A la luz de las primeras reacciones, la operación de enajenación del pabellón público de la Diputación Fernando Buesa Arena y de las parcelas de aparcamiento de su entorno para que sean adquiridos por el grupo conformado por Saski Baskonia y Deportivo Alavés dispondrá de mayoría política en su tramitación en las Juntas Generales, el Parlamento foral de Álava. En Radio Vitoria, el socio del PNV, el PSE-EE, y también el PP han considerado positivo el proyecto presentado este lunes por el diputado general, el nacionalista Ramiro González, y el presidente de la entidad, Josean Querejeta.

Para los socialistas, la valoración es “en principio positiva”. El PP, más claro, ha señalado que “aquí hay un empresario que lleva muchos años haciendo una apuesta muy importante por Álava” y que ha anunciado “más de 150 millones en inversiones”, lo que “a priori es muy positivo” para Vitoria, según Iñaki Oyarzábal.

En el lado contrario, la oposición de izquierdas ha encajado con recelo el proyecto, del que aún no se han dado cifras concretas. “Nos surgen muchas dudas. No vale el sí por el sí. Es una operación muy complicada, muy sensible. Hay que mirarlo con lupa”, ha dicho Eva López de Arroyabe, de EH Bildu. Podemos, de su lado, habla de “pelotazo absoluto”, de “operación inmobiliaria especulativa”. IU también lo ve inaceptable.

A nivel interno, el colectivo Gurea DA, asociación de pequeños accionistas del Deportivo Alavés, ha planteado una batería de preguntas tanto al club como a la Diputación. Entre las segundas, plantean “qué razones impulsan a la máxima institución de la provincia a desprenderse de patrimonio público”. Insisten en que se debería aclarar si el proyecto, que incluye igualmente un segundo edificio para la Universidad Euneiz y una nueva residencia, supone abrir la puerta a un posible traslado del estadio de Mendizorroza a esa zona de Zurbano, una incógnita que Querejeta no quiso despejar en la rueda de prensa.

Para Gurea DA, las instituciones siguen alcanzando “opacos acuerdos privados” con Querejeta sin pensar en el interés público. “Asegurar su titularidad pública es defender la vocación de servicio de una infraestructura estratégica, que garantice el acceso democrático y universal a la cultura y al deporte. Su venta rompe la imprescindible cohesión comunitaria vinculada a todo patrimonio público. Por si esto no fuera suficiente, el proyecto de mejora del Fernando Buesa Arena se basa en dotar a la instalación de palcos y zonas VIP, en lo que es una irrefrenable deriva consistente en transformar espectáculos tradicionalmente populares en propuestas con tufo clasista. El anuncio de su privatización es una pésima noticia [...]. De la mano de esta venta, se da a conocer la ampliación de Euneiz, proyecto educativo también privado y elitista. [...] Lejos de cumplir con su obligación de volcar recursos en la educación pública, nuestras instituciones (ayer la Diputación) aplauden e impulsan proyectos de este tipo, llevando a cabo de esta manera una progresiva privatización encubierta de nuestro sistema educativo”, exponen.

Y agregan: “Como alavesistas no podemos ocultar nuestra perplejidad ante la incesante presentación de ambiciosos proyectos económicos por parte de un club, el nuestro, con evidentes problemas para retener talento deportivo. ¿Nos puede explicar alguien cómo se van a afrontar estas millonarias inversiones sin asegurar antes la única fuente sustancial de ingresos? Resulta innecesario reseñar que dicha fuente de ingresos pasa, sí o sí, por la permanencia y consolidación de nuestro Glorioso en Primera División”.

Izquierda Unida de Navarra (IUN), Batzarre y el colectivo de independientes han alcanzado un principio de acuerdo para revalidar la coalición Contigo/Zurekin y concurrir con ella a las próximas elecciones forales y municipales de 2027. Además, han esperado alcanzar un acuerdo antes de septiembre para la incorporación de Podemos, partido que también formó parte de la coalición en las anteriores elecciones.

El coordinador de IUN y portavoz parlamentario de Contigo/Zurekin, Carlos Guzmán, ha destacado que “es un día muy ilusionante” y ha resaltado que esta coalición “ha sido el ancla izquierda de la mayoría progresista de Navarra”. Ahora, ha dicho, se abre una “nueva etapa” con la que aspiran a convertirse “en el verdadero motor transformador de Navarra”. “Nos hemos dejado la piel para ser la voz de la mayoría social de Navarra, la voz de las familias trabajadoras de todos los pueblos y de todas las ciudades de nuestra comunidad”.

Guzmán ha emplazado a la ciudadanía a “construir una ofensiva social” “en el ámbito de la educación, de la sanidad pública, de la protección del medio ambiente, de la construcción de una verdadera convivencia multicultural” y “en el ámbito de los derechos civiles y democráticos” y ha trasladado un mensaje “optimista” al conjunto de la sociedad navarra y ha destacado que “frente a las limitaciones del gobierno progresista actual hay una alternativa por la izquierda” que pretende “transformar el conjunto de la comunidad para mejorar la vida y otorgar la felicidad al conjunto de los navarros y de las navarras”.

Preguntado por la elección del candidato para las próximas elecciones, Guzmán ha señalado que “en estos momentos” están hablando de proyecto y que “cuando llegue el momento” hablarán de “personas” y “de caras”. “Que a nadie le quepa la menor duda de que vamos a construir la mejor candidatura posible en el Parlamento y en el conjunto de municipios”, ha asegurado.

En cuanto al papel que tendrá en esta coalición Begoña Alfaro, vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias en el Ejecutivo foral, Guzmán ha afirmado que “todas las personas que puedan aportar valía tendrán cabida en este proyecto” y, cuando llegue el momento“, ”no nos cabe la menor duda de que Begoña y el conjunto de compañeros y compañeras que quieran formar parte de este proyecto encontrarán el espacio para trabajar codo con codo y construir esa alternativa que presentamos para el conjunto de Navarra“.

El coordinador de IUN ha mostrado su voluntad de “construir la más amplia alianza posible”. “Sabemos que en estos momentos hay organizaciones y espacios políticos que manejan otros tiempos, otras dinámicas”, ha indicado. “No nos cabe la menor duda que quien quiera formar parte de este espacio encontrará la dinámica necesaria para poder fortalecer este proyecto común”, ha remarcado.

Preguntado por los plazos que se marcan para cerrar un acuerdo definitivo para la coalición, Guzmán ha dicho que “hablar hoy de plazos es hablar de ciencia ficción” pero ha añadido que el 1 de septiembre tienen “que comenzar con la precampaña a tope”. “Quien quiera sumarse a este proyecto tiene la puerta abierta”, ha insistido, esperando llegar a “puntos de encuentro” con Podemos, Equo y “multitud de personas y de colectivos que quieren fortalecer este proyecto”.

En esta línea, Olga Risueño, de Batzarre y concejal en Tudela, ha afirmado que la labor de Contigo/Zurekin esta legislatura “ha sido determinante y muy influyente en algunos de los hitos más importantes que han sucedido durante la legislatura” en el Gobierno foral, el Parlamento y los ayuntamientos.

Ha indicado que mantienen una “intensa negociación” con Podemos y Equo, “respetando los espacios y los tiempos de cada una de las organizaciones” y ha señalado que tienen “este espacio de verano para poder seguir trabajando y acordando, con el foco puesto en septiembre”. Un mes, ha destacado, al que “hay que llegar sin incertidumbres, teniendo claro quiénes somos y dónde estamos”. “Ahora mismo Contigo/Zurekin no somos todos los que estamos, esperamos que seamos más, porque esa es la vocación: crecer y ser más y mejores para poner el foco en esa ofensiva social que necesitan los navarros y navarras”, ha recalcado.

Por su parte, Eneko Larrarte, concejal en Tudela y del colectivo de independientes, ha celebrado que, “después de mucho y discreto trabajo”, Contigo/Zurekin se presentará a los próximos comicios “para profundizar en la ofensiva social” como “la única manera de abordar los retos del futuro y poner el foco en la prioridad social” frente a quienes lo ponen “en la prioridad nacional”.

En este sentido, ha puesto en valor la “transformación social que está abordando Navarra” desde 2015, en los diferentes ámbitos, tanto en la oposición como “liderando políticas sociales” en “gobiernos progresistas”. También ha resaltado la labor de la coalición en el Parlamento de Navarra y donde tiene “responsabilidades”, con el impulso de políticas en materia de vivienda, con un “liderazgo en políticas de igualdad” en el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), siendo “la comunidad que mejor apoyo ha prestado” en el proceso de regularización de personas migrantes o en la defensa de la memoria histórica, reclamando el derribo del Monumento a los Caídos.

Larrarte ha subrayado, además, que Contigo/Zurekin “va a responder a los intereses, única y exclusivamente, de los navarros y las navarras” y no “a intereses organizativos que trasciendan las fronteras de la Comunidad foral”. Una coalición, ha resaltado, “para hacer políticas de vanguardia que defiendan los intereses de la mayoría social de los navarros y navarras”.

La alianza que conforman de cara a las próximas elecciones generales IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns debe tomar forma “a la mayor brevedad” con la elección tanto de una nueva marca que sustituya a Sumar como, sobre todo, con la proclamación de un candidato para esos comicios. Así lo considera el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, según consta en el borrador del informe político que presentará este sábado ante la dirección de su organización. El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, plantea que “urge levantar una alternativa estatal de izquierda transformadora con capacidad de evitar un cierre autoritario”, y trata de insuflar ánimos a un espacio muy tocado asegurando que los resultados electorales de los últimos comicios autonómicos demuestran que “la izquierda transformadora, hoy, tiene base social y capacidad de crecimiento”.

Los partidos que se encuentran negociando desde hace meses la reconfiguración de la alianza Sumar tenían la idea de poder ofrecer, antes del parón de verano, detalles sobre la nueva marca o el candidato, pero en las últimas semanas se ha comenzado a deslizar la posibilidad de que no haya noticias hasta septiembre, a la vuelta de las vacaciones. En su borrador de informe, Maíllo no menciona fechas concretas. Pero sí asegura que las “bases” positivas sobre las que se apoya la negociación para reeditar la alianza de los partidos a la izquierda del PSOE “son insuficientes si no se resuelve a la mayor brevedad posible la personificación de espacio político en un liderazgo candidatable a la presidencia del Gobierno en las próximas generales”. “Del mismo modo, urge dotar de una nueva denominación al espacio político”, insiste el líder de IU.

Maíllo considera que existen mimbres para “levantar una alternativa” de izquierdas que contribuya a evitar el triunfo de PP y Vox en las eleciones, pero sostiene que es imperativo darle ya forma ante la cercanía del próximo ciclo electoral. “Las bases para hacerlo posible están en la alianza de fuerzas políticas que están dando un paso al frente para movilizar conciencias y generar esperanzas. También se cuenta con una base electoral de voto de izquierda transformadora nada desdeñable y, si el deterioro del PSOE continua como resultado de los últimos escándalos, una posible recuperación de votantes que tuvo la coalición Sumar el 23J”, analiza el borrador del informe, que señala que “no se trata de recomponer el espacio del pasado, se trata de proyectar una nueva confluencia para una coyuntura distinta marcada por el declive del PSOE, el auge del bloque reaccionario y la fragmentación de las izquierdas”.

“Respecto al ciclo electoral iniciado en las elecciones autonómicas en Extremadura y al que le siguió Aragón, Castilla y León y Andalucía, cabe destacar que en ninguno de estos comicios el resultado electoral ha sido positivo para la clase trabajadora, dadas las holgadas victorias en todos ellos del bloque PP-Vox. Sin embargo, sí hay un elemento positivo a destacar: salvo en Castilla y León, el espacio electoral que apuesta por las opciones de izquierda transformadora no solo no se ha visto reducido, sino que ha crecido”, analiza Maíllo en su borrador. Para el líder de IU, la “lección” de esos resultados de cara a las generales “está aquí: la izquierda transformadora, hoy, tiene base social y capacidad de crecimiento”.

Maíllo considera que la creación de un “frente amplio” a la mayor brevedad es imprescindible para plantar cara a “adversarios políticos” que considera que no son “democráticos”. “Luchamos contra una amenaza autoritaria que quiere implantar en nuestro país todos los postulados de la extrema derecha global: prioridad racista en servicios públicos mermados y privatizados, política migratoria trumpista y política exterior al servicio de los genocidas”, alerta el líder de IU en su borrador, en el que también critica que “la derecha y la extrema derecha ya han anunciado que su línea de ataque es el no reconocimiento del resultado electoral, incluso acusando ya preventivamente de fraude electoral al Gobierno de España”. “Si no ganan, no reconocerán el resultado y la excusa que pondrán ya la han mostrado: un censo supuestamente alterado por la emigración o por el voto exterior de los hijos y nietos de la emigración española”, “están desesperados e intentarán cualquier cosa”, avisa.

La sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a nueve años y medio de prisión al que fuera diputado autonómico del grupo Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Xabier Ron, por agredir sexualmente de forma continuada a una niña de 12 años de la que había sido profesor.

El fallo, alcanzado por conformidad de las partes, establece como probado que el acusado abusó de su condición de profesor de la menor y de la relación de confianza generada entre ellos, para provocar una “dependencia emocional” que derivó en varios encuentros de contenido sexual con la niña, que contaba con 12 años de edad.

Entre julio y noviembre de 2024, tal y como ha quedado probado en el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, se produjeron distintos encuentros entre el acusado y su alumna que derivaron en varias agresiones sexuales e incluso en la transmisión de una enfermedad.

La Audiencia considera los hechos constitutivos de un delito continuado de agresión sexual, por el que impone a Xabier Ron nueve años y medio de prisión, así como la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante 19 años y seis meses.

Durante 15 años no podrá ejercer actividades relacionadas con menores y tendrá libertad vigilada durante 10 años posteriores al cumplimiento de la pena. El fallo reconoce, además, que el procesado ya ha indemnizado a la víctima con 82.000 euros por los daños morales generados.

Jorge Piedrafita, abogado de la Asociación Defensa Integral de Víctimas Especializada (ADIVE), que ha ejercitado la acción popular, ha expresado su satisfacción moderada con esta resolución, aunque ha admitido que la gravedad de los hechos haría necesario “una pena mucho más elevada”.

Izquierda Unida (IU) de Santander ha denunciado que las últimas informaciones conocidas sobre el aparcamiento de la Plaza de Pombo confirman que la ciudad se encamina a un escenario de larga duración, tras confirmar la alcaldesa, Gema Igual, que para subsanar las patologías detectadas, que llevaron a su cierre a mediados de mayo, los trabajos se prolongarán hasta la próxima primavera en el escenario más favorable“, aunque podrían extenderse ”durante aproximadamente un año y medio“.

En un comunicado, el concejal de la formación, Keruin Martínez, ha lamentado que la plaza esté cerrada, lo que supone perjuicios “graves” en pleno centro de Santander.

“Parece que el equipo de Gobierno (PP) no quiere dejar claro el alcance real del problema. Se confirma el peor de los escenarios: no hablamos de unas semanas ni de una incidencia menor, sino previsiblemente de uno o dos años con una plaza importantísima cerrada y con un aparcamiento esencial fuera de servicio en pleno centro de Santander”, ha insistido.

Martínez ha recordado que IU lleva desde febrero solicitando los informes de revisión, conservación y mantenimiento del aparcamiento de la Plaza de Pombo, documentación que, según el contrato de concesión, debía emitirse y trasladarse con periodicidad anual.

Sin embargo, ha señalado “que los servicios municipales llegaron a reconocer en una de sus primeras respuestas que esos informes no constaban en los archivos municipales y que tendrían que pedírselos a la concesionaria”.

Por otro lado, el edil ha asegurado que le resulta “especialmente grave” que el Ayuntamiento “reconozca ahora” el impacto de las cargas soportadas por la Plaza de Pombo después de años “de uso intensivo” para eventos, casetas, mercados, conciertos, vehículos de montaje, furgonetas y camiones.

“No estamos hablando de una plaza cualquiera: hablamos de una cubierta sobre un aparcamiento subterráneo. Si durante años se han autorizado usos, montajes y cargas sobre esa estructura, el Ayuntamiento tiene que explicar con qué informes, con qué límites y con qué seguimiento técnico lo hizo”, ha advertido.

IU también ha criticado que las alternativas planteadas a los residentes afectados “sigan siendo provisionales” y no cubran la previsión más favorable de las obras.

Finalmente, ha opinado que Pombo vuelve a evidenciar “una forma de gobernar basada en externalizar, desentenderse y reaccionar tarde”, por lo que ha reiterado su solicitud de “mecanismos reales de control público sobre los contratos”, como el Observatorio de la Contratación aprobado por el Pleno.

Izquierda Unida denuncia la “situación insostenible” que se vive en la Residencia de Mayores de Nájera: “el aire acondicionado lleva varios días averiado en plena ola de calor, el ascensor no funciona desde hace más de dos meses, hay techos en mal estado y barreras arquitectónicas que ponen en riesgo la seguridad y la autonomía de las personas residentes”.

La portavoz de IU en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, ha calificado de “inaceptable” que se mantenga a las personas mayores “asándose de calor y en unas condiciones lamentables”, y ha recordado que “hablamos de personas en muchas ocasiones enfermas y en una situación de vulnerabilidad”.

Para Izquierda Unida, la responsabilidad última recae sobre el Gobierno de La Rioja. “Es muy cómodo señalar a la concesionaria, pero quien decidió poner un servicio público esencial en manos privadas, y quien tiene la obligación de vigilarlo y exigir que se preste con dignidad, es el Ejecutivo de Gonzalo Capellán”, ha denunciado Moreno. “El Gobierno no puede lavarse las manos. Si la residencia está abandonada es porque no controla a la empresa ni le exige que cumpla.”

La formación advierte además de que este deterioro golpea también a las trabajadoras del centro. “Las profesionales de las residencias riojanas ya arrastran unas condiciones laborales precarias, con plantillas ajustadas y sobrecarga de trabajo, y situaciones como esta solo las empeoran. No se puede pedir a las trabajadoras que cuiden con calidad en un edificio que no reúne ni las condiciones mínimas”, ha señalado Moreno, que ha subrayado que cuidar de quienes cuidan es también una obligación de la Administración.

Izquierda Unida reclama la reparación inmediata del aire acondicionado y del ascensor, medidas urgentes frente al calor mientras se resuelven las averías, el arreglo de los techos y la eliminación de las barreras arquitectónicas, además de una inspección que evalúe el estado del centro y depure responsabilidades. 

Los partidos de la oposición han criticado con dureza el encuentro que mantuvieron este miércoles el alcalde de Toledo, el 'popular' Carlos Velázquez, y la embajadora en funciones de Israel en España, Dana Erlich. Izquierda Unida ha tachado de “infame y vergonzosa la actitud” del regidor “y de su gobierno al completo por consentirlo”, mientras que el PSOE habla de “auténtica vergüenza”.

Sobre el encuentro entre Velázquez y Erlich, el Ayuntamiento de Toledo trasladó que sirvió para abordar “cuestiones de interés común relacionadas con la cooperación institucional, el diálogo entre ciudades y los retos compartidos por las ciudades que atesoran un importante patrimonio histórico y cultural”.

Además, el alcalde publicó en su cuenta de Instagram varias fotos de la reunión, presumiendo de “entendimiento, respeto mutuo y la voluntad de seguir tendiendo puentes” con la embajadora israelí.

IU: “Toledo no puede estar en el lado equivocado de la Historia”

“Nunca debería haber ningún canal abierto de cooperación institucional con un estado que financia el exterminio de un pueblo”, señala por su parte Txema Fernández, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, que acusa a Velázquez de “blanquear las matanzas de civiles y las masacres que está promoviendo Israel mientras reduce en Toledo las ayudas a cooperación”.

Para Txema Fernández, es “profundamente decepcionante” que “el máximo representante de la ciudad de las Tres Culturas, la tolerancia y la solidaridad se siente a dialogar en la casa de todos los toledanos y toledanas con la representante de un Estado que está aniquilando a un pueblo, al pueblo palestino”.

Un pueblo, dice el portavoz de IU, para quien “desde el Consistorio toledano se ha negado una declaración de apoyo mientras están siendo exterminados con un genocidio perfectamente planificado y que ya se ha cobrado la vida de más de 60.000 personas -más de 20.000 de ellos niños y niñas- a manos del Estado a quien representa la persona con la que Carlos Velázquez dice haber disfrutado de una conversación tan enriquecedora”.

“El máximo representante del gobierno municipal de Toledo nunca debería ser avalista de estas políticas, aunque no nos extraña teniendo en cuenta que nunca ha condenado el genocidio al que Israel ha sometido al pueblo palestino”, ha agregado.

“No podemos permitir que el alcalde y su gobierno sitúen a Toledo en el lado equivocado de la Historia, en el lado de quien perpetra más de 20.000 asesinatos de niños y niñas. No existe equidistancia entre quien oprime y quien es oprimido y el pueblo palestino está siendo masacrado por Israel”, añade el edil.

Para el portavoz municipal es “una vergüenza” que el Gobierno de Toledo prefiera avalar y reunirse “con gobiernos que permiten e impulsan matanzas a civiles por la vía de las bombas, del hambre o la sed, gobiernos que impiden que llegue ayuda humanitaria desde otros lugares del mundo para evitar que sigan muriendo en condiciones indignas, antes que ayudar a quienes están siendo sometidos, puesto que ha reducido más de un 40% las partidas presupuestarias destinadas a cooperación que sirven para acoger y ayudar al pueblo al que Israel está intentando aniquilar”.

“Es infame hablar de cooperación institucional con un Estado asesino cuando se está mermando sistemáticamente la cooperación internacional para quienes son agredidos y lo necesitan”, afea Fernández. “Su prioridad no debería ser la nacional, debería ser la humana, pero eso queda muy lejos de los acuerdos con Vox”.

Txema Fernández se muestra radical al afirmar que “ni compartimos y ni representa a este grupo municipal una reunión con una representante de Israel que sigue masacrando al Líbano, que no respeta los acuerdos de paz y que desde 1947 lleva invadiendo un país por la fuerza imponiendo una política del miedo y de la muerte”.

PSOE: “Al lado de quienes hacen posible el genocidio”

Por parte del Grupo Municipal Socialista se ha pronunciado su portavoz, Noelia de la Cruz, que en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha ha calificado de “auténtica vergüenza” que el alcalde de Toledo reciba a la embajadora de “un Gobierno que está siendo acusado por numerosos organismos internacionales de cometer graves vulneraciones de los derechos humanos en Palestina y otros países de Oriente Medio”.

De la Cruz critica que Carlos Velázquez no condene la “tragedia humanitaria que sufre el pueblo palestino” y asegura que este tipo de encuentros “transmite una imagen de respaldo político en un momento especialmente doloroso para miles de civiles y se sitúa del lado de quienes están haciendo posible este genocidio”.

“Una vez más, el alcalde se alinea con la estrategia y el discurso de Ayuso y del Partido Popular, alejando a Toledo de los valores de paz, solidaridad y defensa de los derechos humanos que deberían guiar la acción institucional”, zanja la portavoz socialista.

Sumar, con un escaño, quiere que se abra ya la ponencia de reforma del Estatuto en el Parlamento Vasco. El único parlamentario, Jon Hernández, que es de IU, ha presentado este miércoles una proposición no de ley para reabrir la ponencia de autogobierno con el objetivo de abordar desde la “transparencia” el diseño de las bases políticas, jurídicas, institucionales y sociales de un nuevo pacto estatutario para Euskadi, informa Europa Press.

Hernández, que ha comparecido ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha denunciado, en referencia a las conversaciones que en torno a esta reforma mantienen el PNV, EH Bildu y el PSE-EE, que “la ciudadanía desconoce por completo qué se está negociando, en qué términos y con qué calendario”. Por ese motivo, ha subrayado la necesidad de empezar a actuar con “transparencia”. Ha abogado por operar “desde la centralidad del Parlamento Vasco”.

“No se puede marear a la ciudadanía con un debate de esta trascendencia”, cree Sumar. Hernández considera que la ponencia de autogobierno debe reabrirse “antes del verano” para ordenar las posiciones de los grupos y recuperar la deliberación parlamentaria. Ha recordado que el lehendakari, Imanol Pradales, habló de junio como referencia, pero no hay noticias sobre ello.

La bandera LGTBI+ ha quedado colocada este martes en la fachada del sindicato CCOO en Toledo, en un acto en el que el sindicato ha estado arropado por el PSOE, IU y la Asociación Bolo Bolo Castilla-La Mancha. Se trata de un acto simbólico para apoyar al colectivo y visibilizar el mensaje de que no van “a dar ni un paso atrás en la lucha contra los derechos de las personas del colectivo en los centros de trabajo”.

Así lo ha expresado, en declaraciones a los medios, la secretaria de organización, mujeres y políticas LGTBI de CCOO Toledo, Mayte García, que ha recordado que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) “dice que el segundo escenario donde más suceden delitos de odio es en los centros de trabajo”.

Ha criticado que en este escenario “muchas de las patronales son neutrales y nuestros ayuntamientos gobernados por PP y Vox siguen sin poner las banderas y los signos LGTBIQ+ en los balcones” lo que, a su juicio, es “contribuir a los delitos de odio, son cómplices”.

Por ello, CCOO quiere mostrar su apoyo al colectivo y a la defensa de sus derechos con acciones como esta y con otras que se realicen por la provincia, apoyándolo también en el ámbito rural, donde CCOO va a poner la bandera y las insignias “en todas las sedes del sindicato”.

También se colocará la bandera en su sede de Talavera de la Reina, donde hace unos días desconocidos vandalizaron el mural de la diversidad y la libertad. “Desde aquí decimos que frente a su odio, nuestra diversidad y nuestro orgullo”, ha señalado, antes de animar a toda la ciudadanía a participar en todos los actos que se van a celebrar organizados por los distintos colectivos LGTBIQ+.

También el sindicato UGT ha colgado en todas sus sedes de Castilla-La Mancha la bandera arcoíris “como muestra de su compromiso con la igualdad y la diversidad”.

PSOE: cuarto año que PP y Vox no despliegan la bandera LGTBI

Desde el PSOE municipal, su portavoz, Noelia de la Cruz, quien ha detallado que durante toda la semana van a estar apoyando al colectivo, ha mencionado que este es el cuarto año consecutivo desde que PP y Vox llegaron a la Alcaldía y Carlos Velázquez es alcalde de la ciudad, “que no se despliega la bandera en el balcón del Ayuntamiento”.

Un acto que no solo es simbólico sino que manda el mensaje de “que la Ciudad de las Tres Culturas, la ciudad símbolo de convivencia y de inclusión tradicionalmente”, excluye y no acoge bien a las personas del colectivo LGTBI, “y manda el mensaje de que la administración local, el Ayuntamiento de la ciudad de Toledo, pues no integra, no incluye a estas personas en sus políticas activas”.

“Está muy bien plantear fiestas, está muy bien, pero lo que realmente necesita este colectivo es que se les escuche, es que se les visibilice y que se eduque en valores de igualdad para que puedan tener una vida normal y no se tengan que esconder”, ha expresado De la Cruz, que ha lamentado que “el Ayuntamiento de Toledo no están estas”.

“¿Esta ciudad acoge o no acoge al colectivo de personas elegido?. Pues claramente el mensaje es que no acoge a estas personas”, ha zanjado, confiando en que “ojalá que el año que viene, en el 2027, en el ayuntamiento haya un alcalde o una alcaldesa progresista que sea capaz de tener esa sensibilidad que se necesita para que estas personas puedan disfrutar plenamente de sus derechos como cualquier otra”.

IU: PP Y Vox, “alejados de la defensa de los derechos humanos”

En el mismo sentido, el portavoz del Grupo Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha incidido en que “Partido Popular y Vox están muy alejados de la defensa de los Derechos Humanos. Lo demuestran con todas y cada una de sus declaraciones que tienen que ver con las prioridades nacionales antes que con las prioridades humanas”.

Es por eso, en su opinión, que “ni van a aprobar ninguna moción que tenga que ver con la defensa de los Derechos Humanos ni van a poner ninguna bandera que visibilice la lucha precisamente de eso, la lucha de garantizar los Derechos Humanos”.

“Tenemos un ayuntamiento que, si no cree en esto, nos engaña, como nos engañó en el pleno del mes de junio del año 2025” cuando dijo “que había formado a la plantilla del Ayuntamiento en materia de sensibilización de políticas LGTBI”, pero “después de un año pidiéndoselo no han dado ni un dato” por lo que desde IU entienden “que no han hecho absolutamente nada” al respecto.

Fernández ha declarado que desde el equipo de Gobierno “ni visibilizan, ni quieren visibilizar, ni defienden, ni quieren defender”, pero desde IU van “a seguir peleando”, recordando e insistiendo en que este colectivo “no necesita ser valiente” sino “ser libre libre para expresarse como le dé la gana también en el ámbito laboral pero en todos y cada uno de los ámbitos de su vida”.

Bolo Bolo pide perspectiva LGTBI en los derechos laborales

En último término se ha dirigido a los medios el coordinador del Grupo Trans de Bolo Bolo, David Rey, quien ha agradecido el apoyo del PSOE y particularmente de CCOO, porque les ofrecen espacios y hablan con ellos a largo del año.

Rey ha reivindicado la importancia de los derechos laborales para asegurar que si no tienen una perspectiva LGTBI “no se llega a ningún sitio”, al igual que pasa con las personas migrantes, las personas discapacitadas o las que tienen “cualquier otro tipo de circunstancia que hace más difícil que se incorporen al mundo laboral y que puedan trabajar en condiciones dignas”.

En este punto, ha confesado que en la Asociación hay varios casos individuales de personas que buscan trabajo y no han logrado encontrarlo “entre otras cosas, por su orientación sexual y, sobre todo, por su identidad de género”, siendo las mujeres trans las que “más dificultades tienen” a la hora de encontrar trabajo.

Finalmente, ha recordado que la Asociación Bolo Bolo está organizando Toledo Entiende, una semana cultural que incluye distintas actividades, como talleres, un concierto, y la manifestación del sábado, a las que ha invitado a participar, especialmente a la manifestación, recordando que “el orgullo es una manifestación, empezó como tal y lo sigue siguiendo y lo tiene que seguir siguiendo, en un momento en el que los delitos de odio y la discriminación cada vez está aumentando más y cada vez nos vemos más expulsados de los diferentes espacios”.

Movimiento Sumar pide a PP y Vox que cuelguen la bandera LGTBI

Hoy además Movimiento Sumar Toledo le ha pedido al Ayuntamiento de Toledo, gobernado por PP y Vox, que cuelgue la bandera LGTBIQA+ en la balconada del edificio. La petición fue trasladada mediante un escrito remitido la pasada semana y también lo hacía a través de un irónico vídeo publicado en las redes sociales.

Según el informe Estado del Odio 2026, elaborado por la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), el porcentaje de personas del colectivo que afirma haber sufrido agresiones ha pasado del 7% en 2024 al 22 % en 2026, triplicándose en apenas dos años.

Ante esta situación, Movimiento Sumar considera que las instituciones públicas “deben mostrar un compromiso firme e inequívoco con la igualdad, la diversidad y los derechos del colectivo LGTBIQA+”.

José Luis Resuela, portavoz local de Movimiento Sumar, ha señalado que “es de vital importancia que no haya fisuras en el respaldo al colectivo ni en el rechazo a los discursos de odio por parte de todas las fuerzas políticas democráticas. Colgar la bandera del Orgullo en el Ayuntamiento es un gesto de apoyo y reconocimiento que contribuye a visibilizar la diversidad de nuestra sociedad y el compromiso de las instituciones con los derechos humanos”.

UGT coloca el símbolo en sus sedes provinciales

UGT ha desplegado en sus diferentes sedes de Castilla-La Mancha la bandera LGTBI, una enseña con la que el sindicato “reitera su firme compromiso con la igualdad y los derechos del colectivo, y reivindica la lucha por unos centros de trabajo justos, inclusivos y plurales libres de discriminación y desigualdades”, según ha explicado.

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores entiende que, “hoy más que nunca, es necesario visibilizar las dificultades a las que se enfrenta el colectivo y la realidad de las personas LGTBI en el ámbito laboral”. Califica de “muy preocupante ” la situación, que arroja datos como que 3 de cada 10 manifiesta haber sufrido agresiones verbales y el 75% considera que no tiene las mismas oportunidades laborales que las personas heterosexuales.

Desde el sindicato recuerdan que las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras tienen la obligación de incorporar en sus convenios colectivos los planes LGTBI y conseguir así entornos laborales respetuosos y libres de discriminación y perjuicios. Y subrayan también la importancia de la legislación laboral reciente para avanzar en esta dirección, especialmente el artículo 15.1 de la Ley 4/2023, el Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre, y el protocolo de acompañamiento para la transición de las personas trans en las empresas impulsado por el sindicato.

“Estas herramientas refuerzan la prohibición de la discriminación, promueven la sensibilización en los centros de trabajo y mejoran la protección de las personas trans en el ámbito laboral”.

No obstante, UGT recuerda que los avances legales no eliminan por sí solos la discriminación cotidiana que siguen sufriendo muchas personas LGTBI. Por ello, considera imprescindible mantener el compromiso político, sindical y social para garantizar una igualdad efectiva y real y evitar retrocesos en derechos y libertades.

Vox abre la puerta a colocar la bandera en Toledo

Por su parte, Vox ha sorprendido en Toledo dejando en manos del Partido Popular que el Consistorio pueda volver a lucir este año la bandera LGTBI con motivo de la Semana del Orgullo.

Así lo ha trasladado la vicealcaldesa, Inés Cañizares, durante la Junta de Portavoces en la que ha asumido la Presidencia de la misma ante la ausencia del alcalde, Carlos Velázquez.

Tal y como informa Toledodiario, en la votación que han llevado a cabo para decidir si se instala esta bandera, los portavoces de PSOE, PP e IU han votado favorablemente mientras que Vox ha vuelto a rechazar la iniciativa.

Sin embargo, Cañizares ha manifestado que se podría dar por válida la votación al haber mayoría, rompiendo así el acuerdo no escrito que alcanzaron en 2023 los dos socios de gobierno local -PP y Vox- para que no se instalase ningún símbolo en la fachada del Consistorio si no había unanimidad.

Más Madrid confirma que no habrá alianza con Izquierda Unida y Movimiento Sumar para las próximas elecciones autonómicas de 2027. El partido de Mónica García ha asegurado que continúan trabajando “con el resto de formaciones políticas” para una hipotética coalición que dispute el poder a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Según fuentes del partido, “no hay nada sobre la mesa” en cuanto a posibles pactos futuros y argumentan que siempre han ido sin Izquierda Unida en la Comunidad, aunque no descartan alianzas puntuales en municipios como Rivas Vaciamadrid.

La decisión viene después de que tanto IU como Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid mostrasen su sintonía a través de la celebración de diferentes actos en el marco de la coalición para las generales, 'Un paso al frente', que presentaron el pasado 21 de febrero.

Desde Izquierda Unida muestran este miércoles su sorpresa ante la decisión de Más Madrid y aseguran que seguirán intentando conseguir esa alianza teniendo en cuenta la “buena” relación que han mantenido y mantienen los dos partidos en la Comunidad y también a nivel nacional. En cualquier caso, IU Madrid insiste en que se presentarán sí o sí a las próximas elecciones autonómicas, ya sea con otras fuerzas políticas o en solitario. “Queremos ir lo más acompañados posible, pero si los demás no tienen altura de miras iremos en solitario y con nuestras siglas por delante”, espetan fuentes de la federación madrileña de IU.

Carolina Cordero, líder de Izquierda Unida en Madrid, ha hablado también de esta sorpresa y ha dicho que no reconoce la información publicada como “declaraciones oficiales” con el fin de “no generar ruido”. “Todavía hay tiempo para ir avanzando”, ha asegurado. “Creemos que las alianzas deben versar sobre la propuesta política concreta, reconociendo que somos fuerzas distintas pero que tenemos mucha política en común. En el caso de Madrid es clarísimo”. “La gente nos está pidiendo una cierta estabilidad en torno a los acuerdos electorales”, ha añadido en declaraciones remitidas a los medios, por las que ha pedido “hacer un esfuerzo” para favorecer a esas posibles alianzas.

“Francamente, no entendemos que una decisión de este calado se traslade a través de fuentes o comunicados. Si alguien quiere hablar del futuro de la izquierda madrileña lo razonable es hacerlo en las mesas correspondientes, con respeto entre organizaciones y con altura de miras”, critican por su parte fuentes de IU federal, que califican de “irresponsabilidad” la decisión de Más Madrid. “Resulta difícil de entender que se hable de construir un frente amplio en el ámbito estatal mientras se descartan alianzas en uno de los territorios donde más falta hace una alternativa sólida a la derecha”, argumentan igualmente esas fuentes, que avisan de que está en juego “mucho más que una fórmula electoral de cara a unos comicios autonómicos”.

La formación de la ministra de Sanidad ya había descartado previamente una posible alianza con Podemos, ahora que Ione Belarra ha anunciado que será la candidata del partido para los comicios autonómicos de 2027. La líder de la formación morada encabezará una lista para intentar recuperar la representación que perdió el partido en 2023. Cuando anunció su candidatura, Belarra lamentó que “todo el mundo” se hubiese “rendido”. “El PSOE no presenta” en la región “más que candidatos de cuarta” y Más Madrid, a su juicio, se siente muy cómodo liderando la oposición. Ahora, fuentes del partido de Mónica García piden a Podemos que centre sus críticas en Isabel Díaz Ayuso.

“Un fenómeno horrible que está presente en nuestra sociedad, calles y centros educativos”. Así ha descrito el diputado de IU, Carlos Ollero, el racismo con motivo de una proposición de ley Prevención, Atención y Protección frente al Racismo y la Xenofobia en La Rioja que presentarán en el próximo pleno del Parlamento de La Rioja. “Creemos que el racismo y la xenofobia no son fenómenos lejanos, no son fenómenos de otras sociedades ni de otros tiempos; es un fenómeno horrible que está presente en nuestra sociedad, en nuestras calles, en nuestros centros educativos, en los servicios sanitarios y en el mercado de trabajo”, ha dicho.

Señala que el racismo está presente también “en los distintos acuerdos de gobierno en otras comunidades autónomas entre la derecha y la ultraderecha bajo la llamada prioridad nacional”.

Ollero ha aportado datos que “revelan”, ha dicho, “esta realidad preocupante”, como son que “el 41 por ciento de los delitos de odio se refieren a causas relacionadas con el racismo y con la xenofobia”. Ha señalado que “un tercio de las personas de origen racial diverso se sienten discriminadas por algún motivo”. Lo más preocupante es que todos los expertos coinciden en señalar que la mayoría de los delitos de este tipo no se denuncian y, por lo tanto, permanecen ocultos.

“En nuestra comunidad autónoma no tenemos de las mayores incidencias en cuanto a delitos por racismo y por xenofobia, pero también se denuncian al año entre cien y doscientos casos de discriminación por estas cuestiones”, ha apuntado el diputado de IU. Frente a esta situación, ha relatado, “en La Rioja no existe ningún mecanismo autonómico de protección, prevención y atención frente a las discriminaciones por racismo y por xenofobia”.

Así, el objetivo de esta proposición de ley, que para salir adelante deberá contar con la mayoría del arco parlamentario, se basa en “crear institucionalmente un servicio de apoyo y de atención ante estas posibles discriminaciones”. “Presentamos esta ley, por lo tanto, por parte de Izquierda Unida, como un antídoto jurídico y ético frente a la 'prioridad nacional' y sus consecuencias”, ha indicado.

Ollero ha explicado que hay “muy pocas referencias” de leyes similares en otras comunidades autónomas y “la única comunidad con una legislación similar es Navarra”. Por lo tanto, considera que la aprobación de esta ley significaría que La Rioja se convirtiera en un referente contra la discriminación por el racismo y por la xenofobia.

Izquierda Unida ha denunciado el “bloqueo sistemático” de los Consejos de Salud en Cantabria y ha exigido su convocatoria inmediata, al considerar una “anomalía democrática” que estos órganos de participación ciudadana no se reúnan con regularidad pese a estar contemplados por ley desde hace más de 20 años.

Así lo ha trasladado el coordinador de IU en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, quien ha criticado que el Ejecutivo autonómico “siga sin cumplir con una obligación básica de la Ley 7/2002 de Ordenación Sanitaria, que establece claramente la existencia y funcionamiento de los Consejos de Salud de Área y de Zona”.

“Ningún gobierno desde entonces, incluyendo los de PRC, PSOE y PP, ha desarrollado esta herramienta imprescindible para dar voz a los profesionales, colectivos y ciudadanía en general en una materia tan sensible como es la salud”, argumenta Ruiz Salmón. Esto contrasta con la existencia “aunque con funciones muy limitadas” de otros consejos como el de la Juventud, la Mujer o el Económico y Social.

A su juicio, la falta de convocatoria de estos consejos responde a un intento de evitar el debate público sobre las carencias estructurales del sistema. “Los Consejos de Salud son incómodos para los gestores porque en ellos se visibilizan problemas como las listas de espera, la falta de profesionales o el cierre de consultorios”, ha afirmado.

Desde la Red de Salud de la formación han advertido de que la falta de estos órganos “desmantela en la práctica el control democrático de la Atención Primaria” y favorece una gestión “cada vez más tecnocrática, vertical y, desgraciadamente, privatizadora, como vemos con el convenio con Santa Clotilde que Buruaga y Pascual han firmado”.

En este sentido, Ruiz Salmón ha subrayado que “la participación ciudadana no es un adorno democrático ni un complemento decorativo, sino un derecho legalmente reconocido que el Gobierno de Cantabria está incumpliendo de forma reiterada”.

IU ha recordado que el artículo 53 de la ley autonómica obliga a establecer estos espacios de participación, en los que ayuntamientos, sindicatos y colectivos sociales pueden fiscalizar la política sanitaria. Sin embargo, la coalición considera que la Consejería de Salud está optando por “relegar a los pacientes a meros clientes y usuarios, en lugar de reconocerlos como protagonistas de su propia sanidad”.

Especial incidencia en las zonas rurales

Asimismo, la formación ha advertido de que este “apagón en la participación” debilita de forma directa a la Atención Primaria y afecta especialmente a las zonas rurales. “Comarcas como Campoo, Liébana, Saja-Nansa o el Asón tienen realidades sanitarias que no se pueden evaluar exclusivamente desde los despachos de Santander”, ha señalado Ruiz Salmón.

Frente a esta situación, IU ha puesto como ejemplo experiencias como los Consejos de Salud de Barbastro, que han permitido canalizar propuestas vecinales y profesionales en defensa del sistema público.

Por todo ello, Ruiz Salmón ha reclamado la activación inmediata de todos los canales de participación previstos en la ley. “La sanidad se defiende también democratizándola: menos participación significa menos transparencia y menor capacidad de respuesta colectiva ante el deterioro del sistema que el tripartito y, especialmente el PP, ha llevado a cabo”, ha concluido.

Una ley incumplida desde hace 24 años

El artículo 52 de la Ley 7/2002 de Ordenación Sanitaria dice que el Consejo Asesor de Salud de Cantabria “es el órgano superior de carácter consultivo y de participación dentro del Sistema Sanitario Público de Cantabria”.

A continuación, el artículo 53 regula los consejos de Salud de Área, que estarán coordinados por el Consejo Asesor de Salud de Cantabria, como órganos “colegiados de participación ciudadana, con carácter consultivo y de asesoramiento, con la finalidad de efectuar, en su ámbito, el seguimiento de la ejecución de la política sanitaria, evaluación de la misma y asesoramiento a los órganos de dirección y gestión de aquél”.

Además, apunta que la Consejería será la encargada de facilitar la documentación y los medios precisos y que se establecerá “reglamentariamente” la composición, organización, atribuciones y funcionamientos de los Consejos de Salud de Área “garantizando en todo caso la participación de las Administraciones Locales, las organizaciones sindicales más representativas en materia sanitaria, las organizaciones, empresariales más representativas y las organizaciones sociales del Área correspondiente”.

Descartado. El Ministerio de Juventud e Infancia considera que Ribavellosa no es un lugar adecuado para acoger menores migrantes. La petición la formuló el Gobierno de La Rioja, a través de la titular de Salud, María Martín en febrero de este año cuando el ejecutivo riojano supo que llegarían más menores a La Rioja y ante el “colapso” de los recursos.

Y ante esta petición, el Ministerio de Juventud e Infancia ha emitido un informe en el que desaconseja formalmente el uso de la Colonia de Ribavellosa, en Almarza de Cameros, como recurso residencial para los niños y niñas migrantes no acompañados. El documento, explican desde IU La Rioja, firmado por el Secretario de Estado Rubén Pérez Correa el pasado 10 de junio, responde a la solicitud cursada por el Gobierno de La Rioja y supone un “respaldo a la posición que hemos defendido desde que la Consejería de Salud y Políticas Sociales anunció su intención de utilizar estas instalaciones”.

El informe ministerial recoge una serie de objeciones que IU califica “de peso”. En primer lugar, señala que la colonia es un enclave aislado, alejado de núcleos de población, que impide a los niños, niñas y adolescentes acceder a recursos sociales, sanitarios y educativos, vulnerando lo establecido en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y en la normativa internacional de derechos de la infancia de la que España es parte. Aislamiento que se agrava, además, durante los meses de invierno, cuando el acceso a las instalaciones queda cortado habitualmente por nevadas y caídas de árboles.

El Ministerio advierte también de que el ordenamiento jurídico español no contempla un sistema segregado de acogimiento para menores en función de su origen, sino que exige que los recursos residenciales favorezcan la integración de la infancia extranjera. A ello se suma que las instalaciones carecen de acceso a redes de agua potable y saneamiento, y no disponen de servicio de recogida de basuras ni de reparto de correos. Por último, el informe concluye que el estado general de la colonia es malo y que las obras de adecuación necesarias para un uso residencial requerirían una reforma integral que podría demorarse varios años.

Una resolución ministerial que desde IU La Rioja confirma lo que vienen meses denunciando en el Parlamento de La Rioja. “El Gobierno riojano quería esconder a estos menores en un monte sin agua, sin servicios y sin comunidad. Eso no es acogida, es abandono”, afirma la diputada Henar Moreno quien ha exigido además al Ejecutivo que abandone definitivamente la opción de Ribavellosa y presente una propuesta alternativa “que cumpla con la ley y con los derechos de los niños y niñas que llegan a la comunidad”.

Para Izquierda Unida, el informe evidencia además la falta de planificación de la Consejería de Salud y Políticas Sociales en la gestión de la acogida de menores migrantes. “María Martín ha tenido meses para buscar soluciones dignas y ha apostado por una instalación que el propio Gobierno central acaba de descartar por no tener ni agua corriente”, ha señalado Moreno. “Que el Ministerio tenga que frenar en seco esta propuesta dice mucho del nivel de improvisación con el que se está gestionando este asunto desde la Consejería.” Desde Izquierda Unida reclaman al Gobierno regional que garanticen la integración comunitaria de los menores y el cumplimiento efectivo de sus derechos.

IU-Convocatoria por Oviedo/Uviéu ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo del equipo de gobierno del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de la capital asturiana por el que, el pasado mes de mayo, adjudicó la adquisición de 77 chalecos antibalas destinados al equipamiento de vestuario de la Policía Local a una empresa israelí por un presupuesto de 61.492,20 euros.

El grupo municipal que lidera Gaspar Llamazares ha tenido que dar el paso ante la inacción del PP, que no ha atendido a su petición inicial para que suspendiera el contrato por ser “nulo de pleno de derecho” al vulnerar la normativa estatal que afecta al embargo de material de defensa procedente de Israel ante el genocidio en Gaza.

“Los chalecos antibalas no pueden ser la excusa del Ayuntamiento de Oviedo para eludir su compromiso con los derechos humanos”, ha enfatizado el portavoz del grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo/Uviéu.

La oferta más barata

El Ayuntamiento de Oviedo adjudicó el contrato a la empresa Guardian Homeland Security, filial de IMI Systems, integrada en la empresa israelí Elbit Systems, e implicada en el genocidio en Gaza el pasado mes de mayo.

A este concurso optaron dos empresas: además de la israelí competía por este contrato Soltec pro uniformidad y aunque ambas estaban igualadas en la calidad de los materiales y plazo de entrega, el consistorio se decantó por Guardian Homeland Security al ofrecer un precio más reducido. Su oferta suponía 540 euros por prenda frente a los 600 euros por unidad de Soltec pro uniformidad.

La vinculación

La empresa adjudicataria es la representante oficial en España de los principales fabricantes israelíes de material policial y militar.

Llamazares advierte de que se trata de una empresa vinculada a la seguridad de Israel y a la guerra genocida contra el pueblo palestino.

“Queremos que se paralice el contrato por razones legales porque vulnera el embargo que se ha planteado por parte del Gobierno español en un último decreto al estado sionista de Israel, y por otra parte -ha añadido- porque vulnera el real decreto sobre comercio de armas a paises en conflicto”.

“No es un tema más”

Llamazares no se explica cómo es posible que el equipo de gobierno del PP no ha tenido en cuenta esta circunstancia, ni ha valorado la trascendencia de su decisión.

“Esa razón, por principio legal, debería haber llevado al equipo de gobierno a valorar la naturaleza de las empresas y su vinculación al Estado de Israel. No lo hizo en su momento y no hay nada en el expediente con respecto a esta materia. Por lo tanto, trató este tema como si fuera uno más y no lo es”, ha incidido.

“Debe licitar con empresas legales”

Para IU, esta situación se salta a las claras el embargo, lo que llevaría directamente a ser declarada la nulidad ya que “además de vulnerar la legalidad, también vulnera los derechos humanos del pueblo palestino”, ha señalado el portavoz municipal.

El grupo municipal plantea al equipo de gobierno a través de este recurso de reposición que “vuelva atrás en la adjudicación del contrato, que no es menor, y realizar de nuevo la licitación con empresas legales que cumplan con los derechos humanos”.

“Hay una contradicción”

“Los chalecos antibalas no pueden estar al servicio de un estado terrorista, sino al servicio de los derechos humanos fundamentales y de la seguridad de nuestros policías. No hay contradicción -ha asegurado Llamazares- entre los derechos humanos y la sociedad democrática y sí la hay entre la seguridad de los chalecos antibalas y el comercio de armas”.

Para IU, no hay otra alternativa que la nulidad: “Recientemente por parte de algún nuevo organismo internacional se ha considerado algunas medidas de Israel como constitutivas de apartheid y ya no estamos únicamente ante un estado genocida, que mantiene las formas en el interior de Israel, sino que además Israel plantea normas que tienen más que ver con un apartheid de Sudáfrica que de un estado mínimamente democrático”.

La prohibición

En el recurso de reposición, al que ha accedido elDiario.es Asturias, el grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo destaca especialmente en sus alegaciones la prohibición vigente de transferencias con Israel y se remite, en este sentido, al Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, que establece un régimen específico y urgente de medidas contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina.

Llamazares hace hincapié en que en su artículo 1 dispone la prohibición de exportaciones destinadas a Israel y de importaciones originarias de Israel del material incluido en los anexos del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, aprobado por el Real Decreto 679/2014.

La posición municipal

“Por tanto, si los chalecos antibalas adjudicados son de origen israelí o su suministro exige una importación originaria de Israel, la adjudicación coloca al Ayuntamiento ante la ejecución de una prestación prohibida por una norma con rango de ley. Y si la empresa adjudicataria pertenece a un grupo de capital israelí, o el producto ofertado tiene origen, fabricación, componentes esenciales, cadena de suministro o tecnología israelí, el Ayuntamiento debió comprobarlo antes de adjudicar y, en todo caso, debe suspender y revisar la adjudicación antes de formalizar o ejecutar el contrato”, ha señalado.

En consecuencia, la adjudicación de chalecos antibalas a una empresa vinculada a capital israelí, cuando el suministro pueda incorporar origen, fabricación, componentes o tecnología israelí, exige una comprobación reforzada. Si tal comprobación no consta en el expediente, el acto de adjudicación se ha dictado sin verificar un presupuesto esencial de legalidad: que la prestación adjudicada puede cumplirse sin infringir el embargo.

Reclama la nulidad

A través de este recurso de reposición, IU-Convocatoria por Oviedo pide que se declare la nulidad de pleno derecho de la adjudicación del lote por resultar contraria al Real Decreto-ley 10/2025, al Real Decreto 679/2014 y a los principios de legalidad e integridad de la contratación pública, en la medida en que el objeto adjudicado se integra en material de protección balística comprendido en las categorías sometidas a control y puede estar afectado por el embargo relativo a Israel.

El recurso, encabezado por Llamazares, solicita que se deje sin efecto la adjudicación del lote a la empresa Guardian Homeland Security, S.A., absteniéndose de formalizar el contrato, cursar pedidos, recibir suministro o efectuar pagos derivados del mismo.

Subsidiariamente, para el caso de que no se declare directamente la nulidad, interesa que se acuerde la retroacción de actuaciones al momento anterior a la adjudicación, requiriendo a la adjudicataria la acreditación documental y verificable del origen no israelí de los chalecos antibalas y de sus componentes esenciales, así como de la inexistencia de cualquier importación, tránsito, transferencia o suministro prohibido por el Real Decreto- ley 10/2025.

El concejal de Izquierda Unida en Santander, Keruin Martínez, ha denunciado que la suspensión cautelar del contrato para redactar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales confirma “la mala praxis, el caos organizativo y la ausencia de modelo de ciudad” del equipo de Gobierno de Gema Igual.

En un comunicado, el edil ha lamentado que esta suspensión cautelar “vuelve a poner en cuestión” los plazos anunciados por el equipo de Gobierno (PP). “Veremos hasta dónde llega esta suspensión, pero si ya era difícil creer que Santander pudiera tener un nuevo PGOU aprobado en los plazos que Gema Igual ha ido anunciando, ahora lo es todavía más”.

Al respecto, ha criticado que la alcaldesa haya trasladado expectativas “poco realistas” sobre el calendario del nuevo planeamiento. “Gema Igual llegó a intentar colarnos, de manera torticera no hace tanto, que Santander tendría un PGOU aprobado en 2029, cuando la realidad administrativa y los propios plazos técnicos apuntan a un horizonte mucho más lejano”, ha sostenido. Sin embargo, en su opinión, “la buena noticia es que, a estas alturas de la película, Gema Igual ya no engaña a nadie. Cada vez que anuncia un plazo, Santander sabe que lo prudente es prepararse para otro retraso”.

Según Martínez, “no hay día ni semana en la que Santander no se levante con un nuevo fiasco o una nueva pifia en el Ayuntamiento”, en referencia a la “acumulación de problemas recientes en la gestión municipal”, desde contratos anulados, recurridos o cuestionados, hasta conflictos laborales y sentencias favorables a trabajadores municipales por “mala ejecución” de procesos selectivos.

El edil ha lamentado que “lo cierto es que sigue pasando el tiempo y Santander continúa absolutamente paralizada”, considerando que la suspensión cautelar de la adjudicación de la redacción del PGOU es una piedra más en “una materia importantísima para el futuro de la ciudad, como es el planeamiento urbanístico, en la que no se consigue avanzar”.

Ha recordado que la capital cántabra continúa sin un Plan General actualizado desde la anulación del anterior documento hace una década, y ha insistido en que el Plan General “no es un expediente más”, sino “la herramienta que debe ordenar el futuro de Santander, definir cómo crece, qué barrios se conectan, dónde se ubican los equipamientos, cómo se protegen los espacios sensibles, qué vivienda se impulsa y qué modelo de movilidad y servicios públicos necesita la ciudad”.

El concejal ha explicado que “cuando una ciudad no tiene planificación o la que tiene está obsoleta, lo que aparece es el desequilibro y la ineficacia en la gestión”, enumerando como consecuencias el “crecimiento desordenado, decisiones improvisadas, barrios desconectados, servicios públicos mal dimensionados, problemas de movilidad, líneas del TUS que no responden a las necesidades reales y una política urbana hecha a golpe de ocurrencia”.

70% de las inversiones sin ejecutar

Izquierda Unida ha contrastado esta situación con la lectura que el equipo de Gobierno está haciendo de la liquidación del presupuesto de 2025, en la que el PP ha vuelto a presumir de solvencia económica, deuda baja y remanentes.

Martínez ha acusado al equipo de Gobierno de “confundir tener dinero en caja con gestionar bien”. “La realidad es que una parte importante de ese dinero sigue en caja porque el PP no sabe convertirlo en proyectos, no tiene un calendario realista y no planifica para cumplir debidamente las inversiones previstas, como lleva años ocurriendo”, ha afirmado.

El concejal ha recordado que la liquidación presupuestaria refleja que el Ayuntamiento solo ejecutó el 29,83% de las inversiones reales previstas en 2025. “Es decir, dejaron sin ejecutar siete de cada diez euros del capítulo de inversiones. Esa es la verdad que se esconde detrás de la propaganda de los remanentes”, ha señalado.

Para Martínez, “presumir de remanentes mientras Santander acumula retrasos, contratos paralizados, proyectos atascados e inversiones sin ejecutar no es solvencia, es incapacidad de gestión y pésima planificación”.

Martínez ha insistido en que la debilidad administrativa del Ayuntamiento se debe al problema interno en el Consistorio que IU lleva años denunciando. “Llevan años sin cubrir jubilaciones y sin querer reforzar adecuadamente áreas clave como Urbanismo, Licencias, Arquitectura, Ingeniería, Contratación, Obras, Intervención o Servicios Sociales, pese a las advertencias reiteradas de trabajadores, sindicatos, informes técnicos y grupos de la oposición”, ha concluido.

Izquierda Unida ha reclamado a la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), la implantación de una tasa turística que permita “compensar el impacto” que la afluencia de visitantes genera sobre los servicios públicos, al tiempo que contribuya a mejorar infraestructuras esenciales en materia de sanidad, seguridad y emergencias, limpieza o abastecimiento de agua.

El coordinador de IU, Israel Ruiz Salmón, ha reiterado en un comunicado esta petición tras las formuladas previamente en el decreto de viviendas de uso turístico y después de conocerse el rechazo a esta medida del PP en Cantabria, a diferencia de territorios vecinos como Asturias o el País Vasco, que ya han anunciado su puesta en marcha a partir de 2027 para hacer frente a los sobrecostes derivados del turismo.

“Buruaga se empeña en exprimir un modelo de turismo a costa del bolsillo de las familias cántabras que residen todo el año y que ve cómo los servicios públicos que deberían atender con normalidad se tensionan o empeoran sin pedir corresponsabilidad a quien lo provoca, el turista”, ha señalado el líder de IU en la comunidad.

En su opinión, la tasa turística es una medida “de corresponsabilidad” y “la población debe entender, y así lo hace, que sostener determinados servicios exige contribuir a ello”, ha continuado.

IU ha defendido que el incremento de visitantes durante los periodos de mayor afluencia “supone una presión añadida sobre servicios públicos básicos”, como la sanidad, la gestión de residuos, la limpieza, la seguridad, el suministro de agua o la protección del patrimonio; unos gastos que actualmente “recaen de forma mayoritaria sobre la población residente”.

En este sentido, Ruiz Salmón ha incidido en que una tasa turística permitiría reforzar inversiones en infraestructuras clave.

Además, ha reiterado que este tipo de medidas “son habituales en numerosos destinos europeos” y que su aplicación “no busca penalizar la llegada de turistas”, sino garantizar un reparto más equitativo de los costes asociados a la actividad turística, “contribuyendo a la sostenibilidad de un modelo que actualmente no tiene”.

Asimismo, la formación ha criticado la postura del Ejecutivo cántabro por “renunciar a abrir un debate necesario” en un contexto en el que el turismo sigue creciendo y ha instado al Gobierno de Buruaga a dialogar con administraciones locales, agentes sociales y el sector turístico para diseñar una tasa “justa, progresiva y adaptada a la realidad de Cantabria y que cuente con una parte variable a criterio de cada municipio”.

Finalmente, IU ha insistido en que la implantación de este gravamen permitiría no solo mejorar la calidad de los servicios públicos, sino también preservar los recursos naturales y patrimoniales y garantizar un desarrollo turístico “equilibrado y sostenible a largo plazo”.

El coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón, ha asegurado que el acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox en la Comunidad está “más centrado en lo que quieren que haga el Gobierno de España que en lo que pretenden hacer en Castilla y León”, con dos partidos que utilizan esa autonomía como un instrumento para su estrategia política nacional.

En rueda de prensa este viernes en Palencia, Gascón ha calificado el pacto de “negativo” para Castilla y León y ha criticado que buena parte de su contenido esté orientado a cuestiones que exceden las competencias autonómicas o que responden a debates impulsados desde el ámbito estatal.

A su juicio, el acuerdo refleja que tanto PP como Vox conciben Castilla y León “como un objetivo para llegar al fin de gobernar en España”, en lugar de plantear un proyecto propio para responder a los problemas de la Comunidad. Alfonso Fernández Mañueco será investido el 9 de junio con el apoyo de PP y Vox.

Movilización social

Gascón ha recordado que el nuevo gobierno nace de “un fracaso político”, puesto que Vox abandonó el Ejecutivo autonómico hace dos años tras romper la coalición con el PP. “Su propuesta de regeneración para Castilla y León es seguir con lo mismo que ya había”, ha analizado Gascón, quien ha recordado que muchas de las medidas recogidas en el nuevo acuerdo ya formaban parte del pacto firmado por ambas formaciones en 2022.

Además, ha cuestionado la viabilidad económica de algunas de las propuestas incluidas en el documento al entender que combinan rebajas fiscales con nuevas políticas de apoyo a la natalidad, la vivienda o el emprendimiento sin concretar la financiación necesaria para llevarlas a cabo.

Asimismo ha lamentado que el acuerdo “ponga el acento en lo accesorio como la caza o la pesca y no desarrolle lo que es relevante para la Comunidad”. Gascón también ha reprochado al PP que exija al Gobierno central la aprobación de presupuestos cuando la Junta acumula varios ejercicios con las cuentas prorrogadas y ha advertido de que el acuerdo contiene numerosas demandas dirigidas al Ejecutivo estatal mientras resulta menos exigente con las actuaciones que corresponden a la propia Administración autonómica.

En la misma línea, ha advertido de que el pacto incorpora medidas dirigidas a controlar el absentismo laboral y recortar el peso de los sindicatos de clase, mientras apenas contempla propuestas para mejorar las condiciones de los trabajadores, que representan más del 80 por ciento de los afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad. Por ello, ha defendido el papel de las organizaciones sindicales en conflictos como los de Siro o Renault y ha acusado a PP y Vox de querer debilitar a quienes tienen capacidad para defender los intereses de los trabajadores frente a las políticas del nuevo Ejecutivo autonómico.

Amnistía Internacional alerta de que se cuestionen los derecho shumanos

Amnistía Internacional Castilla y León ha alertado este viernes del “grave retroceso” que en derechos humanos va a suponer el acuerdo de Gobierno entre el PP y Vox en esa comunidad, en cuanto que “cuestiona que los derechos humanos sean para todas las personas”.

En la misma línea que los “retrocesos ya acordados en Extremadura y Aragón” por ambas formaciones, Amnistía Internacional se ha referido este viernes en un comunicado a cuestiones que incluye ese acuerdo como el principio de prioridad nacional en las ayudas, el rechazo a acoger menores migrantes, planes de repatriación o la supresión de subvenciones a las ONG y la vinculación de la delincuencia con la inmigración.

También incluye el acuerdo firmado entre PP y Vox en la comunidad la prohibición del burka y el nicab, el endurecimiento de los centros de menores, la reforma restrictiva del padrón, la exclusión de personas en situación irregular de prestaciones esenciales y la ausencia de medidas contra la violencia de género.

Amnistía Internacional ha incidido en que son políticas que “vulneran obligaciones internacionales protección de la infancia, libertad religiosa y derecho a la vivienda”. La ONG ha incidido en que “ningún acuerdo político puede justificar retrocesos en derechos humanos y que Castilla y León debe garantizar una plena y efectiva de todas las personas, sin excepciones”.

También IU llevará al pleno de mañana jueves en el Parlamento de La Rioja el calor y su repercusión en las aulas de los colegios riojanos. El diputado, Carlos Ollero, ha informado de la interpelación que que obligará al consejero de Educación, Alberto Galiana, a contestar el relato de Izquierda Unida que asegura que “no se está afrontando esta cuestión con la prioridad y los recursos económicos necesarios”.

Ollero ha apuntado cómo cada vez llegan antes las altas temperaturas y ha considerado que la falta de preparación de los espacios y las infraestructuras en los centros educativos es “uno de los principales problemas en el ámbito educativo” en La Rioja.

Ha denunciado que se está “claramente incumpliendo en los centros educativos de La Rioja la normativa sobre seguridad y salud laboral en los centros de trabajo con relación a las temperaturas”, ya que “está siendo habitual que se superen los treinte grados de temperatura en aulas con 25 y treinta estudiantes”. Un problema, ha dicho, “que está siendo denunciado por las familias, por los padres, por las madres, por la FAPA, los sindicatos, los docentes y los estudiantes” y que se une a otro y es, ha dicho, la falta de espacio en los centros educativos.

“Tenemos que denunciar que hace décadas que no se construye un nuevo centro por ejemplo en Logroño, donde hay muchas necesidades, y que no hay previsión de construir nuevos centros”, ha clamado.

En la interpelación del pleno, ha adelatando, se darán ejemplos de cómo se están desarrollan las clases en barracones; en espacios como la cafetería o la biblioteca; así como que se está utilizando, también, el espacio dedicado a los departamentos.

La situación más grave “que ha salido a la luz”, ha señalado, ha sido la del IES Bartolomé Cossío, de Haro, “que ha supuesto incluso la dimisión del equipo directivo y que se ha medio solventado con la utilización de la Escuela de Idiomas”. Algo que, desde Izquierda Unida, ha dicho, ven como “un parche”. Ha reclamado “más y mejores espacios para la educación pública; un plan de climatización urgente para todos los centros de La Rioja; y un protocolo específico de actuación en los centros ante temperaturas extremas”.

Reivindicación y deberes. Los partidos que conforman la coalición Sumar se han conjurado como “la izquierda limpia y valiente” ante el goteo de casos de corrupción que han impactado en el PSOE, y han reclamado a su socio mayoritario de Ejecutivo “ejemplaridad y transparencia” y un acelerón en la acción de Gobierno, con el foco en la vivienda.

Los socios de Sánchez en el Ejecutivo de coalición —Comuns, Más Madrid, IU y Movimiento Sumar— han celebrado este sábado un acto en Barcelona, con la participación de tres de sus ministros, tras las turbulencias que han generado las investigaciones judiciales sobre el PSOE y la exigencia de Junts y el PNV al presidente para que convoque elecciones anticipadas.

“¿Cómo estáis de ánimos?”. Así ha arrancado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy su intervención, consciente de que no ha sido la mejor semana para el Gobierno. La dirigencia de los partidos a la izquierda del PSOE ha querido insuflar ánimos a la militancia, pero también elevar las exigencias a los socialistas.

Ninguno de los ministros de Sumar ha apuntado posibilidad alguna de salir del Ejecutivo, si bien sí han mantenido el tono duro contra el PSOE. Pese a que la minoría parlamentaria del Ejecutivo se ha constatado de nuevo, los dirigentes progresistas han redoblado las peticiones al PSOE para aprobar más medidas de izquierdas.

“Por supuesto que hay una operación para derribar a este Gobierno, pero esto no es excusa para determinados comportamientos”, ha aseverado Bustinduy, que ha reclamado al PSOE “ejemplaridad y transparencia” sobre las causas judiciales que acumula el partido y “vivienda, vivienda y vivienda” como prioridad del Ejecutivo.

En este sentido, Bustinduy ha anunciado que Sumar volverá a llevar al Congreso “cuanto antes” el decreto de los alquileres que PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso. “No vamos a parar, no vamos a parar hasta que se prorroguen los alquileres y echemos a los rentistas y especuladores”, ha enfatizado la ministra de Sanidad, Mónica García.

A juicio de García, las políticas progresistas “de las que presume el PSOE” son producto de las iniciativas impulsadas por los partidos de Sumar. “La mayoría de las medidas de progreso las hemos hecho nosotros”, ha insistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El dirigente de los Comuns ha pedido a Sánchez “responsabilidades y dar la cara”. “Ferraz [la sede del PSOE] no puede seguir siendo un lastre para la mayoría progresista de este país”, ha remarcado Urtasun.

“Un Gobierno contesta a una operación de derribo con leyes y medidas”, ha agregado el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, en la intervención que ha cosechado más aplausos de los 350 asistentes al acto.

Maíllo ha sido el único orador que ha citado explícitamente algunos de los casos de corrupción que sobrevuelan a exdirigentes socialistas: “Las explicaciones sobre por qué el PSOE ha tenido dos secretarios de organización absolutametne desaconsejables o por qué un expresidente que puede vivir muy bien con su pensión se dedica a yo qué se qué son lo único que nos permitirá salir adelante”.

“Esta no es nuestra mochila”, ha manifestado la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, para marcar distancias con los socialistas. “La corrupción 0 existe, pero para que exista tienes que tener la casa muy limpia y saber para qué has venido”, ha ahondado, para a renglón seguido apostillar: “El PSOE tiene que hacérselo mirar y cuidar al Gobierno”.

“¿Dónde estaba el PSOE cuando freían a querellas a Barcelona en Comú, Podemos y los independentistas?”, ha incidido el diputado de los Comuns en el Congreso y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello. “No lo preguntamos desde el revanchismo, sino desde la autoridad que nos da haber demostrado que se puede gobernar sin casos de corrupción”, ha añadido.

Pese a las exigencias de Sumar, las explicaciones de Sánchez no serán inmediatas. Su intervención en el Congreso todavía no tiene fecha, pero será después del Consejo Europeo del 19 de junio. Mientras el PSOE se abona a la teoría de un campaña orquestada ante el aluvión de causas judiciales, el calendario no da tregua: el expresidente Zapatero comparecerá como investigado el 17 de junio.

El concejal de Izquierda Unida de Santander, Keruin Martínez, ha anunciado este martes que su formación llevará al próximo Pleno municipal una moción para exigir al equipo de Gobierno (PP) que ponga en marcha el Observatorio Municipal de la Contratación para fiscalizar los grandes contratos externalizados del Ayuntamiento

La creación de este órgano fue aprobada en 2019 y ratificada en 2020 pero “sigue sin estar operativo casi siete años después”, ha denunciado en un comunicado el edil.

Martínez ha advertido de que Santander mantiene “un modelo de servicios públicos profundamente dependiente de la externalización”, con contratos que afectan a ámbitos esenciales como la limpieza viaria, la recogida de residuos, el abastecimiento de agua, los parques y jardines, la limpieza de colegios y dependencias municipales, el alumbrado o distintos servicios de mantenimiento.

El edil ha subrayado que “cuando un servicio público se entrega a una empresa privada, el Ayuntamiento no se quita responsabilidad: al contrario, tiene que controlar más, fiscalizar mejor y garantizar que se cumplen los pliegos, las inversiones, las condiciones laborales y la calidad del servicio que recibe la ciudadanía”.

Según ha expresado Martínez, las experiencias de los últimos años han “evidenciado que los mecanismos actuales de control son insuficientes”, y al respecto ha apuntado a “conflictos laborales en servicios externalizados, quejas de vecinos y usuarios por posibles incumplimientos de condiciones previstas en los pliegos, retrasos en nuevas licitaciones, contratos vencidos, prórrogas forzosas y servicios que han seguido prestándose, una vez finalizados los contratos, mediante fórmulas extraordinarias”.

El concejal ha puesto como ejemplos los “problemas históricos” en la gestión de servicios externalizados, señalando que “Santander no necesita otro caso como el de las basuras”, ni “otro expediente fallido en Parques y Jardines”.

Martínez se ha referido también al “incumplimiento del contrato de explotación del mercado de Puertochico”, formalizado en 2017 con un plazo no superior a un año, pero “diez años después, es evidente que este contrato no se ha cumplido, porque ni está totalmente rehabilitado, ni totalmente operativo”, lo que ha calificado como “absolutamente incomprensible”.

El edil ha enfatizado que “lo que estamos viendo no son incidencias aisladas, sino un problema estructural de planificación, seguimiento y control”. En su opinión, “Santander paga cada vez más por grandes contratos, pero la ciudadanía no siempre recibe servicios a la altura de ese esfuerzo económico”.

Más de 80 millones en externalizaciones

Martínez ha recordado que el análisis presupuestario del ejercicio 2026 cifra en más de 80 millones de euros el volumen destinado a contratos externalizados, un volumen que “no ha dejado de crecer en las últimas dos décadas”.

En este contexto, Martínez ha concluido que el Observatorio Municipal de la Contratación, cuya creación apoyaron todos los partidos políticos en 2020, “tiene que formar parte ordinaria de la gestión municipal” y ha reprochado al Partido Popular que “sigue sin buscar un modo de controlar con más eficiencia los contratos más importantes de la ciudad”.