la comarca de la Sagra y de otros centros de la región con problemáticas sociales en Ocaña, Torrijos, el Corredor del Henares y barrios populares de Albacete, entre otros”.

Recuerda que el pasado 5 de marzo durante la reunión con la viceconsejera de Educación, Mar Torrecilla, el sindicato STE-CLM le hizo entrega de 1.132 firmas docentes, pese a lo que desde el sindicato educativo, señala Podemos, “no han observado avances significativos por parte de la Junta”.

Irene Arcalá, también coordinadora de la formación morada en la región reclama a la Junta “atender las demandas de la comunidad educativa de estos centros que están atravesando situaciones de grave dificultad”. El lema de la campaña 'La Sagra Existe, no nos abandonen' es “una llamada de alerta para revertir esta situación” señalan desde Podemos.

Insiste en la necesidad de que “se produzcan avances efectivos que permitan atender la situación de estos entornos educativos” y también “en el desarrollo de una estrategia conjunta por parte de estos centros con el refuerzo de servicios sociales para mejorar la comunidad y sus necesidades”.

Un aumento de plantilla, aumento de infraestructuras, equipos de orientación entre otras, son las demandas que el STE elaboró con el apoyo de 1132 docentes desde el curso pasado y que, desde la formación morada expresan su compromiso “a incorporarlas en nuestro programa electoral si la Junta sigue sin llevarlas a cabo en este último año de legislatura”.

Movimiento Sumar habla de “situación cada vez más compleja”

Desde Movimiento Sumar Castilla-La Mancha han denunciado en un comunicado que la comarca lleva “años soportando ratios elevadas, centros masificados, pérdida de espacios educativos y falta de recursos” para atender una realidad social “cada vez más compleja”.

Además, critican la ausencia por parte del Ejecutivo autonómico de “soluciones suficientes”. “La Junta tiene capacidad para priorizar recursos públicos, pero falta voluntad política para responder a la realidad que vive La Sagra”.

“La comunidad educativa de La Sagra lleva años sosteniendo la educación pública en condiciones cada vez más difíciles y merece que la Junta esté a la altura, dotando a los centros de los recursos necesarios para garantizar una educación pública digna y de calidad”, añaden desde la formación.

En las paredes de un céntrico bar de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) hay dos fotografías de Antonio Maíllo. En una viste camisa negra y tiene 33 años, aparece en un extremo de la imagen, junto a otras 20 personas: es el que cierra la lista electoral de Izquierda Unida (IU) en las municipales de 1999. La otra foto es un cartel electoral, lleva una camisa blanca, está solo, tiene 59 años y es el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las andaluzas del próximo 17 de mayo.

En el ecuador de la campaña, la caravana de Por Andalucía ha hecho una parada en el Barrio Alto, la zona más antigua de Sanlúcar, para que Maíllo se reencuentre con su yo de juventud, como quien se asoma al retrato de Dorian Gray. En este municipio, hoy de 70.000 habitantes, el candidato empezó a dar clases de Latín y fue concejal en el Ayuntamiento hace 37 años.

Llevaba militando en IU desde su fundación, en 1986, pero es aquí, “el barrio de los comunistas”, donde empieza a construir su perfil político. “A Antonio siempre le hemos llamado el niño, porque de jovencito, siendo maestro de aquí, tenía cara de niño, con muy poca barbita”, dice María, una de las señoras que le achucha cuando le ve entrar en la Plaza de la Paz.

Este alto en el camino del candidato no es uno más. Las campañas electorales hoy son emocionales, el estado anímico mueve a la tropa, y el jovencísimo equipo que acompaña a Maíllo -ninguno había nacido cuando él ya impartía clases en Sanlúcar- necesita que el jefe se vea arropado por el cariño de los suyos.

Necesitan que Maíllo se reencuentre con la “alegría revolucionaria” que él mismo reivindicó, hace 13 años, cuando fue nombrado coordinador andaluz de IU, para transformar la imagen arquetípica de una izquierda siempre mosqueada, gris, siempre con el ceño fruncido.

Las dos fotos de Antonio Maíllo están colgadas de las paredes de un bar que es, a la vez, sede de IU y del Partido Comunista, donde militan los de la hoz y el martillo, pero también los simpatizantes del pescaíto frito y la gamba blanca. Aquí el pescado está por encima de la ideología, “puedes ver entrar a un señor con la pulserita de Vox a llevarse un cartucho de puntillitas”, bromea. En las servilletas de papel aparece el logotipo de Izquierda Unida.

Cuando el candidato se mete en el bar, desde las paredes le observan los retratos de Julio Anguita, Marcelino Camacho, la Pasionaria, el Che Guevara y José Luis Medina Lapieza, primer alcalde de IU en Sanlúcar de Barrameda en democracia. No volvió a haber otro hasta las municipales de 2023, cuando tomó el bastón de mando la actual regidora, Carmen Álvarez, que también fue alumna de Maíllo en el instituto Francisco Pacheco.

En Sanlúcar fue el PP quien ganó las últimas elecciones con nueve concejales (de 25), pero PSOE e IU lograron siete diputados cada uno y pactaron un gobierno de coalición, nombrando alcaldesa a la dirigente comunista que había obtenido más votos que los socialistas. Apenas un año después, la acuerdo saltó por los aires, el PSOE abandonó el Ejecutivo e Izquierda Unida siguió gobernando en minoría.

La estampa es un aviso a navegantes para Maíllo, que acude a los comicios del 17 de mayo con el propósito de cogobernar con el PSOE de María Jesús Montero “si dan los números”. “Yo no me engaño: un gobierno de coalición es un verdadero dolor, un quebradero de cabeza, pero es nuestra responsabilidad, nuestra obligación y nuestro compromiso”, dice. En ese momento, quizá, por su cabeza atraviesan los cortocircuitos que sufre el actual Gobierno PSOE-Sumar -“en Vivienda nos han dejado tirados”- o los que vivió en el primer Gobierno andaluz de coalición PSOE-IU [2012-2015], del que sería expulsado por Susana Díaz.

En una mesa del bar-sede del PCA, hay dos parejas octogenarias comiendo que, al ver entrar al candidato, pegan un respingo y le dan un abrazo. Una de las señoras le zarandea con cariño, luego se gira hacia los periodistas y hace un pronóstico electoral: “Le he dicho a Antonio que lo vamos a conseguir. Y si no es en ésta, será en la siguiente o en la siguiente. Lo importante es que hoy estamos bien. Tengo 83 años y me quiero, porque para que los demás te quieran, primero una tiene que quererse a sí misma”.

La señora, ufana, se despide y sale del bar tanteando con un abanico las mesas y las sillas que tiene por delante. “Los de la ONCE me dicen que me lleve el bastón, porque veo poco, pero yo con el abanico me apaño”, dice antes de marcharse.

A Maíllo vienen parándole y abrazándole por las calles de Sanlúcar desde la Cofradía de Pescadores, en el barrio de Bonanza, donde por la mañana se ha reunido con los trabajadores para escuchar que la subida del precio del carburante, como consecuencia de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, les tiene fritos. “La liberación de los precios es un fraude. Las compañías especulan con el precio del petróleo, se ponen de acuerdo, y vosotros no lo notáis”, les cuenta a los pescadores.

El coordinador federal de IU nació en Lucena (Córdoba), aprobó las oposiciones de profesor de Latín y obtuvo su primera plaza en expectativa de destino definitivo en el instituto Francisco Pacheco, el más antiguo de Sanlúcar. En el autobús electoral, Maíllo recuerda que era un centro de enseñanza “con mucha solera, muy involucrado con la gente del pueblo”, y a la alcaldesa, le dice que aún lo es, que el instituto expone en el municipio las obras del alumnado del Bachillerato de Artes.

“Entonces yo tenía 23 años, un sueldazo para esa edad, pagaba un alquiler de 21.000 pesetas [120 euros], y salía a divertirme por las noches con mis alumnos, que tenían 18 años”, recuerda. Con dos de sus alumnos volvería a reencontrarse como contrincantes políticos: la expresidenta de la Diputación de Cádiz y diputada del PSOE en esta legislatura, Irene García; y el anterior alcalde del municipio, Víctor Mora. “En Sánlúcar estuvo sólo seis años, hasta que le dieron plaza definitiva en Aracena (Huelva), pero aquí dejó huella. Yo le recuerdo siempre sonriendo”, dice Javier Franco, jefe de prensa de la alcaldesa, que también fue su alumno.

Maíllo se marchó de Sanlúcar, pero siguió manteniendo el contacto. Volvería en el 99 para cerrar simbólicamente la lista electoral de IU, como atestigua aquella foto descolorida de grupo que cuelga de la pared del bar del PCE. Luego siguió impartiendo clases de Latín durante 13 años en Aracena (Huelva), donde tiene su plaza y su casa, donde se presentó dos veces como candidato a Alcalde, en 2003 y en 2007.

En el verano de 2013, con 47 años, Maíllo abrió un nuevo tiempo en la vetusta Izquierda Unida de Andalucía, con un lema que sonó a toda una declaración de principios: “La alegría es revolucionaria. Hay que defender la alegría como una trinchera”, dijo, citando un poema de Benedetti, en aquella asamblea andaluza, donde sustituyó al veterano Diego Valderas, donde sonó -como siempre- el himno de la clase trabajadora, La Internacional, y luego se escuchó -como nunca- la canción Always look on the bright side of the life [Busca siempre el lado bueno de la vida], de los Monty Python.

Han pasado 13 años, varios ciclos electorales, varias coaliciones fallidas en la izquierda, un cáncer de estómago superado, los indignados del 15M, la irrupción de partidos emergentes, el declive de partidos emergentes, la derrota del PSOE andaluz tras 37 años de gobiernos, la hegemonía de la derecha en Andalucía, la eclosión de la ultraderecha, la polarización, la pandemia, la desafección política, la crisis del asociacionismo que nutre de activismo a las izquierdas, la rabia en el Congreso, la guerra...

El adiós de Antonio Maíllo en 2019 -“la política tiene que ser compatible con la vida”-; el regreso de Antonio Maíllo, que anunció su candidatura para liderar la coalición Por Andalucía el año pasado: “No puedo quedarme parado viendo cómo la derecha desmantela los servicios públicos en Andalucía”.

Y aquí nos dejó la riada, en Sanlúcar de Barrameda, donde desemboca el río Guadalquivir. Donde empezó todo. A Maíllo se le ha congelado aquella sonrisa con los años. En su primera campaña como candidato de IU, en las autonómicas de 2015, se enfrentó al fantasma del sorpasso de un volcán político como Podemos, liderado entonces por Teresa Rodríguez. Tenían 12 diputados y habían sido socios del PSOE de Susana Díaz en el primer Gobierno de coalición de socialistas y comunistas. Logró salvar los cinco escaños necesarios para tener grupo parlamentario propio.

Ahora, las encuestas le son tan adversas para él como para el resto de las izquierdas. La marca Juanma Moreno, por encima de las siglas del PP, roza la mayoría absoluta, y el auge de Vox le garantiza un colchón holgado para que continúen gobernando las derechas. Pero en el breve tiempo en el que la caravana de Por Andalucía ha estado en Sanlúcar de Barrameda, el candidato parece haber rejuvenecido 30 años y está convencido de estar donde ahora le toca estar.

Maíllo está sentado en una mesa del bar del Partido Comunista, dejándose observar por su yo del pasado y, con la mirada perdida, de repente le baja el ritmo cardíaco acelerado de la campaña, se da cuenta de una cosa y lo verbaliza: “Ahora mismo soy feliz”.

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha pedido este viernes 8 de mayo, 'Día de recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la Guerra y la Dictadura', que se proceda a la retirada de un monolito franquista que se encuentra en la Avenida de la Reconquista, en pleno centro de la capital toledana.

De este modo, Txema Fernández ha registrado un escrito para que el equipo de Gobierno cumpla la ley y se “acometan obras de retirada de la citada edificación por no cumplir el dictado de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática”, ha informado IU.

Subraya Fernández la “responsabilidad” del equipo de Gobierno con el cumplimiento de las leyes y recuerda que “todas las administraciones públicas, así como los representantes electos de las mismas, tienen el deber y la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes”.