La Justicia ha dado por zanjado un histórico litigio por las tierras contaminadas por las bombas de Palomares. En 1966, dos aviones de la fuerza aérea de Estados Unidos chocaron en vuelo y al liberar cuatro bombas atómicas, dejaron un reguero de plutonio que a nadie importó demasiado. Fue en 2004, cuando la burbuja inmobiliaria llegaba a la costa de Almería, cuando el Estado comenzó el trámite para expropiar los terrenos. Pero una promotora británica alegaba que tenía permiso para construir allí. El pasado diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía zanjó la disputa y permitió que el Estado se quede con los terrenos por unos euros el metro cuadrado.

La historia de las bombas de Palomares es una en la que nadie sabe explicar muy bien qué pasó antes de su mandato, cómo se pudo llegar allí. Tras el accidente, Estados Unidos embarcó gran cantidad de tierra contaminada en bidones y, a través de Cartagena, la llevó en buques a su territorio. El régimen de Franco lo dio por bueno. Washington y Madrid firmaron un acuerdo por el que Estados Unidos pagaría análisis de sangre a la población a ver si había alguna anomalía en la incidencia de cáncer y listo. 

En realidad, durante décadas a nadie le importó mucho. El levante de Almería seguía siendo una zona árida y lejos de Madrid. No había llegado el boom de la agricultura y el turismo.

Eso cambió a principios de los 2000. El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y el Consejo de Seguridad Nuclear detectaron en el americio en el aire, producto de la desintegración del plutonio, activo durante decenas de miles de años. La zona, con una de las mayores reservas de suelo virgen del Mediterráneo, era un hervidero de grúas. Había que hacer algo. El Gobierno de Aznar aprobó discretamente una partida para expropiaciones.

Fue un año después y ya con Zapatero en Moncloa cuando el Ciemat decidió que, para expropiar, tenía que saber realmente la contaminación que había. En un primer momento caracterizó varias zonas donde habían caído las bombas y donde el ejército estadounidense había acumulado la tierra que se llevó. Era poco terreno, unas 10 hectáreas: una parcela en el centro del pueblo y otras a las afueras, junto al cementerio y en la que seguían plantando lechugas. Todo el pueblo conocía esas localizaciones, era donde habían caído las bombas.

Pero los investigadores se toparon con varias sorpresas. Primero descubrieron las zanjas en las que los americanos habían enterrado material radiactivo y, lo más importante, unas 30 hectáreas con contaminación en la sierra de Almagrera en la que nadie había reparado, según fuentes del Ciemat. Es una zona alejada de donde cayeron las bombas. Lo que había ocurrido es que el viento llevó parte de la contaminación durante el descenso de las bombas. 

Ese era un terreno urbanísticamente muy interesante porque está próximo al pueblo pesquero de Villaricos y con una preciosa vista de la puesta de sol. La empresa Villaricos SL, dueña del resort Desert Springs Golf, a unos siete kilómetros tierra adentro, pretendía construir allí. Villaricos SL es de capital británico. Así que en 2007 el Consejo de Ministros amplió el objeto para poder expropiar esos terrenos. Muy cerca de allí, siguen en marcha otros enormes planes urbanísticos.

Eso paró de momento la construcción al poner en marcha la lenta maquinaria de la expropiación. La zona, que durante décadas era pasto para cabras, fue vallada, aunque fuese de forma porosa. En 2022, finalmente, fue ocupado a precio de terreno rústico. “El Jurado Provincial consideró que la renta superior de la finca expropiada se obtendría con la consideración de una renta de un terreno de imposible explotación”. “Con ello, el valor final del suelo que fija el Jurado es de 0,68 euros por metro cuadrado”.

Villaricos SL, que no ha querido hacer declaraciones, comenzó entonces un litigio contra el precio de la expropiación. Alegó que tenía una aprobación urbanística inicial para construir allí y pedía casi 75 euros por metro cuadrado. Alegaba que en 2007 el Ayuntamiento de Cuevas del Almazora, al que pertenece Palomares, había aprobado el plan parcial urbanístico de ese sector y que el valor asignado “no considera la mayor renta potencial de la explotación”. Eso, argumentaba, vulnera “los principios de confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica”. Señalaba que en otra tanda de expropiaciones había recibido más precio por otro terreno.

La abogacía del Estado replicó que el plan parcial que daba cobijo a la urbanización de Villaricos SL fue anulado por el mismo TSJ en 2011, “lo que significa que el citado plan parcial nunca ha existido, por lo que no puede considerarse que el sector en el que se incluyen los terrenos aquí justipreciados hayan contado con ordenación detallada que les permitiera su desarrollo”. Los jueces dieron la razón al Estado. En dos sentencias del mes de diciembre desestimó las pretensiones de Villaricos SL.

Se zanja así la posibilidad de urbanizar los terrenos. Ya solo queda retirar la tierra contaminada y que los vecinos vuelvan a la vida normal. Esos vecinos que, después de décadas escuchando que todo estaba en orden, vieron en 2011 a la primera delegación de Estados Unidos y que, para sorpresa del pueblo, se pusieron calzas sobre los zapatos para no pisar un solar en el centro del pueblo.

En 2015, con Obama en la Casa Blanca, Estados Unidos y España firmaron un acuerdo para descontaminar definitivamente el terreno. Washington siempre fue reticente, en parte porque ha realizado pruebas nucleares en otras zonas, y temía reclamaciones similares y porque España en 1966 aceptó que la limpieza estaba hecha. Con Joe Biden hubo otro acercamiento. Pero, 50 años después, la contaminación sigue allí. Ahora, al menos, vallada y expropiada.

Hace pocos días se cumplieron 60 años del accidente nuclear de Palomares (Almería, 1966). Desde 1945 no habían caído bombas nucleares en una población. Esta vez no hubo detonación nuclear ni muertos pero sí sobrada radiactividad. El explosivo convencional de dos de las cuatro bombas que cayeron, con una potencia superior a 68 veces la de Hiroshima, dispersó en 635 hectáreas casi diez kilos de plutonio, que es la sustancia más tóxica creada por el hombre.

La pérdida y espectacular búsqueda de una de las bombas, junto con la extensión de la contaminación en un lugar poblado, convirtió el accidente en el más importante de la era nuclear, hasta que veinte años más tarde se produjera el de Chernobyl. Pero, ¿por qué se afirma que es una historia abierta, inconclusa e interminable? La razón hay que buscarla desde el principio.

Cuando Estados Unidos comprobó la magnitud de las consecuencias, comenzó la minusvaloración de todos y cada uno de los parámetros que describían su gravedad: superficies contaminadas, niveles de radiactividad, falsificación de los mapas radiométricos reducidos de siete a doce veces, vigentes hasta 2013. No se salvó ni la denominación: la calificación de accidente fue rebajada por el Departamento de Defensa a «incidente», lo que implicaría la inexistencia de contaminación y contaminados por plutonio. Es el término que persiste seis décadas después. Cuando en los inicios aparecieron análisis positivos del radionucleido en los vecinos, fueron invalidados. Los 1.586 soldados con resultados positivos también fueron manipulados y reducidos a solo 422.

La descontaminacion norteamericana fue un eficaz paripé destinado solo a la opinion pública. Los bidones transportados a EE. UU. apenas albergaban un 1 % del plutonio diseminado

La descontaminación norteamericana fue un eficaz paripé destinado solo a la opinión pública. Los bidones transportados a EE. UU. apenas albergaban un 1 % del plutonio diseminado y los dos enterramientos secretos descubiertos 41 años más tarde con 4000 metros cúbicos contienen una quinta parte de las tierras que se comprometieron evacuar a su país.

Incumplieron todo lo que habían acordado por escrito unas semanas antes en Palomares. También la garantía legal de responsabilidad civil que dieron cuando en 1963 pidieron permiso para alojar submarinos nucleares con misiles Polaris en la base de Rota (Cádiz). Fue en el Acuerdo Confidencial de julio de 1964, párrafo tercero, donde se comprometían de manera inequívoca a asumir toda responsabilidad civil derivada en caso de accidente nuclear, donde cualquier reclamación “será resuelta rápidamente a través de la vía diplomática”. Sesenta años no parecen ser nada para los causantes. Este Acuerdo sigue siendo una sólida base legal en el presente para exigir su limpieza.

La pusilanimidad mostrada por la dictadura no tuvo límites. Como más del 75 % del plutonio se quedó donde estaba y dada la futura exposición crónica de los vecinos al tóxico, la Atomic Energy Comission (AEC), la Junta de Energía Nuclear (JEN) y posterior Ciemat acordaron implementar de manera subrepticia un proyecto de investigación con sus habitantes y el medio ambiente. Fue llamado en clave: «Proyecto Indalo» (1966-2009) sin que existiera el consentimiento informado ni garantía bioética alguna. La finalidad de este acuerdo era la “recopilación de información sobre la absorción y retención de plutonio y uranio en un número representativo de un grupo de población”, según reza lo firmado apenas un mes después del accidente.

España no solo permitió los incumplimientos. Suscribió con el país causante una historia oficial a la medida de sus intereses. Tuvo como portavoz al ministro Fraga Iribarne, quien afirmó repetidamente que en Palomares todo se había quedado igual o mejor que antes del accidente y que no había peligro para la salud. Los vecinos fueron engañados y expuestos de manera continuada al inventario de plutonio, residiendo en lo que se denomina una «zona de sacrificio», donde el riesgo, al igual que la radiactividad, no se percibe pero existe y las posibles consecuencias patológicas aparecen a largo plazo y resultan muy difíciles de demostrar.

Lo más desalentador fue que la llegada de la democracia no supuso ningún cambio en la exposición radiológica de sus pobladores ni se modificó un ápice la historia oficial

Lo más desalentador fue que la llegada de la democracia no supuso ningún cambio en la exposición radiológica de sus pobladores ni se modificó un ápice la historia oficial sostenida también por los supuestos científicos de la JEN-Ciemat. Siguieron repitiendo que todo había quedado limpio y que no existía peligro alguno.

No fue cuestión de ideologías políticas o de siglas. Ni con UCD, PSOE o PP hubo un mínimo avance en la verdad y la protección de los palomareños. Las élites políticas del poder central y centralista mantuvieron con firmeza la falsa historia oficial de la dictadura y la continuada exposición al plutonio de sus habitantes, dando veracidad al aforismo que el escritor Giuseppe Tomasi di Lampedusa puso en boca del protagonista de El Gatopardo: “Si queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie”.

Gracias a todo lo anterior, el «Proyecto Indalo» se mantuvo activo doce años en dictadura y 31 en democracia. Tras 40 años siendo expuesta la población, cultivando algunas áreas con mucho plutonio, por fin, entre 2006 y 2008 se implementaron las primeras medidas de radioprotección. La medida fue posible porque antes realizaron la caracterización radiológica, con un nuevo mapa de contaminación que derivo en la restricción de acceso y uso con el vallado de 40 hectáreas de áreas contaminadas.

Es de justicia reconocer que ese único y aislado progreso, ese punto de inflexión en los riesgos en Palomares fue gracias al equipo que formó el científico Juan Antonio Rubio cuando estuvo como presidente del CIEMAT (2003-2010) con la directora de Medio Ambiente, Teresa Mendizábal. Ella nos confesó que los mayores problemas no fueron los escollos técnicos, sino convencer a los políticos, primero del PP y luego a los del PSOE, con la llegada de Zapatero. Ardua tarea.

El impedimento no era tanto los 13,8 millones de euros del coste final, del que EE. UU. solo aportó un 13 %, sino sacar del olvido una “patata caliente” que nadie deseaba ni desea en sus manos. Más aún cuando el Ministerio de Exteriores siempre presiona para que el viejo contencioso no ponga en peligro los intereses de las empresas que están haciendo las Américas, muchas de ellas presentes en los sumarios de financiación ilegal de los partidos.

Rubio y Mendizábal sólo proponían estudiar cuánto, como y dónde se hallaba el plutonio para vallar esas tierras, proteger a sus habitantes y poder elaborar además el Plan de Rehabilitación de Palomares. Algo que consiguieron en 2010, poco antes de fallecer Rubio. Lástima que sus sucesores y el Consejo de Seguridad Nuclear se olvidaran de ese proyecto y volvieran la vista hacia otro lado.

El agravio comparativo es sangrante cuando no existieron problemas para realizar una caracterización y descontaminación en Madrid, dentro del Proyecto Integral para la Mejora de las Instalaciones del Ciemat

El agravio comparativo es sangrante cuando no existieron problemas para realizar una caracterización y descontaminación en Madrid, dentro del Proyecto Integral para la Mejora de las Instalaciones del Ciemat (PIMIC). Iniciativa que lleva veinticinco años y mucho más de cien millones de euros gastados, en un lugar donde no existía riesgo radiológico alguno a sus trabajadores, donde no reside población. Pero se trata de un lugar próximo a donde viven los gestores políticos y sus familias y no se halla en la periferia peninsular, distante a 525 km.

Cuando se destapó la contaminación real con la que habían convivido los vecinos de Palomares, la historia oficial cambió. Ahora se reconoce la contaminación, pero se repite sin cesar que no hay peligro, como en la Dictadura. También se incluye el mantra de que ha de ser EEUU quien retire esas tierras ―oportuno argumento para la inacción― porque España carece de un lugar donde almacenar residuos de alta actividad como los que se generarían con la limpieza. Lo que sesgan los voceros de las élites políticas es que ello es perfectamente factible, como están los centenares de toneladas de similares residuos del combustible gastado de las centrales nucleares en seis almacenes temporales individualizados (ATI). De igual manera, se podría crear un ATI en el Cabril para Palomares, hasta que la coyuntura política permitiera devolver ese plutonio a sus legítimos propietarios.

Dado el maltrato sufrido por las generaciones de Palomares durante estos 60 años, todos los gobiernos, los organismos públicos en general y el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ciemat en particular, se hallan en deuda con la población. España está sobradamente preparada para acometer la rehabilitación según el Plan de 2010, para emprender la descontaminación que ponga fin a la angustia y el estigma padecido.

Lo único que falta es voluntad de las élites políticas, las mismas que durante estas seis décadas se han aprovechado de las circunstancias: minorías lejanas, silenciosas e invisibles, padecimientos y riesgos también invisibles.

José Herrera Plaza es investigador y autor de “Accidente Nuclear de Palomares. Consecuencias (1966-2016), Silencios y deslealtades” (2016); “El accidente militar de Palomares desde la Guerra Fría hasta hoy” (2019); y “El año de las bombas” (2026). También ha dirigido el documental “Operación Flecha Rota” para Canal Sur TV y ha sido asesor histórico en la miniserie “Palomares, días de plutonio y playa” para Movistar+

Antes del amanecer del 17 de enero de 1966, dos aviones estadounidenses colisionaron sobre la Península Ibérica durante una operación de repostaje en vuelo entre un bombardero B-52 y un avión cisterna KC-135. El B-52 estaba completando una de las rutas diarias de vigilancia del Mando Aéreo Estratégico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En cuestión de segundos, tres bombas termonucleares cayeron a tierra y una cuarta cayó al agua cerca de Palomares, un pueblo situado a unos dos kilómetros al oeste del Mediterráneo, en Almería, España.

Dos bombas se desintegraron con el impacto, aunque no hubo explosión nuclear. En cambio, varios kilos de plutonio (Pu) se esparcieron por los campos de tomates y las casas de Palomares aquel día de viento. Un vecino encontró otra bomba, prácticamente intacta, con el paracaídas abierto. La última cayó en algún lugar del Mediterráneo, lo que redirigió la prioridad de la Fuerza Aérea al uso de todos los recursos disponibles para una misión crítica: encontrar la bomba perdida antes de que lo hicieran los soviéticos.

El éxito de la recuperación se convirtió en la narrativa dominante de Palomares, amplificada por las dos naciones y por la prensa mundial

El éxito de la recuperación se convirtió en la narrativa dominante de Palomares, amplificada por las dos naciones y por la prensa mundial. Hoy en día, la foto de la bomba recuperada a bordo del USS Petrel es una de las imágenes más habituales de Palomares en Internet.

Todo eso sucedió mientras yo dormía en North Tonawanda, un suburbio de Buffalo, Nueva York. Era solo un niño que ignoraba estos acontecimientos tan impactantes, y fui a la guardería como todos los lunes. Quizás mis padres oyeran la televisión o leyeran algo en el Buffalo Evening News.

Los barcos que transportaban una pequeña parte del plutonio abandonaron España antes de que yo terminara mi etapa preescolar, y con ellos se fue la prensa. Entre 1975 y 1976 fui repartidor del periódico en mi barrio; estoy bastante seguro de que nunca vi ninguna mención a Palomares.

Pasaron los años; las partículas de plutonio se quedaron y yo no aprendí nada sobre Palomares. Aprendí español, me centré en la Química como vocación, me licencié, terminé un posgrado y trabajé durante 15 años como químico en la industria, en la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. y en tres universidades diferentes.

Comencé a estudiar las trazas de plutonio ambiental a principios de la década de 2000.Y por primera vez, leí sobre el desastre de 1966 y su limpieza apresurada y descuidada

Comencé a estudiar las trazas de plutonio ambiental a principios de la década de 2000. Entonces aprendí que el plutonio procedente de la lluvia radiactiva de las pruebas con armas es omnipresente, pero que los sitios altamente contaminados suelen tener fuentes de plutonio no procedentes de la lluvia radiactiva, con composiciones isotópicas distintas. Y por primera vez, leí sobre el desastre de 1966 y su limpieza apresurada y descuidada.

Por entonces pensaba que los acontecimientos de Palomares eran increíbles, y también una tragedia enorme. Lo peor es que nadie de mi familia ni mis amigos recordaba nada: ni las víctimas estadounidenses, ni el desastre del plutonio en el suelo, la cuarta bomba, los héroes de la operación de recuperación ni la tripulación superviviente del B-52... Todos fueron olvidados y desechados. ¿Por qué nadie en los Estados Unidos de principios de la década de 2000 lo recordaba? Ignorancia y amnesia social.

En 2006, cuarenta años después del accidente, completé un proyecto de investigación sobre una partícula individual de la bomba, recuperada de una muestra de suelo de Palomares. Fui el segundo autor de un artículo en la revista Journal of Environmental Radioactivity, con colaboradores de Finlandia y España; generé datos clave de espectrometría de masas y organicé el equipo de investigación. El trabajo demostró que la partícula de la bomba contenía plutonio procedente de una fosa de Rocky Flats construida a finales de los años 50 o principios de los 60. Es probable que nuestro artículo haya sido leído por especialistas en plutonio. Sin embargo, si yo no fuera especialista en estudios sobre el plutonio nunca habría sabido nada sobre Palomares.

Palomares es un ejemplo de la mitología nuclear de la Guerra Fría. En realidad, Palomares es como un arenero lleno de plutonio

Hoy se cumplen sesenta años desde aquella mañana olvidada. Los ciudadanos estadounidenses de 2026 siguen sin saber nada sobre Palomares, igual que yo en 1966, que tenía los ojos cerrados en ese fatídico instante. La Guerra Fría tuvo un precio: la limpieza de Palomares fue completamente inadecuada y, sin duda, expuso a miles de trabajadores españoles y estadounidenses a niveles excesivos de plutonio.

La mayor parte del plutonio liberado en 1966 sigue en los suelos de Palomares en 2026; sin duda, la población ha sufrido una exposición excesiva en sus propios hogares.

En esta mañana del 17 de enero de 2026, mis palabras son sencillas: 60 años son demasiado tiempo. No soy joven, soy un anciano con canas, muchas arrugas y poca paciencia.

Como nadie más en mi país reconoce nuestra responsabilidad, debo hacerlo yo. Estados Unidos fue responsable en 1966 y sigue siéndolo en 2026. Decir que todo va bien, que el plutonio no es motivo de preocupación, que no es peligroso, son mentiras y mitología.

Palomares es un ejemplo de la mitología nuclear de la Guerra Fría. En realidad, Palomares es como un arenero lleno de plutonio. Permanecerá allí, junto con su mitología, hasta que escribamos la verdadera historia y exijamos más a los responsables de ambos países.

Si los niveles de plutonio del suelo de Palomares se encontraran en San Francisco, California, cerca de Hunters Point, Estados Unidos estaría obligado a aplicar un estándar de eliminación de 2,59 picocuries por gramo (96 becquerels por kilogramo) de Pu-239+240. En Hunters Point, la Marina de los Estados Unidos descontaminó los buques utilizados en las pruebas del Pacific Proving Ground en la década de 1950; los dirigentes de la ciudad pretenden renovar Hunters Point como parte de un proceso de gentrificación. Por eso, necesitan establecer un estándar de limpieza conservador que proteja la salud pública.

En Palomares debería utilizarse un estándar conservador de 2,59 pCi/g, o incluso más estricto. ¿Por qué los habitantes de San Francisco son mejores? ¿Son diferentes las propiedades químicas del plutonio a ambos lados del Atlántico? Cuando uno abraza la mitología nuclear, es capaz de creer cualquier cosa que desee sobre Palomares.

Estados Unidos debe elaborar una nueva ley mejorada, basada en pruebas y que abarque todos los lugares afectados por la lluvia radiactiva o la contaminación nuclear relacionada. ¿Por qué no incluir Palomares en la próxima ley?

En julio de 2025, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la RECA (Ley de Exposición a la Radiación y Compensación), que indemniza a víctimas específicas de cáncer por causas relacionadas con la lluvia radiactiva, la minería de uranio y en lugares específicos de Misuri, Kentucky y Tennessee. La RECA recién aprobada expira en 2028 y tiene muchas limitaciones. Existen exclusiones alarmantes en todo el país. Palomares es otra exclusión muy preocupante.

Estados Unidos debe elaborar una nueva RECA mejorada, basada en pruebas y que abarque todos los lugares afectados por la lluvia radiactiva o la contaminación nuclear relacionada. ¿Por qué no incluir Palomares en la próxima RECA? Sin duda, hoy en día hay víctimas a ambos lados del Atlántico, y niveles alarmantes y generalizados de plutonio en los suelos de Palomares sesenta años después.

En 2023 hice una breve visita a Palomares; me invadió una profunda tristeza al reflexionar sobre la proximidad entre el plutonio y las personas, y las numerosas ocasiones diarias de exposición. En la línea temporal del plutonio, 60 años no son nada; para la memoria social, seis décadas pueden borrarlo todo. ¿Conoce la gente los detalles, la historia y los riesgos que persisten en 2026, de acontecimientos que ocurrieron antes de que la mayoría hubiera nacido? ¿Se informa a residentes, turistas o inmigrantes sobre el plutonio en los suelos y el polvo de Palomares?

Fuera de la mayoría de las antiguas instalaciones nucleares estadounidenses no hay señales, información ni centros de visitantes; esa lista incluye Rocky Flats, el taller donde se fabricó el plutonio de Palomares, que ahora es un espacio público abierto. En la zona de impacto de la primera bomba, junto al cementerio de Palomares, la señal de la valla simplemente advierte de que es “zona restringida” y que se prohíbe la entrada. ¿Por qué? No se dice nada sobre el plutonio ni sobre el desastre.

La ironía es que Palomares es un reflejo de Rocky Flats; los campos cercanos a Palomares, al igual que las colinas cercanas a Rocky Flats, contienen átomos olvidados y partículas microscópicas de plutonio, dispersas para siempre por un descuido humano.

Los alrededores de Palomares y Rocky Flats están creciendo rápidamente en esta década. Los recién llegados sufren de ignorancia, ya sea en las playas de Almería o en las altas llanuras a las afueras de Rocky Flats. Recientemente Jeff Gipe, un cineasta de Colorado, produjo el documental Half Life of Memory, sobre la amnesia social sobre Rocky Flats; lamentablemente, se necesita una secuela sobre Palomares.

Su tragedia es un ejemplo del precio que se paga por haber olvidado y borrado la historia de la Guerra Fría. Pero nunca es demasiado tarde para aprender y aceptar lo que ocurrió entonces. Al igual que en muchos lugares contaminados de Estados Unidos, Palomares no tiene ningún remedio real, pero hay respuestas inteligentes y pragmáticas. El 17 de enero de 2026 es un buen día para empezar. Soy una voz solitaria. Sin embargo, a diferencia de 1966, estoy informado sobre Palomares; rechazo la mitología nuclear; acepto las pruebas y los datos objetivos.

Estados Unidos tiene la obligación de ayudar a todos los afectados por la catástrofe de 1966 en ambos hemisferios. La próxima RECA debe incluir Palomares, ya que eso representa justicia, expiación y una disculpa largamente esperada a nuestros vecinos de España.

El 17 de enero de 1966 Manuela Sabiote recogía tomates cuando un trozo de avión cayó a pocos metros de su huerta. En una foto que tomó un periodista o algún soldado, Manuela posa sonriente con los restos de fuselaje, las matas de tomates de fondo y algunos paisanos que observan. Es la foto que ilustra este reportaje, el rastro inocente del incidente de Palomares, del que este sábado se cumplen sesenta años. La foto simboliza el estado de ánimo con el que el pueblo encajó el episodio. Pocas horas después, aquello se llenó de militares que hablaban inglés y buscaban un par de bombas termonucleares extraviadas, y la inocencia dio paso a las mentiras oficiales que no sirvieron jamás para evitar que el pueblo quedase marcado para siempre.

Aquella pequeña aldea del Levante almeriense acababa de sufrir uno de los más graves accidentes nucleares de la Guerra Fría. Un B-52 y un KC-135 habían colisionado durante una de las habituales operaciones de repostaje en vuelo que la Fuerza Aérea de Estados Unidos ejecutaba sobre la Sierra Almagrera. Palomares, con poco más de 700 vecinos, agrícola y pobre, quedaría marcada para siempre por nueve kilos de isótopos de plutonio dispersados en forma de aerosoles sobre un área aproximada de 226 hectáreas con zonas de vegetación silvestre, cultivadas y urbanas. Que cayeron cuatro bombas se supo casi al momento; todo lo demás se ocultó durante el franquismo y hasta bien entrada la democracia.

“La gente de Palomares vivió engañada 40 años. Hasta 2006 no se tomaron las primeras medidas de radioprotección con el vallado de 40 hectáreas. Antes siempre habían dicho que todo había quedado perfectamente. Manuel Fraga fue el principal vocero: decía incluso que se había quedado mejor, así de chulo era”, recuerda hoy José Herrera, quizá la persona que más ha investigado los esfuerzos de los sucesivos gobiernos, en dictadura y democracia, por enterrar el asunto bajo una capa de silencio y olvido: “Una investigadora norteamericana, Barbara Moran, me preguntó una vez cómo era posible que siguiera siendo tan secreto, cuando en su país ya habían desclasificado el Acuerdo Otero-Hall [el proyecto científico a largo plazo para estudiar los efectos de la contaminación por plutonio]”.

Plutonio y americio como fuentes contaminantes

En este pueblo que hoy supera por poco los 2.000 habitantes muchos están cansados de contar a los periodistas las mismas historias una y otra vez. Lo viven como una maldición atada al aire que respiran y la tierra que cultivan.

El sensacionalismo ocasional no ha ayudado. No hay trabajos que demuestren de forma consistente que hay aquí una incidencia mayor de algún tipo de cáncer, y los análisis regulares de las lechugas, los tomates, los caracoles, los conejos, el agua o el aire no dan motivos para la alarma. Pero la tierra contaminada sigue ahí, a menos de un metro de la superficie. “No es un pueblo contaminado, son solo unas parcelas”, dice María Isabel Ponce, actual alcaldesa pedánea (PSOE), que insiste: “Tenemos toda la tranquilidad, está vigilado a través del CIEMAT, y lo único que pedimos es que se haga la limpieza de los terrenos vallados, como llevamos pidiendo 60 años”.

Desde hace décadas todo se hace depender de un acuerdo que nunca llega con Estados Unidos, responsable del accidente y el único con capacidad para transportar, tratar y almacenar los terrenos contaminados. Óscar Velasco es el hijo de Manuela, la joven que posó con los trozos de avión. También fue alcalde hasta 2023, y lo tiene claro: “Urge la descontaminación, ya”. Y alerta de que habrá un momento en que el vallado no sirva para acotar el riesgo. “El americio se va degradando y tiene otro tipo de radiación que puede salir al exterior. Eso es un peligro no solo para Palomares, sino también para poblaciones cercanas”.

La fuente de emisiones radiológicas se compone de isótopos de plutonio (238Pu, 239Pu, 240Pu y 241Pu) y americio (241Am, generado a partir de la desintegración de su progenitor, el isótopo 241Pu). Según el CIEMAT, el 241Am y el 239+240Pu son los radionucleidos críticos debido a que son los isótopos más abundantes en concentración de actividad con los distintos componentes del ecosistema afectado: suelos, alimentos, aire, depósito, agua, organismos indicadores y sedimentos.

“Como no se ve, se oye, se siente o se huele, la gente no valora el riesgo”

Pepe Ramos tenía cinco años el 17 de enero de 1966 y dice recordar muy bien el alboroto, la excitación, cómo el pueblo pasó de ser un villorrio olvidado a centro de la atención mundial gracias a la visita del amigo americano. “No teníamos nada, y yo me escapaba de casa y me iba a montarme a los helicópteros. Nos traían chicles y Coca Cola, que nunca habíamos visto aquí”, relata. Aquello era un jolgorio del que te podías ir con algún bonito obsequio. “Mi hermana se hizo una foto encima de una de las bombas. Todo el mundo andaba por todos sitios recogiendo cosas. Hasta un destornillador de los americanos tengo todavía. El otro día me lo encontré en una caja de herramientas”.

Fuera de la burbuja de inocencia infantil, el impacto económico fue inmediato. Recoger tomates quedó prohibido por orden de la autoridad, pero lo peor fue el estigma: “Aquí se vive del campo y cuando empezaron las historias ya nadie quería productos de Palomares, se vendían con etiquetas de Murcia”, señala el hombre. Además, el reparto de las indemnizaciones abrió otra herida en el pueblo.

Durante muchos años, Ramos iba a Madrid a sacarse sangre. “Dejé de hacerlo porque enviaban cosas muy escuetas, como si fuera un simple análisis de sangre. Que yo sepa, nadie ha recibido nada de que tuviera algún problema de radiactividad. Aquí nos conocemos todos y no ha habido problemas de cáncer ni historias de esas más de lo normal”.

Pronto, los vecinos dejaron de preocuparse, anestesiados por la aparente ausencia de consecuencias y el silencio de las administraciones, que ocultaban incluso cómo un doctor de la división de Investigación Biomédica del Laboratorio Nacional de Los Álamos, Haskell Langham, los estaba utilizando como conejillos de Indias. “Como no se ve, se oye, se siente o se huele, la gente no valora el riesgo real”, lamenta Velasco. Hoy, pocos vecinos siguen haciéndose las pruebas.

“El año de las bombas”

Para las nuevas generaciones el asunto es molesto o un elemento mitológico. “El año de las bombas”, como le dijeron una vez unos niños a Herrera, que tomó prestada la frase para titular su nuevo libro, una recopilación de historias casi al modo documental de Svetlana Alexievich en Voces de Chernobyl. “He tratado de reflejar a los involuntarios protagonistas del suceso, porque la gente del pueblo apenas sale en el tratamiento periodístico del accidente. Siempre se habla del general Wilson, del doctor Langham... Y el pueblo es un figurante”.

Allí cuenta cómo las crónicas radiofónicas a través de Radio España Independiente (La Pirenaica, vinculada al Partido Comunista) rompieron por primera vez el silencio impuesto por la dictadura. Sacaban las crónicas ocultas en la ropa interior de un motorista que iba a Lorca, desde donde se enviaban a Bucarest para ser radiadas. Y también cómo ya en los 80 una jovencísima alcaldesa, Antonia Flores, abanderó la lucha por la transparencia y la dignidad del pueblo de Palomares junto a la duquesa de Medina-Sidonia.

Tuvieron que pasar dos décadas más para que en 2007 se vallaran los terrenos que contienen el material radiactivo que Estados Unidos enterró a medio metro de profundidad, el más grande de ellos en el núcleo del pueblo. Desde entonces, el CIEMAT emite un informe anual a partir de muestras de agua, tierra, aire, animales y vegetales. “Los niveles de irradiación son prácticamente irrelevantes, incluso en las zonas más afectadas”, se lee en el último de ellos. A cinco metros de unas vallas se cultivan lechugas. Nada informa de qué motiva el vallado, de eficacia dudosa con ciertos animales y que no frena al viento.

España ha procurado siempre mantener las miradas de terceros ajenas a lo que hay en Palomares, ignorando incluso las reclamaciones de la Comisión Europea para que complete la rehabilitación. Tampoco admite que haya puntos radiactivos fuera del vallado, como en su día denunciaron los ecologistas. Sin embargo, un informe del Gobierno de Estados Unidos al Senado de aquel país reconoció en 2023 que Palomares “sigue sufriendo los efectos” de la “contaminación residual”, que “supera los niveles” de la normativa europea. Pese a que admitía que la ayuda de Estados Unidos es “vital” para zanjar la cuestión, el informe no instaba ninguna medida para intervenir.

Nadie descontamina Palomares

Hoy, el gran tema que marca la agenda local es la gran urbanización de 1.600 viviendas y hotel junto a la playa de Quitapellejos, que tiene ya los parabienes de la Junta de Andalucía. “Es prosperidad para los vecinos. Queremos que Palomares no solo sea agricultura, y abrirnos al turismo y al sector servicios”, subraya su alcaldesa pedánea. Durante décadas, Palomares ha observado el desarrollo turístico de Vera o Mojácar sin participar de él. Ahora, los ecologistas alertan de que el proyecto acabaría para siempre con un entorno al que la huella nuclear quizá también haya contribuido a preservar, duplicando la población de la pedanía.

Mientras, el pueblo sigue esperando a que alguien saque de allí la tierra contaminada, unos 50.000 metros cúbicos que quedarían reducidos a unos 6.000 una vez tratados. Desde hace casi una década, Ecologistas en Acción lo intenta en los tribunales para chocar una y otra vez contra la determinación del Gobierno de mover ni una piedra. Tras un primer intento fallido, la Audiencia Nacional estudia ahora si debe hacerlo el Ministerio de Transición Ecológica. El proceso está pendiente de que se admitan o no algunas de las testificales que han pedido los ecologistas.

En su momento, el Ministerio ya alegó que las sospechas en torno a la situación radiológica en Palomares son una exageración sin fundamento, que la propuesta de Plan de Rehabilitación de 2010 es papel mojado, que no hay ninguna norma que le obligue a intervenir y que, en todo caso, no está claro que remover sea una buena idea, aunque sea para limpiar.

La tesitura, más teórica que real (al menos por ahora), divide al pueblo. “Yo no soy científico, pero tengo dos dedos de frente: si remueves la tierra va a haber un problema porque se va a liberar al aire”, dice Pepe Ramos. “Tener una contaminación así es peligroso para el ser humano. Vamos 60 años tarde”, rebate Óscar Velasco, que sólo así ve posible borrar un estigma que amenaza con durar tanto tiempo como los isótopos de plutonio: “Descontaminar es la única solución para que al fin se deje de hablar de esto”.

“Cinco, cuatro, tres...”. El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, decidió emular el famoso chapuzón de Manuel Fraga en Palomares y, acompañado de la concelleira de Festejos, sumergirse en las Termas do Muíño, “las más bonitas de Orense”, para demostrar que las aguas están en buen estado pese a los carteles con los que la Xunta recomienda no bañarse.

Jácome, líder de la populista Democracia Ourensana, eligió de nuevo el formato vídeo —en este caso, con Noa Rouco como cómplice muda— para su denuncia en bañador. Desde el arranque de la grabación demuestra su capacidad para improvisar: a falta de camisa o solapa donde enganchar el micrófono para garantizar la calidad del sonido, el regidor opta por sujetarlo en el pelo del pecho.

El objetivo del vídeo es denunciar una normativa autonómica que el regidor considera “surrealista”, ya que las aguas de las termas “no están catalogadas ni como agua de río, ni termal, ni de piscina con depuradora”, aunque los análisis “periódicos” del ayuntamiento demuestra, según dice, que sí son salubres.

“Paraíso natural, incomparables en el mundo, ¡háganme caso!”, finaliza Jácome mientras se recuesta sobre la lámina de agua. “Sería como bañarse en una charca o arroyo en el monte o en cualquier agua de origen no catalogado”, concluye su post en la red social X.

Casi sesenta años después de que cuatro bombas termonucleares cayeran sobre Palomares (Almería) y dos de ellas se abrieran liberando al aire nueve kilos de isótopos de plutonio en forma de aerosoles, el Estado sostiene que no hay nada que hacer allí, salvo vallar algunas hectáreas y dejar pasar los años. Hace tiempo que Ecologistas en Acción cuestiona esta actitud pasiva, pero se ha vuelto a topar con un portazo: el Abogado del Estado ha rechazado en la Audiencia Nacional que el Ministerio para la Transición Ecológica esté obligado a recoger y tratar las tierras contaminadas, tirando de una panoplia de motivos que van desde los puramente procesales a la mera descalificación de los temores de los ecologistas, pasando por una advertencia: no está claro que remover esas tierras sea mejor que dejarlas tal cual.

Desde 2007 la superficie contaminada está vallada para evitar el paso de despistados o curiosos. Existe un programa de vigilancia radiológica para recoger muestras de tierra, vegetales o animales y una misión europea ha visitado la zona en un par de ocasiones, pero los ecologistas denuncian que no es suficiente: creen que la radiactividad, que existe, excede el perímetro del vallado, y califican el lugar de “instalación nuclear clandestina”. Pretenden la ejecución de un Plan de Rehabilitación que no llegó a aprobarse y sigue siendo parcialmente secreto, en el que se preveía el tratamiento de 50.000 metros cúbicos, alrededor de cien hectáreas, y el almacenamiento y traslado de los 6.000 m³ resultantes.

Ecologistas en Acción lleva una década pleiteando para lograrlo. Su primera demanda fue rechazada en 2021 por la Audiencia Nacional porque el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no tenía competencias para limpiar nada. El Estado se pasaba la pelota de ministerio a ministerio. En 2023 volvieron a la carga, apuntando al Ministerio y esgrimiendo un nuevo artículo de la Ley de Energía Nuclear que, según ellos, ampararía la extracción de la tierra con residuos nucleares y el transporte hasta un almacén temporal.

Ahora, la respuesta del Estado demuestra que sigue sin querer hacer nada y que hay un elefante en la habitación: todo está marcado por la falta de voluntad de Estados Unidos para llevarse la tierra contaminada. Esta es una perspectiva que se acerca o se aleja en supuesta sincronía con quién mande, y que tras el regreso de Donald Trump estaría más lejos. Lo cierto es que tampoco se culminó durante los mandatos de Joe Biden o Barack Obama.

Un informe del Gobierno de Estados Unidos al Senado de aquel país reconoció el año pasado que Palomares “sigue sufriendo los efectos” de la “contaminación residual”, que “supera los niveles” de la normativa europea, pero no insta ninguna medida para intervenir. Y eso que existe un Plan de Rehabilitación preparado desde 2010. Pasados 60 años, las autoridades españolas dicen que no puede hacer nada, y ahora añaden que quizá tampoco convenga hacerlo.

Ministerio: falta de amparo legal, “tergiversaciones” y “coste/beneficio”

Para el Ministerio, las sospechas en torno a la situación radiológica en Palomares son una exageración sin fundamento. En su escrito, el Abogado del Estado acusa con virulencia a los ecologistas por sostener su petición de intervención en “opiniones propias, tergiversación de fuentes legales y científicas” y conclusiones propias para crear una “ficción”.

El Ministerio sostiene que no hay ninguna norma que obligue a intervenir, puesto que no se trata de un accidente nuclear ni una afección por actividades potencialmente contaminantes. Sería sólo un lugar al que aplicar medidas de vigilancia y control radiológico, suficientes al estar el nivel de dosis efectiva de radiación (1 mSv/año) dentro de lo previsto. “Como lo califica de ”radiactividad perdurable“, el límite es muy alto”, protesta José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción: “Equivale a cuatro radiografías de tórax cada semana, todas las semanas del año. ¿Y por eso hay que dejar la radiactividad al aire libre? Sentaría un nefasto precedente para todo el que tenga material radiactivo”.

El Estado sostiene que el Plan de Rehabilitación que los ecologistas quieren aplicar es papel mojado. Una mera propuesta que en su día manejó el CSN, pero sin valor alguno. “Ni existe un Plan de Rehabilitación de Palomares, ni esa Propuesta Preliminar que no fue aprobada tiene fuerza ejecutiva”, señala el escrito.

El último y definitivo argumento de la Abogacía del Estado es que mejor no tocar las cosas porque no se sabe qué puede pasar. “Podría ser contraproducente por resultar del mismo mayor perjuicio que utilidad”, advierte el escrito del Ministerio, que subraya que sólo se debe intervenir cuando haya un balance positivo coste/beneficio, “incluidos los costes sociales”. La limpieza, escribe, es una “alternativa entre las posibles”.

No se detallan esos potenciales efectos perjudiciales de la limpieza, pero eso es algo que, se supone, está contemplado por el Plan de Rehabilitación. “Está todo previsto. La limpieza se haría dentro de unas carpas con presión negativa para que no salga nada dentro. Es ahora cuando se están liberando partículas radiactivas”, advierte Domínguez. Los conejos hacen madrigueras en la tierra y los caracoles, que aquí se cocinan en salsa de almendras o con tomate, son fabulosos bioacumuladores de plutonio.

Los ecologistas ha pedido que se aporte el Plan, previa desclasificación, y que en el pleito declare Carlos Sancho Llerandi, Jefe del Programa de Recuperación Radiológica del CIEMAT. El Estado se opone.

Mayor actividad radiológica entre 2030 y 2033

La exposición radiactiva en Palomares no es una paranoia ecologista. Las conclusiones del Plan de Rehabilitación fueron reveladas parcialmente en la sentencia de la Audiencia Nacional de 2021, y mostraban que el tiempo corre en contra. “En el apartado de consideraciones finales [del Plan] se explica cómo por los plazos de liberación de los isótopos debe afrontarse el Plan lo antes posible”, advertían dos de los cinco magistrados, que emitieron un voto particular.

El motivo es que entre 2030 y 2033 el isótopo de americio (241 Am) alcanzará su máxima actividad radiológica debido a la desintegración de isótopos de plutonio. El americio emite radiaciones de tipo gamma que generan riesgos muy superiores para la salud. Los dos magistrados apelaban al “elemental principio de precaución”: “El Estado español tiene la obligación de intervenir en las situaciones de exposición perdurable, cuando sea conveniente y prudente para preservar la salud de la población, y la conservación del medio ambiente”.

Tampoco la Comisión Europea ha validado la situación en Palomares. Como desveló este medio, la última misión de verificación, en 2019, requirió a España que informara antes de 2022 de los avances para rehabilitar la zona, en línea con el objetivo fijado ya desde la primera misión de 2010. España no lo ha hecho y anunció que no lo haría, justificándolo en que la Comisión no es competente para evaluar los avances del plan de rehabilitación de Palomares. La tajante respuesta se envió sin firma, fecha, número de referencia o logo, pero aparecía en las webs de la Comisión y del CSN.

De la Operación Flecha Rota al Proyecto Indalo

La propia Historia acredita que los efectos sobre las personas de la radiactividad en Palomares son una posibilidad cierta. Tras la caída de las bombas, provocada por una colisión en vuelo entre un bombardero B-52 y un avión cisterna KC-135, Estados Unidos envió un equipo de limpieza cuyo primer objetivo fue localizar dos bombas extraviadas y el segundo, tapar lo que pasó. Se llevaron 1.000 metros cúbicos a las instalaciones nucleares en Savannah River, en Carolina del Sur. El resto lo enterraron o lo dejaron tal cual: 103 hectáreas con residuos radiactivos a unos 30 centímetros de profundidad. Se le llamó Operación Flecha Rota.

En 2016 The New York Times publicó documentos desclasificados que demostraban que más de la mitad de quienes participaron en la operación sufrieron algún tipo de cáncer. En España, El Mundo desveló la alta tasa de cáncer entre los guardias civiles que ayudaron a los norteamericanos. También se supo décadas después que el Departamento de Energía Nuclear de EEUU y la Junta de Energía Nuclear española aprovecharon para estudiar el efecto de la exposición al material radiactivo de los lugareños, que no sabían que eran conejillos de indias.

Fue el “Proyecto Indalo”, dirigido por un personaje de novela y apodo definitivo: Mr. Plutonium. Wright Haskell Langham, director de la división de Investigación Biomédica del Laboratorio Nacional de Los Álamos, venía de intervenir en la determinación de los límites legales de la toxicidad del plutonio en su país, como documenta José Herrera en su investigación La experimentación humana con plutonio en España. Génesis y desarrollo del “Proyecto Indalo” (1966-2009), de la que este medio informó hace dos años. “Fue un plan sistemático de experimentación de varias décadas. Nunca les dijeron que vivían rodeados de plutonio en sus campos de labor, que era el pilar casi único de su economía. Siempre que iban a Madrid les decían que no había peligro ni motivo de preocuparse”, explicaba Herrera.

Ahora, la nueva respuesta del Estado siembra dudas sobre la mera conveniencia de rehabilitar la zona. “Hasta ahora ponían como disculpa que no podían limpiar porque los americanos no se llevaban el plutonio y en España no hay un cementerio nuclear apto. Pero ahora ya descaradamente dicen que no van a limpiar, una barbaridad”, lamenta Domínguez.

También el CSN esperaba una actuación: “Estos enterramientos no pueden denominarse como almacenamientos ni determinarse que son definitivos, en tanto toda el área de Palomares está pendiente de las acciones de remedio que se consideren oportunas”, señala en una monografía incorporada el expediente.

Sesenta años después del accidente, el Estado dice que puede que lo mejor sea dejarlo todo como está, mientras sigue esperando en vano que Estados Unidos venga a recoger lo que se le cayó de un bombardero. 

Entre sollozos y lágrimas de familiares y amigos, la madre de Jesús Rosado Jiménez, el joven de 18 años asesinado en la localidad sevillana de Palomares del Río en la noche de Halloween del 2022, ha protagonizado una concentración frente al juzgado de menores de Sevilla coincidiendo con la apertura del juicio oral a uno de los menores implicados en el crimen. Cargada de valentía, pero también de dolor, María del Carmen Jiménez ha recordado aquella fatídica noche en la que Jesús nunca más volvió a atravesar las puertas de su casa. “Quiero que se haga Justicia y que se pueda demostrar que a mi hijo lo asesinaron a sangre fría y sin ningún motivo”, ha afirmado la madre.

María del Carmen Jiménez ha recalcado que “matar no puede salir tan barato” y es que, de los cinco implicados, solo uno se ha sentado en el banquillo al ser el único mayor de edad. Ante esta cuestión, Jiménez ha esgrimido que a veces la justicia no es justa ya que “un joven de 16 o 17 años es plenamente consciente de sus actos”.

De esta forma, ha dirigido una crítica hacia el sistema jurídico argumentando que precisamente los jóvenes, que como su hijo llevan una vida normal y no hacen daño a nadie, son los que pagan las consecuencias de aquellos que actúan “con maldad” y encima quedan impunes. También ha subrayado que se debería incrementar la responsabilidad de los padres de estos menores en cuanto a las actuaciones delictivas de sus hijos, ya que considera que estas son fruto en muchas ocasiones de una “falta de autoridad”.

“Todos los ciudadanos exigimos a nuestros gobernantes actuaciones efectivas, reales, válidas e inmediatas para que a ningún joven le roben la vida como se la arrebataron a Jesús”. Con esta frase, Jiménez ha puesto broche final a la atención a la prensa, posicionándose detrás de la pancarta bajo el consuelo de sus seres queridos que, como ella, se han mostrado devastados. Ahora, esperan a que concluya el juicio.

Un informe del Gobierno de Estados Unidos al Senado de aquel país reconoce que los actos del país norteamericano durante la Guerra Fría causaron contaminación radiactiva en al menos tres países, uno de ellos España. La pedanía de Palomares (Almería) “sigue sufriendo los efectos” en la “contaminación residual” desde que cuatro bombas transportadas por B-52 cayeran sobre sus tierras, abriéndose dos de ellas y liberando a la atmósfera nueve kilogramos de material radiactivo. Los otros dos enclaves afectados por estas actividades son Islas Marshall y Groenlandia.

La contaminación remanente en Palomares “supera los niveles” de la normativa europea, según admite ahora Estados Unidos, que no insta ni recomienda la adopción de ninguna “medida ejecutiva” a pesar de que en 2015 el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, y el ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, firmaron una declaración de intenciones para la limpieza de Palomares.

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EEUU admite que poco puede hacerse sin su apoyo. La “ayuda” de Estados Unidos es “vital” para que España solucione el “problema”. España necesita “negociar un acuerdo vinculante con EEUU” para que el país norteamericano se haga cargo de la custodia del suelo contaminado para su eliminación, ya que no dispone de las instalaciones que son precisas, dice el documento, donde se recuerda las negociaciones que el presidente estadounidense, Joe Biden, y el español, Pedro Sánchez, retomaron en mayo de 2023, de cuya marcha no se conoce nada desde entonces.

El informe, adelantado por ABC y consultado por elDiario.es Andalucía, señala también que las actividades de remediación en este emplazamiento se han pausado mientras que España “sigue negociando con la esperanza de alcanzar un acuerdo final vinculante con Estados Unidos” y subraya que la Comisión Europea “apoya” el plan de España de “retirar la tierra contaminada y transportarla a EEUU”.

Este medio publicó que España ignoró en 2022 la obligación de remitir un informe a la Comisión Europea sobre los avances del plan de rehabilitación, advirtiendo, en un documento sin fechar ni firmar, que la Comisión no estaba facultada para evaluar los avances en la aplicación del plan de rehabilitación de Palomares.

Al menos 103 hectáreas con residuos radiactivos

El propio plan de rehabilitación (que sigue siendo secreto, pero fue parcialmente desvelado por una sentencia de la Audiencia Nacional) recoge que entre 2030 y 2033 el isótopo de americio (241 Am) alcanzará su máxima actividad radiológica, como resultado de la desintegración de los isótopos de plutonio. El americio emite radiaciones de tipo gamma que generan riesgos para la salud superiores a las de tipo alfa del plutonio 241, hasta ahora predominantes. En algunas zonas, la exposición de la población podría superar los 5 mSv por año.

El informe que ahora se hace público, datado el 31 de enero, asegura que Estados Unidos y España “limpiaron gran parte del material radiactivo” y han vigilado el resto desde entonces. Fue la Operación Flecha Rota. Lo cierto es que en Palomares quedan al menos 103 hectáreas con residuos radiactivos que los norteamericanos enterraron a entre 25 y 30 centímetros de profundidad antes de abandonar el lugar. Algunas zonas donde el viento trasladó partículas de plutonio, como la Sierra de Almagrera, quedaron sin tocar. Los norteamericanos se marcharon después de estudiar los efectos de la radiactividad de los habitantes de Palomares en el “Proyecto Indalo”, que durante años se mantuvo en secreto.

Durante años, Ecologistas en Acción ha batallado en los tribunales para lograr el compromiso de la administración española con la limpieza de esas tierras, con independencia de futuros acuerdos con Estados Unidos. No lo han conseguido, a pesar de que existe un plan de rehabilitación preliminar desde 2010. Para España, su aplicación efectiva depende de la colaboración de Estados Unidos. El Tribunal Supremo confirmó en 2022 el rechazo a atribuir la limpieza al Consejo de Seguridad Nuclear.

El impacto potencial “parece ser muy pequeño”

El informe de Estados Unidos, realizado entre marzo de 2020 y enero de 2024, analiza cómo las “condiciones cambiantes pueden afectar a la gestión futura de la contaminación radioactiva” y concluye que que, en Palomares, donde persiste radiactividad desde que en 1966 se registrase el accidente aéreo, el “crecimiento económico” unido a la “revisión de las normas de seguridad radiológica” de la Unión Europea han obligado a “impulsar restricciones en el uso del suelo” y un plan de rehabilitación “adicional”.

Recoge que, si bien en los años posteriores, las actividades de vigilancia radiológica y muestreo llevadas a cabo por el Ciemat “se consideraron suficientes para mantener adecuadamente la contaminación remanente, sobre todo debido a la escasa actividad agrícola y urbana de la zona”, hubo “cambios significativos” en la década de los 80 y los 90 “para su desarrollo agrícola y urbano”.

El informe admite que la contaminación que quedó en Palomares es mayor de la que Estados Unidos pensó en un principio. Solo la “reevaluación” que se hizo entre 1998 y 2002, cuando el boom inmobiliario amenazaba con remover toneladas de tierras radiactivas, llevó a descubrir que la contaminación residual era “mayor de lo que se había estimado inicialmente”, lo que obligó a restringir el uso del suelo y, finalmente, a la expropiación de diversas parcelas. Sin embargo, concluye que el impacto radiológico “potencial” para el público “parece ser muy pequeño”.

Actualmente, los terrenos radiactivos están vallados, si bien los ecologistas han denunciado en diversas ocasiones que se superan los límites de seguridad también en el exterior del vallado.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha confirmado este miércoles que existe voluntad política en su Gobierno para llevarse las tierras radioactivas de Palomares (Almería), contaminadas por el accidente nuclear ocurrido en 1966, al país norteamericano. Lo ha dicho en rueda de prensa conjunta con su homólogo español, el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares, tras la reunión de alto nivel que han mantenido ambos en Washington, como antesala del encuentro del viernes entre los presidentes de ambos países, Pedro Sánchez y Joe Biden, en el Despacho Oval.

Es la primera vez que el Gobierno estadounidense reconoce “la importancia de este asunto” y anticipa que “las negociaciones por los esfuerzos de limpieza se reanudarán pronto”, según ha asegurado Blinken. El líder de la diplomacia estadounidense ha reiterado que tiene “muchas ganas de trabajar” con Moncloa en la retirada de las arenas contaminadas con plutonio hacia un desierto de Nevada (EEUU), en cumplimiento con el compromiso que asumieron ambas partes en 2015.

Por ese entonces, Barack Obama era el máximo mandatario estadounidense, y su Ejecutivo se mostró dispuesto ante el de Mariano Rajoy, pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca interrumpió todo avance en una negociación que ahora se retoma. Según ha asegurado Albares en la rueda de prensa, “hay aspectos técnicos, que habrá que discutir a nivel técnico, pero no político. Ahí es donde estableceremos los plazos a seguir. Lo importante es que hay voluntad de diálogo”.

De este modo, 57 años más tarde, y gracias a la buena sintonía esgrimida entre ambos gobiernos, comienza la resolución política de una radioactividad provocada por la colisión de dos aeronaves de las Fuerzas Aéreas de EEUU. Su choque ocasionó hace medio siglo el desprendimiento y la caída de cuatro bombas termonucleares, cuyo plutonio dejó 50.000 metros cúbicos de tierras contaminadas en la costa de Cuevas de Almanzora, en Palomares.

EEUU ampliará su presencia militar en Rota

“Hoy hemos tratado en la reunión muchos ámbitos de colaboración. Nuestra cooperación en defensa, el acuerdo en materia migratoria para impulsar una migración de América Latina humana, las arenas de Palomares, que serán retiradas, y también el acuerdo de cooperación científica para seguir impulsando el acuerdo con la NASA”, ha resumido el ministro de exteriores español sobre una reunión que ha servido para avanzar en otras carpetas bilaterales, sobre las que podrían anunciarse nuevos acuerdos el próximo viernes, tras la reunión de Sánchez y Biden en la Casa Blanca.

En cuanto a la cooperación en defensa, la ministra Margarita Robles y la embajadora de EEUU en España, Julissa Reynoso, firmaron el lunes un acuerdo para el despliegue en Rota (Cádiz) de dos nuevos destructores lanzamisiles del ejército estadounidense, que se suman a los cuatro que ya están en la base naval. Es la materialización del pacto anunciado por los presidentes de ambos países durante la visita que hizo Biden a Madrid en junio de 2022, con motivo de la cumbre de la OTAN. El primer destructor llegaría a España en 2024 y todavía no se ha definido una fecha específica para el segundo.

Los objetivos de esta colaboración son, según el documento que suscribe el acuerdo, “contribuir de forma significativa a la estabilidad regional y la seguridad de África, Europa y Oriente Próximo”, así como al “sistema de defensa contra misiles balísticos de la Alianza Atlántica”. El documento destaca que el aumento de buques se da “a petición de EEUU”, cuyo gobierno “se compromete a que todo incremento de personal militar o civil estadounidense” derivado del acuerdo “se lleve a cabo sin exceder el nivel total de personal permanente autorizado”.

Esto se traduce en que EEUU no podrá sobrepasar el máximo establecido de 4.250 militares y 1.000 civiles en la base de Rota. Los cuatro buques que operan en la actualidad en esta localización gaditana tienen 1.200 tripulantes y los dos nuevos, de la clase Arleigh Burke, añadirán 300 tripulantes cada uno, aumentando la cifra hasta los 1.800.

El aumento de tropas estadounidenses en territorio español fue autorizado en Consejo de Ministros el 17 de enero y, en esta ocasión, no pasará por la aprobación del Congreso de los Diputados, a diferencia de en casos anteriores. El Gobierno argumenta que esta vez no será necesario, puesto que “el acuerdo permite ampliar de cuatro a seis buques” la presencia estadounidense en Rota “sin modificar ni las misiones ni los tipos de fuerzas ni niveles de fuerza máximos, tanto de personal civil como de militares norteamericanos actualmente autorizados para dicha Base en el Convenio de Cooperación para la Defensa”.

Dicho convenio fue firmado entre España y EEUU en diciembre de 1988 para ocho años. Posteriormente, fue reformado para incluir la actuación de España en los servicios secretos del ejército estadounidense, así como la autorización de los cuatro destructores que están actualmente en Rota. Estos acuerdos sirvieron también para prorrogar su vigencia hasta 2021. Desde ese momento, se aplica el artículo 59.2 del convenio, que prevé la prórroga automática anual si ninguna de las dos partes denuncia el acuerdo.

España se compromete a acoger migrantes de Latinoamérica

Ante el caos y la incertidumbre que ha provocado en la frontera sur de EEUU la inminente expiración del Título 42, la norma que autorizó Trump para agilizar las expulsiones en caliente, el país norteamericano ha encontrado en España un aliado para aliviar su presión migratoria. Concretamente, Moncloa aceptó colaborar con el ejecutivo norteamericano para recibir algunos cupos de migrantes procedentes de Latinoamérica.

Lo hará a través de los centros de procesamiento de migrantes que está construyendo EEUU en Colombia y Guatemala -y próximamente en otros países de Latinoamérica-, en los que los inmigrantes podrán solicitar su ingreso, tanto al país norteamericano, como a Canadá o España, y se tramitará de tal modo que se logre una migración “legal, segura y ordenada”, según ha reiterado Blinken.

Este acuerdo se anunció a finales de abril, y este miércoles, ante la expectativa y las preguntas de la prensa española en Washington, el ministro Albares se ha negado a dar detalles sobre la cantidad prevista o el estatus que recibirán los migrantes aceptados por este nuevo programa. “Los detalles los darán los ministerios del Interior y de Inclusión Social, que son los encargados para este asunto”, ha expresado.

“Hoy en día, la migración es un fenómeno global”, ha dicho Albares, “y por eso creemos que es positivo que colaboremos conjuntamente con EEUU y Canadá”. “España tiene una relación muy especial con todos los países de América Latina. Juntos, formamos una gran comunidad iberoamericana”, ha sentenciado el ministro de Asuntos Exteriores. Su homólogo, Blinken, ha celebrado la cooperación de España para aliviar el flujo migratorio sin precedentes que está llegando a su país, y ha dicho que es un país idóneo, tanto por su “espíritu” de acogida, como “por el idioma”.

Paralelamente, este mismo miércoles, fuentes del gobierno español han afirmado que el país está dispuesto a escalar los acuerdos de migración circular ya existentes con hasta cinco países de Latinoamérica, República Dominicana (2001), Ecuador (2001), Colombia (2001), Honduras (2021) y Guatemala (2023).

De este modo, Moncloa tiene previsto aumentar el número de migrantes que se acogen a programas temporales de empleo en España (en la actualidad, unos 2.000 anuales), pero que al terminar su tarea son devueltos a su país de origen, aunque con la previsión de regresar al año siguiente. Lo hará, sin embargo, en función de las necesidades del mercado laboral español, es decir, en base a las peticiones de empresas privadas en busca de temporeros.

No se puede concluir que haya una relación entre lo que ocurrió el 17 de enero de 1966 y la incidencia de enfermedades cancerígenas en Palomares (Cuevas del Almanzora, Almería). Tampoco lo contrario. Sin embargo, hay sobrada evidencia de que el accidente, en el que se liberaron al aire nueve kilos de plutonio, sirvió para estudiar el efecto en los lugareños de su exposición al material radiactivo, sin que ellos supieran muy bien lo que estaba pasando. Aquel experimento, con el nombre en clave de “Proyecto Indalo”, contó con la participación clave de un personaje con resonancias novelísticas, el doctor Langham, y la colaboración entre ingenua y cómplice de las autoridades españolas. Se ocultó hasta que fue imposible seguir haciéndolo.

Ahora se acaba de publicar un trabajo, La experimentación humana con plutonio en España. Génesis y desarrollo del “Proyecto Indalo” (1966-2009), con nuevas revelaciones, sostenida en cientos de documentos desclasificados de Estados Unidos y España. Lo publica Dynamis, una revista científica internacional dedicada a la historia de la medicina, ciencia y salud, que publican las universidades de Granada y Autónoma de Barcelona. El autor es José Herrera, que lleva casi cuatro décadas recopilando concienzudamente material sobre el accidente.

Herrera se ha basado en cerca de 300 documentos desclasificados temporalmente en 1994 por el Comité Asesor sobre Experimentos Radiológicos Humanos, a instancias de Hazel O’Leary, y obtenidos en su día por Sebastián Sánchez, profesor de Edafología de la Universidad de Almería. También ha entrevistado a decenas de palomareños y se ha pateado los archivos militares y civiles españoles que pudieran contener cualquier dato relevante.

Su conclusión es que fueron conejillos de indias. “No hay precedente en la historia de la medicina española de algo así”, comenta Herrera. “Fue un plan sistemático de experimentación de varias décadas. Nunca les dijeron que vivían rodeados de plutonio en sus campos de labor, que era el pilar casi único de su economía. Siempre que iban a Madrid les decían lo contrario, que no había peligro ni motivo de preocuparse”.

El accidente nuclear en un día de viento

Aquel día de enero era otro día de viento en el Levante almeriense. Un día como cualquier otro, pero a algunos miles de pies de altura, un B-52 estadounidense colisionó en el aire con un avión cisterna, y del cielo cayeron cuatro bombas de hidrógeno (cada una 68 veces más potente que la de Hiroshima). Dos se abrieron parcialmente liberando un aerosol cargado de un isótopo de plutonio (Pu239), que se transformó en dióxido de plutonio dispersándose por una superficie de al menos 435 hectáreas, casi todas sembradas de tomates listos para recoger.

El ejército de Estados Unidos montó una presunta operación de limpieza, consistente en llevarse una pequeña parte del material radiactivo y enterrar mediante arado la mayoría. “Toda la prensa estaba dirigida a no soliviantar a nadie, a decir que todo esto es un oasis, que aquí no pasa nada, que todo es perfecto”, le dijo Carlos Mendo (por entonces director de EFE) a José Herrera.

¿Y qué pasaba con los palomareños? En realidad, aquello era una oportunidad inmejorable para estudiar en 1.200 humanos algo que suscitaba muchas dudas tas apenas dos décadas de desarrollo de la industria nuclear: ¿qué efectos tiene la exposición continuada a pequeñas dosis de plutonio ambiental?

Es entonces cuando llega a Palomares un personaje fundamental: Wright Haskell Langham, director de la división de Investigación Biomédica del Laboratorio Nacional de Los Álamos, había intervenido en la determinación de los límites legales de la toxicidad del plutonio en Estados Unidos. Con el fin de investigar el efecto en humanos, incluso había creado un protocolo de inyecciones a dieciocho enfermos terminales sin su consentimiento informado, tal y como fue revelado años después por radiólogos del propio Departamento de Energía norteamericano. Todo aquello justificaba su apodo: Mr. Plutonium.

Una propuesta: el Proyecto Indalo

El Dr. Langham se desplazó de urgencia a España y tras una primera toma de contacto, regresó acompañado de John Hall, director de Actividades Internacionales del Comité de Energía Atómica. Querían proponer un trato a los españoles: había surgido la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de investigación conjunto que beneficiaría a España. Estados Unidos donaba el material para establecer uno de los mejores laboratorios radiológicos de Europa. Se aceptó de inmediato. Es el acuerdo Otero-Hall [por José María Otero y John Hall, firmantes].  

Mientras tanto, se firmaban nuevos acuerdos de descontaminación que elevaban los niveles “razonables” o “aceptables” de plutonio que debía quedar en la tierra de Palomares, según consta tanto en un informe de 1975 de la Agencia de Defensa Nuclear como en un telegrama a la embajada de Madrid archivado en la biblioteca presidencial de Lyndon B. Johnson. Estados Unidos solo se llevaría a Savannah River lo que estaba por encima de una cantidad tres veces superior a lo acordado inicialmente y 28,5 más de lo propuesto por Eduardo Ramos, el experto de la Junta de Energía Nuclear española.

Un ejemplo de la laxitud con la que se valoró la contaminación radiactiva de aquella tierra: mientras que en Rocky Flats (Colorado) el doctor Langham había propuesto un nivel aceptable de 0,13 ugr/m2 (luego adoptado en la primera normativa en EEUU), en Palomares la cifra se elevó a 462 ugr/m2, 3.554 veces mayor. “Aquello que se llevaron y todo lo que quedó en la zona fue a discreción de la parte norteamericana”, se lee en el trabajo de Herrera. Un año más tarde, el Doctor Langham fue condecorado por el Departamento de Defensa de su país.

Positivos invalidados

Quedaba por delante la tarea de monitorizar a las personas expuestas a tales niveles de dióxido de plutonio, cuya principal vía de entrada es la inhalación. Inicialmente se analizó el aire y la excreción en orina durante 24 horas, y se vigilaron (como siguen vigilándose hoy) los productos agrícolas. Los caracoles, por ser biocumuladores, eran un animal especialmente significativo. Y comenzó un muestreo anual de la población en Madrid, a gastos pagados y generosas dietas.

El 99% de las muestras de orina analizadas en los tres primeros meses dio positivo. Sin embargo, esos positivos fueron invalidados, bajo la teórica sospecha de que se había producido una contaminación en origen a través de la boca de la botella colectora de la orina. “Es la excusa oficial. Extraoficialmente, tanto aquí como en EEUU se produce una gran alarma. Saben que alguno ha podido contaminarse, pero no todos”, comenta Herrera. Curiosamente, los resultados supuestamente inválidos sí se registraban en las fichas radiométricas.

Además, los análisis que sobrepasaban los máximos con los días en calma sin aerosoles. Los dos países tenían interés en minimizar los riesgos: EEUU por su responsabilidad en las tareas de limpieza; España, para no enturbiar su imagen turística. El chapuzón de Fraga marcó la pauta.

Finalmente, en 1978 los responsables norteamericanos reconocieron la deficiente descontaminación que habían ejecutado en su día. Llegaba la democracia. “Aunque esto parece ser beneficioso para los españoles, también aumenta la probabilidad de que el Proyecto Indalo se examine en detalle en algún momento”, dice en un memorando James Liverman al secretario del Comité de Energía Atómica (CEA).

“Con una limpieza completa no hubiese habido Proyecto Indalo”

Es el comienzo de una toma de conciencia. Liderados por la alcaldesa Antonia Flores, los vecinos se movilizan para que les entreguen parte de sus historiales clínicos en 1986. En 1988 se construye una gran balsa sobre terrenos muy contaminados. La resuspensión de las partículas atómicas eleva la radiactividad durante quince semanas, superándose hasta diecinueve veces el límite, pero nadie avisa a los trabajadores o a los promotores.

Cuando la burbuja inmobiliaria llega a Palomares, el Gobierno comprende que allí hay una bomba de relojería: si se mueve la tierra, el plutonio puede volver a la atmósfera. Así que expropia y valla las zonas contaminadas. El seguimiento sanitario y radiológico de 150 vecinos al año continua hasta 2009, cuando se cierra el Proyecto Indalo, 43 años después del accidente.

“Podemos colegir que con una limpieza completa y eficaz no hubiese existido el Proyecto Indalo y los inherentes riesgos a la población”, se lee en el trabajo de Herrera. Casi sesenta años después del accidente, no hay un estudio que vincule la exposición al plutonio liberado sobre Palomares con enfermedades oncológicas. Lo más cercano es un trabajo de Pedro Martínez Pinilla, que utilizó el registro de defunciones como fuente. No encontró vínculo, pero tampoco discriminaba por el grado de exposición. “Se podría estudiar si hay causa-efecto con un estudio ocupacional, porque no es lo mismo estar en casa que arando”, dice Herrera. “Algunos desarrollaron cánceres, pero no se puede decir que el cáncer sea debido al plutonio. Tampoco se puede negar, como hacen la Junta de Energía Nuclear, el CIEMAT y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) desde 1966”.

“La intervención realizada en Palomares (expropiación y vallado) garantiza que actualmente no se supera una dosis de 1 mSv/año para los miembros del público”, señala el CSN, que niega que haya puntos externos en los que la concentración pueda tener un “impacto radiológico significativo”, como atestigua un informe independiente que la Comisión Europea va a investigar. El CIEMAT desarrolla ininterrumpidamente un programa de vigilancia radiológica medioambiental, para el que se toman y analizan muestras de tierra, aire, animales y vegetales de la zona.

El Tribunal Supremo cerró recientemente la puerta a obligar al Consejo de Seguridad Nuclear a fijar una fecha para una limpieza total de la zona contaminada. España y Estados Unidos mantienen parado desde 2015 el acuerdo de intenciones para suscribir un plan de rehabilitación para las tierras contaminadas de Palomares. “Las autoridades españolas han reiterado a las autoridades de EEUU el interés en retomar las negociaciones”, señala el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que abra una “investigación preliminar” para verificar si es cierto que hay zonas con actividad radiológica fuera de la valla que perimetra el área bajo vigilancia en Palomares (Almería), la pedanía de Cuevas del Almanzora donde cayeron cuatro bombas con plutonio en 1966. Dos se rompieron y liberaron a la atmósfera unos nueve kilos de material radiactivo, que nunca se recogió al completo. Ecologistas en Acción asegura que hay al menos cinco lugares fuera del vallado donde los niveles de radiactividad son superiores a lo permitido, la mayoría en suelo urbano.

En septiembre los ecologistas llevaron esta denuncia a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que esta semana les ha informado de que ya ha pedido al ejecutivo comunitario que investigue. Una denuncia similar fue presentada en enero de 2022 ante el Consejo de Seguridad Nuclear, que descartó el riesgo. Los ecologistas piden que el Gobierno descontamine esos puntos de “libre acceso” o, si no, que el Estado sea sancionado por mantener abierto al tránsito terrenos que podrían implicar un riesgo radiológico.

“He pedido a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto”, señala la misiva suscrita por Dolors Montserrat, presidenta de la Comisión de Peticiones, y a la que ha tenido acceso este medio. Sin embargo, también recuerda que la Comisión Europea ya llevó a cabo una misión de verificación en 2019. “Las actividades de verificación determinaron que las instalaciones necesarias para realizar el monitoreo continuo de los niveles de contaminación por plutonio en aire, agua, suelo y productos agrícolas en el área del accidente de Palomares son adecuadas. La Comisión se cercioró de que estas instalaciones están en funcionamiento y funcionando de manera eficiente”, subraya.

Una visita en 2019 sujeta a seguimiento

En realidad, no fue exactamente así. En el curso de aquella visita, los técnicos de la Comisión comprobaron que España tenía las instalaciones adecuadas, pero que alguna estaba rota. Por eso, no se realizaban las mediciones de plutonio desde 2016. El aparato necesario instalado en el CIEMAT no se había repuesto por los recortes presupuestarios. Este problema se solucionó en 2020, un año después de la visita de los expertos europeos. Entonces se retomaron los análisis y la Comisión se dio por satisfecha, en este aspecto.

Además, los expertos europeos comprobaron que la principal recomendación de 2010, limpiar la zona de residuos radiactivos, no se había cumplido, y pidieron a España que le informase de los avances antes de final de 2021. Algo que España no ha hecho, tal y como desveló elDiario.es Andalucía. En su lugar, remitió en marzo de 2020 un documento (sin firma ni fecha) advirtiendo a la Comisión de que las “autoridades españolas” ignorarían su petición porque la consideran ajena a las competencias europeas. Ni el Consejo de Seguridad Nuclear ni el Ministerio de Asuntos Exteriores, ni el de Transición Ecológica explicaron entonces quién y cuándo se elaboró, y por qué se remitió sin fecha y firma, pese a haber sido cuestionados por este medio.

Preguntado nuevamente por ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores cree que el informe de la misión europea debería haber reflejado que “la solución definitiva precisaría contar con la asistencia de EEUU”, ya que nuestro país “no tiene actualmente instalaciones para almacenar convenientemente las tierras contaminadas”. El documento fue elaborado por “las autoridades españolas”, recopilando aportaciones de diferentes departamentos ministeriales y organismos afectados, según explica ahora el Ministerio.

Tampoco los tribunales han dado el impulso necesario para abordar la limpieza definitiva de la zona. Recientemente, el Tribunal Supremo ha confirmado que no va a ordenar al Consejo de Seguridad Nuclear que limpie, de una vez por todas, la radiactividad que sigue contaminando sus tierras.

Posible radiactividad en una zona de tránsito

La denuncia de los ecologistas admitida ahora a trámite por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se apoya en un análisis de espectometría gamma realizado en Zurich (Suiza) a partir de muestras tomadas en Palomares.

En 2010, el Estado valló algunos terrenos, que ahora está expropiando definitivamente. Según esos análisis, también hay radiactividad en algunos lugares concretos fuera del vallado, por los que circulan habitualmente personas y ganado. En la muestra recogida en la acera de números impares de la calle Diseminado La Punta, en el núcleo urbano de Palomares, se registró un máximo de 61 bequereles por gramo de Americio 241, 244 bequereles por gramo de plutonio 239 + 240, de 183 para el plutonio 241 y de 6,1 para el “peligroso isótopo” de plutonio 238. Todos esos parámetros superarían la concentración máxima derivada para una dosis efectiva de un milisiervert/año. Se trataría de una superficie irregular de unos 14 metros cuadrados que lindan con la valla.

Muy cerca de ese lugar está el almacén del CIEMAT con 670 kilos de material radiactivo traído desde Madrid en 2016. El documento de Ecologistas en Acción también detalla la existencia de cuatro puntos radiactivos a algo menos de un kilómetro del núcleo urbano.

“No existe riesgo radiológico inaceptable para la población”

Esas mismas conclusiones fueron remitidas al Consejo de Seguridad Nuclear en enero de 2022 por José Herrera Plaza, residente en la zona y uno de los investigadores más tenaces del suceso y del posterior “proyecto Indalo” (con el que se monitorizó y experimentó con sus consecuencias).

El CSN explicó a este medio que las pruebas radiológicas del Programa de vigilancia que aplica sobre muestras ambientales (suelos, animales y vegetales) tomadas en Palomares prueban que la “contaminación residual” se mantiene “en un rango de valores constantes”. “Las actuaciones adoptadas en la zona garantizan que no existe riesgo radiológico inaceptable para la población”, señaló entonces el organismo, que admitió que tenía previsto realizar “verificaciones adicionales”.

El pasado noviembre, el CSN envió sus nuevas conclusiones a Herrera y archivó la denuncia: no hay nada radiactivo fuera de la valla, concluye. “La disposición del vallado (…) previene del riesgo radiológico existente, minimizando a su vez el perjuicio que el mismo pudiera provocar a terceros”, decía esa carta. El regulador nuclear cuestionaba que los análisis aportados por Herrera se hicieran con los equipos adecuados y tomando bien las muestras.

“Ponen en solfa nuestros datos, cuando resulta que todos son del CIEMAT menos uno de los análisis, que hizo un laboratorio de Suiza homologado, que además coincide con los suyos. Están cuestionando sus propios datos”, protesta Herrera, que denuncia la “indolencia” de las autoridades. “Saben desde 2007 que en Diseminado de la Punta tenían que poner el vallado hasta el asfalto. Le pedí al ayuntamiento que al menos pusiera una capa de hormigón, que ayuda a frenar la radiación de americio, pero miran a otro lado”. En 2015, Greenpeace remitió al CSN unos análisis de muestras tomadas en dos lugares de tránsito público que llegaban a conclusiones similares a las suyas.

Para Herrera, Palomares es una “zona franca” donde se obvia la legislación sobre residuos nucleares. Y como ejemplo, cita el Plan de Mejora Integral de las instalaciones del CIEMAT. “Allí no vive nadie y no existe riesgo radiológico para los trabajadores, pero llevan gastados 100 millones en 22 años”.

“Las leyes se incumplen sistemáticamente”, lamenta el investigador: “¿Cómo se puede permitir que haya un contenedor con 670 kilos de tierra con material radiactivo en mitad del pueblo? Aunque no tengan peligro, tendrían que estar en una instalación de residuos de segunda clase, que es donde estaban en el CIEMAT”. Algo así no se permitiría en ningún otro lugar, concluye. 

El Tribunal Supremo pone fin, por ahora, al intento por parte de los ecologistas de que alguna institución asuma y fije un plazo para limpiar de forma definitiva las tierras contaminadas de Palomares, la pedanía de Cuevas de Almanzora donde en 1966 cayeron cuatro bombas nucleares, dos de las cuales detonaron su explosivo convencial, liberando a la atmósfera unos nueve kilos de material radiactivo. El Alto Tribunal ha rechazado el recurso de Ecologistas en Acción contra una sentencia de la Audiencia Nacional, explicando que el Consejo de Seguridad Nuclear no es el competente para fijar los plazos del plan rehabilitación de Palomares.

Este organismo, dicen los jueces, “carece de competencias en cuanto a la ejecución material de planes” como éste. La decisión, en la práctica, elimina la posibilidad de que los jueces pongan una fecha de inicio a estas operaciones de rehabilitación en este momento.

Era una decisión que entraba en las previsiones de Ecologistas en Acción, más aún después de que el Gobierno atribuyese las competencias del Consejo de Seguridad Nuclear al Ministerio de Transición Ecológica en el Real Decreto-Ley de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania (29 de marzo). Los ecologistas, que dirigían su demanda contra el Consejo de Seguridad Nuclear, informaron de la modificación al Tribunal Supremo, que ahora replica que ese cambio legislativo confirma su interpretación y disipa las dudas: el CSN no tiene competencias para fijar un plazo de ejecución del plan de limpieza de Palomares.

Juan Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción, asegura a elDiario.es/Andalucía que recurrirá ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

De las discrepancias en la Audiencia Nacional...

El caso se remonta a enero de 1966, en plena guerra fría, cuando un bombardero estadounidense chocó contra el avión que lo abastecía de combustible cuando sobrevolaban la pedanía almeriense de Palomares. Dos de las bombas liberaron aerosoles radiactivos que se dispersaron por una amplia superficie. Las labores de descontaminación del ejército estadounidense no fueron suficientes y varias décadas después Ecologistas en Acción sigue pleiteando para que alguien ponga en marcha el plan definitivo de limpieza.

La pretensión de los ecologistas es que, tal y como prevé el Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado de forma preliminar por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) en 2010, se traten 50.000 metros cúbicos de tierra de Palomares afectados por radiación y que los 6.000 metros cúbicos resultantes se almacenen temporalmente en un lugar adecuado. Todo ello, fijándose un plazo para hacerlo.

El pleito ya pasó el año pasado por manos de la Audiencia Nacional, sin una decisión unánime por parte de sus jueces. Con una mayoría de tres jueces (sobre cinco) este tribunal rechazó la petición de Ecologistas en Acción al entender que el CSN no era el competente. “No se le atribuyen, en forma alguna, labores ejecutivas ni materiales” que le facultaran para llevar a cabo ese plan o fijar una fecha. Sin embargo, dos magistrados emitieron un voto particular favorable a que el CSN termine una situación que “la población de Palomares lleva soportando durante más de 55 años”. Estos magistrados entendían que es el único órgano competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, al que corresponde “el impulso de la culminación del proyecto de rehabilitación”.

Al rechazo del Tribunal Supremo: el CSN no es competente

Esas discrepancias desaparecen ahora con la decisión del Tribunal Supremo, que explica (sin votos discrepantes) que Palomares “encaja en la noción de área de exposición perdurable” en base al Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones ionizantes aprobado en 2001.

Esto hace que el CSN carezca de competencias “en cuanto a la ejecución material de los planes”, dicen los magistrados, puesto que la norma solo le atribuye funciones informativas, inspectoras, investigadoras o de control. Tampoco podría clausurar el área contaminada, tratar la tierra, fijar un plazo para retirar la retirada contaminada o almacenarla de forma temporal mientras se le busca ubicación definitiva.

Hasta ahora, nadie se ha hecho responsable de la limpieza del material radiactivo de Palomares. Ni el Consejo de Ministros, ni el Ministerio de Presidencia, ni el Ministerio de Transición Ecológica admitieron su competencia cuando Ecologistas en Acción se dirigió a ellos, una vez desestimada la demanda en primera instancia. El MITECO remitió por último al CIEMAT, que replicó a los ecologistas que trabaja en el Programa de Vigilancia Radiológica y Ambiental y de Personas de Palomares y envía sus resultados al CSN, “pero no tiene capacidad para realizar la descontaminación de los terrenos implicados”.

Ecologistas en Acción quiere que el Parlamento Europeo exija a España una actuación en cinco lugares supuestamente radiactivos y fuera del vallado que delimita el área bajo vigilancia radiológica en Palomares (Almería). En esos puntos, por donde transitan personas y a veces pasta el ganado, se registran niveles de radiactividad muy superiores a lo permitido, según un análisis realizado en Zurich (Suiza) a partir de muestras tomadas en el lugar. En total, abarcarían 428 metros cuadrados, mayoritariamente en suelo urbano.

La contaminación de Palomares es consecuencia del accidente ocurrido el 17 de enero de 1966, cuando dos aviones estadounidenses colisionaron en el aire, dejando caer cuatro bombas nucleares, dos de las cuales se abrieron parcialmente liberando a la atmósfera unos nueve kilos de material radiactivo. Los norteamericanos se llevaron una mínima parte, enterrando el resto. Desde entonces, nada se ha hecho por descontaminar de manera efectiva la zona.

“Resultados peores de lo esperado”

En el escrito registrado ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, los ecologistas exigen que el Gobierno actúe (preferentemente, descontaminando) o, si no, que sea sancionado por mantener abierto al tránsito terrenos que podrían implicar un riesgo radiológico.

“Los resultados obtenidos por espectrometría gamma (…) han sido peores de lo esperado” en la muestra recogida en la calle Diseminado La Punta, en el núcleo urbano de Palomares, explican en el documento. Además del máximo de 61 bequereles por gramo de Americio 241, los ecologistas señalan que se alcanzarían los 244 bequereles por gramo de plutonio 239 + 240, de 183 para el plutonio 241 y de 6,1 para el “peligroso isótopo” de plutonio 238. Todos esos parámetros superarían la concentración máxima derivada para una dosis efectiva de un milisiervert/año.

Cerca de este punto se ubica un almacén del CIEMAT que contiene 670 kilos de material radiactivo traído desde Madrid en 2016. Por último, el documento de Ecologistas en Acción detalla la existencia de cuatro puntos radiactivos a algo menos de un kilómetro del núcleo urbano.

La existencia de varias zonas con elevados niveles de radiactividad fuera del perímetro vallado fue denunciada ante el Consejo de Seguridad Nuclear por el periodista e investigador José Herrera Plaza, tal y como informó elDiario.es Andalucía en enero. Herrera, uno de los críticos más tenaces con las autoridades por la gestión de las consecuencias del accidente de Palomares, había comprobado cómo la aguja roja de un medidor alfa se disparaba en una zona donde se había realizado un pequeño desmonte. También junto al vallado, en calle Diseminado de la Punta, en pleno núcleo urbano del municipio. Luego envió las muestras a un laboratorio independiente en Suiza, que confirmó su hallazgo.

El CSN explicó entonces a este medio que no tenía constancia de la existencia de “zona alguna, fuera del vallado, con índices de radiactividad superiores a los permitidos para zonas sin restricción”. También ha negado siempre la peligrosidad del material almacenado en Palomares.

La intervención de la Comisión Europea

Para los ecologistas, las cifras que arrojan los análisis son “más que sobradas para adoptar una urgente intervención”. Sin embargo, José Ignacio Domínguez, el abogado que ha presentado el escrito, lamenta que hasta ahora estas advertencias no han servido de nada. “No hacen ni caso, y ahí siguen el plutonio y el americio a merced de quien lo quiera coger”.

Los ecologistas piden al Parlamento Europeo que active al Gobierno, pero es la Comisión Europea quien debe verificar el cumplimiento de las disposiciones de control de la radiactividad en el aire, el agua, el suelo y los alimentos. De hecho, el objetivo final de los ecologistas es lograr que la Comisión tome cartas en el asunto ante la pasividad que observan en el Gobierno.

Ya hace tres años, Domínguez compareció ante el Parlamento Europeo y, tras exponer la situación, la Comisión Europea envió una misión de verificación a España. Antes del 1 de enero de este año, España debía informar a la Comisión de sus avances en la aplicación de un plan de rehabilitación de las tierras contaminadas. Vencido el plazo, no lo había hecho y no hay constancia de que en estos meses haya revertido la situación. La posición histórica de España es que la solución para la descontaminación definitiva de Palomares debe contar con el concurso de Estados Unidos, que de momento no se da.

Entre tanto, se eterniza la resolución del pleito en el que debe dirimirse si existe una obligación legal de descontaminar Palomares, y qué organismo debe ejecutarla. El asunto fue resuelto en primera instancia por la Audiencia Nacional, que desestimó la demanda de Ecologistas en Acción con dos votos discrepantes (entre cinco magistrados). Ahora es el Tribunal Supremo quien debe pronunciarse, pero aún no ha fijado fecha de votación y fallo, lastrado por la parálisis en la renovación de sus magistrados. 

Más de medio siglo después de que cayeran del cielo cuatro bombas nucleares, Palomares se dispone a urbanizar la playa en que Manuel Fraga y el embajador estadounidense Angier Biddle Duke se dieron un chapuzón para decirle a todo el mundo que allí no pasaba nada. A menos de un par de kilómetros de distancia de la orilla, dos bombas se habían abierto liberando a la atmósfera un aerosol de plutonio radiactivo. Gran parte de ese material sigue en Palomares, acotado en varias zonas valladas, pero la etiqueta atómica sigue marcando a un pueblo que suspira por despegársela. Los terrenos del proyecto están limpios de radiactividad, y nada más simbólico que sustituir la foto de Fraga por un pueblo costero de nuevo cuño.

De aprobarse definitivamente, Palomares pasaría sin escalas de la parálisis edificatoria a la fiebre inmobiliaria: el proyecto de la playa de Quitapellejos comprende 1.600 viviendas (936 plurifamiliares de cuatro alturas y 664 unifamiliares), un hotel, una gasolinera, pistas deportivas, zonas verdes, 1.000 aparcamientos, zona comercial, un parque infantil y un paseo marítimo. En definitiva, un pueblo. Ocuparía 56,2 hectáreas de suelo desde el límite del dominio público marítimo-terrestre (al sur) a la carretera de Garrucha (al norte), del río Almanzora (al este) a la rambla el Jatico (al oeste).

Antonio Fernández, alcalde de Cuevas del Almanzora (PSOE), matiza que en la primera fase se construirían unas 290 viviendas de las 1.600 proyectadas: “Es un sector urbano, con derechos adquiridos desde hace 40 años, y para el pueblo supone un desarrollo importante. Tenemos 17 kilómetros de costa [el proyecto afectaría a 2,5], la mayoría salvaje, que queremos mantener tal cual. Esto es compatible con la sostenibilidad”. Fraser Prynne, director de desarrollo de la promotora, espera tener los permisos a final de año y culminar el proyecto en un plazo de tres a cinco.

Si se culmina, supondría duplicar la población de Palomares, que actualmente ronda los 2.000 habitantes (de los 14.623 de Cuevas del Almanzora). Antes de ejecutarse deberá lograr la autorización ambiental unificada (AAI) de la Junta de Andalucía. Hasta el 26 de julio, el estudio de impacto ambiental remitido por la Junta de Compensación (integrada por 56 propietarios, y presidida por Bahía Almanzora, S.L., que tiene el 70% del terreno) estará sometido a las alegaciones públicas.

El estigma del incidente nuclear

La foto de Manuel Fraga saludando quién sabe a quién (probablemente a nadie) mientras sale del mar representa cómo afrontó la dictadura el accidente de Palomares. El franquismo y Estados Unidos reaccionaron con una estampa que resume el clásico “circulen, nada que ver por aquí”.

Por supuesto, aquello era propaganda: el agua y la playa estaban limpias, pero alrededor de las dos bombas se extendían ya las partículas de plutonio radiactivo. El viento las llevó incluso hasta la Sierra Almagrera, tres kilómetros al este. Con el tiempo, gran parte de los primeros militares y guardias civiles que trabajaron en la primera limpieza de la zona desarrollaron cánceres por la radiactividad, según desvelaron The New York Times, en Estados Unidos, y El Mundo, en España.

El estudio ambiental presentado por los propietarios de los terrenos no contiene ni una sola referencia a aquello. “La parcela está limpia, sin ninguna duda. Lo dice el plan de investigación 2004-2008 y quedó claro en la caracterización”, asegura José Herrera Plaza, uno de los mayores expertos en el incidente y un crítico tenaz contra la actuación de los gobiernos español y norteamericano. “El proyecto no tiene nada que ver, está muy lejos de la zona, que es propiedad estatal y está vallada y protegida”, recalca Prynne.

Sin embargo, para José Ignacio Domínguez, coordinador provincial de Ecologistas en Acción, el anuncio del proyecto es “una maniobra para blanquear la situación en Palomares”. “Si coges un puñado de tierra de Quitapellejos seguramente dé negativo, pero cuando hay viento las partículas se mueven, y el plutonio entra y sale con la fauna y la flora”, protesta Domínguez, que advierte de que los compradores británicos deberían saber esto, incluso haciéndolo constar en las escrituras. “Si no, podríamos hablar de estafa”.

Domínguez es el firmante de una demanda en la que se exige al Consejo de Seguridad Nuclear que fije un plazo y ejecute de una vez un plan de descontaminación de los terrenos contaminados de Palomares, actualmente en casación ante el Tribunal Supremo.

“En Palomares no pasa absolutamente nada”

En Palomares quedan 103 hectáreas con residuos radiactivos que los norteamericanos enterraron a entre 25 y 30 centímetros de profundidad. Lo hicieron después estudiar los efectos de la radiactividad de los habitantes de Palomares en el “Proyecto Indalo”. El polvo generado al arar diseminaba las partículas radiactivas, pero en 1973 una gran riada arrastró al mar toneladas de limo con plutonio incorporado, limpiando la vega del Almanzora donde se asientan las huertas.

Desde 2007, los terrenos contaminados están vallados con una reja que evita el paso humano, pero no de animales. De ahí que cada cierto tiempo España estudie la presencia de plutonio y americio en caracoles, conejos o lechugas de la zona. Hace tres meses, este medio informó de que una denuncia interpuesta por José Herrera Plaza ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) alertaba de que la radiactividad superaba la zona vallada, en concreto junto al cementerio y en calle Diseminado La Punta, por donde pasan peatones y ganado, sin que se haya adoptado ninguna medida. El CSN lo niega.

Durante años, los agricultores se han quejado del daño reputacional a sus productos. También se lamentan pequeños propietarios o grandes inversores. De hecho, la intención de desarrollar urbanísticamente la zona durante el boom inmobiliario movió al Estado a expropiar (en 2007) los terrenos hoy vallados en 2010 y a preparar un plan de rehabilitación que sigue sin ejecutarse. España sigue ignorando las peticiones de la Comisión Europea para que le informe de la ejecución de ese plan, que los gobiernos siempre supeditan el asunto a un acuerdo con Estados Unidos.

“Esto da absoluta normalidad, y refleja que en Palomares no pasa absolutamente nada”, resalta el alcalde. Prynne cree que ya es hora de superar el impacto del incidente, construyendo en la playa: “Desgraciadamente, el pueblo sigue marcado. La gente en Palomares ha sufrido mucho por esto, y no es justo”.

Sin impacto ambiental, según la promotora

El proyecto plantea un retorno al modelo de grandes desarrollos, pero el informe de impacto ambiental, firmado por la consultora Hábitat, minimiza su impacto: no afectaría a ningún espacio natural, flora o fauna protegida, ni habría allí hábitats de interés comunitario, más allá de “matorrales halo-nitrofilos” ya muy degradados.

La zona no es inundable, y el estudio plantea una “tala cuidadosa” para salvar los 40.000 metros cuadrados del bosque de pinos y eucaliptos ahora usado como zona de acampada, y del que dice que solo se verán afectados “contados ejemplares”. Y el Plan de Protección del Corredor del Litoral de Andalucía, que protegía los primeros 500 metros de la franja litoral, fue anulado en 2017.

A menos de dos kilómetros del futuro pueblo existen tres praderas de fanerógamas marinas (cymodecea nodosa) y de posidonia oceánica, el principal valor ambiental del medio marino en esta zona, “hasta el punto de que la Zona de Especial Conservación ”Fondos marinos del Levante Almeriense“ se estableció para la protección de estas especies”, según admite el informe. Sin embargo, señala que la urbanización sería favorable al sustituir los cultivos de regadío que drenan abonos y fertilizantes.

El informe sí admite un impacto paisajístico: es obvio que el lugar se transformará de arriba abajo. Sobre la playa todavía virgen (donde se celebra el Dreambeach) y terrenos agrícolas se levantará un nuevo pueblo. “Me parece legítimo que los promotores construyan, pero este es un proyecto faraónico y sobredimensionado”, dice Herrera, que alerta del precio a pagar: “Los pocos kilómetros de costa vírgenes se acaban”.  

La Pequeña Venecia y el pasado urbanístico de Cuevas del Almanzora

El principal promotor, Bahía Almanzora, S.L., es una sociedad de los hermanos Hitchins, propietarios desde hace décadas. Los Hitchins venden casas y paquetes de vacaciones a través de la rama británica del grupo, propietario también de un resort de lujo con campo de golf en mitad del desierto.

Para la playa de Quitapellejos (o del Marqués) tenían grandes sueños. En 1989, presentaron el proyecto “La Pequeña Venecia”: cada vecino podría llegar a la puerta de su casa a través de canales marinos artificiales. Costas y Medio Ambiente se negaron por la erosión que ya sufría el litoral. Años después, el Tribunal Supremo desestimó que la administración debiese indemnizar a la promotora, que había perdido terrenos por la regresión litoral.

En 2002, Bahía del Almanzora registró la marca Playa Marqués, que ahora pretende desarrollar. El actual proyecto se presentó al amparo del plan parcial de este sector en 2008, aprobado en tiempos de Jesús Caicedo (PP). Caicedo llegó a proponer un PGOU que preveía nada menos que 238.000 personas viviendo en 100.000 nuevas casas. 14 veces la población actual de Cuevas del Almanzora.

El PGOU de Caicedo no llegó a aprobarse en su totalidad, pero aún así el Pleno acordó ampliar el suelo urbano. Eso le sirvió al Ayuntamiento para suscribir 53 convenios y otorgar cientos de licencias a diversos promotores, muchas luego anuladas por la manifiesta ilegalidad del acuerdo de Pleno en que se basaban.

Durante años, Cuevas ha bordeado la bancarrota por aquella práctica: por ejemplo, ha tenido que pagar 16,4 millones a una constructora por otorgarle una licencia irregular, como contó este medio. El Consistorio ha gastado unos 500.000 euros en asesoramiento legal en 26 procedimientos iniciados por promotores contra anulaciones de licencia. “Nuestro proyecto cumple con la ley”, asegura el promotor del nuevo desarrollo.

“Ese sector es urbanizable y los derechos urbanísticos están consolidados desde hace muchos años”, remata el regidor, que mira a sus vecinos Pulpí (al norte) y Vera (sur) y quiere lo mismo: construir en torno a la playa “velando porque se haga bien”. “Palomares tiene grandes cualidades turísticas por sus playas. Este es un proyecto potente que la va a acercar a la playa, y que viene bien a Palomares y a Cuevas del Almanzora, porque las va a poner en el mapa”. Se trata de cambiar el chapuzón de Fraga por turismo de verdad.

Ciudadanos cuenta desde este jueves con 19 alcaldías en Andalucía, 12 de ellas en mayoría absoluta. Dos de ellas están en la provincia de Sevilla, y es en esa provincia donde un miembro de este partido ha cogido su vara de mando de alcalde. Se trata de Palomares del Río, donde el hasta ahora portavoz de Ciudadanos, Manuel Benjumea, se ha convertido en alcalde.

Lo ha hecho tras prosperar una moción de censura de PP, Podemos, Cs y Vox contra la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez (PSOE). Esta última, curiosamente, también llegó al poder en 2018 mediante una moción de censura, aunque ella misma ha asegurado este jueves en el Pleno que, entonces, a diferencia de ahora, “estaba justificada”.

Jiménez ganó las elecciones en 2019 con una mayoría simple que se ha mostrado frágil y la moción ha salido adelante con siete votos a favor y seis en contra. Da paso a un gobierno en coalición de Ciudadanos con el PP, aunque Podemos ha asegurado que no apoya la decisión de su concejala, que ha sido dada de baja de la formación. Lo mismo ha hecho Vox, con lo que entre los siete firmantes hay dos ediles ahora no adscritas a ningún partido. 

La portavoz de Podemos ha escuchado insultos como “traidora” desde el público, pocos, pero los suficientes para que en alguna ocasión la Policía Local haya tenido que llamar al orden e incluso advertir de desalojo de la sala de algunas personas en concreto.

Solo Izquierda Unida, que tiene dos concejales, se ha negado a firmar la moción de censura desde la oposición. 

El trasfondo de la moción de censura 

Detrás de la moción de censura los firmantes colocan los trámites para la apertura de una gasolinera de bajo coste en el casco urbano. Su ubicación, en mitad de una urbanización y a escasos metros de las viviendas, ha sido determinante para que la moción de censura reproche a la alcaldesa su “inacción” en este asunto.

Ana Isabel Jiménez ha sostenido en el Pleno que sería ilegal revertir la licencia de la gasolinera, y ha instado a Benjumea, a su vez, a llevar a cabo las gestiones en ese sentido “cuanto antes”.

Con todo, Benjumea sostenía que había tomado una decisión difícil, para dar las gracias a los que “independientemente de su ideología, han decidido firmar una moción de censura por el beneficio de Palomares. Gracias por la valentía, conscientes del hacer cogido el camino correcto. A esto se llama generar espacios de diálogo”.

La alcaldesa ha sostenido que sería ilegal y costaría mucho dinero a los vecinos retirar el permiso a la gasolinera, y ha acusado a Ciudadanos de montar “un circo” porque, incluso, hay informes de la Consejería de Salud que “señalan que no existe riesgo para la salud”, además de que “el expediente se inició antes de ser alcaldesa”.

Uno de los reproches que ha lanzado a Benjumea y los demás concejales que le apoyan es el de “no dar señales de vida mientras el equipo de gobierno trabajaba contra la COVID”, en una sesión plenaria que se ha prolongado durante dos horas.

Lo cierto es que Ciudadanos ha apostado, y fuerte, por este asunto, y Benjumea ha estado más que arropado en el Pleno, con los secretarios autonómicos de Acción Institucional y Programas, Javier Loscertales y Elena Sumariva; la secretaria provincial de de Acción Institucional y primera teniente de Alcalde de Alcalá de Guadaíra, Rosa Carro, el delegado territorial de Justicia y Administración Local, Javier Millán y la portavoz en Diputación de Sevilla, Carmen Santa María, entre otros cargos institucionales y concejales de la provincia de Sevilla.

Manuel Benjumea, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palomares del Río y diputado provincial, será alcalde de Palomares del Río desde el próximo 4 de mayo. En esta localidad sevillana, donde sus 8.500 habitantes eligen a 13 concejales, cuatro partidos de la oposición, PP, Podemos, Ciudadanos y Vox, han firmado una moción de censura que no ha querido apoyar Izquierda Unida. Los siete concejales que la apoyan son suficientes para que los restantes no puedan tumbar una moción que, además, ha sido firmada ante notario, para que, aparentemente, nadie se pueda echar atrás.

Todos los aspectos de la moción se han firmado oficialmente, e incluso el Pleno extraordinario ya tiene fecha de celebración: el 4 de mayo. Y todo está pactado para que, salvo cambios, Podemos y Vox se queden fuera del equipo de gobierno, en el que estarían solo Ciudadanos y PP.

Y todo, explican, a raíz de una gasolinera, porque detrás de la moción de censura está la apertura de un surtidor low cost en el casco urbano, a escasos metros de las viviendas de una urbanización. Los firmantes critican la “inacción” de la alcaldesa en este asunto en el que los vecinos de la zona se han posicionado en contra. Pero la edil, Ana Isabel Jiménez (PSOE), les acusa de anteponer “los intereses y aspiraciones personales al interés general de un pueblo” y dice que seguirá trabajando “por mi pueblo desde donde me toque, siempre dando lo mejor de mí y anteponiendo el bienestar de mis vecinos”.

Varios plenos, sin acuerdo

El asunto ha provocado varias protestas vecinales y eternos debates plenarios. El pasado marzo, tras llevar el asunto de la gasolinera a Pleno, el PSOE de la localidad aseguraba que “no se puede revocar la licencia ya que, hasta el momento, todos los informes son favorables y se basan en la legalidad. Ana Isabel Jiménez ha mostrado en el Pleno su malestar ante las acusaciones constantes sobre este tema, sabiendo que revocar la licencia sería caer en prevaricación y realizar una práctica ilegal. También ha explicado que se siente coaccionada debido a las ”amenazas“ constantes ya que, en diversas ocasiones se le ha dicho que o bien revoca la licencia o se le hace una moción de censura”, explicaban.

Pero la moción de censura ya ha tenido un daño colateral. El círculo local de Podemos afirma que la concejala que ha firmado la moción de censura podría ser expulsada de la formación por saltarse las normas de su partido: “La actual concejala que representa a nuestro partido y votantes ha firmado la moción de censura sin el apoyo del círculo. No se ha realizado ninguna asamblea para la votación de una moción de censura por parte de los militantes del círculo. La concejala se salta los estatutos que constituyen los círculos de Podemos, al no esperar una decisión conjunta del círculo sobre tan delicado tema”, dice en sus redes sociales.

El Comité de Garantías de Podemos Andalucía ha anunciado este martes el comienzo de un procedimiento destinado a declarar como no adscrita a su concejala. De todas formas, no influye en la moción de censura, porque Reyes Reche, la señalada, puede seguir como concejala sin pertenecer a partido alguno.

Su partido -hasta ahora- avisa de que “la moción de censura no implica detener ese proyecto y, lo que es peor, contradice los principios de Podemos de ser dique de contención a gobiernos de derecha y extrema derecha”.

El nuevo alcalde

Salvo sorpresas, Ciudadanos tendrá su segunda alcaldía de la provincia de Sevilla y la vigésima de Andalucía tras este Pleno extraordinario.

Manuel Benjumea, el hasta ahora portavoz de su partido es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, y tiene 16 años de experiencia profesional en el sector económico-financiero.

Se afilió a Ciudadanos en 2015, y es miembro del Comité provincial de Sevilla, del que es secretario de relaciones institucionales y vocal del Comité Autonómico.

Los concejales de, Cs, PP, Podemos y Vox del Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla), gobernado por la socialista Ana Isabel Jiménez Salguero, han registrado una moción de censura destinada a desalojar del poder a la regidora y proclamar como nuevo alcalde al portavoz municipal de la formación naranja y además diputado provincial, Manuel Benjumea, esgrimiendo la “inacción” de los socialistas a la insistente demanda vecinal y política de que sea revocada la licencia concedida para instalar una gasolinera en la calle Loma Verdejana, muy cerca de las viviendas de dicha calle, cuyos moradores se oponen frontalmente a dicho proyecto privado.

Así figura en el documento de la moción, firmado por los tres ediles de Cs, los dos del PP, la concejala de Podemos y la edil de Vox, toda vez que esta última anunciaba en marzo de 2021 su decisión de solicitar su baja como militante de dicho partido por discrepancias con la línea política del mismo, sin que ello se haya traducido hasta el momento en una solicitud de declaración como capitular no adscrita por ninguna de las partes, según el Ayuntamiento.

Así, los promotores de la moción de censura suman un total de siete votos frente a los cuatro concejales del Grupo socialista, que gobierna la localidad en franca minoría, pesando además un edil de IU, que no se ha sumado a la moción de censura.

Para la maniobra, destinada a expulsar del poder a la socialista Ana Isabel Jiménez y convertir al portavoz de Cs en nuevo alcalde; los promotores de la misma esgrimen la “inacción” y “falta de soluciones” del Gobierno local del PSOE a la fuerte y repetida demanda vecinal y de la oposición respecto a que sea anulada la licencia de obras concedida para la instalación de una gasolinera muy cerca de las viviendas de la calle Loma Verdejana, un asunto derivado en todo un conflicto vecinal y político.

Recientemente, en ese sentido, el pleno del Ayuntamiento de Palomares aprobaba una moción del PP respaldada por todos los grupos de oposición, --Cs el PP, IU, Podemos y Vox--, que reclamaba a la alcaldesa “revocar de oficio la licencia por motivos de oportunidad”.

Previamente, ya había sido aprobada una moción anterior de todos los grupos de oposición, defendida por el portavoz municipal de Cs, instando a la alcaldesa a emprender la revisión de oficio de la licencia.

Nueva moción

Con esta última moción del PP, el pleno reclamaba “revocar de oficio la licencia por motivos de oportunidad”, celebrando de manera paralela una concentración los vecinos afectados por el asunto. Al respecto, el portavoz local del PP, Carlos Franco, defendía que la moción se basaba en el propio informe emitido por la secretaria general del Consistorio sobre el asunto.

Invocando dicho informe, esgrimía que el Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales regula la revocación de una licencia cuando “sobrevengan” circunstancias que “de haber existido, habrían justificado la denegación y podrán serlo cuando se adopten nuevos criterios de apreciación”, aunque “soportando el resarcimiento de los daños y perjuicios causados”. Así, el portavoz del PP esgrimía los motivos de “protección” de la salud vecinal y de medio ambiente, entre otros, para optar por dicha vía.

La alcaldesa y la secretaria

La alcaldesa, de su lado, insistía en que ante “procedimientos reglados” como este, “no cabe discrecionalidad”, reiterando que ella no quiere la instalación de la gasolinera. “Llevo dos años trabajando para que la gasolinera no esté allí”, señalaba asegurando que había solicitado un informe externo para buscar nuevas alternativas de actuación y había pedido una nueva cita con la empresa, porque “se ha revisado el expediente” sin encontrar cómo anular la licencia.

La propia secretaria general del Ayuntamiento explicaba respecto a su informe que el planeamiento urbano en vigor al momento de conceder la licencia de obras avala la citada autorización, avisando de que “se está intentando arreglar vía Alcaldía una falta de actuación en su momento”, en alusión a no haber “limitado la implantación de la gasolinera” mediante el planeamiento urbano. “No hay artículo para revocar la licencia. La Alcaldía no tiene competencias para revocar las licencias por oportunidad”, enfatizaba la secretaria general.

Tras aquel debate plenario, y después de que los vecinos afectados elevasen el asunto a la Fiscalía avisando de la supuesta omisión de “información elemental” respecto al impacto de la iniciativa, la moción de censura, recogida por Europa Press, avisa de que han sido “innumerables” las ocasiones en las que la oposición se ha interesado por la modificación del planeamiento urbano promovida para regular las condiciones de implantación de nuevas gasolineras, una medida aprobada precisamente el mismo día en el que era concedida la controvertida licencia de obras.

En concreto, fue el pasado 30 de noviembre de 2021 cuando el pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente una innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) “sobre instalación y uso de gasolineras y otros servicios auxiliares”, si bien tras el periodo de información pública fue admitida una alegación de Ecologistas en Acción sobre la falta de información sobre el asunto en el portal municipal de transparencia y a finales de marzo fue acordado iniciar un nuevo plazo de información pública.

Para los promotores de la moción de censura, “ni la alcaldesa ni su equipo han impulsado el expediente de una ordenanza reguladora de estaciones de servicio, desatendiendo la voz de la oposición”.

Además, alertan de que “llama poderosamente la atención” que la citada modificación del planeamiento urbano y la licencia de obras de la gasolinera fueran aprobadas “en la misma fecha”, considerando que la primer edil y su Gobierno se han posicionado “en colisión frontal con toda la oposición y la vecindad”, asegurando que los socialistas quieren “permitir la implantación de la gasolinera”.

La Abogacía del Estado ha trasladado al Tribunal Supremo (TS) que la descontaminación de las 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica en Palomares (Almería) es una “decisión política” y “no” una “imposición legal o internacional”, y ha remarcado que la actuación para eliminar el americio y el plutonio “se irá ejecutando en la medida en que la cooperación internacional y la disponibilidad de la inversión necesaria vayan permitiendo su concreción y ejecución”.

Sostiene que el Gobierno “no tiene obligación” de “preparar” el informe sobre avances en la limpieza de la radiactividad de la zona que solicitó la Comisión Europea (CE) para finales de 2021 ya que el Plan de Rehabilitación “no es una medida sobre la que pueda o no evaluarse si cumple o no con los estándares de protección radiológica” de acuerdo al artículo 35 del Euratom.

En su escrito de oposición al recurso de Ecologistas en Acción que pide al Supremo que obligue al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a fijar plazo para llevar a cabo el Plan de Rehabilitación de 2010, defiende la “transparencia” en la actuación del Gobierno con respecto a la situación en Palomares y remarca que en marzo de 2020 comunicó a la CE que no iba a informar, extremo, según subraya, con el que la comisión “no ha mostrado desacuerdo alguno”.

“Se han adoptado las medidas necesarias”

La Abogacía del Estado advierte, en esta línea, de que, aunque “está en trance de elaboración” un plan para rehabilitar los terrenos porque el aprobado en 2010 es “preliminar”, la limpieza “no es una imposición legal ni internacional y menos --ahonda-- sujeta a plazos perentorios” y asegura que el CSN “ha cumplido con todas sus competencias en la materia” ya que en Palomares “se han adoptado las medidas necesarias para evitar perjuicios a la salud”.

“La rehabilitación puede constituir, y es lógico que así lo considere el recurrente, un objetivo deseable y óptimo, pero será siempre fruto de una decisión política, y se irá ejecutando en la medida en que la cooperación internacional y la disponibilidad de la inversión necesaria vayan permitiendo su concreción y ejecución”, indica.

En el escrito de oposición, precisa que los “residuos” presentes en la zona “no se pueden hacer desaparecer” y arguye que “que no basta con trasladar el problema de un lugar a otro”.

"No consta ningún caso reportado de daños a la salud de las personas derivados" de la "exposición perdurable a la radiactividad"

“Se requiere de la colaboración de otros países al no existir en España un lugar para el almacenamiento seguro de los residuos que se pretenden contaminados con plutonio”, destaca al tiempo que insiste en la necesidad “de colaboración y acuerdo” con el Gobierno de EEUU, con “el que se sigue en negociaciones diplomáticas”

Por otro lado, para la Abogacía del Estado resulta “un acierto” la intervención llevada a cabo en los últimos 50 años en la zona y apunta a que “no consta ningún caso reportado de daños a la salud de las personas derivados” de la “exposición perdurable a la radiactividad” y califica de “genéricas” las alusiones al “peligro” que hace Ecologistas en Acción cuando sostiene que se trata de un cementerio nuclear o laboratorio al aire libre.

Al hilo de esto, mantiene que se “ha cumplido con las obligaciones” que marca la legislación española y europea respecto a las áreas de exposición perdurable ya que la “zona está delimitada, se ha aplicado un sistema de vigilancia de las exposiciones y existen un plan de Investigación Energética y Medioambiental en materia de Vigilancia Radiológica en virtud del cual se han adoptado medidas expropiatorias y de seguimiento científico”.

La competencia, del Ciemat

“Las actuaciones a realizar en Palomares quedan catalogadas como intervenciones en el marco normativo nuclear, y la contaminación remanente en las zonas afectadas por el accidente de Palomares es una situación de exposición perdurable”, recoge el escrito, que añade que “de acuerdo con la normativa europea hay que tener en cuenta, de modo destacado, que toda intervención debe resultar de una ponderación entre los eventuales perjuicios para la salud y los costes que la misma implica”.

Por último, concluye que en el plan de rehabilitación de un suelo como el de Palomares, el CSN “no tiene competencia para su aprobación, sino que actúa en su función consultiva en los términos que la justifican: la protección radiológica” sino que debe emitir informe favorable de los planes de “mitigación de efectos” cuya elaboración “corresponde a los titulares de los terrenos, en este caso, el Ciemat”.

“En consecuencia, puede afirmarse que el CSN ha ejercido todas las competencias que las normas le asignan, pero para lo que en ningún momento es competente es para elaborar un plan de descontaminación o restauración definitivo, o darlo por elaborado e imponer su ejecución, que es lo que se pretende de contrario, y menos aún para definir un plazo para ello, pues su competencia se circunscribe a la emisión de un informe preceptivo sobre dicho plan, en los términos ya expuestos”, finaliza.

El Gobierno ha aprovechado el decreto de medidas para paliar “las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania” para regularizar el estado de los suelos contaminados por radiaciones en España. La inclusión de esta disposición final al decreto ha sido adelantada por El País.

El texto, que fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, modifica la ley franquista de 1964 sobre energía nuclear y define como contaminados los terrenos con una concentración de radiación que suponga “un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente”. Y añade que serán suelos con restricción de uso los que tengan unos niveles que permitan algunos usos. En ambos casos, será el Ministerio de Transición Ecológica el que los declare.

La modificación legal indica que los propietarios de suelos potencialmente contaminados o los titulares de actividades que puedan contaminar con radiación el terreno deberán informar al Gobierno sobre cómo están los suelos donde se hayan desarrollado estas actividades o se planee realizarlas.

Con esta norma, el Ministerio de Transición Ecológica podrá crear un listado oficial de suelos o terrenos que estén contaminados o donde las actividades están limitadas por la presencia de radiación. Hasta ahora, el Consejo de Seguridad Nuclear tenía detectadas seis zonas, pero, aducía no podían declararse como tales por no existir un base legal para hacerlo.

En ese listado aparecieron Palomares, (Almería), marismas de Mendaña (Huelva), el estuario del río Tinto (Huelva), el Hondón (Región de Murcia), el embalse de Flix (Tarragona) y la ribera del río Jarama (Madrid).  

El limbo legal de estos suelos radiactivos ha hecho, por ejemplo, que la limpieza del terreno en Palomares, donde se estrelló un avión estadounidense que transportaba cuatro bombas atómicas, haya quedado sin acometer durante más de medio siglo.

Cuál es la contaminación radiactiva de Palomares y dónde se concentra son cuestiones esenciales para garantizar la seguridad de los vecinos de esta pedanía de Cuevas del Almanzora, marcada desde hace 56 años por un accidente nuclear en el que cayeron en su territorio cuatro bombas nucleares, dos de las cuales se rompieron parcialmente liberando material radiactivo. El Consejo de Seguridad Nuclear acaba de recibir una denuncia para que garantice que las zonas con riesgo radiológico son inaccesibles a cualquiera que pasee por Palomares.

Solo en 2007, 41 años después del accidente, el Consejo de Seguridad Nuclear ordenó el “vallado inmediato” de ciertas zonas (alguna, en mitad del pueblo), tras constatar que en ellas se generaba una radiactividad peligrosa para el ser humano. Se trata de un vallado “poroso”: una verja metálica que impide el acceso a las personas, pero no, por ejemplo, que lo hagan algunos animales. Tampoco se indica que se trate de una zona con riesgo radiológico, aunque sí se informa de la restricción de acceso. España no ha informado a la Comisión Europea de sus avances para limpiar definitivamente el lugar, aunque había sido requerida para presentar un informe, tal y como ha informado elDiario.es Andalucía.

Ecologistas en Acción siempre ha defendido que el vallado es insuficiente para proteger la salud de las personas: en primer lugar, porque habría puntos radiactivos fuera del vallado. También porque el viento, la lluvia, la fauna silvestre y la doméstica siguen esparciendo las partículas de plutonio al colarse en el interior de la zona restringida. Por último, por la falta de señalización adecuada.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) mantiene que fuera del vallado no hay zonas peligrosas.

Doble denuncia por la radiactividad

José Herrera Plaza, periodista e investigador del accidente, acaba de presentar una denuncia por la supuesta existencia de elevados niveles de radiactividad fuera del perímetro vallado, según los análisis independientes realizados en Suiza que ha acompañado a la denuncia. En dos casos se trata de zonas de tránsito, por las que cualquier persona puede circular sin restricciones.

Herrera comprobó con sus propios ojos cómo la aguja roja de un medidor alfa se disparaba en el primero de los puntos que ahora denuncia, situado junto al cementerio. Allí se realizó un desmonte para instalar un poste eléctrico. “La tierra presenta un elevado nivel de radiactividad con migración horizontal por escorrentía”, advierte la denuncia.

El segundo punto está en calle Diseminado de la Punta, en la denominada zona 3. En este terreno, situado en mitad del pueblo, cayó la tercera de las bombas liberando plutonio radiactivo tras el impacto. El terreno está vallado, pero según Herrera, el perímetro no cubre la totalidad de la zona radiactiva. Tres de las cinco muestras que tomó a cinco centímetros de profundidad superan los límites reglamentarios, alcanzando un máximo de 61 bequereles/gramo de americio 241, según el análisis. Habría además actividad radiactiva de isótopos de plutonio 238, plutonio 239+240 y plutonio 241. Esta es una zona de tránsito diario de personas a pie. Hay, además, signos que indican que el ganado podría haber removido esta tierra y comido de ella. “La valla tendría que haberse instalado en el inicio del asfalto, sin dejar arcén”, señala Herrera.

La tercera denuncia se refiere al almacenamiento de 670 kilogramos de tierra “de baja actividad radiológica” (según el CIEMAT) que fue trasladada sin aviso de vuelta a Palomares en noviembre de 2016, tras permanecer durante años en sus instalaciones de Madrid. Está dentro de los terrenos vallados, pero Herrera no comprende por qué ese material, almacenado en Madrid en una instalación radiactiva de segunda clase y controlado por personal especializado, ha sido devuelto a Palomares en contenedores de obra. “Aunque no suponga riesgo para las personas, supone una publicidad negativa, un estigma adicional y un quebranto a la dignidad de los palomareños”, subraya la denuncia.

El CSN niega cualquier actividad radiológica fuera del perímetro de seguridad. “El CSN no tiene constancia de la existencia de zona alguna, fuera del vallado, con índices de radiactividad superiores a los permitidos para zonas sin restricción”, asegura el organismo en respuesta a este medio. También, que la tierra que devolvió a Palomares suponga riesgo alguno para la salud. Se trataría de “muestras ambientales inalteradas” necesarias para la caracterización radiológica de los suelos. Fueron devueltas a la zona donde son almacenadas por si fueran necesarias en momento posterior. En su día, el CIEMAT señaló que se trataba de material de “baja intensidad” radiactiva.

Aumento de la radiación en las muestras de conejo

Otra de las herramientas esenciales para medir la radiactividad en Palomares es el mapa de valores radiológicos ambientales PVRA REM, que muestra la radiactividad de los isótopos de americio 241 y plutonio 241. Son datos recogidos en una treintena de puntos, a partir de muestras muy diversas: lechugas, brócoli, sandías, caracoles, conejos, acelgas, hinojos, suelo, agua de lluvia o miel. En un análisis remitido a la Dirección General de Energía de la Comisión Europea a finales de 2020, España admitió la existencia de 72 muestras contaminadas con partículas radiactivas de un total de 107.

En ese informe, el CSN anunciaba también la colaboración de un cazador para obtener muestras de conejo, un animal que puede ser representativo al constituir uno de los primeros eslabones animales que podría incorporar los elementos radiactivos a la cadena trófica. Ya en 2012 se tomaron muestras de estos animales.

Pues bien, las muestras de conejo de la zona 6, obtenidas el 15 de octubre de 2020, muestran un incremento respecto a la cifra de 2012. El americio-241 en la muestra conejo de caza pasó de 2,900 bequereles por kilo húmedo en 2012 a 4,39 en 2020, mientras que el plutonio 239+240 pasó de 2,72 bq/kg húmedo a 5,37. El aumento también se registró en el otro punto donde se tomó la muestra, en la zona dos: de 2,254 bq/kg de plutonio 239+240 en 2012 a 3,500 en la muestra tomada el 17 de noviembre de 2020; y de 2,600 de americio 241 en 2012 a 4,51 en 2020.

“No mueven un dedo ni para mover una valla”

Herrera es una de las personas que mejor conoce todo lo relacionado con el accidente de Palomares. Lleva años investigando el accidente y sus consecuencias, ha escrito varias obras sobre el asunto, y asesoró en la labor de documentación de la reciente serie documental Palomares Días de plutonio y playa (Movistar +). Cree que estos tres ejemplos ponen de manifiesto la dejación de las autoridades para proteger de manera efectiva la salud de los vecinos y visitantes de Palomares. “Está vallado un metro por delante de lo que debería, pero no mueven un dedo ni para mover una valla”, lamenta.

“Siguen diciendo que no hay riesgo para la población, pero están mintiendo e incumpliendo la legislación internacional: los riesgos de los isótopos son insoslayables, y más en zonas aledañas. Es uno de los tóxicos más potentes. Que haya plutonio espurreado en la zona aledaña del pueblo ya es un riesgo”.

“La radiactividad no está esparcida de forma uniforme”, añade José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción. Aún recuerda cuando acompañó a la televisión alemana y registraron miles de bequereles. “Cien metros más al sur no hay nada”, dice. “Están jugando con la salud de la gente. Es una salvajada tener a la gente conviviendo con la radiactividad, y ningún político se rasga las vestiduras. Los tienen de cobayas: un laboratorio a cielo abierto”, denuncia.

No es la primera vez que se denuncia la radiactividad en zonas no valladas de Palomares. Ya lo hizo Greenpeace después de tomar muestras en 2015, y anunció que pediría una investigación. En 2017, Francisco Castejón (científico del CIEMAT, hoy consejero del CSN y colaborador de Ecologistas en Acción) admitió en El Objetivo que la lluvia y el viento siguen esparciendo residuos radiactivos fuera de la zona vallada.  

Una expropiación a punto de completarse

Durante décadas, nadie puso límites al acceso a tierras sobre las que se había esparcido el polvo radiactivo de una de las bombas que soltó un B-52 estadounidense, que colisionó en el aire con un avión cisterna. Aquello era seguro, se decía, porque Estados Unidos se había llevado parte del material nuclear y enterrado el resto. Pero cuando los habitantes de Palomares quisieron remover la tierra a gran escala para construir dos grandes balsas de riego o ser parte, ellos también, del boom del ladrillo, saltó la liebre. Lejos de estar limpia, aquella tierra no debía tocarse porque estaba contaminada.

En 2001, un informe del CSN advirtió del riesgo que suponía aumentar la actividad de la zona: “La inhalación de polvo se puede ver sensiblemente aumentada en el caso de los niños, debido a su menor estatura y a la naturaleza de sus juegos”. El CSN sabía que la radiactividad había aumentado como consecuencia de la resuspensión de partículas motivada por los movimientos de tierra, pero tuvieron que pasar seis años más para que alguien actuara.

El 4 de julio de 2007, Carmen Martínez Ten (por entonces presidenta del CSN) anunció que se vallaría “ya” dos hectáreas de terrenos (adicionales a las ya expropiadas), sin esperar a su expropiación definitiva. “Lo que le interesa al Consejo de Seguridad Nuclear es que se vallen, que esté muy claro que ahí no se pueden construir urbanizaciones, que no se pueden hacer plantaciones, que no debe haber usos agrícolas... Eso es lo que queremos asegurar”.

El “Plan de Investigación Energética y Medioambiental en Materia de Vigilancia Radiológica” permite la expropiación de los terrenos contaminados de Palomares. Desde 2009, estos terrenos estaban arrendados o en régimen de ocupación temporal. El Gobierno inició la expropiación definitiva el pasado mes de julio, y acaba de citar a los titulares de las 44 fincas privadas bajo vigilancia radiológica (con un total de 40 hectáreas de extensión).