La sección cuarta de la Audiencia Nacional ha acordado anular la entrada y registro efectuada por la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en febrero en las instalaciones de Sidenor en Basauri en el marco de la investigación por las denuncias de presunto contrabando de acero con una empresa de Israel y, por ende, una posible colaboración al genocidio del pueblo palestino. La Fiscalía y la defensa del presidente de Sidenor y principal imputado, José Antonio Jainaga, habían solicitado esta nulidad al entender que fue una intromisión excesiva e injustificada.

La sala de apelaciones, compuesta por los magistrados Teresa Palacios, Juan Francisco Martel y María de los Ángeles Montalvá, ha enmendado al instructor del Tribunal Central de Instancia, Francisco de Jorge, y argumenta que en la “narrativa” del auto que autorizó la operación de los dos cuerpos policiales no hay “indicio alguno” sobre los posibles delitos investigados o al menos “sospechas fundadas”. Añade la resolución, datada de este lunes y notificada este miércoles, que hay que “desterrar toda investigación indeterminada” y que la empresa habría mostrado su voluntad de colaborar con la información sobre los contratos con Israel. “La medida que se combate debe resultar idónea, necesaria y tiene que apreciarse el debido equilibrio entre el sacrificio sufrido por el derecho fundamental limitado y la ventaja que puede obtener del mismo”, apunta la Audiencia Nacional. “Se vislumbra el riesgo de una investigación prospectiva”, añade también.

En el caso se analizan “cuatro exportaciones” de Sidenor a IMI Systems. Son salidas desde el puerto de Barcelona en 2024 y 2025. En los registros, que se iniciaron su trabajo a las 11.00 horas del 10 de febrero y acabaron pasadas las 23.00 horas, apareció un documento que contiene una tabla con empresas del sector armamentístico presentadas como destinatarias de la mercancía, bajo el título “destinatario mcía”. Junto a cada empresa hay otro apartado, bajo el título “pieza”. Entre las empresas destinatarias aparece la armamentística israelí IMI Systems, en el apartado de los destinatarios de la mercancía, junto con el tipo de pieza: “obuses”, en la categoría de “piezas”. También aparece Israel Weapon Industries como otra de la destinatarias. Las fuentes consultadas dan por hecho que todos los materiales incorporados al sumario como consecuencia de los registros quedarán ahora anulados.

Los recursos de Jainaga y de la Fiscalía han anulado también la personación de una víctima del genocidio, lo que abriría la puerta a una investigación más amplia contra la empresa. “Lo que los querellantes originales [Comunitat Palestina de Catalunya] pretenden defender (y al parecer intentan respaldar con el personamiento) es que la empresa Sidenor habría exportado acero destinado a la fabricación de armamento por parte de la empresa IMI Systems con la intención y el conocimiento, supuestamente pactado con ésta, de que fuera utilizado para acabar con el pueblo palestino en la Franja de Gaza [...]. Es sencillamente evidente que, para sostener, siquiera indiciariamente, tan grave imputación penal contra los tres investigados [Jainaga y otros dos directivos] no basta en modo alguno con acreditar que la empresa a la que se ha hecho referencia realizó, en un período de menos de un año, cuatro operaciones de exportación a una empresa fabricante de armas que tiene sedes en los cinco continentes”, defendía la defensa de Jainaga. La sala remarca que la “legitimación” en derecho penal exige un “nexo” entre el sujeto y el “imputado o acusado”.

Málaga ha quedado este miércoles descartada como sede de la Autoridad Aduanera Europea (EUCA, por sus siglas en inglés) en las deliberaciones preliminares que han llevado a cabo por separado el Consejo (gobiernos) y Parlamento Europeo para decidir cuáles de las nueve candidatas pasaban a la fase final de selección. Tras este proceso Lille y Roma han quedado como únicas finalistas.

Cada institución debía decidir en la fase previa a sus dos candidatas favoritas que presentar a la última fase de votación y, en ambos casos, las elegidas han sido Roma y Lille, que deberán disputarse ahora la sede en una serie de rondas de votación, han informado a Europa Press diversas fuentes europeas y parlamentarias.

Según han precisado estas fuentes, Málaga no ha logrado superar el corte ni en la deliberación de la comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo (IMCO) –en donde han sido necesarias hasta siete rondas para decidir sus finalistas–, ni en la del Consejo. Junto a Málaga, competían por la sede Lieja (Bélgica) Zagreb (Croacia), La Haya (Países Bajos), Oporto (Portugal), Varsovia (Polonia), Roma (Italia), Bucarest (Budapest) y Lille (Francia).

Centro Aduanero de Datos

Entre los criterios que han pesado en la decisión figuran la fecha a partir de la cual la infraestructura candidata podrá estar plenamente operativa para la EUCA, la accesibilidad de su ubicación y las infraestructuras educativas y sanitarias accesibles para los trabajadores de la agencia y sus familias.

También debía ser tenido en cuenta por los colegisladores las opciones que ofrezca cada ciudad de acceso al mercado laboral y seguridad social para las familias, así como que se respete el equilibrio geográfico en el reparto de agencias europeas entre Estados miembro.

La autoridad se encargará de coordinar la acción aduanera y apoyar las actividades de las autoridades aduaneras nacionales de manera coherente en toda la Unión, además de establecer un Centro Aduanero de Datos común con el que reemplazar los sistemas nacionales de declaración individuales.

Irene tiene una tienda de ropa y complementos en Las Palmas de Gran Canaria desde hace once años, un comercio que se ha popularizado en las redes sociales donde suele ir contando en diferentes vídeos las novedades de moda de cada día, unos vídeos que atraen la atención de clientas de toda España. Sin embargo, explica que solo puede hacer envíos a Canarias. “Lo he intentado por muchísimas vías, tanto mensajería privada como por Correos”, explica a este periódico. Pero finalmente ha desistido, porque le parecían inasumibles los costes. “Tienes que tener muchísimos envíos para que te hagan un precio competitivo, ser gigante”, lamenta. 

Hace unos días, Irene visibilizó esta problemática en un vídeo que ha sido muy compartido en sus redes sociales: “Buenas, hoy vengo con un mensaje que no solamente me afecta a mí, sino a muchísimos comercios. Hace unas semanas estuve en un evento con 80 mujeres maravillosas peninsulares que no paraban de repetirme: Irene quiero me envíes a casa ropa, me encanta tu look, quiero esa chaqueta y así una tras otra. Y a todas les tuve que decir: lo siento chicas, no puedo enviar a la Península; los costes son demasiado altos. Ahora, hay muchísimos más impuestos, muchísimas más trabas arancelarias y el envío es más caro. Todo esto me hace ser cero competitiva en el mercado dentro de mi propio país por vivir en Canarias. Lo que no puede ser es que las clientas puedan comprar en Temu y en Shein y el envío sea a cero euros y todo sea a cero euros y todo sean facilidades”, resumía.

La dueña de la tienda Irene Meeting Point incide en que después de la pandemia los costes de los impuestos aduaneros se han encarecido y que comprende que el estar en Canarias se añadan dificultades por el hecho de que los productos tengan que salir en avión o en barco, pero no entiende que se les pongan “mil trabas arancelarias”. Además, incide en la idea de que gigantes de la industria del comercio puedan vender en el Archipiélago con facilidades tales como Temu o Shein, en detrimento del comercio local y pequeño, que tiene muchas dificultades para crecer estando en las Islas. 

Irene cuenta que su pequeña empresa se encuentra en estos momentos en un proceso en el que va a lanzar una página web y le gustaría que pudieran comprar personas de toda España, pero no puede garantizarlo. Además, no se plantea que la clienta sea la que asuma el coste de envío porque no podría garantizar cuál va a ser el coste total final, que puede variar, y señala que el producto final le saldría mucho más caro a esa compradora. 

“Al final desistimos por el coste de las aduanas”

Pilar es una de las propietarias de otra tienda de ropa, calzado y complementos en Tenerife llamada Viperinas. Un comercio que también es muy popular en redes sociales. Explica a este periódico que cuando empezó la pandemia ella y su prima empezaron a madurar la idea de sacar su propia marca y fue después del COVID-19 cuando sacaron la web. En un primer momento, decidieron vender tanto en Canarias como fuera pero “por un tema de aduanas y de todo el dinero que representa sacar un artículo fuera de Canarias, al final pues desistimos”, resume. 

Subraya que nunca les dicen que no a los posibles clientes, pero sí les explican que van a tener que asumir unos costes por los envíos como el DUA o el IVA en el destino. “Con lo cual, a lo mejor, una camiseta que costaría 50 euros, pues la terminan pagando a 75”, remarca. 

“Nosotros como empresa no podemos asumir esos costes porque, si no, nos quedaríamos sin ningún tipo de beneficio”, insiste Pilar, que añade que “el cliente al final desiste en comprarlo porque es que no le renta”. A su juicio, debería existir un IVA reducido, pero cree que es algo que no se va a conseguir y, por lo tanto, reivindica que se les ayude con algún tipo de subvención con los envíos a Península. 

Por otro lado, lamenta que se está impidiendo crecer a los comercios isleños. “No puedes crecer de una forma progresiva y orgánica. Porque si a nosotros no nos costara nada y al cliente no le costara nada, sería mucho más fácil empezar a vender a Península. Pero ahora si nosotros queremos vender a Península, lo que tenemos que hacer sería alquilar un almacén, tener todo un tema de logística en Península y eso es una inversión inicial tremenda”, resume Pilar. 

Viperinas es una marca propia canaria, que asegura que fabrica sus productos en Europa y además vende otros productos también comprados en Europa y en América. Se trata de ropa, calzado y complementos originales.

Pilar afirma que muchos visitantes que llegan a su tienda física en Santa Cruz de Tenerife les dicen que las quieren seguir en redes sociales y seguirles comprando, pero luego se encuentran con que es muy difícil que esos envíos les lleguen. 

“Por enviar un paquete que pesa solo 500 gramos pago 7,50 euros”

Inma hace creaciones para decorar eventos como bautizos, comuniones, cumpleaños… También otro tipo de detalles personalizados a través de su marca llamada Sensaciones de papel. Explica que sus clientes son en su mayoría de la Península, por lo que mantiene su negocio con mucho sacrificio ya que los gastos de envío, a su juicio, son muy elevados. “Siempre perdemos, porque si envías un correo certificado con los productos, cada año aumentan y competir con una empresa peninsular es muy difícil”, resume. 

“Por enviar un paquete que pesa 500 gramos pago 7,50 euros, ese es el mínimo. Si tu paquete pesa 501 gramos, ya vas a 10 euros”, señala. Además, agrega que el mayor coste se centra en aduanas y que enviar sus productos por sistema de paquetería se va a un mínimo de 30 euros. 

Elliot Martín, secretario general de ATA Canarias (Asociación de Trabajadores Autónomos), apunta que “es verdad que sobre todo cuando tienes un tipo de producto que el precio de venta al público es un precio menor, es decir, un producto de 20 o 30 euros que tiene un pequeño margen, pues prácticamente no te va a compensar. ¿Por qué? Porque tienes muchos gastos”. Subraya que los gastos de envío se han incrementado por el gasto que tienen las empresas distribuidoras, las empresas transportistas. “Luego, hay que tener en cuenta si tienen algún tipo de arancel u otro impuesto especial en caso de que sea de determinado tipo de mercancía y si encima le tienes que añadir algún tipo de packaging especial, porque es una mercancía frágil y necesita un embalaje específico, pues te va a aumentar el coste. A esto sumarle si quieres incluir un seguro de transporte”, apunta. “Al final se te va todo un margen de los productos por todos los costes de estar en Canarias y vender en la Península”, insiste.

¿Qué soluciones existen?

El secretario de ATA expone que “hay empresas que lo que están haciendo, pero claro, depende también de la actividad económica que tengas, es que subcontratan una especie de almacén en Península y a esa empresa le hacen los servicios de picking (preparación de pedidos) y de envío”. “Pero claro, tienes que tener un tamaño ya de negocio un poco más experimentado, tienes que tener un cierto volumen de ventas, una cifra de negocio un poco más importante. O empresas que vendan productos de alto valor, que tienen mucho más margen, entonces sí puedes asumir ese tipo de gasto. No es lo mismo vender un producto de 400 euros que un producto de 40”, puntualiza. 

Elliot Martín incide en que hay otros problemas que se suman y es que el sector pequeño comercio la desventaja que tiene es que “competimos contra Aliexpress, contra Shein, contra Temu… No somos competitivos y el comercio local no tiene esa capacidad para invertir en redes sociales, para invertir en marketing digital, para dar esa publicidad a los productos. Y por ende no puede atraer tráfico de personas a su tienda”, apunta. En este sentido, apunta que otro gran reto es la digitalización y cree que hay que “buscar pequeñas soluciones tecnológicas con un bajo coste que solvente esta casuística”, como por ejemplo facilitar los pagos por bizum y buscar algún tipo de herramienta de gestión de redes sociales que sea bastante sencilla. 

¿Qué plantea el Gobierno de Canarias?

El director general de Comercio del Gobierno de Canarias, David Mille, ha explicado a este periódico que “los problemas, entre comillas, que tiene Canarias a la hora de tanto exportar como importar vienen derivados directamente de su especial Régimen Fiscal”. “Nosotros somos territorio extracomunitario a efectos de aduana y por lo tanto el sector tiene una serie de condicionamientos que no existen en el territorio peninsular. Esto viene derivado directamente de nuestro Régimen Económico Fiscal que, bueno, pues tiene cosas muy, muy buenas, pero a veces causa inconvenientes”, resume.

Mille expone que actualmente las cifras de exportación de Canarias tanto a nivel peninsular como a nivel resto de Europa y resto del mundo, “en los últimos ejercicios sí es verdad que ha habido cierto estancamiento, pero en general las últimas cifras son positivas”. “Nosotros creemos que ha influido mucho toda una serie de programas que ha desarrollado el Gobierno de Canarias, como son los desarrollados por Proexca, que es la empresa pública canaria que fomenta la internacionalización y la exportación de nuestras empresas, que son sobre todo el programa Canarias Aporta y el programa Canarias Aporta Islas No Capitales”. 

El director asegura que estos programas han sido “fundamentales, porque suponen subvencionar a nuestras empresas el 75% de los costes de asesoramiento, de los costes de desplazamiento a los mercados donde quieren vender sus productos. Les subvencionan gastos de digitalización y demás. Yo creo que es fundamental, sobre todo en las islas no capitalinas, de ahí a que se haya desarrollado un programa específico para las islas no capitalinas”, resume. 

También afirma que se han desarrollado programas de ayudas desde la Dirección General de Transportes y desde la Consejería de Obras Públicas, destinados a compensar los costes de transporte, que “son otro de los mayores hándicaps que tenemos nosotros a la hora de la importación y la exportación”. “Es decir, nosotros tenemos no solamente unos costes de transporte que son bastante elevados, sino que además encima tenemos el problema de la doble insularidad, es decir, las islas no capitalinas sufren todavía más el problema del transporte de mercancía”. 

Por otro lado, el director defiende que se ha trabajado “intensamente” a la hora de plantear “soluciones” a los envíos desde Canarias, que “están gravados para modificar la exportación”, apunta. “Tratamos de solventarlos con programas de digitalización, mediante los cuales podamos establecer convocatorias públicas de estilo comercial inteligente, mediante las cuales lo que tratamos es de crear ecosistemas innovadores que permitan a las empresas canarias integrarse en todas estas grandes plataformas de venta, integrarse en sistemas de taquillas inteligentes, de creación de hub logísticos en el territorio peninsular que permitan que las empresas puedan llevar allí sus envíos y que dentro de ese coworking logístico en la Península se distribuyan los envíos por todo el territorio peninsular”. 

Además, insiste en que tratan de subvencionar el 100% con carácter anticipado de proyectos que permitan que las empresas canarias también entren en esos ecosistemas de innovación y que faciliten la distribución de mercancía, el comercio en modo online “y en definitiva que se adapten a este nuevo tipo de consumidor que quiere las mismas experiencias y los mismos resultados tanto a nivel físico como a nivel digital”. 

Mille remarca que en estos momentos no está sobre la mesa una rebaja de impuestos. “Yo creo que el IGIC es un impuesto que en Canarias ha sido fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma, creo que además es un instrumento que ha facilitado que aumente el consumo a nivel interno en Canarias”, asegura. 

Por otro lado, incide en que otro reto es la digitalización del sector del comercio. “Yo creo que los canarios, por nuestra forma de ser, por nuestra idiosincrasia, por el clima, por tener esas zonas comerciales en las que se mezcla ocio, restauración, cultura, patrimonio histórico, patrimonio cultural, un clima que hace que te apetezca salir durante todo el año a la calle, pues gracias a eso y a esa necesidad y ese gusto que tenemos por el contacto humano, por las relaciones, disfrutamos de nuestras zonas comerciales abiertas, tenemos una buena sintonía con el modelo comercial tradicional canario, de mercados tradicionales, zonas comerciales, ubicadas en los centros históricos de nuestras ciudades, pero tenemos que dar un paso más”, asegura. 

“Yo creo que el consumidor canario de las nuevas generaciones también es un consumidor exigente, es un consumidor que busca online, que compara online, que va a la tienda porque ya ha tomado su decisión online y quiere que lo atiendan rápidamente, no quiere tener obstáculos en su decisión de compra, está muy bien informado y por lo tanto el tejido comercial tradicional se tiene que adaptar lógicamente a este nuevo tipo de consumidor”. En este sentido, incide en su dirección general hay unas partidas que superan los 600.000 y 100.000 euros anuales para digitalización y formación. 

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Valencia y agentes la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cuenca, en una operación conjunta, han intervenido 262 kilos de cocaína oculta en la estructura de más de un centenar de bidones de pulpa de fruta congelada y han detenido a un individuo relacionado con la aprehensión.

La investigación se inició en el mes de enero, cuando se tuvo conocimiento de la llegada de dos contenedores al puerto de Valencia procedentes de Buenaventura (Colombia) sobre los cuales los investigadores de Vigilancia Aduanera mantenían sospechas de que pudieran ser utilizados para introducir sustancia estupefaciente en territorio nacional.

La intención inicial de los investigadores, informa la Policía, era practicar una entrega vigilada de los bidones de fruta hasta su destino previsto, en la provincia de Valencia.

Sin embargo, al someter la mercancía a los controles habituales que se realizan por las autoridades aduaneras en las terminales del puerto de Valencia, se detectó en la carga un plaguicida en cantidades que impedían su importación, dado que se trataba de un producto destinado a fabricar alimentos. Por ello, el importador solicitó su destrucción.

Los investigadores decidieron entonces seguir de cerca el traslado de los contenedores desde el puerto de Valencia hasta la localidad de Villalpardo (Cuenca), lugar donde se iba a proceder a la destrucción de los bidones, que contenían la pulpa de fruta congelada.

Con el propósito de descartar cualquier técnica de ocultación, los investigadores realizaron el 13 de agosto una inspección exhaustiva de los recipientes antes de su destrucción.

Discos de silicona impregnados de cocaína

Durante el reconocimiento, los investigadores, con la colaboración de la empresa encargada de la destrucción, perforaron la base de los bidones utilizando herramientas como taladradoras y radiales. En el interior de varios de ellos se halló una sustancia blanquecina que, tras ser analizada, dio positivo en cocaína. En total se aprehendieron 105 placas que arrojaron un peso aproximado de 262 kilos de la droga.

La sustancia encontrada en la base de los bidones se correspondía con placas o discos circulares de silicona impregnados con la cocaína. Estos elementos estaban envueltos en plástico pintado de color blanco que imitaban el tono del interior de los bidones con el objetivo de simular su fondo original.

Este método de ocultación tenía como finalidad dificultar la detección de la sustancia estupefaciente, al hacer que las placas parecieran parte estructural del propio bidón.

A la mañana siguiente se procedió a la detención del administrador de la empresa importadora como responsable de la introducción de la mercancía en territorio nacional. Tras su puesta a disposición judicial, el Juzgado decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el investigado.

Salida simultánea de dos cargos de la cúpula de la Dirección Adjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) nombrados en su día por Cristóbal Montoro, inmerso en un escándalo de presunta corrupción y tráfico de influencias.

Fuentes oficiales de la AEAT confirman a elDiario.es la dimisión “a petición propia” del hasta ahora director adjunto del SVA, Ángel Delgado Bernaldo de Quirós, y el subdirector general Operativo, Manuel Montesinos Díez de la Lastra.

Nombrados por Montoro en 2013 y 2003, respectivamente, y en sus puestos hasta ahora, ambos “han pedido el cambio después de muchos años porque les han surgido otras opciones que les parecían de interés”, indica la AEAT, a preguntas por los motivos de sus respectivas dimisiones.

Su salida en este departamento clave de la AEAT, envuelto en varias polémicas en los últimos años, llega en pleno escándalo por los presuntos delitos del exministro de Hacienda, varios de sus colaboradores y el despacho que fundó, Equipo Económico, en una investigación que instruye un juzgado de Tarragona desde 2018 y cuyo secreto de sumario se ha levantado este verano.

En el caso de Ángel Delgado, la AEAT no precisa su nuevo destino. En principio, se quedará en la dirección general del SVA, según fuentes conocedoras del proceso. Miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, Delgado, de 59 años, era el responsable directo de supervisar todas las actuaciones del SVA, incluido el manejo de los fondos reservados que tiene asignados este organismo.

Delgado Bernaldo de Quirós llevaba en ese puesto desde noviembre de 2013. Fue nombrado cuando el secretario de Estado de Hacienda era Miguel Ferre, imputado en el 'caso Montoro'. El entonces director general de la AEAT, Santiago Menéndez (también investigado), acababa de ser nombrado al frente del organismo que dirigió hasta 2018. 

Ángel Delgado era hasta ahora 'número dos' del SVA. Por encima solo tenía a la actual directora general de la AEAT, Soledad Fernández Doctor, y la directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Nerea Rodríguez Entremonzaga, que en 2024 sustituyó a Pilar Borrego. Esta última fue uno de los primeros nombramientos de Montoro en su segunda etapa en Hacienda.

Borrego fue nombrada directora de Aduanas en enero de 2012, poco antes de una reestructuración de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), la unidad que investiga los casos más importantes de fraude en España, en la que se nombró jefa a Paula Vázquez, esposa de uno de los principales socios de Equipo Económico, Manuel de Vicente-Tutor.

El sumario del 'caso Montoro' atribuye a Borrego una posible participación en una modificación de la Ley y el Reglamento del Impuesto Especial sobre la Electricidad, pero no está en la lista de investigados, a diferencia de dos cargos de Hacienda nombrados por Montoro y destituidos de manera fulminante en julio, cuando se levantó el secreto del caso: el hasta entonces subdirector de Tributos Locales, Óscar del Amo, y Rogelio Menéndez, hasta entonces director Financiero de Loterías, asesor en el ministerio con Montoro y hermano de Santiago Menéndez.

Un caso único

Respecto a Manuel Montesinos, fuentes de la AEAT indican que abandona la subdirección Operativa del SVA para ocuparse de un puesto de nueva creación como enlace entre Vigilancia Aduanera y la Fiscalía. Su salida de la cúpula del SVA es significativa. Llevaba casi 23 años en el cargo, lo que constituye un caso único en la agencia. Ningún otro cargo de la entidad acumulaba tantos años en su puesto.

En febrero de 2024, elDiario.es analizó los 57 cargos en el organigrama de la AEAT que, como Pilar Borrego, Manuel Montesinos o Ángel Delgado, eran nombramientos de confianza (por el procedimiento de libre designación) publicados en el BOE con la firma del presidente de la agencia (el secretario de Estado de Hacienda en ese momento). La conclusión fue que los responsables del organismo llevaban, de media, 5,7 años en el puesto y Montesinos, en cambio, acumulaba entonces ya más de 21 años en el cargo.

Miembro del Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública desde 1995, Manuel Montesinos fue nombrado en el puesto que ahora abandona en época de José María Aznar, en enero de 2003, en la primera etapa de Montoro como ministro. Entonces el secretario de Hacienda era Estanislao Rodríguez-Ponga, condenado por las tarjetas 'black' de Caja Madrid mucho tiempo después.

Montesinos tiene una fuerte vinculación familiar con el PP. Nieto del terrateniente y exalcalde franquista de Alicante del mismo nombre (1946-1949), es hijo de la fallecida Maribel Diez de la Lastra Barbadillo, fundadora de la Alianza Popular de Manuel Fraga y diputada del PP desde 1996 hasta 2004. 

Su tío, Juan Antonio Montesinos García, también fue fundador y vicepresidente de AP (1979-1984) y diputado nacional. Y su prima es la veterana dirigente popular Macarena Montesinos, hija de Juan Antonio Montesinos, diputada del PP por Alicante y nombrada por Alberto Núñez Feijóo en noviembre de 2023 secretaria general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La policía de la AEAT

Montesinos dirigía hasta ahora los Operativos de Vigilancia Aduanera, uno de los representantes de Hacienda en la mesa de coordinación de adjudicaciones del Fondo de Bienes Decomisados por narcotráfico, con las mismas funciones de policía judicial que las unidades especializadas del Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil y dedicado a combatir el contrabando, el blanqueo o el narcotráfico.

“Somos un cuerpo de carácter policial”, declaró Montesinos a El Mundo en 2015, en una de sus escasas apariciones en prensa. Una imagen había puesto el foco sobre el SVA y el ministerio de Montoro abrió por un momento las puertas de este departamento a los medios. Uno de sus funcionarios, vestido con chaleco del Servicio, se había llevado detenido a Rodrigo Rato de su domicilio del barrio de Salamanca poniéndole la mano en la nuca para introducirlo en el coche ante una nube de cámaras.

Una fotografía para la historia año y medio después de que, tras purgar a unos treinta cargos en la AEAT, Montoro afirmase que la cúpula de la agencia estaba “llena de socialistas”. Entre ellos no estaría Montesinos, responsable de la operación que luego acabaría con Rato detenido.

El expresidente de Bankia, exvicepresidente económico y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) responsabilizó luego de su caída “a la piscina” a dos antiguos compañeros en el Gobierno de Aznar, ambos fundadores de Equipo Económico: Montoro y el exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos.

“A mí me tira quien me tira. Vigilancia Aduanera depende del Ministerio de Hacienda y el Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales), del ministro de Economía”, dijo Rato a El País tras publicar su libro de memorias en 2023.

Recientemente, el exministro ha intentado personarse como acusación en la causa a Montoro por entender que la filtración de datos fiscales que le afectaban fue “palmariamente delictiva”. También ha intentado utilizar el escándalo de su excompañero de partido en el recurso ante el Tribunal Supremo contra su condena por varios fiscales, de blanqueo y de corrupción entre particulares.

En el momento de la operación contra Rato hubo quien no apreció el fuego amigo, y el diario ABC publicó que el funcionario que introdujo al exvicepresidente del Gobierno en el coche iba en las listas del PSOE a la Alcaldía de Madrid. Montesinos, como jefe suyo, salió a defender la independencia y profesionalidad del agente.

A la dimisión de Delgado y Montesinos se suma la próxima salida de una tercera persona de la cúpula de Aduanas nombrada también en época de Montoro y cuya jubilación se espera para los próximos meses, confirma la AEAT: el subdirector de Logística, Rafael Sopuerta, nombrado en diciembre de 2017.

Su salida se producirá tras esta inusual dimisión simultánea en la cúpula del SVA, que se produce con el escándalo Montoro en el foco y tras años de polémicas en este importante departamento de la AEAT.

Entre ellas, la del patrullero Cóndor, que costó más de 8 millones de euros, presentado como el buque estrella en la lucha contra el narcotráfico en Galicia, donde lleva tiempo sin navegar. Bautizado en honor de una saga de embarcaciones incautadas a organizaciones criminales en los 80 y 90 y reconvertidas en patrulleras camufladas de Aduanas, el barco arrastra desde su botadura en 2021 serios problemas técnicos y lleva meses sometido a reparaciones en Cádiz.

Al culebrón del Cóndor se suma el hallazgo de amianto en embarcaciones adquiridas por esta unidad o la detención, el 30 de junio, del número 2 de Vigilancia Aduanera en Catalunya, Francisco Javier Martí, a escasos días de su jubilación, por su implicación en una red de contrabando de tabaco en el Puerto de Barcelona.

Denuncia de UGT

Además, la semana pasada UGT remitió un escrito a la directora general de la AEAT denunciando la, a su juicio, “sospechosa” y “reiterada adjudicación de contratos a las mismas empresas proveedoras de embarcaciones [Rodman Polyships, fabricante del Cóndor], calzado y vestuario [Fal Calzado de Seguridad SA y Sagres SL], con riesgo para la seguridad y salud del personal de Vigilancia Aduanera”.

Se trata, según el sindicato, de “una situación de falta de pluralidad, riesgo de colusión empresarial y opacidad que afecta directamente a la eficacia de los medios materiales que debe tener el personal”, dice el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

En el caso del astillero gallego Rodman, UGT ha denunciado el “monopolio” de esta empresa, la situación del Cóndor, los “retrasos inadmisibles”, de hasta 17 meses, en la entrega de las patrulleras rápidas Audaz “sin penalización”, o “deficiencias estructurales graves, como las sufridas por la nueva embarcación Peregrino II, cuyo casco ha resultado dañado tras una simple maniobra de contacto con una embarcación semirrígida”.

“Lo más grave”, a juicio del sindicato, una evaluación técnica de resistencia de las embarcaciones ante vibraciones y choques cuyos resultados “multiplican los límites legales, sin que se hayan adoptado las correspondientes medidas preventivas ni reformulado los pliegos técnicos posteriores”.

En el caso de Fal Calzados de Seguridad y Sagres SL, UGT recuerda que informaciones periodísticas sugieren que “al parecer dichas empresas están implicadas en una investigación judicial por adjudicaciones presuntamente corruptas en el seno de la Guardia Civil”.

Grietas recurrentes en el casco que, según la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), no son un problema “estructural”; el cable de una grúa que se rompe al poco de cambiarlo; fugas de combustible, problemas de corrosión, portones que revientan por la presión del agua…

Son algunas de las últimas averías del Cóndor, el patrullero estrella del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) por el que la AEAT pagó a la empresa gallega Rodman 8,2 millones de euros en abril de 2019, y que actualmente está inoperativo en un astillero de Cádiz por trabajos de reparación y sin fecha de regreso por ahora.

El barco, inicialmente destinado a la lucha contra el narcotráfico en aguas gallegas, fue enviado a su destino en los últimos años, la base del SVA en Las Palmas (Canarias), después de que, en noviembre de 2021, al poco de su estreno, elDiario.es recopilase testimonios de trabajadores del SVA denunciando que era “una colchoneta de playa” con serias dificultades para navegar en alta mar. Ahora ha vuelto a dique seco por lo que un trabajador del SVA (que pide el anonimato) define como un “deficiente mantenimiento”, que la AEAT niega tajantemente.

Ese empleado explica que cuando el buque llegó a Canarias, tras meses de reparaciones, “le habían solucionado bastantes problemas”. Sobre el papel, es una gran máquina: con 43 metros de eslora, 23 nudos de velocidad máxima, capaz de albergar una tripulación de hasta 14 personas y una autonomía de más de 2.000 millas náuticas, el doble que un patrullero convencional. Fabricado en fibra de vidrio (un material poco habitual para una embarcación de su envergadura), fue presentado en su momento como la joya del SVA. Su objetivo, transportar para los grupos de intervención las embarcaciones auxiliares conocidas como zodiacs: dos potentes lanchas de aluminio de siete metros de eslora para perseguir a los malos en alta mar.

Ese trabajador del SVA dice que el sistema de arriado de esas zodiacs, “cuando funciona, es muy seguro”. El problema es que lleva meses fuera de combate. Es, para UGT, “el último episodio de la cadena de despropósitos que ha rodeado a la embarcación del Cóndor desde su botadura”.

El pasado 19 de febrero, poco después de ser sustituido, se rompió el cable de arriado del pescante, que sujeta esas embarcaciones auxiliares a modo de grúa, durante una prueba de funcionamiento. Colapsó tras varios intentos de arriado dentro del puerto y, afortunadamente, sin tripulación a bordo de la lancha. El cable, en teoría capaz de soportar 26 toneladas de peso, “se partió en el tercer intento, dejando caer la embarcación auxiliar (de aproximadamente 2.600 kg) desde una altura de más de 2 metros”, explica otro trabajador, que afirma que de haber ocurrido “durante un operativo real, con mala mar y de noche, las consecuencias podrían haber sido mortales”.

El siniestro llegó tras numerosos avisos. La misma víspera, un tripulante del Cóndor envió un informe de riesgos laborales (conocido como PROSAL en la AEAT) que decía que el sistema de arriado “no funciona correctamente a pesar de las recientes reparaciones”. “En últimas pruebas realizadas el sistema de enganche [cruceta + campana] no funciona como debería”. Esto “provoca el cabeceo/balance excesivo de la/s embarcaciones en buenas condiciones de mar”, señala el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es

Meses antes, el pasado 22 de septiembre, se había detectado que uno de esos cables se estaba deshilachando. “Tras múltiples insistencias” y, según trabajadores consultados, el envío de varios PROSAL, se sustituyeron los de las dos lanchas; no en una, como se pretendió inicialmente. Según un trabajador, “durante el proceso, se descubre que el pescante no había recibido el mantenimiento adecuado en años. La empresa Fluidmecánica de Galicia es contratada para repararlo, pero tras cuatro días de trabajo y un gasto de casi 30.000 euros, el sistema queda en mal estado, según los propios operarios”.

La empresa emite el 14 de febrero, cinco días antes del siniestro, un certificado de operatividad que, afirma este trabajador, “carece de validez al no incluir siquiera el nombre del barco”. Se envía a la empresa Gauzón Ibérica, responsable del mantenimiento nacional de las embarcaciones de Aduanas. La Subdirección de Logística del SVA en Madrid valida el informe, “ignorando las advertencias de la tripulación”, según este trabajador. “Este visto bueno se extiende a la logística regional del SVA en Canarias, que tampoco verifica el funcionamiento del sistema”, añade.

Según el mismo trabajador, pese al informe remitido la víspera del siniestro advirtiendo “del grave riesgo para la tripulación”, “ni Riesgos Laborales ni la jefatura regional del SVA en Canarias, encabezada por Carlos Moreno, toman medidas, desoyendo las advertencias de la jefa de embarcación y la jefa de máquinas”.

El pasado jueves, tras publicar varios medios que el Cóndor está fuera de combate en Cádiz, se consumó la “dimisión” (según la AEAT) de Moreno, hasta entonces Jefe Adjunto Regional de Vigilancia Aduanera (JARVA) en Canarias.

Según un portavoz del organismo, dimitió “por resultarle injustas las graves acusaciones que le había hecho el personal a su cargo en relación con los problemas técnicos del Cóndor, teniendo en cuenta, además, que fue precisamente la Jefatura que él representaba quien había trasladado el primer PROSAL sobre la rotura del cable, y que las reparaciones que se habían realizado contaban con todos los certificados pertinentes”.

Grietas en el casco

Más allá del pescante, que según la AEAT ya está reparado, el Cóndor arrastra otros problemas. Desde que fue enviado a Las Palmas, el barco ha salido tres veces a varadero: sacarlo del agua para limpiar el casco, pintarlo y someterlo a diversas reparaciones, una operación que suele hacerse cada año. En las tres varadas se agrietó el casco, algo “increíble”, dice uno de los trabajadores consultados. La última vez que ocurrió fue en marzo de este año, en el varadero de la empresa Rolnautic en Las Palmas.

Fuentes oficiales de la AEAT aseguran que “no hay ninguna grieta estructural”. “Todas esas grietas, que se han producido con responsabilidad de las propias empresas de los varaderos, han sido reparadas en garantía y a coste del propio varadero”.

A esto se suman problemas de corrosión en algunos componentes, defectos en la electrónica o que los tanques principales pierden combustible. Según la AEAT es “una pequeña fuga” en una zona acotada. “Se están llevando a cabo las actuaciones necesarias para la reparación de esta fuga, que no supone ningún problema de seguridad en la operación del barco. Es una fuga que solo se da con los tanques totalmente llenos, cosa que no sucede prácticamente nunca y, por tanto, simplemente con no hacer ese llenado completo, se evita”.

Este problema ocurre desde el principio. Otro tanto ocurre con la fragilidad de los portones que inventó Rodman para la zona de rescate en los laterales. Desde que está en Canarias, han reventado en dos operativos distintos por la presión del agua. ¿Es esto normal? Según la AEAT, “no es que sea normal o no, sino que otros barcos no tienen esos portones. Es un elemento móvil que no afecta a la resistencia estructural del barco”.

También hubo que sustituir una viga auxiliar, el tangón, en la parte delantera del buque: se flexaba y parecía que fuera a partirse. “Hubo que desmontar medio barco para poder reforzarlo”, dice un trabajador.

Según la AEAT, no hay “ningún indicio que permita pensar en la existencia de vicios ocultos en el patrullero. Los problemas técnicos que ha tenido el Cóndor son equivalentes a los que pueden darse con otras embarcaciones equivalentes”.

El organismo no detalla cuánto ha destinado a reparaciones del Cóndor desde su botadura. “Como sucede con cualquier embarcación, en las reparaciones se combina tanto problemas técnicos específicos, como labores de mantenimiento periódico y rutinario. No contamos en este momento con el detalle desglosado”. “Los costes de mantenimiento son los normales de un barco nuevo”, insisten.

Las mismas fuentes subrayan que “en el tiempo en el que viene estando desplegado en Canarias el Cóndor, se ha incrementado notablemente la capacidad de lucha contra el narcotráfico por vía marítima”. “En reiteradas ocasiones, las tripulaciones del Cóndor han trasladado la eficacia del patrullero”. “Desde el 2021, fecha en que llegó a Canarias, el Cóndor ha realizado numerosos abordajes de buques nodrizas, interviniendo aproximadamente 11 toneladas de estupefacientes”.

Entre los tripulantes se ha acuñado la frase de que “todos los caminos conducen a Rodman”, empresa en la que trabajó un miembro de la mesa de contratación que adjudicó el contrato. Fue la única que presentó oferta. El procedimiento exigía que el barco estuviera construido en fibra de vidrio, muy poco habitual en este tipo de buques.

Rodman es el proveedor de las patrulleras Audaz, con un coste de más de 14 millones. Por ahora solo dos de las ocho embarcaciones rápidas del modelo facturadas se han entregado. Según UGT, ambas han presentado fallos en los motores hidrojets y problemas de diseño han obligado a modificar el espejo de popa.

El SVA ha sido noticia en los últimos días por la detención de su número dos en Catalunya, vinculado a una red de contrabando de tabaco. En este servicio de la AEAT tiene un peso singular Manuel Montesinos, subdirector general de Operaciones desde 2003 y con una especial relación con el PP: es nieto, hijo, primo y sobrino de políticos de este partido. La AEAT anunció este lunes la aprehensión de un velero cargado con cocaína a unas 50 millas de Canarias gracias a la labor del patrullero Sacre, con el apoyo del buque de operaciones especiales Petrel I, en una investigación conjunta con Guardia Civil y Policía Nacional. Por ahora, el Cóndor tendrá que esperar.

La Comisión Europea planteará una tasa de hasta dos euros por envíos de paquetes 'low cost' en un momento en el que el comercio online se ha disparado y hay plataformas, como las chinas Temu y Shein, que se están beneficiando del agujero fiscal que existe en la UE con la exención de los aranceles para ese tipo de paquetes, cuyo coste está por debajo de los 150 euros.

El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, ha informado en el Parlamento Europeo de que planteará esa tasa, que costearán las plataformas, y que será de dos euros para los envíos a domicilio y de 0,50 euros para los casos en los que la mercancía llega a almacenes.

La Comisión Europea formulará esa propuesta como parte de la reforma de la Unión Aduanera que impulsó en 2023, y que ahora pretende acelerar. La preocupación por el perjuicio del mercado europeo se ha disparado casi a la misma velocidad que se ha incrementado el volumen de negocio de esas compañías asiáticas. Temu, que se dedica sobre todo a los productos de hogar y decoración, y Shein, enfocada al textil, se han hecho con el trono del gran consumo online en Europa.

“Nuestra propuesta incluye nuevas normas, basadas en el éxito del IVA, para que las plataformas recauden y paguen los derechos de aduana. La reforma también exige que las plataformas sean responsables como los demás importadores. Para nosotros, es un cambio necesario”, ha dicho el eslovaco, que pretende que los cambios puedan entrar en vigor en 2026, aunque están sujetos a las arduas negociaciones en el seno de la UE.

Con ese dinero que recaudará la UE, se financiará el extra del coste que están soportando las aduanas por la multiplicación de envíos de paquetes que se está produciendo por el incremento del comercio online. “Representa una enorme carga para el trabajo de los funcionarios de aduanas. Y por lo tanto, yo no vería la tasa de manipulación como un impuesto, simplemente la tasa para compensar el coste. Y además, debería pagarla la plataforma”, ha resumido el eslovaco.

En 2024 entraron en el mercado europeo unos 4.600 millones de envíos 'low cost' exentos de derechos aduaneros (con importes de menos de 150 euros). Se trata de doce millones de paquetes al día y el 91% proceden del gigante asiático. La cifra duplica a la del año anterior y triplica a la de 2022. “Muchas de estas mercancías han resultado no cumplir la legislación europea”, señala la Comisión Europea en un comunicado en el que reconoce que “cada vez son más los productos nocivos que entran en la UE”.

La Junta de Extrenadura firmará un convenio con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para la redacción del proyecto de obra y la cesión gratuita del inmueble donde se construirá una aduana intermodal en el término municipal de Badajoz, que permitirá que se lleven a cabo las labores de exportación e importación sin necesidad de tener que hacerlo en los puertos de Portugal o España.

El coste de la redacción de proyecto se estima en un máximo de unos 285.000 euros y el ministerio asume el compromiso de llevar a cabo mediante el procedimiento de licitación oportuno y con cargo a su presupuesto, la redacción del mismo.

Por su parte, Extremadura cederá en propiedad a la Administración General del Estado la parcela ubicada en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo (1ª Fase) y que ocupa una superficie de 44.186 metros cuadrados.

Ambas partes reconocen la importancia de la situación geográfica de Extremadura y su frontera con Portugal, que la convierte en punto clave del tráfico de mercancías, papel este que ve incrementada su importancia en función de las previsiones de incremento del tráfico comercial a través de dicha frontera que se manejan de cara a 2050, horizonte para el cual se prevé un crecimiento del transporte en torno al 40% con respecto a 2018.

Este crecimiento está motivado por el impulso de la Junta de Extremadura, con la colaboración de la Administración General del Estado y del Ayuntamiento de Badajoz, al proyecto de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo en Badajoz, a la que prestará servicios de utilidad pública la aduana intermodal que se pretende construir, según destaca la Junta.

Una operación conjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Policía Nacional -en colaboración de la norteamericana DEA- ha intervenido 150 kilos de cocaína que se encontraban en la estructura sumergida del casco de un mercante portacontenedores en Vigo.

Según informa la Agencia Tributaria en un comunicado, que recoge Europa Press, la droga pretendía ser introducida en España a través del puerto de Vigo y para su incautación tuvieron que intervenir agentes de la Base Marítima de Vigilancia Aduanera en Vigo, junto con buceadores del Grupo Especial de Operaciones, al estar adosada al casco del buque por debajo de la línea de flotación.

La operación se ha llevado a cabo con la colaboración de la agencia estadounidense DEA (Drug Enforcement Administration) que alertó de la posible entrada de la droga en España. La investigación se inició a principios de abril cuando, a través de la DEA, se recibió información de que una organización criminal de carácter internacional pretendía introducir en el país una importante cantidad de cocaína a través del puerto olívico.

Las indagaciones permitieron averiguar que, para el transporte de la droga a España, se pretendía utilizar un buque portacontenedores que atracaría en la ciudad viguesa. Además, los agentes detectaron que el método de ocultación podría ser mediante adosamiento en la parte sumergida del casco del portacontenedores.

Una vez amarrado a puerto el barco en el que se sospechaba que venía escondida la droga, se realizó una inspección de la parte sumergida del buque. Durante la inspección participaron agentes de la Unidad Operativa y Base Marítima de Vigilancia Aduanera en Vigo y buceadores del Grupo Especial de Operaciones que localizaron, en uno de los compartimentos del casco, cinco bolsas que ocultaban 150 kilos de cocaína.

La investigación continúa abierta para el esclarecimiento de los hechos y localizar a los integrantes de la organización criminal implicados en el envío.

La primera expedición comercial entre Ceuta y Marruecos ha conseguido completarse con éxito este martes tras dos intentos fallidos previos, en los que un camión con productos de higiene fue rechazado en la frontera por el país vecino. Esta vez, los productos de automóvil que llevaba el mismo vehículo sí pasaron. Un hito histórico que supone la apertura de un espacio de tránsito de mercancías ampliamente reclamado por los empresarios locales.  

Este martes era uno de esos clásicos ddías en los que la ciudad de Ceuta estaba agitada. Cuando aún no había salido el sol, Policía Nacional y Guardia Civil ya se habían desplegado por más de una decena de puntos de la localidad para detener a alrededor de veinte personas, incluido un miembro de la Benemérita, en el marco de una macrooperación antidroga que acabó de un plumazo con varias organizaciones criminales dedicadas al tráfico de hachís. 

Entonces la ciudad aún permanecía ajena a lo que estaba por venir, un nuevo intento de abrir la tan deseada aduana comercial que permita el tránsito constante e ilimitado de mercancías entre Ceuta y Marruecos. 

Camino al Tarajal, en los taxis se comentaba la operación policial y no dejaban de verse furgones y coches del cuerpo nacional en todo el trayecto, saliendo incluso de forma coordinada de sus dependencias. Estas escenas contrastaban con la tranquilidad absoluta en la frontera. Sin medios de comunicación, sin colas, sin los jaleos habituales de un paso caliente. 

No eran ni las diez de la mañana y la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, y miembros de su equipo, como el recién nombrado jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, ya esperaban en el lugar. Dentro de las instalaciones, preparando una operativa muy compleja por cuestiones “administrativas”, a las que ya había aludido días atrás la representante del Estado en Ceuta. 

El Ministerio de Exteriores, avanzaba entonces Pérez, no ha capitaneado en esta ocasión parte del proceso, al entender que las cuestiones diplomáticas entre países estaban zanjadas, el ‘nudo gordiano’ a deshacer se centraba ahora en el papeleo. Puros “problemas de andar por casa”, documentos “que hay que actualizar” y trámites “que se escapan al control político” al tener que “ir limándose sobre la marcha”. 

“Estamos con los pre-trámites”, aludía una fuente cercana al proceso a eso de las doce de la tarde. Mientras, la vida seguía fluyendo. Alguien pedía una cerveza en el pequeño bar de tablones de madera que se encuentra sobre la playa que comparte nombre con el paso fronterizo. “Ya no tenemos, está el Ramadán a la vuelta de la esquina. Hay que parar”, comentaba el dueño. En su lugar escogían los clientes pequeños bocadillos de atún con queso fresco o de chóped de pavo con manchego. También se bebía mucho café y algún té.

Del frío de las primeras horas, marcadas por unas nubes un tanto oscuras, se pasó al cálido mediodía. El sol calentaba las cabezas de quienes esperaban a pasar hacia el Reino Alauita, o de los que pretendían realizar trámites en la Frontera. Un chaval de tez oscura y auriculares grandes de un blanco impoluto pululaba con un ritmo danzarín, aguardando a un colega que rato después salía, papeles en mano, de las instalaciones para coger un taxi. Pasaba por el vial de la rotonda también un agente de la Benemérita, que sacaba un sobre para alguien, a riesgo de casi torcerse el tobillo en uno de los baches de la carretera. Era ya la una y no había ni rastro de la furgoneta. El tercer intento, tras los dos fallidos de primeros y mediados de enero, parecía ir a quedarse en nada. 

Sin embargo, los movimientos se aceleraron. El personal de la Delegación del Gobierno comenzó a hacerse visible en el exterior, teléfono en mano, intentando acabar de solucionar todo para poder, aunque fuera, optar a dejar el paso comercial abierto en este martes loco. A las tres menos diez llegó el aviso. “Viene para acá”.

Tardó cuarenta minutos, pero a paso firme y seguro, el mismo camión –el único de las características que exige Marruecos que hay en toda Ceuta– de la firma Vivera Atlántica y que ya había sido usado en las dos pruebas fallidas, enfiló la recta por la carretera nacional hacia la frontera. Esta vez no llevaba papel higiénico, sino productos para automóvil de la firma Rodaco. En el tramo español del Tarajal esperaban por él varios miembros de la Delegación, que le entregaron papeles al conductor, ultimando con él los últimos detalles hasta su incursión, ya casi a las cuatro de la tarde, en la cola de vehículos que aguardaban para entrar en Marruecos. 

La espera fue larga, pero a las siete y media fuentes implicadas en la expedición comercial se mostraban optimistas, cerrando los últimos detalles y, finalmente, a las ocho, el camión salió de la zona fronteriza para ir a la zona logística de Altos Castillejos, donde se realizaron los últimos trámites. Con ello se dio por completado por primera vez en la historia un pase de mercancías entre la ciudad autónoma y el país vecino. En apariencia, a falta de confirmación oficial, se trata de la apertura de la Aduana Comercial, un anhelo de los empresarios locales, que deberá comprobarse eficaz en los próximos días. Por el momento parece que pasará como mucho un vehículo diario, para progresivamente incrementarse el tránsito, según lo informado por el Gobierno de la nación.

Las labores de remolque del narcosubmarino localizado en aguas de la Costa da Morte por un pesquero, que se encargaba de esta labor para trasladarlo al puerto del municipio coruñés de Camariñas, están aplazadas tras hundirse parcialmente. Así lo ha confirmado la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, quien ha explicado que se están estudiando qué actuaciones adoptar. “Están desplazados allí unidades de la Guardia Civil y del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) para tomar decisiones sobre lo que van a hacer en dos sentidos: por un lado, asegurar el propio sumergible y, por otro, cómo inspeccionarlo y cómo van a abordar esa operación”, ha especificado.

Rivas ha explicado que durante el traslado del “semisumergible” localizado -- por las características apunta a un narcosubmarino que, según las primeras estimaciones, tendría entre unos 15 o 20 metros de eslora -- “hay un momento que rompen los cabos y se hunde a poca profundidad” lo que ha provocado que solo una parte del mismo quedase en superficie. En concreto, solo es visible una pequeña parte de la proa de una embarcación que, según fuentes consultadas por Europa Press, quedó hundida a unos 300 metros del puerto de Camariñas.

La subdelegada del Gobierno, cuestionada sobre la presencia de droga en el interior de la misma, ha expuesto que “por las características que han podido apreciar nos recuerda a otros sumergibles que ya hemos detectado en nuestras costas y que se utilizan para el transporte de droga”. No obstante, ha recalcado que no tienen más información a este respecto. También ha especificado que efectivos de Seguridad del Estado con sus correspodientes medios están en la zona “para valorar con toda la información las decisiones a tomar”. “Según lo que vean allí y como sean las condiciones climáticas, los GEAS aportarán su criterio y ayudarán a tomar esas decisiones”, ha aseverado.

Y es que durante la mañana ha estado en el lugar una embarcación de Salvamento Marítimo, además de otra de la Guardia Civil con agentes desplegados por tierra y buzos de la Benemérita supervisando el semisumergible, además de un helicóptero. Respecto a las actuaciones a seguir, fuentes consultadas por Europa Press han indicado que no se descarta buscar una manera de vaciar parte del agua.

Los hechos

El sumergible fue encontrado a la entrada de la ría de Camariñas-Muxía, por una embarcación pesquera que faenaba en la mañana de este martes en el litoral. Por el momento, se desconoce si contiene carga, según han trasladado fuentes próximas a la investigación. El batiscafo tenía la escotilla abierta cuando fue encontrado. Tras dar aviso a las autoridades, el propio barco que localizó el submarino se encarga de su remolque hasta tierra. Será llevado hasta el puerto de Camariñas, donde se llevará a cabo la inspección del sumergible.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Además, hasta el puerto de Camariñas se ha desplazado el Servicio Marítimo de A Coruña, la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic)y la Policía Judicial. Este sería el tercer semisumergible encontrado en aguas de Galicia. El primero de ellos fue localizado en Aldán en 2019 y el segundo en la ría de Arousa en 2023.

Un narcosubmarino ha sido localizado en aguas de la Costa da Morte por un pesquero, que se encarga de su remolcado hasta el puerto del municipio coruñés de Camariñas. El sumergible fue encontrado por una embarcación pesquera que faenaba en la mañana de este martes en el litoral de la Costa da Morte. Por el momento, se desconoce si contiene carga, según han trasladado fuentes próximas a la investigación.

Tras dar aviso a las autoridades, el propio barco que localizó el submarino se encarga de su remolque hasta tierra. Será llevado hasta el puerto de Camariñas, donde se llevará a cabo la inspección del sumergible. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Registro del portacontenedores 'Baltic Summer'

La Guardia Civil continúa este miércoles el registro del portacontenedores Baltic Summer, que fue abordado en alta mar y atracó en la tarde de este pasado martes en Vigo ante la sospecha de que transporte un cargamento de droga. Con bandera de Bahamas y gestionado por una naviera alemana, el barco hacía la ruta Ecuador-San Petesburgo, en Rusia, pasando por el Canal de Panamá. Su capitán es de nacionalidad rusa y la mayoría de su tripulación también es rusa o bielorrusa. En un audio difundido a los medios de comunicación, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha explicado que el Baltic Summer llegó escoltado por la Guardia Civil y la Armada, tras ser abordado en alta mar.

Este miércoles será registrado por la sospecha de la existencia de un cargamento de drogas en su interior, en una operación liderada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita. Por ello, Losada ha pedido “paciencia” y “prudencia” para no interferir en la investigación, con el objetivo de que se consigan los resultados esperados. También ha destacado la “lucha” contra el narcotráfico de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Todo esto después de que en las últimas semanas se detuviese a nueve personas por su presunta vinculación con los más de mil kilos de cocaína intervenidos en un contenedor que viajaba en el barco Cape Citius, de bandera chipriota y procedente también de Ecuador.

A principios de diciembre, fueron localizados también en un contenedor de un barco que llegó al puerto de Vigo, el Izmit Express, otros 500 kilos de cocaína, que se sumaron a otros 23 kilos localizados por el propio capitán en las bodegas del navío un par de semanas antes. El barco procedía de Cartagena de Indias (Colombia).

Más de tres años de negociaciones no han servido para conseguir que dos pequeños camiones, uno con electrodomésticos y otro con productos de higiene, atravesaran las fronteras españolas de Ceuta y Melilla en dirección a Marruecos esta última semana. La supuesta apertura de la aduana comercial en las ciudades autónomas norteafricanas mantiene en vilo a sus habitantes, especialmente a empresarios y políticos, molestos por las hipotéticas restricciones que pueda imponer el Ejecutivo marroquí y por la “opacidad” con la que el Gobierno español está tratando la cuestión.

Por el momento, Moncloa no ha llegado a aclarar si el paso abortado de los dos vehículos hacia el país vecino respondía a la entrada en funcionamiento del tan esperado espacio de tránsito de mercancías o era simplemente una nueva prueba como las ya realizadas en años previos.

Los hechos se precipitaron a finales de la pasada semana cuando la Delegación del Gobierno en Melilla empezó a contactar con empresarios anunciándoles la inminente apertura de la aduana. Ya en esos primeros instantes comenzaron a surgir voces preocupadas –incluidas las de colectivos empresariales y la del propio presidente de esa localidad, Juan José Imbroda–, por las condiciones en las que se abriría el paso, que parece incluirán importantes limitaciones en los productos que Marruecos permitirá llegar a su suelo.

Todo desembocó en el intento de que dos furgonetas atravesaran las fronteras del Beni Enzar (Melilla) y El Tarajal (Ceuta) el miércoles. Las trabas por parte de Marruecos fueron constantes. Primero, obligando a mover las cargas a otros vehículos de tipología distinta y después frenando durante horas los transportes en sus aduanas para finalmente darles la vuelta sin llegar siquiera a revisar lo que contenían en su interior.

Lo ocurrido es un duro golpe a las pretensiones españolas y a los anhelos de quienes viven en las ciudades autónomas, que no ha encontrado prácticamente explicaciones por parte de las respectivas delegaciones del Gobierno, a pesar de que las titulares de ambas, Sabrina Moh y Cristina Pérez, estuvieron presentes durante la jornada de marras en los dos pasos fronterizos.

“Es el Ministerio de Asuntos Exteriores quien confirmará oficialmente la apertura de esa aduana comercial. Hoy (por el miércoles) ha cruzado un camión con productos de higiene personal. No podemos asegurar si mañana habrá otra expedición comercial o no. Estos asuntos se gestionan entre Madrid y Rabat”, alcanzaron a señalar fuentes de la representación del Central en Ceuta a este medio antes de que se produjera el rechazo de las mercancías en la frontera marroquí.

Exteriores habla de “cuestiones técnicas”

A partir de ahí, el único miembro del Ejecutivo nacional que se ha pronunciado al respecto ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y no así en ningún caso José Luis Albares, titular de Exteriores, de quien se esperaba una explicación detallada sobre las condiciones de la nueva aduana. “Lo que dejo claro es que el grado de cooperación y colaboración hispano-marroquí es manifiestamente importante, relevante y de la máxima lealtad y fiabilidad”, señaló el representante de Interior, quien achacó a “cuestiones técnicas que deben resolverse” el hecho de que los dos camiones fueran devueltos por el Reino Alauita.

Lo ocurrido este miércoles y la perspectiva de importantes restricciones en las aduanas de las ciudades autónomas preocupa especialmente al sector empresarial, que lleva años sufriendo los efectos de la ausencia de un canal de tránsito de productos con el país vecino. Si la pasada semana ya alzaba la voz la patronal melillense, la ceutí se ha pronunciado en las últimas horas en declaraciones a elDiario.es. “A nosotros no nos han informado de nada, nos pusimos en contacto con la Delegación y nos dijeron que cuando se produzca la apertura nos avisarían”, afea Arantxa Campos, dirigente de la Confederación Española de Empresarios (CEOE) en Ceuta.

Los empresarios entienden que la normativa que rija en los nuevos despachos de mercancías debe “ser la de cualquier otra frontera del mundo” y, en ese sentido, dicen no entender que “España esté preparando una normativa específica para la aduana de Ceuta o que Marruecos la imponga tanto en Ceuta como en Melilla”. Campos advierte de que el desarrollo de una regulación particular debe conllevar necesariamente un procedimiento en el que los empresarios puedan tomar parte “haciendo alegaciones”. A la vista de que “no se ha abierto” ninguna actuación que así lo indique, la patronal se mantiene en que la norma será igual que la que impera en el resto de aduanas.

Con todo, Campos se mantiene cautelosa y alude a la “falta de seguridad jurídica” respecto a los procedimientos que implican al país vecino. “Vemos el régimen de viajeros, cuyo uso está legislado y regulado en todas partes y que aquí en Ceuta no se aplica”, argumenta.

La “opacidad” de la que se quejan los representantes locales de la CEOE casa con el hecho de que solo dos empresarios fueran conocedores de que un camión con productos de higiene iba a tratar de cruzar a Marruecos este miércoles. Así lo han confirmado a este medio fuentes de una de las firmas, Vivera Atlántica, la que prestó el vehículo después de que el Gobierno Alauita considerara que las furgonetas en las que iba a hacerse no cumplían con los requisitos.

El PP pide “transparencia”

No solo los empresarios parecen molestos con el modo en que el Ejecutivo nacional está llevando la puesta en marcha de la aduana ceutí y la reapertura de la de Melilla. El diputado del PP Javier Celaya pidió este jueves “claridad y transparencia al PSOE sobre las negociaciones que se están llevando a cabo con Marruecos”. Habla el representante popular de “confusión total” en lo que rodea a las aduanas y considera que “la prosperidad de Ceuta no puede depender de Rabat”.

A ese mismo argumentario se ha acogido la administración local, también en manos del PP. Los consejeros Nicola Cecchi y Alejandro Ramírez se pronunciaron en los últimos días asegurando que “el futuro económico de la localidad no puede depender de la aduana comercial” y pidieron cautela hasta conocer las condiciones que tendrá el paso de productos entre países para después hacer un análisis a mayores, “escuchando a todas las voces implicadas”.

Mientras, la ciudad de Ceuta respira preocupada. Dueños de negocios locales llevan años recalcando la importancia que tendría para ellos la apertura de la aduana. En ella ven la esperanza de que la ciudad recupere el pulso que perdió cuando se frenó el caótico sistema de porteo, que alimentaba una ciudad llena de bazares y de naves en el polígono fronterizo donde se comerciaba sin mayor regulación con mercancías de todo tipo. De momento, solo les queda la espera, hasta que bien el ministro de Asuntos Exteriores u otro representante del Gobierno de España acabe de aclarar qué será de la gran promesa que a día de hoy siguen siendo las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla.

Agentes de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera se han incautado este miércoles de más de 1.000 kilos de cocaína en un contenedor que había llegado al Puerto de Vigo, lo que derivó en la detención de nueve personas. Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación, el operativo se ha desarrollado en la jornada de este miércoles y la droga ha sido intervenida en el buque 'Cape Citius', que navega bajo bandera de Chipre, y procedía de Sudamérica. El juzgado número cuatro de Vigo desarrolla la investigación, que está declarada secreta. Los detenidos, según han detallado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), pasarán este viernes por la mañana a disposición judicial.

Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que este jueves inauguró en Tui (Pontevedra) la nueva sede del Centro de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA), ha afirmado que hubo una “operación antidroga importante”, que se encuentra judicializada. “Dejemos que sigan el desarrollo de la investigación y concluya el operativo. Esto lo que deja bien a las claras es, realmente, la profesionalidad y la capacidad de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad para hacer frente a una problemática como son las organizaciones criminales y, en este caso, las dedicadas al narcotráfico”, ha señalado.

En menos de 25 minutos y con grandes consensos, el Parlamento Vasco ha aprobado dos leyes, la segunda y la tercera del mandato de Imanol Pradales después de la inyección de 67 millones de euros a las patronales de la escuela concertada y antes del primer gran examen del nuevo Gobierno, los presupuestos de 2025. La Cámara, a gran velocidad, ha dado el visto a un texto de trámite para disolver el colegio de agentes y comisionistas de aduanas de Bilbao, creado en 1922, y también ha modificado la normativa de cooperativas para atender las necesidades económicas especiales de algunas de ellos con subsedes en Valencia y afectadas por la DANA, un texto adelantado por este periódico.

En el primer caso, se trataba de una iniciativa solicitada por el propio colegio hace más de tres años y que el Ejecutivo anterior, de Iñigo Urkullu, no había terminado de tramitar. De hecho, la Oficina de Control Económico se negó a emitir su preceptivo informe en el período electoral y aseguró que había que esperar ya a la nueva legislatura para completar el procedimiento, según consta en el expediente. Finalmente, el equipo de la consejera María Ubarretxena ha presentado la iniciativa y se ha resuelto por el procedimiento de urgencia, como ha detallado ella misma. No ha habido votos en contra y los partidos que han intervenido han formulado discursos breves y coincidentes al indicar que este tipo de disoluciones hay que hacerlas por ley y con todos los formalismos.

En el segundo caso, de mayor calado político, se buscaba modificar un artículo de la normativa autonómica de cooperativas para dar facilidades a aquéllas que se han podido ver afectadas por las inundaciones en Valencia. Es el caso de Koopera, por ejemplo, con una segunda sede en Ribarroja del Turia que sufrió cuantiosos daños. Siguiendo el modelo de las excepciones aplicadas en decretos estatales por los efectos de la COVID-19, se permitirá que en casos de emergencia estas empresas no destinen el 10% de sus beneficios a un fondo obligatorio llamado COFIP, contribución para la educación y promoción cooperativa y otros fines de interés público. El dinero, de ese modo, puede ir a parar a actuaciones excepcionales. El Consejo Superior de Cooperativas “verificará” estos movimientos y el ajuste permitirá hacer estas salvedades también cuando haya otras catástrofes debidamente justificadas.

También en este caso se ha hecho una tramitación urgente, de lectura única. De hecho, para correr aún más y evitar todos los informes administrativos, se ha gestionado como proposición de los partidos y no como proyecto del Gobierno, aunque ha sido liderado por la viceconsejera de Trabajo, Elena Pérez Barredo, que justo ha llegado al Parlamento cuando ya se había votado el texto. La modificación ha tenido el aval de quienes la firmaban en origen, PNV y PSE-EE, socios del Ejecutivo, y EH Bildu y Sumar, pero también del PP, que no suele rubricar textos compartidos con la coalición abertzale por motivos políticos. Vox, finalmente, ha votado en contra, aunque ni siquiera ha explicado por qué.

Desde la bancada del PNV, Markel Aranburu ha puesto este tipo de acuerdos como ejemplo del buen parlamentarismo y de la utilidad de la política y ha aprovechado para poner en valor el modelo cooperativo. A su juicio, es más valorado fuera que dentro de Euskadi y ha apelado a mostrar sus bondades a la juventud. Ekain Rico, del PSE-EE, ha destacado los amplios consensos que generan las cooperativas y defendido este ajuste concreto para “dotar de liquidez” a posibles compañías afectadas por lo ocurrido en Valencia.

EH Bildu ha querido enfatizar la “oleada de solidaridad” que genera aquí la catástrofe de octubre y ha señalado que esta nueva redacción de la ley permite también habilitar facilidades en caso de que “en el futuro” haya nuevas catástrofes. Sumar no ha tomado la palabra y el PP ha explicado que amagó con presentar unas enmiendas para mejorar la técnica legislativa pero que ha optado por retirarlas porque algunos ajustes ya se han metido en la redacción final y porque debatirlas podría retrasar la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, según Santiago López Céspedes.

Agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil en La Rioja han intervenido en Logroño 43 kilos de hojas de tabaco ilegal que una mujer había adquirido a través de Internet. La información recabada permitió interceptar e incautar un total de siete cajas destinadas a la localidad de Quel, que contenían en su interior 43 kilos de hojas de tabaco secas. Dicho cargamento carecía de cualquier documentación que acreditara su procedencia y trazabilidad.

Esta incautación fue posible gracias a la constante monitorización que realizan los agentes del Destacamento Fiscal en plataformas de comercio electrónico entre particulares, redes sociales y sitios web donde se anuncia la compraventa de tabaco picado para liar.

Tras localizar e identificar a la persona que iba a recibir el tabaco ilegal, una mujer de 60 años, residente en la localidad de Milagro (Navarra), quien presuntamente pretendía manipularlo y venderlo en el mercado ilícito, los agentes levantaron el acta de denuncia correspondiente por infracción grave a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. La denunciada se enfrenta a una multa mínima de 5.000 €.

Las actuaciones han sido comunicadas al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales en La Rioja.

El Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil en La Rioja tiene como misión principal la protección fiscal del Estado, una función encomendada en exclusiva al Instituto Armado. Por ello, trabajan para evitar que este tipo de tabaco llegue al consumidor, ya que se trata de un producto sin ningún control que podría causar graves perjuicios a la salud, al contener posiblemente sustancias peligrosas al no haber sido tratado en plantas de transformación. Además, esto causa serios daños al sector y a la Hacienda Pública.

La Autoridad Portuaria de Santander (APS) ha finalizado la construcción de la base marítima de vigilancia aduanera en el Puerto de Santander, que han supuesto una inversión de 227.829 euros.

Con esta instalación, la APS cumple con el compromiso que había adquirido con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de habilitar unas nuevas dependencias de vigilancia aduanera.

El presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz, ha visitado las nuevas dependencias, ubicadas en el muelle de la Margen Norte, junto a la delegada especial de la AEAT en Cantabria, Alejandra Ruíz, y la jefa de Vigilancia Aduanera, Carmen Terán, según ha informado en un comunicado la APS.

Díaz ha explicado que “la construcción, que guarda similitud estética con otras edificaciones del entorno, consta de un conjunto modular prefabricado y desmontable en dos plantas, para albergar los usos previstos”.

Con una superficie construida de 60 m2 por planta, el piso inferior alberga un armero y una sala de usos múltiples y sanitarios, mientras que el superior dispone de una oficina, aseos y un office.

Los módulos son de nueva fabricación y la instalación se ha realizado de manera que permite su total recuperación, así como el transporte y montaje en otra ubicación, si fuera necesario. En cuanto a la estructura es auto portante metálica, debidamente protegida contra la oxidación ya que estará sometida a un ambiente salino.

Además, el suministro de la instalación incluye una fosa séptica en superficie con un cierre que lo oculta de la vista, así como las necesarias bases de apoyo de hormigón y nivelación, canalizaciones para suministro de agua, eléctrico y comunicaciones, así como los cableados y tuberías correspondientes.

El presupuesto del contrato, adjudicado a la empresa Nuevo Sistema Modular, S.L, ha ascendido a 227.829 euros y ha contado con un plazo de ejecución de cinco meses.

Este miércoles se está desarrollando un macrooperativo contra el tráfico de drogas entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. Desde primera horas de la mañana, están realizando registros simultáneos en varias viviendas de Logroño, concretamente en el barrio de Los Lirios, además de en Lardero y Villamediana.

Hasta 12 registros se han realizado en una operación que sigue abierta, por lo que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no han informado sobre el número de detenciones que se han producido, que podrían ser varias por la maginitud del dispositivo

¡Buenos días!

¿Cómo estás? Ha vuelto el debate sobre el impuesto especial a la banca. Bueno, para hablar con propiedad, lo han vuelto a poner sobre la mesa. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reunió a finales del mes pasado con los presidentes de los principales bancos españoles en encuentros individuales. Es una estrategia definida por Moncloa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere cambiar la imagen de un Ejecutivo beligerante con las empresas y trata de reconstruir puentes con el mundo empresarial. El mismo Pedro Sánchez ha tenido encuentros con los principales directivos de compañías como Telefónica, Mercadona, Fundación La Caixa o Endesa.

El problema es que de los encuentros del ministro Cuerpo con los directivos bancarios se filtró, de una manera interesada, que el Gobierno se planteaba modificar el impuesto especial a la banca. El runrún fue tan intenso que el propio ministro tuvo que salir al paso este lunes y asegurar en una entrevista en RTVE que “ahora mismo no está en negociación ninguna modificación” del impuesto a la banca y que el tributo se ha prorrogado por un año más porque “se seguían dando las condiciones” que lo motivaron.

Realmente, no hay razones para eliminar el impuesto especial a la banca. Por un lado, la gran banca reventó un nuevo récord de beneficios en 2023 gracias a la subida de tipos: 26.000 millones de euros. Las previsiones señalan que el Banco Central Europeo va a bajar este año los tipos de interés del 4,5% al 4%. Esto aliviará algo la carga sobre las familias hipotecadas y las empresas endeudadas, pero la realidad es que va a ser sólo una pequeña mejoría que no va a reducir el volumen de negocio de las entidades financieras. 

Pero además, es que los bancos han elevado tanto sus márgenes porque las hipotecas han aumentado su precio de una manera acelerada mientras que los depósitos no han sido remunerados a sus clientes al mismo ritmo. La subida de tipos de interés solo se ha aplicado en una dirección y no ha sido para beneficiar a familias y empresas. De hecho, las entidades financieras dan por hecho un nuevo récord de beneficio para 2024 tras el resultado histórico del año pasado.

No hay que olvidar que las subidas de los tipos de interés oficiales del BCE sumaron cerca de 10.000 millones de ingresos a los bancos españoles en 2023 solo por tener dinero aparcado –exceso de liquidez, en la jerga financiera– en el Eurosistema. Los bancos centrales del euro remuneran al 4% parte del efectivo que las entidades financieras dejan parado en el mecanismo de “facilidad de depósito”. Buena remuneración de los bancos centrales a las entidades financieras por ese dinero pero mínima retribución a los clientes por sus depósitos. El BCE decidió limitar esta política en septiembre de 2023, cuando las reservas mínimas se empezaron a remunerar al 0%. Aquí te explicamos cómo se benefician también los bancos con el mecanismo del BCE de “facilidad de depósito”.  

Finalmente, esta el tema de los dividendos. Cuando se anunció por parte del Gobierno este nuevo tributo, una de las quejas de los banqueros fue que reduciría el montante del dividendo y los bancos españoles dejarían de ser atractivos en bolsa. La manida excusa de la inseguridad jurídica que sirve para cualquier crítica. Aquí están los datos: entre los dividendos y las recompras de acciones los bancos van a dedicar casi 13.700 millones de euros de sus beneficios a retribuir a sus accionistas. Nunca antes se habían repartido tantos millones entre los accionistas de los bancos. En algunas entidades financieras se reparte entre el 50% y el 60% de los beneficios. Ya han anunciado que el reparto será incluso mayor con cargo a los resultados de 2024. En este enlace te explicamos la política multimillonaria de dividendos de los bancos españoles.

El Gráfico

La Política Agrícola Común (PAC) es uno de los objetivos de las protestas de los agricultores europeos en estas últimas semanas. Estamos hablmando de miles de millones que se reparten cada año entre los agricultores y ganaderos. Con cargo a los presupuestos europeos, en España se repartieron 7.519 millones de euros de la PAC en 2022. 400 sociedades anónimas, limitadas o cooperativas percibieron 536 millones de euros, un 7% del total. En ese listado de grandes beneficiarios se encuentran algunos de los más importantes operadores del sector: la cooperativa de aceite Dcoop, una de las mayores del sector, perceptora de más de ocho millones de euros; la Corporación Alimentaria Peñasanta, que está detrás de marcas comerciales como Central Lechera Asturiana, con más de 5,7 millones de euros; Bimbo Donuts (3,5 millones de euros), el grupo de bebidas alcohólicas González Byass (2,6 millones); también superan los dos millones de euros Bodegas Faustino, Codorníu o la cooperativa aceitera Oleoestepa. Freixenet, con 1,8 millones; Mercadona, con 1,3 millones; o Félix Solís, con 1,2 millones también están entre los 150 mayores beneficiarios. En esta información puedes ver cómo se reparte la PAC en España.

Aunque estas ayudas llegan a más de 600.000 agricultores y ganaderos españoles, la realidad es que no todos están afrontando de la misma manera la crisis que está azotando al campo español. La agricultura de España pierde peso en Europa frente al crecimiento de los países del Este: la producción del sector primario de nuestro país apenas ha crecido un 10% desde la gran crisis financiera, mientras que el bloque de países conformado por Bulgaria, República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia lo ha hecho cerca de un 85%. 

Esta situación responde a un escenario donde el encarecimiento de los costes y las sequías han agravado las dificultades y han propiciado la crisis del modelo tradicional, que se componía mayoritariamente de autónomos, favoreciendo el negocio de las grandes empresas en todos los eslabones de la cadena alimentaria. Así, una radiografía del sector primario en España confirma una situación compleja marcada por el estancamiento de la actividad y la caída de los agricultores, ganaderos o pescadores pequeños y medianos. Los datos reflejan que sobrevivir en el sector primario en España sin ser un 'gigante' es cada vez más difícil, pese a las subvenciones europeas y a las ayudas anticrisis del Gobierno. El número de autónomos y sus ventas se han reducido, los cultivos son cada vez más grandes y están en menos manos y cerca del 10% de las explotaciones agrícolas ha desaparecido en los últimos 15 años (un 37% en el conjunto de la Unión Europea). Aquí tienes una radiografía de la agricultura en España, donde los gigantes del sector ganan más y las pequeñas explotaciones luchan por sobrevivir.

El Dato

21 años

Como subdirector general de Operaciones del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Hay pocos funcionarios que hayan tenido una carrera tan longeva en un puesto con tan alta responsabilidad en el del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). Manuel Montesinos Diez de la Lastra lleva ocupando el mismo puesto en la 'policía' de Hacienda desde 2003. Todo un récord, En un análisis de los 57 cargos en el organigrama de la AEAT que son nombramientos de confianza realizado por elDiario.es revela que los actuales responsables del organismo llevan, de media, 5,7 años en el puesto. En el SVA la media de permanencia en un cargo es de ocho años y medio. Montesinos ocupó la subdirección general de Operaciones con José María Aznar como presidente, en la primera etapa de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda. Montesinos está vinculado a través de su familia con el Partido Popular. Montoro llegó a decir que la cúpula de la agencia estaba “llena de socialistas” y llevó a cabo una purga. ¿Qué tiene Montesinos para mantenerse en ese cargo durante 21 años? ¿Secretos de todos? Aquí te contamos el curioso caso del funcionario que consiguió mantenerse 21 años en el mismo puesto de confianza.

Entrepreneur

Esta semana nuestro 'entrepreneur' preferido es Amancio Ortega. La firma inversora del fundador de Inditex, Pontegadea Inversiones, ha constituido una nueva sociedad en Luxemburgo para agrupar sus activos inmobiliarios en otros países, que suman más de 3.300 millones de euros. Es la primera vez que el holding de Ortega, la persona más rica de España, abre una filial en Luxemburgo. Es un país conocido por sus polémicas ventajas fiscales por las que las grandes fortunas españolas se llevan inversiones al pequeño Ducado, como es el caso de Juan Roig, presidente de Mercadona. Fuentes de Pontegadea señalan que la creación de esta sociedad responde a “una cuestión de limpieza estructural. No hay ningún otro objetivo”. Aquí te damos más detalles de la nueva sociedad patrimonial de Amancio Ortega en Luxemburgo.

Cada vez que habla sube el pan

La vida en Madrid no se puede equiparar con la vida en otros sitios...  la política madrileña no está en torno a la subvención y el poder político sino al capital y la colaboración público-privada

Isabel Díaz Ayuso — Presidenta de la Comunidad de Madrid

Esta es la manera en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defiende su política fiscal: la vida de Madrid “no se puede equiparar” a la de otros sitios y “el capital es libre”. Ayuso asegura que no hace “dumping fiscal”, pero desde que llegó al Gobierno no ha parado de bajar impuestos en una competición con el resto de las comunidades autónomas. ¿Cuáles son las consecuencias de estas políticas? Madrid es la comunidad donde los más ricos destinan menos renta a pagar impuestos. El 1% más rico en Madrid solo destina un 17,8% de todos sus ingresos a pagar sus obligaciones impositivas, frente al 23,8% de la media nacional, según un reciente estudio de Fedea. Aquí te explicamos cómo la política fiscal de Isabel Díaz Ayuso beneficia especialmente a los más ricos.

Bien público

La especulación inmobiliaria no tiene límites mientras haya suelo. El mundo del fútbol ha despertado en los últimos años el interés de los fondos de inversión: hinchadas –o clientes, en la visión empresarial– muy fieles y unos millonarios ingresos televisivos. La mayoría de los derechos audiovisuales en las grandes ligas ya han sido negociados para varios años. Por ello, los propietarios y los fondos se están fijando ahora en los ingresos extraordinarios que se pueden obtener por los estadios. Hasta el momento, el estadio tiene una importancia pequeña en el conjunto de los ingresos de los clubs, en torno a un 17%. Por eso, los nuevos propietarios quieren operaciones con estadios nuevos y más oferta de restauración, conciertos y experiencias añadidas como nuevas vías de ingresos. En este sentido va el planteamiento de la Comunidad de Madrid y el propietario del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, cuando plantean trasladar el estadio a otra ubicación, incluso fuera del barrio. ¿Tiene sentido que es estadio del Rayo Vallecano esté fuera del barrio de Vallecas? Para el dinero, no importa. Aquí tienes un reportaje de Diego Larrouy sobre la especulación inmobiliaria alrededor de los estadios de fútbol. 

Nos gusta la competencia

En esta sección os mostramos una serie de informaciones de otros medios que nos han parecido interesantes:

Esto es todo por este boletín. Nos volvemos a ver el jueves que viene. Mientras tanto, si tienes una propuesta o una idea nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!

Uno de los momentos más tensos cuando se viaja a EEUU es pasar el control de aduanas. La espera se hace larga. Uno ve cómo los agentes someten a preguntas a cada turista. A algunos, pocas; a otros, demasiadas. “Coloque una mano en el sensor. Ahora la otra. Mire a cámara. ¿A qué viene a este país?”. Para la gente blanca, de cualquier país europeo, ahí se acaba la tensión. Tras responder se entra sin problemas y uno respira tranquilo y a la par se cuestiona, ¿qué pasa cuando no dejan pasar? ¿Adónde van aquellos a los que se llevan los agentes? ¿Qué ocurre con ellos?

La respuesta la traen Juan Sebastián Vásquez y Alejandro Rojas en Upon Entry, una de las sorpresas del cine español de este año. Ambos son de Venezuela, y saben perfectamente lo que es pasar a la habitación de al lado cuando el agente de aduanas no les permite entrar. Han vivido los prejuicios raciales y geopolíticos del país, y de sus vivencias han creado un thriller tenso pero realista en el que una pareja (él, venezolano; ella, española), se enfrentan al interrogatorio cruel y despiadado. El filme se basa en sus experiencias reales y las de amigos que sufrieron lo mismo y cuenta con un guion de hierro ―que ya ha ganado el Feroz y el Forqué― y dos interpretaciones precisas, las de Bruna Cusí y Alberto Ammann. 

El fenómeno de Upon Entry no se acaba en España. La película dio la campanada con sus tres nominaciones a los premios Independent Spirit Awards: Mejor debut, Mejor primer guion y Mejor montaje. Los premios más importantes del cine independiente de EEUU han reconocido esta película, “una segunda vida”, como definen sus directores a esta trayectoria que comenzó hace casi un año en el Festival de Málaga. Aseguran que lo están viviendo todo “con mucha sorpresa”. “Siempre esperas lo mejor para tu película, pero realmente nunca sabes cómo va a funcionar, y esta noticia nos agarró. Estamos muy contentos porque sentimos que es una película hecha muy desde dentro, con poco presupuesto y un equipo increíble que se ha volcado en el proyecto de principio a fin”, dice Alejandro Rojas.

En este viaje les ha dado tiempo a pensar cuál es la clave para que tanta gente empatice con su historia, y creen que esa pareja muestra “dos posiciones frente al problema fronterizo”. “Puedes haberlo vivido, o puedes tener el miedo y no haberlo vivido. Tenemos un personaje que sabe bien cómo mostrarse sumiso ante la autoridad, y un personaje, el de ella, que está acostumbrado a su privilegio y a exigir sus derechos. Cuando pones estas dos personas en común ante la amenaza del tema migratorio creo que sensibilizas a todas las partes. Hemos presentado la película en muchas partes del mundo y en todos los sitios te cuentan una historia similar, te cuentan que su país hace esto con las personas”, explican los directores que definen pasar la frontera como “un miedo colectivo”.

Eso sí, ese miedo aumenta o disminuye “dependiendo de dónde provengas”. “En nuestro caso somos venezolanos, y esto de que nos pasen al cuarto de inspección secundaria nos ha pasado ya por mil razones, y de ahí esta inquietud por contarlo, porque algo que sucede a puertas cerradas es algo de lo que la gente no se entera”, añaden. Subrayan que todo está basado en experiencias propias o de compañeros. De hecho, una de las escenas más sorprendentes, en la que un agente hace bailar a la protagonista, ya que ha estudiado danza, le pasó a la pareja de Alejandro. Es más, tuvieron que rebajar anécdotas reales para resultar verosímiles. “A una amiga, casada con un americano, le preguntaron cosas muy íntimas como el tamaño del miembro de su pareja para comprobar que realmente eran pareja, algo muy absurdo”, ponen de ejemplo.

Somos venezolanos, y esto de que nos pasen al cuarto de inspección secundaria nos ha pasado por mil razones. Es algo que sucede a puertas cerradas y que la gente no se entera

Juan Sebastián Vasquez y Alejandro Rojas — Cineastas

Que haya un porcentaje de los espectadores que se plantee si hay partes exageradas, creen que “habla del privilegio de no haber pasado por ese momento de humillación”. Ellos saben cómo es esa habitación a la que les pasan y que describen como un “no lugar, legalmente muy gris y en el que pueden pasar muchísimas cosas porque eres totalmente vulnerable a lo que el oficial quiere”.

En la sala previa todos son árabes o latinos. Mostrando el prejuicio racial de los agentes de aduanas. En aquellas salas la geopolítica se muestra en forma de interrogatorios. “En cada aeropuerto, dependiendo de donde vengas, hay problemas. Se olvidan de mirar a la gente como seres humanos. Pasan a ser un número, una estadística. Creo que esta película no toca solo el tema de la geopolítica estadounidense, sino que se abre a ser algo bastante mundial”, opinan.

La primera versión del guion estaba escrita antes de que Trump llegase al poder, porque esa “realidad ha existido siempre”. “Quizás Obama fue el menos malo de los presidentes de EEUU, pero también tenía unas políticas migratorias muy duras, y muchas cosas ya existían antes de Trump, que lo que hizo fue traer más ruido al respecto. Las cosas en los aeropuertos empezaron a ir peor y pensamos que era un buen momento para lanzar la película, pero no teníamos productor en ese momento. Esta película es una respuesta política a un momento en el que hubo un bum más grande del tema. Venezuela, durante muchos años, fue el gran aliado petrolífero de EEUU, y cuando dejamos de serlo, los venezolanos lo notamos muchísimo a la hora de pasar la frontera. Se empezó a cuestionarnos todo. Antes había gente que iba a Miami un fin de semana de compras y volvía, y de repente cruzar esa frontera se convirtió en un miedo y en un riesgo”.

Es curioso que sea, precisamente, en EEUU donde la respuesta haya sido tan buena en forma de nominaciones a los Independent Spirit Awards. Juan Sebastián Vásquez y Alejandro Rojas creen que el filme está permitiendo que se abra el diálogo y se “cuestione su sistema policial, su sistema militar y que haya espacio para la crítica”. Temas hacia los que “las grandes fuerzas de poder no empatizan”, y lanzan otro tema del que en EEUU prefieren no hablar: “Mira lo que está pasando en Palestina. Cuando conviene criticar a Rusia, la criticamos, pero cuando se tendría que criticar a Israel, nos quedamos todos callados. El cine debe ser una ventana en la que eso se pueda criticar y creo que es un reconocimiento que los premios del cine independiente nos den la bienvenida siendo críticos con las políticas de su país”.

Diego, un urbanista venezolano y Elena, una bailarina de Barcelona, se mudan a Estados Unidos con sus visados aprobados para empezar una nueva vida. Sin embargo, sus sueños se quedan truncados cuando al entrar en la zona de inmigración del aeropuerto de Nueva York son conducidos a la sala de inspección secundaria, donde los someten a un desagradable proceso de inspección por los agentes de aduanas y a un interrogatorio psicológicamente extenuante, en un intento de descubrir si la pareja puede tener algo que ocultar.

Se trata del argumento de una película de ficción, 'Upon entry' ('La llegada') de los venezolanos Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez, pero el guion podría ser perfectamente real, puesto que el trato diferente por ser migrante a la llegada de un nuevo país es algo que viven miles de personas a diario y por lo que también han pasado los directores de la película. “A veces nos preguntan cómo hemos hecho la investigación previa de esta película y la respuesta es viviéndolo. Son hechos que nos han pasado a nosotros. Somos de Venezuela, llevamos ya un tiempo viviendo en Barcelona. Es lo que vivimos ciertas personas con cierto origen con un pasaporte ”malo“ cuando cruzamos una frontera. Todo lo que tenemos que justificar. Luego, también te das cuenta de que no te enfrentas solo a los policías de la aduana, sino también a gente de a pie que te cuestiona y te pregunta por qué estás aquí”, reconoce Juan Sebastián Vásquez, que junto a Alejandro Rojas ha presentado este martes en Bilbao su película en 'Zinexit topaketak', la antesala de la XIII Muestra de Cine y Derechos Humanos que se celebra en Bilbao.

“Cada quien vive su propio proceso migratorio según el pasaporte que tenga”, asegura Rojas tras la proyección de la película a los medios de comunicación y antes de mostrarla al público bilbaíno. Durante la presentación también ha estado presente la actriz Laura Gómez, que participa en la película junto a los protagonistas Alberto Ammann y Bruna Cusí. “Aunque el punto de partida es una pareja que viaja de Barcelona a Estados Unidos es algo que se está viviendo a nivel mundial. Un migrante está sujeto a recibir prejuicios y a ser oprimido en cierto modo, aunque parta de cierto privilegio, como el hecho de tener papeles o bien sea una persona indocumentada”, señala la actriz.

Latinoamérica recibió a Europa en los momentos de crisis y ahora a nosotros no se nos recibe igual

Preguntados por el proceso de hacer cine sobre la vulneración de los derechos humanos y en este caso, de las personas migrantes, Rojas y Vásquez coinciden en que “está bien hacer cine que concientice, pero el punto de partida es algo personal y a partir de ahí sale el tema”. “Si estás poniendo el mensaje o el tema por delante, a lo mejor no conectas tanto con la película. Partimos de experiencias muy personales e íntimas y a partir de ahí construimos la historia. Funciona en parte por eso, porque de algo pequeño, de una vivencia de una sola persona, se puede conectar a nivel social y político con mucha gente”, señala Vásquez.

Para mostrar la complejidad y a la vez el terror que supone enfrentarse a un interrogatorio de agentes de aduanas cuando se está a punto de cruzar una frontera siendo inmigrante, los cineastas han optado por el thriller. “Las experiencias que hemos vivido en este sentido han sido muy tensas. Nosotros escribimos la película con la sensación de transmitir lo más tensos que podíamos estar durante ese tiempo y de alguna manera eso se acercó al thriller. No teníamos en la cabeza hacer un thriller, pero ha sido un acierto acercarlo a eso porque hace que la historia termine atrapándote”, explica Rojas.

A pesar de llevar varios años residiendo en Barcelona, los cineastas reconocen que como venezolanos en España sufren racismo de forma cotidiana, una situación que “va a peor”. “Recuerdo que cuando llegué aquí con una visa de estudiantes y fui a inscribirme en un sitio tuve que decir mi identificación. Dije la letra comenzaba por Y y la persona que trabaja ahí me dijo '¿Ya vamos por la Y? ¡A dónde vamos a llegar!' En esos momentos no tienes la fuerza para quejarte, te sientes vulnerable y no sabes que puedes reclamar tus derechos. Latinoamérica recibió a Europa en los momentos de crisis y ahora a nosotros no se nos recibe igual. Como sociedad debemos dar muchos pasos para que las personas migrantes sean y se sientan acogidas”, critica Vásquez.

Nosotros llegamos en avión y nuestra película trata de dos personas que pueden viajar en avión. Somos unos privilegiados, porque hay muchas formas más duras de vivir la migración

Aún así, ellos son conscientes de que, dentro de todo lo que conlleva ser migrante, son unos “privilegiados”. “Nosotros llegamos en avión y nuestra película trata de dos personas que pueden viajar en avión. Somos unos privilegiados, porque hay muchas formas más duras de vivir la migración, nosotros tenemos una colonia, un idioma impuesto, pero lo tenemos. Sin embargo, hay gran cantidad de realidades que sufren otras personas y no podemos dejar de lado el terror que suscitan las aduanas”, lamenta Vásquez.

'Upon entry' formará parte del la XIII Muestra de Cine y Derechos Humanos 'Zinexit', que tendrá lugar en Bilbao entre el 20 y el 24 de noviembre. A pesar de que aún no se han dado detalles sobre las películas que se mostrarán, los organizadores sí que han podido adelantar que las temáticas principales que abordarán serán la inmigración y la violencia de género. Noemí Ostolaza, directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno vasco, cuyo Departamento organiza esta muestra de cine, afirma que en un momento en el que los derechos humanos “enfrentan desafíos sin precedentes en todo el mundo”, 'Zinexit' es “una oportunidad inigualable para sensibilizar, reflexionar y, sobre todo, actuar”.

“Esta muestra de cine se ha convertido en un referente en el ámbito de la reflexión sobre la convivencia y los derechos humanos. Representa un faro de esperanza en un mundo que enfrenta desafíos cada vez más complejos y convulsos. Es un espacio donde la magia del cine se fusiona con la profunda reflexión sobre los temas más apremiantes de nuestra sociedad. Es un lugar donde la diversidad de perspectivas y la pluralidad de voces se unen para tejer un tapiz de compresión y solidaridad”, reconoce Ostolaza tras asegurar que a su Departamento le “preocupa” cualquier cuestión que afecta a los derechos humanos.