Un empresario cuestiona que Jordi Pujol Ferrusola trabajara como intermediario en operaciones por las que cobró

Un empresario vinculado a los pagos a Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán y popularmente conocido como Junior, ha cuestionado las labores de intermediación en operaciones económicas por las que cobró comisiones que la Fiscalía considera ilegales, aunque otros han defendido que sí realizó los trabajos por los que le pagaron.

Directivos de distintas empresas vinculadas a las facturas giradas por las sociedades de Pujol Ferrusola por trabajos de asesoramiento e intermediación han declarado este miércoles como testigos en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la familia del expresident, informa EFE.

El juicio ha proseguido con el análisis de las múltiples operaciones económicas del primogénito que forman parte de la acusación de la Fiscalía, que pide 29 años de cárcel para Pujol Ferrusola, y que vincula con el origen de la fortuna oculta en Andorra al descartar que procediera de un legado familiar.

Anticorrupción cree que la fortuna se amasó con comisiones ilegales pagadas por empresarios, enmascaradas en pagos por trabajos de asesoramiento que nunca se llevaron a cabo, mientras que la defensa defiende que las comisiones no tienen nada que ver con obras públicas sino por el trabajo del primogénito.

Algunos de los empresarios que este miércoles han declarado han dado sustento a la tesis de la Fiscalía al poner en duda que Jordi Pujol Ferrusola tuviera algún papel en las operaciones por las que cobró, pero su testimonio no ha sido unánime: otros corroboran su versión de que participó en sus negocios proponiéndoles oportunidades empresariales o inmobiliarias.

Martín Francisco Sicilia, director de proyectos de la firma Técnicas Reunidas, ha sido interrogado en relación a tres pagos de 208.800, 199.596 y 204.128 euros que Pujol Ferrusola cobró de Copisa por una subcontratación para llevar a cabo un montaje mecánico en el marco del proyecto de ampliación de la refinería de Repsol en Cartagena (Murcia).

El empresario ha afirmado que nadie le dijo que Copisa debía pagar a Pujol Ferrusola por anticipar a esta empresa la intención de Repsol de llevar a cabo la ampliación la refinería y ha comentado que este tipo de intermediación “no encajaba”, pues en el sector “era palpable” que el proyecto iba a salir adelante.

En la misma línea se ha pronunciado Basilio Antonio Rodríguez, director del grupo COMAPA -división de construcciones de Copisa- en relación con los 823.391 euros que Jordi Pujol Ferrusola cobró en 2006 por las gestiones de intermediación en una operación de compra de dos sociedades andorranas.

El testigo, que se encargó de visitar las empresas y analizarlas para determinar si convenía compralas, ha dicho que no le consta que Junior asesorara en la operación y ha citado como intermediarios a dos cargos de la empresa. Ha reconocido, no obstante, que ignora si el acusado pudo dar la noticia a Copisa de que las sociedades andorranas estaban en el mercado.

Juan Parada, propietario de la inmobiliaria FBEX, también ha sembrado la duda sobre las gestiones de intermediación de Jordi Pujol Ferrusola en la venta de unas parcelas de terreno industrial que se iba convertir en urbanizable a Copisa, por las que el primogénito de los Pujol cobró en 2007 un total de 394.018 euros.

El testigo ha dicho no conocer las empresas de Jordi Pujol Ferrusola y ha explicado que fue un directivo de Copisa el que contactó con él para hacerle una oferta. A preguntas de la defensa, también ha admitido que ignora quién puso a la empresa compradora tras la pista de esos terrenos.

Por el contrario, Manuel López Feliu, que en 2009 tenía una empresa de asesoramiento en inversiones fotovoltaicas, ha echado un capote a la defensa al asegurar que Jordi Pujol Ferrusola participó en “una o dos” reuniones vinculadas a un proyecto de compra de un parque solar por parte de Copisa por el que también cobró una comisión.

Otro testigo ha sido el ingeniero Francisco Javier Puerta, que fue entre 2008 y 2017 director general del proyecto turístico Azul de Cortés en Baja California Sur (México) que desarrolló Isolux Corsán, cuyo expresidente Luis Delso se encuentra entre los empresarios acusados.

Ha recordado que Isolux Corsán compró en diciembre de 2008 por 115 millones de euros los terrenos, 750 hectáreas a lo largo de dos kilómetros y medio de playa para desarrollar un importante proyecto inmobiliario de alto nivel con hoteles y campo de golf y con la idea de alcanzar un negocio con un valor de precio de venta de unos 6.000 millones de euros, por lo que era un proyecto “rentable”.

El testigo ha manifestado que entre los vendedores de los terrenos figuraba una empresa de Jordi Pujol Ferrusola. Según el fiscal, la empresa del hijo del expresident, IMISA, obtuvo por esta operación una plusvalía de 12,7 millones de euros.

“Fue una operación totalmente real”, ha recalcado el testigo a preguntas de la defensa de Luis Delso para rebatir lo mantenido por el fiscal, que entiende que la misma fue una simulación que no respondía a una auténtica actividad mercantil y que la operación en que intervino Pujol Ferrusola comportó que Isolux Corsán comprara los terrenos por un precio cien veces superior al valor de tasación.