El portavoz municipal de Cáceres, Ángel Orgaz, ha anunciado este viernes que el ayuntamiento reconoce el derecho a la asistencia jurídica de dos agentes de la Policía Local que resultaron lesionados durante un operativo de control de alcohol y drogas realizado en la ciudad.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 22 de febrero, cuando un vehículo que se aproximaba a un control situado en la zona de la plaza de Hernán Cortés realizó una maniobra brusca y antirreglamentaria para evitarlo, iniciando la huida del lugar, según el relato del portavoz tras la Junta local de Gobierno.

Una patrulla de apoyo en vehículo camuflado activó los dispositivos luminosos para interceptar el turismo en la avenida Clara Campoamor, en el centro de la ciudad, donde se ubican varios edificios administrativos, si bien el conductor no se detuvo y acabó embistiendo frontalmente al vehículo policial. Como consecuencia del impacto, los dos agentes resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados a un centro sanitario para recibir atención médica.

El conductor implicado, que según el Ayuntamiento carecía de permiso de conducción, dio además positivo en drogas y mantuvo una actitud agresiva durante la intervención policial.

Ante estos hechos, el consistorio ha confirmado que se garantiza la defensa legal de los agentes al tratarse de una actuación en el ejercicio de sus funciones, conforme a la normativa vigente y al convenio municipal.

La asistencia jurídica se enmarca en los protocolos de protección a los miembros de la Policía Local cuando actúan en el desempeño de su servicio público.

El casco de oro de Coțofenești ha vuelto a aparecer tras más de un año desaparecido y el hallazgo ya está en manos de la policía neerlandesa, que lo recibió tras una negociación con los sospechosos antes del juicio previsto para abril. La pieza, datada en torno al siglo V a.C., había sido robada en enero de 2025 del Museo Drents de Assen junto a tres brazaletes también de oro.

Un grupo armado entró de madrugada con explosivos en Assen

El robo ocurrió de madrugada, cuando un grupo armado usó explosivos para entrar en el museo y acceder a la vitrina donde se exponían las piezas cedidas por el Museo Nacional de Historia de Rumanía. La investigación avanzó con rapidez y llevó a la detención de varios implicados pocos días después, aunque en ese momento no apareció el botín.

Los investigadores llegaron a temer que el oro hubiera sido fundido, una posibilidad real en este tipo de delitos, y esa idea marcó las primeras semanas del caso.

La recuperación llegó tras meses de silencio por parte de los detenidos, que decidieron facilitar información a cambio de una rebaja en sus posibles condenas. La fiscal neerlandesa Corien Fahner explicó ante los medios que “estamos increíblemente satisfechos” y añadió que “ha sido una montaña rusa, especialmente para Rumanía, pero también para los empleados del museo”. Las piezas se entregaron bajo supervisión policial y pasaron a exhibirse de nuevo en Assen dentro de una vitrina protegida.

El casco presenta golpes leves y puede restaurarse

El casco presenta daños leves, con una abolladura y restos de una reparación antigua que se han desprendido, aunque puede restaurarse sin dificultad, tal y como ha comentado Robert van Langh, el director del museo.

Los dos brazaletes recuperados se conservan en buen estado, mientras que el tercero sigue sin localizarse y se desconoce en qué condiciones puede estar.

El robo provocó tensiones políticas y un pago millonario

El impacto del robo se sintió con fuerza en Rumanía, donde el casco se considera un símbolo nacional. La fiscal Daniela Buruiană afirmó ante la prensa que “es un resultado largamente esperado” y añadió que “estamos felices de poder presenciar la recuperación de los artefactos rumanos”.

En paralelo, el fiscal Rareș-Petru Stan destacó el trabajo conjunto con las autoridades neerlandesas y señaló que “seguimos investigando para encontrar el último brazalete”.

El caso generó tensión entre ambos países, con reclamaciones políticas y una compensación de 5,7 millones de euros que el gobierno neerlandés abonó como seguro. Las autoridades rumanas evitaron aclarar el destino final de ese dinero tras la recuperación de las piezas. Además, el entonces responsable del museo nacional en Bucarest perdió su cargo pocos días después del robo, en medio de críticas por haber autorizado el préstamo.

Un hallazgo casual en 1929 dio origen a su historia

El casco tiene una historia singular que se remonta a su hallazgo en 1929, cuando un niño lo encontró en el pueblo de Poiana Coțofenești y lo usó como objeto bebedero para animales hasta que un comerciante lo adquirió y lo donó al museo.

Investigaciones posteriores situaron la pieza en un asentamiento geto-dacio y descartaron que formara parte de una tumba o de un tesoro enterrado. Su peso cercano a un kilo y su decoración con figuras simbólicas apuntan a un propietario de alto rango dentro de esa sociedad.

El periodo dacio, que se extendió hasta la conquista romana en el año 106 d.C., dejó un rastro claro en los Cárpatos y en las llanuras cercanas. Las comunidades vivían en asentamientos fortificados y trabajaban el metal con gran habilidad, como demuestra este casco. Las escenas grabadas en la pieza incluyen motivos rituales y animales, y conectan con tradiciones que comparten distintas zonas de Europa y Asia Menor.

Ahora el casco espera su regreso definitivo a Rumanía, mientras el proceso judicial sigue su curso y la búsqueda del tercer brazalete continúa abierta.

Un hombre que amenazó con un arma blanca a agentes locales de Barakaldo este viernes está ingresado en el hospital de Cruces tras haber recibido un disparo de arma de fuego en la pierna. Los hechos ocurrieron sobre las 19.40 horas de la tarde, cuando agentes de la Policía Local se personaron en un establecimiento comercial del barrio de El Carmen al haber sido alertados de que se estaba produciendo un robo con violencia.

A su llegada al exterior del establecimiento, los agentes de la Policía Local vieron cómo un hombre esgrimía un cuchillo, con el que les amenazaba, e intentaron que depusiera su actitud, teniendo que hacer uso de la pistola táser, que proporciona descargas eléctricas. El hombre persistió en su actitud con el arma blanca y arremetió contra los agentes, por lo que tuvo que ser reducido mediante un disparo en una pierna por parte de uno de los policías, informa Europa Press citando fuentes policiales.

El agresor, de 61 años y con múltiples antecedentes por hechos similares, fue atendido en el lugar por los servicios sanitarios y trasladado, estable y fuera de peligro, al hospital de Cruces. Este sábado a mediodía el hombre continuaba ingresado en el hospital de Barakaldo, donde permanece en calidad de detenido por los delitos de robo con violencia y atentado a agentes de la autoridad. La Ertzaintza se ha hecho cargo del incidente.

En 2025, la comisión de control de la Policía vasca, un órgano que analiza operativos con heridos tanto de la Ertzaintza como de los cuerpos locales, censuró una actuación de la Policía de Barakaldo en marzo de 2024 en la que un agente empleó un arma de fuego reglamentaria en un túnel estrecho y sin apenas iluminación. Los tres disparos que efectuó causaron “lesiones graves” a dos personas que pernoctaban en el lugar. O.G. recibió una bala en el cuello y otra en el pecho e I.R. tuvo el impacto en el hombro derecho, según el informe de septiembre adelantado por este periódico.

El sindicato Esan, de su lado, ha respaldado a los policías municipales de Barakaldo que dispararon en la pierna al sospechoso y ha denunciado el “cuestionamiento inmediato, interesado y carente de rigor” de una actuación que ha enmarcado, “sin ninguna duda, en el cumplimiento del deber”. En un comunicado, Esan ha trasladado su respaldo “absoluto”, así como el “reconocimiento, responsabilidad y templanza demostradas en el ejercicio de sus funciones” a los agentes implicados.

Amnistía Internacional Castilla-La Mancha celebra este sábado, 21 de marzo, su III Asamblea Ordinaria en Toledo, coincidiendo este año con la celebración del Día contra la Discriminación Racial, que se conmemora bajo el lema 'Parad el racismo y no a las personas'.

Aprovechando el encuentro, que tendrá lugar en el Centro Cívico Padilla, participarán en un acto de calle contra el racismo para reclamar medidas urgentes y concretas para hacer efectivos los principios de igualdad y no discriminación en todas las actuaciones policiales, tal y como ha informado la organización.

El acto se celebrará a las 14.00 en la plaza de Zocodover, junto a otras 400 organizaciones, entre las que se cuenta Rights International Spain; Red Acoge; Fundación Secretariado Gitano; Iridia o Defender a Quien Defiende, entre otras.

Formularios para identificar racismo en las actuaciones policiales

Amnistía Internacional ha reclamado formularios de parada, registro e identificación en las actuaciones policiales, indicando que múltiples investigaciones han puesto cifras al racismo en las actuaciones policiales.

Asegura que en España, un estudio realizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), en Granada, reveló que por cada persona blanca identificada “se paraba a 42 personas negras”.

Otros datos muestran que “por cada persona de nacionalidad española se identifica a más de siete personas extranjeras”. Es el propio Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas el que ha instado a España a “tomar las medidas necesarias para poner fin de manera definitiva a los controles de identidad basados en perfiles raciales y étnicos”, así como a garantizar su investigación y sanción.

“Iba con mi chica, que conducía su moto, nos paró la policía para pedir los papeles de la moto, pero en cuanto me quité el casco vinieron hacía mí, y a quien le pidieron los papeles fue a mí y no ella, ella protestó porque era quien conducía, pero ni caso”, ha ejemplificado el actor y activista senegalés Thimbo Samb, que recientemente ha pasado por Toledo, cuyo testimonio ha recabado la organización.

Ante esta situación, la organización ha reclamado medidas específicas para erradicar esta práctica discriminatoria, concretamente, la implementación de formularios de parada, registro e identificación en las actuaciones policiales, siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

Por ello, en el marco del 21 de marzo, Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha ha organizado un acto en Toledo, sumándose a los programados en múltiples localidades como Cáceres, Málaga, Murcia o Palma de Mallorca.

Además, en Valencia, Salamanca y Barcelona, se presentarán en los ayuntamientos mociones pidiendo la implementación de dichos formularios. Se trata de un documento que intenta “hacer frente a las prácticas policiales que discriminan a las personas por el color de su piel o su origen”.

“Las redadas y paradas basadas en prejuicios raciales no sólo son injustas, son ilegales y destruyen la confianza entre la ciudadanía y las instituciones que deben protegerla”, sostiene la organización que propone un decálogo por el fin de las redadas racistas con diez medidas urgentes y concretas “para hacer efectivos los principios de igualdad y no discriminación en todas las actuaciones policiales”.

El decálogo recoge exigencias como la prohibición explícita de las identificaciones policiales basadas en el perfil racial o étnico, conforme al principio de igualdad y no discriminación.

Con la definición clara de qué constituye una identificación discriminatoria, incluyendo cualquier actuación, basada total o parcialmente en el color de piel, origen nacional o étnico, religión o rasgos físicos y otras medidas orientadas al control y transparencia de este tipo de actuaciones policiales.

En la Asamblea también se establecerán las líneas de trabajo de Amnistía Internacional para intentar mejorar, durante 2026, la situación de los derechos humanos en Castilla-La Mancha y en el mundo; se valorará el trabajo del pasado año, se dedicará un espacio a reflexionar con personas externas sobre el genocidio en Gaza y se elegirán a las personas que asumirán los cargos directivos durante los próximos dos años.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Asturias que juzgó y condenó a Natalio Grueso, ex director general del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, ubicado en Avilés, a una pena de ocho años de cárcel y a su inhabilitación absoluta para contratar con las administraciones públicas o entidades del sector público durante ocho años, ha emitido un informe desfavorable a la petición de indulto instada por el cantautor catalán Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, y a la que se adhirieron otras 70 personas.

Los magistrados de la Sección Tercera consideran que no concurren motivos de “equidad, justicia o conveniencia” que hagan aconsejable su concesión.

La fuga, penaliza

Eldiario.es Asturias ha accedido al informe donde la Sala estima que la fuga que protagonizó el ex director general para eludir su ingreso en prisión debe jugar en su contra a la hora de obtener esta medida de gracia.

En este informe, el tribunal se opone a la concesión de un posible indulto al mantener que “ni se ha producido actuación del penado, ni ingreso voluntario en Centro Penitenciario, que le hagan acreedor del beneficio solicitado”.

Al expediente tramitado, del que se dio traslado a las partes, se incorporaron tanto un informe de conducta de la Delegación del Gobierno en Madrid como un informe negativo del Ministerio Fiscal.

“No cumple los requisitos de la ley”

La Fiscalía argumenta que Natalio Grueso no cumple los requisitos establecidos en la Ley de 18 de junio de 1870 por la que se establecen las reglas para el ejercicio de la gracia del indulto.

Entre otras razones, aduce que no ha estado a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena, una de las excepcionalidades recogidas en la legislación para ser susceptible de ser indultado.

La huida del país

Natalio Grueso huyó del país al ser confirmada su condena por el Tribunal Supremo (TS) por su autoría en un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial mercantil y oficial y un delito continuado societario.

Durante más de dos años permaneció fugado de la Justicia a raíz de que el alto tribunal declarara la firmeza de la sentencia condenatoria y se decretara su inmediato ingreso en prisión.

Busca y captura

En la causa consta que el ex director general del Niemeyer se sustrajo a la acción de la Justicia hasta en dos ocasiones.

“En el Procedimiento Abreviado se dictó con fecha 14 de septiembre de 2018 auto acordando su prisión provisional comunicada y sin fianza ante la imposibilidad de citarle para el acto del juicio, habiendo estado privado de libertad desde el 18 de septiembre hasta el 24 de octubre de 2018”, señala la Audiencia Provincial.

“En ejecución de sentencia se emitió orden requisitoria de busca, detención e ingreso en prisión con fecha 9 de agosto de 2023 para la ejecución de la pena privativa de libertad. Dicha orden -añade- se mantuvo en vigor hasta la detención del penado por las Fuerzas de Seguridad de la República Portuguesa en virtud de Orden Europea de Detención y Entrega, y su puesta a disposición de las autoridades españolas”.

Localizado y detenido en Portugal

Como medida cautelar, se le había retirado el pasaporte por lo que había dos opciones: por un lado, podría haber huido a un país donde no hiciera falta este tipo de documentación o bien que se hubiera refugiado en un país donde estuviera utilizando un pasaporte con identidad falsa.

La duda se resolvió el pasado mes de diciembre cuando fue localizado y posteriormente detenido en la localidad portuguesa de Olhão, un pueblo costero situado en la región del Algarve, en el extremo sur del país luso, tal y como adelantó este periódico.

A continuación reproducimos el vídeo que fue difundido, en diciembre de 2025, por la Guardia Civil, donde se puede apreciar cómo Natalio Grueso estaba haciendo vida normal, ajeno a la operación policial que se iba a poner en marcha minutos después para su arresto.

Unas imágenes que también se publicaron a través del perfil oficial del instituto armado, entre otros, en este post de la red social X.

De la cárcel de Badajoz a la de Aranjuez

Natalio Grueso mostró su deseo de que el cumplimiento de los ocho años de cárcel se realizara en una prisión de Madrid, ya que alegó a las autoridades portuguesas que es “en la capital española donde se encuentra su vida personal”.

Tras su entrega a las autoridades españolas, fue trasladado al Centro Penitenciario de Badajoz y actualmente se encuentra internado en el Centro Penitenciario Madrid VI Aranjuez, donde cumple la pena de prisión con fecha de inicio 15 de diciembre de 2025 y cumplimiento el 25 de octubre de 2033.

El impacto de la gestión

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, encabeza la petición de indulto a la que se han adherido 70 personas de diversos ámbitos culturales nacionales e internacionales que consideran que la condena impuesta al ex gestor cultural es “desproporcionada”.

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, encabeza la petición de indulto a la que se han adherido 70 personas, entre otros el cineasta Woody Allen. Consideran que la condena impuesta al ex gestor cultural del Niemeyer es desproporcionada

La indemnización

Entre otras razones, alegan que Natalio Grueso ya había abonado la indemnización de 78.819 euros; cantidad en la que los tribunales de justicia cuantificaron el delito de malversación de caudales.

“Un perjuicio ciento de veces menor que el impacto derivado de la gestión global realizada por Don Natalio -exponen- si consideramos solamente el valor de marca internacional generado, según una consultora especializada, o las derivadas del incremento de afluencia turística derivado de las actividades culturales llevadas a cabo una vez inaugurado el Centro Niemeyer”.

Adhesiones a la medida de gracia

El escrito con la petición de indulto se presentó en 2023 ante la División de Derechos de Gracia y otros derechos de la Subsecretaría de Justicia, en Madrid, y va acompañado de otro documento que está respaldado, entre otras personalidades del mundo cultural, por el director de cine estadounidense Woody Allen, artistas como India Martínez, Juan Echanove o Aitana Sánchez-Gijón y el exministro Manuel Pimentel

En el documento se adjuntan las firmas, entre otros, del exembajador de España en los Emiratos Árabes y exembajador en Nicaragua Manuel Piñeiro, el entonces presidente del Patronato del Centro Niemeyer durante cuyo mandato se produjeron los hechos Manuel Ángel Díaz y el exdirector del Banco de Inglaterra, Robert Morrison Gibb Brown.

Artistas nacionales e internacionales

Entre los artistas “de reputación nacional e internacional” citan expresamente a los cantantes Ana Belén, Víctor Manuel y Javier Gurruchaga, el actor Pedro Ruíz, el presidente de la Asociación de Intérpretes Luis Cobos, el director del estudio de arquitectura Niemeyer Jair Rojas, así como a varios periodistas de los principales grupos de comunicación del país.

Entre otros aspectos, se destaca en estos escritos que prácticamente todos los espectáculos que se programaron con motivo de las funciones que desarrollaba en la Fundación Niemeyer consiguieron una aceptación popular que “desbordó todas las previsiones”.

La proyección del Niemeyer

Entre otras, se cita expresamente cómo la labor de promoción y difusión que llevó a cabo durante su etapa logró la participación de figuras “de la categoría mundial de Brad Pitt, Kevin Spacey, Paulo Coelho, Jessica Lange, Paco de Lucía, Bárbara Hendricks y Yo Yo Ma . Entre sus logros se incluye la presentación del programa de Educación de la ONU, el encuentro del G8 de la cultura y estrenos mundiales de películas y obras teatrales, entre otras actividades.

Otro apartado con el que justifican el indulto es, en opinión de los firmantes, el papel de la Fundación como productora de contenidos, un capítulo donde Natalio Grueso tuvo un papel destacado con la exposición “Luz” del director de cine Carlos Saura, en este caso por su faceta como fotógrafo, o la obra de la bailaora y premio Princesa de Asturias de las Artes María Pagés dedicada a Óscar Niemeyer y el Ricardo III de Sam Mendes, en colaboración con otros productores de diversos países.

Los magistrados declararon probado que durante su etapa, desde 2006 hasta 2012, Natalio Grueso generó gastos ajenos a los fines de la Fundación Niemeyer en el tiempo que duró su relación laboral, disponiendo de sus fondos en beneficio propio, de sus familiares, amigos y terceros de su entorno, "como si de su propiedad fueran", en detrimento de la Fundación Niemeyer

Los hechos probados

La sentencia declaró como hechos probados que Natalio Grueso, que permaneció en el cargo de director general desde 2006 hasta 2012, generó gastos ajenos a los fines de la Fundación Niemeyer durante todo el tiempo que duró su relación laboral, “disponiendo de sus fondos en beneficio propio, de sus familiares, amigos y terceros de su entorno, como si de su propiedad fueran, en detrimento de la Fundación Niemeyer”.

El coacusado José María Vigil, exagente de Viajes El Corte Inglés, al que le unía una relación de amistad, ocultó gastos de desplazamientos y estancias hoteleras de familiares y allegados con facturas falsas o alteradas a nombre de trabajadores de la Fundación Niemeyer o por conceptos ficticios, según consta en la sentencia del alto tribunal.

Las penas impuestas

El Tribunal Supremo ratificó la pena de ocho años de prisión impuesta en 2020 a Natalio Grueso, los dos años de cárcel al exsecretario de la Fundación, José Luis Rebollo, por delito continuado societario, y rebajó de siete años y seis meses a seis años de prisión la condena a José María Vigil por los delitos de malversación, falsedad y estafa.

La exmujer de Natalio Grueso, Judith Pereiro, y el exjefe de Producción del Centro Niemeyer, Marc Martí, que también fueron juzgados en este procedimiento, habían sido absueltos por la Audiencia Provincial de un delito continuado de malversación en concepto de cómplice y un delito de malversación respectivamente.

Antonio Sanz Fuentes desmonta en Diario de un criminólogo incomprendido (Alrevés Editorial) el tópico de que la gente de izquierdas no habla sobre seguridad. Este experto lo hace, pero fuera del marco basado exclusivamente en incrementar las penas de cárcel que propone la extrema derecha. Para empezar, reivindica el buenismo en materia de Justicia ante la ola reaccionaria que lo menosprecia, y recuerda clásicos que los partidos progresistas, en ocasiones, parecen haber olvidado.

¿Qué es el populismo punitivo?

El populismo punitivo consiste en hacernos creer que un mayor castigo implica una mejor prevención de la criminalidad. Es una falsa expectativa de control, porque en realidad el endurecimiento de las normas o el Código Penal no conlleva una alteración ni una prevención efectiva del crimen. No persigue un cambio real, sino que es una medida para mantener el status quo.

¿Nos centramos demasiado en el castigo en vez de la reinserción?

El castigo de por sí no es algo necesariamente malo, lo necesitamos para reconocer que una conducta es rechazable y se debe perseguir como sociedad. Pero es muy populista enfrentarse y relacionarse con el castigo siempre desde la dureza. Deberíamos reflexionar sobre otros aspectos como la certeza del castigo, la rapidez en su aplicación, que no sea arbitrario y que sea proporcional…

En España la izquierda gobierna desde hace ocho años y no ha derogado la prisión permanente revisable, que fue muy criticada cuando la aprobó el PP.

El populismo punitivo rara vez se ha visto cuestionado frontalmente a nivel público en los debates sobre la criminalidad o incluso cuando hace referencia a la seguridad personal. Parece que la seguridad sea un problema que ocupa el centro de nuestras vidas y realmente existen otros muchos problemas sociales a los que quizás deberíamos prestar más atención.

Ha habido algunas propuestas legislativas que eran menos populistas punitivas. Las catedráticas María Acale y Patricia Faraldo, con sus propuestas para la ley de libertad sexual, ponían el foco en la prevención, la creación de centros de prevención de violencias sexuales, la educación, la obligatoriedad de crear actuaciones concretas para proteger la libertad sexual en las empresas… Pero todo el mundo se terminó fijando solo en el tema de las penas, cuando era una ley mucho más compleja.

El populismo punitivo rara vez se ha visto cuestionado frontalmente a nivel público en los debates sobre la criminalidad

¿La izquierda también cae en la tentación del populismo punitivo?

La izquierda también ha caído en el populismo punitivo, y además tiene un problema: se muestra muy firme respecto a las violencias sexuales que sufren las mujeres, y luego resulta que los partidos encubren casos de acoso sexual dentro de sus filas. Algo parecido ocurre con la corrupción.

¿El último ejemplo de populismo punitivo en España es la ley para endurecer las penas por robos, que ha contado con el apoyo de PSOE, PP, Vox y Junts?

Esta ley me preocupa mucho. No hay nadie experto en la materia, ya sea desde la criminología, la sociología o el derecho penal, que no tenga una opinión crítica sobre este tipo de propuestas legislativas. Hay decenas de estudios que nos dicen que este tipo de reformas no tienen ningún tipo de capacidad preventiva, y que además probablemente acentuarán los problemas: si las personas que cometen los robos callejeros ya se encuentran en una situación de exclusión social, su paso por prisión posiblemente la acentuará.

¿Por qué los políticos hacen caso omiso a estos expertos?

Es muy difícil ofrecer un debate ético sobre el populismo punitivo porque parece que cuestionarlo supone estar en contra de la seguridad. ¡A ver quién es el valiente que está en contra! Decir en el debate público que más castigo no es mejor tiene un coste social (se te señalará casi como un hereje) y electoral que ningún partido está dispuesto a asumir, incluso los partidos de izquierdas lo temen.

Cuando tratan la criminalidad, los medios de comunicación lo hacen de manera demasiado rápida, poco reflexiva y contextualizada

¿Qué papel tenemos los medios de comunicación en la creación de este caldo de cultivo?

En el libro encajo a los medios de comunicación en un capítulo que se llama ‘rabia’. Cuando tratan la criminalidad, los medios lo hacen de manera demasiado rápida y poco reflexiva y contextualizada. Nos hacen creer que la delincuencia se comete por parte de sujetos excepcionales, monstruos, personas que son imposibles de reinsertar. Este relato impacta en la percepción de las personas, les hace sentir que son seres que han tomado una decisión racional cuando realmente puede estar fundamentada en un contexto social muy complejo de exclusión social, problemas de consumo, de salud mental…. Son tantos los problemas que realmente pueden motivar que esa elección parezca racional, pero no lo es tanto.

Y si los medios tradicionales ya hacemos esto, no quiero preguntarle por Tik Tok…

El algoritmo termina fomentando la confrontación directa hacia ese tipo de sujetos. Los medios de comunicación tradicionales todavía están sujetos a unas normas deontológicas, aunque hagan ciertas trampas porque tienen que atraer al público, ser los más rápidos… Pero cuando hablamos ya de algunos influencers que parece que no están sujetos a nada, que hablan desde la ignorancia y se sienten capaces de afirmar cualquier cosa… Lo que más me preocupa es que tienen un público bastante más amplio quizás que los medios tradicionales y que es el futuro de la sociedad. Es clave apuntar hacia lo que están haciendo.

En el libro dice que vivimos en un caos ético que se origina cuando el mal ya no se esconde ni se opone, sino que se celebra. ¿Hay alguna manera de revertirlo o ya no podemos escapar de él?

Me encantaría haber propuesto algo más concreto, porque es algo en lo que pienso a menudo. Es difícil no reconocer que existe un malismo que está de moda. Yo no era del todo consciente hasta que leí el libro sobre ello de Mauro Entrialgo. Hay una tendencia a apreciar más al malo y parece que ser bueno es ser un pringado. En política criminal, pasa un poco lo mismo: se nos tilda de buenistas, dicen que la justicia es buenista, por lo que la alternativa es una justicia malista.

Lo primero es no olvidarnos de reivindicar el buenismo. Y no achantarnos ante los malistas. Cuando desde el malismo se señala como buenista una idea progresista (o incluso una conservadora o liberal, como las garantías procesales penales), parece que nos acobardemos y no queremos contestar. Debemos decir que sí, que es una medida buenista y a mucha honra. El hecho de ser buenos nos ha llevado a ser mucho más civilizados. El hecho de abandonar la violencia y la agresividad nos ha llevado a resolver los conflictos de una manera pacífica. Y eso nos ha hecho mejores.

¿Esta reivindicación del buenismo se le ha olvidado a la izquierda? Pienso en el acto del otro día de Emilio Delgado y Gabriel Rufián, donde se asumía que había barrios en los que los niños no podían bajar a la calle.

Parece que la propia izquierda tiene que comprar este discurso sobre seguridad para no perder votantes. El miedo siempre ha sido una estrategia de manipulación y una herramienta muy poderosa para controlar a la población. En los 80 en Estados Unidos se descubrió que vender la idea del incremento del castigo era infalible: el votante tiene la sensación de que mejora su seguridad, y la izquierda quiere apuntarse a ese tanto porque este discurso ha calado.

Pero si analizamos las cosas con algo más de profundidad, observamos que las mejores decisiones de los seres humanos siempre han apuntado hacia un modelo buenista, que se aleja del ideal de venganza y del abuso de poder. Lo que ha hecho mejor a la humanidad siempre han sido ideas que apuntaban hacia un progreso, no hacia un retroceso.

Aquí en Barcelona se da la paradoja de que los datos oficiales no dejan de desmentir los discursos alarmistas sobre seguridad, pero igualmente estos calan en la sensación de los habitantes.

En Barcelona existe una narrativa, muy extendida, en el resto de España, de que la delincuencia está desbordada. Además, existe un cierto esfuerzo por ligarla a la inmigración. Pero basta con venir a Barcelona para constatar que es una ciudad normal y corriente, probablemente con una delincuencia bastante común a cualquier otra gran ciudad.

De hecho, Barcelona fulmina el relato ultra y reduce la mayoría de delitos pese al gran aumento de la inmigración.

El problema no está ahí. Tenemos que hacer un análisis crítico de cómo lo hemos estado haciendo. Creo que hemos sido incapaces de asimilar la inmigración. Hemos apuntado hacia un modelo multicultural en el que el país de acogida parece que tan solo tolera al que viene, y esa sensación de superioridad no fomenta una verdadera convivencia. No se valora suficientemente el desarraigo y el desconocimiento del migrante cuando llega. Apuesto por una interculturalidad en la que nos conozcamos, dialoguemos y mejoremos.

¿La vinculación entre delincuencia y migración ya no es monopolio de la extrema derecha?

Es curioso que determinados discursos, para perseguir sus propios fines políticos y señalar a las personas migrantes, recurren a las mujeres y a las personas LGTBI cuando también son negacionistas de este tipo de violencias. Nos venden la moto, por ejemplo, de que la violencia de género no va a descender porque están viniendo personas migrantes que son menos civilizadas, cuando la realidad no es así: un estudio del catedrático de Psicología Antonio Andrés Pueyo mostró que la prevalencia de la violencia de género había disminuido conforme se incrementaba la inmigración.

Me perturba que existen numerosos estudios científicos, académicos que han dedicado toda su vida a estudiar las potencialidades de la reinserción, las causas de la delincuencia, las limitaciones del derecho penal para prevenir el delito e incluso reflexiones realmente profundas sobre la necesidad del garantismo penal y de que el derecho penal sea mínimo. Y sin embargo, todas estas personas, están siendo silenciadas, apartadas y olvidadas del debate público.

E incluso se les critica por no querer hablar de inmigración o seguridad, cuando a lo mejor lo que pasa es que no quieren hablar en los términos de la extrema derecha.

La izquierda tendría que ser un poco más valiente y reivindicar el buenismo cuando se le ataca por no hablar de seguridad o no hablar de inmigración. Si somos capaces de alejarnos de la idea individualista y asumir que la delincuencia es un problema que tiene una dimensión colectiva, quizás también podamos adoptar decisiones más adecuadas. Y si todo esto es buenista, pues sí, soy buenista. Si apostar por la criminología, por la ciencia y ser progresista supone ser buenista, pues soy irremediablemente buenista.

Si apostar por la criminología, por la ciencia y ser progresista supone ser buenista, pues soy irremediablemente buenista

¿Cómo podemos abordar y cómo podemos luchar contra esta sensación de inseguridad?

La seguridad es un sentimiento mucho más complejo y mucho más amplio. Cuando hablamos con familia o amigos, todo el mundo expone algún problema. El más común es el acceso a la vivienda, pero los que vivimos en ciudades también las reconocemos cada vez menos. Donde estaba nuestro bar de confianza, ahora hay hamburguesería que te pone salsas extrañas y que podría estar lo mismo en Brooklyn que en Cádiz.

A eso hay que sumar los grandes problemas globales, como las guerras o las crisis económicas. En este contexto todo el mundo tiene mucha inseguridad y siente mucha incertidumbre. El trabajo como institución ya es incapaz de resolver muchas necesidades básicas, porque trabajando honestamente se paga el alquiler y se compra en el supermercado, pero poco más. La seguridad personal ofrece ese chivo expiatorio, cuando ese miedo puede estar vinculado a una sensación de inseguridad mucho más amplia y a una incertidumbre que se ha instaurado en nuestras personalidades como una forma de vida.

¿La agenda de la seguridad ha desplazado el foco de la política pública de otros ámbitos como la prevención o la rehabilitación?

La priorización de la seguridad busca un confort rápido, que es lo que abre la puerta a discursos populistas como expulsar a los migrantes o meter en la cárcel de por vida a determinados delincuentes. En este contexto, en el que existe además esa creencia popular tan arraigada sobre el castigo, el político encuentra algo extraordinario: la posibilidad de vender un cambio legislativo o proponer medidas que son una porquería, como poner una cámara de vigilancia, para pretender que resuelve los problemas, cuando seguramente la solución pasa por procesos mucho más complejos.

¿Y más caros a nivel de recursos?

Mucho más caros y mucho más difíciles de vender. Una política social que apunta a largo plazo es muy difícil de vender. Es mucho más fácil proponer una modificación legislativa o una medida simplista pero que permite al político salir en una foto rápida. En cambio, algo que va a empezar a tener efectos dentro de 10 o 20 años, puede resultar poco atractivo porque posiblemente no será el mismo político el que se pueda poner la medalla en el futuro.

Este libro es una apuesta para que la gente reflexione y encuentre herramientas más allá de ese discurso simplista. Creo que todo el mundo es consciente de que la criminalidad no es un problema simple. Es un problema muy complejo y difícilmente lo vamos a resolver apuntando a una única causa.

“Estaba en un parque con mi pareja y amigos sobre las dos de la madrugada y uno de los agresores se dirigió a mí diciéndome que me fuera del lugar, que le iba a contagiar y que le doy asco. Le contesté que si le molestaba mi presencia se fuera él. Al poco rato me agredieron por la espalda, me tiraron al suelo y se me echaron todos encima. Me quedé inconsciente y seguían pegándome al grito de 'puto maricón' y 'esto te pasa por maricón de mierda', me protegí como pude”. Es el testimonio de E.P, denunciante de una agresión homófoba el pasado 6 de junio de 2021 en Basauri durante el juicio que ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Bizkaia y por el que se juzga a once jóvenes.

Según sostiene el joven, que en el momento de los hechos tenía 23 años, tras lo ocurrido ha padecido además de la violencia física, secuelas psicológicas como ansiedad y depresión. “He estado varias veces en centros psiquiátricos, voy a la psicóloga todas las semanas y sigo en tratamiento. Sigo sintiendo temor al encontrarme con estas personas por el pueblo. Aunque hayan pasado cinco años todavía me afecta anímicamente lo ocurrido”, ha asegurado.

Tras reconocer, “sin ningún tipo de duda, a todos” los acusados sentados en el banquillo, ha lamentado que se los ha tenido que cruzar en su “día a día por el barrio”. Además, ha declarado que, hasta el momento de la agresión, conocía a alguno de los presuntos agresores de vista pero no tenía “ninguna relación con ellos”. No obstante, ha asegurado que algunos de sus agresores conocían su orientación sexual porque uno de ellos era vecino del que era entonces su pareja sentimental.

Durante la primera sesión del juicio, que se alargará hasta el 12 de marzo, ha testificado la víctima en primer lugar y ocho testigos, entre los que se encontraban amigas del joven que presenciaron los hechos y su pareja en aquel momento, además de los agentes de Policía municipal que llegaron en primer lugar al lugar.

El testimonio más desgarrador, además del de la propia víctima ha sido la de su expareja, quien ha confirmado que conocía a cuatro de los acusados, ya que uno de ellos es su vecino y fue al mismo colegio de otros dos, donde en “varias ocasiones” a él también le llegaron a insultar por su orientación sexual. “Estas personas conocían perfectamente mi orientación sexual y nos han visto varias veces a E. y a mí”, ha explicado. Según ha detallado, cuando se enteró de que la que era su pareja estaba siendo golpeada fue corriendo y se abalanzó sobre su cuerpo, que yacía en el suelo y seguía recibiendo golpes. “Me tiré encima de él porque estaba en el suelo, inconsciente. Lo hice para protegerle. Si no llego a ir lo matan, lo hubiesen matado. Parecía que estaba muerto y seguían agrediéndole, incluso sin saber si estaba ya muerto seguían pegándole mientras le gritaban 'esto te pasa por ser un maricón de mierda'”, ha señalado.

Otra de las jóvenes que ha declarado como testigo, que se encontraba con la víctima en el momento de los hechos, ha explicado que en su opinión, el desencadenante de la agresión fue que los supuestos agresores tenían un altavoz y ponían música y que el joven pidió una canción al grupo y “estaba bailando”. “Hicieron un gesto con las manos como diciendo que era un poco y E. pregunto ¿un poco qué? y le dijeron 'un poco maricón de mierda, sarasa' y más insultos homófobos”, ha reconocido.

Todas las personas que han testificado, incluida la víctima y los agentes de la policía, han coincidido en que en la agresión participaron más de 10 personas, algunas incluso han asegurado que la cifra se acercaba a las 20 personas. Uno de los agentes de la Policía ha declarado que cuando llegó al lugar de los hechos tras el aviso por parte de uno de los testigos, la víctima presentaba “contusiones y tenía los ojos hinchados”, pero estaba consciente. Los agentes fueron quienes llamaron a la ambulancia, que procedió al traslado del agredido al hospital.

La acusación particular pide tres años de cárcel para cada uno de los once acusados, que tenían entre 18 y 27 años en el momento de los hechos, por un delito de lesiones agravado por motivo de odio y orden de alejamiento por cinco años. La Fiscalía solicita las mismas penas, aunque rebaja la petición para uno de los acusados a 18 meses en aplicación de la eximente de incapacidad intelectual. Las acusaciones también solicitan una indemnización de 10.500 euros en concepto de daños morales.

Más allá de los límites de Vitoria, con los cinco asesinados y las decenas de heridos en la masacre del 3 de marzo de 1976, las protestas en contra de la actuación de la Policía Armada en la iglesia de San Francisco de Asís se saldaron con la muerte a manos de diferentes cuerpos policiales de otras tres personas. Son Juan Gabriel Rodrigo Knafo en Tarragona, Mario Marotta en Roma y Vicente Antón Ferrero, en Basauri. Este último murió el 8 de marzo a causa de los disparos de la Guardia Civil. La familia lamenta que la repercusión de este caso sea mucha menor que los de Vitoria.

El trabajador, natural de Zamora pero con residencia en Basauri, se sumó a las manifestaciones por las muertes del 3 de marzo en Vitoria. Se estima que más de 150.000 trabajadoras en Bizkaia se solidarizaron con los obreros de Vitoria. El diario ‘Pueblo’ relataba que aquel día, ante el intento de un grupo de alrededor de 8.000 personas de organizar una asamblea, la Guardia Civil cargó contra los manifestantes. Estos arrojaron piedras y objetos, mientras que los agentes dispararon. Una de esas balas dio de lleno a Antón quien fue trasladado primero al ambulatorio y después, tras efectuársele una cura de urgencia, al hospital de Basurto, donde, aunque se le sometió a cirugía, falleció. Tenía 18 años.

Al día siguiente, Basauri vivió una de las manifestaciones más grandes de su historia. Más de 50.000 personas acudieron al funeral en el campo de fútbol de Basozelai. El pueblo entero se unió en una marcha silenciosa hasta el lugar donde recibió los disparos, calle que a día de hoy lleva su nombre en forma de homenaje. En Vitoria, también hay una placa en Zaramaga en su memoria. Cada año se le recuerda con una ofrenda floral en el lugar exacto de los hechos, pero en esta ocasión, por cumplirse 50 años, el homenaje al basauritarra durará varios días con conferencias, exposiciones y la proyección de documentales, para finalizar con un homenaje el próximo 7 de marzo a las 12.30 en la calle que lleva su nombre y guarda su historia.

En casa de la víctima, tras lo ocurrido, durante años se ha guardado silencio. O así lo confiesa a este periódico su sobrina Aitziber. “Mis abuelos no lo llevaban nada bien y en la familia no hablaban del tema, era algo muy complicado. Cuando mataron a mi tío, él vivía en Basauri con mis bisabuelos, pero mi padre, mis otros tíos y mis abuelos vivían en Zamora. Les avisó la Guardia Civil y les dijo que no hacía falta que fueran a Basauri, que el cuerpo ya estaba de camino, algo que era mentira. El cuerpo no llegó hasta que ellos decidieron llevarlo. No se lo pusieron fácil”, sostiene.

En su caso, se enteró de que su tío fue asesinado casi por casualidad. “Me enteré de la manera más tonta. Vi en Basauri carteles con la foto de mi tío y sabía que esa foto me sonaba de haberla visto en casa. Entonces pregunté y me explicaron lo que pasó. Con mi padre sí que he hablado del tema, pero con los abuelos es mucho más difícil”, reconoce. Según sostiene Aitziber, tanto ella como su familia y el resto de familiares de las víctimas del 3 de marzo siguen luchando por conseguir justicia. “Seguimos luchando por saber quiénes fueron y quiénes dieron las órdenes. Todavía no nos han dado los nombres ni lo han reconocido. Creemos que en algún momento tendremos la suerte de que se haga justicia y que lo reconozcan”, señala.

El próximo sábado será el homenaje de su tío y Aitziber agradece el calor y el apoyo de los vecinos, aunque lamenta que muchos de ellos no conocen lo que le pasó a Vicente Antón Ferrero. “En el caso de Vitoria, como fueron más víctimas, lo tienen más interiorizado y están más concienciados. En Basauri, en cambio, al ser solo una persona no ha tenido tanta repercusión mediática y muchos desconocen lo que pasó. No se ha contado la historia de lo que realmente pasó aquí. Ni que la Guardia Civil salió de los furgones, dispararon porque tendrían la orden de hacerlo, en el caso de Basauri dieron a mi tío y de las mismas se marcharon. Se escucha incluso que se trató de una pelea. Tuvo que ser el pueblo quien salió a socorrer a mi tío. Hay gente que le metió dentro de un autobús, otro vecino cuenta que justo estaba al lado y le puso una chaqueta encima para ayudarle. No debemos olvidar lo que pasó”, concluye la sobrina.

La defensa del ex director adjunto operativo de la Policía José Ángel González ha presentado un escrito ante el Juzgado en el que trata de desacreditar el testimonio de la inspectora que le acusa de varios delitos, entre ellos agresión sexual con penetración. El escrito afirma que los audios del interior de la vivienda del comisario que constituyen la prueba principal contra él muestran, en realidad, “un ataque de celos” y “una clara exigencia de atención” por parte de la agente. 

En su querella, ya admitida a trámite por el Juzgado número 8 de Violencia sobre la Mujer de Madrid, la mujer explicaba que mantuvo una relación con el comisario en el pasado, siendo su subordinada, y a continuación hacía un prolijo relato de los hechos. Afirmaba que ella puso fin a la relación en un momento sin determinar y que, “a partir de entonces, fue víctima de una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos” acaecidos el 23 de abril de 2025, el día de la agresión denunciada.

La defensa del exDao, que dimitió al trascender la denuncia, sostiene que esas grabaciones contradicen el relato de la denunciante porque sugieren “una relación personal previa de confianza” marcada por celos y control personal. Así, sostiene que mientras la querella afirma que el audio refleja a la víctima expresando un “rechazo rotundo y continuado” y al acusado impidiendo que se vaya de su domicilio o amenazando con forzarla, lo que a su juicio se escucha es “complicidad, trato íntimo e interacción mutua verbal” en un entorno de confianza, derivado de una relación de más de 20 años. 

Frente al supuesto escenario de presión ejercida por el comisario, la defensa afirma que el verdadero eje de la grabación es un ataque de celos y una exigencia de atención y exclusividad por parte de denunciante. La defensa afirma que en el audio se llega a escuchar cómo ella le reprocha que hable con otras personas y le exige exclusividad con frases como “no puedo compartirte”. 

De hecho, el escrito sostiene que es la denunciante “quien adopta en la conversación una posición claramente dominante y de mando” respecto al comisario. En paralelo, la defensa afirma que la grabación también evidencia cómo ella verbaliza sus sentimientos y su apego hacia el comisario con frases como “yo te quiero muchísimo” o “hay alguna cosa que me tiene a mí enganchada contigo”, lo cual consideran “incompatible con la imagen de rechazo permanente y presión” que muestra la querella que ya analiza el Juzgado. 

Por otro lado, la defensa solicita en este escrito que se libre oficio a la Subdirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional para conocer por qué la presunta víctima fue destinada a la sede de la calle Miguel Ángel, donde se ubica la Dirección General Operativa. Quiere combatir así el argumento de la representación legal de la querellante, que indicaba que el presunto agresor buscaba con ese movimiento presionarla e influenciarla. 

Lamenta que la presunta víctima pretende otorgar un valor incriminatorio a ese “mero dato de carácter laboral (…) al vincularlo a una supuesta dinámica de presión” del exDAO. Y añade que no aporta un “mínimo soporte probatorio objetivo que permita, ni tan siquiera, deducir tal insinuación”. 

Por eso, solicita que se aporte a la causa el rastro administrativo que haya quedado de ese traslado (solicitud, aceptación, propuesta, resolución…)“ para dilucidar si efectivamente fue algo impuesto o si, por el contrario, ”fue solicitado, elegido y aceptado por la propia querellante en un marco libre de elección personal“.

Asimismo, el escrito denuncia que la exposición mediática que ha rodeado a este asunto le ha generado un “daño reputacional y personal” que considera “irreparable”. 

Acudió vestido de uniforme a la calle donde un hombre había muerto, robó el móvil y los auriculares al finado y volvió a la comisaría a terminar su turno. Así lo ha sentenciado la Audiencia de Barcelona, que ha condenado a un agente de los Mossos d'Esquadra a 13 meses de prisión por apropiación indebida.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona no expresa dudas. “En el ejercicio de sus funciones policiales”, destaca la resolución, el agente “se adueñó” del móvil y los auriculares inalámbricos de un hombre que había fallecido en una calle de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

El fallo, que es recurrible, también impone al mosso una inhabilitación para ejercer de policía de 13 meses y una indemnización de 850 euros para la viuda del fallecido. Al carecer de antecedentes, el agente no entrará en prisión. Una vez la sentencia sea firme, la Generalitat podrá decidir si sanciona administrativamente al uniformado.

Los hechos se remontan al 27 de octubre de 2021. Junto a su compañero de patrulla, el agente, destinado entonces en la unidad de investigación de la comisaría de Mataró (Barcelona) en el turno de noche, acudió a Santa Coloma porque un hombre había muerto en plena calle. En el lugar ya estaba un policía local, sanitarios y otras dos dotaciones de la policía catalana, del turno de tarde.

Cuando sus compañeros mossos le entregaron la mochila del finado, en ella había un iPhone, unos auriculares inalámbricos, un anillo y un reloj, además de su documentación personal. Pero al llegar a la comisaría de Mataró, en el acta de custodia de los objetos del fallecido, el teléfono ya no estaba.

La maniobra no tardó en ser detectada: el jefe de la unidad de investigación de la comisaría de Santa Coloma solicitó al agente acusado y a su compañero un informe policial al considerar que la cadena de custodia no estaba bien hecha. El mosso condenado insistió en que no había teléfono ninguno y reseñó unos “auriculares blancos”, en vez de “auriculares inalámbricos”, como constaba en la primera acta.

Los problemas crecieron cuando, cinco días después, la viuda del finado se personó en comisaría para recuperar sus efectos personales. Allí se dieron cuenta de que faltaba su teléfono móvil y sus auriculares. Activaron en ese instante la aplicación que permite localizar el iPhone. Los resultados fueron reveladores.

La aplicación, como el algodón, no engañó: las últimas señales del iPhone del fallecido se localizaron en el repetidor que abarca la comisaría en la que trabajaba el acusado en Mataró a las 00:32 h y a las 03:35 h de la madrugada, esto es, durante su turno.

Los auriculares también dejaron rastro de su uso una vez muerto su dueño y acorralaron más al acusado, pues la última señal se situó a 40 metros del domicilio del mosso.

Para los jueces no hay otra explicación posible que el robo. A esa conclusión llegan tras haber escuchado al agente de la policía local, que fue el primero en acudir al lugar donde había muerto el hombre y vio que llevaba encima su teléfono. Es más, indicó a los mossos que entre las pertenencias del finado “había objetos de valor”.

El tribunal también escuchó al compañero del mosso, que explicó que la cadena de custodia no la redactó hasta llegar a la comisaría de Mataró, pero que quien había colocado la bolsa en el maletero del coche en Santa Coloma fue el acusado. También declararon agentes de Asuntos Internos que señalaron al uniformado como responsable del robo.

En su declaración exculpatoria, a la que el tribunal no da credibilidad, el agente alegó que no tocó la mochila del finado. Sobre por qué la localización del teléfono y los auriculares los situaba cerca de su casa, el mosso dijo desconocerlo. También dijo que no sabía cómo funcionaban unos auriculares inalámbricos como los del muerto.

El mosso, incide la sentencia, “se adueñó, con ánimo de enriquecimiento ilícito” del teléfono antes de que su compañero empezara a redactar el documento de cadena de custodia de los objetos del fallecido, y procedió además a sustituir los auriculares del muerto por otros de color blanco. El color de los auriculares no estaba en el acta de cadena de custodia.

“El acusado cometió el delito prevaliéndose de su carácter de agente de la autoridad y aprovechándose de esta circunstancia para una mayor facilidad al no levantar, en principio, sospechas de su actuación en el ejercicio de sus funciones profesionales para su comisión”, asevera el tribunal.

La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que deberá confirmar si, como ha concluido la Audiencia, el mosso pasó de policía a ladrón.

El 3 de marzo es un día señalado en el calendario de Vitoria desde 1976. Desde el jueves de 1977 en que se conmemoró el primer aniversario del asesinato a manos de la Policía Armada de cinco personas, la fecha ha estado marcada por los actos de homenaje, que han ido acompañados de nuevas protestas y manifestaciones, de cargas de las diferentes Policías, incluida la Ertzaintza en tiempos más modernos, de reconocimientos rodeados de más o menos debate e incluso de asesinatos de la banda terrorista ETA a tiro de piedra del lugar de los hechos.

En los últimos años, además, los anuncios relativos al avance de las negociaciones primero y los trabajos después para la adecuación de la iglesia de San Francisco de Asís como lugar de memoria han copado las noticias de los días que rodean al 3 de marzo.

1977, el primer aniversario

Ya desde febrero de 1977, se tenía constancia de que el primer aniversario de la muerte de los trabajadores en huelga a manos de la Policía Armada iba a propiciar la celebración de manifestaciones y el llamamiento a una huelga general. Así se advertía en una nota remitida al Gobierno Civil. Ya entonces estaban adoptadas “medidas para evitar la alteración del orden público”. El 2 de marzo, en la víspera del aniversario, los servicios de Información del Cuerpo General de Policía remitieron al gobernador civil de la provincia de Álava una nota relativa a la “profusa y variada siembra de propaganda subversiva” que se estaba detectando en los días previos a la efeméride. El objetivo de esta propaganda, se detallaba, era conseguir una huelga general para el día 3. La misiva iba firmada por el comisario jefe provincial y el comisario jefe de la brigada. Adjuntaba, además, un ejemplar de cada una de las propagandas descritas, a saber: una propuesta de huelga general, propaganda comunista y de KAS, la coordinadora abertzale socialista, y fotografías del rostro de las tres personas asesinadas el año anterior que fallecieron el propio día 3: Francisco Aznar, Pedro María Martínez Ocio y Romualdo Barroso. Las otras dos víctimas mortales, José Castillo y Bienvenido Pereda, perecieron en las jornadas siguientes.

El llamamiento a la huelga por el primer aniversario efectuado por la Coordinadora de Comisiones Representativas de Fábricas y Talleres de Álava redoblaba las apelaciones a la “unidad”, pues se sostenía que había que “unificar puntos de vista y esfuerzos”. “Durante estas fechas nos parece oportuno hechar [sic] una mirada hacia atrás para sacar algunas lecciones importantes, pero antes se nos impone nuestro recuerdo a la memoria de los compañeros asesinados, cuyos nombres (Francisco Aznar, Pedro Mª Ocio, Romualdo Barroso, J. Castillo, Pereda) estarán grabados en nuestra memoria con letras de oro”, se puede leer en aquellas líneas. “Para que la sangre de nuestros hermanos trabajadores no halla [sic] sido derramada en vano, nosotros, trabajadores de Vitoria, hemos de seguir luchando por aquello por que ellos murieron: el reconocimiento de las asambleas y Comisiones Representativas, órganos de verdadera representatividad de la clase obrera y el pueblo trabajador”, se alentaba unos párrafos después.

Otro de los documentos adjuntos al informe es el firmado por la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) de Álava, que exigía, entre otras cosas, “libertades democráticas”, “amnistía total”, “esclarecimiento y responsabilidades del 3 de marzo”, “disolución de cuerpos represivos” y “una sociedad vasca reunificada y sin clases”. “La represión sobre nuestro pueblo no cesa y toma diversas formas, desde la carestía de la vida hasta fusilamientos de la misma forma que hicieron el 3 de Marzo en Zaramaga, pero sí hay un denominador común. Ese denominador común es la masacre, el asesinato que se comete sobre un pueblo que intenta caminar hacia su liberación nacional y de clase; asesinatos que tienen sus víctimas en aquellas clases más interesadas en la revolución y principalmente en la clase obrera”, aseveraba, tanto en castellano como en euskera. Se pedía, además, convertir el 3 de marzo en “símbolo de todos los caídos por la causa del pueblo”.

El 3 de marzo de 1977 amaneció ya con un ambiente cargado de tensión. Según recogen crónicas del día, “centenares” de antidisturbios, de nuevo de la Policía Armada, patrullaban las calles de la ciudad. Las fábricas detuvieron su producción y los trabajadores, “reflejando en sus caras seriedad, preocupación y hasta miedo”, atendieron al llamamiento a la huelga general y se concentraron a las 11:00 horas en torno a la catedral, que iba a acoger el funeral en recuerdo de los fallecidos un año antes.

La homilía que se leyó durante el funeral hablaba de “tan triste suceso, término lamentable de unos meses de profunda tensión socio-laboral” y llamaba a “la oración por los difuntos y al compromiso de esforzarnos más intensamente por lograr una sociedad presidida por la paz, fundada en la verdad, en la justicia y en la auténtica libertad”. La vida de los fallecidos, se pedía también, habría de ser “precio de reconciliación”, la herramienta para percatarse de que la sociedad estaba “enferma”. “Los problemas, las dificultades y las tensiones no se solucionan cuando las personas y los grupos humanos aceptan pasivamente una situación, pero no obstante si el diálogo y el respeto mutuo son ahogados por el insulto y el recíproco desprecio, si el odio y el deseo de revancha se imponen al espíritu de reconciliación, nadie es capaz de preveer [sic] la capacidad de destrucción mutua que podemos alcanzar”, se añadía.

En el discurso, se llamó también a “defender los derechos humanos de todos los ciudadanos” y a “apoyar a los más pobres, débiles y marginados”. En ningún momento, sin embargo, se aludió a la causa de la muerte de los trabajadores en huelga. “Sus muertos fueron el trágico resultado de una lucha en la que todos fuimos responsables, aunque no todos fuéramos responsables en la misma manera y en la misma proporción. Justo es que ahora todos nos sintamos solidarios en una plegaria común”, concluía la homilía.

Durante la jornada, una docena de personas resultaron heridas y fueron detenidas otras siete. Las manifestaciones no contaban con autorización y hubo enfrentamientos con las autoridades, que disolvieron valiéndose de botes de humo algunas de las concentraciones espontáneas. En algunas de las fotografías tomadas aquel día, se ve, difuminados entre el humo, a manifestantes que portan coronas de flores.

Según la información publicada en el 'Norte Exprés' del día siguiente, el 4 de marzo todavía continuaban en dependencias policiales Tomás Echave, trabajador de la fábrica Forjas Alavesas, y uno de los líderes de las Comisiones Representativas, cuyo nombre no se detallaba. El periódico, que hablaba de “360.000 horas perdidas en la jornada de huelga” y de “300.400.000 pesetas perdidas en producción”, redactó un editorial muy crítico con la forma de expresar las reivindicaciones. “Se desnaturalizó el funeral, y, en lugar de limitarse éste a los ritos religiosos, se leyeron escritos que nunca deben ser leídos en la Casa de Dios”, se lamentaba el diario vitoriano. “La democracia no se gana con revueltas y paros, ni la libertad ni la justicia pueden florecer en estos ambientes”, se quejaba.

1978, ETA acribilla a tres policías

El 5 de marzo de 1978, en la calle de los Reyes de Navarra, a tiro de piedra de la iglesia en la que sucedieron los hechos de 1976, ETA acribilló a tiros un vehículo de la Policía Armada en el que se encontraban un cabo y cinco agentes. Según las informaciones que se publicaron al poco tiempo, dos o tres individuos dispararon varias ráfagas, con al menos cinco decenas de disparos. El cabo —el único ileso, según cuenta el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite)— logró salir del coche y pedir ayuda con el teléfono de una cabina. “El chófer, Miguel Raya Aguilar, salió del coche, pero se desplomó muerto junto a la rueda delantera, el agente Joaquín Ramos Gómez falleció poco después y José Vicente del Val del Río resultó gravemente herido y finalmente falleció 25 días después. Otros dos policías, Armando Doval González y Santiago del Canto de los Reyes, lograron sobrevivir a pesar de las heridas”, relata Covite. El coche robado por los terroristas, un Seat 1430 con matrícula M-804230 de Madrid y sustraído en el barrio de Txagorritxu, apareció horas más tarde, abandonado.

Si bien ETA no reivindicó el atentado y en las primeras informaciones publicadas en prensa se deconocía su autoría, más tarde se supo que los asesinatos habían corrido a cargo del 'comando Araba' de ETA militar. “Varios vecinos trataron de socorrer a los otros ocupantes del coche. [...] La escena impactó a los vecinos del barrio. Algunos recordaban los trágicos sucesos ocurridos dos años antes muy cerca del lugar del atentado, a la salida de la iglesia de San Francisco”, se relata en el primer volumen de la 'Historia y memoria del terrorismo en el País Vasco', obra coordinada por José Antonio Pérez Pérez. Los autores de este libro sostienen que, mientras que los cinco obreros muertos a manos de la Policía Armada cuentan con memoriales, “prácticamente nadie es capaz de recordar el asesinato que se produjo apenas a cien metros de allí dos años más tarde, ni por supuesto el nombre de los tres policías que resultaron asesinados”. La imagen que acompaña estas líneas es la de la placa ubicada muy próxima a la iglesia del 3 de marzo.

2005 y 2008, la Medalla de Oro rechazada y luego aceptada

En 2005, el diputado general de Álava, Ramón Rabanera, del PP, concedió la Medalla de Oro de la provincia a las víctimas del 3 de marzo. La asociación Martxoak 3 no aceptó el galardón, pues consideraban la entrega por el PP “una farsa” y se quejaban de que los 'populares' no aceptaban “una revisión de aquellos hechos”. Manuel Fraga, ministro del Interior en 1976, fue luego el fundador de ese partido. Tres años después, ya con Xabier Agirre del PNV de diputado general, la asociación sí aceptó la concesión del reconocimiento.

2006, debate y “terrorismo”

En 2006, cuando se iba a cumplir el trigésimo aniversario de la masacre, hubo debates en las Juntas Generales (el Parlamento foral). El PNV presentó una moción urgente en la que instaba al Gobierno de España a brindar a las víctimas del 3 de marzo la misma consideración que al resto de víctimas amparadas por la ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. “Ni su consideración como víctimas del terrorismo, ni el esclarecimiento de los hechos y la consecuente depuración de responsabilidades se han conseguido materializar en todo este tiempo”, se quejaban los 'jeltzales' en el texto.

Los partidos registraron varias enmiendas. Finalmente, mucho después del aniversario, el 1 de junio de 2006, se aprobó una enmienda transaccional que reconocía “su condición de víctimas del terrorismo” a los cinco fallecidos en la masacre del 3 de marzo de 1976. Ese apunte, sin embargo, no estaba mecanografiado como el resto del texto, sino añadido de puño y letra. Las Juntas Generales, se leía en el escrito, “se solidarizan afectiva y efectivamente una vez más con las víctimas” y “condenan nuevamente los cinco asesinatos y las brutales agresiones cometidas por las Fuerzas del Orden Público en la Iglesia de San Francisco de Vitoria-Gasteiz y sus alrededores”. El documento estaba rubricado por Unidad Alavesa, Izquierda Unida, Eusko Alkartasuna, PSE-EE y PNV, y apoyado igualmente por la marca de entonces de la izquierda abertzale, ANV. Figura también el encabezado para la firma del PP, pero el hueco quedó en blanco. El portavoz 'popular', Santiago Abascal padre, expuso que precisamente ese añadido era el motivo del rechazo.

Cargas en los aniversarios

Algunos años con más intensidad y otros con menos, pero las movilizaciones en homenaje a los cinco obreros asesinados el 3 de marzo de 1976 han sido una constante en cada aniversario desde la masacre. Y muchas de ellas han acabado con cargas de la Ertzaintza. En 2006, por ejemplo, la Ertzaintza exigió retirar unos símbolos que encabezaban la manifestación y detuvo al portavoz de la asociación Martxoak 3, Andoni Txasko, que precisamente había resultado herido tres décadas antes a causa de las cargas de la Policía Armada. Según recoge 'Naiz', una manifestante gritó “Le vais a dejar ciego otra vez” a la Policía vasca, cuyo agente habría respondido “Si ya estaba ciego, no se le puede dejar ciego otra vez”. Txasko y otros manifestantes fueron juzgados dos años después, aunque resultaron absueltos.

En 2024, el 3 de marzo fue domingo. Y hubo nuevamente cargas durante la manifestación anual en memoria de las víctimas. En respuesta al lanzamiento de adoquines, botellas de vidrio y otros objetos contundentes como mesas y sillas de terrazas, la Brigada Móvil de la Ertzaintza respondió con unas cargas que dejaron varios heridos y contusionados, incluidos siete agentes de la Policía autonómica. En la lista, sin embargo, no figuraba un 'askatu' (o agente infiltrado) que también fue golpeado por sus compañeros, según confirmaron entonces fuentes internas.

El 'askatu' portaba una porra extensible de dotación. Es habitual que en este tipo de movilizaciones participen de modo discreto agentes de paisano para informar a las dotaciones uniformadas de posibles movimientos extraños o incidencias. Es menos habitual que esos funcionarios acaben siendo golpeados, ya que existen códigos internos para que sean identificados y para que, además, lo sean con seguridad para no ser descubiertos.

2008, norma foral y reconocimiento de las víctimas

El Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava del 19 de noviembre de 2008 incluía el articulado de una norma foral que reconocía a las víctimas del 3 de marzo. Ocupaba el cargo de diputado general Xabier Agirre, del PNV, que gobernaba con el apoyo de EA y Aralar. Señalaba el texto que “en 1976 no había un régimen democrático” y que el Gobierno de entonces “aplicaba con rigor métodos represivos frente a los movimientos que luchaban por las libertades y frente a las legítimas demandas sociales”. El 3 de marzo de 1976, concretamente, “un legítimo movimiento social reivindicativo de unas mejoras laborales” fue “reprimido de manera injusta y abusiva por el Gobierno produciendo 5 fallecidos y más de 100 heridos”.

Añadía el texto de la norma: “[...] la sociedad es realmente consciente de lo que sucedió y rechaza la versión construida por los responsables de la masacre para eludir sus responsabilidades”. Tildaba lo sucedido de “injustificada masacre ordenada por un Gobierno no democrático frente a unos trabajadores que reivindicaban pacíficamente la mejora de sus condiciones de vida”.

Se reconocía que más de tres décadas después de los hechos, las víctimas no habían recibido aún “ningún tipo de compensación”, todo ello pese a que “la sociedad y las instituciones representativas más cercanas [habían] mostrado su reconocimiento y su solidaridad”. La norma preveía una indemnización de 138.232,78 euros a la familia de cada una de las cinco víctimas mortales. Asimismo, se estipulaban más de 390.000 euros por gran invalidez, más de 96.000 por incapacidad permanente absoluta, más de 48.000 por incapacidad permanente total y más de 36.000 por incapacidad permanente parcial.

2019, estreno de la película

El 1 de mayo de 2019, se estrenó en cines en toda España —después de un preestreno exclusivo en la capital alavesa— la película 'Vitoria, 3 de marzo', dirigida por Víctor Cabaco y con guion de Héctor Amado y Juan Ibarrondo. Formaron parte del elenco actores como Amaia Aberasturi, Ruth Díaz y José Manuel Seda. Meses antes, durante 2018, se rodó el filme en las calles de Vitoria. “Cuando estábamos en Vitoria con la preproducción, todo el mundo te decía 'yo ese día estaba no sé donde', todos recuerdan qué estaban haciendo el 3 de marzo y todos te cuentan el silencio que había ese día en la ciudad”, contaba el director a este periódico.

Durante el rodaje, volvieron a verse por las calles vehículos decorados como si fuesen de la Policía Armada. “Como la peli era de un presupuesto no muy amplio, pedimos voluntarios y en Vitoria cantidad de gente se animó a participar. Pedíamos que viniesen por la mañana o por la tarde para hacer de extras, y la colaboración ha sido espectacular, la gente venía vestida de su casa con sus propias ropas de los 70, ha sido increíble”, añadía Cabaco. La película recibió elogios por la ambientación de las escenas de época, pero no suscitó tan buenas opiniones en lo referente al plano narrativo.

2021: 45.º aniversario, presentación con mascarillas del Memorial

Unos días antes del cuadragésimo quinto aniversario, el Gobierno vasco, la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria firmaron un convenio con el obispo de la Diócesis de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, para activar la cesión del templo, de tal manera que se pudiese poner en marcha un centro memorial. Beatriz Artolazabal, Ramiro González y Gorka Urtaran, equipados con mascarillas por la pandemia de COVID-19 y en representación de las tres instituciones, participaron en la firma.

“Un 3 de marzo de 1976 esta iglesia fue escenario de unos trágicos y luctuosos sucesos. Hoy ponemos la primera piedra para que a partir de ahora sea lugar de memoria y faro para la convivencia”, dijo entonces Artolazabal. Se escudó, además, en que “el derecho a la memoria, a la verdad y al reconocimiento no prescriben”. “Todas las víctimas de la violencia tienen derecho a verdad, reparación y justicia”, defendió, por su parte, el diputado general, que subrayó que las víctimas “muchas veces” se habían sentido “huérfanas de reconocimiento y apoyo institucional”. Aludió, asimismo, al reconocimiento institucional de 2008. El entonces alcalde, Urtaran, redobló las exigencias de “justicia por el asesinato”. “Hoy damos un paso importante para que los cinco trabajadores asesinados en Vitoria-Gasteiz en 1976, que todavía no han recibido el merecido reconocimiento, por fin sean reconocidos como víctimas de abusos policiales, equiparables a víctimas del terrorismo”, expresó.

Un lustro más tarde, ese Memorial no está en marcha. Las obras, de hecho, solamente han empezado a finales de este mes de febrero. El templo lleva tiempo sin culto, pero acogía una exposición permanente de belenes. La recolocación de esos pesebres ha sido objeto de polémica hasta fechas muy recientes. Entretanto, el edificio, de Luis Peña-Ganchegui, ha ido deteriorándose con goteras, caída de las tejas de pizarra, maleza y otros males arquitectónicos.

2023: 47.º aniversario, presentación del documental

El 2 de marzo de 2023, un día antes del aniversario, se presentó el documental 'M-3 Gogoetak-Recuerdos del 3 de marzo', bajo la dirección de Eloy González Gavilán. La primera proyección tuvo lugar en el Vital Fundazioa Kuturunea, en Dendaraba. En el documental, que contó con el impulso de las comisiones de personas usuarias e integrantes del programa 'Activa tu barrio' del Bizan de Zaramaga, se recogen veinticinco testimonios de gente que vivió en primera persona los hechos del 3 de marzo. Se acompañaron las palabras de imágenes cedidas por TVE y también de fotografías recopiladas por el Archivo Municipal de la ciudad y de particulares como Koldo Larrañaga y Luis Ziarrusta.

Por esas fechas, asomó también una sorpresa urbanística, pues se descubrió que el templo de San Francisco de Asís en el que se produjeron las cargas de la Policía Armada nunca fue de la Iglesia. El edificio como tal -“el vuelo”- sí fue sufragado por la Iglesia y era de su propiedad a todos los efectos, pero antes de acometer la cesión para crear el Memorial, se vio que era necesario hacer un “ajuste” urbanístico o “reparcelación”. “Las cosas se hacían como se hacían... Ahora lo que hay que hacer es reordenar. Es un trámite y ya están los técnicos en ello, pero llevará varios meses”, explicaban entonces fuentes consultadas.

Una mujer ha interpuesto una denuncia por los golpes que le habrían propinado agentes de la Ertzaintza durante una detención. Durante la madrugada del sábado al domingo pasado una patrulla no uniformada de la comisaría de Sestao circulaba con un vehículo oficial sin distintivos por la Gran Vía de José Antonio Aguirre y Lekube de la localidad vizcaína. En el momento en el que atravesaban un paso de cebra, el automóvil de los agentes se detuvo por la presencia de varias personas que les increparon y golpearon el vehículo, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Tras una discusión, los agentes se apearon del vehículo mostrando sus bastones extensibles y se enfrentaron a las personas que habían golpeado el vehículo policial.

Tras la llegada de dotaciones uniformadas se procedió a la detención de tres personas implicadas en las agresiones, concretamente, dos hombres de 19 y 22 años, y una mujer, de 51 años, por atentado a agentes de la autoridad. Dos de ellas, la mujer y el hombre de 22 años, fueron trasladadas a centros hospitalarios, para ser tratadas de las lesiones que presentaban. El hombre quedó ingresado para ser intervenido quirúrgicamente en un testículo. Tras los incidentes los dos agentes agredidos acudieron a la mutua, para ser tratados de los golpes que recibieron.

Tras conocer lo sucedido en Sestao la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido. Una de las primeras diligencias practicadas ha sido recoger la denuncia de la mujer que resultó agredida y detenida. Al mismo tiempo, el Departamento de Seguridad ha dado cuenta del inicio de la investigación interna a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca, y el consejero de Seguridad ha solicitado una comparecencia ante la Comisión de Seguridad para dar cuenta de lo sucedido.

La denuncia de la inspectora de Policía contra el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional muestra un detalle que hiela la sangre por todo lo que implica. Según la narración de los hechos José Ángel González ordenó a la inspectora que acudiera a una comida con él y su número dos trayendo un coche oficial para recogerlo y acompañarlo a su casa donde sucedieron los hechos de la supuesta agresión que fueron grabados por la denunciante. Le ordenó acudir a que la violaran.

La clave en esta sucinta narración que he hecho es la palabra ordenó, porque en el caso que nos ocupa podía hacerlo, podía ordenar cualquier cosa y no había nada que la inspectora pudiera alegar para eludir esa orden de su máximo superior, que también había sido su pareja. No podía acudir a nadie para evadir ese mandato aunque tuviera miedo, aunque creyera que esa agresión podría producirse sin que eso afectara de manera inmediata a su trabajo porque no se puede desobedecer al cargo de más poder dentro de la Policía. Tenía que elegir entre una sanción profesional o convertirse en víctima de agresión sexual. 

Esa manera de actuar no es algo que nace al final de tu carrera después de que el gobierno hubiera incluido en un decreto la posibilidad de que te mantengas en el ejercicio de tus funciones y jubilarte aun más tarde. Ese es un comportamiento adquirido habitual a lo largo de los muchos años en los que José Ángel González ha ejercido cargos de responsabilidad en la Policía. No se aprende ese abuso de poder con 65 años, se tiene entrenado. Lo que empezamos a sospechar es que además se premia para ascender. 

La pregunta que es imprescindible hacerse es quién está al mando de quien tiene que proteger a las mujeres, de quienes tienen que protegernos a todos. ¿Cuáles son los méritos que hay que atesorar para ir subiendo en el escalafón? A la vista de los hechos es fácil concluir que la violencia, la humillación y el sometimiento forman parte del ejercicio de sus funciones en su ocupación. Es preceptivo cuestionarse en cuántos casos y actuaciones esa manera de proceder se repite. No me creo que alguien que tiene la sangre fría para dar esa orden sea la primera vez que lo usa de manera tan abusiva. 

En los últimos trece años ha habido tres Directores Adjuntos de la Policía Nacional. En once de esos trece años han estado en ese puesto Eugenio Pino y José Ángel González. El primero de ellos ya ha sido condenado por su implicación en una de las muchas derivadas de la Policía Patriótica, el otro es el acusado de agresión sexual. Eugenio Pino antes de esa máxima responsabilidad fue el máximo responsable de las Unidades de Intervención Policial, los antidisturbios, desde 1997 a 2005. Para quedarse tranquilos. José Ángel González también fue uno de los máximos dirigentes de las UIP habiendo sido durante casi veinte años el máximo responsable de la VII Unidad de Intervención Policial con sede en Valladolid. Es una buena cantera la UIP. 

Es verdaderamente alarmante la poca calidad democrática de los máximos responsables de la Policía Nacional y es necesario establecer una limpieza profunda que ponga en cuestión qué concepción de la ley y la seguridad se tienen en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que estos perfiles sean los que acaban liderando la Policía usando su ínfima calidad moral como baremo fundamental para ejercer su actividad profesional. No es algo que sea exclusivo del cuerpo de Policía, en el caso de la Guardia Civil hemos tenido casos igual o más sangrantes como es el caso de Manuel Sánchez Corbí, que llegó a ser el máximo dirigente de la Unidad Central Operativa, la famosa UCO, habiendo sido condenado en 1992 por torturas al etarra Kepa Urra. Años después de esa condena se le condecoró con la Cruz de Plata de la orden del mérito. No incluyeron las torturas, que se sepa, en la exposición de motivos para los ascensos ni las condecoraciones. Pero me temo que sí tuvieron que ver, a favor, en esa carrera tan exitosa. 

Para tener una Policía Nacional y Guardia Civil propia de un país democrático es necesario depurarlo y asumir que algo se ha estado haciendo mal mirando para otro lado con muchas actuaciones policiales porque se asume que hay que elegir entre quienes hacen cumplir la ley y los delincuentes. Es una evidencia que hay que reparar la aberración de premiar a quienes van fraguando su carrera mediante el abuso de poder como norma. Si se abusa con los compañeros, se hace con los ciudadanos. No estamos seguros sabiendo quiénes están al mando de aquellos que tiene como obligación legal proteger nuestros derechos. 

La familia de Mohamadou Diawara, el joven con problemas de salud mental que murió el pasado 24 de julio tiroteado por un policía local de Montornès del Vallès (Barcelona) tras entrar en comisaría con un cuchillo, todavía no ha podido enterrar su cuerpo más de seis meses después. La razón: la paralización de la causa judicial que investiga su muerte.

Así lo pone de manifiesto la documentación que ha podido consultar elDiario.es. Los escritos que el abogado de la familia, Eduardo Cáliz, registra ante el juzgado de instrucción 4 de Granollers (Barcelona) desde el pasado octubre no se han proveído, según ha denunciado el letrado en reiteradas ocasiones. Tampoco había recibido respuesta en la tarde de este martes.

“La paralización del procedimiento judicial, sin ningún motivo ni justificación, incrementa el dolor y el malestar de la familia”, denuncia Cáliz, que se pregunta si el trato recibido a los familiares del fallecido por parte del sistema judicial sería el mismo “si la víctima hubiera sido una persona no racializada”.

Ante la falta de respuesta del juzgado, la familia ha interpuesto un escrito de queja ante el Consejo General Poder Judicial (CGPJ) para denunciar la inacción judicial. Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), desde noviembre un nuevo juez está al frente del juzgado.

“Tal y como se están desarrollando tanto la investigación judicial como la policial, no se puede afirmar que el esclarecimiento de esta muerte constituya una prioridad real para las autoridades”, apostilla el abogado.

La defensa ha solicitado al CGPJ “un impulso procesal ante la paralización injustificada del procedimiento”. Antes ya lo había hecho ante el juzgado de instrucción 4 de Granollers, sin recibir respuesta.

Tras realizar la reconstrucción del tiroteo en la comisaría y practicar declaraciones de testigos en octubre, la causa ha entrado en una parálisis. La defensa ha denunciado que hasta cuatro peticiones realizadas desde el 14 de octubre no han sido ni siquiera tramitadas.

La primera solicitud era una ampliación de la autopsia del joven fallecido el 24 de abril para determinar de forma definitiva la causa de la muerte y si la lesión que tenía Mohamadou en la cara al morir era compatible con un golpe de porra recibido por uno de los agentes en comisaría.

El 20 de octubre, la familia pidió otras diligencias de investigación y que el Ayuntamiento de Montornès del Vallès compareciera como responsable civil en la causa. Ante la falta de respuesta, el 2 de diciembre el abogado, nuevamente, requirió nuevos datos de la autopsia.

Al no recibir respuesta, el letrado de la familia ha registrado un nuevo escrito este lunes en el que solicita, de nuevo, al juzgado un “impulso procesal” a la causa “teniendo en cuenta la gravedad de la misma y que los padres no pueden enterrar a su hijo fallecido”.

A la espera de una respuesta judicial, el tiroteo en un recinto cerrado como una comisaría a una persona con un trastorno volvió a reabrir el debate sobre la reacción policial ante personas con problemas graves de salud mental. La familia del fallecido, además, ve racismo en la actuación policial y se pregunta si los agentes hubieran disparado en caso de ser un joven blanco.

La versión policial de lo sucedido fue monolítica: Mohamadou entró cuchillo en mano, accedió, tras un golpe, a la parte privada de la comisaría y blandió el metal ante el agente que estaba en la recepción. Menos de medio minuto después, entraron otros dos agentes que estaban en el coche patrulla. Uno de ellos ya entró con la pistola desenfundada.

Las cámaras de seguridad de la comisaría avalan la primera parte de la versión policial. Se observa que Mohamadou entra en el recinto con un cuchillo de unos 20 centímetros y, a los treinta segundos, a los dos agentes que patrullaban tras aparcar el coche frente a la comisaría.

Sin embargo, no hay vídeo del momento clave porque la cámara no funcionaba desde hacía meses. En un estrecho pasillo, según relataron los agentes, Mohamadou se giró e intentó atacar con el cuchillo a una de las policías que acaba de entrar e intentaba reducirlo con el bastón policial. La respuesta de su compañero fue disparar. Mohamadou falleció y el tercer agente resultó herido de bala, aunque se ha podido recuperar. Todo ocurrió en menos de un minuto.

Los Mossos d'Esquadra concluyeron en pocas semanas que la actuación policial “se produjo en el marco del cumplimiento del deber y en el ejercicio legítimo de su oficio, protegiendo la vida de un individuo y actuando en legítima defensa”.

Los disparos, remarcó la policía catalana, fueron “un medio necesario y proporcional para evitar daños irreparables”. La familia todavía no ha podido enterrar el cuerpo casi siete meses después.

Un juzgado de Melilla investiga el incidente ocurrido el pasado 31 de enero en una cafetería de la ciudad autónoma cuando un grupo de agentes de la Policía Nacional, de servicio y vestidos de uniforme, profirieron insultos racistas a un padre de familia que estaba acompañado de su mujer y sus dos hijos. El incidente corrió como la pólvora por Melilla, entre otras circunstancias por la identidad de la víctima del presunto delito de odio, un guardia civil muy conocido en la ciudad y campeón nacional del arte marcial Jiu Jitsu.

El pasado 31 de enero era sábado y Nabib desayunaba con su familia en una mesa del bar Zafiro, en el barrio del Real. Eran alrededor de las 10:30 cuando se dirigió hacia la barra para pagar y un grupo de policías nacionales, de la Unidad de Intervención Policial, hicieron comentarios sobre él que escuchó la mujer de Nabib. Según la denuncia interpuesta en la Comandancia de Melilla por el propio agente, y a la que ha tenido acceso elDiario.es, los policías le llamaron “chimpancé” y “mono”. Uno de ellos habría dicho: “A ese enano lo cojo y lo parto en tres”. 

Los comentarios, proferidos en voz alta, causaron revuelo en el bar. La mujer de Nabib se levantó para informar a su marido de lo sucedido y recriminar a los policías su actitud. Nabib declaró en la Comandancia que solicitó “expresamente” a los policías nacionales que se identificaran, pero estos se negaron a ofrecerle su número de carnet profesional. “Cambiaron de tema en varias ocasiones, sin atender de manera clara ni directa a lo requerido”, recoge la denuncia, presentada esa misma tarde en dependencias del instituto armado. 

A continuación, el grupo de policías se dividió. Cuatro de ellos se retiraron al vehículo que tenían aparcado fuera y dos continuaron hablando con Nabib. “Preguntado para que diga cómo le hicieron sentir los hechos descritos”, recoge el acta, el guardia civil respondió: “Humillado y deshumanizado, especialmente por haberse producido los comentarios delante de sus hijos menores y en un establecimiento que frecuenta habitualmente la familia”. Los compañeros de la Guardia Civil, en atención a la posible comisión de un delito de odio, preguntaron a Nabib si considera que los hechos atentaron contra su “dignidad personal por razón de su origen o rasgos físicos”, a lo que la víctima contestó afirmativamente. 

Tras la toma de declaración de la víctima y diligencias, la Guardia Civil presentó un atestado de 76 folios al Juzgado número 5 de Melilla. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aseguran que su titular va a incoar una causa por un delito contra las libertades. La Guardia Civil ha localizado a cuatro testigos del incidente que serán llamados a declarar al juzgado. 

Los agentes del Servicio de Información del instituto armado también han obtenido un vídeo, grabado por un testigo con su teléfono móvil, en el que se aprecia a Nabib interactuando con dos de los policías nacionales y que serviría, al menos, para identificar a estos agentes. A ese vídeo pertenecen las capturas que ilustran esta información.

La Dirección General de la Policía asegura haber abierto una información reservada que queda detenida a la espera de una resolución judicial, según marca la normativa del Cuerpo. 

Los hechos provocaron la reacción casi inmediata de la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, quien desde su cuenta de Twitter condenó los hechos y advirtió de que se habían “activado todos los mecanismos de investigación para depurar responsabilidades”. “Ante el racismo y el insulto, tolerancia cero”, escribió la representante del Ejecutivo central en la ciudad.

La cafetería Zafiro es conocida por la calidad de sus desayunos. Es frecuentada por muchos policías, guardias civiles, locales y miembros de las Fuerzas Armadas, colectivo con una importante presencia en la ciudad autónoma. Un agente comenta que la convivencia entre cuerpos es pacífica y cordial y que no se recuerda un incidente como el que sufrió Nabib. 

A 10 minutos caminando de la cafetería Zafiro se encuentra el paso fronterizo con Marruecos y los agentes de la UIP pudieran estar disfrutando de su descanso, destacados allí para dar apoyo a sus compañeros. Está por esclarecer si se trataba de agentes llegados a Melilla para prestar servicio de forma puntual y no conocían a Nabib o si el comentario de uno de ellos “lo cojo y lo parto en tres” responde a que sabían quién era y sus habilidades deportivas.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha reconocido el derecho de un agente de la Ertzaintza a trabajar en quincenas alternas para conciliar su vida laboral con la familiar. El alto tribunal vasco ha rechazado un recurso presentado por la Administración General vasca contra una sentencia de la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Vitoria, que había dado la razón al agente.

La sentencia de primera instancia anuló la resolución de la dirección de Recursos Humanos, que denegó al agente su solicitud de trabajar por quincenas, a pesar de que contaba con el visto bueno de la jefatura de su comisaría. El agente había pedido que se le permitiera desempeñar el servicio por quincenas alternas, ya que por sentencia de divorcio debía hacerse cargo de sus hijos menores cada quince días.

Después de que el juzgado de Vitoria diera la razón al policía, la Administración General vasca recurrió ante el TSJPV con el argumento de que la medida solicitada no estaba incluida en el régimen jurídico de la función pública, sino que era “una medida de conciliación a la carta, no contemplada en la normativa”. El TSJPV cita sentencias anteriores para sostener que, aunque las medidas de conciliación no son ilimitadas, “únicamente pueden denegarse en el caso de que concurran razones el servicio que impidan o hagan excesivamente gravoso proceder conforme a lo interesado”.

La sentencia establece que la Administración “no ha motivado ni justificado debidamente su denegación” y ha utilizado argumentos genéricos, sin precisar qué perjuicios para la organización del servicio supone conceder la medida de conciliación solicitada. La sala explica que el agente ya disfrutó en 2020 del calendario por quincenas que reclama ahora, sin que se haya constatado ninguna incidencia en la prestación del servicio.

El jefe de la comisaría se mostró conforme porque consideró “que esta organización del trabajo no afectaba a la organización del servicio”, que se pudo prestar “con total normalidad”. “Es cierto que el jefe de la comisaría no es, en principio, el competente para otorgar la medida solicitada por el interesado. Ahora bien, su parecer al respecto es sumamente importante, habida cuenta de que es quien conoce de primera mano cómo se organizan los grupos y si los cambios solicitados van a tener alguna incidencia”, añade el TSJPV. Esta resolución no es firme y podría ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

El pasado diciembre declaró en los juzgados de Bilbao el agente de la Ertzaintza investigado por herir supuestamente durante el desalojo del gaztetxe de Rekalde en abril de 2025 al joven Iker Arana, que tuvo que ser hospitalizado y que, según relata, “perdió un testículo por las cargas policiales”. El abogado del ertzaina ha declarado públicamente que solicitará al Tribunal de Instancia que archive el caso, por lo que la plataforma Justizia Aranarentzat, creada para solicitar el esclarecimiento ante lo ocurrido, ha difundido el vídeo del momento del disparo de 'foam'.

“La defensa del ertzaina investigado pretende basar la petición de archivo en las declaraciones de dos ertzainas que se encontraban en el lugar del disparo junto al ertzaina investigado, quienes habrían declarado que es imposible que la bala de 'foam' causara la pérdida de un testículo a Iker desde aquella distancia. Además, el abogado de los ertzainas sostiene que, según el testimonio de los ertzainas, Iker rebasó la línea policial y que tanto él como el resto de gente que se concentraba frente al gaztetxe estaba lanzándoles botellas de cristal. Sin embargo, la realidad fue totalmente diferente, y las imágenes hablan por sí solas”, explican desde la plataforma ciudadana.

En las imágenes se ve una multitud de jóvenes a las puertas del gaztetxe y, al otro lado de la calle varias dotaciones de la Brigada Móvil de la Ertzaintza. Se produce un primer disparo y Arana se aproxima con los brazos en alto a modo de protesta. Segundos después recibe el impacto de la 'foam' y cae al suelo. “El abogado de los ertzainas sostiene que, según el testimonio de los ertzainas, Iker rebasó la línea policial y que tanto él como el resto de gente que se concentraba frente al gaztetxe estaba lanzándoles botellas de cristal. Al contrario de lo que dicen los ertzainas, no lanzó ninguna botella ni rompió el cordón de seguridad, que se encontraba a varios metros de distancia. Queremos subrayar que tanto este caso como otros similares que estamos viendo los últimos meses sacan a relucir dos cuestiones. Por un lado, muestran la brutalidad y la impunidad con la que actúa la Ertzaintza. Por otro, ponen encima de la mesa que el derecho a la protesta no está garantizado. Iker fue mutilado por el mero hecho de mostrar su rechazo ante el desalojo de un gaztetxe. El derecho a protestar frente a las injusticias sin ser reprimido debería estar garantizado; y en cambio, la Ertzaintza y el Gobierno vasco avanzan en la dirección contraria, fortaleciendo el estado policial para reprimir y criminalizar a quienes se movilizan”, han denunciado desde Justizia Aranarentzat.

Arana interpuso una denuncia ante la Justicia el pasado 23 de abril con el objetivo de que “se esclarezcan los hechos y para que se juzgue a los responsables de esta actuación policial”. “Tanto al agente que me disparó intencionadamente el proyectil como a las personas encargadas del operativo policial”, señaló tras lo ocurrido. En su versión, el agente de la Ertzaintza le disparó “una bala de 'foam' a propósito” en la entrepierna. En diciembre, durante la declaración de los agentes de la Ertzaintza, en una concentración frente a los juzgados con el apoyo de la plataforma creada para defenderle, Justizia Aranarentzat, denunció que pese al cambio de la Ertzaintza de las pelotas de goma al 'foam' se ha demostrado que estas últimas “son altamente lesivas”. En la actualidad está abierta también otra causa por las lesiones sufridas por una mujer, Amaya Zabarte, en otra carga ocurrida en Anoeta en marzo de 2024. En su caso las heridas fueron en el cráneo.

“Los protocolos de lesiones son inexistentes cuando los ertzainas son los culpables. Me cuesta creer que con todos los medios y herramientas que tiene la Ertzaintza hoy en día, no hayan podido conseguir ni una prueba visual y que todas las pruebas visuales que se han conseguido han sido por parte de mi entorno. Me gustaría saber si hubiera sido al revés cómo hubieran sido las cosas”, ha lamentado el joven, tras agradecer el apoyo de la gente que ha acudido a la concentración y asegurar que su caso demuestra que “los métodos que utiliza la Policía no son los más adecuados”.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, compareció a petición propia en el Parlamento Vasco en mayo para defender que la Policía intervino de modo justificado y “no se puede aceptar con normalidad que la Ertzaintza reciba agresiones y se produzcan disturbios cuando tiene que cumplir con su labor legal, cuando tiene que hacer cumplir la ley”. Aun así, reconoció que hay una denuncia interpuesta. “Mi preocupación ha aumentado viendo la dura denuncia que ha hecho un ciudadano ante la actuación de la Ertzaintza. Según esta denuncia, ha recibido un daño como consecuencia de la incorrecta actuación de la Ertzaintza en los disturbios que se produjeron en Rekalde”, destacó el consejero.

A pesar de ello, Zupiria mostró en el Parlamento Vasco su firme confianza tanto en el dispositivo policial como en los jefes de la Ertzaintza que lo llevaron a cabo aquel día. “Si ha ocurrido como el denunciante asegura, ha sido un comportamiento inadecuado. Creo que el dispositivo policial que tuvo lugar en la víspera del desalojo era necesario y tengo toda la confianza en los jefes de la Ertzaintza que organizaron dicho dispositivo. Conocí de cerca lo que ocurrió y las decisiones que se tomaron e hicieron lo necesario para cumplir con una orden judicial. Los disturbios no los provocó la Ertzaintza, los provocaron quienes actuaron contra la presencia de la Ertzaintza. En ese contexto, ha podido ocurrir que un agente haya tenido una actuación incorrecta. Si eso es cierto, nos corresponde a nosotros investigarlo y ponerlo en manos de la Justicia, quien tendrá la última palabra”, indicó.

“La Ertzaintza tiene legitimidad para utilizar la fuerza a la hora de hacer su trabajo, pero si alguna vez ocurre algo, una conducta, una actuación aislada que pueda poner en duda la actuación correcta de la Ertzaintza, creo que debemos responder con firmeza. La sociedad vasca debe ser exigente con la Ertzaintza. La sociedad ha dado la legitimidad a los miembros de la Ertzaintza para que cuando sea necesario, utilice la fuerza siempre dentro de la ley. Por eso, porque les hemos dado la legitimidad, debemos ser exigentes con el uso de la fuerza, fuerza legítima sí, pero violencia, de ninguna manera”, afirmó el consejero.

Preguntado por el material y equipamiento policial que se utilizó en el dispositivo, Zupiria confirmó que hubo salvas -disparos en vacío- y balas de 'foam' cuando se detectó “peligro”. “En la actuación no se utilizaron pelotas de goma. En un momento determinado, porque vieron un peligro, sacaron las escopetas y las pelotas de los furgones, pero no fueron utilizadas”, matizó. De hecho, este material no se ha empleado nunca desde el fallecimiento de Íñigo Cabacas tras una carga ocurrida en abril de 2012.

“Se utilizaron proyectiles de salva y balas de 'foam'. En la operación hubo 40 'bodycam', se han visto las imágenes de todas y en ninguna ha aparecido la situación que describe el denunciante. Aunque eso no quiere decir nada. El despliegue no está finalizado. Si lo que relata el denunciante es verdad, estaríamos ante una situación grave y considero que ante situaciones graves hay que tener respuestas claras”, subrayó Zupiria.

La orden de desalojo del gaztetxe, un centro social autogestionado y en este caso okupado de Rekalde, estaba prevista para las 09.00 horas de del pasado viernes 4 de abril, pero durante la noche anterior comenzaron los disturbios cuando un amplio dispositivo de la Ertzaintza lo custodió durante la jornada previa a su desalojo, por orden judicial. Tras los incidentes, en los que resultó herido Arana, detuvieron a cinco personas por atentado contra agentes de la autoridad, y según el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, 15 ertzainas resultaron heridos, pero no de gravedad.

Finalmente, el viernes a las 10.20 produjo el desalojo y se identificó a las cuatro personas que pasaron la noche dentro, a las que se les abrirá un expediente sancionador por obstrucción, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Durante estos desórdenes públicos se cruzaron numerosos contenedores en la calzada y a seis de ellos les prendieron fuego. Según el Ayuntamiento de Bilbao los daños materiales, en un recuento inicial, ascendieron a más de 6.000 euros. Este periódico se puso en contacto con el Ayuntamiento, que aseguró que al tratarse de un edificio privado y de un desalojo ordenado por un juzgado, no realizarían comentarios al respecto.

La Policía Nacional ha intervenido e identificado a un hombre que caminaba por la calle en Logroño con un trozo de cristal en forma de machete. A las 10.50 horas, una persona ha llamado a la Policía Nacional alertando de esta situación y se ha trasladado al lugar una dotación de la Unidad de Prevención y Reacción, que ha localizado al hombre.

La Policía Nacional ha inmovilizado e identificado al hombre tras retirarle el objeto, que han confirmado que era un trozo de cristal con forma de machete. Ante el estado de esta persona y por su comportamiento, han solicitado la presencia de ambulancia, que ha trasladado a este hombre a un centro sanitario para su valoración.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha estimado el recurso interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que absolvió a dos agentes de la Policía Nacional acusados de un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos. La Sala ha declarado la nulidad tanto de la resolución absolutoria como del juicio oral y ha ordenado que el procedimiento se repita ante un tribunal distinto. La causa se centra en una serie de accesos a bases de datos policiales realizados por uno de los agentes sobre información personal de un ciudadano, en distintas fechas entre 2021 y 2023, en un contexto de conflicto familiar y judicial. La Audiencia consideró probado que se produjeron consultas en varios sistemas informáticos del Cuerpo Nacional de Policía, pero concluyó que no tenían relevancia penal al entender que no se accedió a datos concretos, que podían estar autorizadas por el propio afectado o que no se produjeron “en perjuicio de tercero”.

La causa tiene su origen en un conflicto familiar derivado de un proceso de divorcio judicializado en 2023, en el que se dictó una orden de protección y alejamiento. En ese contexto, uno de los agentes —amigo personal de la mujer protegida— realizó en varias ocasiones accesos a bases de datos policiales para consultar información personal del hombre afectado por la orden.

Según los hechos analizados en el procedimiento, las consultas se produjeron en agosto de 2021 y en varias fechas del verano y otoño de 2023, utilizando distintos sistemas informáticos del Cuerpo Nacional de Policía. A través de esos accesos se obtuvieron datos relacionados con alojamientos en hoteles y apartamentos, vuelos, atestados policiales, controles y otros registros administrativos, así como información vinculada a la orden de alejamiento. La investigación interna confirmó la existencia de decenas de consultas, algunas de ellas realizadas mediante un metabuscador que permite interrelacionar información procedente de distintos ficheros policiales. Parte de esos accesos se justificaron inicialmente como comprobaciones relacionadas con la vigencia de la orden judicial y la prevención de posibles incumplimientos.

La Audiencia Provincial de Zaragoza absolvió a los agentes al considerar que no se había acreditado un acceso efectivo a datos personales concretos, que algunas consultas podían haber sido consentidas por el propio afectado o que no se había producido perjuicio alguno a terceros, entendiendo que, en su caso, los hechos podrían tener relevancia únicamente disciplinaria.

El TSJA discrepa de forma clara de esa conclusión y considera que la motivación de la sentencia absolutoria es “errónea, ilógica y contradictoria”. En su resolución, la Sala recuerda que el objeto de la acusación se centra en accesos no autorizados a bases de datos policiales que contienen información personal, y subraya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el mero acceso ilegítimo a estos datos ya integra el perjuicio exigido por el tipo penal, sin necesidad de acreditar un daño añadido.

Los magistrados rechazan también la distinción entre acceder a “listados” y acceder a “datos”, al considerar que el conocimiento de información como fechas y lugares de hospedaje constituye en sí mismo una intromisión en la intimidad. Además, cuestionan que la supuesta justificación policial basada en la comprobación de una orden de alejamiento explique accesos a ámbitos claramente ajenos a esa finalidad, como alojamientos, vuelos o controles policiales.

La Sala destaca igualmente que algunas de las consultas afectaron a datos personales de terceras personas sin constar consentimiento, lo que refuerza la posible relevancia penal de los hechos, máxime cuando los accesos fueron realizados por funcionarios públicos con acceso privilegiado a información especialmente protegida.

Por todo ello, el TSJ de Aragón ha acordado la nulidad de la sentencia y del juicio oral, y ha ordenado que la causa sea enjuiciada de nuevo por la Audiencia Provincial con una composición distinta. La resolución no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La Asociación 3 de Marzo ha inaugurado este jueves la exposición 'Oroiterri, soportes de la memoria' que recoge los soportes de memoria de diferentes países del mundo. En rueda de prensa, el colectivo ha presentado la muestra que se enmarca en el próximo quincuagésimo aniversario de la masacre ocurrida el 3 de marzo de 1976 en el barrio de Zaramaga, donde murieron cinco personas y cientos resultaron heridas a manos de los disparos de la Policía armada.

En ella, 'Oroiterri' es la obra de arquitectura o escultura que se hace a una persona o a un acontecimiento memorable. Partiendo de esta idea, la exposición trae a Vitoria testimonios y materiales relacionados con la memoria de diferentes conflictos y luchas sociales. La exposición muestra cómo las memorias de los pueblos se mantienen vivas en las calles y de la mano de la sociedad civil, así como el fortalecimiento de la labor de entendimiento y memoria mutua, acercando a la capital alavesa experiencias de otros países, según recoge Europa Press.

Entre el material expuesto, habrá acero y pancartas de Euskal Herria, mariposas colombianas y origamis japoneses. También se podrán contemplar otros materiales usados en países como Perú, Chile y Argentina, entre otros. IAK acogerá la muestra del 8 al 25 de enero, para permanecer abierta los viernes, sábados y domingos. Además, todos los sábados habrá una visita guiada a las 12.00 del mediodía, previa inscripción.

Asimismo, se han organizado otro tipo de actividades. El 15 de enero Paul Casal Kortabarria subirá al escenario de IAK a las 19:00 horas y Ane, Oihane e Iker lo harán el 22 de enero en un formato acústico. Como colofón a la exposición, el 25 de enero se organizará un 'bertso-vermut'.