Autoridades navarras, familiares y compañeros de la Policía Foral han despedido este jueves en el tanatorio de Pamplona a los cinco policías forales fallecidos en un accidente de tráfico. Los agentes Fermín Sola Barrena, Jesús María Vidaurreta Fernández, Miguel Crespo Obanos, Juan Martín Domínguez Villar y Miguel Antonio d'Entremont Jiménez, se dirigían a una formación en la base de Iurreta (en Bizkaia) cuando colisionaron con un camión cisterna este miércoles en la autopista AP-8, a la altura de Elgoibar (Gipuzkoa). En el accidente murieron todos los ocupantes de la furgoneta en la que viajaban los policías y el camionero aún se encuentra hospitalizado.

Entre las autoridades que han acudido al velatorio a dar el pésame a las familias de los agentes fallecidos se encontraban la presidenta María Chivite y el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, entre otros. También ha acudido el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; la consejera de Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío; y el vicepresidente y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, además de dirigentes políticos como Uxue Barkos, parlamentarios y concejales del Ayuntamiento de Pamplona. Los familiares y compañeros de los agentes fallecidos también han recibido las condolencias de representantes del resto de cuerpos de seguridad operativos: Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal de Pamplona y el Ejército.

Los cuerpos de los fallecidos, tras los trámites realizados en Euskadi, llegaron a Navarra anoche, escoltados por sus compañeros de la Policía Foral, y serán velados durante este jueves. Este viernes por la tarde se celebrará un funeral conjunto en la Catedral de la capital navarra y previsiblemente la próxima semana tendrá lugar un homenaje civil.

El jefe de la Policía Foral, Iván Ortuerta, ha asegurado a su llegada al tanatorio que la muerte de los cinco agentes es un “golpe muy duro” que va a costar digerir ya que todos ellos eran “perfiles personales y profesionales muy queridos por toda la organización”. “El cuerpo está muy tocado, eran personas de mucha valía personal y profesionalmente”, ha sostenido el jefe de la Policía Foral, quien ha reconocido que las “unidades de intervención en las que han desarrollado su labor profesional están especialmente tocadas”.

Previamente, Ortueta, junto con otros mandos y agentes de la Policía Foral, han asistido en el Parlamento de Navarra a la lectura de una declaración institucional en recuerdo de los agentes fallecidos y a un minuto de silencio en su memoria. En la Cámara navarra, donde se ha mostrado su “reconocimiento, respeto y gratitud” a los agentes que perdieron la vida en el accidente por su “compromiso y vocación de servicio”, se han vivido momentos emotivos de pésame y abrazos entre compañeros y entre policías y autoridades. Allí ha descrito el duelo como un “trance” muy “duro” en el que se debe poner el foco en las familias y los compañeros, al tiempo que ha agradecido la “infinidad” de muestras de apoyo, afecto y cariño que están recibiendo de todas las instituciones públicas del Estado y de Navarra, así como de cuerpos autonómicos y de la sociedad civil.

A su salida del tanatorio, la presidenta Chivite ha señalado a los medios de comunicación: “He querido transmitir a las familias las condolencias de todo el Gobierno, mío personal, pero en realidad del conjunto de la ciudadanía navarra”. “[La Policía Foral] es la institución más querida y se demuestra en estos momentos, porque ha sido abrumador las muestras de pésame, de condolencias y de cariño que no solo la ciudadanía navarra, sino desde todos los puntos de España hemos recibido y he querido transmitírselo así a las familias”, ha expresado.

Por su parte, el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, ha destacado que es “un momento para estar con las familias y para estar también con los compañeros de los cinco fallecidos” en el accidente, que ha supuesto “un auténtico drama, una pérdida devastadora”. El Ayuntamiento de Pamplona, tal y como ha indicado, transmitió su pésame, en nombre de toda la ciudad, a la presidenta del Gobierno y al vicepresidente. “Estaremos acompañando estos días en lo que se pueda; en estas circunstancias no es mucho lo que se puede hacer, pero en la medida de las posibilidades, estar con las familias, trasladarles el pésame del Ayuntamiento”, ha asegurado.

La Guardia Civil de Bizkaia ha investigado a tres personas como supuestas autoras de un delito de usurpación de funciones públicas, por hacerse pasar por guardias civiles con el objetivo de recabar información sobre una mujer vinculada a un caso de violencia de género. Uno de los investigados mantenía una relación sentimental con la mujer y convivía con ella en Barakaldo.

Según ha informado el instituto armado, la investigación se inició a mediados de septiembre de 2025, cuando la coordinadora del centro asesor de la mujer con sede en Bizkaia -que ofrece apoyo gratuito y confidencial a víctimas- presentó una denuncia al tener conocimiento de que una usuaria había recibido un mensaje SMS en su teléfono móvil. En el mensaje, el remitente se identificaba como guardia civil destinado en una unidad de la Comandancia de Bizkaia, se interesaba por su situación personal y le preguntaba si había vuelto a tener problemas con su expareja, según recoge Europa Press.

La denunciante trató de verificar la identidad del supuesto agente mediante una llamada telefónica. Aunque inicialmente no obtuvo respuesta, minutos después le respondieron desde ese mismo número. En esta ocasión, el interlocutor volvió a identificarse como miembro de la Guardia Civil, e incluso aportó un nombre y un supuesto número profesional.

Durante la conversación afirmó que su interés radicaba en conocer la situación de la víctima dentro del Sistema de Seguimiento de Casos de Violencia de Género (VioGén), así como averiguar si existía algún procedimiento en curso relacionado con el presunto autor de los hechos. La coordinadora se negó a facilitar dato alguno, por el carácter reservado de la información, y dio finalizada la conversación. A partir de ese momento, los guardias civiles iniciaron las indagaciones y centraron las sospechas en el entorno personal de la víctima.

“Información sensible”

Como consecuencia, se identificó a tres personas que habrían participado en los hechos utilizando una línea telefónica adquirida de forma presencial por uno de ellos, quien posteriormente la habría facilitado al resto para llevar a cabo la suplantación. La investigación revela que los implicados no solo enviaron el mensaje inicial, sino que reforzaron la simulación mediante una conversación telefónica en la que se hicieron pasar por agentes pertenecientes a una unidad de investigación de la Guardia Civil en Bilbao.

El objetivo era obtener “información sensible” sobre la situación personal de la víctima, “vulnerando los protocolos establecidos y aprovechándose de la confianza que genera la identidad institucional”. Uno de los investigados mantenía en la actualidad una relación sentimental con la mujer por la que se interesaba y convivía con ella en Barakaldo (Bizkaia). Esta circunstancia, según la Guardia Civil, refuerza la intencionalidad de los hechos investigados.

Cinco agentes de la Policía Foral de Navarra han fallecido este miércoles en un accidente de tráfico, al colisionar la furgoneta en la que se desplazaban a una formación en Iurreta (Bizkaia) con un camión cisterna. Eran Fermín Sola Barrena, Jesús María Vidaurreta Fernández, Miguel Crespo Obanos, Juan Martín Domínguez Villar y Miguel Antonio d'Entremont Jiménez. Con un vídeo en el que se muestran su lugar de trabajo, algunas fotografías y reconocimientos que han recibido por su desempeño profesional, la Policía Foral ha señalado que la huella que dejan es “imborrable” y les ha agradecido su “ejemplo, entrega y compañerismo”.

“Hoy recordamos con profundo dolor, respeto y un amor infinito a nuestros cinco compañeros de la División de Intervención que nos han dejado. Cinco vidas entregadas al servicio de los demás, cinco referentes que dejan un vacío imposible de llenar en la familia de la Policía Foral y en sus propios hogares”, ha expresado el cuerpo a través de un mensaje difundido en la red social X. “Eran grandes personas, grandes profesionales. Dejan un vacío enorme, porque eran, de verdad, destacados perfiles. Estamos tratanto de pasar este trance tan duro que nos ha tocado”, ha señalado este jueves Iván Ortueta, jefe de la Policía Foral, en un homenaje que se ha celebrado el Parlamento. Ha habido una declaración institucional y se ha guardado un minuto de silencio en su honor.

Tanto la presidenta de Navarra, María Chivite, como el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, han publicado mensajes de condolencia en redes sociales. “Estoy consternada por el terrible accidente en el que han fallecido cinco miembros de [la Policía Foral de Navarra]. Todo mi cariño a sus familias y compañeras y compañeros por la pérdida de nuestros servidores públicos. El Gobierno de Navarra y yo misma os acompañamos en este momento de dolor”, ha señalado Chivite. “Mi más profundo pesar por el fallecimiento de cinco agentes de la Policía Foral de Navarra en el trágico accidente ocurrido esta mañana. Todo nuestro apoyo y solidaridad, en nombre del Gobierno de España, a sus familias, compañeros y seres queridos en estos momentos de dolor”, ha escrito este miércoles, también en X, Pedro Sánchez.

¿Quiénes eran los agentes fallecidos? Acompañando a la despedida, la Policía Foral ha publicado una breve semblanza de cada uno de ellos.

Fermín Sola Barrena, comisario

Conocido por sus amigos como 'Mintxo', tenía 52 años y más de tres décadas de antigüedad en la Policía Foral a sus espaldas. “Un líder nato, referente de su división y un profesional incansable. Siempre predispuesto a ayudar de manera desinteresada, con un corazón volcado en los demás, y especialmente a su familia”, se destaca de él.

Jesús María Vidaurreta Fernández, subinspector

De 55 años, dirigía uno de los grupos operativos de la Brigada de Intervención. “La lealtad, generosidad y el sacrificio hechos policía. Su vocación era innata, anteponiendo siempre el servicio y cuidando con orgullo infinito de la institución y de su querida familia, tan ligada a nuestro Cuerpo”, apuntan sobre él. Según recoge 'Noticias de Navarra', estuvo primero destinado en la División de Tráfico y se incorporó después a la Unidad Móvil de Intervención, ahora conocida como División de Intervención.

Miguel Crespo Obanos, agente del GIE

Tenía 48 años y era agente del Grupo de Intervenciones Especiales. “Un compañero ejemplar con una profesionalidad extrema y un compromiso inquebrantable. Trabajador incansable, pilar de su unidad y entregado por entero a su familia, el verdadero motor de su vida”, se destaca de él en la semblanza. Según 'Noticias de Gipuzkoa', pasó por la División de Intervención y la Brigada Central de Prevención y Atención Ciudadana antes de recalar en el Grupo de Intervenciones Especiales.

Juan Martín Domínguez Villar, agente del GOAM

Tenía 44 años y se desempeñaba como agente del Grupo Operativo de Apoyo al Mando. “Discreto, servicial y poseedor de una enorme capacidad de entrega. El motor del engranaje diario de su división, un profesional intachable y un padre de familia profundamente pendiente y orgulloso de los suyos”, apunta la Policía Foral, a la que se incorporó en 2000.

Miguel Antonio d'Entremont Jiménez, agente del GIE

De 35 años, era agente del Grupo de Intervenciones Especiales. “Su eterna sonrisa y su optimismo iluminaban los momentos más duros. Joven, deportista y con una vocación inmensa, estaba entregado por entero a su familia, su mayor logro, y orgulloso de pertenecer a este cuerpo”, escribe la Policía Foral. Apunta 'Noticias de Gipuzkoa' que se sumó al cuerpo en 2021. Primero estuvo encuadrado en el Grupo de Intervención y Atención Ciudadana de las comisarías de Alsasua y Tafalla y tres años más tarde, ya en 2024, pasó al Grupo de Intervenciones Especiales.

Recordar una cara puede decidir el destino de una persona. Las ruedas de reconocimiento nacieron para ayudar a testigos y víctimas a señalar a un posible autor entre varias personas o fotografías con rasgos parecidos, de modo que la elección tenga algún valor probatorio. Su organización suele buscar que el sospechoso no destaque frente al resto y que quien dirige el procedimiento influya lo menos posible.

Aunque el cine y las series las han convertido en una imagen muy asociada a Estados Unidos, estos métodos existen en numerosos países y forman parte habitual de investigaciones policiales. El problema aparece cuando una identificación errónea adquiere una importancia excesiva. En los casos más graves, un recuerdo equivocado puede contribuir a condenas de enorme dureza e incluso a ejecuciones.

Un asesinato en Texas terminó en una condena a muerte

Según Nature, un antiguo asesinato ocurrido en Texas ha terminado convirtiéndose en uno de los ejemplos más citados dentro de la discusión científica sobre la memoria. El reportaje de Ruairi J. Mackenzie relata la situación de Charles Don Flores, condenado a muerte tras un proceso en el que el testimonio de una vecina acabó teniendo un papel decisivo pese a la ausencia de pruebas físicas concluyentes que lo vincularan al crimen.

La revisión de ese caso atrajo la atención de John Wixted, investigador de la Universidad de California en San Diego. Durante años observó que muchos estudios sobre testimonios agrupaban errores muy distintos dentro de la misma categoría estadística. Para él, señalar por error a un sospechoso inocente no equivale a escoger a otra persona de la rueda de reconocimiento.

Junto con la psicóloga Laura Mickes, de la Universidad de Bristol, replanteó la forma de analizar esos resultados mediante un sistema denominado análisis de confianza-precisión. El planteamiento era claro: cuando un testigo identifica a alguien con un determinado grado de seguridad, ¿qué probabilidad existe de que esté acertando?

La discusión surgió porque la memoria llevaba décadas asociada a una enorme fragilidad. Numerosos especialistas defendían que recordar se parece más a reconstruir que a reproducir un hecho pasado. Cada evocación puede alterar parcialmente el recuerdo anterior e introducir detalles que nunca estuvieron allí. Esa idea acabó teniendo una enorme influencia en los tribunales porque obligaba a contemplar los testimonios con cautela.

Entre las figuras más influyentes aparece Elizabeth Loftus, investigadora que ya en los años 70 mostró hasta qué punto las sugerencias podían alterar recuerdos o incluso crear otros completamente falsos. La llegada posterior de las pruebas de ADN reforzó esas dudas. Muchas condenas fueron anuladas cuando los análisis demostraron que los acusados eran inocentes. En una gran cantidad de esos procesos, las identificaciones erróneas de testigos tuvieron un papel destacado.

Gary Wells, psicólogo de la Universidad Estatal de Iowa, también llamó la atención sobre los problemas de las ruedas de reconocimiento. Explicó que los sesgos pueden colarse durante el procedimiento si quien lo dirige conoce la identidad del sospechoso o si determinadas señales influyen en la decisión del testigo. Wells defendió además que rechazar una rueda de reconocimiento aporta información relevante y no debería interpretarse automáticamente como un fallo sin importancia.

Jill Barganier acabó señalando a Flores en el juicio

El caso de Flores contiene varios de esos elementos. Tras el asesinato de Betty Black en 1998, la vecina Jill Barganier describió inicialmente a dos hombres blancos con el pelo largo. Flores era latino y llevaba el cabello corto. La testigo participó después en una sesión de hipnosis forense, práctica abandonada posteriormente en Texas y en otras jurisdicciones. También rechazó una rueda fotográfica en la que aparecía Flores y colaboró en la elaboración de un retrato que tampoco se parecía a él. Sin embargo, más de un año después declaró en el juicio que estaba “más del 100% segura” de que era uno de los implicados. Esa identificación terminó teniendo una posición esencial en la acusación.

Los trabajos revisados por Wixted ofrecieron un matiz importante. En determinadas circunstancias, las identificaciones realizadas con mucha seguridad desde el primer momento alcanzaban niveles de acierto cercanos al 97%. Eso no convierte cualquier recuerdo en una prueba fiable. Los investigadores subrayan que deben cumplirse condiciones estrictas, como ruedas organizadas mediante procedimientos de doble ciego, fotografías similares entre sí y registro inmediato del nivel de confianza del testigo.

La lentitud de la justicia para incorporar estos cambios sigue siendo una de las principales preocupaciones. Innocence Project ha señalado durante años los riesgos asociados a las identificaciones erróneas. Algunos territorios ya han introducido reformas, como protocolos de doble ciego, grabaciones en vídeo y sistemas para registrar de inmediato la seguridad expresada por los testigos.

Mientras tanto, Charles Don Flores continúa esperando que el Tribunal Supremo de Estados Unidos acepte revisar una condena que se ha convertido en uno de los casos más citados sobre la fiabilidad de los testimonios: cuándo un recuerdo merece confianza y cuándo puede conducir a un error irreparable.

Miembros de Global Sumud Flotilla han interpuesto este martes una querella criminal en el Tribunal de Instancia de Bilbao por “brutalidad policial” contra la Ertzaintza y contra el consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, del PNV, tras las cargas que tuvieron lugar el pasado 23 de mayo, a la llegada de los activistas al aeropuerto de Loiu. “Hemos interpuesto una querella criminal en representación de Global Sumud Flotilla como acusación popular por los hechos ocurridos en el aeropuerto de Loiu cuando llegaron los voluntarios de la Flotilla. Euskal Herria entera y parte del mundo vieron las imágenes. La Ertzaintza utilizó una vez más una brutalidad policial totalmente innecesaria y desproporcionada. Violentamente tiraron al suelo a los miembros de la Flotilla y cuando estaban en el suelo siguieron golpeándoles con sus bastones policiales. Estas personas acababan de sobrevivir días de secuestro de gran violencia a manos de las fuerzas de ocupación israelíes y cuando llegaron a Loiu fueron golpeadas por la Ertzaintza de forma brutal”, ha denunciado la abogada de los activistas Haizea Ziluaga, tras presentar la querella.

Junto a ella han acudido al juzgado una docena de personas que han mostrado banderas de Palestina y fotografías de las heridas provocadas por la Ertzaintza durante las cargas tras las cuales detuvo a cuatro personas acusadas de desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad. Según informó en aquel momento el Departamento vasco de Seguridad, tras lo sucedido, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza inició una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajustó a las instrucciones en vigor.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, pidió perdón en inglés por las cargas en una comparecencia en el Parlamento Vasco, pero después en castellano y euskera aclaró que la presencia policial en la terminal estaba justificada y que todo arrancó con una “agresión” a un agente de la autoridad y hasta recalcó que entre los activistas había dos exmiembros de ETA, uno condenado a seis años de prisión y la otra a doce. Preguntado el pasado viernes por el tema en la sesión de control al Gobierno, no volvió a realizar ninguna referencia directa al operativo e insistió en que hay un problema en la sociedad vasca porque se está perdiendo el principio de “autoridad” y aseguró que, “mientras tenga la confianza del lehendakari”, Imanol Pradales, seguirá trabajando para garantizar el “orden”.

“A nosotras nos corresponde denunciar lo sucedido y, como acusación popular, pedir responsabilidades. Las declaraciones del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que asumió en primera persona lo sucedido, son inaceptables. Niega lo evidente”, ha criticado la abogada en referencia a sus afirmaciones de que la carga de la Ertzaintza fue “provocada” por una “agresión previa” a un agente.

Según ha destacado, la denuncia va dirigida contra los agentes de la Ertzaintza que actuaron en Loiu, contra los que dirigieron esa “operación policial brutal” y contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, por “detención ilegal, lesiones y delito de odio”, entre otros. “Nos hemos visto obligadas en más de una ocasión a tener que venir al juzgado a defender la solidaridad con el pueblo de Palestina. Denunciar el genocidio que está cometiendo el Estado sionista de Israel es un derecho civil y político y nosotras seguiremos ejecutando este derecho porque es nuestra obligación”, ha concluido la abogada.

Sergio, María y Fátima tienen, como mínimo, dos cosas en común: son policías nacionales y han estado infiltrados en el Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR Madrid). Este colectivo, creado hace ocho años para aunar las luchas y defender lo que entienden como “presos políticos”, se ha visto en la picota del Estado durante gran parte de su existencia. elDiario.es pasó una tarde con tres de sus integrantes rodeados de carteles políticos y mientras varias personas acuden a su clase de guitarra e intercambio de idiomas en el centro social okupado La Rosa. Hablaron de su historia, las manifestaciones que terminaron en cargas y la solidaridad entre colectivos. También de la escucha necesaria para afrontar con cuidados las infiltraciones y cómo estas acciones policiales golpean al colectivo.

Las movilizaciones a favor de la libertad de Valtonyc, rapero que en 2018 se exilió en Bélgica tras ser condenado por enaltecimiento del terrorismo y sus autores y humillación a sus víctimas y calumnias e injurias graves al rey, fueron el germen de la creación del MAR Madrid en 2018. “Vimos que no era operante el crear una asamblea por cada caso represivo que iba saliendo. Queríamos algo perenne donde poder estar organizados, donde no hacer un trabajo solo reactivo, sino también lanzar nuestras propias campañas”, completa Unai, activista que integra el colectivo desde el principio.

El primer gran hito que recuerdan los activistas del MAR Madrid fue la manifestación en octubre de aquel año por la amnistía total de los “presos políticos”. “Hacía décadas que Madrid no salía a la calle por una demanda así”, recalca Marco Fernández, otro de sus integrantes. Según definen, un preso político es “cualquier persona antifascista, que al final engloba todo activista de izquierdas, encarcelada por llevar a cabo una lucha política colectiva y organizada”.

El procés, Hasel y el apoyo a otros colectivos

Un año después, su habitual manifestación de octubre coincidió con la sentencia a los presos del procés catalán, lo que conllevó una asistencia inusitada a la protesta. “El Mundo, que no es muy afín a nosotros, dijo que éramos 7.000 personas, así que yo calculo que podríamos ser el doble”, comenta Fernández. Aquella movilización de 2019 terminó con un intento de corte de la Gran Vía de la capital y duras cargas policiales en Callao, donde los agentes gasearon a manifestantes y periodistas. Más de una decena de personas terminaron detenidas. Antes, el mismo día en que se hizo pública la sentencia, Dani Gallardo había caído detenido en una protesta similar, convocada también por el MAR Madrid, en la Puerta del Sol.

La persecución judicial al rapero Pablo Hasel hizo que el MAR Madrid volviera a salir a las calles en 2021. “Convocamos una gran movilización en Sol y, el sábado siguiente, en Callao. Para entonces, ya habíamos sufrido una campaña mediática tremenda y una guerra psicológica brutal”, recuerda el mismo Fernández. Uri, una de sus compañeras, añade que un mes después intentaron responder con una manifestación organizada con más colectivos. En aquella ocasión, se vieron rodeados de agentes y de unidades de intervención policial llegadas a la capital incluso de otras provincias.

Mientras hacen el turno que una vez al mes les toca en La Rosa, ubicada en la calle de Toledo de la capital, los tres activistas relatan que sus acciones suelen estar basadas en la agitación y propaganda a base del reparto de panfletos, pintadas en las paredes, charlas de formación, jornadas antirrepresivas y convocatoria de manifestaciones. Por otro lado, a lo largo de su existencia han prestado apoyo a colectivos como Extinction Rebellion, Futuro Vegetal, 8M Tetuán, el colectivo de presos políticos antifascistas y sindicatos. También impulsaron el grupo de apoyo madrileño a Las 6 de la Suiza y fundaron el podcast La Mecha, donde entrevistan a activistas, abogados y periodistas.

Ocho puntos a reivindicar

La principal exigencia del MAR Madrid es la “liberación de todos los presos políticos sin distinción, sin importar sus métodos de lucha y sin tener que pedir perdón ni estar arrepentidos”. En su programa aparecen otras demandas como un “amplio indulto para los presos sociales o comunes”, el retorno de los exiliados y la derogación de todas las leyes represivas, “y no solo la ley mordaza, sino también la ley de Extranjería, de Huelga, de Partidos y pactos antiterroristas”, matiza Fernández.

Asimismo, exigen la disolución de la Audiencia Nacional y el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, el derecho de autodeterminación de las naciones, la erradicación de la tortura y los malos tratos, además de un “castigo ejemplar para los torturadores”, una “verdadera” memoria histórica y el sobreseimiento y anulación de todos los procesos judiciales abiertos por causas políticas y sociales, así como la devolución de todas las sanciones.

Enfrentar las infiltraciones desde lo colectivo

En los últimos años, el MAR Madrid ha sufrido varias infiltraciones policiales. La primera la destapó El Salto. Sergio había estado espiando al MAR Madrid y Distrito 14 desde 2015 hasta 2021. La segunda, publicada por elDiario.es en 2024, llegó entre 2020 y 2023, cuando María se introdujo en el MAR Madrid y Distrito 104. Este mismo mayo, El Salto ha desenmascarado a Fátima, que se integró en el MAR Madrid, Anticapitalistas y BDS a Israel desde 2023 a 2025.

Uri asegura que el colectivo lo ha llevado “con bastante calma, aunque suene sorprendente”, y recalca que “todas las personas infiltradas procedían de otros colectivos”. Así se explica la activista: “No quiero decir que en otros sitios se haga peor la gestión de detectar infiltrados ni que nosotros seamos más listos. Simplemente, es para dejar ver que es una cosa que pasa, que ha pasado y que pasará siempre, por desgracia, porque es otra forma de represión”. Esta dinámica de infiltraciones lleva a pensar al MAR Madrid que “algo bueno debe significar si para el Estado somos tan relevantes”.

Sobreponerse a este tipo de impactos es algo que el colectivo ha aprendido a hacer a través de la escucha, los cuidados y el apoyo mutuo, así como en la confianza y camaradería entre compañeros. “Hay que hablarlo con tranquilidad, tratar los miedos que cada persona puede tener y saber que esto no pasa porque sí, que no nos pasa solo a nosotros, y que es muy importante estar preparados para la represión”, confirma Fernández.

Luchar contra la desconfianza

Tratar la infiltración desde la colectividad también lleva a no caer en la paranoia. “El Estado ya tiene mucha información de ti. Lo que no podemos hacer es caer en el miedo”, agrega Unai. Se refiere a un colectivo que en su presentación pública advirtió que no aceptarían ningún integrante que no viniera de otra organización. “Hace mucho más daño tener tanto miedo como para tomar esa decisión que la información que pueda sacar la Policía de una infiltración. Ahí sí que ya ha ganado la Policía”, opina.

Asimismo, Uri subraya que “todo” lo que hacen y cuentan “ya lo sabe todo el mundo” y que siempre firman sus acciones. “A nosotros no nos da vergüenza decir que defendemos a los presos políticos, que nos vas a ver parando desahucios o que vamos a ir a manifestaciones antifascistas”, ilustra la integrante del colectivo. Fernández, por su parte, apunta que las infiltraciones son ejemplo de la falta del derecho a la libre organización: “No caemos en la paranoia, pero esto lo seguimos denunciando. Nosotros siempre hablamos de la falta de derechos y libertades en España, y aquí hay una falta del derecho a la organización política independiente”.

Ninguno de los integrantes del MAR Madrid tiene causas pendientes con la justicia. Siempre que se ha intentado recabar la perspectiva de la Policía Nacional sobre estas infiltraciones, no han respondido. El Ministerio del Interior siempre ha contestado lo mismo: “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantizan la seguridad y el libre ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en el marco del artículo 104 de la Constitución Española, como corresponde a su función en el Estado de Derecho. Actúan siempre en esos términos, con estricto sometimiento al ordenamiento jurídico”.

Un Estado que siempre los mira

El estreno de la película La infiltrada en 2024 suscitó grandes críticas en colectivos como el MAR Madrid. Cuando dicen que son artefactos culturales para “blanquear” estas prácticas, agregan que saben que Silvia, la última agente que formó parte del colectivo, se identificaba con la película y enviaba el tráiler a su círculo más cercano para explicar cuál era su cometido real.

“Nosotros utilizamos cauces pacíficos, pero es que vemos mal cualquier infiltración policial en cualquier movimiento, al igual que nos oponemos a cualquier tortura o condena judicial”, reconoce Uri. El último espionaje realizado ha tenido lugar en Catalunya, donde dos agentes de los Mossos espiaron una asamblea de profesores en Barcelona.

Desde el punto de vista de Fernández, el haber sufrido tres infiltraciones en el último tiempo connota que el MAR Madrid siempre ha estado en el punto de mira del Estado, según sus propios términos. “Esto prueba que estamos en lo cierto en lo que denunciamos, que no hay democracia, que no hay libertad, que hay represión… Y eso le hace daño al Estado”, concluye.

A finais dos anos 80 Johnny Depp pasou de ser un actor de reparto a ter o papel estelar forrando as carpetas de milleiros de adolescentes grazas a unha serie de televisión chamada 21 Jump Street (Nuevos Policías en España). Nela, Depp e un grupo de policías tan lampos coma el facíanse pasar por adolescentes para infiltrarse nos institutos estadounidenses na procura de actos delituosos. A serie foi un éxito de público e ninguén se preguntou que pintaba unha banda de señores adultos alternando con menores de idade como se fosen os seus amigos. Moitos anos e moitos tiroteos reais despois, o goberno federal comezou a investir cartos a mancheas nun programa que dotaba os institutos de axentes de policía uniformados (School Resource Officers), porque meter máis xente armada dentro das escolas era a única medida que non enfurecía ao todopoderoso lobby da Asociación do Rifle. Numerosas investigacións xornalísticas revelaron que o feito de ter un policía armado nunha escola non protexía contra os tiroteos. O que si aumentou neste cuarto de século foi o número de estudantes detidos cada ano nas escolas americanas, moitas veces por simples problemas disciplinarios como lanzar avións de papel durante a clase ou ter unha perrencha. Como xa seguramente adiviñarían, unha porcentaxe desproporcionada deses estudantes que sacaron esposados das escolas eran negros ou latinos, algúns de tan só 5 anos.

Agora que leo que o goberno de Catalunya vai despregar a policía autonómica nalgúns institutos apelando á conflitividade, non preciso remitirme ao exemplo americano para saber a quen van considerar conflitivo os axentes. A quen paran normalmente, a quen cachean con máis frecuencia, con quen se lles vai a man disparando a taser ou aplicando unha chave no pescozo. Organizacións como Amnistía Internacional e SOS Racismo advirten do nesgo racista da policía española á hora de realizar identificacións e controis arbitrarios en espazos públicos, sería moi inocente pensar que isto non vai ser exactamente igual nun centro de ensino. Perante as críticas, os defensores da medida (a consellería de educación e a propia policía) argumentaron que se trata de axentes formados en mediación, idóneos para traballar no ámbito escolar. Pregúntome se terán máis formación e experiencia que todo o persoal especialista de orientación e apoio que as asembleas docentes levan anos reclamando aló.

É ben curioso que se coe esta iniciativa no discurso sobre o ensino público cando varias comunidades teñen o seu profesorado mobilizado con reivindicacións moi concretas que nada teñen que ver coa policía. Nas seis xornadas de folga que levamos na Galiza este curso, nas concentracións, nas asembleas de docentes, xamais vin reivindicar presencia policial nos centros. Cando o profesorado se queixa da perda de respecto, está a queixarse dun problema social que ten que ver con como estamos a educar, colectivamente, á rapazada, e que non se resolve con autoritarismo. Por suposto que os problemas que atravesan os institutos son complexos e multicausais, calquera profe que se pasase os últimos meses calculando penosamente a súa variación de postos na estimación do concurso de traslados pode dicirlles que, canto a problemáticas dos centros, hai unha diferenza importante entre centros de interior e centros de costa, de cidade e rurais. E así e todo, se un dos problemas é a falta de respecto, nada desautoriza máis a un docente que a presencia policial na súa aula. Cando a policía entra nun centro de ensino perdemos todos. O profesorado perde autoridade para resolver conflitos e o alumnado perde a confianza no profesorado.

O único que gaña, como sempre, é este modelo ultraliberal que importamos dos Estados Unidos ao mesmo tempo que as series de acción, que afoga os servizos públicos infradotándoos e presenta a privatización como única alternativa viábel. A última liña de defensa diante desa deriva somos nós, profesorado, familias e toda a comunidade, como están a demostrar as asembleas do ensino público aquí na Galiza, e tamén noutros lugares. Será por iso que, no penúltimo capítulo do que soubemos, a policía decidiu que non abondaba con exercer de mediadores nos centros e pasaron a infiltrarse nunha asemblea de profesorado. Se cadra sempre fora esa, a do profesorado en loita, a conflitividade que realmente lles preocupaba.

El auto del juez José Luis Calama del pasado 18 de mayo en el que imputó al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, falsedad y tráfico de influencias, está centrado en situar al exdirigente socialista como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. La grave acusación la basa en indicios y en conversaciones de terceros, sin que de momento aporte ninguna prueba directa, mensajes o llamadas del expresidente.

Para sostener la imputación, Calama se basó en al menos dos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que con criterios similares también sitúan a Zapatero en la “cúspide” de la trama. En su auto, el juez copió y pegó directamente al menos dos de los argumentos policiales en los que se basa la acusación y utilizó unas expresiones muy similares en al menos otras dos ocasiones. Esta costumbre es habitual en los jueces de la Audiencia Nacional:

El control de la trama

En el auto, el juez habla de ese supuesto control de la trama por parte de Zapatero “a través de la dirección de los clientes de Análisis Relevante, las instrucciones dictadas para la constitución de sociedades en el extranjero para presuntamente recibir pagos o las diferentes estrategias seguidas para tratar de desvincularse a de las actividades de la trama”.

En el informe de la UDEF, la Policía considera que el supuesto liderazgo de Zapatero se acredita “a través de la dirección ejercida en relación a los clientes de Análisis Relevante, las instrucciones dictadas para la constitución de sociedades en el extranjero para presuntamente recibir pagos o las diferentes estrategias seguidas para tratar de desvincular a Zapatero de las actividades de la red”.

Los presuntos testaferros

En su auto, el juez plasma que Zapatero dirige la trama “situándose Julio Martínez Martínez como titular de las sociedades que se constituyen a efectos de encubrir los mecanismos reales de toma de decisiones”.

La UDEF, por su parte, había descrito en su informe el papel de Julio Martínez Martínez como titular de sociedades destinadas a “encubrir los mecanismos reales de toma de decisiones, esto es, la verdadera dirección ejercida por Zapatero”.

El supuesto liderazgo

“Su liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión”, dice el juez en su auto.

Los policías concluyen en sus informes en varias ocasiones que Zapatero ejerce “un liderazgo no visible en la estructura formal, realizando una supervisión estratégica.

En el “vértice” o la “cúspide”

En su auto, el juez Calama sostiene que “en el vértice de la estructura se sitúa José Luis Rodríguez Zapatero”.

La UDEF lo menciona así: “En la cúspide de la red de influencia se ubicaría José Luis Rodríguez Zapatero”.

La empresa de Dubái

El juez transcribe de forma literal el hallazgo policial sobre la reunión del 26 de enero de 2021 en la que supuestamente se fraguó la creación de una empresa en Dubái de la que responsabiliza a Zapatero. El magistrado habla en su auto de la celebración el “día 26.01.2021 de una reunión organizada por José Luis Rodríguez Zapatero, a la que acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco, al objeto de constituir una sociedad filial al 100% de en Dubai, Landside Dubai Fzco”.

El informe de la UDEF había señalado, igualmente, “La reunión de fecha 26/01/2021 organizada por José Luis Rodríguez Zapatero a la que acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco, al objeto de constituir una sociedad filial al 100% de IDELLA en Dubai, Landside Dubai Fzco”.

El Gobierno vasco ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre el Departamento de Seguridad y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) con el objetivo de reforzar la seguridad y protección de las personas con discapacidad, especialmente de quienes desarrollan la actividad de venta de productos de lotería de la ONCE. El acuerdo establece un nuevo marco de colaboración entre la Ertzaintza y la ONCE para prevenir delitos como robos, hurtos y fraudes que puedan afectar a este colectivo vulnerable, avanzando en la seguridad y autonomía de las personas afiliadas a la ONCE y de quienes trabajan diariamente en la venta de sus productos.

A través de este convenio, la Ertzaintza participará en jornadas y acciones formativas dirigidas a las personas vendedoras de la ONCE para mejorar sus capacidades de autoprotección y prevención ante posibles hechos delictivos. Estas actividades incluirán recomendaciones prácticas para actuar ante intentos de robo, hurto o fraude, así como orientaciones para facilitar la comunicación y colaboración con los servicios policiales en caso de incidente. Asimismo, se desarrollarán materiales informativos accesibles y sesiones prácticas sobre seguridad adaptadas a las necesidades específicas del colectivo, según recoge Europa Press.

El acuerdo contempla también actuaciones específicas dirigidas a personas mayores afiliadas a la ONCE, con programas de sensibilización y formación adaptados a sus características y grado de discapacidad. Además, la ONCE, mediante su Unidad de Prevención del Fraude, colaborará activamente con el Departamento de Seguridad en la detección e investigación de posibles actividades fraudulentas o ilícitas relacionadas con la venta ilegal de lotería o el uso indebido de la imagen de la organización.

La colaboración, que tendrá una vigencia inicial de cuatro años prorrogable hasta otros cuatro adicionales, incluirá igualmente el intercambio ágil de información de interés para ambas entidades y la creación de una comisión de seguimiento integrada por representantes del Departamento de Seguridad y de la ONCE para evaluar el desarrollo del convenio y proponer nuevas líneas de actuación.

Entre los días 20 y 21 de mayo se celebrará en Toledo la 53ª Conferencia Regional Europea de Interpol, la Organización Internacional de Policía Criminal, a la que asistirán más de un centenar de representantes de 50 países.

El encuentro contará además con la presencia del vocal miembro del Comité Ejecutivo de las Américas, el representante de Canadá, y Australia, Brasil y Benín como países miembros de Interpol.

La 53ª Conferencia Regional Europea abordará, entre otros asuntos, la lucha contra las redes de delincuencia organizada, el abuso sexual infantil en la Red, la ciberdelincuencia, la lucha contra los centros de estafas, las amenazas emergentes de drogas en Europa y la trata de personas.

En paralelo, unos 180 agentes de Policía Nacional de una decena de unidades especializadas vigilarán la celebración, este miércoles y jueves del evento que se celebrará en el Hotel Palacio de Buenavista de Toledo.

Un dispositivo que ha explicado este martes, en declaraciones a los medios, el inspector jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Francisco Javier Gómez, que ha explicado que entre las unidades participantes en el dispositivo están medios aéreos, unidades especializadas de guías caninos o unidades de subsuelo para “garantizar que el dispositivo se desarrolle con total normalidad”.

Los agentes, ha explicado el inspector jefe, pertenecen en gran medida a la Comisaría Provincial y la Jefatura de la Policía en Toledo, así como de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Toledo y Albacete y de los Grupos Operativos de Respuesta (GOR) tanto de la Comisaría Provincial como de Talavera de la Reina.

Guías caninos y unidades de subsuelo en el dispositivo

También ha detallado que los guías caninos y las unidades de subsuelo que forman parte del dispositivo llegan a través de la colaboración de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

Francisco Javier Gómez ha explicado que esta organización viene preparándose desde hace dos meses a través de reuniones operativas y ha reconocido que en los cuatro días de duración del dispositivo se va a notar “un incremento efectivo” de los agentes en las calles de la ciudad, pero ha insistido en que el grueso del mismo va a centralizarse en el Hotel Palacio de Buenavista en el que se desarrolla el evento.

En estos momentos, a un día de comenzar la conferencia, el dispositivo se encuentra en una fase previa y ya se han hecho requisas tanto del interior del hotel como del exterior para “garantizar la seguridad”.

Gómez ha recordado que en la Conferencia Regional Europea de Interpol van a participar mandos policiales de 50 países miembros de Interpol para debatir sus cuestiones de seguridad internacional y combatir el crimen internacional, lo que implica que en el evento podrían participar unas 200 personas.

El Govern ha pedido disculpas este miércoles por la infiltración de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de profesores que fue descubierta por docentes del sindicato CGT hace una semana. Lo ha hecho la consellera de Interior, Núria Parlon, que ha comparecido en el Parlament acompañada del director de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. “Es una maniobra operativa bien intencionada pero mal planteada, desafortunada”, ha dicho Parlon, que sin embargo ha defendido que el cuerpo lleve a cabo este tipo de infiltraciones como uno de los métodos legales a su alcance para recoger la información necesaria ante movilizaciones y protestas.

“Una maniobra mal planteada, mal calculada, puede entorpecer la confianza entre los movimientos sociales y el cuerpo de Mossos d'Esquadra”, ha lamentado Parlon que, como Trapero, ha asegurado que lo busca la policía catalana nunca es evitar que se ejerza el derecho a la protesta o manifestación sino “que los espacios de protesta sean seguros”. Por esta razón, los responsables políticos han anunciado abrir una “información reservada” para aclarar los hechos, como paso previo a un posible expediente informativo.

Parlon además ha reiterado, como ya expresó la portavoz Sílvia Peneque este martes, que la infiltración fue siempre una decisión operativa, en la que la parte política no tuvo nada que ver. “Nosotros políticamente debemos respetar la autonomía policial. Estas actuaciones están sujetas a norma pero son mejorables”, ha asegurado, antes de que Trapero haya anunciado que, tras este incidente, el proceso de decisión sobre “prácticas de obtención de información” recaerá en “áreas más elevadas”, es decir, una supervisión de rango más alto sobre este tipo de prácticas.

En su turno de intervención, Trapero ha defendido la obtención de información en situaciones de conflictividad laboral o social como una de las herramientas claves del cuerpo, por lo que no ha descartado que una infiltración en una asamblea pueda repetirse. “En ningún caso la obtención de la información tiene como objetivo impedir ningún derecho, por el contrario, tiene como objetivo garantizar que se puede ejercer”, ha defendido, para luego asegurar: “Las actuaciones de captación de información ni son indiscriminadas ni se hacen de forma generalizada, solo aquellas que por sus antecedentes, no vinculados al convocante, lo hacen necesario”.

El director general de la Policía ha asegurado además que todas las actuaciones operativas se revisan bajo los parámetros de oportunidad y de proporcionalidad y, en este caso, ha reconocido que la infiltración de las dos agentes no fue “oportuna”. “Los antecedentes y las movilizaciones previas no lo justificaban”, ha dicho, aunque ha negado “mala fe o actitud antidemocrática”. Por su parte, también ha querido dejar claro que la actuación policial no tiene conexión con el contencioso laboral que mantienen profesores y departamento de Educación.

Otro de los aspectos que ha recalcado tanto Trapero como Parlon es que durante el mandato de este Govern no se ha hecho “ningún cambio en la operativa respecto a lo que se ha venido haciendo siempre”. “El responsable de la Comisaria General de Información es el mismo que en las tres gobiernos anteriores y las técnicas de obtención de informción son las mismas”, ha dicho, dando a entender que la infiltración en colectivos laborales ocurriá también bajo el mandato de partidos que ahora lo critican, como ERC, que pidió el cese de Trapero.

Pero las explicaciones no han convencido ni a la mayoría de la oposición ni a los socios del Govern, que han cargado con dureza contra Parlon y Trapero. “Esto no se parece al modelo policial que Catalunya ha construido durante tantos y tantos años, se parece más a la policía política. El Govern de Illa ha perdido el norte”, ha asegurado Josep Rius. El portavoz de Junts ha dado por hecho que la consellera de Educación, Ester Niubó, conocía el operativo y la información recopilada por los Mossos, un extremo que el Govern desmiente tajantamente, pero que para Rius explicaría la actuación de Educación ante las huelgas de maestros.

Desde ERC la diputada Laia Cañigueral ha reiterado su petición de cese de Trapero pues ha considerado que el hecho es “de enorme gravedad” porque los policías se infiltraron en asambleas preparatorias de huelgas laborales, algo que entienden contrario a los derechos sindicales y de reunión. Cañigueral ha asegurado además que la consellera y el director general se han “escudado” detrás del cuerpo de los Mossos, por lo que la diputada ha asegurado que sus críticas son contra la dirección política, no contra los agentes.

“Hace falta un giro de 180 grados del Departamento de Interior en relación a las protestas”, ha asegurado el diputado Andrés García Berrio, de los Comuns, quien sí ha valorado como positivo que la consellera haya pedido disculpas, pero que también ha calificado el gesto de insuficiente. El diputado ha indicado además que la recopilación de información de fuentes abiertas que tienen encomendada los Mossos nunca puede suponer invadir una asamblea cerrada de un sindicato, por que a su entender se vulneran derechos fundamentales.

Junts se ha sumado a la lista de partidos de la oposición que exigen dimisiones en masa por los recientes escándalos con los Mossos. Como ya hicieron este viernes los socios de Illa en el Govern, el partido de Puigdemont ha salido a la palestra para exigir la destitución del director general del cuerpo, Josep Lluís Trapero, así como la de las conselleres de Interior, Núria Parlon, y Educación, Esther Niubó por la infiltración de dos agentes de la policía catalana en una asamblea de profesores.

Hasta este sábado, los postconvergents se limitaron a exigir explicaciones a un Govern que pasó más de 24 horas sin aclarar si los Mossos habían ordenado -y por qué- infiltrar a agentes en las reuniones convocadas por el sector para preparar las huelgas convocadas durante este final de curso. Pero ahora han decidido subir la apuesta y pedir ceses: “Es un Govern fallido”, ha apuntado Jordi Turull, secretario general del partido en una atención a medios.

Desde la formación lamentan que Illa “trate a los profesores como delincuentes” y ha añadido que “espiar reuniones de maestros es algo que sólo hacen las dictaduras”. Turull ha cargado duramente contra el President, afeándole que se “llene la boca” hablando de la lucha contra la extrema derecha y la defensa de las libertades, mientras perpetra “ataques a derechos fundamentales como el de reunión o huelga”.

Después de horas de silencio, la dirección general de la Policia, que ocupa Trapero, emitió un comunicado el pasado viernes para “aclarar el marco legal y la finalidad de las actuaciones que han generado debate público en los últimos días”, en velada referencia al espionaje policial de una asamblea docente. La nota no incluía la petición de disculpas a los profesores exigida por ERC, los Comuns y la CUP.

Interior ha alegado que la Comisaría General de Información de los Mossos tiene atribuidas por ley funciones específicas de recogida y tratamiento de información de carácter operativo “referida a la conflictividad laboral y social”.

El objetivo de estas funciones, añade la nota de Interior, es llevar a cabo una “valoración de amenazas y riesgos”, por lo que no se trata de una decisión “discrecional” del cuerpo policial, sino del “cumplimiento de una obligación normativa”.

En el mismo artículo de la norma se incluyen las funciones de recogida de datos sobre extremismos violentos y toda “actividad criminal que suponga una amenaza para el ejercicio colectivo de las libertades”.

“Los Mossos d'Esquadra respetamos y defendemos el derecho de reunión, el derecho de huelga y la libertad sindical como respetamos el resto de derechos individuales y colectivos”, agrega la nota de Interior, que sitúa como “obligación legal” la garantía de todos los derechos y se pone “a disposición” de los grupos parlamentarios para dar cuenta de la actuación policial.

Esta explicación no ha contentado ni al sector ni a buena parte de la oposición. Los Comuns y ERC -socios de Illa-, así como la CUP y recientemente Junts, han exigido no sólo dimisiones sino también más explicaciones y disculpas por parte del Govern a los professores y a la sociedad en general.

Que Junts exija ahora la dimisión del director general de los Mossos rubrica la ruptura con Trapero, que pasó de ser un héroe para el independentismo debido a su papel com 'major' durante el procés y el 1 de Octubre, a un traidor. Quien llegó a ser imputado por sedición por su papel al frente de la policía catalana durante esas jornadas, decepcionó a sus acólitos durante el juicio del procés, cuando aseguró que nunca había compartido “el plan ideado por el Govern de alcanzar la independencia”. Incluso llegó a afirmar que tenía un “plan” para detener a Puigdemont si así se lo hubiera ordenado el juez.

Tras su absolución, en 2020, Trapero volvió al cargo, pero por poco tiempo. Fue destituído por el Govern de ERC en 2023. Un año después, Trapero fue rescatado por Illa y le nombró director general de la policía catalana, un cargo con mucha más carga política que el de major. De hecho, es la primera vez que este puesto lo ocupa un Mosso d'Esquadra.

Otras dimisiones

En su comparecencia ante los medios, Turull también ha exigido la dimisión de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, debido a la crisis de Rodalies. Esta petición no es nueva: hace más de un año que la formación exige su cese, pero este sábado la han reiterado tras conocerse el descarrilamiento de un tren de mercancías en Rubí este viernes, sólo una semana después de la reapertura de un túnel que estuvo cerrado por obras.

Esta noticia se da, además, el mismo día en que el Govern ha retirado la medida que hacía que Rodalies fuera gratuito hasta que se resolviera la crisis que afecta a la frecuencia y velocidad de los trenes desde el accidente mortal de Gelida, ahora hace tres meses.

Los datos analizados en la Junta Local de Seguridad de Calahorra han confirmado la tendencia a la baja de la tasa de criminalidad situándose en 46,50 infracciones por cada mil habitantes. Se trata de un recorte importante respecto a la cifra del año pasado, el 53,45 (-6,95), y respecto al 2023 cuando la tasa llegó al 55,60 (-9,1).

En esta misma línea, la tasa de detenciones en Calahorra durante el año 2025 se situó en 353,4, mejorando la del año anterior (297,9). De igual manera, los datos también son buenos en cuanto a tasa de esclarecimiento, llegando al 43,3% y mejorando al dato del año anterior (41,6).

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, y la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, han presidido esta mañana la Junta Local de Seguridad para analizar la evolución de las cifras de criminalidad en el municipio.

Asimismo, de acuerdo a los indicadores aportados por la Guardia Civil, en 2025 se conocieron 1.143 infracciones penales -193 menos que en el año 2024-, y se detuvieron a 195 personas -25 más que el año anterior-.

Con respecto a los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, la Guardia Civil tuvo conocimiento durante el año pasado de 21 frente a las 32 del año 2024, 11 menos.

Datos VioGén

Por último, de acuerdo a los datos que proporciona el Sistema VioGén, en la localidad de Calahorra hay 121 casos activos que requieren protección policial, que corresponden a 115 víctimas. De ellos, hay 94 con un riesgo bajo, 25 medio y 2 de riesgo alto. Además, se contabilizan una mujer en situación de especial de vulnerabilidad con menores a su cargo, y 3 mujeres con protección policial. 

Un hombre ha ingresado en prisión después de ser arrestado por la Policía Nacional por la retención ilegal de su vecina, a la que agarró por el cuello para obligarla a acceder por la fuerza a su casa, donde permaneció unas dos horas y media atada de manos.

Según han informado este miércoles fuentes policiales, los hechos ocurrieron en la tarde del pasado viernes, 1 de mayo, cuando la joven iba a salir a la calle. Al bajar la escalera del inmueble donde reside, se encontró con un vecino que vive en el piso inferior al suyo.

El hombre abordó a la víctima preguntándola por temas “banales” y llegó a pedirla que entrase a ver su casa, a lo que ella se negó. En ese instante, la agarró fuertemente por el cuello y la dejó prácticamente sin respiración. A continuación, la introdujo por la fuerza en su domicilio. Una vez dentro, la amenazó para que dejase de gritar, a lo que la chica accedió por temor a lo que pudiera pasar.

Seguidamente, el implicado ató por las muñecas a la mujer, que pasó “mucho miedo” y llegó a temer por su vida durante el tiempo que permaneció con él, ya que vio que disponía de efectos útiles para su inmovilización.

A medida que avanzaba el tiempo, la víctima logró ganarse la confianza del hombre y consiguió que le ofreciera la posibilidad de salir a la calle a dar un paseo por la playa. Cuando llegaron al portal, aprovechó para salir corriendo y pedir ayuda.

Una mujer que la oyó gritar y la vio “asustada” llamó al 091, que desplazó patrullas al lugar que auxiliaron a la joven. Tras relatar lo sucedido a los agentes, comprobaron que presentaba en muñecas y cuello signos compatibles con la fuerza empleada durante el cautiverio descrito.

Así, los efectivos fueron al domicilio de los hechos donde localizaron al sospechoso, que en ningún momento negó nada de lo ocurrido. Fue arrestado como presunto autor de un delito de detención ilegal y trasladado a dependencias policiales.

Mientras, los investigadores, tras la pertinente autorización judicial, entraron al piso del hombre y durante el registro hallaron efectos que corroboraban la versión de la víctima. Concluido el atestado policial, pasó a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión.

La plaza de las Merindades de Pamplona y algunos tramos de la avenida Baja Navarra se han acordonado y desalojado este sábado por la mañana ante la aparición de un paquete sospechoso. Según explican fuentes de la Policía Foral a Europa Press, se ha localizado en la zona un paquete que ha levantado sospechas, lo que ha llevado a activar la Circular Cincuenta, que se refiere al protocolo antiterrorista de actuación policial, según recoge Europa Press.

Así pues, se ha acordonado la zona y se ha desalojado algún edificio colindante. Las zonas afectadas han sido la plaza de las Merindades y algún tramo de la avenida Baja Navarra. Se han movilizado el servicio de guías caninos, la Policía Municipal de Pamplona y la Policía Nacional que están trabajando en estos momentos para valorar la situación.

Efectivos de la unidad de explosivos de la Policía Nacional han acometido una detonación controlada del maletín.

Usansolo, que a finales de 2023 se separó de Galdakao para constituirse como el municipio más joven de Euskadi, contará con un cuerpo de Policía integrado por cuatro agentes. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este miércoles a la solicitud formulada por el Ayuntamiento, alegando que el Departamento de Seguridad ha emitido informes técnicos favorables. Se prevé que Usansolo supere pronto los 5.000 habitantes, escalón de población que exige ya por ley contar con un cuerpo propio.

“La iniciativa responde a la necesidad de dotar al municipio de recursos propios para hacer frente a diversas problemáticas detectadas en el ámbito de la seguridad y la convivencia. Entre ellas destacan el incremento del tráfico y los problemas de estacionamiento derivados, en parte, de la actividad del Hospital Universitario de Usansolo y de las obras del metro, así como la falta de medios para garantizar el cumplimiento de ordenanzas municipales, el control de actividades sujetas a licencia o la inspección de espectáculos, y actividades de comprobación y certificación relacionadas con viviendas”, explica el Gobierno vasco.

Hasta ahora, de las incidencias se ha encargado la Ertzaintza, que, según los datos ofrecidos por el Gobierno vasco, atendió 2.767 durante el año 2025. “La autorización aprobada no tiene impacto económico directo para la Administración autonómica y permitirá avanzar en la mejora de la seguridad, la gestión del tráfico y la convivencia ciudadana en el municipio, reforzando la capacidad de respuesta ante las necesidades específicas de Usansolo”, abunda el Ejecutivo. Serán, según explicita, “una persona con categoría de agente primera y tres agentes de la escala básica”.

El Govern de la Generalitat ha salido a defender su plan piloto para integrar agentes de los Mossos d’Esquadra en 14 escuelas. Ante las protestas que ha generado la noticia entre la comunidad educativa y las familias, ha asegurado que la presencia de policías siempre será “voluntaria” y que “ningún centro ha sido ni será obligado a participar de la iniciativa”, según han apuntado fuentes del Departament de Educación.

Asimismo, han defendido que el proyecto se empezó a trabajar en septiembre de 2025 y a petición de diversos agentes educativos que habían pedido ayuda para gestionar conflictos y mejorar la prevención en los colegios. “No responde a una emergencia, sino a una necesidad estructural”, han insistido desde el Departament, que apunta a que “no hay ningún problema de convivencia” en las escuelas catalanas.

La consellera de Educación, Esther Niubó, ha querido responder a las críticas que ha recibido el plan piloto asegurando que estos agentes “no van a sustituir la función de un docente ni de un educador social”. De hecho, ha insistido en que el diseño de esta prueba se ha desarrollado de la mano de las direcciones de los centros educativos elegidos para estos meses de testeo.

Por contra, este pasado lunes diversos de los centros escogidos para esta prueba convocaron manifestaciones contra la presencia de policías en los centros y denunciando que nadie les había informado sobre la misma. Profesores de dos escuelas de L'Hospitalet participantes en la prueba piloto han explicado que se les comunicó el proyecto el pasado jueves sin ningún tipo de concreción ni detalle. “Es una medida de hechos consumados que no ha pasado por ningún órgano democrático”, ha denunciado Pepa Vidal, docente del instituto Eugeni d’Ors.

De hecho, en una asamblea celebrada este martes, los docentes de tres de los cuatro colegios seleccionados de la zona de Vic han decidido rechazar su participación en la prueba piloto. Preguntada por este gesto, la consellera Niubó ha apuntado que “ninguna dirección” ha solicitado salir formalmente del proyecto.

En esta línea, la consellera ha insistido en la “voluntariedad” de la la medida y reiterado que todas y cada una de las direcciones de los centros han participado en diversas reuniones de coordinación y diseño de la estrategia. “Algunas ya lo habían hablado con su claustro y otros quizás decidieron no comunicarlo a las familias y al profesorado hasta poco antes de la llegada del agente”, ha explicado Niubó, que ha llamado a “respetar la autonomía” de cada centro.

Por el momento, habrá 6 policías -conocidos como Agentes de Convivencia- distribuidos en 14 escuelas de 6 zonas educativas diferentes: El Prat de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Vic, Sabadell (Barcelona), Urgell y la Vall d’Aran (Lleida). Estos centros han sido escogidos por el Departament con la intención de crear “una muestra” que contemple diversas tipologías, etapas y ámbitos territoriales. La consellera Niubó ha querido desmentir que los centros escogidos para la prueba sean todos de alta complejidad ni especialmente conflictivos.

El plan, que ha empezado esta misma semana, todavía no ha llegado a todas las escuelas, ya que habrá policías que tendrán asignados diferentes centros a la vez. Es por eso que su presencia no será permanente en los colegios. El Departament ha aclarado que los mossos -que irán sin arma y vestidos de paisano-, si bien estarán físicamente en las escuelas -nunca en las aulas-, no tendrán un despacho físico pensado para que los alumnos puedan dirigirse directamente a ellos, como sí pueden hacerlo con los educadores sociales.

La función de estos agentes, según el Govern, será la de aportar una “mirada externa y especializada” en mediación de conflictos que puedan superar el ámbito pedagógico. La intención, pues, es que estos mossos sirvan de apoyo al personal educativo. De hecho, “no está previsto los agentes que tengan contacto directo con el alumnado”.

Preguntado por la función concreta de los policías en las escuelas, el Departament ha evitado concretar una respuesta, insistiendo en que se trata de un proyecto piloto y que habrá que esperar a ver cómo decide desarrollarlo cada centro. “Los centros tendrán flexibilidad”, han apuntado. Sí que han concretado que los 6 agentes seleccionados son mossos con experiencia en actividades comunitarias y formación en mediación de conflictos. Incluso, han asegurado, algunos de estos policías ya habían trabajado en los centros que les han sido asignados.

Críticas de la comunidad educativa y las familias

Este plan piloto se dio a conocer el pasado jueves, después de que lo avanzara El País. La noticia desató críticas entre las familias y la comunidad educativa, que han visto con malos ojos esta medida polémica. Por eso, desde el Departament han apuntado que la intención del Govern era no comunicar nada sobre la introducción de los Mossos en las escuelas hasta que finalizara el plan piloto. En septiembre se hará una primera evaluación para introducir ciertas mejoras en el proyecto. El final de la prueba será en diciembre de 2026 y a partir de ahí se evaluará si la idea es “sostenible y escalable”.

En ese supuesto, se estudiaría llevar la presencia de mossos a más escuelas pero, en todo caso, desde el Departament aseguran que tampoco se “obligará nunca” a ninguna escuela a contar con la presencia de un agente.

La consellera Niubó ha insistido en que el proyecto nace de “una demanda del territorio”, pero desde el profesorado insisten en que, aunque sí les preocupa el aumento de la violencia en los centros, nunca se habían reclamado medidas de este calado. “Pedimos una rectificación inmediata. Nadie lo ha pedido”, señala Iolanda Segura, portavoz de USTEC-STEs, el sindicato mayoritario en la educación pública.

Los docentes reivindican que rebajar los incidentes en algunos centros pasa por bajar ratios, desdoblar algunos grupos y desplegar el plan de convivencia con más recursos para coordinación. De hecho, algunas de las fuentes consultadas acusan al Departamento de Educación de recurrir ahora a agentes de policía después de haber eliminado el pasado verano plazas de educadores sociales e integradores que estaban financiadas con fondos europeos. Tanto, que este curso empezó con 120 educadores sociales menos.

“Nos dijeron que era una cuestión presupuestaria y ahora resulta que podemos tener un plan con mossos distribuidos por centros del territorio”, se lamenta Lidón Gasull, presidenta de la asociación de familias de alumnos AFFAC. Desde el Govern han querido aclarar que el plan, que se ha elaborado conjuntamente entre Educación e Interior, se ha desarrollado con recursos de esta segunda conselleria. También han querido incidir en que los Mossos “no vienen a sustituir a ningún otro profesional”, en referencia a los educadores sociales.

A pesar de eso, diversas de las escuelas integradas en la prueba piloto ya han mostrado su rechazo a la iniciativa, que consideran un “insulto”. “No le encontramos ninguna justificación. Evidentemente tenemos problemas, pero tenemos una convivencia sana”, ha asegurado Pepa Vidal, profesora de una de las escuelas que participan en la prueba piloto, durante las protestas del lunes. Por su parte, los alumnos han denunciado que la medida es “un ataque racista y estigmatizador”.

En el plano político, también es remarcable la desaprobación que ya han manifestado los dos socios de investidura de Illa y con quienes está negociando los presupuestos: ERC y los Comuns. Ambos piden una rectificación y critican que no hayan presentado el plan piloto en el Parlament. “Es una medida poco afortunada y populista que está abocada al fracaso”, expresan los republicanos. “Ni es pedagógica, ni mejora la convivencia, no es coherente con el modelo de escuela de Catalunya”, añaden Comuns.

Con todo, y a pesar de las críticas, el Departament ha asegurado en que ninguno de los 14 centros de la prueba piloto ha querido retirar su participación. Por el contrario, han apuntado en que desde que se hizo pública la iniciativa ha habido diversas escuelas que han pedido formar parte de la misma.

La Policía Nacional ha detenido en las últimas horas a otras nueve personas por los incidentes ocurridos en febrero en el estadio del Sadar tras el partido Osasuna-Real Madrid. Se les acusa de presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad. Los detenidos residen en distintas localidades navarras y pertenecen “al colectivo Indar Gorri”.

Según ha informado la Policía Nacional los detenidos son nueve varones de distintos municipios navarros y que pertenecen a Indar Gorri. Se les considera responsables de los incidentes tuvieron lugar en el estadio de El Sadar tras la finalización del partido, después de que la seguridad privada de Osasuna que presta servicio en los partidos de liga, requiriera apoyo de la Policía Nacional cuando trataba de identificar a un espectador que había lanzado una botella al campo “poniendo en riesgo el normal desarrollo del partido que se estaba disputando”.

Tras finalizar el encuentro y registrarse incidentes dentro del Sadar, la Policía Nacional afirma que procedió a “desalojar el mismo y que la tensión disminuyera”. Sin embargo, tras haber abandonado el interior, presuntamente los detenidos comenzaron a alentar a otros miembros del Graderío Sur, que acabaron conformando un grupo de unas 30 personas, a lanzar “objetos contundentes y cubos de basura” a tres agentes frente a una de las puertas del estadio. Ante estas “violentas acometidas que dejaron bloqueada la puerta de salida al exterior”, los efectivos afectados tuvieron que ser auxiliados.

La operación, que está cerrada, tiene como objetivo la identificación de los autores de los altercados producidos en El Sadar el pasado día 21 de febrero después del partido de Liga entre Osasuna-Real Madrid. En el mes de marzo ya se detuvo a otros cuatro varones por desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad por su participación en los hechos dentro del estadio.

Estos altercados se produjeron después de que la seguridad privada de Osasuna, que es el encargado de garantizar la seguridad en los partidos de La Liga, pidiera apoyo por un “ataque violento de un numeroso grupo de personas que trataban de evitar la identificación de un espectador que había lanzado una botella al campo, poniendo en riesgo el normal desarrollo del partido que se estaba disputando”, ha expuesto la Policía. Por ello, los cuerpos de la Policía Nacional tuvieron que acceder al recinto y así garantizar la integridad de los vigilantes de seguridad.

A pesar de la presencia policial, “las personas que estaban intentando impedir la identificación referida no depusieron su actitud y atacaron a los agentes, teniendo estos que repeler dicha acción utilizando los medios a su disposición para reestablecer el orden”, explican desde los cuerpos de seguridad nacional.

La Policía Nacional ha detenido a dos personas implicadas en el tiroteo ocurrido en la tarde del jueves en la zona del arroyo Rivilla, el albergue Revellín y la barriada de Sn Roque, en la ciudad de Badajoz.

Según ha explicado, se produjeron detonaciones en un enfrentamiento entre dos grupos de personas, por lo que numerosos efectivos de seguridad ciudadana se desplazaron en pocos minutos a la zona para detener “in situ” a dos varones de 22 y 23 años que se habían escondido en un establecimiento.

Los detenidos fueron trasladados junto con dos vehículos implicados en los hechos a las dependencias de la Jefatura Superior.

Policías pertenecientes a la Brigada de Policía Judicial y Brigada de Policía Científica acudieron a la zona para realizar la Inspección técnico policial, recogida de efectos y otras tareas.

En estos momentos continúa la investigación “para esclarecer lo ocurrido”, según la Policía Nacional, que no aporta más datos sobre las circunstancias del suceso.

El alcalde pide más policías

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha expresado su preocupación por la oleada de tiroteos sufridos por la ciudad en las últimas semanas y ha pedido al Ministerio del Interior más refuerzo policial para evitar que “al final se lleven a alguien por delante”. Ha afirmado que esta escalada de sucesos “sin precedentes” preocupa “mucho” en la ciudad, la cual “no está acostumbrada a esta situación”.

“No se puede estar más tiempo callado si no se toman medidas serias y contundentes”, ha aseverado el primer edil, para quien ha llegado el momento de que el Ministerio del Interior conozca la situación que ocurre en Badajoz e “intervenga y ponga los medios precisos”.

Gragera ha recordado que policías nacionales de Extremadura han colaborado con dispositivos especiales para luchar contra la delincuencia en otros puntos del país, como el estrecho de Gibraltar, “en una situación similar a la que sufre hoy Badajoz, por lo que deben impulsarse todas las iniciativas posibles”.

A su juicio, el tiroteo en San Roque, el impacto de una bala perdida sobre una menor mientras estaba en el patio de su colegio la semana pasada u otros hechos similares demuestran que “al final se van a llevar a alguien por delante”.

Gragera ha agradecido la labor policial hasta el momento y ha reconocido la dificultad para llevar a cabo detenciones, pero ha lamentado también que “no se avanza, se va hacia atrás”, por lo que ha pedido contundencia. “Todos los policías que vengan no sobrarán, y por tanto deben existir todos los efectivos disponibles”, ha incidido.

El alcalde ha informado de que ha hablado con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien le ha trasladado toda la información posible “en la medida en que se puede ofrecer” a tenor de la gravedad de estas situaciones.

Gragera le trasladó que la clave es pedir ayuda, algo que “no representa un fracaso ni una claudicación, sino utilizar todas las herramientas del Estado posibles para luchar contra esta situación”. También ha reclamado que la Justicia sea efectiva, eficaz y atienda a la alarma social, dentro de las leyes, pero “en primera instancia -ha insistido- hay que parar” los sucesos, lo que se consigue “con presencia policial permanente y efectiva”. 

El portavoz municipal de Cáceres, Ángel Orgaz, ha anunciado este viernes que el ayuntamiento reconoce el derecho a la asistencia jurídica de dos agentes de la Policía Local que resultaron lesionados durante un operativo de control de alcohol y drogas realizado en la ciudad.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 22 de febrero, cuando un vehículo que se aproximaba a un control situado en la zona de la plaza de Hernán Cortés realizó una maniobra brusca y antirreglamentaria para evitarlo, iniciando la huida del lugar, según el relato del portavoz tras la Junta local de Gobierno.

Una patrulla de apoyo en vehículo camuflado activó los dispositivos luminosos para interceptar el turismo en la avenida Clara Campoamor, en el centro de la ciudad, donde se ubican varios edificios administrativos, si bien el conductor no se detuvo y acabó embistiendo frontalmente al vehículo policial. Como consecuencia del impacto, los dos agentes resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados a un centro sanitario para recibir atención médica.

El conductor implicado, que según el Ayuntamiento carecía de permiso de conducción, dio además positivo en drogas y mantuvo una actitud agresiva durante la intervención policial.

Ante estos hechos, el consistorio ha confirmado que se garantiza la defensa legal de los agentes al tratarse de una actuación en el ejercicio de sus funciones, conforme a la normativa vigente y al convenio municipal.

La asistencia jurídica se enmarca en los protocolos de protección a los miembros de la Policía Local cuando actúan en el desempeño de su servicio público.