El subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional, Carlos Piserra, el director del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), Juan Diego Alcaide, y la directora de la Cátedra Extraordinaria de Salud Mental de la Universidad de La Rioja y coautora de la publicación, Adriana Díez Gómez del Casal, han presentado este miércoles, 21 de octubre, la guía ‘A flote. Estrategias psicosociales para navegar durante un oleaje existencial’, un documento dirigido a la prevención de la conducta suicida entre los jóvenes riojanos.

La publicación ofrece información y herramientas prácticas para identificar señales de alerta, comprender el sufrimiento emocional, acompañar a personas que atraviesan situaciones difíciles y conocer los recursos de ayuda disponibles. Su contenido está basado en la evidencia científica y utiliza un lenguaje cercano, ilustraciones y ejemplos de situaciones cotidianas para facilitar la comprensión de los mensajes preventivos.

La guía se puede descargar a través de un código QR y está disponible en la web de Rioja Salud, en el siguiente enlace: https://www.riojasalud.es/files/content/salud-publica-consumo/a-flote.pdf.

Una guía práctica para reconocer señales de alerta y saber cómo actuar

Finalmente, la directora de la Cátedra Extraordinaria de Salud Mental de la Universidad de La Rioja y coautora de la publicación, Adriana Díez Gómez del Casal, ha explicado los principales contenidos de ‘A flote’ y las herramientas prácticas que ofrece para reconocer situaciones de riesgo, acompañar a otras personas y afrontar momentos de dificultad emocional.

Díez Gómez del Casal ha destacado que el objetivo ha sido acercar a los jóvenes un recurso práctico, dinámico y atractivo, basado en la evidencia científica, que contribuya a reducir el estigma y facilite la detección temprana del sufrimiento emocional. “Conocer nos da herramientas para poder intervenir cuanto antes”, ha señalado. En este sentido, ha explicado que la guía ayuda a reconocer señales de malestar tanto en uno mismo como en los demás, incluidos cambios emocionales, de comportamiento, de sueño o de alimentación, y propone un “kit de salvamento” para que los adolescentes desarrollen sus propios recursos de autocuidado y sepan cuándo y dónde pedir ayuda.

Asimismo, ha subrayado que la colaboración entre profesionales de los ámbitos sanitario, universitario, juvenil y educativo ha permitido elaborar una guía cercana a las necesidades reales de los jóvenes. Esta publicación se suma a otras actuaciones de la Cátedra Extraordinaria de Salud Mental, como la formación de profesionales y familias y el programa PositivaMente, que se desarrolla con alumnado de primero de ESO y primero de Bachillerato en centros educativos de distintos municipios riojanos. Estas iniciativas trabajan habilidades para reconocer el malestar, escuchar, apoyar a los compañeros y recurrir a los recursos de ayuda, con el propósito de proporcionar herramientas preventivas antes de que las dificultades emocionales se intensifiquen.

Bajo el título ‘A flote’, la guía utiliza la metáfora de una travesía marítima para explicar cómo afrontar momentos de dificultad emocional. A través de los personajes Nora y Álex, plantea distintas situaciones que pueden experimentar los jóvenes y ofrece orientaciones para responder ante ellas.

El documento se estructura en cinco grandes bloques. El primero, ‘¿Sabías que…? Verdades que salvan vidas’, aborda 15 creencias erróneas relacionadas con la conducta suicida. Entre ellas, la idea de que preguntar a una persona si está pensando en suicidarse aumenta el riesgo, que quienes expresan su sufrimiento únicamente buscan llamar la atención o que no existen señales previas que permitan identificar una situación de riesgo.

El segundo apartado, ‘Tras las pistas: ¿A qué debo estar atento/a?’, identifica distintas señales de alerta que pueden manifestarse a través de las palabras, las emociones, los comportamientos o las relaciones sociales. Entre ellas figuran las expresiones de desesperanza, el aislamiento, los cambios bruscos de conducta, la pérdida de interés por actividades habituales o determinados mensajes de despedida.

La publicación recuerda que ninguna señal aislada permite explicar por sí sola una situación de riesgo, pero que la aparición de cambios significativos requiere atención y acompañamiento.

Por su parte, el apartado ‘Sospechas confirmadas: ¿Y ahora, qué?’ ofrece recomendaciones para actuar cuando una persona cercana manifiesta pensamientos suicidas. Entre las principales pautas se encuentran mantener la calma, escuchar sin juzgar, reconocer el sufrimiento de la otra persona, evitar minimizar sus emociones, no prometer mantener el secreto ante una situación de riesgo y facilitar el contacto con personas adultas y profesionales especializados.

Cinco herramientas prácticas para afrontar el malestar emocional

Uno de los apartados centrales de la publicación es ‘A flote: Mi kit de salvamento’, que propone cinco actividades prácticas dirigidas a identificar recursos personales, reforzar las redes de apoyo y desarrollar habilidades para afrontar situaciones difíciles.

Entre estas herramientas se incluye la elaboración de un plan de seguridad personal, que permite identificar señales de alarma, estrategias de afrontamiento, personas de confianza y recursos especializados a los que acudir cuando sea necesario.

La guía también incorpora ejercicios para reconocer las fortalezas personales y las redes de apoyo, definir objetivos vitales, aprender a expresar las emociones de manera adecuada y resolver problemas mediante el denominado método IDEAL, basado en identificar y definir los problemas, explorar alternativas, aplicar soluciones y evaluar los resultados.

Estas actividades buscan facilitar que los jóvenes reconozcan sus propias necesidades, identifiquen los apoyos disponibles y dispongan de herramientas para afrontar situaciones de dificultad emocional.

Recursos de ayuda y atención ante situaciones de riesgo

El último bloque de la guía, ‘¡SOS! ¿Cuándo y dónde pedir ayuda?’, incluye un sistema de orientación mediante un semáforo que permite diferenciar entre situaciones de malestar emocional que requieren apoyo y seguimiento, aquellas en las que es necesario buscar ayuda sin demora y las emergencias que precisan una intervención inmediata.

Asimismo, recoge los principales recursos de atención y apoyo disponibles, entre ellos el 112 de SOS Rioja, para situaciones de emergencia, y el 024, línea de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad.

También incorpora información sobre los centros de salud, los servicios de orientación educativa, los recursos del Instituto Riojano de la Juventud y distintas entidades de apoyo emocional y atención a las familias.

La guía ha sido elaborada por las investigadoras de la Universidad de La Rioja Raquel Falcó y Adriana Díez Gómez del Casal, con la colaboración de profesionales del Servicio Riojano de Salud, la Consejería de Educación y Empleo, el Instituto Riojano de la Juventud y ‘ConectaSuic’.

La publicación se enmarca en el trabajo de la Cátedra Extraordinaria de Salud Mental y del programa PositivaMente 2.0: Programa para la prevención de la conducta suicida en contextos educativos, financiado por la Comunidad Autónoma de La Rioja.

La importancia de la prevención y la detección precoz

Durante la presentación, Carlos Piserra ha incidido en la importancia de la prevención y de actuar de manera temprana ante las primeras señales de sufrimiento emocional. En este sentido, ha explicado que “la prevención de la conducta suicida no comienza cuando una persona llega a una situación de crisis, sino mucho antes. Empieza por reconocer el malestar emocional, escuchar sin juzgar, detectar las señales de alerta y facilitar que quienes necesitan ayuda puedan acceder a ella a tiempo”.

Piserra ha relacionado esta guía con el trabajo que se desarrolla a través de distintos recursos y programas de atención a la salud mental, entre ellos ‘ConectaSuic’, una iniciativa que aborda la prevención de la conducta suicida desde una perspectiva integral, mediante la atención a personas en situación de riesgo, el acompañamiento a sus familias, la formación de profesionales y la coordinación entre los ámbitos sanitario, educativo, social y comunitario.

“La prevención requiere la implicación de toda la sociedad. ‘ConectaSuic’ trabaja precisamente desde esa perspectiva, conectando profesionales y recursos para ofrecer una respuesta coordinada antes, durante y después de una situación de crisis. Materiales como esta guía contribuyen también a acercar la prevención a los entornos cotidianos de nuestros jóvenes”, ha señalado.

Asimismo, el subdirector general ha recordado la importancia de abordar las dificultades emocionales desde las primeras etapas de la vida, una línea de actuación en la que se enmarca el programa Saludablemente+, desarrollado en Atención Primaria y cuya vertiente infantojuvenil ha extendido recientemente su atención a la población infantojuvenil.

“La detección precoz y la atención psicológica adaptada a cada edad son fundamentales para abordar las dificultades emocionales y evitar que puedan evolucionar hacia problemas de mayor gravedad. Es importante que niños, adolescentes y familias sepan que existen recursos de apoyo y que pedir ayuda es siempre un paso adecuado”, ha añadido.

El acompañamiento y la promoción del bienestar emocional entre los jóvenes

Por su parte, el director del Instituto Riojano de la Juventud, Juan Diego Alcaide, ha abordado la importancia de acercar los recursos de bienestar emocional a la población joven y facilitar espacios de información, escucha y acompañamiento.

En este ámbito se enmarca R-HAZ-T, una iniciativa del Instituto Riojano de la Juventud dirigida a promover la salud mental y el bienestar emocional de los jóvenes riojanos, que incluye el servicio de orientación psicológica ‘Te Escucho Joven’, actividades formativas y propuestas de sensibilización y autocuidado.

“Desde el IRJ queremos seguir desempeñando un papel activo en la promoción y mejora de la salud mental de los jóvenes riojanos y ser un espacio de encuentro y apoyo para quienes lo necesitan. Para ello, ponemos a su disposición recursos y herramientas, una escucha cercana y una atención adaptada a las necesidades de cada joven”, ha señalado Alcaide.

El director del IRJ ha recordado que los jóvenes pueden acceder al “servicio de apoyo psicológico que les acompaña mediante sesiones presenciales y también a través de WhatsApp contactando con el 651 594 383. Además, se ofrece presencial y online dirigida tanto a jóvenes como a profesionales que trabajan en las distintas asociaciones juveniles de La Rioja”.

La Fiscalía de Menores de Sevilla ha finalizado la instrucción contra dos de las tres menores investigadas por, presuntamente, acosar a Sandra Peña, la joven sevillana de 14 años que se suicidó hace justo un año, el pasado 14 de octubre, y ha apreciado al respecto hasta dos posibles delitos tras analizar los hechos investigados.

Según el escrito de acusación, el Ministerio Público considera, en esas conclusiones provisionales, que existen indicios de que ambas compañeras de clase podrían haber incurrido en delitos contra la integridad moral y lesiones psíquicas, “por el trato degradante dispensado a Sandra y las repercusiones que tuvieron en su salud mental”, tal como ha avanzado Diario de Sevilla y confirman a Europa Press fuentes judiciales.

Una de las últimas novedades del caso remite al archivo penal de la querella interpuesta por los padres contra el centro educativo Irlandesas Loreto de Sevilla y el director del centro, la jefa de estudios y la tutora de la menor por la “comisión por parte de estos de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas y trato degradante”.

“Multitud de errores”

En el auto, la juez acordaba el sobreseimiento de las actuaciones derivadas de la querella al considerar que el colegio y sus responsables “adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, pero no les era exigible, de hecho nadie se lo esperaba, que controlaran a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida”, si bien remarcaba que las “personas que tenían la condición de garantes de la integridad y estabilidad emocional de sus alumnos no actuaron con la agilidad que se requería”.

La familia de Sandra Peña viene remarcando la “multitud de errores” cometidos por el centro y pide “contundencia” a la Junta al estimar que el centro en el que se encontraba escolarizada la menor, “no abrió el protocolo” de actuación frente al acoso y “no protegió” a la joven, por lo que viene solicitando una respuesta “contundente y ejemplarizante” por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Fushan Equiza, periodista de elDiario.es/Navarra, ha sido nominada en la sexta edición de los Premios #PeriodismoResponsable en prevención del suicidio, organizados por la Asociación Papageno. El artículo por el que ha sido incluida en la lista —titulado 'El suicidio: prevención “comunitaria” en Navarra ante una decisión “individual”'— puede leerse en este enlace. El premio, que distingue “los trabajos periodísticos que ayudan a la visibilización del suicidio con contexto, rigor, respeto y responsabilidad”, se entregará el 26 de noviembre en un acto que tendrá lugar en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

En el artículo publicado en elDiario.es/Navarra en abril de este año, se abordaba la nueva estrategia de prevención del suicidio impulsada en la comunidad foral. Recoge los testimonios de Adriana Goñi, psicóloga clínica y una de las promotoras de la nueva estrategia, y también de Miren Bravo y Elena Aisa, trabajadora social y presidenta de Besarkada-Abrazo, Asociación de Personas Afectadas por el Suicidio de un Ser Querido.

En la jornada, además de entregarse los premios, se abordarán, con mesas redondas y ponencias, temas como 'La responsabilidad social de la comunicación en la visibilización y en la prevención del suicidio' y 'La perspectiva psicológica en la prevención de la conducta suicida y su relación con la comunicación'. Puede consultarse el programa completo en este enlace. Papageno, la Asociación de Profesionales en Prevención y Posvención del Suicidio, es una entidad sin ánimo de lucro que se presenta como una ventana a la prevención del fenómeno suicida en la que todo el mundo tiene cabida.

Zara Villar, madre de Sandra Peña, la menor que se suicidó tras sufrir acoso escolar, ha insistido en la “multitud” de errores cometidos en el centro escolar Irlandesas Loreto al “no abrir el protocolo” de actuación frente al acoso y “no proteger” a la joven, por lo que ha solicitado una respuesta “contundente y ejemplarizante” por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y, en concreto, al presidente, Juanma Moreno.

La progenitora ha subrayado así la relevancia que recae ahora sobre la vía administrativa tras el archivo penal de la querella interpuesta por la familia contra el centro y algunos de sus profesionales, una decisión judicial que la familia consideró, no obstante, reforzaba su argumento, al indicar los magistrados que “las personas que tenían la condición de garantes de la integridad y estabilidad emocional de sus alumnos no actuaron con la agilidad que se requería”.

“Creo que la Junta de Andalucía tiene vía libre para ser contundente y ejemplarizante, como así nos lo dijo nuestro presidente, Juanma Moreno, porque ha quedado constatado que el colegio no hizo nada, no protegió ni vigiló, y ellos son garantes de la vida de nuestros hijos mientras están en el centro escolar”, ha remarcado Villar en una atención a medios antes de participar en la jornada de prevención y abordaje del acoso escolar en el marco del proyecto Verde Esperanza impulsado por el Real Betis y su Fundación.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó el pasado día 17 el archivo de la querella que los padres de Sandra Peña presentaron contra los responsables del centro Irlandesas de Loreto porque no había relación de causalidad entre el fallecimiento y la actuación de los docentes. Sin embargo, la magistrada subrayó “que la actuación del colegio fue absolutamente deficitaria, insuficiente, y contraria a la urgencia que imprime el Protocolo de acoso resulta indudable. Se tomaron medidas que por su levedad no surtieron efecto”, argumentaba en el escrito.

“Modificación estructural”

Sobre este acto, Villar ha agradecido la invitación por parte de la Asociación Española Para la Prevención de Acoso Escolar (Aepae) y la Fundación Real Betis Balompié, reafirmado la “gran significación” que guarda para la familia este tipo de citas al generar “un sostén” y una “red” de apoyo.

En su intervención, el presidente de Aepae, Enrique Pérez-Carrillo de la Cueva, ha subrayado que el objetivo de las jornadas es llevar a cabo un cambio en la forma de abordar el acoso escolar en los centros españoles y, a pesar de reconocer cierta sensibilización en la sociedad respecto a esta problemática tras haber recibido “visibilidad” en medios de comunicación y redes sociales, ha defendido la necesidad de una “modificación estructural”.

La clave, a su juicio, es “no contemplar el acoso en un contexto cerrado” y no aportar únicamente una respuesta reactiva. “Cuando un niño sufre acoso, ya hay señales de alerta. Ya lleva un tiempo sufriéndolo. Por ello, aunque es necesario el protocolo, hace falta prevención”.

Por su parte, desde el Consejo de Administración de la Fundación, Rafael Muela ha apuntado a su “compromiso” para “trabajar con la inspiración” forjada a raíz del caso de Sandra, para “trabajar intensamente” y desde su ámbito en el acoso escolar. “Por eso lanzamos la camiseta que se inspira precisamente en este caso y en homenaje a Sandra Peña”, ha relatado, incidiendo en su compromiso para trabajar de la mano con fundaciones como Aepae para que esta “concienciación” pueda “llegar a los colegios, a los más jóvenes y a las familias”.

Por último, Bruno Gutiérrez, joven participante en las jornadas, ha explicado su experiencia respecto al acoso escolar, narrando que llegó a sufrir lesiones físicas por las que requirió un ingreso hospitalario e incluso buscó alternativas para acabar con su vida. “Ahora, estoy luchando por algo que merece la pena luchar, estoy intentando superar esto. Me gustaría decir que cada persona tiene a alguien en quien apoyarse, un motivo para seguir viviendo. Quiero pedir que no lo dejen, que volverán a tener la misma ilusión por la vida que tenían antes y que todo pasará”, ha apostillado.

Entidades y vecinos de L'Hospitalet de Llobregat han denunciado que Olga, una vecina de 54 años, se suicidó el pasado 7 de septiembre, cinco meses después de ser desahuciada de su piso, en el barrio de Santa Eulàlia.

Los activistas han denunciado el “abandono institucional” que sufrió la víctima, que además tenía problemas de salud mental. Han exigido que se investigue la “cadena de omisiones” que, según sostienen, precedió a su muerte.

Olga tenía 54 años y dos hijas, una de las cuales todavía es menor de edad. Según ha explicado Cristian Jiménez, portavoz de la Asociación de Vecinos y Vecinas Som Santa Eulàlia, la víctima compró un piso en la calle Comerç hacía 20 años y había contratado la hipoteca con el Banco Sabadell. Después de separarse, según el relato de Jiménez, no recibió la manutención de sus hijas, se quedó sin trabajo y no pudo continuar asumiendo los pagos.

El portavoz apunta que Olga llegó a un acuerdo con el banco para que la entidad se quedara el inmueble y ella pudiera seguir viviendo en él a cambio de un alquiler social. Según el portavoz vecinal, este acuerdo se mantuvo hasta que la vivienda fue vendida a Promontoria Coliseum Real Estate, un fondo de inversión. Fue poco después de la transacción que se inició el proceso de desahucio.

Olga consiguió evitar un primer lanzamiento con ayuda del Sindicato de Vivienda de L'Hospitalet, pero el procedimiento se reactivó después de que el Congreso tumbara el decreto de moratoria de los desahucios con votos del PP, Vox y Junts.

La víctima, según sigue Jiménez, intentó encontrar una salida a la situación y contactó con medios de comunicación, partidos políticos y la Sindicatura de Greuges (el Defensor del Pueblo Catalán). En esta línea, incluso llegó a participar de una comisión de estudio sobre la salud mental en el Parlament.

El Sindicato de Vivienda y la Asociación de Vecinos que las afectaciones emocionales y psicológicas derivadas de un proceso de desalojo “no se atienden suficiente”. El Sindicato de Vivienda y la Asociación de Vecinos de Santa Eulàlia han convocado una protesta el próximo 3 de octubre para “exigir justicia”.

Intento de suicidio antes del desahucio

Según el relato de Jiménez, la noche anterior al primer intento de desahucio, que tuvo lugar el 15 de abril, Olga amenazó con quitarse la vida. Se activó el protocolo antisuicidio y la mujer fue trasladada a la unidad de urgencias psiquiátricas del Hospital de Bellvitge, donde horas después recibió el alta.

El abogado de Olga pidió que se detuviera la ejecución del desahucio, pero el juez decidió seguir adelante. Ha detallado que el magistrado abrió un expediente al abogado porque el juzgado consideró que “la petición de suspensión del desahucio por la situación de salud de la mujer no estaba suficientemente acreditada”.

Jiménez ha aprovechado para poner el foco en la atención a la salud mental de las personas afectadas por procesos de desahucio. Considera que esta realidad “no está suficientemente estudiada ni suficientemente atendida” y señala las consecuencias que, según afirma, pueden tener estas situaciones en las familias, en las personas menores de edad y en su entorno educativo.

En paralelo, ha criticado el funcionamiento de los servicios sociales de Hospitalet. Ha asegurado que el sistema “ha quebrado”, que los profesionales que trabajan en el servicio “están desbordados” y que el recurso que hay en la ciudad no da respuesta a la cantidad de personas que hay que atender.

Ha reclamado al Ayuntamiento, al Govern y las administraciones competentes que adopten las medidas necesarias “para que ésta sea la última muerte vinculada al negocio inmobiliario”. También ha exigido que se investigue la actuación de las administraciones y la “cadena de actuaciones y omisiones” que han conducido a la muerte de Olga.

“No fue una desgracia inevitable”

Pau Segura, portavoz de Vivienda L'Hospitalet, también ha cargado contra la actuación de las administraciones. “No aceptamos que el caso de Olga se presente como una desgracia inevitable y sin responsables”, ha afirmado. Ha señalado el Banco Sabadell y los accionistas de Promontoria como responsables, según sus palabras, “de la pérdida de la vivienda y del empeoramiento del estado de salud de Olga”. También ha hecho responsable a la Generalitat, al gobierno español y al PSC y al PSOE, a los que acusa de estar “al servicio de los intereses de la industria inmobiliaria por delante de las vidas de la clase trabajadora”.

Se ha referido al gobierno socialista de L'Hospitalet y ha criticado que haya puesto una “alfombra roja en los especuladores”. Sobre el caso de Olga, ha afirmado que las autoridades municipales tenían conocimiento y “no hicieron nada”. También ha lamentado que las autoridades judiciales negaran la suspensión del desahucio “pese a conocer la situación de vulnerabilidad de la mujer y su familia” y de haber recibido “la comunicación del abogado sobre el riesgo de suicidio”. Por último, ha señalado los Mossos d'Esquadra por su papel en la ejecución del lanzamiento.

Por su parte, amigas y vecinas de la víctima, han afirmado que su muerte “es consecuencia directa del proceso de desposesión y maltrato al que desde hace más de 10 años bancos, fondos buitres y administraciones sometieron a Olga”.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado el archivo de la querella que los padres de Sandra Peña, la menor que se suicidó tras ser víctima, presuntamente, de acoso escolar, presentaron contra los responsables del centro Irlandesas de Loreto.

La decisión confirma así el pronunciamiento del pasado mes de mayo del juez de Instrucción número 7 de Sevilla, quien acordó el sobreseimiento de las actuaciones derivadas de la querella al considerar que “el colegio y sus responsables adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, pero no les era exigible, de hecho nadie se lo esperaba, que controlaran a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida”.

Sin embargo, la magistrada adelanta “que la actuación del colegio fue absolutamente deficitaria, insuficiente, y contraria a la urgencia que imprime el Protocolo de acoso resulta indudable. Se tomaron medidas que por su levedad no surtieron efecto”, argumenta el escrito.

Ahora, tal y consta en el auto, adelantado por Diario de Sevilla, la magistrada viene a confirmar esta decisión e incide en que “no existe la relación de causalidad que permite la atribución del resultado de muerte a los profesionales del centro docente que no actuaron con la diligencia debida, al menos la relación de causalidad directa que se exige en Derecho Penal”.

Tampoco se puede atribuir, según la juez, a los querellados un delito de lesiones psíquicas o trato degradante por omisión impropia, referente al artículo 176 del código Penal. “En el caso presente no podemos considerar que los integrantes del profesorado del centro educativo permitieran concretamente ninguna burla o mofa hacia Sandra”, apostilla.

“Reacciones tardías o insuficientes”

Además, el referido documento dicta que “ninguno de los querellados presenciaron o tuvieron concreto conocimiento de cuando se produjeron concretamente los insultos, las mofas o las burlas a Sandra Peña, por lo que es evidente que tales hechos concretos cada vez que se produjeron no pudieron impedirlos, argumento que se puede extender a las lesiones psíquicas”.

En el escrito, la magistrada esgrime que el acoso escolar “quizás es una lacra social que ha existido siempre, y que ha marcado a jóvenes de diferentes generaciones por ser distintos, pero que sin lugar a dudas hoy la vivimos con una mayúscula intensidad debido al acceso de los menores a sistemas de comunicación que anteriormente no existían y a las redes sociales”, algo que, a su juicio, “ incrementa el peligro de desequilibrio emocional para las víctimas que lo sufren”.

Por ello, si bien constituye “una forma de violencia y de maltrato, absolutamente intencional, repetitivo, que se apoya en el desequilibrio de poder entre los estudiantes” requiere “de actuaciones inmediatas por parte del colegio”, si bien “las reacciones que habitualmente observamos en los centros educativos suelen ser tardías o insuficientes”.

“Esto es lo que ocurrió en el presente supuesto, ya que personas que tenían la condición de garantes de la integridad y estabilidad emocional de sus alumnos no actuaron con la agilidad que se requería”, incide la juez.

No obstante, expresa que “en modo alguno podemos extender dicha presunta responsabilidad administrativa o civil de las personas querelladas, miembros todos ellos del equipo directivo del colegio, a la comisión por parte de los mismos del homicidio imprudente que reclaman los padres de Sandra”.

A pesar del acoso, “tenía otros muchos problemas”

Ello, según indica, se debe a que el día en el que se producen los hechos, esto es el 14 de octubre del pasado año, Sandra “tras la salida de clase, y habiendo escrito sus cartas de despedida en la clase de matemáticas, sin pasar por su casa subió a la azotea y se precipitó desde la misma perdiendo desgraciadamente la vida”.

“De las actuaciones practicadas en la Fiscalía de menores existen indicios más que suficientes que revelan que la menor, a pesar de las mofas y de los insultos de sus compañeras, que indudablemente le afectaban, tenía otros muchos problemas que le afectaban mucho más”, entre los que apunta a “una falta de aceptación de sí misma por múltiples razones, ajenas a dichas agresiones verbales”.

Los magistrados de la Audiencia afirman, además, que este asunto les produce “una profunda consternación” e invitan a “para exigir a la autoridad educativa que actúe con la mayor prontitud, eficacia y contundencia, para lo cual es necesario una supervisión objetiva y continuada por profesionales especializados de la actuación en relación a este tema de la comunidad educativa y del alumnado de cada centro”.

A su juicio, agilizar estas medidas “no solo no previenen situaciones que podrían evitarse, sino que no sirven para disminuir o aplacar los efectos de los supuestos ya iniciados, con finales a veces trágicos o demasiado traumáticos.

No obstante, con independencia de esta reflexión, refieren que en el caso de Sandra Peña “nos encontramos con una situación que queda extramuros de la jurisdición penal sin perjuicio de las acciones civiles que pudieran corresponderle a sus progenitores”. Por todo ello, confirma el sobreseimiento provisional decretado y la desestimación íntegra del recurso formulado.

Cabe mencionar que en el auto fechado el pasado mes de mayo, el magistrado dictó que el hecho “ocurrió fuera del ámbito del colegio sin que el deber in vigilando de los educadores se extendiera al domicilio de la menor”.

Los padres dirigieron la querella contra el Centro Educativo Irlandesas Loreto de Sevilla y el director del centro, la jefa de estudios y la tutora de la menor por la “comisión por parte de estos de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas y trato degradante”.

La adopción de estrategias nacionales de prevención del suicidio se ha convertido en una prioridad internacional, impulsada por el reconocimiento del suicidio como un problema de salud pública global y por la evidencia que demuestra que las intervenciones aisladas no son suficientes para revertir las tendencias de mortalidad.

Sin embargo, aunque más de 40 países han implementado iniciativas nacionales, entre ellos España, con su Plan de Acción para la Prevención del Suicidio (2025-27), los resultados son marcadamente desiguales. Mientras países como Finlandia, Noruega o Dinamarca han mostrado avances importantes, otros contextos con planes igualmente ambiciosos han observado un impacto limitado o inconsistente.

Aunque más de 40 países han implementado iniciativas nacionales, los resultados son marcadamente desiguales

Esta heterogeneidad obliga a analizar no solo el contenido técnico de las estrategias, sino los procesos que determinan su aplicabilidad, coherencia, sostenibilidad y capacidad de adaptación a contextos socioculturales diversos.

Los elementos que explican la eficacia

Los países que han logrado mayores avances tienen en común algo fundamental: cuentan con estrategias que actúan a varios niveles y que combinan intervenciones universales, selectivas e indicadas, junto con acciones de postvención tras intentos y muertes por suicidio, dentro de un marco de coordinación y gestión coherente.

Las medidas más sólidas incluyen sistemas de vigilancia epidemiológica capaces de integrar información procedente de múltiples fuentes, la restricción del acceso a medios letales y campañas de comunicación que abordan explícitamente el estigma, utilizando enfoques culturalmente adecuados.

Estas acciones no actúan de manera aislada, sino que operan sobre determinantes amplios y modifican actitudes de la población, al tiempo que reducen las barreras estructurales para la búsqueda de ayuda.

Las estrategias más efectivas han priorizado intervenciones dirigidas a grupos específicos –adolescentes, migrantes, minorías étnicas, personas mayores aisladas, comunidades LGBTQ+ o población penitenciaria

Las estrategias más efectivas han priorizado intervenciones dirigidas a grupos específicos –adolescentes, migrantes, minorías étnicas, personas mayores aisladas, comunidades LGBTQ+ o población penitenciaria– mediante modelos comunitarios, redes de apoyo y programas adaptados cultural y lingüísticamente.

La evidencia muestra que la sensibilidad cultural y la adecuación contextual no son elementos accesorios, sino determinantes de la eficacia, especialmente en poblaciones históricamente excluidas de los sistemas o circuitos de ayuda.

Las acciones dirigidas a personas con riesgo elevado o con intentos previos constituyen un punto crítico. Los estudios coinciden en que el seguimiento intensivo tras un intento de suicidio y la incorporación de protocolos estructurados en atención primaria son dos de los mecanismos de mayor impacto. Asimismo, la formación de gatekeepers –personas clave capaces de identificar señales tempranas de riesgo y activar los recursos asistenciales adecuados– en entornos educativos, comunitarios y sanitarios facilita la detección precoz y la activación de circuitos asistenciales eficaces.

El análisis comparado evidencia que la mera existencia de un plan nacional, incluso cuando está basado en recomendaciones internacionales, no garantiza resultados. La diferencia entre estrategias efectivas y estrategias nominales radica en la forma de ponerlas en marcha.

La clave está en una buena coordinación

La coordinación de varios sectores es especialmente determinante: allí donde salud, educación, servicios sociales, justicia y medios operan de manera aislada, las intervenciones pierden coherencia y capacidad de impacto. Por el contrario, los países que han avanzado –como Noruega o Alemania– han desarrollado estructuras estables de gobernanza, con responsabilidades bien definidas, mecanismos de coordinación y sistemas de seguimiento integrados.

La disponibilidad de recursos humanos y financieros es otra variable crítica. Países como India, que aprobó hace pocos años su estrategia nacional, han debido reorientar su plan hacia un modelo de salud mental comunitaria debido a la escasez estructural de profesionales especializados. Este tipo de adaptación, lejos de debilitar la estrategia, la hace más realista y sostenible en contextos de recursos limitados.

La obtención de datos fiables permite evaluar con precisión el impacto de las intervenciones y orientar decisiones de política pública

A ello se suma la importancia de los sistemas de vigilancia. La obtención de datos fiables –que pueden incluir certificación forense rigurosa; registros multiagencia, es decir, sistemas en los que varias instituciones u organismos comparten y cruzan información sobre un mismo problema, o autopsias psicológicas– permite evaluar con precisión el impacto de las intervenciones y orientar decisiones de política pública.

Las desigualdades territoriales, la fragmentación institucional y el estigma cultural siguen actuando como barreras transversales. En Groenlandia, por ejemplo, la estrategia nacional ha situado la equidad territorial como eje central, reconociendo las distancias geográficas como una barrera estructural para el acceso a la atención.

Canadá, con su Plan Nacional de Acción 2024–2027, ha explicitado por primera vez mecanismos formales de colaboración multisectorial para corregir déficits de coordinación acumulados durante años.

Estas experiencias muestran que las barreras no se superan únicamente con prescripciones técnicas: requieren transformaciones estructurales.

Lo fundamental: cómo medir el impacto real

Uno de los desafíos más persistentes en la prevención del suicidio es la dificultad para atribuir descensos de la mortalidad directamente a la implementación de estrategias nacionales. La conducta suicida está influida por muchos factores –cambios sociales, fluctuaciones económicas, reformas sanitarias, dinámicas culturales o variaciones en la disponibilidad de recursos–, lo que complica el aislamiento del efecto específico de un plan [nacional].

Precisamente por ello, los planes más maduros, como los de Suecia, Noruega, Finlandia y Australia, han incorporado sistemas de evaluación continua que permiten monitorear cambios antes de que se observen variaciones en la mortalidad. Estos sistemas incluyen indicadores intermedios como tiempos de acceso a servicios, continuidad asistencial, registro de intentos y medidas poblacionales de estigma. Este enfoque reconoce que la reducción de muertes es un objetivo a largo plazo, y que los indicadores de proceso permiten detectar si la estrategia está modificando los factores que, previsiblemente, acabarán influyendo en la mortalidad.

No existe un modelo único, pero sí un conjunto de fundamentos que comparten las estrategias más robustas

La capacidad de un país para revisar, ajustar y corregir su estrategia a partir de estos datos constituye un elemento central de efectividad. De hecho, las estrategias más exitosas no son las que acumulan más acciones, sino aquellas que establecen mecanismos explícitos de aprendizaje, retroalimentación y mejora continua, integrando datos procedentes de vigilancia epidemiológica, evaluaciones externas y análisis de desempeño.

No existe un modelo único, pero sí un conjunto de fundamentos que comparten las estrategias más robustas.

En cuanto a experiencias con resultados positivos, destacan los casos de Noruega, que ha logrado reducciones significativas mediante estrategias sostenidas desde 1995; Finlandia y Dinamarca, que combinaron restricciones de medios letales con expansión de servicios; Alemania, cuyo programa NAAD permitió reducir un 24 % los actos suicidas, y Países Bajos, que implementó el modelo SUPRANET Community, articulando gobernanza local y coordinación multisectorial.

Estas experiencias evidencian que la reducción de la mortalidad depende de planes a largo plazo, con objetivos realistas y estructuras de gobernanza capaces de sostener las intervenciones.

Cuando estos elementos se integran –calidad del diseño, coherencia en la implementación, gobernanza estable y evaluación continua–, la reducción del suicidio se convierte en una posibilidad concreta. En un fenómeno tan complejo, la consistencia estratégica y la planificación basada en datos son tan esenciales como las intervenciones específicas orientadas al riesgo.

La experiencia internacional deja, por tanto, una lección clara: prevenir el suicidio no consiste simplemente en acumular intervenciones. Requiere construir sistemas capaces de coordinarlas, sostenerlas, evaluarlas y adaptarlas en el tiempo.

Elizabeth Suárez Soto es doctora en Psicología y Psicóloga Clínica Infanto Juvenil de la Universidad Internacional de Valencia

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leerlo aquí.

“Ni culpa ni silencio”. Es el lema de la campaña que la Federación Salud Mental Castilla-La Mancha ha lanzado con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra este 10 de septiembre.

Con ella, la entidad quiere paliar “la culpa y la vergüenza que muchas veces acompañan” a los familiares, amistades y entorno de una persona que se quita la vida, algo que les causa “un gran sufrimiento”.

“El duelo por suicidio presenta características que lo hacen especialmente difícil de transitar. A la tristeza por la pérdida suelen sumarse sentimientos de culpa, preguntas constantes sobre lo ocurrido, el peso del estigma social y, en muchas ocasiones, la vergüenza o la necesidad de ocultar lo sucedido por miedo a la incomprensión de los demás. Comprender que estas reacciones y emociones son habituales en quienes atraviesan este tipo de pérdida, y conocer cómo evoluciona el duelo, puede resultar de gran ayuda. Entender que no se está viviendo esta experiencia en soledad contribuye a aliviar el sufrimiento y favorece el proceso de adaptación y aceptación”, explica en un comunicado.

Según indica la Federación, cada suicidio deja al menos seis personas “profundamente” afectadas por la pérdida.

Datos del Instituto Nacional de Estadística arrojan que en 2024 se produjeron en España 3.953 muertes por esta causa (2.902 hombres y 1.051 mujeres). A pesar de que supone una reducción de un 3,9% respecto a 2023, el suicidio es la segunda causa de muerte externa más frecuente en el país.

En Castilla-La Mancha, en 2024 se contabilizaron 163 muertes por suicidio, una cifra muy similar a la registrada en el ejercicio anterior (160), pero con un importante incremento en el número de mujeres fallecidas, que pasaron de 22 a 42. Toledo (49) y Ciudad Real (43) fueron las provincias con más muertes por suicidio. Albacete registró 28 fallecimientos, Guadalajara 23 y Cuenca 20.

Analizar cuántos casos tienen relación con el trabajo

Para que esas cifras bajen, algunos sindicatos han propuesto diferentes soluciones.

CSIF ha insistido en la “urgencia” de aplicar protocolos eficaces de prevención de conductas suicidas en el conjunto de las administraciones y en las empresas privadas a través de la evaluación de riesgos psicosociales.

En concreto, la central sindical pone el foco en los casos de estrés severo o 'burnout', ya que, según explica, “las cargas excesivas, la falta de personal, la precariedad, los turnos prolongados, la falta de conciliación, el acoso, la violencia, el estrés crónico, la exposición a situaciones traumáticas y la ausencia de apoyo organizativo pueden deteriorar gravemente la salud mental”.

Por su parte, desde UGT Castilla-La Mancha han advertido de que el entorno de trabajo puede ser un “factor determinante” para el riesgo de conducta suicida, por lo que hay que “tratar la salud mental y el suicidio como riesgos laborales de primera magnitud”.

“En España mueren al año unas 4.000 personas por suicidio, pero no hay cifras que permitan conocer cuántos casos se relacionan con el trabajo. Sin embargo, en algunos casos existe una influencia clara. Por eso, desde UGT CLM consideramos necesario poner el foco en el cuidado de la salud mental de las personas trabajadoras, más teniendo en cuenta que la primera causa de baja por incapacidad temporal en España son los daños musculoesqueléticos, que en muchos casos pueden venir derivados de un problema de estrés, depresión o ansiedad, por lo que seguramente los daños en la salud mental sean la primera causa que está detrás de ese incremento de bajas”.

La secretaria de Salud Laboral de UGT ha explicado que hay sectores más expuestos que otros al suicidio, como el educativo, el sanitario, el sector servicios o aquellos puestos de trabajo que tienen acceso a armas.

Para prevenir y atender la conducta suicida, está disponible el teléfono 024. Se trata de un recurso público, gratuito y accesible, disponible las 24 horas del día, cuyo objetivo es atender a personas con conducta o ideación suicida y o a las personas de su entorno.

En 2025, cada día, de media, 10 personas intentaron quitarse la vida y lo consiguieron. En total, el año pasado se registraron 3.808 fallecimientos por esta causa, según los datos que ha presentado este jueves el Ministerio de Sanidad, coincidiendo con el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Es el tercer año que la cifra global desciende en España.

En 2024, se quitaron la vida en España 3.953 personas y en 2023 y 2022 más de 4.000. Se trata de una reducción acumulada cercana al 10%, que la Comisionada de Salud Mental, Belén González, atribuye a causas “multifactoriales”, como lo son las que llevan a una persona a tomar esta decisión con el fin último de dejar de sufrir, pero que vincula con “variables socioeconómicas” y los planes de prevención y las políticas en salud mental “forman parte del aumento de la conciencia” social.

El Ministerio de Sanidad asegura “haber hecho un esfuerzo por posicionar la salud mental donde se merece”. Esto es, con una “respuesta pública, con más recursos y para más personas”.

Por ello, la ministra Mónica García ha anunciado un real decreto para regular el Sistema de Vigilancia de Salud Mental. Este tendrá el objetivo de homogeneizar la información, para que pueda ser comparable, así como establecer procedimientos comunes y establecer un registro estatal del suicidio. Pese a que “suene muy técnico”, ha admitido, “consiste en saber qué está ocurriendo”.

En referencia al registro, García explica que permitirá “establecer una alerta y anticiparnos, conocer mejor la incidencia del suicidio y reforzar la asistencia y el apoyo”. La ministra insiste en que “la prevención del suicidio no cabe en una sola sala de consulta” y considera necesaria una infraestructura de cooperación entre comunidades, instituciones y sociedad civil: “Sacar la salud mental de los márgenes y establecerla en las políticas”

Proyectos y planes de acción

La Comisionada de Salud Mental ha expuesto tres ejemplos de los 122 proyectos puestos en marcha, a los que significa como “maneras concretas de prevenir, acompañar y ayudar”. Todos ellos se enmarcan en el Plan de Acción del Suicidio 2025-2027, al que el Gobierno ha destinado cerca de 18 millones de euros.

En Castilla-La Mancha se desarrolla uno basado en los puntos críticos, según explica González, que consiste en “poner barreras físicas e información” en los espacios e infraestructuras donde se localizan mayores suicidios o intentos.

Otro de ellos consiste en garantizar atención domiciliaria para jóvenes y adolescentes con tendencias suicidas, para “evitar que estén en hospitales”. “No sé si han estado en una planta de psiquiatría, pero a veces no es un espacio ideal para los que sienten desesperanza”, indica González.

Ante el último ejemplo expuesto, defiende que “las intervenciones más eficaces sobre el suicidio son aquellas que tienen propósito”. El proyecto recibe el nombre de 'aloumiño' —caricia o mimo en gallego— y consiste en formar grupos de paseo para tratar la soledad no deseada. “Tras el primer año de funcionamiento muchos de los grupos se está autogestionando, este es el objetivo que perdemos: construir comunidad, que se expande más allá de los límites sanitarios”.

La ministra también recuerda otras medidas establecidas durante la presente legislatura como el Observatorio del Suicidio y la línea de atención directa (024). “Es un recurso público, gratuito y confidencial”, matiza respecto a las llamadas telefónicas, que han prestado servicio a 6.670 personas desde 2022.

Hablar salva

Minutos antes de la comparecencia del ministerio, la organización Hablar Salva se ha reunido frente al Congreso de los Diputados. Allí han colocado 3.953 flores, una por cada fallecimiento este año, y una lona, “¿Hablamos de ello?”, indicaba.

La asociación, que reúne a familiares y compañeros de personas fallecidas por esta causa, incide en que el “el silencio mata” y hablar de ello “salva vidas”.

Con motivo del Día de la Prevención del Suicidio, Vicky Nieto, una madre perteneciente a la organización ha lanzado una campaña llamada 'La última foto', que reúne historias, reales, fotografías y vídeos de personas que se han suicidado.

Nieto perdió a su hijo de 24 años por suicidio, por ello reclamó al Ministerio de Sanidad una campaña estatal dirigida al conjunto de la sociedad. “Si el Ministerio no iba a lanzar la campaña, no nos íbamos a quedar de brazos cruzados. La hemos hecho nosotros, sin el presupuesto institucional, pero con el apoyo de muchas personas que han entendido que este país tiene una conversación pendiente y que hay que hablar del suicidio”, concluye.

Hay problemas que empiezan con una apuesta, pero que terminan ocupando mucho más espacio que el de una pantalla o una casa de apuestas. Se meten en la economía familiar, alteran las relaciones, generan desconfianza, culpa, discusiones y silencios y, poco a poco, pueden convertir el hogar en un lugar de tensión permanente. De hecho, cuando el juego se convierte en una adicción, la partida ya no la juega solo quien apuesta sino toda la familia.

Esta es una de las principales conclusiones de un estudio de la Universidad de Zaragoza que pone el foco en su impacto sobre el conjunto del hogar y su relación con las conductas suicidas. Los datos analizados muestran que, mientras alrededor del 1% de los hogares sin problemas de adicción al juego reportan conductas suicidas, el porcentaje asciende hasta el 34% cuando algún miembro de la familia presenta un trastorno por juego.

La investigación, realizada por Rosa Aísa, Patricia Gascón y Gemma Larramona, profesoras del Departamento de Análisis Económico de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, analiza datos representativos de la Encuesta nacional FOESSA, que recoge información de más de 18.000 hogares españoles.

El trabajo, titulado 'Trastorno por juego, contexto familiar y riesgo de suicidio: evidencia a partir de una encuesta de hogares españoles' (Gambling Disorder, Family Context, and Suicide Risk: Evidence from a Spanish Household Survey), intenta no estudiar únicamente a la persona que juega o a la persona que presenta una conducta suicida, sino observar qué ocurre dentro del hogar en el que ambas realidades pueden convivir.

“La investigación plantea que el juego problemático puede afectar a toda la familia y que las características de ese hogar importan. De hecho, incluso en hogares que no tienen dificultades económicas para llegar a fin de mes la convivencia con una persona con adicción al juego se asocia con una mayor probabilidad de que se produzcan conductas suicidas en el seno de la familia”, explican las autoras.

La presentación de este trabajo coincide con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora este jueves 10 de septiembre, con una tasa de mortalidad por suicidio en España de ocho de cada 100.000 personas y un total de 3.808 suicidios en 2025. Sin embargo, detrás de las cifras individuales, hay también hogares que conviven con intentos de suicidio, sufrimiento psicológico y situaciones de vulnerabilidad. Es más, en torno al 1% de los hogares de la muestra había experimentado alguna tentativa de suicidio en su entorno familiar.

Cuando el problema deja de ser solo dinero

La relación entre el trastorno por juego y dificultades económicas parece evidente, ya que las deudas o la pérdida de ingresos pueden convertirse en una fuente constante de angustia. No obstante, el estudio señala que reducir el problema del juego a sus consecuencias económicas sería quedarse en la superficie.

“Las adicciones al juego en la familia ocasionan un deterioro y estrés financiero, pero también afectan al bienestar psicológico y a las relaciones interpersonales que se producen dentro de la familia”, explica Gemma Larramona, una de sus autoras. Es decir, la deuda es solo una parte del problema y la otra, quizá menos visible, se instala en la convivencia.

En este sentido, la investigadora añade que esta situación puede generar “algunas dinámicas, tensiones y vulnerabilidades dentro de la propia convivencia familiar”, lo que puede ocasionar heridas irreparables en algunos casos.

De hecho, uno de los resultados que más cuestiona la idea de que el trastorno por juego es sobre todo un problema económico aparece al observar los hogares que, pese a no tener dificultades para llegar a fin de mes, también presentan una mayor asociación entre trastorno por juego y conductas suicidas.

“En nuestro trabajo hemos encontrado que el principal efecto de la adicción al juego sobre las conductas suicidas no se explica únicamente por el deterioro económico”, apunta Larramona, quien reconoce que una parte sí está relacionada con el estrés financiero, pero que “la mayoría procede del propio estrés que provoca dentro de la familia”. De esta forma, la casa se convierte en el escenario donde confluyen no solo factores económicos, sino también psicológicos y relacionales.

La deuda como una correa de transmisión

Las dificultades económicas sí desempeñan un papel importante. Las familias que manifiestan dificultades para llegar a fin de mes presentan aproximadamente tres veces más probabilidad de reportar conductas suicidas que aquellas que se encuentran en una situación neutra o positiva.

Sin embargo, la presión económica no aparece aislada, ya que puede actuar como una especie de cadena que conecta otras situaciones de vulnerabilidad con el sufrimiento psicológico.

“Esa presión funciona un poco, en realidad, como un canal, una correa de transmisión”, explica Larramona, al mismo tiempo que indica que “lo que hace es transmitir distintas condiciones de vulnerabilidad, como pueden ser bajos niveles educativos o precariedad laboral, pues se transmiten a través de ese estrés financiero que terminan transformándose en un aumento real del riesgo de conductas suicidas”.

Una deuda, por tanto, puede ser mucho más que una cifra pendiente de pago y condicionar decisiones, relaciones y expectativas, convirtiendo la incertidumbre económica en una fuente de estrés para toda la familia.

Asimismo, la inseguridad residencial constituye otro ejemplo. “Casi el 20% de los hogares donde se produjo una tentativa de suicidio había tenido algún miembro durmiendo en el albergue o en la calle”, señala la profesora.

Los datos del estudio dibujan así un mapa de vulnerabilidades en el que aparecen también los trastornos del estado de ánimo, los problemas de alcohol y drogas, los abusos psicológicos, la discriminación, los antecedentes penales o determinadas estructuras familiares.

“Por tanto, el mensaje no debería ser 'juego = suicidio', sino que el juego problemático se inserta en un conjunto de vulnerabilidades familiares, psicológicas, sociales y económicas”, recalcan las investigadoras, quien comparten que un 40% de los hogares con tentativas de suicidio han sufrido abusos psicológicos, discriminación o tienen algún miembro con problemas de salud mental.

El sufrimiento de quienes están alrededor

La psicología ayuda a explicar qué ocurre cuando una adicción empieza a afectar a todos los que rodean a quien juega. Para Jesús Padilla, psicólogo especializado en niños, adolescentes y adultos y orientado desde el enfoque cognitivo-conductual, la adicción deja una huella que no desaparece en la puerta de casa.

“Básicamente porque al final lo que es una adicción, sea un trastorno por juego o incluso una adicción a sustancias, siempre genera lo que es una huella a nivel familiar”, explica, y “toda esa huella a nivel familiar son emociones, son problemas, son situaciones conflictivas en el propio entorno del paciente”.

Ese desgaste puede terminar afectando a la salud mental de quienes conviven con la persona adicta. “Esto es lo que nos arrastraría quizás a veces a sintomatologías depresivas o ansioso-depresivas que desencadenarían, en el peor de los casos, en lo que es una conducta suicida”, apunta.

Es un sufrimiento que, además, puede permanecer oculto durante mucho tiempo y, bajo el punto de vista de Padilla, “las familias del paciente pueden llegar a tener ese sufrimiento en silencio”. En este sentido, afirma que la gestión emocional de lo que ocurre en el día a día, la resistencia al cambio, el endeudamiento o las dificultades para recuperar la confianza generan un desgaste progresivo.

“Hay un desgaste emocional en el entorno familiar. Ese desgaste emocional nos podría llevar a unos cuadros depresivos y esa depresión nos podría llevar a una conducta suicida”, reconoce. La familia puede convertirse de esta forma, paradójicamente, en una de las principales afectadas y al mismo tiempo en uno de los espacios fundamentales para detectar que algo está ocurriendo.

Además, sostiene que “no hace falta ser especialista en salud mental para detectar que algo ha cambiado”, por lo que Padilla señala que el entorno cercano puede prestar atención a transformaciones en la gestión del dinero, las rutinas, los hábitos o las actividades de ocio. “Simplemente es un plano para observar si ha habido algún cambio significativo en las últimas semanas o meses”, explica.

En el caso de una posible conducta suicida, también pueden aparecer señales relacionadas con los hábitos nocturnos, el sueño, la alimentación, la higiene o el estado emocional. Por todo ello, subraya que, “ante cualquier cambio significativo, habría que ir a manos de un especialista de la salud mental, un psiquiatra, un médico o, en su caso, un psicólogo o una psicóloga”.

Sin embargo, la detección no siempre es fácil, sobre todo en el caso del juego, porque la persona que presenta la adicción puede tardar en reconocer que existe un problema. “La conciencia del problema es la parte del punto de salida. La persona tiene que saber que está habiendo un problema, lo tiene que identificar y tiene que dar voluntad de cambio”, añade.

Por eso, el papel de la familia no debería ser solo el de vigilar, sino también el de acompañar: “El primer punto es que la familia arrope por completo a la persona y que la acompañe en ese cambio de conducta, en ese cambio de pensamiento, y que intente hacer ver de la existencia de un problema y de la necesidad de un cambio”.

No todo es deuda, también se pierde confianza

El deterioro económico suele ser uno de los primeros impactos visibles, pero a medida que la adicción avanza aparecen otras consecuencias como la pérdida de confianza, los problemas de autoestima, los conflictos y las dificultades para gestionar las relaciones. “Al final, todas las consecuencias que vemos tocan varias áreas a nivel socio-familiar, más allá del aspecto económico, personal o laboral”, admite Padilla.

La dinámica puede convertirse en una “bola de nieve” porque la necesidad de conseguir dinero, el endeudamiento y las estrategias utilizadas para continuar jugando pueden agravar progresivamente la situación. “Las personas con ciertas adicciones al juego tienden a manipular para conseguir dinero, porque entran en una rueda que es bastante negativa, un ciclo en el cual al final engrosan. En efecto bola de nieve van engrosando todo lo que es la parte de gastos y de dinero”, agrega el profesional, quien remarca que, con cada vuelta de esa rueda, la familia también queda “atrapada”.

Por otro lado, una de las cuestiones más complejas para las familias es decidir hasta dónde ayudar, ya que pagar deudas, controlar el dinero o intentar evitar que la persona vuelva a jugar puede parecer la respuesta más inmediata, pero el acompañamiento también necesita límites. De hecho, tal y como explica Padilla, al principio es “normal” que se les intente hacer una gestión supervisada del dinero, pero “no podemos estar 10 años así para evitar que juegue”. El objetivo, en última instancia, es que la persona pueda recuperar progresivamente su autonomía y asumir el control de su comportamiento dentro de un proceso terapéutico.

La familia también necesita terapia

Si el problema afecta a todo el hogar, la respuesta tampoco puede centrarse solo en quien juega. El estudio de la Universidad de Zaragoza plantea también la necesidad de pasar de una mirada individual a otra familiar y sistémica. Mientras, desde la psicología, Padilla coincide en que quienes rodean al paciente deben formar parte de la intervención. “No solo en la parte nuclear del paciente, sino también en la parte periférica del entorno familiar. Hay que hacer parte de esa terapia, tanto en consulta como fuera de consulta”, reconoce.

La razón tiene que ver, sobre todo, con la gestión emocional. Los familiares necesitan herramientas para afrontar los conflictos y también un espacio donde expresar lo que están viviendo. “Es necesario que tengan una acogida, una validación emocional. Que la gente, los familiares, se sientan comprendidos que cualquier emoción que surja se valide”, señala. Tristeza, enfado, ira, hastío o incluso la sensación de no poder aguantar más forman parte de una realidad que, según el psicólogo, también necesita ser atendida. “Todas esas emociones se tienen que dar por válidas”, suma.

Asimismo, el estudio identifica factores que pueden actuar como escudo. El acceso a pensiones, prestaciones sociales y el reconocimiento oficial de situaciones de dependencia aparecen asociados a una menor probabilidad de conductas suicidas.

La protección social, por tanto, no es solo una herramienta para aliviar una situación económica, sino que puede convertirse en “una herramienta de prevención”. “Creo que hay veces que no se asocian todos los problemas económicos con el riesgo a que se presenten estas conductas en un hogar”, apunta Larramona. Por eso, considera necesario “coordinar las políticas, tratarlo como un problema de salud pública, como lo que es”.

La respuesta debería conectar los servicios de salud mental con la atención a las adicciones y con los recursos destinados a afrontar la exclusión, la inseguridad habitacional y los problemas económicos. Además, según cuenta, una familia que está atravesando una adicción al juego puede necesitar ayuda psicológica, pero también puede necesitar apoyo social, económico o habitacional.

Una prevención que llegue antes

La investigación reflexiona también sobre qué ocurre si se interviene cuando el problema ya ha provocado deudas, conflictos familiares o sufrimiento psicológico. Ante esto, sus investigadoras apuntan hacia la prevención y, sobre todo, hacia una mayor coordinación entre los recursos. “El artículo propone tratar el juego como un problema de salud pública y coordinar los servicios de salud mental, atención a los problemas de juego y apoyo frente a la exclusión o la inseguridad habitacional”, señalan.

A juicio de Larramona, uno de los posibles puntos débiles se encuentra precisamente en la conexión entre los distintos organismos: “Quizá el apoyo psicológico está dentro de unos centros y el apoyo más desde trabajo social está en otros centros, por lo que no sé bien en qué medida puede fluir la comunicación”.

A su vez, añade que hay que prestar atención a cómo se puede detectar la adicción antes de que se convierta en un problema mayor. “El juego es un tema que últimamente se están presentando muchísimas formas de juego, muy alternativas a través de las redes, físicamente, y es un tema en el que no hay una conciencia de en qué momento pasa de ser un juego que no presenta problemas a ser un juego con adicción”, advierte.

Padilla reclama también una mayor intervención institucional, sobre todo ante la facilidad de acceso al juego y su presencia en distintos espacios y dispositivos. Al respecto, defiende que “se debería hacer mucho más por parte de las instituciones públicas”: bajo su punto de vista, deberían existir mayores restricciones tanto para menores como para adultos, eliminar las máquinas tragaperras y reforzarse las campañas de prevención.

Mirar la casa para entender el problema

El estudio de la Universidad de Zaragoza no establece una relación automática entre trastorno por juego y suicidio, sino que recuerda cómo las conductas suicidas no aparecen en el vacío. Hay hogares donde coinciden problemas económicos, precariedad laboral, inseguridad residencial, problemas de salud mental, discriminación, abusos, adicciones y conflictos familiares. Y dentro de ese entramado, el trastorno por juego aparece como uno de los factores con una asociación más intensa con las conductas suicidas.

Por eso, las investigadoras defienden que la prevención debe mirar también a quienes están alrededor: “Queríamos poner de relieve que no nos hemos centrado en las conductas suicidas del individuo, sino en la familia, porque se ve imbuida de muchísimos factores”. La conclusión, en definitiva, no es que una apuesta conduzca inevitablemente al suicidio, sino que una adicción puede abrir una grieta que termine afectando a todo el hogar si no se detecta y se aborda a tiempo.

La prevención, por tanto, no pasa solo por decirle a una persona que deje de jugar, sino por detectar las señales, evitar que la deuda se convierta en una condena, proteger a quienes conviven con el problema y conseguir que los recursos de salud mental, adicciones y servicios sociales dejen de funcionar como compartimentos separados. Porque cuando el problema entra en casa, la respuesta también tiene que entrar en casa.

Si detecta alguna situación de este tipo, recordarle que los servicios sanitarios y de urgencias están disponibles las 24 horas del día para ayudar a las personas a fortalecer su salud mental. Para prevenir situaciones de riesgo o para solicitar ayuda, llama al 112 o 024, líneas gratuitas y confidenciales.

El suicidio se puede prevenir. “El primer paso es preguntar acerca de si en algún momento han pensado que, para vivir así, mejor no vivir”, explica Ana Fernández Villar, psiquiatra y coordinadora del área sanitaria de Salud Mental en el Centro Hospitalario Padre Menni. Escuchar, sin juicios ni valoraciones, y después, buscar ayuda de profesionales, ya sean psiquiatras o psicólogos.

Este 10 de septiembre, se celebra el Día Mundial para la prevención del Suicidio bajo el lema Cambiar la narrativa. Habla de seguir trabajando sobre aquellos mitos acerca del suicidio, como que “quien lo dice, no lo hace”, “el suicidio no se puede prevenir”, que “es algo de valientes” o que “preguntar acerca de ideas de suicidio propicia que las personas se suiciden”, explica.

Contra esas creencias, sí que necesario preguntar acerca, siempre en un contexto adecuado. “El suicidio no habla de valientes ni cobardes, nos comunica un profundo sufrimiento”, expresa. “Se puede prevenir y muchas veces las personas hablan acerca de esa ideación antes de hacer un intento, por lo que hay que tenerlo en cuenta”, recomienda.

A su juicio, lo que puede llevar a una persona a suicidarse son múltiples factores “que enraízan en un profundo sufrimiento y en un deseo, no tanto de morir, sino de no continuar viviendo así”. La doctora considera que la desesperanza, la soledad no deseada, el dolor físico o el trastorno mental grave influyen en esa decisión.

El perfil de la persona que llega con ideación suicida a consulta en los últimos años es el de una persona relativamente joven, a veces sin un trastorno mental, pero con una crisis vital sobrevenida. Algunos de los factores que podrían estar influyendo son la soledad que se percibe entre los jóvenes que está generando un mayor aislamiento relacionado con el papel de las redes sociales y los cambios estructurales familiares. También la impulsividad acrecentada por consumo de sustancias o la pérdida de sentido vital entre muchos jóvenes y adultos, considera Fernández Villar.

Por otro lado, no hay que olvidar el suicidio “oculto” de los ancianos. “Una realidad poco evidenciada y hablada, pero que requiere nuestra atención y nuestros esfuerzos por abordarlo y tratarlo”, advierte. En estos casos, algunos factores podrían ser el envejecimiento incapacitante o soledad no deseada.

La experta añade que también existe una relación entre el suicidio y el trastorno mental grave, como la esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno depresivo y trastorno por abuso de sustancias. El riesgo de la conducta suicidio “se incrementa de forma significativa en los casos de comorbilidad psiquiátrica, es decir, cuando coexisten dos o más trastornos mentales en un mismo individuo”. Esta situación intensifica el malestar psíquico y dificulta el acceso o adherencia a tratamiento adecuados, aumentando así la vulnerabilidad.

Señales de alarma

Para poder prevenir el suicidio hace falta advertir las señales de alarma. Hay algunas circunstancias que en algunas personas pueden ser factores de riesgo. Conflictos interpersonales, pérdidas recientes, diagnósticos médicos graves o situaciones de crisis agudas “pueden activar la ideación de poner fin a su vida”. Por otro lado, resulta importante observar si la persona empieza a resolver asuntos pendientes con premura, cambios de carácter bruscos, autolesiones, aumento de la impulsividad, mayor aislamiento. “Ante estas situaciones, es importante aproximarse a la persona, preguntar acerca de la ideación autolítica y buscar ayuda de profesionales”, recomienda la psiquiatra.

El Teléfono de la Esperanza de La Rioja organiza este jueves, 10 de septiembre, en Logroño el acto 'Luz para la esperanza', la cita central del Día Mundial para la Prevención del Suicidio 2026 en La Rioja. El encuentro se iniciará a las 20 horas en la Plaza del Espolón e incluirá la lectura del 'Manifiesto para la prevención del suicidio' y un encendido de velas en memoria de las personas fallecidas por suicidio en 2025, como muestra de apoyo y acompañamiento a sus familiares y amigos.

El acto 'Luz para la esperanza' reunirá a representantes institucionales, entidades sociales y colectivos vinculados con la salud mental y la prevención del suicidio, que compartirán la lectura del manifiesto. Participarán el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán; el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; la directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de La Rioja, Mercedes Martínez; el vicepresidente de la Federación de Empresarios de La Rioja, Carlos del Rey; el médico de Atención Primaria, Antonio Puente; el presidente de Cáritas La Rioja, David García de la Cal; la periodista de NueveCuatroUno, Lara Muga; y Elena Ruiz, jefa de estudios de la SIES de Villamediana.

Tras la lectura, la Plaza del Espolón acogerá el encendido de velas que da nombre a 'Luz para la esperanza'. El gesto servirá para recordar a las personas que fallecieron por suicidio durante 2025 y para trasladar cercanía y apoyo a sus familias y amigos, poniendo también el foco en la necesidad de hablar de prevención, acompañamiento y salud mental.

Programación desde las 10 de la mañana

La jornada comenzará mucho antes del acto central. De 10 a 19,30 horas se habilitará en la Plaza del Espolón un espacio de escucha y sensibilización abierto a toda la ciudadanía, donde se repartirá material informativo y se desarrollarán distintas actividades participativas alrededor de la prevención del suicidio.

Entre ellas habrá murales en los que cada persona podrá identificar y desmontar mitos relacionados con el suicidio, así como compartir sus propias razones para vivir mediante mensajes o fotografías. La iniciativa busca favorecer la conversación y generar un espacio en el que la ciudadanía pueda acercarse a la prevención desde la escucha, la participación y el apoyo comunitario.

La Plaza del Espolón también se sumará a la campaña 'Pedalea por la vida' mediante la instalación de bicicletas estáticas en las que cualquier persona podrá recorrer kilómetros simbólicos por la prevención del suicidio. La distancia acumulada se incorporará al proyecto internacional 'Cycle Around the Globe', impulsado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP).

A la jornada se sumará también la asociación Agarra la Vida, que contará con un espacio propio en la Plaza del Espolón desde las 18 horas. Dentro de esta programación, el músico Alberto Vela presentará en primicia a las 20 horas su nueva canción, 'Sigo en pie', un tema compuesto a partir de sus propias vivencias que habla del dolor, la esperanza y de todo lo que todavía puede quedar por vivir después de atravesar una crisis

Esta actividad cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja a través del Espacio ConectaSuic; el Ayuntamiento de Logroño; el Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad; y la Asociación Agarra la Vida.

Teléfono de la Esperanza de La Rioja

El Teléfono de la Esperanza de La Rioja comenzó a funcionar en La Rioja en noviembre de 2004. A lo largo de sus más de dos décadas de andadura, más de 16.000 personas han participado en sus cursos, talleres y espacios de sensibilización. Ha formado a casi 400 personas como voluntarias, garantizando así la atención 24 horas al día, los 365 días del año, durante más de 20 años.

Actualmente, además de la línea telefónica 717 003 717, el servicio cuenta con un chat por WhatsApp, especialmente útil para los jóvenes. La organización recibió la Medalla de La Rioja en 2025.

El ‘ConectaSuic’ del Gobierno de La Rioja ha realizado más de 1.200 intervenciones con personas en situación de crisis desde la puesta en marcha de esta unidad en marzo de 2025. El dispositivo cuenta actualmente con ocho profesionales dedicados específicamente a este proyecto y coordina recursos de diferentes ámbitos para reforzar la prevención, la atención y el acompañamiento ante la conducta suicida.

El subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional de La Rioja, Carlos Piserra, y la coordinadora de ‘ConectaSuic’, Magdalena Pérez Trenado, han hecho balance este lunes, día 7, de las actuaciones desarrolladas por la Unidad de Atención Integral a la Conducta Suicida en La Rioja en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora el próximo jueves, día 10 de septiembre.

Desde el inicio de su actividad, la unidad ha coordinado más de 1.200 intervenciones con personas en situación de crisis, a través de casos derivados del 112, la Policía Nacional, la Policía Local, Salud Responde, el Teléfono de la Esperanza y el 024. Durante 2025 se atendieron 850 casos, mientras que entre enero y junio de 2026 se ha hecho seguimiento a 374 personas más. Solo en el primer semestre de este año se han realizado más de 200 coordinaciones con 43 servicios diferentes.

Desde marzo de 2025, ‘ConectaSuic’ ha ido construyendo una red que conecta recursos y profesionales y que entiende la prevención del suicidio como una tarea que va mucho más allá de la atención sanitaria. Prevenir también es detectar, escuchar, acompañar, formar, coordinar y estar presentes antes, durante y después de una situación de crisis. En poco más de un año, la unidad ha impulsado actuaciones en los ámbitos de la prevención, la atención sanitaria, las emergencias, la postvención, la formación, la sensibilización y la investigación.

Ocho profesionales trabajan específicamente en el proyecto, al margen de la coordinación permanente con profesionales y servicios de Salud Mental, Atención Primaria, Emergencias, Servicios Sociales, Seguridad, Educación y entidades del tercer sector. Prácticamente todos los programas previstos se encuentran ya implantados o en desarrollo.

El proyecto de ejecución de la sede definitiva de ‘ConectaSuic’, que se ubicará en el antiguo centro de salud Rodríguez Paterna de Logroño, está redactado y la previsión es iniciar las obras de adecuación a partir de 2027. Mientras se prepara esta reforma, se ha habilitado un espacio provisional para desplegar sus programas sociocomunitarios. La actividad de ConectaSuic, por tanto, no está condicionada a la apertura del edificio definitivo: los programas y la coordinación asistencial ya están en marcha.

Prevenir también es estar antes de la crisis

“Hay momentos en los que pedir ayuda puede ser difícil. Momentos en los que una persona puede no saber dónde acudir, un familiar puede no saber cómo actuar o un profesional puede necesitar apoyo para responder ante una situación de riesgo”, ha señalado Piserra.

En este sentido, según el subdirector general, la prevención comienza mucho antes de que aparezca una situación de emergencia. Por eso, uno de los principales ejes de ConectaSuic es acercar la prevención a los espacios cotidianos en los que puede detectarse una situación de riesgo.

En este ámbito se ha impulsado ‘Prevenprim’, un programa de prevención de primeros intentos de suicidio desde Atención Primaria, vinculado al proyecto de investigación ‘PrevenSuix’, que inicialmente se desarrollará en tres centros de salud de La Rioja. El objetivo es reforzar la capacidad para detectar y prevenir situaciones de riesgo también fuera de los circuitos específicos de Salud Mental.

La prevención llega también a la comunidad a través de actividades grupales dirigidas a personas que afrontan circunstancias que pueden generar una especial vulnerabilidad, como un duelo, una enfermedad física crónica, soledad no deseada o responsabilidades de cuidado.

Acompañar después de una pérdida

La coordinadora de ‘ConectaSuic’, Magdalena Pérez, ha señalado que “la atención no termina cuando pasa una crisis, tampoco cuando se produce una pérdida”. En este sentido, a lo largo de 2026, en el ámbito de la postvención, ‘ConectaSuic’ ha realizado intervenciones individuales, familiares y grupales con 57 personas que habían perdido a un ser querido por suicidio.

También se ha trabajado con centros educativos y con municipios en los que se han producido fallecimientos por esta causa, ofreciendo acompañamiento y herramientas para afrontar una situación especialmente dolorosa. A su vez, la unidad desarrolla de manera periódica actividades de formación específica para profesionales sanitarios y de emergencias, incluidos los de Salud Mental, 061, bomberos y cuerpos de seguridad. El propósito es mejorar las herramientas para identificar situaciones de riesgo y responder ante ellas, pero también favorecer una actuación coordinada y segura para los propios profesionales.

La investigación es otro de los pilares de ‘ConectaSuic’. La unidad ha activado el Observatorio del Suicidio en La Rioja, en colaboración con profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, una herramienta que permitirá disponer de información más rápida y fiable sobre la realidad de la conducta suicida en la Comunidad y, a partir de ese conocimiento, diseñar actuaciones más ajustadas a sus necesidades.

A este trabajo se suman nuevas herramientas tecnológicas, como el chatbot PrevenIA, que ofrece información fiable y segura a la población general, y una aplicación móvil destinada a la monitorización de factores de riesgo en personas en situación de crisis.

Durante 2026 se ha incorporado asimismo una línea de trabajo dirigida a la identificación de puntos críticos en Logroño y al estudio de medidas disuasorias, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, bomberos y Policía Municipal, con el objetivo de reducir el acceso a medios letales.

Sensibilización

Hablar de prevención significa también hablar de sensibilización. ConectaSuic ha colaborado en distintas campañas con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre, y el Día Mundial de los Supervivientes, el 22 de noviembre.

En este marco, este próximo jueves participa junto con Teléfono de la Esperanza y Agarra la Vida en la campaña correspondiente a 2026 del citado Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Las actividades se realizarán durante todo el día en El Espolón, en Logroño, con un acto central a las 20:00 horas.

La unidad trabaja igualmente con los medios de comunicación de La Rioja, ofreciendo asesoramiento especializado para favorecer un tratamiento responsable de la información relacionada con el suicidio y contribuir a una comunicación que ayude a prevenir y no a aumentar el riesgo. Porque la prevención también pasa por cómo hablamos de este problema: con responsabilidad, con sensibilidad y poniendo en el centro a las personas.

El propósito de ‘ConectaSuic’ es que la respuesta ante la conducta suicida no dependa de un único recurso, sino de una red capaz de detectar, acompañar y coordinarse cuando más se necesita. El foco está en mejorar la capacidad de prevención y respuesta y en facilitar que las personas en situación de sufrimiento encuentren ayuda a tiempo. ‘ConectaSuic’ continúa así avanzando en un modelo basado en la prevención, la coordinación y el trabajo conjunto entre profesionales, instituciones y comunidad, con una mirada integral que busca mejorar la capacidad de respuesta de La Rioja.

El reto solidario y de ultrafondo 'Romper el silencio', que busca visibilizar la importancia de la salud mental y la prevención del suicidio, recala esta semana en Cantabria. La comunidad acogerá tres de las 30 maratones consecutivas que pretende realizar este mes el bombero Jaime Domínguez (JimmyGo) para completar un total de 3.953 kilómetros, uno por cada persona que murió por suicidio en España en 2024.

La primera de las pruebas cántabras se celebra este mismo lunes, 17 de agosto, y tiene como escenario Castro Urdiales, con una etapa de 42 kilómetros que discurrirá por parte del municipio y puntos como el Parque Amestoy y Cotolino.

Le seguirán el martes 18 una por Laredo y otra el miércoles por Santander.

En la capital, el recorrido se desarrollará principalmente por la zona del Sardinero y la Península de la Magdalena, realizando vueltas de aproximadamente 10 kilómetros.

La actividad está abierta a toda persona que quiera unirse sin que sea necesario completar los 42 kilómetros de cada etapa. Con este reto, se busca concienciar sobre la importancia “de hablar, escuchar y pedir ayuda” para prevenir el suicidio, ha informado la organización.

Los niños, niñas y adolescentes de nuestros días están creciendo en un entorno radicalmente distinto al de hace apenas una década. Hoy, gran parte de su vida se desarrolla también en lo digital: allí se informan, se relacionan y construyen su identidad.

Y, sin embargo, como sociedad, a menudo seguimos actuando como si ese espacio fuese secundario.

Los datos lo dejan claro. La conexión empieza cada vez antes: la edad media de acceso al primer móvil se sitúa en torno a los 10,8 años, y en Castilla-La Mancha el 57,3% del alumnado de Primaria ya dispone de teléfono propio, porcentaje que supera el 95% en la ESO. Además, el 94,1% de adolescentes de la región está registrado en redes sociales y casi el 80% en tres o más plataformas.

No hablamos de un fenómeno puntual, sino de un cambio estructural que afecta directamente al bienestar de la infancia. El problema no es la tecnología. El problema es cómo la estamos integrando -o no- en sus vidas.

El reciente informe sobre Infancia, Adolescencia y Bienestar digital, elaborado por UNICEF España junto con la Universidad de Santiago de Compostela, el Consejo General de Ingeniería Informática y Red.es, que recoge la voz de casi 100.000 niños, niñas y adolescentes en España -cerca de 3.400 de Castilla-La Mancha-, muestra señales de alerta claras. En Castilla-La Mancha, el 10% del alumnado reconoce haber sufrido ciberacoso en algún momento, mientras que uno de cada tres adolescentes que ha tenido pareja declara haber sufrido violencia digital de forma frecuente.

Estas experiencias no se quedan en la pantalla. Impactan directamente en la salud mental. En nuestra comunidad autónoma, el 14,4% del alumnado presenta síntomas claros de malestar emocional y un 7% se encuentra en situación de riesgo suicida elevado. Al mismo tiempo, los propios adolescentes nos están enviando una señal inequívoca: más de la mitad expresa necesidad de desconectar del entorno digital. Nos están diciendo que algo no funciona.

Mientras tanto, el entorno digital sigue sin ofrecer las garantías necesarias. En Castilla-La Mancha, el 59,2% del alumnado reconoce interactuar con personas desconocidas en internet y un 14,1% ha llegado a quedar presencialmente con alguien conocido únicamente online. Además, el 7,4% afirma haber recibido proposiciones sexuales por parte de adultos a través de la red.

En Castilla-La Mancha, el 59,2% del alumnado reconoce interactuar con personas desconocidas en internet y un 14,1% ha llegado a quedar presencialmente con alguien conocido únicamente online

¿Aceptaríamos estos riesgos en el mundo físico? La respuesta es evidente. Y, sin embargo, en el entorno digital seguimos normalizando situaciones que no deberíamos tolerar.

Tampoco podemos ignorar otros indicadores preocupantes: el 42,8% de adolescentes duerme con el móvil en su habitación, lo que se asocia a un aumento significativo de conductas de riesgo.

Y aunque las familias desempeñan un papel clave, solo una minoría establece límites claros sobre el uso o los contenidos digitales.

No podemos seguir mirando hacia otro lado. El bienestar digital de la infancia no es un asunto menor: es una cuestión de salud pública, de derechos y de futuro

La realidad indica claramente que estamos ante un desafío colectivo. Por eso, este es el momento de actuar de manera coordinada, tanto desde las familias -acompañando y poniendo límites-, como desde los centros educativos -reforzando la educación digital y el uso responsable de la tecnología- y desde las administraciones -impulsando políticas públicas que protejan de forma efectiva a la infancia en el entorno digital-, sin olvidar la necesidad de exigir también al sector tecnológico que asuma su responsabilidad en el diseño de entornos seguros.

No podemos seguir mirando hacia otro lado. El bienestar digital de la infancia no es un asunto menor: es una cuestión de salud pública, de derechos y de futuro.

Castilla-La Mancha tiene una oportunidad clara: avanzar en un modelo que combine protección, educación y participación infantil. Un modelo en el que la infancia no sea solo usuaria, sino protagonista de un entorno digital más seguro y más humano. La tecnología puede ser una gran oportunidad. Pero solo lo será si situamos en el centro a quienes más debemos proteger.

Ahora que ya ha bajado la efervescencia en torno a la visita del Papa y sus palabras y sus actos durante los días que pasó en nuestro país, es cuando yo le doy vueltas a ciertas cosas que me parecen de mayor envergadura que las bendiciones, las inauguraciones y los conciertos masivos.

Que el máximo representante de la Iglesia Católica esté en contra del aborto es algo que ya no sorprende ni extraña a nadie a pesar de lo injusto y absurdo del planteamiento y de la idea, pero hay otra cosa que sí me resulta curiosa y muy preocupante: habla el Santo Pontífice del “fin natural de la vida”, de que toda vida es sagrada y debe ser protegida desde la concepción hasta el fin natural de la vida. Y yo aquí me pregunto -¿qué le voy a hacer si a mí las palabras me parecen importantes, cruciales, incluso?- a qué se refiere León XIV con eso de “natural”.

Es fundamental ponernos de acuerdo en el significado de las palabras que empleamos porque, de lo contrario, es imposible que lleguemos a entendernos.

Antes de la existencia de los antibióticos -por poner un ejemplo- morirse de cualquier infección que hoy se cura en unos días era algo perfectamente natural. Si Dios tenía a bien que contrajeras una enfermedad o te enviaba una infección o una sepsis, te morías cumpliendo su voluntad y ¡listos!, de modo “natural”, sin ningún tipo de injerencia humana.

¿Podemos considerar natural una operación a corazón abierto? ¿Un trasplante de órganos? ¿Una cadera de titanio? ¿Cuántos príncipes de la Iglesia, o clero de menor jerarquía o simples fieles católicos llevan un marcapasos? ¿Es “natural” un marcapasos?

Si Dios te ha creado con problemas cardíacos, lo natural es que te mueras cuando tu corazón deja “naturalmente” de latir. Pero no. Ahora te pueden implantar un motorcillo nuevo que hace que tu corazón siga latiendo incluso cuando el deterioro del resto de tu cuerpo está muy avanzado. E incluso si caes en coma, hoy en día se te puede mantener en ese estado crepuscular durante mucho más tiempo del que el propio paciente y su familia consideran llevadero. ¿No habíamos quedado en que hay que apoyar el fin natural de la vida? ¿Dónde está la naturalidad de llenar de tubos a una pobre persona que no volverá a poder llevar una vida consciente?

¿Por qué, ahora, de pronto, son naturales los implantes, las transfusiones, los trasplantes de órganos… y, sin embargo, el suicidio o la eutanasia no se consideran naturales? Retorcemos la lengua como mejor puede servir a nuestros fines y mucha gente ni siquiera se da cuenta de que se está produciendo ese retorcimiento para manipularnos.

También se decía hasta hace muy poco que la anticoncepción no era admisible porque no era natural mientras que un trasplante de hígado -pongamos por caso- sí era aceptable. ¿Qué tiene de natural -dentro de la mentalidad católica- que a una persona le cambien un órgano que Dios le había concedido (sabiendo que llegaría un momento en el que se iba a estropear; Dios es omnisciente y, por tanto, tenía que saberlo), y le pongan el de otra persona? 

Me parece maravilloso que hayamos progresado tanto en terrenos médicos, farmacológicos, biológicos, químicos, etc. Siempre he sido una entusiasta de las vacunas, de los fármacos, de la anestesia, de las técnicas que nos quitan el dolor, que, nos sanan y prolongan nuestra vida, cuando deseamos esa prolongación. Y, al parecer, a la Santa Madre Iglesia tampoco le parece mal que -contrariando la voluntad de Dios- tomemos medicinas creadas en laboratorios, nos operemos de toda clase de enfermedades, firmemos la aprobación a un trasplante y usemos todo tipo de medios “no naturales” para arañar unos años más sobre esta Tierra. Lo que sí les parece mal a los santos varones de la Iglesia es que una persona -en uso y disfrute del libre albedrío otorgado por Dios- decida poner fin a su vida cuando mejor le parezca. 

Lo más sorprendente es la “explicación” que dan: eso de que no es natural. ¿En qué quedamos, entonces? ¿Natural es lo que conviene a los hombres -todos son hombres- que toman las decisiones en la Iglesia? Al menos deberían molestarse en montar una argumentación intelectualmente aceptable y no despachar a la clientela con frases manidas y desprovistas de contenido como eso de lo que es o no es “natural”.

No me siento obligada a respetar la ideas e imposiciones de la jerarquía eclesiástica, pero me parece realmente grave que usen ese vocabulario para estigmatizar (como siempre han hecho) a las personas que usan su libertad para decidir lo que quieren hacer en su vida y con su vida. Me parece terrible que mucha gente sufra por ello y encuentro peligrosísimo que muchas de las leyes de países no confesionales (como es el nuestro) se vean influenciadas por ese tipo de pensamiento.

¿Durante cuánto tiempo hemos vivido aplastados por lo que a la Iglesia Católica le parecía natural o no? ¿Cuánto sufrimiento han causado a lo largo de los siglos la condena del aborto, de la anticoncepción, del divorcio, de la homosexualidad, del suicidio, de la eutanasia… todo lo que a los prelados les parecía “antinatural”?

Poco a poco se han ido consiguiendo ciertos triunfos, pero siempre muy despacio y con la constante amenaza de dar pasos atrás.

La verdad, yo tampoco encuentro natural que haya una institución exclusivamente masculina (salvo para los trabajos menos apreciados, sin voz y sin voto) que se arrogue el derecho a decirnos a todas y a todos lo que es natural y lo que no lo es.

Eso sí, desde que Juan Pablo II matizó las condiciones del Infierno, ya sin fuego, diablos y tormentos, y el papa Francisco lo calificó de “vacío”, ya no poseen el arma que tan bien les ha funcionado durante siglos: la amenaza y el terror. Vamos avanzando en dirección a la libertad individual, pero seguimos teniendo que saltar obstáculos, lo que resulta a veces estimulante, pero la mayor parte de las veces simplemente agotador.

El proceso judicial que impulsó la cántabra Nuria Terán tras perder a su pareja ha desembocado en dos sentencias prácticamente únicas en España. La primera declaró que el suicidio de su marido fue un accidente laboral. La segunda que las aseguradoras no pueden excluir el suicidio de sus pólizas de accidentes. Ahora su familia cobrará los 100.000 euros de la indemnización en caso de fallecimiento por accidente de la póliza que contrató el fallecido con Santander Generales Seguros y Reaseguros, S.A.

Una sentencia “pionera” en España, reconoce la abogada Celia Carbonell que ha defendido el caso. “Tenemos algunos casos por acuerdo extrajudicial, pero es la primera vez que un juez reconoce que el suicidio es un accidente porque es involuntario”, subraya.

No obstante, la letrada precisa que más allá de este veredicto individual las compañías aseguradoras no pueden excluir el suicidio como accidente. La Ley del contrato del seguro dice que cualquier tipo de suicidio debe de estar cubierto a partir del primer año de la contratación “salvo pacto contrario”, precisan algunos contratos, pero en referencia al periodo de tiempo que podría reducirse, por ejemplo, a seis meses. Pero no excluirlo de la categoría de accidente. Una consideración que podría ayudar a otras familias que estén atravesando circunstancias similares.

A preguntas de elDiario.es, el abogado de Santander Generales Seguros y Reaseguros, S.A., en nombre de la compañía, ha declinado hacer declaraciones.

Un accidente ajeno a la voluntad de la persona

El juzgado de primera instancia número 10 de Santander ha estimado la demanda de la viuda del hombre que contrató un seguro de accidentes de protección integral en 2020. Un año después se suicidó. El Tribunal Supremo confirmó en 2024 que fue un accidente laboral: “La decisión de quitarse la vida estuvo vinculada de manera próxima y más que directa con su trabajo y, en concreto, con la situación derivada de la demanda por acoso laboral y las consecuencias de la misma”.

La familia reclamó en los tribunales la indemnización correspondiente a la póliza de accidentes y el juzgado les ha dado la razón. La sentencia no es firme y contra ella se puede presentar recurso en la Audiencia Provincial de Cantabria.

La sentencia concluye que el suicidio no fue voluntario, sino provocado por las circunstancias laborales: “Debe entenderse acreditada la ausencia de intencionalidad o voluntad dolosa del asegurado en la causación del suicidio”. Es decir, que es un accidente porque es ajeno a la voluntad de la persona.

La muerte por suicidio fue la fase final de un proceso patológico inducido por el entorno laboral, dice la jueza Ana Isabel Viaña. Según argumenta, no fue por tanto un acto intencionado, sino que “la capacidad decisoria del asegurado estaba absolutamente comprometida por su entorno laboral”, que se encontraba “en un estado de distorsión cognitiva y de miedo insuperable”, incompatible con el concepto de intencionalidad “por carecer de la conciencia necesaria para que pudiera imputársele tal decisión”, concluye.

Agentes de la Policía Nacional han salvado la vida de un hombre que presentaba una profunda herida en el cuello después de acceder de urgencia a su vivienda y practicarle maniobras de primeros auxilios para frenar una grave hemorragia.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de mayo, cuando los policías, que se encontraban realizando labores de patrullaje, fueron requeridos por un ciudadano que aseguró haber recibido un mensaje de despedida de un amigo acompañado de una fotografía en la que aparecía tendido en el suelo y ensangrentado.

Según ha informado este martes la Policía Nacional en un comunicado, ante la gravedad de la situación, los agentes se desplazaron inmediatamente al domicilio del hombre. Una vez allí, tras llamar a la puerta, escucharon quejidos y peticiones de auxilio desde el interior de la vivienda.

Al considerar que existía un riesgo inminente para la vida de la víctima, los policías decidieron acceder al inmueble mediante el derribo de la puerta.

Dentro localizaron a un hombre tendido en el suelo con una profunda herida inciso-contusa en el cuello, presuntamente causada por él mismo con un arma blanca.

Los agentes actuaron de forma inmediata aplicando técnicas de primeros auxilios y control de hemorragias, logrando contener la pérdida de sangre y mantener con vida al herido mientras llegaban los servicios sanitarios, que ya habían sido movilizados.

Según informó la Policía Nacional, cuando los recursos médicos llegaron al lugar, la víctima presentaba síntomas compatibles con un cuadro de shock hipovolémico y un avanzado estado de hipotermia debido a la importante pérdida de sangre sufrida.

La rápida actuación conjunta de los agentes y del personal sanitario permitió estabilizar al hombre y evitar un desenlace fatal.

Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Canarias, donde fue intervenido quirúrgicamente. 

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, ha detallado que abrirá un expediente sancionador al Centro Educativo Irlandesas Loreto de Sevilla en el marco del caso de Sandra Peña, la niña sevillana de 14 años que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, al haber comprobado que no se activó el protocolo contra el acoso escolar y pese al archivo de la querella interpuesta por la familia contra el centro.

En declaraciones a medios de comunicación en una visita el Instituto de Educación Secundaria Antonio Machado, la consejera se ha referido al archivo de la querella interpuesta por los padres de Sandra Peña contra el colegio y docentes del mismo, entre ellos el director, la jefa de estudios y la tutora de la menor, al considerar el juez que si bien “no consta que se activara el protocolo de acoso escolar”, sí “se adoptaron medidas con separación de las posibles alumnas acosadoras y otras complementarias”.

“Nosotros, desde el punto de vista administrativo, formal, tenemos claro que no se abrieron los protocolos y, por tanto, hay una responsabilidad vinculada a esa no apertura del protocolo”, ha añadido al respecto.

Al hilo, ha explicado que “en el momento de los hechos, se detectó que no se habían iniciado los protocolos”. “Por ello, llevamos a cabo una Comisión de Conciliación”, prevista en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. “Esta comisión ha finalizado. También estábamos pendientes de ver cómo iba actuando la autoridad judicial, como no podemos hacerlo de otra manera. Pero esta comisión ha terminado sin acuerdo, y, por tanto, lo que procede ahora es la apertura de un expediente sancionador por incumplimiento de las normas”, ha aclarado.

La consejera ha incidido en que, por el momento, la consejería se encuentra a la espera de las conclusiones de la Fiscalía de Menores respecto al informe sobre acoso escolar que atravesó la sevillana en el centro en el que cursaba sus estudios. “Cuando tengamos eso, llevaremos a cabo el expediente sancionador, en eso estamos, pero siempre esperamos a los procedimientos judiciales”, ha esgrimido Castillo.

Sobre la pérdida del concierto por parte del referido centro, Castillo ha vuelto a insistir en que será la instrucción la que determinará la evolución del caso, así como las conclusiones de la fiscalía de menores y la resolución judicial.

Si la infracción fue leve, el mismo podría ser sancionado con un apercibimiento, en caso de ser grave, “normalmente con sanciones de tipo económico”, o muy grave, que “son las que pueden dar lugar, además de una sanción económica, a la pérdida del concierto”, explicó en su momento la Consejería.

El Defensor del Pueblo ha abierto este jueves una investigación ante diferentes administraciones públicas “para conocer qué medidas están llevando a cabo para abordar las posibles consecuencias nocivas en menores de edad por ciertos contenidos que marcan los algoritmos de las redes sociales”, ha informado la institución en un comunicado. La actuación se dirige ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad y la Fiscalía General del Estado.

La investigación se origina a raíz de la queja del progenitor de una menor con antecedentes de autolesiones e intento de suicidio, que recibía sistemáticamente publicaciones sobre prácticas suicidas en la red social X. Antes de acudir a la institución dirigida por Ángel Gabilondo, el padre denunció la situación ante la propia plataforma tecnológica, pero la empresa rechazó eliminar las publicaciones tras considerar que su contenido era acorde con la legalidad.

“Inicialmente, es el menor el que voluntariamente accede a esas redes buscando determinado contenido o incorporándose a grupos en los que se difunden prácticas peligrosas. Posteriormente, es el propio algoritmo el que detecta este comportamiento y proporciona información nociva de forma automática”, detalla el Defensor del Pueblo.

Inicialmente, es el menor el que voluntariamente accede a esas redes buscando determinado contenido. Posteriormente, es el propio algoritmo el que proporciona información nociva de forma automática

Defensor del Pueblo

Esta situación puede inducir a los menores “a riesgos para su integridad física e incluso para su vida” como “consecuencia del uso de las redes sociales”, ya que quedan “expuestos a contenidos nocivos”, avisa la institución.

Para determinar los mecanismos de control institucionales, Gabilondo ha requerido a Telecomunicaciones detalles sobre las actuaciones previstas para evitar estas situaciones. El Defensor del Pueblo solicita saber si existe la posibilidad de informar de estas circunstancias a las plataformas tecnológicas para proceder a la supresión del contenido y controlar las publicaciones futuras. Asimismo, al Comisionado de Salud Mental le pide que aclare si dispone de medios de asistencia inmediata para que los menores o sus familiares reciban información sobre el protocolo a seguir. Por último, la Fiscalía General del Estado deberá detallar las acciones penales emprendidas en relación este tipo de hechos y aclarar si las empresas que gestionan las redes sociales adoptan las medidas dictadas por los órganos judiciales.

Se suma al debate sobre redes y menores

Este requerimiento coincide con el debate parlamentario en el Congreso sobre la Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, una propuesta normativa que plantea elevar la edad mínima para el uso de redes sociales de los 14 años actuales a los 16. El Gobierno ha fijado esta medida como una de las prioridades para este 2026 y ya tiene lista una aplicación móvil que forzaría a todos los usuarios a verificar su edad para acceder a las redes con el objetivo de bloquear completamente su uso por menores de 16.

La iniciativa del Ejecutivo está inspirada en Australia, que prohibió el uso de plataformas digitales a los menores de 16 años bajo multas millonarias para las empresas tecnológicas. No obstante, los primeros informes oficiales del regulador australiano constatan que el 70% de los adolescentes que ya utilizaban redes como Instagram, TikTok o Snapchat ha logrado mantener el acceso mediante herramientas de anonimización como redes privadas virtuales o identidades falsas.

El debate sobre la aplicación de la Ley, en caso de que sea aprobada por el Congreso, se prevé acalorado. Las principales patronales del sector tecnológico recelan de los planes del Gobierno. Lo consideran “un control duro” que añade un proceso de identificación desproporcionado para los adultos, defendiendo en su lugar soluciones flexibles basadas en la concienciación y las herramientas de control parental.