El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama firmó este lunes un auto en el que sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. La resolución, que supone la primera imputación de un presidente del Gobierno en democracia, forma parte de una investigación que el magistrado mantenía bajo secreto y que se remonta al año 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción fue alertada por las autoridades de Francia y Suiza sobre la posibilidad de que el rescate a la aerolínea Plus Ultra hubiera sido utilizado para alimentar una trama de lavado de dinero de Venezuela.

Esas Órdenes Europeas de Investigación remitidas por las autoridades de ambos países acabaron derivando en la presentación de una querella por parte de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2024 que se dirigió contra seis personas, entre las que no estaba el expresidente. La querella apuntaba que Plus Ultra hizo un “uso indebido” del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno le concedió en la pandemia porque parte de esos fondos fueron utilizados para blanquear dinero “ilícito” procedente de Venezuela. 

La Fiscalía sostenía en esa querella que Plus Ultra figura como “firmante y beneficiaria” de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de una supuesta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España y dedicada a blanquear dinero “ilícito” procedente de actos de malversación “de muy alta cuantía” cometidos por funcionarios en Venezuela. La querella citaba fondos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y ventas de oro del Banco de Venezuela. Esos contratos daban “cobertura” a devoluciones por parte de Plus Ultra a cuentas en el extranjero de la supuesta red de blanqueo, tras recibir la ayuda pública, según la querella. 

Anticorrupción presentó una primera denuncia en la Audiencia Nacional sobre estos hechos el 21 de octubre de 2024 contra varios ciudadanos de origen extranjero (Venezuela, Perú y Países Bajos) y un abogado español. Pero el Juzgado de Instrucción 2 la inadmitió al considerar que los hechos eran constitutivos de un delito de blanqueo no cometido íntegramente en el extranjero, por lo que no era competente el tribunal especial. 

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó esta decisión en diciembre de 2024 y trasladó a la Fiscalía que presentara su querella ante el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid. Ese mismo juzgado había investigado el rescate de Plus Ultra tras una denuncia que el pseudosindicato ultra Manos Limpias presentó en 2021. Pero acabó archivando la causa en enero de 2023 al considerar que no aparecía “debidamente justificada la comisión de un delito”, ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de la pandemia. 

A instancias de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid acordó investigar en secreto el posible blanqueo con los fondos del rescate como parte de una pieza separada dentro de las diligencias que había abierto en 2021 tras la querella de Manos Limpias. 

Las conversaciones que sustentan la imputación

El caso salió a la luz en diciembre del año pasado, cuando ese juzgado ordenó detener al presidente de la compañía aérea, Julio Martínez Sola; el consejero delegado, Roberto Roselli; un abogado; y el amigo de Zapatero Julio Martínez Martínez, empresario que estuvo contratado por la aerolínea como una especie de facilitador para sus problemas en Venezuela. En los registros de sus empresas y domicilios se incautaron las conversaciones que sustentan ahora la imputación de Zapatero. 

Al trascender los hechos, Manos Limpias presentó en diciembre una nueva querella en el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid contra Zapatero y Plus Ultra que se basaba en recortes de prensa y varias acusaciones sin pruebas lanzadas por Víctor de Aldama, el empresario imputado en el caso Koldo. La jueza Esperanza Collazos llegó a admitir esa querella, según fuentes del pseudosindicato ultra, si bien la iniciativa de la causa la siguió llevando Anticorrupción. 

El pasado 27 de febrero, esa magistrada se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, que ahora sí aceptó la competencia para instruir la causa y mantuvo el secreto de las actuaciones hasta este martes. El levantamiento de esa reserva arrojará luz en los próximos días sobre el papel de Zapatero, al que el juez José Luis Calama califica de “núcleo decisor y estratégico” de la red de corrupción destapada a raíz del rescate de Plus Ultra.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido rebajar las medidas cautelares que se les impuso en diciembre de 2025 al empresario Julio Martínez -amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero-, al presidente de la aerolínea Plus Ultra Julio Martínez Sola y al CEO de la compañía Roberto Roselli. Este martes ha acordado que ya no tendrán que acudir a los juzgados cada quince días para firmar y que les retira la prohibición de salir de territorio nacional de manera que podrán moverse por territorio Schengen, según avanza El País y ha confirmado en fuentes jurídicas elDiario.es.

Cabe recordar que en diciembre, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, Alfredo Barrera, acordó poner en libertad provisional con medidas cautelares a los tres. Habían sido detenidos en el marco de una operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por pertenecer presuntamente a una organización criminal que se dedicaba al blanqueo de capitales de Venezuela y que, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción, pudo valerse del rescate público de esa aerolínea para el blanqueo de fondos.

La causa, que acabó en la Audiencia Nacional, permanece secreta y precisamente hace escasos días el magistrado acordaba prorrogar un mes más ese secreto, de manera que los encausados sólo tienen conocimiento de decisiones como la de este martes porque les afecta a su condición procesal personal.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la aerolínea Plus Ultra hizo un “uso indebido” del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno le concedió en la pandemia porque al menos parte de esos fondos fueron utilizados para blanquear dinero “ilícito” procedente de Venezuela, según consta en la querella presentada por el Ministerio Público. La Fiscalía sostiene que Plus Ultra figura como “firmante y beneficiaria” de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de una supuesta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España y dedicada a blanquear en esos países dinero “ilícito” procedente de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela “de muy alta cuantía”.

La querella cita fondos públicos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y ventas de oro del Banco de Venezuela. A juicio de los investigadores, esos contratos “dan cobertura” a devoluciones por parte de Plus Ultra a cuentas en el extranjero de la supuesta red de blanqueo, tras recibir la ayuda pública. La organización está constituida presuntamente por varios ciudadanos de origen extranjero (Venezuela, Perú y Países Bajos), así como de un abogado español. 

La denuncia de Anticorrupción se basa en la información contenida en comisiones rogatorias recibidas de Francia (Parquet National Financier) y de Suiza (Fiscalía de Ginebra). En una de ellas, se solicitó por las autoridades francesas la práctica de entradas y registros en domicilios ubicados en Madrid, Pozuelo y Tenerife, y en otra procedente de Suiza se solicitó también la entrada y registro en un domicilio de Mallorca. Esos registros fueron autorizados por la Audiencia Nacional. 

Anticorrupción presentó una primera denuncia en la Audiencia Nacional sobre estos hechos el 21 de octubre de 2024 contra estas seis personas. Pero el Juzgado de Instrucción 2 la inadmitió al considerar que los hechos eran constitutivos de un delito de blanqueo no cometido íntegramente en el extranjero, por lo que no era competente el tribunal especial. La Sala de lo Penal confirmó esta decisión hace un año y estableció que la competencia corresponde al juzgado ordinario de los lugares donde se realizaron los hechos. 

El gobierno de María José Catalá esconde a su concejal de Grandes Proyectos, grabado ofreciendo plazas de empleo público a trabajadores del Consorcio Valencia 2007, un proceso que investiga la Fiscalía Anticorrupción. El edil José Marí Olano, que ha sido denunciado por Compromís y el PSPV tras la publicación de las conversaciones por parte de elDiario.es, no ha respondido a las preguntas de la oposición en el pleno municipal, donde le acusan directamente de “amañar” las plazas y “liar” a otras concejalas para colocar a empleados.

Los audios publicados por elDiario.es apuntan que el edil avisó a los trabajadores del Consorcio de convocatorias de empleo público y les invitó a presentarse. Solo cuatro lo hicieron: dos en la Autoridad Porturaria de Valencia, que obtuvieron el puesto y se presentaron también en la Fundación Deportiva Municipal, y un tercero en Visit Valencia. Anticorrupción ha abierto diligencias por la denuncia contra la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, las concejalas de Deportes y Turismo y la alcaldesa.

El grupo popular ha decidido que en lugar del concejal señalado respondiera a la oposición el portavoz del PP en València, Juan Carlos Caballero. El edil, el favorito de María José Catalá para salir al ataque ne en las cuestiones complejas, ni siquiera ha mencionado a Marí Olano o el contenido de las grabaciones en las que informa a los trabajadores de las plazas que van a salir, y les ofrece “hablar en privado” sobre los requisitos. En su lugar, ha cargado contra el 'caso Ábalos' y escándalos del PSOE en el Gobierno central y ha acusado a la oposición de causar el problema de La Marina de València, el germen de la investigación.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, quien llevó las plazas a la Fiscalía Anticorrupción, ha recordado que trabajadores del Consorcio fueron a una notaría y adivinaron quién ganaría las plazas del Puerto. Apunta que “el señor Olano, que no ha firmado ni un solo papel, lía a las concejalas” Rocío Gil y Paula Llobet para que los organismos convoquen unas plazas vacantes. Robles ha insistido en una cuestión que también se muestra en los audios: las plazas en la empresa de vivienda municipal, Aumsa, que finalmente no salieron. En las grabaciones, el concejal Marí Olano apunta que está “insistiendo” a la gerente de la empresa pública para que salgan esas convocatorias. A Juan Giner, responsable del ramo “no lo liaron” para convocar esas plazas, señala Robles.

La edil valencianista ha recordado que hay un informe de la Intervención General que cuestiona el proceso de contratación en el Puerto. Y ha hecho referencia a las últimas informaciones publicadas por este diario: Correos internos apuntan que la presidenta del Puerto de València elaboró las bases de las plazas investigadas por Anticorrupción. “La presidenta del Port envía correos diciendo cómo tienen que ser las plazas”, ha relatado Robles, que considera que es “tráfico de influencias”. “Hay que investigar hasta el alcantarillado”, ha sostenido. Los valencianistas piden una comisión de investigación y el cese del concejal.

En la misma línea se ha mostrado el portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, que ha censurado que en el pleno haya un concejal “grabado amañando procedimientos de empleo público”. “Todo parte de la misma premisa: confundir el interés general con el interés privado”, ha considerado el edil socialista, que subraya que el germen del conflicto tiene que ver “con el interés de privatizar La Marina”, no tanto con los trabajadores del Consorcio. Sanjuan ha cargado contra la opacidad del edil, que es desde el pasado año responsable de contratación y no publica su agenda pública. Le acusa, en el caso del Consorcio, de “mantener reuniones secretas utilizando información privilegiada que tiene como concejal”.

El PP defiende al concejal de Grandes Proyectos, sin nombrarlo. Juan Carlos Caballero asegura que “el problema lo crearon ustedes”, en referencia a Compromís y PSPV, y les acusa de querer “colocar a dedo” a los trabajadores con una moción que presentaron en la oposición. Caballero omite en sus excusas que Compromís y PSPV abogaron por la fórmula de la subrogación a través de un ente público y mantener la gestión pública de La Marina. “Era una subrogación de todos y todas los trabajadores”, le ha recordado después Papi Robles.

Los siete magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ya han visto cómo más de cincuenta testigos del 'caso mascarillas' se han sentado frente a ellos en el juicio que se celebra desde el pasado 7 de abril. Pero cantidad no es calidad. Y lo cierto es que de lo mollar del asunto que se juzga, el cobro de comisiones ilegales millonarias por parte de José Luis Ábalos y de su asesor Koldo García, se ha hablado poco o más bien nada de momento. Y eso a pesar de que en las tres últimas sesiones se ha podido escuchar a responsables tanto de Puertos del Estado como de Adif declarar sobre esos contratos para el suministro de mascarillas que fueron otorgados a la empresa epicentro de la trama: Soluciones de Gestión. 

Más allá de declaraciones como la de la expareja del ministro José Luis Ábalos o la de la militante socialista de Asturias que podrían servir a las acusaciones para apuntalar determinados delitos relacionados con 'enchufes' en las empresas públicas Ineco, Tragsatec y Logirail, hasta el momento el cobro de esas presuntas mordidas sólo aparece sustentado por el testimonio del empresario 'arrepentido' Víctor de Aldama y por esas anotaciones que hallaron los agentes de la UCO en las que se reflejaban los gastos y beneficios que le iba a suponer al empresario todo el negocio.

En sede judicial Aldama afirmó que, “como consecuencia del negocio de las mascarillas”, le entregó 250.000 euros a Ábalos y 100.000 a Koldo García. Pero el rastro de todo ese dinero sigue sin aparecer. La investigación sí ha detectado un “incremento patrimonial notable” y no justificado en Koldo García y su entorno familiar directo. Cuando fue detenido, los agentes de la Guardia Civil encontraron en su casa 24.000 euros en efectivo. Respecto a Ábalos, se ha acreditado que manejó en cinco años 95.000 euros sin rastro bancario. 

Para que el presunto cobro de esas comisiones haya pasado inadvertido, quizá ha podido ayudar el silencio de determinados testigos. Al menos una decena de los que han pasado por el Alto Tribunal siguen constando en la Audiencia Nacional como investigados por estos mismos hechos. Y claro está, en general y salvo excepciones, se han acogido a su derecho a no declarar con el argumento de que puede perjudicar a su defensa. 

No obstante, fuentes de las acusaciones, consultadas por elDiario.es, quitan relevancia al hecho de que por el momento no se haya hablado nada de comisiones en el juicio porque consideran que “lo más importante” es apuntalar el indicio del pago de 10.000 euros mensuales por parte del comisionista a Ábalos y Koldo García. A su juicio, esa suerte de nómina que el empresario pagó a fondo perdido y desde octubre de 2019 fue la llave que permitió a Aldama tener información privilegiada de los contratos millonarios que se iban a realizar desde el Ministerio de Transportes en marzo de 2020. 

Así, ese presunto cohecho mensual permitió al comisionista —que no estaba en el sector sanitario ni se le esperaba— orquestar una serie de alianzas empresariales incluso antes de que viera la luz la orden ministerial para la adquisición de mascarillas del 21 de marzo de 2020. De hecho, las fuentes consultadas recuerdan que, según la investigación de la UCO, cinco días antes Aldama ya había firmado con el Grupo Cueto un contrato para lograr ese suministro en un momento en el que el mercado mundial estaba roto por la pandemia. 

Dado que esos 10.000 euros mensuales son vitales para la Fiscalía y para la acusación popular, se han esmerado en acreditar esos pagos más allá del testimonio que pueda ofrecer Aldama. En ese sentido, las fuentes destacan la testifical del pasado 9 de abril de Aránzazu Granell, trabajadora de una de las empresas vinculadas a Aldama. Ella indicó a preguntas del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que estando en República Dominicana en 2021 y por orden de sus jefes entregó dinero en efectivo a Joseba García, hermano de Koldo García. 

Explicó que entregó dos sobres, cada uno con 10.000 dólares a “Joseba el Legionario”, que era como lo tenía guardado en su agenda. Ante el tribunal, la testigo indicó que los encuentros fueron fugaces, que se produjeron en lugares públicos y que desconocía si el hermano del entonces asesor sabía el contenido de esos sobres.

Por su parte, Joseba García negó en el juicio que fuese a Punta Cana para recoger presuntas comisiones y defendió que solo hizo un “favor” que le pidió su hermano a través de Aldama. Admitió que se había visto con la empleada, pero que se había limitado a “coger unos documentos” y que nunca abrió los sobres. “Jamás abro un sobre que no es mío, no soy chismoso, no me interesa”, aseveró a preguntas de la defensa de su hermano. 

Para explicar su presencia en el país, Joseba afirmó que él ya tenía organizados los viajes cuando le pidieron el favor. Detalló que la primera vez viajó a Santo Domingo para conocer a la que ahora es su pareja y la segunda a explorar una oportunidad de negocio relacionada con plantaciones de pitaya, tabaco y puros. “Yo además iba a Santo Domingo y no al otro extremo del país. Me piden que me acerque a Punta Cana y le hago el favor”, insistió. 

Las entregas de Aldama

Las fuentes consultadas recuerdan, asimismo, que otro de los indicios de que existieron esos pagos mensuales son los encuentros periódicos entre el entorno de Koldo García y el propio Aldama. Sostienen que esas reuniones podrían haberse producido en el propio Ministerio de Transportes habida cuenta que el empresario entraba y salía del despacho de Ábalos y de la 'planta noble' a placer, según relató el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez en su comparecencia del pasado 15 de abril. Otros testigos, como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera o el secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, han reconocido la ascendencia de Aldama en el Ministerio. 

Las acusaciones entienden, además, que parte de esos pagos se canalizaron también a través de Joseba García, más allá de los dos viajes a Dominicana, bajo “excusas tan tontas” como la compra a Aldama de un coche de segunda mano que, en palabras de él mismo, “fue la peor compra” de su vida.

De hecho, el interrogatorio de Joseba García dejó un momento de tensión entre el fiscal y la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, que intentó desmontar la tesis de las acusaciones de que el exasesor utilizó a su hermano como testaferro para ocultar la titularidad real de sus bienes y dificultar su rastreo. La Guardia Civil afirma que “no se ha encontrado una justificación u origen conocido de al menos 224.000 euros” ingresados en las cuentas de Joseba García entre 2017 y 2022. Así que la abogada trató de que su cliente diera una explicación pormenorizada de sus ingresos. 

“La única forma de desvirtuar eso es preguntándole cómo obtuvo el incremento patrimonial que la UCO dice que es procedente de las comisiones por mascarillas”, defendió cuando el presidente del tribunal le dijo que podía preguntar sobre ingresos concretos de su hermano, pero no sobre todo su patrimonio. La respuesta indignó al fiscal Luzón, que defendió que “la UCO no afirma que el dinero que ingresa Joseba procede de las mascarillas”. En realidad, el instituto armado afirma en varios informes que el “significativo aumento de los ingresos en efectivo en las cuentas bancarias de Joseba se produce a partir del mes de marzo de 2020 (fecha de adjudicación de los contratos investigados)”. Los contratos que centran esta causa son, precisamente, los de las mascarillas. 

En cualquier caso, y para lograr introducir en el juicio que además de esos honorarios mensuales también tuvo lugar un pago extra por los contratos de mascarillas, las acusaciones se agarran a esa nota en la que el comisionista hacía cálculos sobre cuánto podría sacarle a esa operación. Según indicó la UCO, el desglose de gastos además de tener los propios de la operación, como el de fletar los vuelos o el pago en aduanas, incluía otros apuntes detallados que estaban relacionados con beneficios económicos de personas. Y ponía el foco sobre dos pseudónimos que no tenía identificados: 'Gran' y 'Goblins'. 

Para la UCO, el mote de Gran que aparece junto a la cantidad de 2.000.000 “pudiera corresponderse con Grandullón” que era una forma de referirse a Koldo García. Y considera que Goblins pudiera ser Ábalos porque junto a ese mote aparece la anotación “500.000” y “casa”. Esa casa sería el chalé de la costa de Cádiz que Claudio Rivas, un empresario del sector de hidrocarburos con el que Aldama hacía negocios, habría puesto a disposición del exministro ante la expectativa de que le ayudara a conseguir una licencia que no se materializó hasta un año después de que Ábalos saliera del Gobierno. Claudio Rivas, citado esta semana ante el tribunal, optó por guardar silencio y no ratificar las incriminaciones del que fuera su socio. 

El concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València, José Marí Olano, informó a trabajadores públicos de convocatorias de empleo que estaban a punto de salir. El edil, mano derecha de la alcaldesa María José Catalá, se reunió con los trabajadores del Consorcio Valencia 2007 en la primavera de 2024 para trasladarles información sobre una serie de plazas que se publicarían en breve y les insta a optar a ellas, según las grabaciones a las que ha tenido acceso elDiario.es. Compromís y el PSPV han trasladado estas informaciones a la Fiscalía Anticorrupción, que investiga el proceso, y han pedido que se investigue al este concejal.

La Fiscalía Anticorrupción ha admitido la denuncia de Compromís e inicia las diligencias sobre la publicación y adjudicación de varias plazas en organismos públicos dependientes del Ayuntamiento de València y de la Autoridad Portuaria (APV), plazas que se convocaron de forma prácticamente simultánea y que ocuparon extrabajadores de la entidad, que se encontraba entonces en proceso de extinción. La denuncia afecta a la alcaldesa, a las concejalas de Turismo, Paula Llobet, y Deportes, Rocío Gil, y a la presidenta de la APV, Mar Chao.

“Se publican mañana en el Diari Oficial”

En los audios a los que ha tenido acceso elDiario.es se escucha al concejal hablar con los trabajadores sobre algunas de las plazas que ahora están siendo investigadas. A los pocos minutos de arrancar la reunión, expone: “El proceso está de la siguiente manera: Hay ya dos plazas convocadas en el Boletín Oficial de la Provincia por parte la Fundación Deportiva Municipal. Esas plazas se enviaron al Boletín Oficial del Estado, las ha devuelto diciendo que no procede su convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y se publican mañana, en principio, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, con lo cual se abrirá el el plazo de presentación de solicitudes. Hay otras tres plazas convocadas en la fundación Visit Valencia, que ya ha vencido el plazo de solicitudes y no se ha presentado ninguna. Esta semana, en principio, se publican dos plazas con perfil jurídico en Aumsa”, dice. El edil apunta que todas las plazas son vacantes que ya existen, que no se crea ninguna nueva, y que todo sigue los criterios de cada entidad. “Se ha leído la ley hasta donde se ha podido leer”, les dice.

“Puedo deciros al 90% que van a salir. Y pronto”

Marí Olano habla de unas plazas en la empresa municipal de vivienda, Aumsa, que finalmente no llegaron a crearse. Explica que ha trabajado mucho este aspecto: “Lo de Aumsa no os lo prometo porque me estoy desesperando hasta límites que rozan la mala educación con la gerencia de Aumsa. Por distintas razones se han ido retrasando. Las plazas ya tienen todas las condiciones y sacramentos administrativos que tienen que tener para que se publiquen, pero no... no hay más”. Los trabajadores le preguntan por otras vacantes y Marí Olano les dice que no lo tiene claro porque no son de su compentencia, pero añade: “Las de Aumsa sí que puedo deciros al 90% que van a salir. Y van a salir pronto. Son dos plazas de perfil jurídico”, vuelve a comentar. 

“Es mejor que lo hablemos en privado”

“Si [en] alguna de las plazas de Visit que no ha tenido convocatoria sigue alguien interesado, aunque sea modificando un poco, no en lo esencial, los requisitos de la convocatoria, no de la plaza... pues es una cuestión que soy todo oídos. Yo creo que es mejor que lo hablemos en privado, pero yo estaré encantado de intentar solucionarlo. Os reitero: de la convocatoria, no de la plaza”, recalca el edil, que subraya que las condiciones de la plaza “no se tocan: son las condiciones del puesto” y añade que “hará su propuesta”.

“Se ha leído la ley hasta donde se podía leer”

El edil de Grandes Proyectos da garantías a los trabajadores sobre el proceso y los tranquiliza: “Han intervenido tres secretarios municipales (...) No quiero utilizar la palabra 'forzado', pero se ha leído la ley hasta donde se podía leer y hasta aquí es donde yo creo que se ha podido llegar”, explica. Son entidades en las que “se han podido encontrar vacantes”. “Nosotros nos hemos movido dentro de donde nos podemos mover dentro del margen que nos permite la ley”, insiste más adelante.

Ampliación de la denuncia

Tras la publicación de las conversaciones por elDiario.es, Compromís y el PSPV han señalado al concejal de Grandes Proyectos en su ampliación de denuncia. Ambas formaciones han trasladado las informaciones publicadas por esta redacción a la Fiscalía Anticorrupción, según manifestaron ante los medios. La portavoz de Compromís, formación que inició la denuncia que ha dado pie a la investigación, considera que es una “operación de clientelismo” y que pueden darse delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios. Las grabaciones, plantea, “demuestra[n] que era una operación planificada para cometer fraude de ley desde dentro del gobierno”.

El PSPV también pedirá que se investigue al concejal por un posible delito de revelación de secretos y utilización de información privilegiada y ha pedido que haga pública su agenda. La alcaldesa, por el momento, ha encargado un informe a los servicios jurídicos municipales sobre la adjudicación de la única plaza municipal que llega a ocuparse y defiende que el proceso fue “transparente”.

El regidor de Grans Projectes de l’Ajuntament de València, José Marí Olano, va buscar places a mida per als treballadors del Consorci València 2007. Això es desprén dels enregistraments, a què ha tingut accés elDiario.es, d’una reunió amb empleats que va tindre lloc la primavera del 2024 en què el regidor informa de processos d’ocupació pública que es trauran a concurs perquè puguen optar-hi. Les places que van eixir a concurs tant en entitats municipals com en el Port de València són objecte d’investigació per part de la Fiscalia Anticorrupció per presumptes delictes de prevaricació i tràfic d’influències, arran d’una denúncia de Compromís.

Com ha anat informant en exclusiva aquesta redacció, en la trobada l’edil informa la plantilla que eixiran places en tres organismes —en un ja han eixit— i lamenta que “han anat retardant-se” les places en Aumsa, l’empresa municipal d’habitatge, que finalment no van arribar a eixir. Segons els enregistraments a què ha tingut accés aquesta redacció, Marí Olano explica que “són places de provisió de llocs de treball, més que d’accés a l’ocupació pública i. per tant, la competència està circumscrita exclusivament als que ja són empleats públics amb relació laboral de caràcter indefinit o funcionaris”.

L’edil apunta que totes les places —set, afirma— són vacants que ja existeixen en les fundacions i organismes, que no se’n crea cap de nova, i que tot segueix els criteris de cada fundació. Insisteix que les places són les que són, que les condicions de la plaça “no es poden tocar” i obri la porta a modificar “els requisits de la convocatòria”. “S’ha llegit la llei fins on s’ha pogut llegir”, els diu.

En la reunió, els treballadors plantegen els dubtes sobre el seu futur laboral. Pregunten si continuaran sent empleats públics, si se’ls reconeixerà l’antiguitat, si se’ls pot acomiadar i com serà el procés d’extinció del Consorci. Marí Olano els respon que la previsió és una extinció durant el 2024 i afirma sobre les places oferides que “es requereix que sigueu empleats púbics per a poder presentar-vos-hi, no perdreu la condició d’empleat públic per a poder presentar-vos en condicions (...) Fins que no acabe el termini de presentació de sol·licituds no es produirà l’extinció de les relacions laborals”.

Els empleats del Consorci fan nombroses preguntes a l’edil que l’alcaldessa, María José Catalá, envia a la reunió com a representant municipal. Olano dubta sobre les preguntes tan concretes sobre antiguitat en els organismes, i els diu: “No ho he estudiat a fons”. Les places que es convocaran “són llocs de provisió”, insisteix, no són places noves, sinó vacants en els organismes, i els recorda que ells ja tenen la condició d’empleat públic en el Consorci, però no sap les particularitats en altres organismes. Els treballadors interroguen sobre què passa si entren en Visit Valencia o Aumsa i si els acomiaden i l’edil de Grans Projectes torna a dir que ho desconeix, però apunta que ell no ha vist molts acomiadaments en empreses o entitats públiques “llevat de causes molt grosses”. “No hem arribat a això perquè no és la meua funció”, els explica.

L’edil fa una explicació més general sobre l’assumpte. Dubta sobre quines condicions mantindrien, els diu que “no ha arribat a això”. “Jo no sé si es mantenen totalment les condicions laborals vinculades” en el passat al Consorci, apunta. I enuncia: “Jo el que et puc dir és que la condició d’empleat públic ha sigut un requisit fonamental per a reduir la competència. És a dir, perquè aquestes places no estigueren subjectes a un règim de concurrència competitiva, que és el normal quan se seleccionen empleats públics i que tot el règim d’estatus jurídic laboral que es tindrà és el de l’entitat de la destinació. Això és el que et puc dir”.

Immediatament a continuació, expressa que el Consorci està format per administracions públiques en sentit estricte —el Govern central, l’Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana—, i que els tres ens en què eixiran les places no són administracions com a tal. “La fundació és una fundació, la Fundació Visit Valencia; la Fundació Esportiva Municipal és un organisme autònom municipal, té un component administratiu més potent, els empleats sí que són empleats públics, i Aumsa és una societat anònima normal i corrent, el capital de la qual és íntegrament de l’Ajuntament, però és una societat anònima normal i corrent. Té règim jurídic normal que tenen cadascuna. No em competeix a mi”, assenyala.

Possibles irregularitats en la plaça de Visit Valencia

L’assumpte de la condició d’empleat públic que es requereix per a accedir a les tres places de Visit Valencia, tal com verbalitza Olano, és un dels elements clau que pot derivar en responsabilitats per part de la seua responsable, la regidora Paula Llobet, tal com reflecteix la denúncia que va portar Compromís a la Fiscalia.

Segons l’edil, es converteix en un requisit “fonamental per a reduir la competència”, cosa que podria xocar amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat que requereixen aquesta mena de processos. Juntament amb la gran puntuació que es donava a l’experiència en el sector públic (fins a 12 punts de 20), suposava un avantatge important per a aquests empleats, molts dels quals estaven en el Consorci des que es va crear el 2004.

Però és que, a més, quan es va adjudicar una de les tres places a E. M., un dels exempleats del Consorci València 2007 assenyalats en la denúncia com un dels beneficiaris d’un procés presumptament fraudulent, ja no tenia la condició d’empleat públic, ja que ja havia sigut despatxat del Consorci juntament amb la resta dels companys. En concret, segons Compromís, la persona adjudicatària de la plaça va ser acomiadada el 16 d’octubre de 2024. No obstant això, la resolució de l’oposició es va signar l’11 de novembre de 2024 i el contracte l’endemà, quan ja havia perdut la condició d’empleat públic arran de l’acomiadament col·lectiu del Consorci València 2007.

El concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València, José Marí Olano, buscó plazas a medida para los trabajadores del Consorcio Valencia 2007. Así se desprende de las grabaciones, a las que ha tenido acceso elDiario.es, de una reunión con empleados que tuvo lugar en la primavera de 2024 en la que el concejal informa sobre procesos de empleo público que se van a sacar a concurso para que puedan optar. Las plazas que salieron a concurso tanto en entidades municipales como en el Puerto de Valencia son objeto de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, tras una denuncia de Compromís.

Como ha venido informando en exclusiva esta redacción, en el encuentro el edil informa a la plantilla de que van a salir plazas en tres organismos -en uno ya han salido- y lamenta que “se han ido retrasando” las plazas en Aumsa, la empresa municipal de vivienda, que finalmente no llegaron a salir. Según las grabaciones a las que ha tenido acceso esta redacción, Marí Olano explica que “son plazas de provisión de puestos de trabajo, más que de acceso al empleo público, y por tanto, la competencia está circunscrita exclusivamente a quienes ya son empleados públicos con relación laboral de carácter indefinido o funcionarios”.

El edil apunta que todas las plazas -siete, afirma- son vacantes que ya existen en las fundaciones y organismos, que no se crea ninguna nueva, y que todo sigue los criterios de cada fundación. Insiste en que las plazas son las que son, que las condiciones de la plaza “no se pueden tocar” y abre la puerta a modificar “los requisitos de la convocatoria”. “Se ha leído la ley hasta donde se ha podido leer”, les dice.

En la reunión, los trabajadores plantean las dudas sobre su futuro laboral. Preguntan si seguirán siendo empleados públicos, si se les reconocerá la antigüedad, si se les puede despedir y cómo será el proceso de extinción del Consorcio. Marí Olano les responde que la previsión es una extinción durante el 2024 y afirma sobre las plazas ofertadas que “se requiere que seáis empleados púbicos para poder presentarse, no vais a perder la condición de empleado público para poder presentaros en condiciones (...) Hasta que no finalice el plazo de presentación de solicitudes no se producirá la extinción de las relaciones laborales”.

Los empleados del Consorcio hacen numerosas preguntas al edil que la alcaldesa, María José Catalá, envía a la reunión como representante municipal. Olano duda sobre las preguntas tan concretas sobre antigüedad en los organismos, y les dice: “No lo he estudiado a fondo”. Las plazas que van a convocarse “son puestos de provisión”, insiste, no son plazas nuevas sino vacantes en los organismos, y les recuerda que ellos ya tienen la condición de empleado público en el Consorcio, pero no sabe las particularidades en otros organismos. Los trabajadores interrogan sobre qué ocurre si entran en Visit Valencia o Aumsa y si les despiden y el edil de Grandes Proyectos vuelve a decir que lo desconoce, pero apunta que él no ha visto muchos despidos en empresas o entidades públicas “salvo por causas muy gordas”. “No hemos llegado a eso porque no es mi función”, les explica.

El edil procede a hacer una explicación más general sobre el asunto. Duda sobre qué condiciones mantendrían, les dice que “no ha llegado a eso”. “Yo no sé si se mantienen totalmente las condiciones laborales vinculadas” en el pasado al Consorcio, apunta. Y enuncia: “Yo lo que te puedo decir es que la condición de empleado público ha sido un requisito fundamental para reducir la competencia. Es decir, para que esas plazas no estuvieran sujetas a un régimen de concurrencia competitiva, que es el normal cuando se seleccionan empleados públicos y que todo el régimen de estatus jurídico laboral que se va a tener es el de la entidad del destino. Eso es lo que te puedo decir”.

Inmediatamente a continuación, expresa que el Consorcio está formado por administraciones públicas en sentido estricto -el Gobierno central, el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana-, y que los tres entes en los que van a salir las plazas no son administraciones como tal. “La fundación es una fundación, la Fundación Visit Valencia; la Fundación Deportiva Municipal es un organismo autónomo municipal, tiene un componente administrativo más potente, los empleados sí son empleados públicos, y Aumsa es una sociedad anónima normal y corriente, cuyo capital es íntegramente del Ayuntamiento, pero es una sociedad anónima normal y corriente. Tiene régimen jurídico normal que tienen cada una de ellas. No me compete a mí”, señala.

Posibles irregularidades en la plaza de Visit Valencia

El asunto de la condición de empleado público que se requiere para acceder a las tres plazas de Visit Valencia, tal y como verbaliza Olano, es uno de los elementos clave que puede derivar en responsabilidades por parte de su responsable, la concejala Paula Llobet, tal y como refleja la denuncia que llevó Compromís a la Fiscalía.

Según el edil, se convierte en un requisito “fundamental para reducir la competencia”, lo que podría chocar con los principios de igualdad, mérito y capacidad que requieren este tipo de procesos. Junto a la gran puntuación que se daba a la experiencia en el sector público (hasta 12 puntos de 20), suponía una importante ventaja para estos empleados, muchos de los cuales estaban en el Consorcio desde su creación en 2004.

Pero es que además, cuando se adjudicó una de las tres plazas a E. M., uno de los exempleados del Consorcio Valencia 200 señalados en la denuncia como uno de los beneficiarios de un proceso presuntamente fraudulento, ya no tenía la condición de empleado público, puesto que ya había sido despedido del Consorcio junto al resto de sus compañeros. En concreto, según Compromís, la persona adjudicataria de la plaza fue despedida el 16 de octubre de 2024. Sin embargo, la resolución de la oposición se firmó el 11 de noviembre de 2024 y el contrato al día siguiente, cuando ya había perdido la condición de empleado público tras el despido colectivo del Consorcio València 2007.

La Fiscalía de Anticorrupción ha aportado de cara al juicio de la 'Operación Kitchen' una serie de correos electrónicos que mandó el comisario jubilado José Manuel Villarejo al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez —ambos acusados— en el que el primero le reprocha haberle dejado “tirado”: “Me convenciste para que me quedara porque decías necesitarme, pero luego me abandonaste a mi suerte”.

Así se desprende del escrito que ha remitido el fiscal César de Rivas a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde comenzará el juicio el próximo 6 de abril por el presunto espionaje orquestado en 2013 por la excúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Los correos datan del 13 de noviembre de 2016, solo cinco días antes del cese de Martínez como Secretario de Estado y en ellos le reprochó haber pasado “por una campaña orquestada” por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). “De ser un fiel y leal servidor del Estado a un apestado, un hombre de las cloacas ... en referencia a que sois vosotros las cloacas ... y lo habéis aceptado ... porque pensabais ... pensabas, que no iban contra ti”, le dijo Villarejo a Martínez.

Una “campaña de descrédito” que el comisario jubilado atribuye al director del CNI en ese momento, Félix Sanz Roldán, y reprochó a Martínez que su “debilidad le ha dado alas a sus maniobras”: “Has visto que al final, después de haberme abandonado a mi suerte, han ido a por el Ministro, ahora ex, a por ti”.

Así, Villarejo manifestó que “su nivel de paciencia ha llegado al límite, y puede que sea un viaje sin retorno”, al tiempo que le recriminó que haya “permitido que saquen una ley absurda” para impedirle “obtener la condición de Honorario”, así como que le “nieguen” su “placa insignia” de la Policía.

“Quiero mi respuesta de la fecha real de mi jubilación ... me cansé de esperar. Quiero mi placa insignia ... la que llevé en mi vida profesional...a la que tengo derecho según la misma ley que me ha quitado la condición de Honorario”, remachó.

Al final de este correo, Villarejo pidió al ex secretario de Estado “solo lo que en Derecho, en mayúsculas” considera que le “corresponde”, y que dejase de ponerse “de perfil”, aunque concluyó el mensaje poniéndose a sus órdenes: “Aprovecho la ocasión para ofrecerme para lo que necesites ... como siempre”.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cárcel de 15 años y 33 de inhabilitación para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por los presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.

También pide 15 años para Martínez, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y para Andrés Manuel Gómez Gordo, quien fuera jefe de seguridad de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, también por los mismos delitos. Por otro lado, interesa una condena de 19 años de prisión para Villarejo.

La directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), Edurne Eginoa, ha avanzado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que la oficina que ella dirige ha recibido dos denuncias “anónimas” por contratos adjudicados por el Gobierno foral para la construcción de viviendas de protección oficial a Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y Santos Cerdán que la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama de cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública.

Edurne Eginoa ha precisado que las dos denuncias llegaron a la OANA a raíz de la publicación de los informes que encargó la presidenta de Navarra, María Chivite, para auditar las obras encargadas por su Ejecutivo a la empresa Servinabar 2000 tras conocerse el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. En esos informes, Anticorrupción detectó más de una decena de irregularidades en los procesos de adjudicación de cuatro obras. La adjudicación de una de ellas, la del desdoblamiento de los túneles de Belate, la llegó a calificar de “nula de pleno derecho”.

La presidenta de la OANA se ha ratificado en todo lo recogido en las conclusiones de los informes que elaboró a petición de Chivite. Incluso ha apuntado que tras escuchar las sesiones de la comisión de investigación de la Cámara foral en las que comparecieron los técnicos de la mesa de contratación de Belate, la OANA podría hacer ahora “un informe más extenso”.

Así, se ha referido a que los miembros de la mesa “pusieron de manifiesto la falta de una reunión presencial” y ha cuestionado la actuación del presidente de la mesa, Jesús Polo, por haberse “negado” a convocar reuniones presenciales. “Los propios miembros de la mesa han dicho que una reunión presencial hubiese solucionado determinadas discrepancias”, ha expuesto, para considerar fundamental en las mesas “deliberar”.

Con todo, ha apuntado que “lo lógico” es que la obra siga para no causar “perjuicio al interés general”. “La obra ya estaba adjudicada y ya incluso había comenzado. Yo entiendo, pero bueno, eso ya no me corresponde, que la obra tiene que continuar y hacerse hasta el final, por supuesto”, ha afirmado, para opinar que “sería un desastre parar ahora esa obra”.

Una represalia “de manual”

Preguntada por el traslado del puesto de trabajo del secretario de la mesa de contratación de las obras del túnel de Belate y denunciante, Lorenzo Serena, lo ha calificado de una “represalia de manual”.

El secretario fue trasladado a trabajar a una nave al polígono industrial de Landaben, decisión que posteriormente el Departamento de Cohesión Territorial corrigió tras recibir un informe de la OANA que afeaba el traslado y lo consideraba una represalia por haber denunciado ante Anticorrupción el procedimiento de la mesa de contratación.

“Trasladar a esta persona a un almacén de Landaben constituye una represalia, pero hay que reconocer la rápida actuación del consejero Chivite -consejero de Cohesión Territorial-, que lo admitió en seguida y a los dos días se anuló la resolución de traslado a Landaben”. Con todo, ha señalado que su traslado fue “inadmisible”, que nada lo justificaba y que la propia presidenta de Navarra lo reconoció.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la competencia para instruir la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra en un auto en el que mantiene el secreto de las actuaciones. En su resolución, el magistrado ha reclamado las actuaciones al juzgado de Madrid que hasta ahora investigaba este procedimiento y que la pasada semana se inhibió en favor del tribunal central, informa la Audiencia Nacional.

En este caso, Calama, titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, actúa como juez de la Plaza 2, donde se instruye la causa, al haberse abstenido el titular de esta última, el magistrado Ismael Moreno.   

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la aerolínea Plus Ultra hizo un “uso indebido” del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno le concedió en la pandemia porque al menos parte de esos fondos fueron utilizados para blanquear dinero “ilícito” procedente de Venezuela, según consta en la querella presentada por el Ministerio Público.

Anticorrupción impulsa la causa que arrancó en un juzgado de Madrid y que llevó en diciembre a la detención del presidente, cofundador y actual dueño de Plus Ultra, Julio Martínez, y del consejero delegado, Roberto Roselli. 

El caso ha adquirido gran relevancia mediática pese al secreto de las actuaciones. El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que comparecer este lunes en el Senado por decisión del Partido Popular debido a su relación personal y laboral con uno de los detenidos en la operación por el rescate de Plus Ultra, Julio Martínez.

Zapatero admitió su labor como consultor y admitió sus trabajos para este empresario, pero ca negó cualquier tipo de cobro por gestiones con el régimen venezolano o por el préstamo de 53 millones de dinero público a Plus Ultra, la aerolínea que está en el punto de mira de la Justicia por el presunto “uso ilícito” de parte de los fondos obtenidos con ese rescate. 

El nuevo gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), José Manuel Bernabé, ha presentado este viernes su renuncia después de que el ministerio de Ciencia anunciara que iba a proponer su cese por las informaciones sobre un “presunto caso de acoso”. Al mismo tiempo, la plantilla del centro ha firmado una carta pública en apoyo de Bernabé, suscrita por el 90% de los jefes de grupo (47 de 52, incluido su director científico interino) y que ha sumado el respaldo más de 200 trabajadores. El nuevo gerente era la gran esperanza de regeneración del centro, en plena investigación de la Fiscalía Anticorrupción por las presuntas irregularidades del anterior responsable de las cuentas, Juan Arroyo.

Los firmantes de la carta consideran que las informaciones aparecidas en los últimos días forman parte de “una campaña de desprestigio orquestada” y dirigida a minar la reputación de la persona que estaba destapando la corrupción del anterior gestor. Convocados por los sindicatos, un grupo de trabajadores se ha manifestado a las puertas del centro a las 13:00 h para protestar por la situación con pancartas como “Menos mafia y más ciencia”.

El cese de Bernabé llega tras las informaciones sobre un “presunto caso de acoso”, publicadas por el diario ABC, sobre Laura Muñoz, entonces secretaria general del CNIO y empleada desde hacía doce años y colaboradora de Arroyo, al que se investiga por un posible desfalco en contratos por valor de 25 millones de euros. Muñoz puso una queja ante el departamento de recursos humanos antes de su despido, en la que aseguraba haber sentido confusión y ansiedad por una serie de mensaje por Whatsapp con temas personales y alusiones a su vida sexual. 

Tristeza y preocupación

“El sentimiento es de muchísima tristeza y preocupación entre el colectivo de científicos del CNIO”, asegura Óscar Fernández Capetillo, jefe de grupo y uno de los firmantes de la carta. “Mucha gente estábamos cansados de que el nombre del CNIO se asociara con presuntas corruptelas y teníamos ilusión, porque veíamos que este nuevo gerente estaba bastante decidido a atacar a esto con firmeza. Ahora vemos que el principal actor en ayudar a la fiscalía se ha quitado del medio de un plumazo y nos preocupa”.

Vemos que el principal actor en ayudar a la fiscalía se ha quitado del medio de un plumazo y nos preocupa

Óscar Fernández Capetillo — Jefe de grupo y uno de los firmantes de la carta

Sobre la queja por acoso, los científicos no entran y condenarán cualquier situación de este tipo si se ha producido. “Es evidente que todos nosotros condenamos cualquier tipo de acoso, pero creemos que es importante que la gente sepa el contexto en el que se da esta situación de denuncia de acoso interno, en que la persona acusada es la que estaba investigando al acusado y a su entorno”.

Este es el contenido íntegro de la carta:

Carta Abierta de Investigadores del CNIO

Ante la noticia del cese del Director Gerente del CNIO, José Manuel Bernabé, los Jefes y Jefas de Grupo y de las Unidades Científicas del CNIO abajo firmantes queremos manifestar:

1. Nuestro total respaldo a la labor desarrollada por José Manuel Bernabé durante los últimos meses, en su esfuerzo por conseguir una gestión transparente en el CNIO.

2. Queremos subrayar que el gerente fue el principal actor a la hora de ayudar a las autoridades a esclarecer las presuntas actividades delictivas asociadas al anterior equipo de gerencia.

3. Creemos que las noticias aparecidas en los últimos días forman parte de una campaña de desprestigio orquestada y dirigida a minar la reputación del gerente.

4. Nuestra repulsa ante cualquier situación de acoso que se pueda dar en el entorno laboral.

5. Nuestra honda preocupación por el futuro de nuestra institución. Pedimos al Ministerio que la nueva gerencia sea independiente del equipo inicial y que continúe trabajando para aclarar las posibles irregularidades o corrupciones del equipo anterior.

Finalmente, queremos trasladar a la sociedad que el personal que componemos el CNIO estamos profundamente afectados por la deriva de este caso. Queremos recalcar nuestro firme compromiso de seguir contribuyendo a la investigación oncológica de excelencia en nuestro país.

Firmantes, por orden alfabético: Fátima Al-Shahrour, Luis Álvarez-Vallina, María Jesús Artiga, Carmen Blanco, Isabel Blanco, María Blasco, Jasminka Boskovic, Ramón Campos, Oscar F. Capetillo, María Casanova-Acebes, Felipe Cortés, Orlando Domínguez, Alejo Efeyan, Anna González-Neira, Eva González-Suárez, Rafael Leiro, Luis Lombardía, Ana Losada, Marta Isasa, Oscar Llorca, Gonçalo Lópes, Núria Malats, Lola Martínez, Jorge Martínez-Torrecuadrada, Geoff Macintyre, Sonia Martínez, Juan Méndez, Francisca Mulero, Sagrario Ortega, Solip Park, Joaquín Pastor, Luis Paz-Ares, Fernando Peláez, Isabel Peset, Francisco X. Real, Mercedes Robledo, Giovana Roncador, Jessica Rose, Guadalupe Sabio, Marisol Soengas, Lucas Tafur, Manuel Valiente

* Esta noticia se ha actualizado a medida que se sumaban nuevos firmantes, de más de treinta a más de cuarenta, y con la imagen de la concentración a las puertas del CNIO.

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) ha abierto una nueva investigación al Ayuntamiento de Tudela, de UPN, por las subvenciones que durante los años 2022 y 2023 el Consistorio dirigido por el vicepresidente del partido regionalista, Alejandro Toquero, concedió al equipo de fútbol CD Tudelano pese a que el club no podía concurrir a la convocatoria por arrastrar una deuda de casi 75.000 euros con el Ayuntamiento. Intervención lo advirtió con un informe de reparo, pero la junta de Gobierno local lo levantó y concedió las subvenciones. Ahora la OANA ha detectado “indicios razonables” de que el Ayuntamiento pudo haber concedido esas ayudas de manera irregular y ha decidido abrir una investigación tras la denuncia interpuesta por Contigo Tudela (Podemos, Izquierda Unida y Batzarre).

El CD Tudelano contrajo en el año 2002 una importante deuda con la Junta Municipal de Aguas. En agosto de 2014 el club y el Ayuntamiento firmaron un acuerdo para fraccionar el pago de la deuda en cuotas anuales de 7.482 euros que el Tudelano debe pagar cada mes de enero. En 2022 el montante total de la deuda ascendía a los 74.897,80 euros. Tanto ese año como en el 2023 el equipo no pagó su cuota de la deuda, lo que en la práctica le imposibilitaba presentarse a convocatorias de subvenciones municipales, tal y como recogen las bases de las mismas. Pero ello no impidió que el CD Tudelano recibiera 22.263,25 euros en subvenciones públicas durante el mismo periodo de tiempo.

Así lo advirtió la Intervención Municipal en un informe fechado el 21 de marzo de 2023 al que ha tenido acceso elDiario.es y en el que expone que, pese a que el CD Tudelano no ha pagado las cuotas aplazadas de la deuda en los ejercicios de 2022 y 2023, el Ayuntamiento no ha rescindido el contrato que tenía firmado con el equipo desde 2014 para el fraccionamiento de la deuda, ni le ha exigido la totalidad del importe adeudado. “Nada de eso se ha hecho e incluso se le han concedido tres subvenciones por actividades deportivas”, añade. Así, recoge que la Tesorería del Consistorio ha “compensado” los créditos que había a favor del Tudelano por las tres subvenciones, que ascendieron a 8.293,13 euros, con las cuotas del pago de la deuda de los años 2022 y 2023, que sumaban 14.965,76 euros. La deuda del CD Tudelano de esos años quedó así reducida a los 6.672,63 euros.

En noviembre de 2023 la Intervención Municipal volvió a advertir con un informe de reparo que el CD Tudelano no podía “recibir una subvención de 10.360,04 euros por el fomento del deporte base, y otra de 3.610,08 euros por el fomento del deporte de categorías superiores” por no estar al corriente “en el cumplimiento de las obligaciones tributarias”. Con todo, el Ayuntamiento, liderado por Alejandro Toquero, en un acuerdo de la Junta de Gobierno del 15 de diciembre de 2023, levantó el reparo y le concedió las ayudas.

Desde Contigo Tudela denuncian que el alcalde y su equipo de Gobierno podrían haber incurrido en un delito de prevaricación al conceder las subvenciones al CD Tudelano pese a existir informes de la Intervención Municipal que señalaban que el equipo no podía presentarse a las convocatorias por no pagar las cuotas anuales de la deuda con la Junta Municipal de Aguas en los ejercicios 2022 y 2023. La Oficina Anticorrupción, tras detectar “indicios razonables de veracidad” en los hechos denunciados, ha abierto ya una investigación al Consistorio.

Se trata de la segunda investigación abierta al Ayuntamiento de Tudela en apenas unas semanas. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra también investiga si el Gobierno de Alejandro Toquero troceó tres contratos de asesoría jurídica que suman un montante total de 29.040 euros para adjudicárselos de manera directa al despacho de abogados de un exdirectivo de UPN.

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) investiga si el Ayuntamiento de Tudela, cuyo alcalde es el vicepresidente de UPN, Alejandro Toquero, troceó tres contratos de asesoría jurídica que suman un montante total de 29.040 euros para adjudicárselos de manera directa al despacho de abogados de un exdirectivo de su partido. La OANA estima en su resolución que existen “indicios razonables de veracidad” en los hechos denunciados por Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) y ha anunciado el comienzo de las diligencias.

En su denuncia, Contigo/Zurekin alertaba de que el Consistorio de UPN había troceado tres contratos de servicios jurídicos con motivo de su oposición a la ampliación de la Estación de Depuración de Aguas Residuales de Tudela, llevada a cabo por la empresa pública Nilsa, para no superar el importe máximo establecido en la ley foral de contratos públicos para adjudicar contratos de manera directa, fijado en los 15.000 euros. Los tres contratos fueron adjudicados al mismo bufete, el despacho Gallego Echarri San Miguel y Galar S.L.P. (Gesabogados), del que uno de sus socios, Miguel Echarri Iribarren, fue miembro de la dirección de UPN bajo la presidencia de Yolanda Barcina.

Los contratos fueron adjudicados entre el 12 de marzo de 2024 y el 15 de junio de 2025 por 7.260 euros, 18.150 euros y 3.630 euros, respectivamente. Los tres fueron por labores de asesoría jurídica relacionadas con la ampliación de la depuradora. Un informe de la Intervención del Ayuntamiento al que ha tenido acceso este periódico y que fue incorporado a la denuncia presentada en Anticorrupción advierte que el Ayuntamiento de Tudela podría haber vulnerado la ley de contratos al adjudicar de manera sucesiva a un mismo beneficiario diferentes contratos por las mismas funciones superando los 15.000 euros

Anticorrupción entiende que hay “indicios razonables” de que pudo existir un fraccionamiento irregular de los contratos e investigará si los tres contratos adjudicados por separado deberían haber ido en un único encargo y si se fraccionaron para poder ser adjudicados de manera directa como contratos independientes en lugar de tramitarse mediante el procedimiento ordinario.

El Ayuntamiento de Tudela presentó un informe de alegaciones a la Oficina Anticorrupción argumentando que el contrato de 3.630 euros fue finalmente rechazado “por entender que el trabajo facturado se encuentra comprendido entre los servicios jurídicos contratados en el presupuesto de julio de 2024” y que, por tanto, tan solo son dos “los contratos a analizar”. Con todo, Anticorrupción ha decidido iniciar una investigación sobre si el Consistorio de UPN cometió irregularidades en materia de contratación pública.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una batería de diligencias “para avanzar” en la causa contra el exministro de Hacienda del Partido Popular Cristóbal Montoro, un caso que sigue pendiente de la decisión que adopte la Audiencia de Tarragona sobre la marea de recursos presentados por las defensas tras levantarse el secreto del sumario. Equipo Económico, el bufete fundado por el exministro, está el epicentro de una supuesta trama corrupta acusada de beneficiar a empresas a cambio de dinero. 

En un escrito, la fiscal Carmen García Cerdá ha solicitado información mercantil y societaria del despacho Equipo Económico, de Montoro y de algunos de sus colaboradores que están también siendo investigados, según ha adelantado El País y ha confirmado elDiario.es. En otro escrito, la representante del Ministerio Público también reclama al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona que prorrogue seis meses más la investigación. 

La batería de diligencias solicitadas por Anticorrupción van encaminadas a indagar en la estructura, titularidad real y flujos económicos de Equipo Económico y otras sociedades vinculadas. Reclama, por ejemplo, hojas registrales completas y las cuentas anuales desde 2008. La Fiscalía también reclama la “documentación” que acredite la prestación de servicios por parte de Equipo Económico o su heredera Global Afteli a las empresas gasísticas que están en el epicentro de la trama, así como copias de los contratos, facturas emitidas y documentos de pago.

“Actuaciones graves de corrupción”

En otro escrito reciente, la fiscal del caso se opuso a que la causa sea archivada y, sobre la acusación de que el procedimiento responde a intereses espurios, García Cerdá contestó que lo que se investiga son “actuaciones graves de corrupción que no entienden de ideología política alguna”.

Por su parte, los abogados contratados por la treintena de imputados alegan varios motivos para el archivo de la causa de corrupción. Los principales son el “hallazgo casual” de la prueba que dio origen a la investigación, la falta de competencia del juez de Tarragona para investigar los hechos y el prolongado periodo que ha permanecido la causa bajo secreto.

No ha sido un mal día para la defensa de Jordi Pujol Ferrusola. Una de las operaciones más escandalosas que conforman la acusación contra el primogénito no ha encontrado a ningún testigo que la vinculara con la corrupción, como mantiene la Fiscalía. Ni siquiera el tribunal ha podido escuchar sospechas, como en sesiones anteriores, en la vista que juzga si el origen de la fortuna familiar oculta en Andorra está vinculada al fraude a la administración o a la herencia del abuelo.

El cierre de filas de los empresarios vinculados al grupo Isolux (cuyo expresidente, Luis Delso, está acusado en el juicio por ayudar a Pujol a enmascarar comisiones con operaciones falsas) con el primogénito ha sido total. “Yo no regalo dinero ni a Pujol ni a nadie”, ha manifestado el exvicepresidente de la compañía, José Gomis, sobre el proyecto en México que ha abordado la sesión de este jueves.

Las cifras quedan fuera de la economía del común de los mortales y dan cuenta del frenesí inmobiliario que se vivía en 2006, en los últimos compases de la fiesta de la burbuja inmobiliaria. Delso y Gomis, a título personal, se aliaron con Pujol en una operación para levantar un complejo turístico denominado Azul de Cortés, en México.

Según Anticorrupción, el primogénito, que se enfrenta a una petición de 29 años de cárcel, aportó tan solo un peso mexicano para entrar en el negocio (extremo desmentido por Gomis). Dos años después, cobró 12,7 millones de euros tras vender el proyecto a Isolux. Ninguno de los testigos de la empresa han puesto reparo alguno a que sus dos máximos ejecutivos vendieran a su propia empresa un negocio privado.

A diferencia de otros juicios sobre corrupción, en el juicio a la familia Pujol no hay ningún acusado que haya tirado de la manta. Las penas de cárcel a las que se exponen los empresarios son menores y, en caso de producirse, quedarán muy rebajadas por el retraso que acumula la causa. Sin una confesión de un procesado ni testigos que aten el vínculo entre obra pública y los cobros presuntamente falseados en operaciones privadas, a Anticorrupción le resultará difícil corroborar su tesis.

Lo importante en el proyecto Azul de Cortés, ha explicado Gomis, era “no regalar el dinero a nadie por nada” y que se gestionara “in situ”. “No me gusta un proyecto con mando a distancia”, ha dicho. Los terrenos en los que se tenía que construir el resort eran “un camino de cabras por el que tenías que ir con Land Rover”, y los promotores tuvieron que hacer “pozos de electricidad y una desaladora”.

Según el testigo, él y Delso pusieron cada uno diez millones, mientras que Pujol aportó un millón. “Pero cómo se puso no lo supe ni en el momento”, ha agregado. Gomis ha evitado confirmar las ganancias de 12,7 millones que el fiscal atribuye al primogénito, pero sí ha dicho que el beneficio para los inversores “se multiplicó por seis”. “Me suena más que fueron 68 millones”, ha agregado.

Por su lado, Antonio de Padua Portela, exconsejero delegado de Isolux, ha defendido que sus asesores legales en México y España recomendaron comprar a sus directivos y Pujol el proyecto en México, si bien ha reconocido que tanto Delso como Gomis se ausentaron de la reunión del consejo de administración que lo aprobó por conflicto de interés. “No se mencionó la posición política de señor Jordi Pujol Ferrusola”, ha concluido.

La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid cuestiona la legalidad de la contratación a dedo de la pareja del consejero madrileño de Vivienda, Jorge Rodrigo, en la empresa pública del Consistorio que gestiona esta área.

Tras una denuncia de Más Madrid, para la Oficina Anticorrupción “no ha quedado acreditado fehacientemente” que la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS), 100% del Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida, cumpliera la ley al contratar en diciembre de 2023 a F.T., pareja del consejero autonómico del ramo.

En un dictamen del 16 de diciembre, duda que esa contratación respetara las exigencias del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) sobre “los criterios de acceso de igualdad, mérito y capacidad, así como los principios rectores contenidos en el artículo 55” de esa ley: “Publicidad, transparencia, agilidad, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones a desarrollar, así como la imparcialidad, profesionalidad e independencia de los órganos de selección”. 

“No ha quedado acreditado fehacientemente en la documentación remitida a esta oficina cómo se salvaguardaron los mencionados principios en la contratación efectuada”, dice la resolución del director del ente, el exjuez del Tribunal Supremo, ex Fiscal General del Estado (1994-1996) y expresidente de la Junta Electoral Central, Carlos Granados.

“No se da detallada explicación sobre cómo llegó el currículo de la persona seleccionada a la empresa, si se hacía algún tipo de publicidad para que quien se considerara con los requisitos necesarios pudiera presentarlo, o si procedían de procesos de selección para trabajadores fijos”.

La EMVS indicó a Antifraude que para “cubrir de forma urgente” esa plaza “temporal”, “se evaluó la experiencia y los méritos” de la persona seleccionada: “Entre los currículos que obraban en poder de la entidad se consideró que era el que más se adecuaba al perfil”.

Según Anticorrupción, “no consta si hubo otros candidatos o, en su caso, detalle objetivado de los méritos valorados que justificaron la elección”. “Frente a la libertad de elección que tiene la empresa privada para seleccionar a sus empleados, las empresas del sector público, aunque sometidas al derecho privado, tienen limitaciones en cuanto a la discrecionalidad de elección de trabajadores, debiendo respetar los principios anteriormente referenciados”.

Como reveló en junio elDiario.es, F. T. lleva años encadenando puestos a dedo en Administraciones del PP en Madrid con sueldos públicos de hasta 62.500 euros. Todo ello, sin cualificación universitaria, un inglés “básico”, una FP, rama Administrativa, y un curso a distancia de “Auxiliar de Protocolo” que hizo poco antes de recalar en el Gobierno de Cristina Cifuentes para tareas de asesoría. En la EMVS cobra casi 50.000 euros anuales.

Rodrigo, definido como el consejero “con mayor peso político” de Isabel Díaz Ayuso, anunció en septiembre que deja temporalmente el cargo por un cáncer. No ha sido sustituido al frente de las políticas de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

“Principios éticos”

Anticorrupción destaca “la importancia” de que al cubrir este año definitivamente la plaza de la pareja de Rodrigo, la EMVS respete el artículo 53 de la EBEP “en relación con los principios éticos allí recogidos, con especial referencia” a “la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio”.

El informe recuerda que según el convenio colectivo de la EMVS, la contratación temporal “no podrá exceder de un año, plazo durante el cual deberá iniciarse el proceso para su cobertura definitiva”. F. T. lleva en el puesto más de dos años. Un portavoz de la EMVS subraya que a las plazas temporales se les un decreto ley de 2021 “que fija un plazo de 3 años como máximo para cubrirla definitivamente”, y que la oferta de empleo de la empresa está limitada anualmente por la tasa de reposición que establecen los Presupuestos Generales del Estado. La EMVS “cada año acuerda con los representantes de los trabajadores la oferta de empleo anual tanto para promoción interna como para oferta externa para su cobertura definitiva, priorizando el orden cronológico”.

Según la EMVS, en el momento de la contratación de F. T. “los requisitos y criterios aplicables a la selección del personal contratado con carácter temporal no estaban reglados/articulados mediante un procedimiento específico. Por ello, y ante la necesidad urgente de cubrir determinados puestos y para evitar la interrupción del servicio, se procedía a formalizar contratos temporales con personas cuyos currículos obraban en poder de la entidad y que se adecuaban a los perfiles y necesidades de las plazas que era imprescindible cubrir de inmediato. Siempre con la convicción de que se trataba de una contratación temporal hasta que tuviera lugar el proceso de selección para la cobertura definitiva de la plaza”.

Más Madrid critica que en el caso de la plaza de F. J., “ni siquiera se ha abierto el proceso para su cobertura ajustada a la legalidad”, y apunta una posible “conducta prevaricadora” del concejal de Vivienda y presidente de la EMVS, Álvaro González, “porque es conocedor de los hechos denunciados en los medios” y “los negó en la Comisión del Pleno del Ayuntamiento de Madrid en julio”.

Para la concejala de Más Madrid Lucía Lois, el “demoledor” informe prueba que “el Gobierno de Almeida utiliza la EMVS como una oficina de colocación de amiguetes del PP. Y esto es una clara vulneración de la legalidad”. “Usa el Ayuntamiento de Madrid como si fuera su cortijo donde hacer y deshacer con absoluta impunidad”.

“Contratar en la EMVS solo con una entrevista es enchufismo”, algo “inaceptable en la Administración Pública. Y el argumento esgrimido por el PP de la ”urgencia“ es igualmente inaceptable, no justifica en absoluto saltarse las reglas. Aquí se han ignorado, como constata el director de la Oficina contra el Fraude, los principios constitucionales de acceso al empleo público”, destaca Lois.

Más Madrid exige “la inmediata depuración de responsabilidades” en la EMVS y una investigación interna que aclare cuántos puestos “siguen cubiertos en la actualidad tras procedimientos que vulneraban la legalidad vigente en materia de contratación de personal”. No descarta acudir a Fiscalía “en caso de que no se identifique a los máximos responsables de estas actividades ilícitas”.

“Opacidad total”

“Llegaremos hasta el final y tomaremos las acciones necesarias para que se identifique a los máximos responsables”, advierte la concejala. “Simplemente esta persona llegó allí una mañana y le pusieron en un despacho. Es una ilegalidad y un escándalo que, si no fuera tan grave, hasta podríamos bromear con que Berlanga no lo habría reflejado mejor en su parodia de los enchufes en la administración” de la película La escopeta nacional. “Lo único que hay aquí es una opacidad total”, añade.

Más Madrid presentó su denuncia el 28 de octubre. Tras destaparse el caso pidió copia del expediente a la EMVS. Su consejera delegada presentó un informe indicando que “la plaza se cubrió con dicha persona, cumpliendo con los requisitos previstos por la Empresa para las contrataciones temporales”. La EMVS denegó en septiembre la documentación que debía obrar en el expediente: oferta de empleo publicada, comunicación al Comité de Empresa, solicitudes de los aspirantes, valoración, propuesta de nombramiento...

La trayectoria académica y laboral de F. T. es muy diferente a la del responsable de las políticas de Vivienda de Ayuso, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, Máster de Asesoría Jurídica de Empresas por la Pontificia de Comillas y con programas de gestión pública en el IESE de la Universidad de Navarra (la escuela de negocios del Opus Dei) y Comillas-ICADE.

Su pareja, según el currículum oficial de su anterior cargo público en un organismo del PP madrileño, cursó en los años 80 una FP, rama Administrativa. Con un inglés de “usuario básico”, su carrera dio un giro hace diez años. Tras más de una década en el área contable de una empresa privada, realizó un cursillo no oficial de “Auxiliar de Protocolo” de la Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de 150 horas en 5 meses y medio (por 650 euros, incluyendo tasas académicas y materiales didácticos).

Acto seguido, F. T. encadenó puestos de asesoría en el Gobierno de Cifuentes, el Ayuntamiento de Almeida y otra consejería madrileña ya con Ayuso como presidenta en la que cobraba casi 60.000 euros, según datos que en su día publicó el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Más del doble que el salario medio anual en España.

En 2023, con Rodrigo ya en Vivienda, le llegó una gran oportunidad profesional: coordinar el gabinete de Alcaldía de un relevante municipio madrileño del PP. Un puesto de libre designación (a dedo), alta exigencia y más de 62.600 euros brutos anuales de sueldo. No duró ni cinco meses. “Cesa porque le sale otra cosa”, explicó en junio un portavoz de ese consistorio, que afirmó que no hubo quejas sobre su desempeño. “Quería algo más tranquilo”, apuntó alguien que conoce la trayectoria de F. T.

La persona que le sucedió en ese cargo tiene una licenciatura técnica, estudios de posgrado en dos de las principales escuelas de negocios de España y cuatro décadas de trayectoria en puestos de gestión en distintas Administraciones.

Esa “otra cosa” más tranquila fue la EMVS. Allí la pareja del consejero regional cobra 49.911,4 euros anuales con un nivel de exigencia muy inferior a su anterior cargo. Con rango de jefatura de sección y nivel 3, algunas fuentes lo comparan con un conserje “muy bien pagado”. En las tablas salariales de la EMVS, el puesto de conserje (la escala salarial más baja) se paga con algo más de 21.500 euros. El nivel de F. T. es el quinto más elevado en una escala de doce categorías.

Con unos 350 empleados, incluyendo temporales, la EMVS es la mayor empresa pública de vivienda de España, conocida por la venta masiva de viviendas sociales de 2013 a un fondo buitre, con Ana Botella como alcaldesa.

Los requisitos por convenio para acceder a un puesto de nivel 3 en la EMVS son: titulado superior, grado universitario, grado medio y/o suficiente experiencia demostrada mínima de dos años. F. T. solo acreditaría esa experiencia en sus empleos anteriores. La EMVS indicó en junio que superó con éxito una entrevista personal. No aclaró si hubo más candidaturas.

Rodrigo preside la agrupación del PP en el distrito madrileño de Salamanca, cuya concejal presidenta, Cayetana Hernández de la Riva, es consejera de la EMVS, una de las principales empresas públicas del Ayuntamiento. Su CEO desde julio es Ana de Miguel, tras ser nombrado jefe de Gabinete de Almeida su antecesor, Diego Lozano.

Rodrigo se ha negado a aplicar los controles de precios de la Ley estatal de Vivienda para zonas tensionadas. Lleva más de 25 años encadenando puestos con el PP. Encontró acomodo en Sevilla (en la empresa pública de aparcamientos Aussa, con Juan Ignacio Zoido como alcalde) tras los problemas con la justicia que afrontó al dimitir en 2012 como gerente de Madrid Espacios y Congresos por la tragedia del Madrid Arena, al morir cinco adolescentes en una fiesta de Halloween. Fue exonerado tras estar imputado.

Hace unos meses, en un debate sobre el transporte público, espetó en la Asamblea de Madrid un “¡No me ponga morritos, que me descentro!” a una diputada de Más Madrid que tachó la expresión de “sexista y machista”: “No es propia de un consejero ni de este Parlamento autonómico”. Rodrigo se disculpó con la boca pequeña y minimizó los hechos: “No creo que haya sido así, si usted se lo ha tomado mal, le pido disculpas”.

Diputado en la Asamblea hasta 2023, desde ese año Rodrigo está a las órdenes de Ayuso, periodista de formación que apenas ha trabajado fuera de la política, cree que a los jóvenes “les falta cultura del esfuerzo” y aboga por lo que llama “mérito a la española” para “enfrentarse a la aventura de vivir” y “protegerse en un momento donde la ideología lo impregna todo”.

La Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada por presuntas irregularidades en la tramitación ambiental de los proyectos de energías renovables promovidos por Forestalia y evaluados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El escrito señala posibles delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias y se dirige formalmente contra la Subdirección General de Evaluación Ambiental y, en concreto, contra su exsubdirector, Eugenio Jesús Domínguez Collado.

La denuncia, registrada este 18 de diciembre, tiene como origen la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable del conocido como Clúster Maestrazgo —22 parques eólicos en la provincia de Teruel—, publicada en el BOE en diciembre de 2022, aunque la Plataforma sostiene que los indicios detectados afectarían por extensión a todas las DIAs tramitadas por el Ministerio para proyectos de Forestalia en los últimos años.

La presidenta del colectivo, Ana Cortés, ha explicado que la comparecencia frente al Palacio de la Aljafería responde al valor simbólico de las Cortes de Aragón como sede de la comisión de seguimiento de las renovables, una comisión que ha calificado de “fallida”. “Faltaron comparecencias clave y no hubo voluntad de profundizar. Ahora está saliendo aquello de lo que no se quiso hacer seguimiento en su momento”, ha señalado, subrayando que la Plataforma actúa “como representación de la ciudadanía” y no vinculada a ningún partido político.

Por su parte, el portavoz del colectivo, Javier Oquendo, ha detallado que la denuncia se apoya en una acumulación de indicios detectados desde hace casi cinco años. Entre ellos, destaca la existencia de informes técnicos previos con importantes objeciones ambientales al Clúster Maestrazgo, tanto de la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Aragón como del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). Este último, según recoge la denuncia, fue inicialmente redactado por técnicos del organismo y posteriormente corregido por su director, Jesús Lobera, extremo que este reconoció en sede parlamentaria.

Uno de los pilares de la denuncia es la “falta de transparencia” sobre la identidad de los funcionarios responsables de la tramitación de las evaluaciones ambientales. La Plataforma asegura haber solicitado hasta en catorce ocasiones esa información —tanto para el Clúster Maestrazgo como para proyectos del Matarraña y de otras zonas— sin obtener nunca una respuesta concreta. Según el colectivo, el Ministerio se ha limitado a alegar reiteradamente que las DIAs fueron elaboradas por un “órgano colegiado”, sin aportar actas ni identificar a los técnicos intervinientes, pese a los requerimientos del Consejo de Transparencia.

En este sentido, la denuncia sostiene que esta negativa “vulnera la legislación administrativa y de transparencia” y constituye “un indicio de que las evaluaciones no habrían sido realizadas por personal funcionario”. La Plataforma apunta además a una “posible externalización irregular” de los expedientes, presuntamente a través de TRAGSATEC, o incluso a informes que habrían llegado ya redactados por la propia empresa promotora, algo que consideran “fraudulento”.

El escrito incorpora además comparativas que, a juicio del colectivo, evidencian un “trato de favor” a Forestalia. Uno de los ejemplos que destacan se sitúa en la comarca del Matarraña, donde dos proyectos “prácticamente idénticos” —uno promovido por Forestalia y otro por Green Capital— coincidían en ubicación, número de aerogeneradores y municipios afectados, llegando incluso a solaparse espacialmente. El proyecto de Forestalia obtuvo una DIA favorable, mientras que el de Green Capital recibió una declaración incompatible. La Plataforma subraya que en estas comparativas se dan “valoraciones dispares” en aspectos clave como la afección a hábitats de interés comunitario, el impacto paisajístico, la incidencia sobre el águila perdicera o la Red Natura 2000. “La única diferencia objetiva entre proyectos con resultados opuestos es el promotor”, sostiene el colectivo en la denuncia.

Una situación similar se habría producido, según el escrito, en una línea de evacuación de alta tensión entre Biota y Olite, en la comarca de Cinco Villas, donde dos proyectos con 50 kilómetros de trazado coincidente recibieron resoluciones ambientales distintas: favorable en el caso de Forestalia y negativa en el de Green Capital, “pese a compartir afecciones sobre espacios protegidos”.

La denuncia también señala que, tras revisar 36 proyectos tramitados por Forestalia en el Ministerio entre 2021 y 2023, solo tres —los de menor potencia— fueron rechazados. Aseguran que en ninguno de esos expedientes aparece el denominado “Listado de consultados”, documento habitual en otros procedimientos y en el que deberían figurar las iniciales del funcionario responsable de la tramitación.

La Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel ha decidido acudir a la Fiscalía Anticorrupción. El colectivo advierte además de que el inicio de las obras —actualmente bajo la titularidad de la empresa CIP— podría provocar daños ambientales “irreversibles” y reclama que se investigue la totalidad de los proyectos de Forestalia tramitados por el Ministerio antes de que se ejecuten actuaciones sustentadas, a su juicio, en declaraciones de impacto ambiental presuntamente “irregulares”.

Teruel Existe pide parar las obras del Clúster del Maestrazgo e Izquierda Unida revisar todos los expedientes de Forestalia

Teruel Existe ha hecho un llamamiento a frenar las obras del Clúster del Maestrazgo, antes de que “el daño se irreversible”, según ha advertido hoy en rueda de prensa el portavoz de esta formación, Tomás Guitarte. Ha señalado que “el ruido” de las revelaciones diarias sobre la presunta trama de corrupción que rodea a Forestalia está “enmascarando” la amenaza inminente sobre el Maestrazgo: “Se han desestimado las medidas cautelares contra el Clúster, y, si nadie lo remedia, la empresa danesa CIP puede empezar a destrozar la zona en unas semanas”, ha advertido.

En su intervención, Teruel Existe ha destacado que los medios de comunicación estén destapando “cada día un dato nuevo, y cada uno más grave que el anterior” sobre la presunta trama de corrupción ligada a Forestalia, y ha reconocido el trabajo “encomiable” de la UCO, pero ha sido contundente al señalar que no es solo la reputación de Forestalia la que debe ser puesta en cuestión: “Aquí hay otros responsables de todo lo que está saliendo en los medios de comunicación que no se pueden ir de rositas,” ha dicho Guitarte, quien ha recordado que “en la legislatura pasada, con el gobierno del PSOE, PAR, CHA y Podemos, se multiplicaban los anuncios de inversiones para instalar en el territorio megaparques eólicos y fotovoltaicos”. 

Por otra parte, el portavoz de Teruel Existe ha lamentado que la comisión de investigación celebrada en las Cortes de Aragón “quedó en agua de borrajas” porque “no había voluntad política real de profundizar en estos temas”. Guitarte ha finalizado insistiendo en el llamamiento de Teruel Existe a “salvar el Maestrazgo antes de que sea irreversible”, ya que, si las obras del Clúster se llevan a cabo, “aunque al final la Justicia anule la autorización ambiental, miles de árboles habrán sido talados”: “Una superficie forestal arrasada no se recupera de la noche a la mañana”, ha dicho. “Hay que salvar el Maestrazgo ahora, no después”, ha concluido.

También Izquierda Unida de Aragón ha reclamado este jueves la revisión de todos los expedientes relacionados con el grupo Forestalia, la suspensión de las autorizaciones otorgadas y la anulación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Búfalo, que el Gobierno de Aragón declaró de interés autonómico recientemente. Su portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha señalado en una rueda de prensa en las Cortes que las noticias sobre presunta corrupción en la concesión de autorizaciones y actos administrativos “en favor del entramado empresarial de Forestalia” incrementan las sospechas tanto sobre esta compañía como sobre el despliegue acelerado y desordenado de centrales eólicas y fotovoltaicas en los últimos años. Sanz ha apuntado que ese despliegue se llevó a cabo sin planificación, sin moratoria, sin planes de conservación de especies protegidas y con falta de transparencia en las tramitaciones, “desoyendo las alegaciones de la sociedad civil”.

“Hubo un interés real en no regular y planificar, y hoy seguimos sin hacerlo”, ha aseverado el diputado, que ha instado a revisar el voto de cada grupo político en las conclusiones de la Comisión de Investigación de las Cortes de Aragón y a recuperar informes apartados de funcionarios, citando los del INAGA en el Maestrazgo y el cambio de criterio en el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza.

Según el responsable de Modelo Productivo y Ecologismo de IU Aragón, Jesús García Usón, la situación de las grandes renovables en Aragón está marcada por la vorágine expansiva que genera la demanda de la industria electrointensiva y “alimenta un mercado claramente especulativo”. García Usón ha enumerado proyectos vinculados a desarrollos energéticos que ahora son objeto de investigación y que, pese a contar con consideración ambiental favorable del Ministerio, cayeron por la negativa ambiental en otras comunidades autónomas y ahora se recuperan. Entre ellos, el Proyecto Búfalo (con centros de datos en Magallón, Botorrita y Alfamén), el Proyecto Toro (la megafactoría de baterías de CATL en Figueruelas) y el Centro de Datos de Repsol en Escatrón.

En este contexto, Izquierda Unida exige la revisión de todos los expedientes en tramitación y la suspensión de las autorizaciones otorgadas a Forestalia.Por su parte, la recién nombrada Coordinadora General de IU Aragón, Marta Abenchochea, ha recordado que el Gobierno de Azcón está obligado a dejar en suspenso la Declaración de Interés Autonómico (DIA) otorgada al Proyecto Búfalo, anunciado como uno de los mayores operadores energéticos y tecnológicos de Aragón. El plan combina tres centros de datos con producción y gestión energética, incorporando centrales energéticas que tramitaron sus declaraciones ambientales en el Ministerio de Transición Ecológica, pero que fueron rechazadas por su impacto ambiental en otras comunidades autónomas, unca la aragonesa, ha subrayado.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la aerolínea Plus Ultra hizo un “uso indebido” del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno le concedió en la pandemia porque al menos parte de esos fondos fueron utilizados para blanquear dinero “ilícito” procedente de Venezuela, según consta en la querella presentada por el Ministerio Público. Anticorrupción impulsa la causa que se sigue por estos hechos en un juzgado de Madrid y que llevó este jueves a la detención del presidente, cofundador y actual dueño de Plus Ultra, Julio Martínez, y del consejero delegado, Roberto Roselli. 

La Fiscalía sostiene que Plus Ultra figura como “firmante y beneficiaria” de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de una supuesta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España y dedicada a blanquear en esos países dinero “ilícito” procedente de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela “de muy alta cuantía”.

La querella cita fondos públicos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y ventas de oro del Banco de Venezuela. A juicio de los investigadores, esos contratos “dan cobertura” a devoluciones por parte de Plus Ultra a cuentas en el extranjero de la supuesta red de blanqueo, tras recibir la ayuda pública. La organización está constituida presuntamente por varios ciudadanos de origen extranjero (Venezuela, Perú y Países Bajos), así como de un abogado español. 

La denuncia de Anticorrupción se basa en la información contenida en comisiones rogatorias recibidas de Francia (Parquet National Financier) y de Suiza (Fiscalía de Ginebra). En una de ellas, se solicitó por las autoridades francesas la práctica de entradas y registros en domicilios ubicados en Madrid, Pozuelo y Tenerife, y en otra procedente de Suiza se solicitó también la entrada y registro en un domicilio de Mallorca. Esos registros fueron autorizados por la Audiencia Nacional. 

Anticorrupción presentó una primera denuncia en la Audiencia Nacional sobre estos hechos el 21 de octubre de 2024 contra estas seis personas. Pero el Juzgado de Instrucción 2 la inadmitió al considerar que los hechos eran constitutivos de un delito de blanqueo no cometido íntegramente en el extranjero, por lo que no era competente el tribunal especial. La Sala de lo Penal confirmó esta decisión hace un año y estableció que la competencia corresponde al juzgado ordinario de los lugares donde se realizaron los hechos. 

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirman que la causa está bajo secreto y la tramita el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid. Ese mismo juzgado investigó el rescate pero acabó archivando la causa en enero de 2023 al considerar que no aparecía “debidamente justificada la comisión de un delito”, ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo.

El juzgado había abierto diligencias en abril de 2022 contra el que fuera presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Bartolomé Lora y el consejo de administración del organismo, tras una denuncia del sindicato Manos Limpias por presunta malversación. 

La última investigación de la Fiscalía Anticorrupción apunta a uno de los centros neurálgicos del uso de dinero público en la administración central. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron en las últimas horas en la sede de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), compañía pública que factura al año casi 6.000 millones de euros. Los agentes presentaron un requerimiento de información sobre contratos mientras el expresidente del organismo, Vicente Fernández, aguardaba detenido en el calabozo de las dependencias del instituto armado en Tres Cantos.  

La SEPI no fue la única empresa pública objeto de los investigadores. Fuentes próximas a las pesquisas aseguran a elDiario.es que los agentes reclamaron en Mercasa, que gestiona los mercados centrales de abastecimientos, contratos del periodo entre 2021 y 2023. Esto es, una vez que Vicente Fernández había salido de la SEPI y pasado a cobrar de Servinabar, la sociedad de Antxon Alonso considerada vehículo para el cobro de mordidas de Santos Cerdán y el resto de miembros de la trama que investiga el Tribunal Supremo.

Fernández llegó a la presidencia de la SEPI en junio de 2018, con el ascenso al poder del PSOE, y estuvo en el cargo hasta octubre de 2019. Político de la confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Vicente Fernández pasó apenas 15 meses al frente de la empresa pública hasta que su presunta implicación en el caso Aznalcóllar motivó su cese.

Es a partir de esa época cuando empieza su actividad sospechosa. Vicente Fernández comenzó a buscar entonces trabajo en el entorno del PSOE, explican fuentes del partido. Las mismas fuentes creen que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán habría respondido a esa inquietud laboral de Vicente Fernández poniéndole en contacto con Antxon Alonso. 

La investigación va dirigida a la influencia que pudo ejercer Vicente Fernández en la SEPI después de haber tenido que dejar el puesto y cómo Servinabar se pudo beneficiar de las adjudicaciones. En 2021, según un informe de la Hacienda foral de Navarra incorporado al sumario del caso Cerdán, el expresidente de la SEPI comenzó a trabajar para Servinabar. En dos años, Fernández cobró 100.000 euros de esa sociedad de Antxon Alonso. 

La precipitación de la operación el miércoles y el secreto de las actuaciones ha generado una ceremonia de la confusión sobre el origen de unas pesquisas en las que se repiten elementos clave de la investigación del Tribunal Supremo que mantuvo a Santos Cerdán varios meses en la cárcel. Un movimiento de Vicente Fernández provocó que saltaran las alarmas entre los investigadores y acudieran de urgencia a la Audiencia Nacional, donde se encontraba de guardia Antonio Piña, magistrado al frente del Juzgado Central Instrucción número 6, que autorizó los 19 registros y las tres detenciones.

Ese es el motivo de que cinco de los registros comenzaran el miércoles y el resto se alargaran toda la jornada del jueves. En primer lugar, se detuvo a Vicente Fernández y a Leire Díez, pero Antxon Alonso tardó horas en ser localizado. La sede de Servinabar, junto a la Plaza del Castillo de Pamplona, fue objeto de uno de los registros. 

Entre las empresas públicas a las que han accedido los investigadores figuran también Sepides (Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial) y Enusa, empresa pública del sector nuclear dependiente de la SEPI, donde ocupó un puesto directivo Leire Díez. Además de esas empresas públicas, los agentes han acudido a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid; a la asesoría fiscal Conaudire, en la capital aragonesa, o a la empresa Cemsal. 

Agentes de la UCO registraron también en la noche del miércoles un inmueble ubicado en la calle Diego de León de Madrid en el que Leire Díez presuntamente mantenía reuniones con empresarios, y otro en el barrio de Las Tablas, propiedad de una amiga y donde la exmilitante del PSOE dormía a veces en sus desplazamientos a Madrid. Los agentes mostraron un auto del juez que hacía referencia al cobro de 21.000 euros por parte de Leire Díez, pagados por Vicente Fernández en una supuesta operación encubierta bajo el pago de un vehículo de segunda mano. 

El sábado, a disposición judicial

El juez Piña tomará declaración a los tres detenidos el próximo sábado. Hasta ese momento permanecerán en dependencias policiales. Piña decidirá entonces si envía a prisión o somete a los investigados a otras medidas cautelares menos graves y también si se inhibe en favor del Tribunal Supremo, donde Antxon Alonso ya es investigado en razón del aforamiento de José Luis Ábalos, o si es competente el otro juzgado de la Audiencia Nacional que empezó a investigar el caso Koldo. 

Vicente Fernández resultó absuelto hace unos días en la sentencia del caso de la mina de Aznalcóllar, junto a los otros 15 acusados. El paso de Leire Díez por la empresa pública ENUSA coincidió con la de Fernández en la SEPI y ambos acudieron juntos a varias reuniones. Ella, en su cruzada contra supuestas investigaciones policiales y judiciales con tintes políticos, ha atacado la instrucción del caso de los ERE que, por otra parte, recibe serios correctivos en lo que a la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre Aznalcóllar se refiere. 

Este jueves, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha marcado distancias respecto a Vicente Fernández, quien fue su hombre de confianza desde el año 2016, cuando como consejera de Hacienda le nombró Interventor General de la Junta de Andalucía, donde tiene su plaza de funcionario. Cuando Pedro Sánchez la designó ministra, Montero se llevó a todo su equipo de la consejería a Madrid. Uno de ellos fue Vicente Fernández, a quien hizo presidente de la SEPI. 

Cuando fue imputado por la adjudicación de la mina de Aználcollar, Montero le hizo dimitir de la empresa pública, pero dejó el puesto vacante durante un año a la espera de que pudiera volver confiada en su inocencia. En 2021, el Gobierno decidió nombrar presidenta de SEPI a Belén Gualda. Durante ese tiempo, Vicente Fernández volvió a su plaza en Andalucía y, posteriormente, se fue a Servinabar. “No tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor”, dijo la ministra este jueves sobre Vicente Fernández, con quien dijo que no ha tenido ningún contacto desde que salió de la SEPI, informa Irene Castro. 

Gürtel, donde una trama de empresas amañaba contratos públicos a cambio de sobornos a políticos del PP y la financiación ilegal del partido. El Caso Palau, con su desvío sistemático de comisiones ilegales hacia Convergència Democràtica de Catalunya. Púnica y su red de adjudicaciones amañadas en contratos de energía, servicios municipales y obras en Madrid, Murcia y Castilla y León. El caso Nóos de Iñaki Urdangarin y Diego Torres, el Caso Taula del PP de Valencia, el Caso Lezo y su saqueo del Canal de Isabel II de Madrid con adjudicaciones con sobreprecios y desvíos a paraísos fiscales.

Y ahora, el Caso Koldo, en el que se investiga el supuesto amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia y la presunta corrupción en las licitaciones del Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos, en prisión preventiva desde hace unos días. La contratación pública, que supone una parte muy relevante del PIB español, es uno de los focos de corrupción en el país, pero es una escena del crimen a la que los investigadores llegan cuando el mal ya está hecho.

El sistema actual es reactivo: se investiga cuando el delito ya se ha consumado, el dinero ha desaparecido y alguien ha decidido denunciar. Hay controles formales, pero no consiguen detectar los indicios que se dan en casi todos los casos antes de que estos se consumen, como el troceo sistemático de contratos para evitar controles, las sociedades pantalla para inflar precios o desviar fondos, las comisiones ilegales o el foco en los contratos de servicios esenciales y obra pública.

Pero, ¿y si en lugar de un forense que llega a la escena del crimen, hubiera un sistema de alarma que se disparara al detectar esos patrones? Esa es la premisa sobre la que trabaja la startup española Tendios. En un momento en el que la inteligencia artificial suele acaparar titulares por su capacidad para generar desinformación o alimentar burbujas financieras, esta compañía propone utilizar las capacidades de estos algoritmos para analizar los cajones donde se guardan los desfalcos contra la administración pública.

El algoritmo que no duerme

“Nuestra propuesta es pasar a la prevención”, explica Xavi Creus, fundador de la compañía. Tendios, con sede central en Barcelona y unos 40 trabajadores, ya trabaja con un centenar de instituciones públicas, incluido el Gobierno de Asturias. Actualmente, su negocio se centra en agilizar el proceso de contratación pública con inteligencia artificial. Tanto para las instituciones, ayudando con el proceso de creación de licitaciones desde cero evitando irregularidades; como para las empresas, gestionando la burocracia necesaria, automatizando tareas repetitivas al presentarse a los concursos y haciéndolos más accesibles para empresas pequeñas.

Sin embargo, la startup quiere dar una vuelta de tuerca más este enero con “Vera” (de veracidad): una herramienta que se basará en el análisis de datos con inteligencia artificial para escanear los procesos de licitación en busca de señales sospechosas.

Esos indicios serán los tipificados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su Guía a los Órganos de Contratación para la remisión de indicios, publicada en 2024, cuando este organismo pidió “colaboración” a los funcionarios para detectar estas prácticas. El objetivo de Vera es desplegar un “perro guardián” digital que no se cansa, no tiene amigos políticos y no acepta sobres.

La mecánica detrás de esta vigilancia se divide en dos fases críticas: la validación previa y la comparación posterior. En una primera instancia, los algoritmos de procesamiento de lenguaje natural analizan la redacción de los pliegos administrativos para detectar barreras de entrada artificiales, como requisitos técnicos tan específicos que solo una empresa podría cumplirlos (los conocidos trajes a medida). Posteriormente, una vez recibidas las propuestas, el sistema cruza la información de todos los licitadores buscando anomalías estadísticas muy difíciles de detectar para un humano, como patrones de precios coordinados o errores idénticos en la documentación de compañías supuestamente rivales.

“Será una IA que estará 24/7 comprobando todo lo que se publica”, detalla Creus: “Se trata de utilizar la potencia de la IA para identificar patrones de forma automática que nos puedan indicar si ha habido prácticas anómalas en el proceso de licitación”. Donde un ojo humano puede tardar días en revisar expedientes, esta tecnología puede detectar patrones anómalos en segundos: un número sospechosamente bajo de licitadores, ofertas que no tienen coherencia económica o similitudes estructurales entre propuestas de empresas supuestamente rivales.

Vigilancia automática frente al retroceso institucional

Según el último Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, la puntuación de España ha descendido hasta los 56 puntos sobre 100, lo que representa una caída de cuatro puntos respecto al año anterior. Este retroceso ha tenido un impacto directo en la posición de España en el ranking global, donde ha perdido diez plazas hasta situarse en el puesto 46 de 180, por detrás de la mayoría de países europeos y otros como Ruanda o Cabo Verde.

“La contratación pública continúa siendo un punto crítico debido a lagunas en la legislación, escasa aplicación de las normativas y falta de recursos”, destaca el informe. Transparencia Internacional atribuye este descenso a una combinación de estancamiento en las reformas a nivel nacional y a un preocupante desmantelamiento de las estructuras de control en ciertas administraciones autonómicas.

No obstante, “Vera” no operará en el vacío. Las administraciones también han puesto en marcha sus propios proyectos piloto para detectar la corrupción de manera automatizada. La propia CNMC está desarrollando el Proyecto BRAVA (Bid Rigging Algorithm for Vigilance in Antitrust), una herramienta que emplea ciencia de datos para cribar las bases de licitaciones y detectar indicios de colusión o formación de cárteles con IA.

En una línea similar opera el sistema MINERVA, impulsado por la Agencia Tributaria. Integrado en la gestión de los Fondos Europeos del Plan de Recuperación, se enfoca específicamente en el cruce de datos para identificar conflictos de interés, analizando las relaciones societarias o familiares entre los decisores públicos y los titulares reales de las empresas adjudicatarias. A nivel autonómico también existen precedentes, como el sistema de alertas tempranas SALER de la Generalitat Valenciana, diseñado para prevenir riesgos administrativos y patrimoniales.

La principal diferencia que plantea la propuesta de la empresa privada respecto a estas herramientas institucionales radica en la accesibilidad de los datos. Mientras que sistemas como BRAVA o MINERVA funcionan como mecanismos de control interno al servicio de la propia administración, herramientas como la de Tendios busca abrir esa capacidad de fiscalización a terceros. El planteamiento es que la vigilancia no se limite a los organismos reguladores, sino que actores externos, desde medios de comunicación hasta la sociedad civil, puedan contar con alertas tecnológicas que señalen posibles irregularidades en tiempo real.

“Yo me imagino que de aquí a cinco años cualquier institución pública, ojalá que por ley, deba comprobar todo con IA sí o sí, para tener ese perro guardián, algo que ahora es imposible con personas”, pide Xavi Creus.

La promesa de la eficiencia frente al caos de los datos

Organismos como el Banco Mundial ya han pilotado sistemas similares a nivel internacional, como la plataforma GRAS en Brasil, que demostró ser capaz de cruzar bases de datos de contratación con registros electorales y de nóminas para detectar fraudes complejos.

No obstante, estas experiencias también han elevado dudas sobre el potencial de estos sistemas: sin el compromiso adecuado, no es demasiado difícil cegar a la IA. La Open Contracting Partnership, organización referente en la estandarización de datos abiertos, advierte de que la principal barrera para estas IA no es el código, sino la información que ingieren. Si las administraciones publican sus concursos con datos incompletos, erróneos o en formatos no reutilizables (un problema crónico hasta ahora en la administración española), se multiplica la posibilidad de que los algoritmos tengan falsos positivos o incluso pasen por alto el fraude real.

Además, existe el riesgo de la fatiga judicial. El centro de recursos anticorrupción U4 ha documentado casos donde, tras el éxito inicial de bots de fiscalización que detectaban miles de irregularidades, el impacto real se diluyó porque la fiscalía y los juzgados carecían de capacidad humana para procesar el torrente de alertas automáticas. La IA puede señalar elementos sospechosos a velocidad sobrehumana, pero investigarlos sigue requiriendo de los mismos recursos judiciales y administrativos.