El Ararteko (Defensoría del Pueblo vasca) ha recomendado a la Ertzaintza que limite informar en sus notas de prensa sobre el origen de los detenidos, investigados y víctimas de delitos, salvo que sea un dato de “relevancia pública” y “esencial para contextualizar” la información, de modo que se eviten asociaciones “injustificadas” entre origen y delincuencia. “La información difundida por las administraciones públicas influye en la percepción social de cuestiones como la inmigración, la delincuencia y la seguridad ciudadana”, ha señalado el Ararteko en una resolución hecha pública este viernes. Otros cuerpos, como la Policía de Donostia también lo hacen.

En este sentido, el organismo dirigido por Mikel Mancisidor ha advertido de que difundir de forma descontextualizada datos sobre hechos delictivos individuales puede favorecer interpretaciones y asociaciones “injustificadas” entre origen y delincuencia y, aunque ha valorado la necesidad de la transparencia institucional, también ha considerado que el Departamento de Seguridad debe evitar la creación o el refuerzo de prejuicios, estereotipos y estigmatización hacia determinados colectivos.

Se trata de un expediente de oficio publicado tras conocer que el equipo de Bingen Zupiria, del PNV, había introducido un cambio en su política de comunicación pública, al incluir en sus informaciones el origen de las personas detenidas e investigadas como, en su caso, el de las víctimas de los delitos. De hecho, en su recomendación general 7/2011, el Ararteko expresaba, en diferentes ocasiones, su preocupación acerca de la influencia que un tratamiento inadecuado de la información que se ofrece desde las instituciones podía tener en la imagen social de la población inmigrante y en su integración“. Las notas de prensa policiales deben evitar aquellas referencias a la nacionalidad que no sean estrictamente necesarias para la comprensión global de la información que contienen. ”Los cuerpos policiales tenían que tomar conciencia de su condición de fuente de información y elaborar sus propios códigos de conducta en esta materia“, dado que en aquel momento se entendía que facilitar de modo generalizado esa información ”no favorece la integración social de la población de origen extranjero, al transmitir una visión negativa de esa realidad humana, que contribuye a crear o, en su caso, reforzar estereotipos y prejuicios sociales sobre ella“.

A pesar de ello, el Departamento de Seguridad remitió un informe en el que, entre otras cosas, se destacaba que eran dos las cuestiones novedosas: “Se iba a iniciar la publicación trimestral de las tablas estadísticas que recogen las infracciones penales conocidas por la Ertzaintza con indicación del origen de las personas detenidas e investigadas” y, “en las notas de prensa que diariamente facilita el departamento de prensa de la Ertzaintza –a través de la red Telegram, para los periodistas acreditados, y en la página web del departamento en el portal Irekia del Gobierno vasco- junto al tipo de infracción cometida se iban a añadir, de forma general, datos sobre el género, la edad y la procedencia geográfica de las personas detenidas y de las víctimas, así como la existencia o no de antecedentes delictivos en el caso de las primeras”.

Para justificar la aportación de los datos, desde el Departamento argumentan que “la decisión de no ofrecer información sobre el origen de los detenidos por la Ertzaintza en las notas de prensa no ha evitado su difusión por parte de algunos medios que la han obtenido por su cuenta, sin que otros hayan podido adoptar una decisión con respecto a su publicación por carecer de ella”. “Esta tensión política e informativa, nada pacífica, ha coincidido en el tiempo con un profundo cambio sociológico y demográfico en nuestra sociedad, con un incremento de algunos tipos delictivos, precisamente los que mayor preocupación social causan, en los que la incidencia de las personas procedentes de algunos orígenes geográficos destaca por encima de su peso real en nuestra sociedad, y con un aumento de la preocupación social por la seguridad, de tal forma que en nuestra opinión corremos el grave riesgo de terminar estigmatizando a determinados colectivos, salvo que seamos capaces de contrarrestar esas sensaciones, a través de la acción institucional -incluida la policial y las políticas activas de comunicación. Pensamos que facilitar directamente a las y los periodistas y a las instituciones con las que colaboramos la información de la que disponemos es una forma de actuar con transparencia y garantizar el derecho a la libre información en una cuestión de gran impacto social”, recoge el informe.

El Departamento de Seguridad insiste en que “la sociedad vasca de 2025 no es la de 2004 o 2011”. La configuración política de nuestras instituciones tampoco es la de entonces. Y la realidad del mundo de la información, donde han proliferado nuevos canales y cauces de comunicación, especialmente on line, y donde, a menudo, no es posible identificar la fuente de una información ni su veracidad, es radicalmente diferente de la de otros momentos. Tampoco existe, en nuestro ámbito, un modelo de buenas prácticas o códigos deontológicos acordados entre los medios de comunicación convencionales y los profesionales, que, a la postre, son el cauce determinante por el que llega la información que las instituciones ponemos disposición de la sociedad vasca“, insisten.

“Todas estas consideraciones han llevado a nuestro departamento a cambiar la política informativa y, entre otras consideraciones, a informar sobre el origen geográfico de todas las personas detenidas o víctimas, sean vascas, de nacionalidad española, de origen europeo, magrebí, subsahariano, latinoamericano, asiático o de cualquier otra procedencia, sin fijar nuestra atención en ninguna nacionalidad en concreto e igualándolas todas. Lo hacemos desde el convencimiento de que facilitar esta información evitará la estigmatización de determinadas comunidades y nos obligará a todas y todos, especialmente instituciones, profesionales de la información y medios de comunicación, a hacer un uso responsable de estos datos y reforzar nuestro compromiso para evitar el racismo y la criminalización de muchos de quienes han decidido venir a vivir y a encontrar un futuro mejor en Euskadi”, justifican.

Sin embargo, en su labor por proteger a los ciudadanos, el Ararteko recomienda que “la decisión de la publicación del dato de origen en las notas de prensa sobre seguridad y actuaciones policiales exige, en cada caso, una ponderación de los intereses y derechos afectados” y que esa decisión, consecuentemente, “debería limitarse a aquellos supuestos en que el conocimiento del origen de los detenidos, investigados y víctimas de los delitos sea esencial para contextualizar una información importante o con relevancia pública, por ser de interés general, bien cuando su publicación sea pertinente para la lucha contra los estereotipos y la estigmatización o bien cuando coadyuve a otros fines legítimos, tales como la lucha contra los bulos o el fomento de la calidad de la información en una sociedad democrática”.

El sindicato CSIF ha denunciado este viernes la “falta” de equipos de protección individuales (EPI) para los policías locales de Santander, como cascos antidisturbios y chalecos antibalas y reflectantes, y la asignación de servicios unipersonales durante la festividad de la Semana Grande que arranca este viernes, con el chupinazo.

El sindicato ha registrado un escrito en el Ayuntamiento en el que formula un requerimiento formal y urgente ante la “grave situación de riesgo e indefensión” en el que se encuentran los agentes de este Cuerpo durante los eventos que congregan una gran afluencia de personas, como el chupinazo.

Según señala CSIF en el escrito, la asignación “sistemática” de servicios unipersonales y la “flagrante carencia” de equipos de protección individual (EPI) constituyen un “incumplimiento directo” de la normativa de prevención de riesgos laborales y del régimen estatutario de la Policía Local que el sindicato “no está dispuesta a tolerar”.

Así, ha solicitado que se ponga fin a “la práctica de enviar a un solo agente a cubrir servicios que requieren apoyo mutuo”, como realizar cortes de vía o patrullas en zonas con miles de personas, ya que “contraviene directamente” con la Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria, que recoge “la limitación de los servicios unipersonales como una garantía de seguridad para los agentes”.

El sindicato reivindica el derecho de los agentes a prestar servicio “en condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo”.

Además, ha indicado que la Administración tiene la “obligación ineludible” de proporcionar los medios técnicos necesarios para garantizar la integridad física de los agentes.

Ha destacado que la carencia de cascos antidisturbios, chalecos antibalas y chalecos reflectantes en eventos de riesgo previsible supone una “vulneración” de la normativa.

“Estrés laboral ante grandes masas”

Asimismo, CSIF se ha referido al “estrés laboral” que genera la exposición de un agente en solitario a grandes masas sin el equipo adecuado.

Para el sindicato, la “falta” de efectivos que padece este Cuerpo, derivada de “un problema de planificación y de recursos humanos” debe resolverse mediante “refuerzos, contrataciones o reorganización” del servicio, y no “reduciendo la seguridad de los agentes”.

De esta forma, ha pedido al Consistorio la supresión inmediata de todos los servicios unipersonales en puntos de control, cortes de vía y patrullas durante las fiestas de Santander, la dotación urgente de equipos de protección individual completos y homologados para toda la plantilla operativa; y la prohibición expresa de asignar servicios en zonas de gran afluencia o riesgo a aquellos agentes que no dispongan de la totalidad de los EPIs necesarios para su seguridad.

Asimismo, ha solicitado la revisión y actualización de la Evaluación de Riesgos Laborales específica para eventos masivos, con participación de los delegados de prevención.

CSIF ha advertido que, en el caso de no recibir una respuesta satisfactoria y no adoptarse las medidas de seguridad solicitadas en un plazo de tres días, interpondrá una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y ejercerá “las acciones legales oportunas” ante la jurisdicción contencioso-administrativa para salvaguardar la integridad física de los agentes.

La familia de Kerman Villate, un joven al que un portero golpeó y mató a la entrada de la discoteca Mítika de Vitoria, ha encontrado hasta 22 precedentes de agresiones cometidas por porteros de la plantilla del local, que van desde 2022 hasta dos meses antes de la vigesimotercera, acaecida en febrero de 2025 y que fue la mortal. La familia apunta que en seis de ellos —más de los que tenía recabados en febrero, cuando se cumplía un año de la muerte— el autor directo de las agresiones habría sido la misma persona implicada en el fallecimiento de Villate, que también habría participado en otras dos junto con el responsable de esos trabajadores.

Han recabado información detallada a partir de atestados de la Ertzaintza y de la Policía local, así como de la sentencia de un procedimiento civil y a través de un testimonio recogido de forma directa. Lamentan, en cualquier caso, que en manos de la Policía local, y por tanto del Ayuntamiento, obran más datos que permitirían efectuar un “análisis del conjunto de las agresiones verificadas”.

El primer precedente se remonta a febrero de 2022, tres años antes de la muerte de Villate, con una agresión que se saldó con una sentencia que imponía una multa de 10.000 euros a la empresa que gestionaba Mítika. Unos meses después, en octubre, la Ertzaintza recogía en un atestado que a una persona se le habían propinado “patadas y puñetazos”, que la dejaron “desorientada y sangrando por la boca”, lo que requirió de un traslado al hospital. Apenas dos semanas después, a comienzos de noviembre, un portero de Mítika habría cometido otra agresión. “La víctima es noqueada y como consecuencia del ataque pasó una noche en el hospital en observación”, recoge la familia de un testimonio directo.

En diciembre, apunta la familia apoyándose en otro atestado confeccionado por la Ertzaintza, “un cliente del local presentaba un corte profundo debajo de la nariz, requiriendo traslado en ambulancia al hospital de Txagorritxu”. Como corroboró otro cliente presente en la discoteca, un portero sacó a la víctima del local y la agredió ya fuera. Hay otro atestado datado dos meses después, en febrero de 2023, con un cliente expulsado del local mediante “empujones y tortazos”. En abril, el agresor de Villate, señala la familia, “fue denunciado ante la Policía local por atacar por detrás a un cliente, que cayó al suelo perdiendo la conciencia”. Esta agresión es la única de las recogidas que se produjo en otro local de la ciudad. En el juicio quedó absuelto con una sentencia en la que la magistrada apuntaba que la versión del denunciante ofrecía “dudas”, dado que no se había podido determinar “si fue el acusado quien le propinó el golpe”.

Este hombre volvió a estar implicado, según relata el informe, en una agresión de marzo de 2024. Se interpuso ante la Ertzaintza una denuncia “por empujar y tirar al denunciante al suelo para golpearle posteriormente en la oreja”. En el atestado, señala la familia, se recoge que “le propinó un empujón tirando al denunciante al suelo” y que después, al volverse a poner en pie, “sin mediar palabra le propinó un golpe con la mano en la oreja izquierda”. Menos de un mes después, una persona denunció a este mismo portero ante la Policía local por haberle impedido el acceso por la ropa que llevaba, considerando que la medida era discriminatoria. Esta persona, apunta el informe, se vio atacada “sorpresivamente por el agresor de Kerman en la misma zona opaca a la videovigilancia”. En el atestado se recoge que “le dio un buen tortazo, dejándole un ojo morado, heridas dentro de la boca y comenzando a sangrar de la nariz”.

Todavía en abril, el día de San Prudencio, otra persona denunció que había sufrido una agresión en el interior del local al volver a acceder para recuperar una cazadora que se había dejado olvidada. “La agresión es colectiva y dos de los agresores de Kerman participan en la misma (el responsable de porteros y el agresor directo), siendo grabados por la videovigilancia”, indica la familia. Una semana después, el 4 de mayo, según un atestado de la Ertzaintza, “una persona es agredida de forma sorpresiva por estos mismos porteros”, apunta el informe. “A consecuencia del ataque el ciudadano perdió la conciencia y estuvo ingresado una noche en el hospital en observación. Al parecer uno de los porteros de la discoteca, tras intentar entrar de nuevo en el local, le golpeó causándole una pérdida de conocimiento”, abunda.

Varios meses más tarde, en noviembre, la Ertzaintza confeccionó un atestado después de que un portero empujara a dos clientes a la entrada de Mítika. Una de las víctimas presentaba heridas tanto en la nariz como en la ceja. Un mes más tarde, en diciembre, en otro atestado de la Policía vasca se recoge el testimonio de un testigo que, según la familia, relató que “entre varios porteros estaban sacando de malas formas a empujones a dos clientes, resultando uno de ellos herido en la pierna izquierda”. Es la última agresión de la que la familia tiene constancia antes de la muerte de Villate, acaecida en febrero de 2025.

La polémica del plan piloto de la Generalitat de Catalunya para introducir agentes de los Mossos d'Esquadra de paisano en institutos de Secundaria con el objetivo de prevenir conflictos y mejorar la convivencia en los centros ha llegado este jueves a Euskadi de forma inesperada. Ha sido durante el Curso de Verano de la EHU denominado Basque Segurtasun Foroa, el foro creado por el Gobierno vasco para hacer un diagnóstico sobre inseguridad, criminalidad y respuesta policial en el que, además del lehendakari Imanol Pradales y el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, también ha participado la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, quien ha hablado sobre la “innovación educativa hacia el alumnado inmigrante” y ha mencionado nuevas “estrategias” conjuntas entre ambas áreas, aunque ha descartado la necesidad de presencia policial en las aulas vascas como respuesta a los retos a los que se enfrentan dentro del sistema educativo.

En este contexto Pedrosa, quien se ha reconocido a ella misma como migrante por ser toda su familia de Andalucía, ha hablado de los retos educativos de la población que llega a Euskadi, sobre todo de aquellos niños y niñas que no saben hablar castellano ni euskera. “Cuando un chaval o una chavala llega a Euskadi y no sabe hablar ni una palabra de castellano ni euskera nosotros tenemos la obligación de que pueda tener un proyecto de vida, de que se mantenga en la educación. Tenemos menores de 149 nacionalidades que se van incorporando a lo largo del curso y se van escolarizando fuera de la matrícula ordinaria y para ellos tenemos una acogida y también para sus familias. Hay mucho margen de mejora, estamos aprendiendo haciendo, escuchando, investigando, pero lo importante es que ese niño o niña tenga una acogida académica y emocional”, ha explicado Pedrosa.

La consejera ha confesado que puede que muchos de los presentes a la conferencia, en su gran mayoría policías y otros profesionales de la seguridad probablemente no entiendan su presencia en el foro o la relación entre seguridad y educación, por ello ha informado del trabajo conjunto que realizan ambas áreas. “Estamos trabajando en ciberdelitos, el ciberbullying, pero también el fenómeno de la radicalización porque tenemos centros educativos con culturas diferentes, religiones diferentes y marcos mentales diferentes. Son personas que vienen con valores en muchos casos muy contrapuestos”, ha recalcado.

En este sentido, Pedrosa ha indicado que “más allá de garantizar el derecho a la educación y de que las personas se mantengan en el sistema educativo necesitamos nuevas maneras de intervenir. Ya no funciona lo que funcionaba hace 40 años y esto no es un tema de comunicación solamente, hay muchas variables que tenemos encima de la mesa. Uno de los grandes retos que tenemos hoy en día no son solamente los jóvenes, también son las familias. Y muchas veces cuando hablamos de pérdida de respeto a la autoridad hablamos de todos ellos, no solo los menores, también sus padres y madres. Llegan a la escuela tipologías diferentes de familias que hablan diferentes idiomas. Es el ecosistema vivo que tenemos en continua evolución y transformación. Por eso impulsamos distintas decisiones que nos ayuden a preparar al sistema educativo y a la sociedad de Euskadi para la realidad que ya vivimos en las aulas y para que sigamos siendo un país con unos valores y una manera de entender la convivencia desde el respeto”, ha añadido para después recalcar que ese respeto los menores, “ya sean autóctonos o extranjeros, los adquieren a través de buenos referentes”.

“No todos los jóvenes son iguales ni todos los extranjeros son iguales, lo que tenemos que hacer desde Educación es trabajar para que esas personas sientan que pertenecen a Euskadi y quieran seguir aportando, formándose y trabajando en Euskadi. Pero no nos engañemos, porque la educación no lo puede hacer todo. Las áreas de Seguridad y Educación cada vez están más relacionadas. ¿Quién no ha oído hablar de lo que ha ocurrido en Cataluña con los Mossos en las aulas? El Gobierno tomó una decisión para que los Mossos estuvieran de forma física en las aulas y aquello creó una enorme polémica. La pregunta es, ¿es necesaria una medida como esta? La clave está en una colaboración estrecha entre ambas áreas”, ha justificado dejando la cuestión en el aire.

Sin embargo, esa respuesta no ha sido suficiente para el público, que ha repreguntado si considera necesaria la presencia policial en los colegios vascos, a lo que Pedrosa ha confirmado que “no”. “Tenemos espacios para trabajar de forma conjunta pero hay cuestiones que mejorar, aunque no vemos necesaria la presencia de la Ertzaintza en colegios, ya que nuestros centros educativos tienen personal de referencia de la Ertzaintza y saben a quién llamar en el caso de necesitarlo. Eso crea seguridad y los equipos de dirección de los centros conocen perfectamente el procedimiento. Aquí se está abriendo una puerta para hacer cosas nuevas para enfrentarnos a los retos sociales, pero no veo necesario una medida como la implementada en Cataluña, considero que hay otras maneras de ofrecer seguridad al alumnado y a la sociedad”, ha concluido la consejera.

La Guardia Civil ha detenido a siete personas, con edades comprendidas entre los 30 y los 65 años de edad, por pertenencia a organización criminal dedicada a la comisión de robos con violencia y el tráfico de drogas, utilizando el método de 'policías full'.

La Guardia Civil inició la investigación tras un robo con intimidación en el mes de abril, en el que los autores, que iban encapuchados y haciéndose pasar por policías -portando placas, chalecos, rotativos azules e incluso un arma de fuego- intentaron sustraer parte de la carga de un camión estacionado en un área de descanso de Torquemada (Palencia).

Para este fin utilizaron gran violencia, golpeando al conductor del vehículo, causándole varias lesiones y huyendo posteriormente del lugar en dos vehículos.

Acusados también de tráfico de drogas

A su vez, estaba siendo investigando un entramado dedicado al tráfico de drogas en Toledo, en concreto plantaciones indoor de marihuana, teniendo localizados siete domicilios en la localidad de Hormigos.

Los investigadores, percatándose que se podía tratar de los mismos autores, comenzaron una investigación conjunta que llevó a registros simultáneos en los siete inmuebles de Toledo, donde fueron recuperados tres vehículos sustraídos en Madrid, dos de los cuales, se utilizaron en el robo de Palencia, localizándose uno de ellos justo en el momento en que se estaba desmantelando completamente, con el fin de hacer desaparecer el rastro.

Además, se localizaron varias armas de fuego, entre ellas un revólver con el número de serie borrado, dos rifles, cuatro armas de aire comprimido, 6600 euros en metálico y varios relojes de lujo. Igualmente se han desmantelado dos instalaciones previstas para el cultivo indoor de marihuana e intervenido todos los efectos y aparatos relacionados, aprehendiendo diversa cantidad de marihuana, hachís, básculas y otros efectos relacionados con el tráfico de drogas.

Los juzgados de Instancia de Torrijos (Toledo), Alcala de Henares, Getafe y Madrid y Palencia Plaza número 2 son los encargados de dirigir las actuaciones.

El juicio a la excúpula de la conselleria de Salud por retrasar la vacunación contra el COVID-19 a policías nacionales y guardias civiles encara su recta final con la acusación desinflada. Ningún testigo ha señalado en el juicio que la exconsellera Alba Vergés o el resto de procesados pretendiera, a sabiendas, perjudicar la inmunización de los agentes. Los exaltos cargos han cerrado filas y han mantenido sus tesis exculpatorias en sus declaraciones de este viernes.

El presidente del tribunal, José Manuel del Amo, ha anunciado que el próximo lunes la Fiscalía y los sindicatos policiales que ejercen la acusación popular tendrán que concretar si mantienen sus conclusiones provisionales (el Ministerio Público pide hasta doce años de inhabilitación para Vergés y su sucesor, Josep Maria Argimon) o las modifican.

No es habitual que la Fiscalía rebaje sus pretensiones al final de un juicio, aunque existen precedentes de retirada de acusaciones por parte del Ministerio Público tras vistas orales muy favorables a las defensas. La del caso de las vacunas ha sido una de ellas.

El respaldo más relevante a las defensas provino de los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que coordinaron la vacunación de sus agentes en Catalunya, quienes destacado que su relación con la Generalitat fue correcta. Tampoco desde Delegación del Gobierno pusieron tacha alguna a la actuación de la conselleria.

Lo que se dirime en el juicio es si la pausa en el proceso de paralización de la vacunación a guardias civiles y policías (que también afectó a otros colectivos de funcionarios que no se han querellado contra el Govern) ocurrida en marzo de 2021 es un delito de prevaricación.

Los acusados lo han negado este viernes y han insistido en una misma tesis: la vacunación se paró por criterios técnicos decididos por el Consejo Interterritorial de Salud (donde participan el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas) después de que se detectaran casos de trombosis con un lote de vacunas de Astrazeneca.

Alba Vergés, consellera de Salut del Govern de la Generalitat durante la pandemia, ha explicado que, tras el parón, el Consejo decidió priorizar el criterio de edad al de los colectivos esenciales de funcionarios, aunque se buscó que fuera “compatible” con la inmunización de policías, bomberos o profesores.

Eso llevó a priorizar, según la exconsellera, el grupo de 55 a 65 años de edad. En una declaración de una hora, Vergés ha repasado todos los detalles del proceso de vacunación, que se organizó mediante un “documento vivo” que se iba actualizando a medida que se producían más vacunas.

La llegada de la vacuna producida por AstraZeneca en febrero del 2021 hizo actualizar, otra vez, los criterios de vacunación. Es ahí donde se diseñaron diversos grupos esenciales, como los profesores y maestros, los policías o los trabajadores del servicio de emergencias. Pero con una particularidad; en ese momento y debido a las órdenes del Ministerio, Astrazeneca solo se aplicaba a personas de entre 18 y 55 años, aunque la Agencia Europea del Medicamento no impuso ninguna restricción de edad.

“El ritmo de vacunación depenía de las dosis que teníamos. En ese momento, teníamos 100.000 para un grupo de 1 millón de personas”, ha explicado Vergés, que se ha llegado a emocionar en un momento de la declaración al recordar la pandemia. “Siempre quisimos vacunar a todo el mundo y los más rápido posible. No me olvidaré nunca”, ha apostillado.

El exsecretario general de Salud Marc Ramentol ha seguido la misma línea y ha incidido en que la Generalitat seguía las directrices del Ministerio. “Nuestro criterio no era de innovar”, ha zanjado.

Ambos acusados han quitado hierro a los mensajes que sirvieron para incriminar a Vergés y que mostraron algunas discrepancias con su entonces número dos, Josep Maria Argimon. Los acusados han llegado al juicio con las versiones acordados y han evitado el enfrentamiento al valorar que Argimon quiso continuar con la vacunación de policías que se paró porque toda la logística ya estaba preparada, pero no por divergencias políticas con Vergés.

Por su parte Adrià Comella, el que fuera el director del Servei Català de Salut, ha defendido la normalidad del proceso de vacunación. Y el exdirector de servicios de la conselleria, Xavier Rodríguez, ha contado que incluso uno de los sindicatos policiales pidió parar la vacunación debido a las dudas con AstraZeneca, tal y como también decidió el Ministerio.

Los temarios de pruebas de acceso para ser policía local en Castilla-La Mancha incorporarán cuestiones sobre la igualdad de trato y la no discriminación del colectivo LGTBI. Es una de las novedades que incorpora un decreto de la Consejería de Administraciones Públicas mediante la que se modifica el reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales en esta comunidad autónoma.

Según el texto, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), el nuevo decreto establece como obligatorio incluir este tema en los programas de acceso a todas las categorías de los cuerpos de la Policía Local, que convocan los ayuntamientos.

En realidad, la modificación se realiza para adaptar el reglamento a la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI aprobada en febrero de 2023.

Este contenido se integrará dentro de la “parte especial” del temario, junto a otras materias como igualdad de género, derecho penal, y tráfico y seguridad vial. Además, la obligatoriedad de estudiar esta materia afectará a los procesos selectivos de todos los rangos: policía, oficial, inspector, subinspector, intendente y superintendente.

El objetivo de esta medida, según indica el decreto, es mejorar la regulación actual y asegurar que los futuros agentes cuenten con la formación necesaria en materia de derechos y no discriminación.

Se elimina la prueba de idiomas

La nueva regulación incorpora además otras novedades, como la eliminación definitiva de la prueba de idiomas en los procesos selectivos. En una modificación anterior de 2022, esta prueba ya había pasado a ser voluntaria para los ayuntamientos que convocaran plazas de policía local y no eliminatoria para las personas aspirantes.

Ahora, se ha constatado que las convocatorias efectuadas desde dicha modificación han dejado de incluir la prueba, lo que ha llevado a su supresión formal en el reglamento actual. El objetivo es “simplificar los procedimientos de selección”, eliminando trámites que “no se consideran imprescindibles” para valorar el mérito y la capacidad de los aspirantes.

También se elimina la entrevista personal como parte de la prueba psicotécnica en los procesos de acceso, de manera que este examen sea “lo más objetivo posible”.

Cómo será la prueba psicotécnica

De esta forma, la prueba psicotécnica se compondrá exclusivamente de dos test: uno de inteligencia general y aptitudes, y otro de personalidad y capacidades. No obstante, este examen sigue manteniendo su carácter obligatorio y eliminatorio.

Finalmente, la reforma del Reglamento incorpora cambios específicos en lo relativo a la uniformidad, principalmente centrados en la identificación y el uso de emblemas. Por ejemplo, incorpora la homogeneización de la placa que exhiben los agentes para que sea similar a la de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La única diferencia será el emblema del municipio, que también debe figurar obligatoriamente en el brazo izquierdo del uniforme.

Los cambios en el Reglamento entrarán en vigor a los veinte días desde su publicación hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un plazo para que los ayuntamientos y se adapten a las nuevas normativas antes de que sean de aplicación obligatoria.

Más de 2.700 agentes entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral y Policía Municipal de Pamplona integran el dispositivo previsto para los Sanfermines de 2026. De ellos, 950 corresponden a Policía Nacional; 700, a Guardia Civil; otros 700, a Policía Foral, y 412, a Policía Municipal, a los que hay que añadir a los 186 auxiliares de Protección Civil. Como novedad este año, se dará cobertura al chupinazo txiki.

Así se ha acordado en la Junta de Seguridad celebrada este viernes y a la que han asistido, entre otros, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Ejecutivo foral, Inma Jurío; y el concejal delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, Endika Alonso; así como mandos de los cuerpos policiales.

En su intervención, Echeverría ha agradecido “el extraordinario esfuerzo” de los cuerpos policiales y su “trabajo por hacer que los Sanfermines no solo sean las mejores fiestas del mundo, sino que además sean las más seguras”. “Debemos de lanzar ese mensaje de que venir a Pamplona es venir a disfrutar de unas fiestas únicas, y los cuerpos policiales trabajan sin descanso para que sea una experiencia segura para todos y todas”, ha subrayado.

En la misma línea se ha mostrado Jurío, que ha remarcado que “es un dispositivo complejo y completo” en el que Policía Foral “se vuelca” cada día, en “coordinación con el resto de cuerpos y fuerzas policiales”, en un trabajo que “permite hacer de los Sanfermines una fiesta segura”.

Por su parte, Alonso ha señalado que el balance sobre seguridad ciudadana realizado el año pasado tras las fiestas “fue muy positivo”, con un “descenso de un 19% en las denuncias”, de las cuales “en torno al 60% eran relacionadas con pequeños hurtos”, algo que refleja que “vamos por el buen camino”. Sin embargo, “no se puede caer en la autocomplacencia”. “Esto nos marca el camino, pero exige trabajar con la misma intensidad o más, y así se está haciendo”, ha dicho.

La Policía Nacional moviliza a unos 950 agentes de la Jefatura de Navarra y de unidades de organismos centrales o con destino en otros puntos de España, además de nuevas incorporaciones.

La base delegada de medios aéreos desplegará su servicio de drones, anti drones y un helicóptero. Las unidades de caballería patrullarán el centro de la ciudad, así como los guías caninos, equipos TEDAX-NRBQ para desactivación de explosivos y amenazas radiológicas, y la unidad de subsuelo y protección ambiental.

La unidad de intervención policial se reforzará con grupos de otras provincias. La Brigada de Seguridad Ciudadana colaborará en esta función y continuará en su labor habitual de patrullaje. Agentes de la Brigada Móvil colaborarán en la vigilancia de las estaciones y en el control de viajeros en medios de transporte.

La Brigada Provincial de Policía Judicial, para prevenir y perseguir hurtos y robos, contará con el apoyo del grupo de delincuencia itinerante de la Comisaría General de Policía Judicial.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer reforzará sus servicios para prevenir acciones contra la libertad e integridad sexual y dar asistencia a las víctimas. La Brigada Provincial de Información vigilará altercados o desórdenes públicos, con especial atención a las medidas de prevención en materia antiterrorista, que se ven reforzadas en estas fechas.

La Brigada de Extranjería controlará documentaciones y supervisará los vuelos, además de prestar apoyo al resto de Brigadas, de igual manera que la Brigada de Policía Científica. Se realizarán patrullajes conjuntos con agentes de Italia, Francia y Alemania.

La Guardia Civil moviliza a más de 700 efectivos de distintas unidades. Entre ellas, seguridad ciudadana, que trabaja en la prevención de robos en viviendas; Información, orientada a los dispositivos preventivos en materia antiterrorista; o la Agrupación de Tráfico.

La USECIC reforzará la seguridad y el servicio cinológico colaborará con perros detectores de drogas y explosivos. También se contará con el apoyo de policías europeas, como Gendarmería y Carabinieri.

Las Comandancias limítrofes a Navarra realizarán controles en las vías que las comunican. Con el mismo fin, se contará con la colaboración de un helicóptero, y el Escuadrón de Caballería recorrerá caminos aledaños a la capital.

La Intervención de Armas y Explosivos se encarga del control y verificación de los espectáculos pirotécnicos. La Sección Fiscal y de Fronteras de Beriáin asume la inspección de establecimientos de hostelería y alimentación, y refuerza el control de estupefacientes o de productos susceptibles del pago de impuestos especiales.

El Equipo Pegaso controlará drones, aviación y globos aerostáticos, y el SEPRONA colaborará en la inspección de la Feria de Ganado y con el refuerzo de los servicios de seguridad alimentaria.

La Policía Foral cuenta con un dispositivo de más de 700 agentes de las áreas de Seguridad Ciudadana (Prevención y Atención ciudadana, Planificación, Grupo de Guías Caninos, División de Intervención y Protección de Autoridades), Tráfico y Seguridad Vial, Seguridad Interior y Policía Administrativa (Brigada de Juego y Espectáculos, cuyos mandos ejercen funciones de Delegado de la Autoridad en los espectáculos taurinos), Investigación Criminal, e Inspección General.

Se prevén dispositivos específicos, como la reacción antiterrorista por Alerta 4 en el Chupinazo, la procesión, eventos taurinos y fuegos artificiales, con el Grupo de Intervenciones Especiales desplegado y apoyado por el equipo de drones.

También se vigilará la plaza de toros durante los encierros, festivales matinales y las corridas de la Feria del Toro. Habrá, además, dispositivos en el casco antiguo, con personal uniformado y de paisano. Personal de las unidades de Protección y Atención Ciudadana de todas las comisarías territoriales realizarán controles en vías de comunicación.

El dispositivo recoge previsiones específicas para evitar agresiones sexuales, como patrullajes en parques y aparcamientos y con un servicio específico de regreso a casa seguro.

En el ámbito de la seguridad vial realizarán controles de tráfico, alcohol y drogas llevados a cabo por personal de la División de Seguridad Vial y de la Brigada de Atestados. La Brigada de Tráfico de Tudela también realizará controles en su zona de influencia. Los controles de seguridad vial en los alrededores de Pamplona están coordinados con Guardia Civil y Policía Municipal.

Miembros de la Brigada de Protección Medioambiental controlarán acampadas ilegales, y personal de la Brigada de Seguridad Interior velará por la protección de los edificios institucionales. La Oficina de la Plaza del Castillo será el lugar de referencia para la presentación de denuncias.

Por su parte, la Policía Municipal movilizará a 412 agentes. Habrá, también, 186 auxiliares de Protección Civil. Además de las labores de coordinación con el resto de cuerpos, mantendrá activos todos los servicios habituales operativos durante el resto del año -atestados, grupos de investigación de ilícitos penales, grupos de menores, mayores y familia o el grupo de seguridad vial-.

El grupo de ODAC recogerá denuncias en sus dos oficinas: en dependencias de Policía Municipal (calle Monasterio de Irache nº 2) las 24 horas, y en la oficina de la calle Zapatería nº 40, abierta entre el 5 y el 14 de julio, de 11.30 a 23.30 horas.

Se reforzará el patrullaje a pie por el Casco Antiguo y se realizarán servicios especiales compuestos por 156 agentes para el Chupinazo, 116 para la procesión de San Fermín y más de 160 para los encierros.

También estará operativo el servicio de objetos perdidos, abierto las 24 horas. Como los últimos años, el Centro de Coordinación estará instalado en las dependencias de Policía Municipal, en la Sala de CECOOR.

El Berrozi Berezi Taldea de la Ertzaintza, la unidad especializada en intervenciones de alto riesgo, está de aniversario: cumple 40 años. “El Gobierno vasco contactó con fuerzas especiales del Reino Unido para formar al primer cuerpo encargado de prestar esa protección. Instructores del Special Air Service (SAS) británico analizaron las necesidades existentes y recomendaron la adquisición de los terrenos del pueblo abandonado de Berrozi, en el municipio alavés de Bernedo. Su ubicación, discreta y cercana al aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, así como la posibilidad de realizar prácticas con munición real en esos terrenos, lo convertían en un enclave idóneo para la preparación de la nueva unidad”, ha explicado la Ertzaintza en una nota.

“Desde su creación, el BBT fue concebido para intervenir en situaciones de especial complejidad y prestar apoyo especializado a otras unidades de la Ertzaintza. En una primera etapa, entre 1986 y los años previos a 2000, su actividad se centró principalmente en el apoyo a las unidades de investigación en operaciones dirigidas a la desarticulación de comandos de la organización terrorista ETA. A partir del año 2000, la unidad comenzó a asumir también otro tipo de servicios vinculados a investigaciones sobre tráfico de drogas, grupos criminales organizados y otros ámbitos de la delincuencia grave. Asimismo, fue movilizada en apoyo de las patrullas de Protección Ciudadana en incidentes como atrincheramientos o situaciones que requerían la neutralización de personas en crisis”, explica la Ertzaintza.

Y ¿en la actualidad? Subraya la Ertzaintza que es “una unidad altamente especializada, con una amplia experiencia operativa, medios materiales de última generación, tecnología avanzada y una estrecha colaboración con otros grupos de intervención estatales e internacionales”.

Se recogen a continuación imágenes recientes e históricas.

Un hombre de 30 años ha fallecido tras un operativo de la Policía local de Santurtzi en el que se emplearon pistolas táser. Según ha informado 'El Correo', el hombre habría agredido a otro hombre y, a la llegada de los policías, los habría atacado a ellos también, causando tres heridos. Reducido con descargas eléctricas, el hombre tuvo que ser trasladado a un hospital en ambulancia y falleció el miércoles, dos días después de lo ocurrido. Según 'El Correo', el Ayuntamiento de Santurtzi va a trasladar el caso a la comisión de control de la Policía vasca, un organismo externo que supervisa operativos con heridos tanto de la Ertzaintza como de los cuerpos locales.

El sindicato Esan ha trasladado su “apoyo absoluto a los agentes de la Policía local de Santurtzi que intervinieron en la actuación”. “Por la información conocida hasta el momento, y especialmente por las imágenes que las cámaras de los agentes actuantes grabaron, la intervención policial se desarrolló dentro de los principios de legalidad, necesiad, congruencia y proporcionalidad que rigen el uso de la fuerza por parte de los miembros de la Euskal Polizia”, señala en una nota de prensa. En ella, antes de nada, lamentan el fallecimiento del hombre.

“Los agentes actuaron ante una situación compleja y de elevada tensión, adoptando las medidas necesarias para controlar a una persona que presentaba una conducta agresiva y que suponía un riesgo tanto para sí misma como para terceros”, añade el sindicato. “Los agentes no son jueces ni médicos; son profesionales de la seguridad pública que, en situaciones límite, deben tomar decisiones en cuestión de segundos para proteger la integridad de todas las personas implicadas”, abunda, apuntando que considera “injusto y profundamente irresponsable” que se cuestione a los agentes. “La educación, el civismo y el respeto mutuo son siempre el mejor camino para evitar situaciones de confrontación que, en ocasiones, obligan a los agentes a hacer uso legítimo de la fuerza para restablecer la seguridad. Nadie desea llegar a ese escenario. Ni los ciudadanos ni, mucho menos, los propios policías”, remacha.

EH Bildu, principal grupo de la oposición en el municipio, ha exigido que se empleen “todas las herramientas administrativas y legales posibles para aclarar lo ocurrido y depurar responsabilidades en caso de que existan”. “Es imprescindible conocer toda la información sobre lo sucedido”, ha subrayado en una nota. Varios colectivos, incluido GKS, han convocado una movilización para este sábado. “Ante estos casos es indispensable tomar las calles. ¡Hagamos frente a la brutalidad policial”, han transmitido a través de un mensaje en la red social X.

Varias asociaciones y sindicatos de la Policía Nacional han cargado este sábado contra el último auto del juez Juan Carlos Peinado en el que envía a juicio a Begoña Gómez calificándolo de “auténtica barbaridad”, “especialmente preocupante” o “una ofensa intolerable, escandalosa y miserable”. El magistrado argumenta en el texto que el hecho de que la pareja del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga escolta policial y, por tanto, esté siempre acompañada por autoridades no impide el riesgo de que huya de España. Cree, incluso, que los policías podrían ayudarle a fugarse.

Ante esto, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, ha calificado de “auténtica barbaridad” esta hipótesis que hace el juez Peinado, ya que defiende que los profesionales que integran la escolta de Presidencia “desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley”. “Garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales”, han afirmado.

Además, ha señalado que poner en duda su actuación “carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares”. Por ello, Jupol ha exigido una rectificación de unas manifestaciones que, a su juicio, “proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones”. “La confianza en el Estado de derecho exige preservar el buen nombre y la profesionalidad de quienes cumplen diariamente con su deber al servicio de todos los ciudadanos”, aseguran en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), por su parte, también ha expresado su “absoluto rechazo” a cualquier manifestación que pueda poner en duda “la profesionalidad, la integridad, la lealtad institucional o el sometimiento a la legalidad de los policías nacionales que prestan servicio en las unidades de protección de autoridades”. “Resulta especialmente preocupante que puedan formularse hipótesis que sugieran la posibilidad de que agentes de la Policía Nacional colaboren en actuaciones contrarias a la acción de la Justicia, ya sea por iniciativa propia o siguiendo supuestas órdenes jerárquicas”, ha afirmado en un comunicado.

Además, el SUP también ha recordado que los policías nacionales “no actúan al margen de la ley” ni están obligados a cumplir “órdenes manifiestamente ilegales”. Desde el sindicato han señalado que el “prestigio” de la Policía Nacional se sustenta en la confianza que la sociedad deposita en sus profesionales y que esa confianza “no puede verse erosionada por afirmaciones genéricas” que “proyecten” sobre los agentes “una sombra de sospecha incompatible con la realidad del servicio que prestan diariamente”.

La Confederación Española de Policía (CEP) también ha criticado las hipotesis del juez Peinado y ha dicho que “ni ha ocurrido ni va a ocurrir” que “un solo policía pueda ayudar a la mujer del presidente del Gobierno a huir de la Justicia” ya sea “por voluntad propia ni cumpliendo órdenes (que serían ilegales)”. “Al revés: de saberlo, detenida y a disposición judicial”, han añadido en un tuit en el que comparten el fragmento del auto del magistrado.

Para la CEP, estas palabras del juez Peinado son “una ofensa intolerable, escandalosa y miserable contra decenas de miles de profesionales”. “Suéltenos el brazo, señoría, y cobíjese en otra parte para armar sus resoluciones. Que aquí solo tenemos un Norte: cumplir y hacer cumplir la ley”, han apuntado.

La Unión Federal de Policía (UFP) también ha criticado esta afirmación de Peinado, que han calificado como “una salvajada fuera de lugar” que se impute un posible delito a “policías que precisamente se dedican a la prevención delictiva”. “Es un señalamiento a todo un colectivo policial, deteriorando su imagen ante la opinión pública”, ha añadido este sindicato.

Además, a través de un mensaje en sus redes sociales, también ha apuntado que esta argumentación “carece de toda fundamentación”, ya que “la misión de un juez es juzgar hechos, no señalar e imputar delitos a personas que no conoce”.

Ya a última hora de la tarde, el Sindicato Reformista de Policías (SRP) ha expresado su “más absoluto rechazo” al auto del juez en el que “cuestiona la integridad” de los agentes encargados de la protección de Begoña Gómez, y ha exigido que dicha resolución “se elimine o se rectifique por quienes tienen el poder de decisión en la Administración de Justicia”.

En un comunicado, el sindicato ha defendido que los funcionarios afectados “pertenecen a unidades especializadas que actúan bajo protocolos estrictos, supervisión permanente y criterios técnicos que garantizan la seguridad de las altas personalidades del Estado”, y ha considerado que poner en duda su integridad “supone un ataque injustificado a quienes desempeñan una labor esencial para el normal funcionamiento de las instituciones democráticas”.

El SRP ha recordado además que “las órdenes ilegales quedaron abolidas en España desde 1995” y que los policías “no son moneda de cambio” ni “se deben a políticas de ningún partido”, sino que actúan “con neutralidad, rigor y absoluta sujeción a la legalidad”.

“Señalamientos carentes de fundamento dañan no solo a los funcionarios afectados, sino también a la imagen y credibilidad del propio Cuerpo Nacional de Policía”, ha advertido el sindicato al tiempo que ha reclamado que “cualquier valoración sobre su actuación se base en hechos contrastados, no en interpretaciones que puedan generar desconfianza social o deterioro institucional”. El comunicado concluye pidiendo que no se dude de los agentes encargados de la protección de Gómez y de que el SRP “seguirá defendiendo la dignidad profesional de todos los agentes y velando por que su trabajo sea reconocido con la seriedad y el respeto que merece”.

Lo que dice Peinado en su auto

En su auto, Peinado apunta que “no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

La decisión de Peinado contrasta con la adoptada por el juez José Luis Calama sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que decidió no poner ninguna medida cautelar por su condición pública, similar a la de Begoña Gómez. En su auto, Calama aseguró que “el investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de localización o sustraerse discretamente al procedimiento”.

Peinado ordena en este auto mandar a juicio a Begoña Gómez, a la que atribuye los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Dentro de las medidas preliminares que le impone se incluye retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer quincenalmente ante el juzgado cinco días. Esta comparecencia no podrá ser en cualquier juzgado, sino que tendrá que ser en el de Peinado, situado en la Plaza de Castilla de Madrid.

También impone idénticas medidas a la exasesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez. A Juan Carlos Barrabés, en cambio, le atribuye tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Desde Moncloa, afirman que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de sentar en el banquillo a Begoña Gómez “constata la persecución, la obsesión y la desproporción” de un magistrado que ha llevado a cabo una instrucción “que carece de todo sentido jurídico y que solo atiende a motivos políticos”.

Hoy contamos la historia de unos pantallazos de móvil que empezó hace cinco años en una aduana de Estados Unidos. Le seguimos la pista a unos chats de Whatsapp que estaban en el teléfono de un empresario venezolano, Rodolfo Reyes, de viaje en Estados Unidos. La policía le detiene, le requisa el móvil y hace un duplicado de toda su información. Eso fue en 2021, pero hace unos meses, en pleno contexto de enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Donald Trump… Esa información ha terminado en un juzgado español, dentro de una carpeta que pone Caso Zapatero. 

¿Es lícita la manera en la que se ha obtenido esta información? ¿Puede afectar a la investigación? Nos cuenta esta historia el director de elDiario.es, Ignacio Escolar.

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El Gobierno de Navarra ha concedido, a título póstumo, la Placa de Servicios Distinguidos a los cinco policías forales de la División de Intervención fallecidos la pasada semana en un accidente de tráfico en la AP-8 cuando se dirigían a realizar una formación con la Ertzaintza.

La distinción, que es la máxima condecoración que se puede otorgar en la Policía Foral, ha sido aprobada este miércoles en la sesión de Gobierno, a propuesta de la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, y “reconoce la trayectoria de estos cinco servidores públicos, que habían decidido dedicar su vida profesional a proteger a la ciudadanía navarra”. 

De esta forma, se homenajea a Fermín Sola Barrena, comisario de la Policía Foral que desarrolló su carrera profesional en diversos puestos y cargos, ostentando actualmente el de Comisario Jefe de la División de Intervención; Jesús María Vidaurreta Fernández, subinspector que ostentaba actualmente la jefatura de uno de los grupos operativos de la División de Intervención; Juan Martín Domínguez Villar, agente integrado en uno de los grupos operativos de la División de Intervención; Miguel Crespo Obanos, agente que prestaba servicio actualmente en el Grupo de Intervenciones Especiales; y Miguel Ángel D´Entremont Jiménez, agente que actualmente prestaba servicio en el Grupo de Intervenciones Especiales.

El Gobierno aplaza el acto institucional de homenaje

Por otro lado, la consejera Inma Jurío ha anunciado que se ha decidido posponer el acto de homenaje a los cinco agentes fallecidos en el que trabajaba el Ejecutivo, a la espera de un “momento más oportuno” para “respetar los tiempos de duelo” de las familias. El homenaje iba a celebrarse en la comisaría de Beloso este viernes. Así pues, Inma Jurío ha explicado que “no hay nada concreto” en cuanto a celebrar un acto institucional de homenaje, sino que van a “diseñar algo íntimo que sea, además, personal, que es el camino que ha seguido el Gobierno de Navarra respecto de las familias”.

La consejera, también ha agradecido a los medios de comunicación su “respeto a la intimidad” de las familias, especialmente en el funeral celebrado el viernes en la Catedral de Pamplona, y ha destacado que “existe una visión humana, una situación complicada para las familias”. Además de indicar que el Gobierno de Navarra “solo ha pretendido ayudarles en un proceso bastante complejo, donde estaban sumidos en un profundo dolor” y facilitarles que “no se tuvieran que preocupar de otras cosas”.

Una persecución policial ocurrida anoche entre Getafe y el sur de Madrid concluyó con la detención de tres personas y la intervención de diverso material presuntamente relacionado con actividades delictivas, así como un balance de ocho agentes de diferentes cuerpos heridos leves.

La intervención comenzó cuando un efectivo de la Guardia Civil fuera de servicio detectó en las inmediaciones del centro comercial Nassica a un individuo al que reconoció por investigaciones previas y sobre el que pesaba una orden de búsqueda para su ingreso en prisión, según han señalado fuentes municipales.

Este guardia civil inició entonces un seguimiento discreto, al tiempo que informó a la Central Operativa. Rápidamente varias patrullas de la Policía Local de Getafe se unieron a la persecución, a lo que el sospechoso, ya en la carretera A-42, embistió a dos coches policiales y siguió hacia Madrid.

La persecución se extendió por distintas calles del sur de la capital, como el paso de Santa María de la Cabeza o el paseo de Acacias, donde el fugado volvió a colisionar contra vehículos policiales antes de tomar de nuevo la A-42 en dirección Toledo.

Finalmente, un operativo conjunto de Policía Local, Nacional y Municipal de Madrid consiguió interceptar el vehículo y detener a sus tres ocupantes tras nuevas embestidas contra patrullas y otros vehículos de la calzada. El balance final es de cuatro agentes de Policía Local heridos durante la actuación, así como dos policías nacionales y otros dos municipales. La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha trasladado su agradecimiento a los agentes y les ha deseado una pronta recuperación.

Durante la actuación se intervinieron además 15 cajas de perfumes, así como de herramientas como picos, mazas, martillos rompecristales y guantes de tipo cristalero, entre otros objetos. Los tres arrestados mostraron una actitud “violenta y desafiante” tras ser detenidos, según remachan las citadas fuentes.

Agentes de Francia y de Italia realizarán durante las fiestas de San Bernabé en Logroño, patrullas conjuntas. Acompañados de Policías Nacionales adscritos a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja. Estas patrullas conjuntas, recorrerán las principales zonas turísticas de la ciudad, como calle Portales, El Espolón, zona del Ayuntamiento, calle Laurel y San Juan o zona del Parlamento y casco antiguo. 

Este lunes se ha realizado la presentación oficial ante la Delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda y el alcalde de la ciudad, Don Conrado Escobar. Una colaboración cuyo objetivo es la integración de los agentes de policía europeos con la Policía Nacional. Con la finalidad de optimizar la comunicación lingüística, ofreciendo a los visitantes europeos de sus países, la posibilidad de dirigirse a un policía en su mismo idioma de su propio país, procurando mejorar la atención y la seguridad a los turistas de la ciudad.

Los agentes europeos, con sus propios uniformes policiales, realizarán los servicios, principalmente de Seguridad Ciudadana, en colaboración con los Agentes pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y formarán parte de los dispositivos policiales establecidos para estas fiestas.

El Proyecto “Comisarías Europeas” está dirigido por el Área de Coordinación Internacional de la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional. Este Proyecto se inició en el año 2008 con Francia en el marco normativo del ‘Tratado de Prüm’, en virtud del cual los países firmantes envían funcionarios policiales al territorio de otros Estados signatarios.

Desde el año 2012 el Proyecto se amplía con la Policía de Seguridad Publica de Portugal, incluyendo en el marco normativo la decisión del Consejo de la UE, así como al Acuerdo de Cooperación Transfronteriza en materia policial y aduanera firmada entre España y Portugal.

Patrullas mixtas para atender a los turistas en su idioma

En el año, 2014, la Polizia di Stato de Italia se unió al proyecto de Comisarias Europeas y en el año 2020, y a pesar de la pandemia, las Comisarias Europeas comenzaron a recibir a la policía de Alemania y Países Bajos. El objeto del desplazamiento es formar patrullas mixtas para atender, en su idioma, al turista desplazado a zonas de especial interés turístico o con ocasión de eventos socioculturales de relevancia.

Dentro de las funciones que los policías extranjeros tienen, se encuentran las patrullas a pie en zonas de alta densidad turística, labores de prevención de la delincuencia en vía pública, asistencia en las denuncias ciudadanas, realizando entre otras labores de traducción. Policialmente se comparten diferentes prácticas operativas y métodos de trabajo, enriqueciendo el sistema de seguridad en la cooperación internacional.

Así en el marco de la celebración de las Fiestas de San Bernabé, y ante la llegada de turistas de países limítrofes con España, se están realizando patrullas conjuntas, tanto a pie como en vehículos policiales, para atender las demandas de la ciudadanía que se hayan desplazado hasta Logroño en estas Fiestas. Así como atender a las demandas de los peregrinos que pasen por Logroño en estos días festivos.

El jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, ha anunciado este domingo que abandonará el cargo tras ocho al frente de la jefatura de la Policía vasca y 43 en el cuerpo. Bujanda ha hecho pública la noticia en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute, durante el acto anual de entrega de condecoraciones y felicitaciones al mérito policial y de homenaje a agentes fallecidos en servicio y asesinados por ETA, al que han asistido el lehendakari, Imanol Pradales; el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José.

El todavía jefe de la Ertzaintza ha afirmado que abandona el cargo “con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible y con algunos fallos”. “Como todos los que somos de carne y hueso”, ha añadido. “Me voy con la conciencia tranquila, porque otro de los principios y valores que tenemos (en la Ertzaintza) es el trabajo en equipo, y yo me he sentido arropado, con gente cercana que me ha ayudado en los malos momentos”, ha manifestado, según recoge Europa Press.

El lehendakari ha aprovechado la ocasión para elogiar “la trayectoria, el compromiso y el servicio a Euskadi” de Bujanda. “¡Enhorabuena, Josu, y gracias por todo tu trabajo a lo largo de los años!”, ha escrito.

El sindicato Euspel ha pedido buzos ignífugos para los ertzainas ante la previsión de “un verano caliente” con la celebración de las fiestas en localidades de Euskadi. En un comunicado, la central sindical ha señalado que “el verano se promete caliente”, por lo que cree que los agentes deben decidir si es “conveniente prestar determinados servicios con la protección extra del buzo ignífugo”.

Por ello, ha explicado que ha solicitado a algunas jefaturas la autorización para el uso de esta prenda “para las muchas fiestas y eventos locales que se avecinan”. “La respuesta ha sido la prevista: el uniforme de dos piezas ya nos protege, no se esperan incidentes y damos una imagen que a determinados ámbitos no gusta”, ha apuntado, según recoge Europa Press.

La central sindical ha informado de que el área de prevención de Euspel ha emprendido una campaña para lograr que “prevalezca” la seguridad de los ertzainas “sobre este sinsentido de la imagen”, y ha tramitado informe, a través de la División de Salud Laboral, con el objetivo de lograr esta protección para quienes participan en estas actuaciones. El sindicato ha emplazado a los miembros de la Ertzaintza que les comuniquen si se encuentran “en alguna situación en la que se les niega el uso de buzo ante una jornada en la que lo creen necesario”.

Autoridades navarras, familiares y compañeros de la Policía Foral han despedido este jueves en el tanatorio de Pamplona a los cinco policías forales fallecidos en un accidente de tráfico. Los agentes Fermín Sola Barrena, Jesús María Vidaurreta Fernández, Miguel Crespo Obanos, Juan Martín Domínguez Villar y Miguel Antonio d'Entremont Jiménez, se dirigían a una formación en la base de Iurreta (en Bizkaia) cuando colisionaron con un camión cisterna este miércoles en la autopista AP-8, a la altura de Elgoibar (Gipuzkoa). En el accidente murieron todos los ocupantes de la furgoneta en la que viajaban los policías y el camionero aún se encuentra hospitalizado.

Entre las autoridades que han acudido al velatorio a dar el pésame a las familias de los agentes fallecidos se encontraban la presidenta María Chivite y el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, entre otros. También ha acudido el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; la consejera de Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío; y el vicepresidente y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, además de dirigentes políticos como Uxue Barkos, parlamentarios y concejales del Ayuntamiento de Pamplona. Los familiares y compañeros de los agentes fallecidos también han recibido las condolencias de representantes del resto de cuerpos de seguridad operativos: Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal de Pamplona y el Ejército.

Los cuerpos de los fallecidos, tras los trámites realizados en Euskadi, llegaron a Navarra anoche, escoltados por sus compañeros de la Policía Foral, y serán velados durante este jueves. Este viernes por la tarde se celebrará un funeral conjunto en la Catedral de la capital navarra y previsiblemente la próxima semana tendrá lugar un homenaje civil.

El jefe de la Policía Foral, Iván Ortuerta, ha asegurado a su llegada al tanatorio que la muerte de los cinco agentes es un “golpe muy duro” que va a costar digerir ya que todos ellos eran “perfiles personales y profesionales muy queridos por toda la organización”. “El cuerpo está muy tocado, eran personas de mucha valía personal y profesionalmente”, ha sostenido el jefe de la Policía Foral, quien ha reconocido que las “unidades de intervención en las que han desarrollado su labor profesional están especialmente tocadas”.

Previamente, Ortueta, junto con otros mandos y agentes de la Policía Foral, han asistido en el Parlamento de Navarra a la lectura de una declaración institucional en recuerdo de los agentes fallecidos y a un minuto de silencio en su memoria. En la Cámara navarra, donde se ha mostrado su “reconocimiento, respeto y gratitud” a los agentes que perdieron la vida en el accidente por su “compromiso y vocación de servicio”, se han vivido momentos emotivos de pésame y abrazos entre compañeros y entre policías y autoridades. Allí ha descrito el duelo como un “trance” muy “duro” en el que se debe poner el foco en las familias y los compañeros, al tiempo que ha agradecido la “infinidad” de muestras de apoyo, afecto y cariño que están recibiendo de todas las instituciones públicas del Estado y de Navarra, así como de cuerpos autonómicos y de la sociedad civil.

A su salida del tanatorio, la presidenta Chivite ha señalado a los medios de comunicación: “He querido transmitir a las familias las condolencias de todo el Gobierno, mío personal, pero en realidad del conjunto de la ciudadanía navarra”. “[La Policía Foral] es la institución más querida y se demuestra en estos momentos, porque ha sido abrumador las muestras de pésame, de condolencias y de cariño que no solo la ciudadanía navarra, sino desde todos los puntos de España hemos recibido y he querido transmitírselo así a las familias”, ha expresado.

Por su parte, el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, ha destacado que es “un momento para estar con las familias y para estar también con los compañeros de los cinco fallecidos” en el accidente, que ha supuesto “un auténtico drama, una pérdida devastadora”. El Ayuntamiento de Pamplona, tal y como ha indicado, transmitió su pésame, en nombre de toda la ciudad, a la presidenta del Gobierno y al vicepresidente. “Estaremos acompañando estos días en lo que se pueda; en estas circunstancias no es mucho lo que se puede hacer, pero en la medida de las posibilidades, estar con las familias, trasladarles el pésame del Ayuntamiento”, ha asegurado.

La Guardia Civil de Bizkaia ha investigado a tres personas como supuestas autoras de un delito de usurpación de funciones públicas, por hacerse pasar por guardias civiles con el objetivo de recabar información sobre una mujer vinculada a un caso de violencia de género. Uno de los investigados mantenía una relación sentimental con la mujer y convivía con ella en Barakaldo.

Según ha informado el instituto armado, la investigación se inició a mediados de septiembre de 2025, cuando la coordinadora del centro asesor de la mujer con sede en Bizkaia -que ofrece apoyo gratuito y confidencial a víctimas- presentó una denuncia al tener conocimiento de que una usuaria había recibido un mensaje SMS en su teléfono móvil. En el mensaje, el remitente se identificaba como guardia civil destinado en una unidad de la Comandancia de Bizkaia, se interesaba por su situación personal y le preguntaba si había vuelto a tener problemas con su expareja, según recoge Europa Press.

La denunciante trató de verificar la identidad del supuesto agente mediante una llamada telefónica. Aunque inicialmente no obtuvo respuesta, minutos después le respondieron desde ese mismo número. En esta ocasión, el interlocutor volvió a identificarse como miembro de la Guardia Civil, e incluso aportó un nombre y un supuesto número profesional.

Durante la conversación afirmó que su interés radicaba en conocer la situación de la víctima dentro del Sistema de Seguimiento de Casos de Violencia de Género (VioGén), así como averiguar si existía algún procedimiento en curso relacionado con el presunto autor de los hechos. La coordinadora se negó a facilitar dato alguno, por el carácter reservado de la información, y dio finalizada la conversación. A partir de ese momento, los guardias civiles iniciaron las indagaciones y centraron las sospechas en el entorno personal de la víctima.

“Información sensible”

Como consecuencia, se identificó a tres personas que habrían participado en los hechos utilizando una línea telefónica adquirida de forma presencial por uno de ellos, quien posteriormente la habría facilitado al resto para llevar a cabo la suplantación. La investigación revela que los implicados no solo enviaron el mensaje inicial, sino que reforzaron la simulación mediante una conversación telefónica en la que se hicieron pasar por agentes pertenecientes a una unidad de investigación de la Guardia Civil en Bilbao.

El objetivo era obtener “información sensible” sobre la situación personal de la víctima, “vulnerando los protocolos establecidos y aprovechándose de la confianza que genera la identidad institucional”. Uno de los investigados mantenía en la actualidad una relación sentimental con la mujer por la que se interesaba y convivía con ella en Barakaldo (Bizkaia). Esta circunstancia, según la Guardia Civil, refuerza la intencionalidad de los hechos investigados.

Cinco agentes de la Policía Foral de Navarra han fallecido este miércoles en un accidente de tráfico, al colisionar la furgoneta en la que se desplazaban a una formación en Iurreta (Bizkaia) con un camión cisterna. Eran Fermín Sola Barrena, Jesús María Vidaurreta Fernández, Miguel Crespo Obanos, Juan Martín Domínguez Villar y Miguel Antonio d'Entremont Jiménez. Con un vídeo en el que se muestran su lugar de trabajo, algunas fotografías y reconocimientos que han recibido por su desempeño profesional, la Policía Foral ha señalado que la huella que dejan es “imborrable” y les ha agradecido su “ejemplo, entrega y compañerismo”.

“Hoy recordamos con profundo dolor, respeto y un amor infinito a nuestros cinco compañeros de la División de Intervención que nos han dejado. Cinco vidas entregadas al servicio de los demás, cinco referentes que dejan un vacío imposible de llenar en la familia de la Policía Foral y en sus propios hogares”, ha expresado el cuerpo a través de un mensaje difundido en la red social X. “Eran grandes personas, grandes profesionales. Dejan un vacío enorme, porque eran, de verdad, destacados perfiles. Estamos tratanto de pasar este trance tan duro que nos ha tocado”, ha señalado este jueves Iván Ortueta, jefe de la Policía Foral, en un homenaje que se ha celebrado el Parlamento. Ha habido una declaración institucional y se ha guardado un minuto de silencio en su honor.

Tanto la presidenta de Navarra, María Chivite, como el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, han publicado mensajes de condolencia en redes sociales. “Estoy consternada por el terrible accidente en el que han fallecido cinco miembros de [la Policía Foral de Navarra]. Todo mi cariño a sus familias y compañeras y compañeros por la pérdida de nuestros servidores públicos. El Gobierno de Navarra y yo misma os acompañamos en este momento de dolor”, ha señalado Chivite. “Mi más profundo pesar por el fallecimiento de cinco agentes de la Policía Foral de Navarra en el trágico accidente ocurrido esta mañana. Todo nuestro apoyo y solidaridad, en nombre del Gobierno de España, a sus familias, compañeros y seres queridos en estos momentos de dolor”, ha escrito este miércoles, también en X, Pedro Sánchez.

¿Quiénes eran los agentes fallecidos? Acompañando a la despedida, la Policía Foral ha publicado una breve semblanza de cada uno de ellos.

Fermín Sola Barrena, comisario

Conocido por sus amigos como 'Mintxo', tenía 52 años y más de tres décadas de antigüedad en la Policía Foral a sus espaldas. “Un líder nato, referente de su división y un profesional incansable. Siempre predispuesto a ayudar de manera desinteresada, con un corazón volcado en los demás, y especialmente a su familia”, se destaca de él.

Jesús María Vidaurreta Fernández, subinspector

De 55 años, dirigía uno de los grupos operativos de la Brigada de Intervención. “La lealtad, generosidad y el sacrificio hechos policía. Su vocación era innata, anteponiendo siempre el servicio y cuidando con orgullo infinito de la institución y de su querida familia, tan ligada a nuestro Cuerpo”, apuntan sobre él. Según recoge 'Noticias de Navarra', estuvo primero destinado en la División de Tráfico y se incorporó después a la Unidad Móvil de Intervención, ahora conocida como División de Intervención.

Miguel Crespo Obanos, agente del GIE

Tenía 48 años y era agente del Grupo de Intervenciones Especiales. “Un compañero ejemplar con una profesionalidad extrema y un compromiso inquebrantable. Trabajador incansable, pilar de su unidad y entregado por entero a su familia, el verdadero motor de su vida”, se destaca de él en la semblanza. Según 'Noticias de Gipuzkoa', pasó por la División de Intervención y la Brigada Central de Prevención y Atención Ciudadana antes de recalar en el Grupo de Intervenciones Especiales.

Juan Martín Domínguez Villar, agente del GOAM

Tenía 44 años y se desempeñaba como agente del Grupo Operativo de Apoyo al Mando. “Discreto, servicial y poseedor de una enorme capacidad de entrega. El motor del engranaje diario de su división, un profesional intachable y un padre de familia profundamente pendiente y orgulloso de los suyos”, apunta la Policía Foral, a la que se incorporó en 2000.

Miguel Antonio d'Entremont Jiménez, agente del GIE

De 35 años, era agente del Grupo de Intervenciones Especiales. “Su eterna sonrisa y su optimismo iluminaban los momentos más duros. Joven, deportista y con una vocación inmensa, estaba entregado por entero a su familia, su mayor logro, y orgulloso de pertenecer a este cuerpo”, escribe la Policía Foral. Apunta 'Noticias de Gipuzkoa' que se sumó al cuerpo en 2021. Primero estuvo encuadrado en el Grupo de Intervención y Atención Ciudadana de las comisarías de Alsasua y Tafalla y tres años más tarde, ya en 2024, pasó al Grupo de Intervenciones Especiales.