La hija del saqueador fallecido del Palau de la Música, Fèlix Millet, Laila Millet, ha negado a la jueza que quisiera ocultar patrimonio al auditorio para frenar la devolución del expolio perpetrado por su padre (y del que ella se benefició), y ha asegurado que todos sus bienes están “a disposición” de la entidad cultural.

Ante la magistrada del juzgado de instrucción 12 de Barcelona ha declarado como investigada por alzamiento de bienes (delito que ahora se llama frustración en la ejecución) Laila Millet. Lo ha hecho por videoconferencia desde Wisconsin (EE.UU.), estado en el que reside después de poner tierra de por medio tras ver como su apellido quedaba manchado por el saqueo de su padre. Su hermana Clara, también investigada, declarará también por videoconferencia, pero desde Australia, dentro de unas semanas.

Julio no suele ser su mes de mayor actividad musical, pero está ligado a la historia del Palau de la Música. El 23 de julio de 2009 los Mossos d'Esquadra registraban, por orden judicial, la institución cultural saqueada por Fèlix Millet durante décadas. Dieciséis años después, el caso, que ya cuenta con condenas firmes y con su protagonista fallecido, todavía da sus últimos coletazos porque no se ha recuperado todo el dinero expoliado por los Millet y sus adláteres.

Según fuentes jurídicas, la devolución del saqueo se ha quedado estancado desde hace meses en alrededor de 14 millones debido a las propiedades compartidas de varias fincas y a las dificultades para vender el resto de bienes. En otras palabras: no está resultando posible que el Palau recupere los 23 millones saqueados por sus antiguos mandamases.

En este intento para recuperar el máximo de dinero posible, el Palau llevó ante la Justicia tanto a las hijas de Millet como a su antiguo número dos, Jordi Montull, y su esposa, por ocultar presuntamente rentas que percibían de alquileres y no devolver así el dinero. La Audiencia de Barcelona ya tumbó el caso de los Montull y concluyó que no quisieron torpedear la devolución del dinero.

En el caso de llas hijasde MIllet además hay una vuelta de tuerca con la herencia tanto de su padre (a la que han renunciado tras su alejamiento en vida por el caso Palau) como de su madre, Marta Vallès, que disponía de abundante patrimonio, pero que ha terminado en un juzgado en concurso de acreedores.

Su padre, con dinero del Palau, les pagó obras en sus casas, por ejemplo la reforma de la piscina y riego por goteo en el domicilio de Laila por valor de 21.419 euros. También desvió dinero del auditorio para viajes familiares en los que participaron a la Polinesia y a las islas Maldivas. Al margen de los fastos personales, Millet también puso el Palau al servicio de la corrupción de Convergència y canalizó a través del auditorio 6,6 millones de euros de comisiones ilegales de Ferrovial.

Pero si algún episodio caló en la sociedad fue el de las bodas. Los enlaces “ostentosos”, según la sentencia, de las hermanas, que se celebraron en el Palau en los años 2000 y 2002 y reunieron a la flor y nata de la clase política y la burguesía catalana, costaron 164.269,93 euros. Y los pagó el Palau, pese a que Millet cargó la mitad a sus respectivos consuegros.

Por todo ello Laila (no así Clara) fue condenada como responsable civil a título lucrativo del expolio a devolver 112.782,51 euros. Los bienes y patrimonio para hacer frente a esta devolución siempre han estado “a disposición” de la Justicia y el Palau, ha dicho Laila Millet a la jueza, según fuentes jurídicas. Una vez declare Clara, la magistrada podrá decidir si envía el caso a juicio o lo archivo.

El intento del Palau de la Música de recuperar el saqueo perpetrado por su antiguo mandamás, el fallecido Fèlix Millet, ha llevado al auditorio a comprar la mansión de su expoliador en L'Ametlla del Vallès (Barcelona), uno de los bienes embargados que la Justicia está subastando para intentar recuperar los 23 millones esquilmados por Millet. El objetivo del Palau es revender la finca.

La compra de la mansión Millet, adelantada por Catalunya Ràdio y confirmada a elDiario.es por una portavoz del Palau de la Música, se produjo en la segunda subasta de la finca después de que la primera quedara desierta. El Palau ha pagado 780.000 euros y espera poder venderla. La propiedad estaba tasada inicialmente en casi dos millones de euros.

La finca dispone de una parcela de más de 4,5 hectáreas, con una casa con dos plantas de 216 metros cuadrados cada una. La vivienda tiene ocho habitaciones y ocho aseos, y Millet construyó allí un auditorio. En el anuncio en la web de la empresa IAG, encargada de la subasta, también podían verse imágenes del interior: salas de estar, billar, piscina y jacuzzi y gimnasio.

No es la primera vez que el Palau compra uno de los bienes embargados a Millet para intentar venderlo y obtener un beneficio con el que intentar resarcirse del saqueo. El auditorio ya adquirió hace un tiempo un cuadro del pintor Ramon Casas propiedad de su antiguo mandamás.

El del Palau es el mayor caso de corrupción de la historia de Catalunya. Millet, ya fallecido, y su segundo, Fèlix Montull, saquearon durante años la institución, todo un símbolo de la burguesía y la cultura catalanas, y gastaron dinero del Palau en viajes de lujo, obras en sus casas (entre ellas, la mansión de L'Ametlla) y gastos personales como tabaco. Además, ayudaron a que el Palau fuera la cañería de la corrupción de Convergència: la institución sirvió para trasladar las comisiones ilegales de Ferrovial al partido a cambio de obra pública en el último gobierno de Jordi Pujol.

Desde hace un lustro, una vez el caso fue sentenciado en firme, la Audiencia de Barcelona está subastando los bienes embargados a Millet y Montull durante la investigación del caso para que el Palau pueda recuperar el saqueo. Tras un inicio a buen ritmo, con la subasta de pisos y casas en Menorca de los exmandamases del auditorio, el resarcimiento del saqueo se ha estancado en alrededor de 14 millones de los 23 esquilmados.

En paralelo, el Palau también ha denunciado a los antiguos responsables del auditorio por impedir la devolución del saqueo. Un juzgado de Barcelona mantiene investigadas a las dos hijas de Millet, a Montull, a su hija Gemma –también condenada pero que nunca ha llegado a entrar en prisión– así como su madre, Mercè Mir. También estuvo investigado Fèlix Millet, pero su fallecimiento extingue cualquier tipo de responsabilidad penal.

En un primer momento, el juez que entonces dirigía la investigación no logró encontrar a Clara y Laila Millet en Perth (Australia) y Madison (EEUU), ciudades a las que se mudaron tras descubrirse el escándalo en 2009. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, incluso llegó a mandar a un equipo de los Mossos d'Esquadra al funeral del saqueador del Palau de la Música en marzo de 2023 para entregarles su citación como investigadas, sin éxito.

Finalmente, ambas hermanas pidieron en 2023 declarar por videoconferencia desde Australia y EE UU, los países en que residen desde 2009. Laila Millet (no así Clara, que fue absuelta) fue condenada como responsable civil a título lucrativo del expolio. La comparecencia está prevista para el próximo mes de julio.

La otra causa abierta a los exresponsables del Palau por los problemas en la devolución del expolio terminó en absolución. La Audiencia de Barcelona exculpó a Montull y su esposa de haber ocultado el cobro de 31.500 euros de un alquiler para no devolver el saqueo a la entidad cultural.

La jueza que investiga a las dos hijas del fallecido Fèlix Millet, saqueador del Palau de la Música, por presuntamente eludir la devolución del expolio, ha acordado que ambas declaren por videoconferencia desde Australia y EE UU, los países en que residen desde 2009.

Según informan fuentes jurídicas a elDiario.es, la comparecencia telemática, inicialmente prevista para este mes de febrero, se ha fijado para el próximo mes de julio.

Más de una década después del estallido del caso, se han recuperado alrededor de 14 millones de los 23 que, según la sentencia del caso, saquearon Millet y su segundo, Jordi Montull. Se siguen vendiendo propiedades embargadas de los condenados para hacer frente a las indemnizaciones.

La otra causa abierta a los exresponsables del Palau por los problemas en la devolución del expolio terminó en absolución. La Audiencia de Barcelona exculpó a Jordi Montull y a su esposa, Mercè Mir, de haber ocultado el cobro de 31.500 euros de un alquiler para no devolver el saqueo a la entidad cultural.

La nueva investigación contra las hermanas Millet se centra en los contratos de alquiler con propiedades embargadas a su padre que supuestamente les habrían supuesto derechos de adquisición preferente cuando las casas fueran subastadas. Su declaración como investigadas es prácticamente la última diligencia a practicar antes de que la jueza decida si el caso va a juicio o se archiva.

En la causa también permanecen investigados el exnúmero dos de Millet, Jordi Montull, así como su hija Gemma Montull –también condenada pero que nunca ha llegado a entrar en prisión– así como su madre, Mercè Mir. También estuvo investigado Fèlix Millet, pero su fallecimiento extingue cualquier tipo de responsabilidad penal.

En un primer momento, el juez que entonces dirigía la investigación no logró encontrar a Clara y Laila Millet en Perth (Australia) y Madison (EEUU), ciudades a las que se mudaron tras descubrirse el escándalo en 2009. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, incluso llegó a mandar a un equipo de los Mossos d'Esquadra al funeral del saqueador del Palau de la Música en marzo de 2023 para entregarles su citación como investigadas, sin éxito.

Finalmente, ambas hermanas pidieron en 2023 declarar por videoconferencia desde Australia y EE UU, los países en que residen desde 2009. Laila Millet (no así Clara, que fue absuelta) fue condenada como responsable civil a título lucrativo del expolio. 

Las dos hermanas tuvieron que volver a Barcelona a declarar en el juicio en 2017. En su comparecencia ante el tribunal, Clara Millet alegó que nunca se le “ocurrió” que su boda se pagara con fondos de la institución y se mostró indignada porque las acusaciones le exigían devolver los gastos del banquete: “Que se lo reclamen también a los invitados, ¿no?”.

Millet también aprovechó su interrogatorio para arremeter contra la prensa y la “masacre mediática” de que cree está siendo víctima su familia. “Esta boda parece que sea de interés nacional y estoy cansada de escuchar tantas mentiras”, protestó Clara Millet.

Jordi Montull ha vuelto este martes a una sala de juicios. El segundo de a bordo del Palau de la Música, condenado por expoliar el auditorio junto a su jefe, Fèlix Millet (ya fallecido), se ha sentado otra vez en el banquillo, esta vez acusado de ocultar 31.500 euros que cobró alquilando un chalé para no devolver lo robado.

La Fiscalía pide dos años de cárcel para Montull y su mujer, Mercedes Mir, por alzamiento de bienes (ahora el delito se llama frustración de la ejecución) con el objetivo de evitar devolver las indemnizaciones al Palau a las que fueron condenados. Su defensa, en cambio, pide la absolución al entender que en ningún momento quisieron esquivar sus responsabilidades.

En una breve declaración, Montull, que camina con bastón, no ha recordado varios de los detalles sobre el alquiler, toda vez que fue su esposa quien firmó el contrato y se relacionaba con el inquilino de la casa. Se ha limitado a negar que quisiera ocultar su renta ya que, según su versión, tenía “prisa” para devolver todas las indemnizaciones al Palau.

Por su lado, Mir, ha recalcado que nunca quiso engañar a la Justicia. “Nunca tuve intención de hacer ninguna trama”, ha dicho, además de indicar que siempre actuó aconsejada por sus abogados. También ha alegado que no se lucró con el alquiler, ya que los ingresos fueron destinados al pago de impuestos y a la conservación de otras fincas “para tenerlas bonitas y no se metieran okupas”.

Al acogerse a su derecho de contestar solo a las preguntas de su defensa, ambos acusados no han respondido sobre el documento clave del caso: el “plan de pago” que Montull ofreció al Palau, desvelado por este diario en junio de 2020, en el que el saqueador mantuvo que sus únicos ingresos provenían de su pensión de jubilación.

No informó en ese plan Montull de que desde diciembre de 2019 obtenía un alquiler de la finca de El Masnou objeto de juicio, lo que para las acusaciones demuestra su voluntad de ocultar ingresos a la Justicia para eludir las indemnizaciones. No fue hasta que Montull declaró el alquiler en su declaración de la renta del año 2020 que el Palau se enteró de ese alquiler.

Sea cual sea la sentencia, la cantidad en cuestión que se reclama a los Montull (31.500 euros que cobraron de alquiler entre diciembre de 2019 y septiembre de 2021) es irrisoria en comparación con los alrededor de diez millones de euros que todavía quedan por cobrar del caso Palau. Según el último recuento, la Justicia ha logrado recuperar casi 14 de los 23 millones expoliados por Millet y Montull.

Anticorrupción solicita dos años de cárcel para Montull y Mir por eludir la devolución del saqueo ocultando a la Justicia el cobro de 31.500 euros de alquiler de una de las fincas embargadas.

En su informe, el fiscal Abel Andrade se ha reafirmado en su petición de pena y ha subrayado que los acusados urdieron el plan porque “necesitaban ‘cash’”, esto es, dinero en efectivo para sus gastos diarios mientras tenían todos sus bienes embargados por el caso Palau.

“No se reprocha su capacidad para arrendar sus fincas, sino que no entregaran las rentas a la Justicia”, ha aseverado Laura Parés, letrada del Palau de la Música. La defensa de los Montull, ejercida por Laura Bardají y Alberto Rocha, ha negado cualquier conducta “reprochable” de sus clientes, de quienes ha remarcado que estaban “deseosos de pagar” las indemnizaciones al Palau una vez condenados. En especial Montull, ya que era la vía para obtener más rápidamente el tercer grado, que obtuvo el año pasado tras más de dos años en prisión.

No es la única causa pendiente por alzamiento de bienes que les queda a los Montull. Un juzgado de Barcelona les mantiene imputados por un caso similar sobre alquileres y derechos de compra de fincas embargadas a su hija Gemma para eludir presuntamente las indemnizaciones. En esta causa están imputadas también las hijas de Millet, que viven en el extranjero y todavía esperan que el juzgado las cite para declarar por videoconferencia.

Comparecidas tras meses sin estar localizables. Las hijas de Fèlix Millet, saqueador confeso del Palau de la Música ya fallecido, han anunciado al juez su voluntad de celebrar su declaración como investigadas por ayudar presuntamente a su padre a no devolver el saqueo del auditorio. Clara y Laila Millet han pasado varias semanas en paradero desconocido para el juez.

Las dificultades para encontrar a Clara y Laila Millet fueron un obstáculo inesperado de la causa abierta a raíz de una denuncia del Palau de la Música ante los obstáculos que, según el auditorio, ponían sus saqueadores para devolver un expolio cifrado en 23 millones de euros. Más de una década después del estallido del caso, se han recuperado alrededor de 14 millones, y se siguen vendiendo propiedades embargadas de los condenados.

En un primer momento, según fuentes jurídicas, el juez no logró encontrar a Clara y Laila Millet en Perth (Australia) y Madison (EEUU), ciudades a las que se mudaron para evitar el ostracismo social que vivió la familia en Catalunya tras descubrirse el escándalo en 2009.

Tal y como adelantó elDiario.es, el juez, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, llegó a enviar a agentes de los Mossos d'Esquadra al funeral de Millet el pasado mes de marzo. El objetivo era encontrar en las exequias a sus hijas para poder entregarles la citación para comparecer como investigadas esa misma semana. Pero los policías no encontraron a Clara ni a Laila Millet en la despedida de su padre.

Finalmente, Clara y Laila Millet han aparecido. No físicamente por la Ciudad de la Justicia de Barcelona, sino a través de un escrito de sus abogados, en el que han comunicado un domicilio en Australia y EEUU y han pedido declarar como investigadas.

Una vez localizadas, juez ha dejado sin efecto la orden que tenían las dos hermanas para que fueran conducidas por la policía al juzgado para declarar en caso de que pusieran un pie en España. El magistrado también ha pedido al “organismo correspondiente” que facilite los medios para que las dos hermanas puedan declarar desde los países en los que viven.

La nueva investigación contra las hermanas Millet se centra en los contratos de alquiler con propiedades embargadas a su padre que les habrían supuesto derechos de adquisición preferente cuando las casas fueran subastadas. Su declaración como investigadas, que todavía no tiene fecha, es prácticamente la última diligencia a practicar antes de que el juez decida si el caso va a juicio o se archiva.

Irse a vivir fuera de España no evitó que Laila Millet fuera condenada como responsable civil a título lucrativo del expolio, esto es, por haberse beneficiado del saqueo cometido por su padre. Clara Millet, en cambio, fue absuelta. Fèlix Millet pagó con dinero del Palau desde obras y piscinas en las casas de sus hijas hasta viajes familiares de lujo.

Millet también abonó con dinero del auditorio las bodas “ostentosas”, en palabras de la sentencia del caso, de sus hijas en el Palau. Fue uno de los episodios célebres del expolio, pues a Millet las bodas le salieron a devolver: cargó la mitad de los enlaces a los respectivos consuegros, pero los 164.269,93 euros que costaron las bodas los había desembolsado la entidad cultural.

Las hermanas Millet siempre han mantenido que se enteraron por la prensa de todo el expolio, si bien la sentencia deja claro que disfrutaron de los viajes que su padre abonaba con dinero que no era suyo. Toda la familia viajó a la Polinesia en 2006, mientras que Laila y Clara respectivamente acompañaron a sus padres a Kenia y a las Maldivas en 2007.

Con su declaración como investigadas por videoconferencia, por ahora no se repetirá la imagen de su presencia física en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde sí acudieron por el juicio del Palau. En su interrogatorio en 2017, Clara Millet aprovechó para arremeter contra la prensa y la “masacre mediática” que, a su juicio, sufría su familia, una de las más emblemáticas de la burguesía catalana hasta que se descubrió el saqueo.

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Fèlix Millet ha muerto, pero sus bienes se seguirán vendiendo para poder devolver al Palau de la Música el saqueo que perpetró en vida. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado este viernes que las propiedades embargadas al expresidente del Palau se seguirán subastando para completar los 23 millones de euros que debe recibir el auditorio.

En un comunicado, el TSJC ha recordado que la responsabilidad civil de Millet (esto es, devolver el saqueo) “no está extinguida” pese a su fallecimiento. El tribunal ha comunicado que las dos próximas propiedades de Millet que se venderán serán una finca en l’Ametlla del Vallès (Barcelona) y tasada en más de 1,9 millones de euros y un cuadro tasado en más de 200.000 euros.

Millet falleció este jueves a los 87 años de edad en una residencia, en la que por su deteriorado estado de salud cumplía la condena de 9 años y 8 meses de cárcel por el expolio que perpetró junto a Jordi Montull. Los dos condenados han devuelto ya 13 de los 23 millones de euros del Palau de la Música que destinaron a gastos personales, viajes y obras en sus casas.

El Palau fue el mayor caso de corrupción de la historia de Catalunya y puso fin al oasis catalán al declararse probado que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) recibió 6,6 millones de euros en comisiones ilegales a través del auditorio.

Al margen de sus bienes embargados, las hijas de Millet serán responsables de devolver las deudas de su padre con la Justicia si aceptan la herencia. Cabe recordar que el Derecho Civil Catalán establece que una herencia no se puede aceptar parcialmente sino toda en su conjunto y que los herederos serán responsables con sus propios bienes de las deudas contraídas por parte de quienes heredan.

Además, la sección 10ª de la Audiencia de Barcelona, encargada de ejecutar la sentencia y recuperar los fondos saqueados, ha acordado la designación de un administrador judicial para la liquidación de la sociedad Bonomia, de la que son accionistas la familia Millet Vallés. Esta mercantil, inactiva, es propietaria de 13 inmuebles embargados, a cuya venta se procederá en los próximos meses.

“Que a Fèlix le gustaba mucho el dinero lo sabíamos todos, pero no entiendo cómo se le pasó por la cabeza 'eso'”. La frase la dijo en Rac-1 Pat Millet, hermana de Fèlix Millet, y “eso” es haber saqueado más de 20 millones del Palau de la Música para dedicarlos a uso y disfrute personal: lingotes de oro, viajes, obras en casa o efectivo para tabaco. Este jueves ha muerto a los 87 años Fèlix Millet, el ladrón burgués que ayudó a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a cobrar corruptos porcentajes de hasta el 4%, comisión personal mediante.

El apellido Millet ya era célebre antes del caso Palau por formar parte de una de una de las familias emblemáticas de la burguesía catalana. Ahora pasará a la historia asociado a la causa de corrupción más grave que ha sufrido Catalunya en las últimas décadas.

El reposo eterno le ha llegado a Millet en la residencia donde estaba ingresado por una enfermedad incurable. Allí cumplía, en tercer grado, la condena de nueve años y ocho meses de cárcel por el expolio que perpetró en el Palau. Antes había permanecido más de dos años en prisión.

A lo largo de este tiempo la Justicia ha hecho esfuerzos para recuperar el dinero que saquearon Millet y su número dos, Jordi Montull. Ya condenados y cuando tocó devolver el saqueó, los dos exmandamases realizaron ejercicios de ocultación de sus rentas que les valieron nuevas imputaciones judiciales. Millet muere con solo la mitad del saqueo devuelto.

La vida de Millet se puede resumir en dos etapas. El entorno privilegiado y burgués en el que creció derivó en el ostracismo provocado por su latrocinio. Mientras el saqueo se producía, muchos de los que después lo condenarían socialmente prefirieron mirar hacia otro lado. Nadie roba tantos millones sin un entorno que, por lo menos, haga ver que no pasa nada. Millet se creía el más listo, pero cayó.

El hombre que en su niñez jugaba con el Rolls Royce de las tías del conde de Godó ha pasado los últimos años de su vida alejado a la fuerza del mundo de las élites catalanas en el que nació y destacó. El propio Millet lo resumía así en el libro L'Oasi Català (Planeta, 2001): “Somos unas cuatrocientas personas que nos encontramos en todas partes y siempre somos los mismos. Nos encontramos en el Palau, en el Liceu, hay un núcleo familiar y nos vemos coincidiendo en muchos sitios, seamos o no parientes”. Eran los años dorados.

Hablar de ascenso social en Millet sería un error, pues ya nació en el Olimpo de los patronos de Barcelona. La familia labró su fortuna en el sector textil, pero sin renunciar a las inquietudes culturales. Su tío abuelo Lluís Millet fue uno de los fundadores del Orfeó Català, entidad que más de un siglo después Fèlix Millet contribuiría a saquear.

Su padre, Fèlix Millet i Maristany, fue un renombrado empresario de tendencias políticas democristianas, que como tantos otros se pasó a Burgos al estallar la Guerra Civil. Presidió el Banco Popular y cofundó la aseguradora Chasyr y Banca Catalana, además de presidir el Orfeó.

Lo que sí hizo Millet hijo fue sublimar el talento natural de los de su clase para acumular cargos empresariales y en entidades tan representativas como el F.C. Barcelona. Cumpliendo con lo que la burguesía espera de sus vástagos, se casó con Marta Vallès, heredera de la papelera Guarro y de un ingente patrimonio familiar. Vallès falleció en 2018.

Los primeros negocios de Millet se sitúan en Fernando Poo, enclave colonial español en Guinea Ecuatorial. Como muchos patricios catalanes, el padre de Millet explotaba plantaciones de café y cacao en Guinea, y el hijo acabó siendo el gerente de la compañía agrícola e industrial de Fernando Poo hasta que la colonia obtuvo la independencia en 1968. Millet regresó a Catalunya.

A mediados de los 80 Millet tuvo su primer encontronazo con la justicia: pasó dos semanas en prisión provisional por la estafa que perpetró en Renta Catalana, inmobiliaria dirigida por los hermanos Ignacio y Antonio María Baquer y de la que formaba parte del consejo desde 1974.

Millet lo fue todo en Catalunya. Se sentó en consejo de La Caixa, de Agrupació Mútua, de la sociedad del Gran Teatre del Liceu y de la fundación del F.C. Barcelona, entre otras empresas y fundaciones. Incluso hizo una intentona, sin éxito, de asociarse con sectores catalanistas para desbancar a Josep Lluís Núñez de la presidencia del Barça. Desde 1990 hasta 2009 comandó el Palau y al Orfeó Català.

Bajo el liderazgo de Fèlix Millet, el Palau llegó a competir con el Liceu como lugar de reunión predilecto de las élites. También tuvo tiempo para saquearlo. En su gestión absolutamente personalista y déspota –la confusión sobre qué dinero correspondía al Palau, la Fundación o el Orfeó era total y quitó el sueño a los investigadores– mantuvo al Palau como símbolo del catalanismo, lo que no le impidió acercarse a la FAES y a José María Aznar para buscar subvenciones del Ministerio de Cultura.

Ya fuera de su pedestal, durante los casi cuatro meses que duró el juicio, acusaciones y defensas coincidían en que Millet conservaba la lucidez de antaño aunque su estado de salud físico fuera delicado por los más de ochenta años que le contemplaban y agravado por los cuatro paquetes de tabaco que consumía a diario. “Tiene la columna vertebral como una culebra”, plañía su hermana Pat en una entrevista que forma parte ya de la memoria histórica del audiovisual en Catalunya.

En agasajar a políticos y empresarios, Millet no tenía rival. Pero detrás de los focos, racaneaba el dinero de los viajes a los 'cantaires' del Orfeó, aduciendo que invitar a estrellas de la música clásica requería de muchos fondos. Todo ello mientras los billetes de 500 euros sin declarar a Hacienda entraban y salían del Palau a toda velocidad y el auditorio era “la cañería”, en palabras del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, a través de la que Ferrovial pagó comisiones a Convergència a cambio de obra pública.

De todas sus gestas corruptas, destaca el haber cargado el coste del convite de la boda de su hija a las cuentas del Palau y cobrar la mitad del evento al consuegro. A la boda acudieron consellers de la Generalitat de la época, financieros y empresarios. El refranero popular proporciona explicaciones sencillas: la avaricia rompe el saco. A Millet simplemente lo pillaron.

Con 86 años, Fèlix Millet vuelve a dormir en prisión. El juez de vigilancia penitenciaria ha decidido suspender el tercer grado que la Generalitat otorgó por motivos humanitarios al exresponsable del Palau de la Música mientras decide si lo revoca definitivamente, tal y como ha pedido la Fiscalía.

Dos años y medio después de que ingresara en la cárcel para cumplir condena por el expolio de la entidad cultural, la conselleria de Justicia de la Generalitat concedió a Millet la semilibertad, con lo que solo debía acudir a prisión a dormir de lunes a jueves. La Fiscalía recurrió el tercer grado de Millet al entender que sus problemas de salud no justificaban que se le otorgara el régimen abierto.

Según han informado fuentes del caso, Millet se encuentra ingresado en la enfermería de la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) desde el pasado lunes. Hasta entonces, el principal condenado por el expolio del Palau de la Música disfrutaba del tercer grado en una residencia privada, elegida por su familia, sin tener que pernoctar en prisión, dado que se le aplicó un artículo del reglamento penitenciario que permite a los internos cumplir su condena íntegramente fuera de la cárcel.

Mientras decide si le revoca el tercer grado como pide la Fiscalía, el juzgado de vigilancia ha decidido que Millet, condenado a nueve años y ocho meses de cárcel por el saqueo del Palau, vuelva a ingresar en prisión.

En el pasado el juez ya ha rechazado conceder la semilibertad a Millet en dos ocasiones. Entre los motivos aducidos es que el saqueador del Palau no ha devuelto al auditorio la totalidad de los 23 millones de euros en los que la sentencia cifró el expolio. Millet, por contra, alega que padece una enfermedad “grave, irreversible e incurable”.

El pasado mes de octubre, de acuerdo con el criterio de los profesionales de la prisión, la Generalitat concedió a Millet el tercer grado en aplicación del artículo 104.4, que permite flexibilizar el régimen penitenciario por motivos “humanitarios” a los reclusos que padezcan enfermedades graves.

Tanto Millet como Jordi Montull, quien fue su mano derecha al frente del Palau y también condenado por el expolio, están lejos de devolver los 23 millones de euros que fueron condenados a pagar por el saqueo y las multas fijadas en sentencia: hasta ahora la entidad ha recuperado solo 12 de los 23 millones de euros gracias a los bienes embargados a los procesados.

No solo no han devuelto todo lo robado, sino que Millet y Montull están a la espera de juicio, acusados de intentar ocultar bienes e ingresos de alquileres para burlar su obligación de resarcir al Palau de la Música por los años de expolio.

Los saqueadores del Palau de la Música vuelven al juzgado. El primero en hacerlo ha sido Jordi Montull, número dos de Fèlix Millet, conducido por los Mossos d'Esquadra porque se encuentra cumpliendo pena de prisión por el saqueo. Montull ha negado al juez que urdiera un plan junto a su mujer, Mercè Mir, y su hija, Gemma Montull, para ocultar a la Justicia ingresos de alquileres y evitar indemnizar así las indemnizaciones al auditorio.

Los coletazos del caso Palau siguen casi quince años después de su estallido. Millet y Montull fueron condenados a penas de hasta nueve años de cárcel. Gemma Montull fue condenada a cuatro años, pero esquivó su ingreso en prisión. Ahora todos ellos vuelven a estar imputados por ocultar supuestamente ingresos que obtenían del alquiler de fincas embargadas

Según han informado fuentes jurídicas, la declaración de Montull ha sido muy breve debido a que su estado de salud es delicado tras una operación de corazón a la que se sometió la semana pasada. Más extensa ha sido la de su esposa, Mercè Mir. Gemma Montull también estaba citada para este miércoles, pero un error en su citación ha hecho suspender su declaración.

En síntesis, la defensa de los Montull pasa por negar por cualquier plan para no pagar al Palau y alegar que los ingresos obtenidos de las dos fincas alquiladas (una de ellas a su hija Gemma, otra a un particular) en el Masnou (Barcelona) se declararon siempre a Hacienda y no reportaron beneficio alguno, ya que se dedicaron a gastos en reparaciones e impuestos de las propias fincas.

En cambio el Palau de la Música, que denunció el caso y viene observando con lupa todos los ingresos de sus saqueadores para que devuelvan hasta el último céntimo, tiene dudas de la versión de los Montull. Para empezar porque, tal y como quedó constancia en la ejecución de la sentencia del Palau, Montull no dijo que ingresaba nada por alquileres y alegó que sus únicos ingresos provenían de su pensión.

Pero además, el Palau ha descubierto que en los contratos de arrendamiento se incluyó una cláusula poco habitual por la que Gemma Montull tenía un derecho de tanteo cuando se vendiera la finca. Ello hace sospechar que la familia quería asegurarse la conservación de parte de su patrimonio embargado y que se debe subastar para indemnizar al Palau.

Esta es la segunda causa abierta que tienen Millet y Montull por ocultar ingresos a la Justicia. La Fiscalía Anticorrupción solicita dos años de cárcel para Montull y Mir por eludir la devolución del saqueo ocultando a la Justicia el cobro de 31.500 euros de alquiler de una de las fincas embargadas en la causa del expolio del auditorio.

La fiscal mantiene que Montull y su mujer decidieron alquilar la vivienda de El Masnou (Barcelona), propiedad de Mir desde 2001 pero cuyo arrendamiento se repartía el matrimonio, “sin poner en conocimiento” de la Justicia el cobro del alquiler. El matrimonio, según la acusación, tuvo “evidente intención de no hacer frente” a la devolución del saqueo del Palau, y por ello ocultó el alquiler de la vivienda “puestos de común y previo acuerdo y teniendo pleno conocimiento de las cantidades económicas a las que fueron condenados, y con evidente intención de no hacer frente a las mismas”.

El departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya ha concedido el tercer grado al expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet por razones humanitarias debido sus problemas de salud, dos años y cuatro meses después de que ingresara en la cárcel de Brians 1 para cumplir condena por el expolio de la entidad cultural.

Tal y como ha adelantado la agencia EFE, la Junta de Tratamiento de la cárcel acordó a finales del pasado mes conceder el tercer grado a Millet, de 86 años, con lo que solo debe acudir a prisión a dormir de lunes a jueves, en aplicación del artículo 104.4, que permite flexibilizar el régimen penitenciario por motivos “humanitarios” a los reclusos que padezcan enfermedades graves.

La Fiscalía está todavía estudiando si recurre ante la justicia el régimen abierto concedido al saqueador confeso del Palau por razones de salud, que le ha sido notificado aunque sin los informes médicos que acreditarían las graves dolencias que sufre Millet.

Por ese motivo, el ministerio público ha pedido a la conselleria que le facilite los informes médicos en que la junta de tratamiento se ha basado para conceder el tercer grado al recluso, que se acordó a los pocos días de que Gemma Ubasart tomara posesión como consellera de Justicia tras la salida de Junts del Govern.

Hace unos meses la juez de vigilancia penitenciaria denegó por segunda vez el régimen abierto a Fèlix Millet, que había recurrido su clasificación en segundo grado aduciendo que padece una enfermedad “grave, irreversible e incurable”.

El preso, que fue condenado a nueve años y ocho meses de cárcel, está lejos de devolver al Palau de la Música los 23 millones de euros que fue condenado a pagar y las multas fijadas en sentencia: hasta ahora la entidad ha recuperado solo 12 de los 23 millones de euros gracias a los bienes embargados a los procesados.

Además, tiene dos causas abiertas por ocultar a la justicia ingresos procedentes de alquileres y por la desaparición de varios objetos de valor de su domicilio, presuntamente con la intención de sortear su obligación de indemnizar al Palau de la Música por el expolio que perpetró durante décadas.

Precisamente, el hecho de que Millet no haya pagado la responsabilidad civil impuesta en sentencia es uno de los factores que la juez de vigilancia penitenciaria tuvo en cuenta para revocarle el tercer grado que había solicitado.

Por su parte, Jordi Montull, quien fuera mano derecha de Millet y condenado a siete años y medio por el saqueo, permanece en segundo grado penitenciario después de que a principios de año la juez de vigilancia le revocara el régimen abierto que la Generalitat le concedió en septiembre de 2021.

Ambos están citados a declarar como investigados la próxima semana ante el juez que indaga si ocultaron los ingresos que percibían por inmuebles alquilados para no tener que pagar al Palau de la Música.

Poco a poco y con algunas trabas, pero el Palau de la Música está consiguiendo recuperar los 23 millones que saquearon sus antiguos gestores, Fèlix Millet y Jordi Montull. La sección 10ª de la Audiencia de Barcelona ha informado este lunes que ya se han restituido al auditorio más de 12 millones de euros de los 23 que se saquearon, esto es, más de la mitad del expolio.

Entre las familias Millet y Montull (además de los dos saqueadores sus respectivas mujeres e hijas fueron condenadas bien como responsables del saqueo bien por beneficiarse de las obras, viajes o bodas que pagaron sus padres con dinero del Palau) han pagado 11,5 de los 23 millones que deben al Orfeó Català y el Palau.

Esto implica que el Consorcio del Palacio de la Música, la Fundación Privada Orfeó Català-Palau de la Música Catalana y la Associació Orfeó Català han recibido ya más de 12 millones de euros procedentes de la recuperación patrimonial sobre los condenados. La emblemática institución de la burguesía catalana es la principal perjudicada del caso de corrupción, el mayor de la historia reciente de Catalunya.

Durante los primeros seis meses del periodo de ejecución de la sentencia tras confirmarla el Supremo en 2020, el tribunal de la sección 10ª de la Audiencia de Barcelona, que fue quien juzgó el caso Palau, consignó más de 9 millones de euros. Desde entonces hasta ahora se ha logrado, superadas las tramitaciones que se han presentado, incrementar la recuperación en más de 3 millones de euros.

Ello no ha evitado que durante el proceso de recuperación del saqueo la Justicia se haya encontrado con trabas por parte de Millet y Montull. Ambos exmandamases del Palau tienen abiertas dos causas respectivamente, tal y como informó este diario, por ocultar ingresos con el objetivo de no indemnizar al Palau.

En conjunto, de Fèlix Millet se han recuperado más de 6 millones de euros; casi 1.600.000 euros de Jordi Montull; casi 3 millones de euros de Marta Vallès, esposa de Millet ya fallecida, y sus hijas, como herederas de la misma; así como casi 800.000 euros de Gemma Montull.

Más complicado será recuperar los 6,6 millones que Convergència cobró en comisiones ilegales: obligar a devolver el dinero ya no corresponde a la Audiencia de Barcelona sino al juzgado mercantil que lleva el concurso de acreedores del partido nacionalista. El Palau será el último de los deudores del partido a cobrar, lo que dificulta que Convergència devuelva el dinero.

En cambio de los 12,2 millones de euros de multas que impuso la Audiencia de Barcelona a 12 acusados ​​y que el Supremo ratificó, selo se han pagado 223.000 euros. Millet no ha pagado un euro de los 4,1 millones de multa. Tampoco Jordi Montull ha pagado ni un euro de 2,9 millones de multa. Su hija, Gemma Montull, debe también los 2,6 millones de multa que le impuso el Supremo.

Daniel Osàcar, extesorero de CDC condenado a 2 millones de multa, ha pagado menos de un 10%, unos 200.000 euros. Por su parte, Mercedes Mir, esposa de Montull, ya ha pagado 439.000 euros de responsabilidad civil, más los intereses, en el Consorcio y en la Fundación del Palau. En total los condenados han satisfecho a la Hacienda Pública, más de 160.000 euros.

El tribunal continúa el trabajo de identificación y recuperación de bienes de los condenados para progresar en la liquidación hacia los distintos perjudicados.

Toda la voracidad para saquear se ha convertido en lentitud cuando ha tocado devolver el dinero. Un juez de Barcelona investiga a los expoliadores del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull, por ocultar ingresos para eludir el pago de las indemnizaciones al auditorio. Es la segunda causa abierta a Millet y Montull por el mismo motivo. En esta nueva investigación se les han sumado sus hijas, Laila y Clara Millet, y Gemma Montull –también condenada pero que nunca ha llegado a entrar en prisión– así como su madre, Mercè Mir.

El del Palau es el mayor caso de corrupción de la historia de Catalunya hasta la fecha. Afectó a una de las instituciones más emblemáticas de la burguesía catalana, y al todopoderoso Fèlix Millet, expresidente del auditorio y heredero del selecto club de patricios barceloneses. Además del expolio, la Justicia certificó que el Palau fue la cañería a través de la que Convergència ingresó comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de obra pública.

La causa del Palau también muestra que la sentencia firme de un caso no es ni mucho menos su final. Empieza entonces la denominada fase de ejecución, en la que se llevan a la práctica las condenas firmadas sobre el papel. En los casos de corrupción, es el momento de que los condenados devuelvan el dinero saqueado y paguen las correspondientes multas a Hacienda, si no lo han hecho ya antes. El del Palau de la Música es un ejemplo práctico de las dificultades que puede encontrar un tribunal para cerrar definitivamente una causa.

La fase de ejecución del caso Palau, iniciada hace dos años, ha sido un campo de minas. Para empezar, la liquidación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha impedido recuperar los 6,6 millones de euros que el partido cobró en comisiones ilegales de Ferrovial a través del auditorio. La Justicia ha descartado por ahora que Junts devuelva las comisiones ilegales cobradas por Convergència.

La otra pata del expolio tampoco está siendo fácil de recuperar. El antiguo mandamás del Palau y su segundo también han traído de cabeza a la Justicia para intentar recuperar el saqueo de 23 millones que perpetraron al auditorio y dedicaron a gastos personales, viajes de lujo y obras en sus casas. Ya se han vendido diversas fincas y quedan varias por subastar, pero el monto recuperado no alcanza todavía la mitad del expolio.

Pese a que desde 2009, cuando estalló el escándalo, Millet y Montull tienen los bienes embargados, la recuperación del saqueo está siendo difícil. Las negociaciones entre los condenados y el Palau para la devolución del expolio han fracasado. Hace unos meses, la Audiencia de Barcelona, encargada de ejecutar la sentencia desde que el Supremo la confirmara en 2020, descubrió que parte de los bienes de lujo embargados a Millet habían desaparecido y que Montull había declarado a Hacienda (pero no al tribunal) el alquiler de una vivienda pese a que antes había asegurado que su único sustento era su pensión de jubilación.

Ahora a ambos se les ha abierto una tercera causa por presunto alzamiento de bienes después de que la acusación del Palau de la Música, que ejercen los letrados Laura Parés y Marc Molins, haya descubierto que Millet y Montull habrían ocultado a la Justicia ingresos que obtendrían de alquilar a sus respectivas hijas viviendas de su propiedad que estaban embargadas.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez cita como investigados a los Montull para el próximo 16 de noviembre y a los Millet para una semana más tarde.

Los contratos de alquiler habrían dado a las hijas supuestos derechos de adquisición preferente cuando las casas fueran subastadas y además los alquileres se habrían pactado a precios más bajos para ralentizar las indemnizaciones al auditorio. Fuentes de la defensa alegan en cambio que Gemma Montull no ha obtenido beneficio alguno de ese alquiler y que en caso de haber querido comprar la casa todo el dinero también habría terminado en el Palau, ya que también tiene todos sus bienes e ingresos embargados para hacer frente a las indemnizaciones.

Aunque solo Gemma Montull fue sentenciada a una pena de cárcel (que logró eludir) por su papel más destacado en el saqueo, tanto las dos hijas de Millet como la esposa de Montull, ahora imputadas, también fueron condenadas a indemnizar al Palau por beneficiarse del expolio de sus familiares. Célebre fue el caso de la boda de Clara Millet, celebrada y pagada con dinero del Palau pese a que después su padre pidió la mitad del dinero a su consuegro.

Fiscalía pide dos años de cárcel para Montull

Millet y Montull, de 86 y 80 años respectivamente, permanecen en prisión desde junio de 2020 y constituyen dos de los presos de mayor edad del sistema penitenciario. La Generalitat concedió a Montull la semilibertad a finales del año pasado, pero la Justicia lo revocó. Antes de las nuevas pesquisas en el juzgado de instrucción 12 de Barcelona, los dos antiguos responsables del Palau, a quienes el Gobierno denegó el indulto, ya tenían abiertas dos causas por eludir la devolución del saqueo.

La de Millet por los bienes desaparecidos de su mansión todavía sigue en fase en instrucción, pero en la de Montull la Fiscalía ya ha presentado su escrito de acusación. Anticorrupción solicita dos años de cárcel para Montull y Mir por eludir la devolución del saqueo ocultando a la Justicia el cobro de 31.500 euros de alquiler de una de las fincas embargadas en la causa del expolio del auditorio.

La fiscal mantiene que Montull y su mujer decidieron alquilar la vivienda de El Masnou (Barcelona), propiedad de Mir desde 2001 pero cuyo arrendamiento se repartía el matrimonio, “sin poner en conocimiento” de la Justicia el cobro del alquiler. El matrimonio, según la acusación, tuvo “evidente intención de no hacer frente” a la devolución del saqueo del Palau, y por ello ocultó el alquiler de la vivienda “puestos de común y previo acuerdo y teniendo pleno conocimiento de las cantidades económicas a las que fueron condenados, y con evidente intención de no hacer frente a las mismas”.

“Con pleno conocimiento de que la finca estaba embargada y que ésta sería ofrecida en subasta pública”, agrega la fiscal, Mir firmó el contrato de arrendamiento de la vivienda advirtiendo al inquilino de la situación judicial de la casa. Desde enero de 2020 a septiembre de 2021 el matrimonio percibió un alquiler por valor total de 31.500 euros. El contrato se rompió a instancias del inquilino ante la subasta de la vivienda y de las sucesivas notificaciones judiciales que recibía.

La línea roja legal que según la Fiscalía traspasó Montull es que no puso a disposición de la Justicia los 31.500 euros que cobró de alquiler, pese a que sí lo hizo constar en su declaración de IRPF. En el mismo periodo en que no dijo nada del alquiler, Montull presentó un “plan de pago” a la Audiencia de Barcelona, desvelado por este diario, en el que se ofrecía a pagar al Palau 500 euros al mes para devolver su parte del saqueo de 23 millones. En ese plan Montull alegó que sus únicos ingresos provenían de su pensión de jubilación.

El dinero, para el Palau

Ahora la Fiscalía reclama que el matrimonio devuelva como indemnización los 31.500 euros cobrados como alquiler y que ese dinero vaya a la sección 10ª de la Audiencia de Barcelona, que juzgó el caso Palau, para que el auditorio pueda resarcirse del saqueo. Para Montull y Mir la Fiscalía pide dos años de cárcel y multa de 9.720 euros por un delito de frustración en la ejecución, y una pena alternativa de seis meses si la condena se impone por el mismo delito de alzamiento de bienes pero en su modalidad menos grave.

Por su lado, Millet está a la espera de si resulta procesado por el mismo delito tras la desaparición de varios objetos de valor que habían sido embargados para resarcir a la entidad cultural por el expolio. La Audiencia de Barcelona autorizó la entrada de peritos en la mansión de L'Ametlla del Vallès (Barcelona) donde vive Millet para tasar las 44 obras de arte que se le embargaron durante la instrucción de la causa y descubrieron que faltaba un piano de cola, un cabezal de cama del siglo XVIII, dos colmillos de marfil labrados y una decena de figuras de animales también de marfil.

Posteriormente, la defensa informó al juzgado de que había encontrado el piano y el cabezal de cama en la casa de la esposa de Millet, fallecida en 2018, y el exmandamás del Palau alegó ante la jueza que el resto de piezas le fueron sustraídas en un robo.

En el juicio del Palau, Millet y Montull delataron a Convergència, en un acuerdo con la Fiscalía para que les rebajara las penas por la confesión, y explicaron que la constructora Ferrovial pagaba comisiones de hasta el 4%, de las que el partido se quedaba un 2,5% y el resto Millet y Montull como intermediarios. Ahora no hay manta de la que tirar y para lograr un pacto con la Fiscalía tendrán que reconocer que eludieron la devolución del saqueo.

Los problemas judiciales no han terminado para los saqueadores del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull. El expresidente del Palau ha declarado este jueves como imputado ante una jueza de Granollers (Barcelona) que le investiga por la desaparición de varios objetos de lujo que le habían sido embargados para venderse y devolver así el expolio al auditorio.

Millet, de 86 años y que desde 2020 cumple condena de nueve años y ocho meses de cárcel por el saqueo que perpetró al Palau de la Música, ha declarado por videoconferencia desde la prisión de Brians 2. Pese a los problemas que ha tenido para escuchar las preguntas de su abogado –Millet está bastante sordo y solo ha respondido a su letrado–, el exmandamás del Palau ha alegado que no sabía que faltaban bienes embargados, y ha apuntado a que su desaparición puede deberse a un robo que sufrió en su mansión de L'Ametlla del Vallès (Barcelona) en 2018.

Millet y Montull fueron condenados en 2020 tras un largo proceso judicial por expoliar el Palau de la Música, uno de los tótems de la burguesía catalana. Dedicaron 23 millones de euros que eran del Palau a viajes de lujo, obras en sus casas, compras particulares de todo tipo –como tabaco– y Millet hasta pagó con dinero del auditorio toda la boda de una de sus hijas, cobrando la mitad de los fastos a su consuegro. Del conjunto del expolio, 6,6 millones fueron comisiones a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) que Ferrovial canalizó a través del Palau a cambio de obras públicas.

Pese a que desde 2009, cuando estalló el escándalo, tienen los bienes embargados, la recuperación del saqueo está siendo difícil. Las negociaciones entre los condenados y el Palau para la devolución del expolio fracasaron. Además la Audiencia de Barcelona, encargada de ejecutar la sentencia, descubrió que parte de los bienes de lujo embargados a Millet habían desaparecido.

Ocurrió cuando los jueces autorizaron la entrada de peritos en la mansión de L'Ametlla del Vallès (Barcelona) donde vive Millet para tasar las 44 obras de arte y objetos embargados desde 2009. Se constató que faltaba un piano de cola, un cabezal de cama del siglo XVIII, un jarrón, dos colmillos de marfil labrados y una decena de figuras de animales también de marfil.

Posteriormente, la defensa de Millet informó al juzgado de que había encontrado el piano, el jarrón y el cabezal de cama en la casa de la esposa del expresidente del Palau, fallecida en 2018.El Palau de la Música, representado por los letrados Marc Molins y Laura Parés, quiere que Millet y Montull devuelvan hasta el último céntimo. El valor de los objetos que faltan se sitúa, en función de distintas tasaciones, entre los 1.000 y los 3.000 euros.

Si Millet ha comparecido ante la jueza este jueves, el pasado viernes lo hizo Montull, también por esconder sus bienes para supuestamente no resarcir el expolio. En su declaración, han informado fuentes jurídicas, Montull admitió que no comunicó a la Audiencia de Barcelona que obtenía un alquiler de una propiedad de El Masnou (Barcelona) de la que es titular junto a su esposa, pese a que había asegurado que su único sustento era su pensión de jubilación.

Sin embargo Montull y su mujer, que también declaró como investigada, rechazaron ante el juez que la voluntad fuera esconder bienes, pues alegaron que el alquiler sí fue comunicado al Palau de la Música en el marco de las negociaciones fallidas para resarcir el saqueo. Además argumentaron que la renta obtenida iba dedicada a cubrir impuestos y gastos de mantenimiento, por lo que, según su versión, no obtenían beneficios del alquiler.

Montull permanece en semilibertad, a diferencia de su antiguo jefe, quien sigue en régimen penitenciario ordinario desde junio de 2020. El pasado mes de diciembre el Gobierno denegó el indulto a los dos exmandamases del Palau, en el que fue su último intento para evitar la cárcel. En el juicio, ambos delataron a Convergència, en un acuerdo con la Fiscalía para que les rebajara las penas, y confesaron que la constructora Ferrovial pagaba comisiones de hasta el 4%: el partido se quedaba un 2,5% y el resto se lo repartían Millet al 1% y Montull al 0,5% como intermediarios.

No habrá indulto para Fèlix Millet y Jordi Montull. El Gobierno ha descartado conceder la medida de gracia para los dos saqueadores confesos del Palau de la Música, el mayor caso de corrupción contemporánea de la historia de Catalunya que sentenció el expolio de 23 millones de euros perpetrado al auditorio por sus dos exmandamases y las comisiones ilegales que cobró Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

En sendos oficios, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la subsecretaria del Ministerio de Justicia, Ana Sánchez, comunica que el Consejo de Ministros, en su reunión del pasado 28 de diciembre, acordó “no conceder el indulto solicitado” por los dos condenados. Los documentos no exponen los motivos de la denegación de la medida de gracia, que Millet había solicitado amparado en su mal estado de salud, al tiempo que se declaraba “reinsertado socialmente”.

La petición de indulto fue el último intento de Millet y Montull para evitar la cárcel, algo que no lograron. La solicitud fue formulada en junio de 2020, después de que su ingreso en prisión fuera ya imposible de sortear una vez el Tribunal Supremo había confirmado la sentencia que les condenaba a 9 años y 8 meses y 7 años y medio de cárcel respectivamente. Montull pasó 14 meses entre rejas y en septiembre del año pasado la Generalitat le concedió el tercer grado, semilibertad que no ha recibido Millet.

La denegación del indulto es un nuevo capítulo en la larga historia del caso Palau, que estalló en 2009. Condenados ya los principales responsables, entre ellos el extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar, la causa se centra ahora en que el Palau recupere el dinero saqueado por Millet y Montull y en que el partido fundado por Jordi Pujol devuelva los 6,6 millones de euros que cobró a través del auditorio de la constructora Ferrovial a cambio de obras públicas.

La sentencia judicial acreditó que Millet y Montull destinaron dinero del Palau de la Música para obras en sus casas, viajes de lujo con sus familias y compras personales, entre ellas paquetes de tabaco. Doce años después todavía no han reintegrado al Palau todo el expolio. Las negociaciones iniciales con el auditorio para reembolsar el saqueo fracasaron, por lo que se está procediendo a la venta de las casas y bienes que ambos tienen embargados, un proceso lento.

Pero además ambos exresponsables del Palau están poniendo trabas para devolver el dinero: una jueza investiga a Fèlix Millet por la desaparición de objetos embargados del caso Palau, mientras que Montull también afronta otra causa penal por ocultar sus bienes para no pagar su parte del expolio del auditorio. Respecto a Convergència, la Justicia tiene pendiente decidir si el PDeCAT y Junts, como formaciones herederas, deben devolver los 6,6 millones cobrados en comisiones.

El Palau de la Música no quiere que el expolio que sufrió quede impune. La institución cultural ha pedido a la Audiencia de Barcelona que Junts per Catalunya y el PDeCAT devuelvan los 6,6 millones de euros en comisiones ilegales en caso de que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) no pueda afrontar todo el pago.

En un escrito dirigido a la Audiencia de Barcelona los actuales responsables del Palau piden que se exijan los 6,6 millones a quienes consideran sucesores políticos y jurídicos de la vieja Convergència: el PDeCAT y Junts, el partido del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. 

Cabe recordar que el pasado mes de julio la Audiencia de Barcelona ya rechazó que, por ahora, el PDeCAT devolviera las comisiones que cobró Convergència en el caso Palau, tal y como pidió la Fiscalía. Los magistrados indicaron a la Fiscalía que podrá reclamar al PDeCAT los 6,6 millones de comisiones ilegales solo cuando se constate que Convergència no puede reintegrar el dinero.

Los trámites para saber si Convergència podrá afrontar por sí sola el pago de las indemnizaciones por las comisiones ilegales se encuentran estancados debido al conflicto entre los jueces sobre a qué se deben destinar las sedes embargadas del partido que fundó Jordi Pujol. La Audiencia de Barcelona mantiene que las 22 sedes embargadas de Convergència deben venderse para restituir al Palau y a Hacienda del expolio, pero la jueza de lo mercantil que tramita el concurso de acreedores del partido sostiene que deben destinarse a sus proveedores y a pagar sus deudas con los bancos. La decisión está pendiente en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Quien ya ha respondido a la petición del Palau ha sido la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, quien ha reprochado al Palau que “se equivoca” al reclamar a su formación pagar las multas y responsabilidades asociadas a la condena de CDC por el desfalco a la institución perpetrado en los años de Fèlix Millet de presidente. Artadi ha mantenido que Junts no es heredero de CDC porque son partidos distintos.

El expresidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, y sus dos hijas destinarán los 6.000 euros que ingresaron por la venta de una finca embargada para devolver el dinero del saqueo al pago de la plusvalía municipal y no se han quedado con el dinero, tal y como elDiario.es publicó por error el pasado lunes.

La familia vendió una casa Vielha (Lleida), que cuenta con planta baja, piso, desván y un parking, por 295.000 euros. De los 295.000 euros, los Millet han ingresado 288.137,74 a la cuenta del juzgado en cumplimiento de la condena por el Palau.

Los compradores de la casa entregaron el 2% restante –6.062,26 euros– mediante tres cheques nominativos a la familia Millet. La familia, en contra de lo publicado por error el lunes por elDiario.es, no se ha quedado con esa cantidad sino que el dinero permanece en sus cuentas corrientes a la espera de liquidar el impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana o plusvalía municipal.

Hasta el momento, la Audiencia de Barcelona ha recuperado más de nueve millones de euros de los condenados por el caso Palau, y mantiene embargadas y en proceso de venta 33 fincas de los principales condenados para devolver el saqueo, lo que supondrá recuperar una gran mayoría o la totalidad del expolio. En caso de no bastar con el dinero de la venta de sus inmuebles y terrenos, se procedería con las joyas y cuadros que también tienen embargados.

La mitad de los fondos corresponden al pago voluntario que Millet y Montull hicieron al principio de la causa para evitar la cárcel, y la otra mitad deriva de la venta de inmuebles realizadas por orden de la sección 10a de la Audiencia, el tribunal que juzgó en primera instancia el caso y encargado de la ejecución de la sentencia.

Estos nueve millones han sido aportados por los saqueadores confesos Fèlix Millet (5,6 millones) y Jordi Montull (828.932 euros), así como por otros de los condenados: la esposa –ya fallecida– de Millet, Marta Vallès (1,8 millones), Bonoima S.L (530.525 euros), Mercedes Mir –la esposa de Montull– (262.830 euros) y la exdirectora financiera del Palau Gemma Montull (128.951 euros). Quedan pendientes de devolver 16,6 millones y para ello el tribunal ha ordenado sacar a subasta 56 propiedades embargadas definitivamente a los condenados: Fèlix Millet (22), Jordi Montull (5) y Gemma Montull (6).

Además el tribunal ha ordenado vender las 23 sedes decomisadas a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) para que el partido nacionalista devuelva los 6,6 millones de euros que cobró en comisiones –mordidas del 4%, que se repartían entre Convergència y Millet y Montull como intermediarios– de Ferrovial a cambio de obra pública a través del Palau. Si no fuera suficiente, la Fiscalía ya ha anunciado que pediría embargar al PDeCAT como formación heredera de CDC.

Fe de errores: Por un error en el análisis de la documentación, elDiario.es publicó el lunes que los Millet se habían quedado con 6.000 euros de la operación. Pero los 6.000 euros no han quedado a disposición de la familia sino que están destinados al pago de la plusvalía municipal.

La Fiscalía Anticorrupción ha aportado a la Audiencia de Barcelona un listado de 42 locales propiedad de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), algunos de ellos sedes del PDeCAT o de las juventudes posconvergentes, con el objetivo de que sirvan para que el partido devuelva los 6,6 millones que cobró en comisiones ilegales en el caso Palau.

En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía argumenta que existe una “identidad sustancial” entre ambas formaciones habida cuenta de que una treintena de sedes del PDeCAT están ubicadas en locales de los que Convergència era titular en 2018, según el catastro. La defensa de Convergència ya ha presentado al tribunal un escrito de oposición a la petición de la Fiscalía.

La solicitud de Anticorrupción se produce en el marco de la ejecución de la sentencia del caso Palau. Los tres principales condenados, los exdirigentes y saqueadores del auditorio, Fèlix Millet y Jordi Montull, y el extesorero de CDC Daniel Osàcar, permanecen en prisión desde finales de junio. Además de las penas de prisión, los condenados, entre ellos Convergència como responsable civil, tienen que pagar multas millonarias y devolver el dinero expoliado.

Millet y Montull, que tienen todos los bienes embargados, deben devolver conjuntamente al Palau 23 millones que saquearon. Al margen de los embargos, Montull ha propuesto abonar 500 euros al mes al Palau para resarcir su parte del saqueo. Por su lado, Millet ha solicitado al tribunal que le dé un plazo de un mes antes de ejecutar los embargos para acordar con el Palau un “plan de pagos consensuado”.

En el caso de Convergència, la sentencia estableció el decomiso al partido de los 6,6 millones de euros que, a través del Palau, cobró en comisiones de Ferrovial a cambio de obra pública. La situación del partido, en liquidación judicial tras presentar concurso de acreedores, podría no obstante dificultar el decomiso.

La Fiscalía no quiere esperar y por ello ha presentado ante el tribunal un escrito por el que pide “la localización y realización de todos los bienes, locales y sedes de Convergència Democràtica de Catalunya con la finalidad de hacer efectivo el decomiso total acordado” de 6,6 millones.

Se basa la Fiscalía en un listado de propiedades efectuado hace dos años por parte de la Guardia Civil en la causa del 3% de la Audiencia Nacional y que sirvió para que el juez imputara como partido al PDeCAT además de a Convergència en una causa en la que se investiga si el partido recibió comisiones a cambió de obra pública. El magistrado José de la Mata apuntó que que el PDeCAT podría suponer “un simple cambio de apariencia” de CDC para que “eludir las responsabilidades que hubiera podido incurrir” en la investigación del 3%.

En su informe, la Guardia Civil concluyó que de los 42 locales propiedad de Convergència 37 “estaban siendo utilizados por el PDeCAT” o por las juventudes del partido y que en 21 de ellos CDC seguía figurando como titular de la línea de telefonía fija.

En la relación de locales que la Fiscalía ha aportado tribunal figuran las quince sedes que el partido ya tiene embargadas desde hace años para cubrir sus responsabilidades en el caso Palau. Se trata de los locales de Figueres, Granollers, Capellades, Lleida, Mataró, Móra d'Ebre, Reus, Sant Boi de Llobregat, Tarragona, Tortosa o Sant Feliu de Llobregat. La mayoría, indica el informe de la Guardia Civil, funcionan como sedes del PDeCAT.

El juez instructor del caso Palau embargó estas 15 sedes en 2015 después de que Convergència le comunicara que se disponía a vender su histórica sede de la calle Provença de Barcelona, que había depositado como garantía de su responsabilidad civil. El valor estimado de las 15 sedes fue de 3,6 millones, equivalente a la cifra a la que en aquel momento el juez pensaba que ascendían las comisiones. Faltarían pues tres millones para cubrir el importe total de las comisiones de Ferrovial, que son los 6,6 millones que la justicia ha ordenado decomisar.

Fuentes de la defensa de Convergència han informado que ya han presentado un escrito ante el tribunal oponiéndose a los planteamientos de la Fiscalía. Se basa la defensa en que en su sentencia el tribunal ya indicó que no podían reclamarse los 6,6 millones al PDeCAT porque no había sido parte del procedimiento y por lo tanto no se había podido defender.

No obstante, el tribunal agregó que “de haberse producido una sucesión” entre CDC y el PDeCAT, algo que niega la defensa de Convergència, se trataría de un asunto a plantear durante la ejecución de la sentencia, tal y como ahora ha hecho la Fiscalía. Además de a Convergència y a su extesorero, el tribunal ha pedido a Millet, Montull y a su hija Gemma que se posicionen respecto al escrito de Anticorrupción. Una vez lo hayan hecho todos, el tribunal tomará una decisión sobre la localización de los bienes de “ambas entidades”, en referencia al PDeCAT y a Convergència, para cumplir con el decomiso.

El expresidente y saqueador del Palau de la Música, Fèlix Millet, y el extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar han ingresado este jueves por la tarde en la prisión de Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) para cumplir las penas de nueve años y ocho meses y tres años y medio de prisión a la que fueron condenados por el expolio y las comisiones ilegales que cobró el partido a través del auditorio.

Millet y Osàcar se suman así al número dos del Palau, Jordi Montull, que entró en la cárcel este lunes. El extesorero de Convergència ha ingresado en prisión acompañado únicamente por su abogado, el penalista Xavier Melero. Ningún antiguo cargo de CDC ha arropado a Osàcar hasta la puerta de Brians 2. Por su lado, Millet ha entrado en la cárcel en ambulancia debido a su invalidez –solo puede moverse en silla de ruedas.

La Audiencia de Barcelona había dado a los tres condenados hasta este jueves para ingresar voluntariamente en prisión. Millet y Osàcar han intentado hasta el último momento frenar su entrada en la cárcel, incluso con una petición de indulto debido a su deteriorado estado de salud, pero los magistrados rechazaron sus pretensiones.

Millet y Osàcar han quedado ingresado en la enfermería de la cárcel por decisión de los servicios médicos del centro, a la espera de un primer control de temperatura y de que los funcionarios verifiquen su identidad y les registren. Al permanecer las prisiones con su propio plan de desescalada por la pandemia, Millet y Osàcar estarán una semana en cuarentena en la enfermería.

Casi once años después de que estallara, la causa del expolio y las comisiones que ilegales que cobró Convergència de Ferrovial a través del Palau está más cerca de terminar. Falta que los condenados terminen de devolver lo que robaron: a día de hoy el auditorio solo ha recuperado el 20% de los 23 millones que Millet y Montull saquearon, 6,6 de los cuales son comisiones que Ferrovial pagó a CDC a cambio de obra pública. Para recuperar el dinero, los condenados y Convergència –ya en fase de liquidación judicial– tienen su patrimonio embargado.

Si bien su delicado estado de salud y su avanzada edad –Millet y Osàcar tienen 84 años y Montull 77– abren la puerta a un traslado al módulo o al hospital penitenciario de Terrassa, la entrada en prisión de los tres principales condenados en el caso Palau tiene un indudable valor simbólico. El mayor caso de corrupción de la historia reciente de Catalunya, protagonizado por un exponente de la alta burguesía catalana y el partido en el poder durante 23 años, no ha quedado impune.

Tras una instrucción judicial muy lenta, de casi siete años, el enjuiciamiento de un caso complejo por parte de la Audiencia de Barcelona y la confirmación de las condenas se ha desarrollado en menos tres años. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia que condenó a 9 años y 8 meses y 7 años y 6 meses de prisión a Millet y a Montull y a tres años y medio de cárcel a Osàcar por un reguero de delitos de corrupción. Millet y Montull fueron condenados por malversación, apropiación indebida, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda pública, mientras que Osàcar lo fue por blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y falsedad contable.

El exnúmero dos y saqueador del Palau de la Música, Jordi Montull, se ha convertido este lunes en el primer condenado por el caso que entra en la cárcel para cumplir la pena de prisión a la que fue sentenciado. Montull ha ingresado a las 18:30 en el centro penitenciario de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). Se desconoce en qué prisión entrarán el expresidente del auditorio y expoliador del mismo, Fèlix Millet, y el extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar, que tienen hasta este jueves para hacerlo.

Según ha informado la conselleria de Justicia, Montull ha quedado ingresado en la enfermería de la cárcel por decisión de los servicios médicos de Brians 2, a la espera de un primer control de temperatura y de que los funcionarios verifiquen su identidad y lo registren. Al permanecer las prisiones con su propio plan de desescalada por la pandemia, Montull permanecerá una semana en cuarentena en la enfermería.

A diferencia de los otros dos condenados, Montull no jugó la carta del indulto ni de su avanzada edad y deteriorado estado de salud para evitar el ingreso en prisión. La Audiencia de Barcelona rechazó los recursos de Millet y Osàcar para no entrar en la cárcel debido a que sus dolencias no entrañan, concluyeron los togados, un riesgo vital.

Millet además alegó ante la Audiencia de Barcelona la petición del indulto al Gobierno para suspender su entrada en prisión, pero los magistrados también lo desestimaron. Previsiblemente harán lo mismo cuando este martes resuelvan la petición de Osàcar, que ha seguido los pasos de Millet y ha solicitado el indulto para intentar eludir su ingreso en la cárcel. El jueves 25 finaliza el plazo para que Millet y Osàcar entren en la cárcel que ellos mismos escojan.

Montull fue condenado a siete años y medio de cárcel por los delitos de malversación, apropiación indebida, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda pública. Por los mismos delitos fue condenado Millet a una pena de 9 años y 8 meses, mientras que Osàcar fue sentenciado por blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y falsedad contable a tres años y medio de prisión.

La entrada en prisión de los tres principales condenados por el caso Palau supone el principio del punto y final para la mayor trama de la corrupción política en Catalunya hasta la fecha. Falta que los condenados devuelvan el dinero saqueado a lo largo de como mínimo una década, ya que hasta ahora el Palau solo ha recuperado un 20% de los 23 millones saqueados, 6,6 de los cuales fueron comisiones que Ferrovial pagó al partido a través del auditorio a cambio de contratos de obras públicas. Tanto Millet y Montull como Convergència Democràtica –en fase de liquidación judicial– tienen su patrimonio embargado para venderse y recuperar el expolio.

El Ministerio de Justicia ya tiene sobre la mesa la petición de indulto del expresidente y saqueador del Palau de la Música, Fèlix Millet. En su escrito de 25 páginas, al que ha tenido acceso eldiario.es, Millet, condenado a nueve años y ocho meses de prisión por varios delitos de corrupción, pide “sensibilidad” y se declara “reinsertado socialmente” para solicitar la medida de gracia y no tener que entrar en prisión.

La Audiencia de Barcelona tiene que decidir en los próximos días si suspende el ingreso en prisión de Millet, cuyo límite está fijado para el próximo 25 de junio, debido a la solicitud del indulto. La Fiscalía desdeña los argumentos de Millet y reclama que cumpla la condena impuesta junto a su mano derecha en el Palau, Jordi Montull, y el extesorero de Convergència Daniel Osàcar.

El principal argumento de Millet para evitar su ingreso en prisión es su “cuadro general clínico dramático”, que según el exmandamás del Palau empeoraría de tener que dormir entre rejas. De su precario estado de salud se deriva la segunda razón para pedir el indulto: su “nula” capacidad de volver a delinquir.

La defensa de Millet cuestiona la “necesidad” de su ingreso en prisión al considerar que tiene “poco sentido” que cumpla la pena a la que fue condenado por saquear el Palau y ejercer de intermediario en el cobro de comisiones ilegales a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). “Nada autoriza a pensar que [Millet] no esté reinsertado socialmente en el sentido que debe ser entendido jurídicamente, esto es, que sea capaz de llevar una vida sin delito”, reza el escrito de petición de indulto.

“No resulta necesario, por ser de conocimiento común, explicar que los perjuicios derivados tanto de orden personal como familiar y laboral que supone el ingreso en un centro penitenciario suelen agravarse cuando se trata de un condenado del perfil” de Millet, continúa la defensa.

El “delicado estado de salud” de Millet y el hecho de estar apartado de cualquier gestión de dinero público desde hace más de 10 años hace “innecesario”, a criterio de la defensa, ejecutar la pena de prisión. “Quizá su vida no corre peligro a corto plazo, pero existe una dolencia muy grave e incurable”, alega la defensa, que pide “especial sensibilidad” de los jueces para evitar “interpretaciones excesivamente mezquinas y cicateras que deparen situaciones dramáticas e inaceptables”.

La petición de indulto se acompaña de varios dictámenes médicos que certifican que Millet, de 84 años de edad, tiene reconocida una discapacidad del 92% así como un grado alto de sordera y ceguera que hacen que dependa totalmente de terceras personas para realizar cualquier actividad. “Estas limitaciones físicas tan acusadas son incompatibles con la vida en prisión”, resalta la defensa.

La defensa de Millet asegura “no desconocer” que el cumplimiento de las penas derivadas de delitos de corrupción como los del caso Palau sirve como freno a futuras prácticas corruptas. Sin embargo, interesa el indulto “por una cuestión de pura humanidad” y concluye que la pena “no es necesaria”. Asimismo, Millet declara que quiere “corresponder” el margen de confianza que le brindaría la concesión del indulto con el “compromiso de no delinquir”.

De concedérsele la suspensión de la entrada en prisión, Millet habrá pasado tan solo 25 días en la cárcel –los que estuvo en prisión provisional en 2018 tras ser condenado en primera instancia– de los 9 años y ocho meses a los que fue condenado por los delitos de apropiación indebida, malversación, falsificación de documento mercantil, tráfico de influencias y blanqueo.