El diputado del BNG, Néstor Rego, ha registrado iniciativas en el Congreso para instar al Gobierno a revertir las modificaciones introducidas por el Real Decreto 453/2022, y garantizar la protección efectiva de las personas afectadas por accidentes laborales frente a los “criterios restrictivos” que están aplicando las mutuas, y que “implican eliminar las compensaciones por desplazamientos y estancia para asistir a tratamientos médicos”.

Según ha señalado el BNG y recoge Europa Press, la modificación supuso una “clara regresión” en los derechos de las personas trabajadores que sufrieron accidentes laborales con secuelas. Así, se permite a las mutuas determinar el porcentaje de gastos que van a cubrir, según “criterios discrecionales”, y eso supone en la práctica “una reducción significativa de las prestaciones”.

Néstor Rego ha advertido de que esta situación está teniendo “efectos muy lesivos” para las personas afectadas, que necesitan desplazarse regularmente, a veces con acompañantes, para recibir atención sanitaria, y que ahora tienen que asumir gastos que antes estaban cubiertos por las mutuas.

Con la entrada en vigor de los cambios, las mutuas dejan de pagar íntegramente esos gastos y los sustituyen por aportaciones mínimas condicionadas a la evaluación de una Comisión de Prestaciones Especiales. Esta Comisión “está concediendo cantidades claramente insuficientes, lo que implica un recorte encubierto y una transferencia de costes a las personas afectadas”.

Para el diputado nacionalista, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social “es plenamente consciente del impacto negativo de esta modificación normativa”, por lo que reclama al Gobiero la “derogación inmediata” de la Disposición Final Primera, apartado 1 del artículo 67, introducida por el Real Decreto 453/2022, y la recuperación del marco normativo anterior.

“Es imprescindible garantizar que las mutuas asuman la totalidad de los gastos derivados de los desplazamientos, estancias y cuidados necesarios para el seguimiento médico de las personas afectadas por accidentes laborales”, ha insistido Rego.

La práctica es cada vez más habitual. Un detective contratado por una mutua colaboradora de la Seguridad Social espía a una trabajadora de baja en busca de un fraude. A Adriana (nombre ficticio), dependienta en una conocida tienda de animales del sur de Tenerife, la grabaron en el gimnasio mientras pedaleaba en una bicicleta estática la víspera de Reyes de 2023 y otros dos días de enero (9 y 10). La Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), que cubre las contingencias comunes y de accidentes de trabajo de su empresa, actuó de inmediato. Consideró esa actividad incompatible con la incapacidad temporal, suspendió el subsidio que cobraba la empleada y puso los hechos en conocimiento de la Seguridad Social por si consideraba procedente iniciar un expediente sancionador contra ella. 

Lo que la mutua pasó por alto, y así lo ha advertido una reciente sentencia -ya firme- del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), es que la trabajadora se limitaba a seguir un consejo médico. Cinco meses antes, en agosto de 2022, había sido operada del síndrome del túnel carpiano, una dolorosa afección en la muñeca derecha. Tanto su médico de familia como el traumatólogo habían constatado que había perdido fuerza en la musculatura y le habían recomendado realizar “deporte que no influya en la recuperación” y “ejercicios de fortalecimiento según tolerancia”. Y eso es lo que hizo. 

La sentencia, que condena a la MAC a devolver a la trabajadora las prestaciones suspendidas y también a pagar las costas procesales, pone de manifiesto una evidencia. La actividad practicada por la empleada de baja laboral, el uso de la bicicleta estática, en nada afecta a la muñeca operada, puesto que “no precisa requerimientos de intensidad” en las manos, sino en las piernas. “Difícilmente se puede sostener” así la existencia de fraude, concluye la Sala de lo Social del TSJC en una sentencia dictada el 3 de diciembre del año pasado y que adquirió firmeza el 14 de enero de 2026 al no haber sido recurrida por la mutua, tal y como confirman fuentes oficiales de la compañía. 

La “intrascendencia” del ‘spinning’

El fallo del alto tribunal canario ya venía a confirmar el dictado en febrero de 2024 por el Juzgado de lo Social 3 de Santa Cruz de Tenerife. La mutua llegó a pedir al TSJC que modificara los hechos probados de la sentencia inicial para que especificara que la trabajadora había practicado “spinning” en sesiones de una hora en lugar de “bicicleta estática”. La respuesta judicial es contundente. El matiz es “intrascendente”. Y es que el “spinning consiste precisamente en montar en bicicleta estática, sólo que en grupo y con música de fondo”, recoge el fallo no recurrido. 

Desde la MAC sostienen que, en este caso, el TSJC “no reprocha la actuación de la mutua”. Lo determinante, añaden estas fuentes, es que el tribunal consideró que la actividad llevada a cabo por la trabajadora “no requería exigencias físicas incompatibles con el diagnóstico de su baja médica” y que, además, “tenía pautada, por prescripción facultativa la práctica deportiva para fortalecer musculatura”. Por ello, decidió no recurrir ante el Supremo, aceptando el fallo del TSJC, que, además de obligarle a devolver las cantidades suspendidas, le imponía el pago de 600 euros en concepto de costas procesales. 

Tras la suspensión (ahora revocada) de la prestación por incapacidad temporal, Adriana, que entonces llevaba ya nueve años en la empresa, recibió el alta el 13 de febrero de 2023, apenas un mes después. Al día siguiente, volvió a causar baja, esta vez por ansiedad. 

Sin exceso de competencias, pero sin fraude

La sentencia del TSJC precisa que, en el caso de Adriana, la mutua no extinguió con carácter definitivo la prestación, lo que hubiera excedido sus competencias, sino que sólo suspendió el pago del subsidio, por lo que llevó a cabo lo que define como “un acto de gestión prestacional” propio de su función como colaboradora de la Seguridad Social.

Esta apreciación es relevante porque enmarca la actuación de la mutua dentro de los límites que impone el artículo 175 de la Seguridad Social. En algunas resoluciones judiciales sobre la misma materia (bajas laborales e informes de detectives), los tribunales han llegado a imponer el pago de indemnizaciones elevadas a las mutuas cuando aprecian que ha habido una mala praxis, como por ejemplo dar el alta prematura basada en pruebas dudosas. 

Es decir, la sentencia del TSJC llega a dos conclusiones. La primera, que la mutua no sobrepasó las competencias que tiene atribuidas como entidad colaboradora de la Seguridad Social. Y la segunda, que el fraude que advirtió no existió en ningún caso. Los ejercicios de bicicleta estática no son incompatibles con la recuperación de la operación del túnel carpiano. O, dicho de otro modo, la empleada siguió las recomendaciones médicas y eligió “una actividad intensiva de las extremidades inferiores y sin compromiso de las superiores y de sus articulaciones”. Por todo ello, entiende que es procedente revocar el acuerdo de la mutua MAC por el que se suspendió el derecho de la trabajadora a percibir el subsidio por baja. 

Una práctica controvertida 

El uso de detectives para seguir a trabajadores y detectar bajas fraudulentas se ha institucionalizado en los últimos años. Las mutuas firman acuerdos marco para realizar este tipo de controles bajo el argumento de que están velando por “la correcta gestión de los fondos públicos” que tienen encomendada y que el gasto en estos seguimientos es rentable, puesto que un porcentaje elevado de actuaciones concluye en un “ahorro” para la Seguridad Social, ya que se detectan fraudes y se suspenden cobros indebidos. 

La Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), la de mayor implantación en las Islas (cubre a más de 160.000 trabajadores y 17.000 empresas y cuenta con doce centros asistenciales en el Archipiélago) reserva unos 150.000 euros al año para este fin. La mutua prevé sacar en el segundo semestre de 2026 a licitación un nuevo acuerdo marco de servicio de detectives por procedimiento abierto, por un importe de 300.000 euros para dos años.  

Las mutuas y la patronal sostienen, además, que se trata de una medida disuasoria, puesto que la mera posibilidad de seguimiento privado “desincentiva” conductas fraudulentas. 

La práctica es controvertida. Los sindicatos la rechazan. “Este tipo de estrategias llevadas a cabo por las patronales, por las empresas y por las propias mutuas no son nuevas, pero nos siguen preocupando, porque lo que hacen es ahondar en la criminalización de los trabajadores que están enfermos”, explica Héctor Fajardo, vicesecretario general de Organización y Comunicación de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Canarias. 

“Si un trabajador no va a trabajar por una situación de incapacidad temporal es porque realmente su estado de salud no se lo permite. No tiene sentido profundizar en estas estrategias que lo que generan es miedo en los trabajadores, que temen muchas veces cogerse una baja, obligándoles a ir a trabajar enfermos por miedo a que su empresa tome represalias contra ellos”, añade Fajardo. 

También desde Comisiones Obreras (CCOO) se han mostrado contrarios al uso de recursos públicos para la contratación de detectives que persiguen a trabajadores y trabajadoras. Desde este sindicato creen que el foco debe estar en la prevención de las patologías y en los tratamientos de recuperación. La organización señala que hay jurisprudencia relevante al respecto, como una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que condenó a una mutua a devolver prestaciones a una trabajadora de ayuda a domicilio que también padecía el síndrome del túnel carpiano y a la que también grabó un detective realizando ejercicios de fortalecimiento recomendados o tareas domésticas ligeras. 

Los tribunales, señalan las mismas fuentes, “a menudo determinan que la actividad captada por el detective, como por ejemplo conducir o hacer la compra, no implica necesariamente que el trabajador esté fingiendo la incapacidad para realizar movimientos repetitivos propios de su puesto de trabajo”. 

Tanto CCOO como UGT se han mostrado muy críticos con el discurso de la patronal sobre el absentismo laboral en Canarias. Los empresarios insisten en que las islas tienen la tasa más elevada del país y han emprendido una cruzada para “mejorar la productividad”. Incluso han impulsado un portal de denuncias de “bajas fraudulentas” para trasladarlas a Inspección de Trabajo, la Seguridad o las mutuas. 

Frente a esta posición, los sindicatos sostienen que la patronal está metiendo en el saco del absentismo fraudulento las bajas médicas y ausencias justificadas (permisos, vacaciones…) y abogan por centrar el debate en la salud laboral, en la prevención y en las condiciones de trabajo. Para tratar de desmontar la tesis empresarial, el sindicato CCOO lanzó una campaña el pasado verano en la que recordaba que en Canarias la duración de las bajas no se aleja demasiado de la media nacional (44,44 días de media frente a 39,49) y que hay comunidades como Extremadura en donde esta cifra se eleva hasta los 77,71 días.

El sindicato UGT de La Rioja ha salido este jueves a la calle para censurar “la mala praxis” que realizan las mutuas que, a juicio del sindicato, están más enfocadas en “hacer negocio” que en el ámbito sanitario.

Frente a la sede de la Mutua Asepeyo (Avda. de Madrid, 2, de Logroño) el sindicato ha indicado que el pasado año abrió 45 expedientes contra las mutuas por las malas prácticas, por altas indebidas, “y aproximadamente un 70 por ciento fueron favorables para el trabajador”.

El secretario de Salud Laboral de UGT La Rioja, José Antonio Jorge Divar, ha defendido esta cita en Asepeyo ante la última sentencia emitida por el juzgado de lo social de Logroño que ha dictado a favor de un trabajador al reconocerle la contingencia profesional por una enfermedad derivada por su actividad laboral. En contra del criterio, en este caso, de esta mutua y de la empresa en la que trabajaba en Ezcaray.

Jorge Divar ha explicado que este proceso comenzó a principios del año 2023 cuando el trabajador “con unos dolores fuertes en la mano solicitó la asistencia de la mutua que le fue denegada por la empresa”. Ante ello, el empleado no tuvo más remedio que acudir a su médico de Atención Primaria que le dio la incapacidad temporal.

A finales de 2023 fue intervenido quirúrgicamente, según ha explicado, y tras el periodo de rehabilitación, fue dado de alta y solicitó su reincorporación a su puesto de trabajo. “Una incorporación con un informe que instaba a la empresa a adaptar ese puesto” algo a lo que “la empresa de nuevo se negó con el criterio, lógicamente, de la mutua”.

Esto derivó a que el trabajador tuviera que volver a iniciar un nuevo proceso de incapacidad temporal. “Esto es un ejemplo de las malas prácticas que vienen realizando las mutuas”, ha afirmado.

Mutuas que, como ha querido dejar claro el secretario de Salud Laboral de UGT, son asociaciones privadas de empresarios sin ánimo de lucro, que colaboran con la Seguridad Social, es decir, “que manejan dinero público para hacerse cargo de las prestaciones sanitarias y económicas en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”.

“A la vista está” -ha reflexionado- que la prestación sanitaria “no les interesa mucho o prácticamente nada. Ellos solo están pendientes de la parte económica y de seguir haciendo negocio”.

En su intervención también ha hecho referencia a las denominadas 'altas indebidas' que, claro está, “tiene sus consecuencias” ya que “si un trabajador o una trabajadora tiene que reincorporar su puesto de trabajo si no está completamente recuperado, lo más probable es que recaiga y que tenga que volver a iniciar un periodo de incapacidad temporal”.

Pero para UGT “lo más grave” es que muchas veces, “si esas personas trabajadoras se reincorporan a su puesto de trabajo sin haberse recuperado, pueden tener algún accidente aún más importante”.

Un dato que se demuestra con los índices de siniestralidad en La Rioja; “El pasado año apenas descendieron los accidentes laborales, pero hay un dato relevante y es que los accidentes muy graves se duplicaron. Han crecido en más de un 91%”. Por lo tanto, indica, “si realmente queremos reducir la sinestralidad, las mutuas tienen que realizar su trabajo”.

En otro orden de asuntos y con respecto “al 'mal llamado absentismo'”, Jorge Divar ha querido dejar claro que su definición real es “la falta de acudir al trabajo sin justificación alguna”. Lo demás -ha dicho- “son todo derechos de las personas trabajadoras que están recogidos en los estatutos y en los convenios colectivos”.

Por eso considera que hablar del 'mal llamado absentismo' responde a “una estrategia perversa de la patronal para criminalizar a los trabajadores y crear una falsa alarma social. Incluso ya están hablando de darle más poder a las mutuas para que puedan proponer las altas ya en las contingencias comunes”.

Por todo ello, indica, “éste no es el camino para solucionar este problema del aumento de las incapacidades temporales. Si no atajamos el problema desde la raíz no haremos nada”.

Finalmente desde UGT “vamos a seguir denunciando las malas prácticas de las mutuas y rebatiendo todos estos informes y todas estas manifestaciones por parte de la patronal que solo intentan criminalizar a los trabajadores”.

La Dirección Provincial de la Seguridad Social en Bizkaia ha emitido una resolución por la que estima que el periodo de baja, con diagnóstico de epicondilitis, de la trabajadora del sector de ayuda a domicilio es una enfermedad profesional y condena a Mutualia al pago de una prestación económica, según ha informado CCOO en un comunicado. La trabajadora es auxiliar domiciliaria de la empresa Grupo Urgatzi cuyo trabajo implica, entre otras cosas, limpieza funcional, apoyo a la movilidad de los usuarios del servicio y en última instancia toda tarea que “conlleve que estas personas puedan continuar viviendo en su hogar mientras sea posible”.

Estas tareas, según ha recordado CCOO y recoge Europa Press, implican movimientos repetitivos, posturas forzadas y manipulación de cargas que afectan, entre otras articulaciones, al codo. Tras la aparición de dolores y molestias en su codo derecho durante el trabajo, la empleada acudió a Mutualia, entidad responsable de las contingencias profesionales de Grupo Urgatzi. Esta mutua basó la denegación del reconocimiento del origen profesional de la epicondilitis en que no hubiera un “hecho traumático, lo que habitualmente se asocia a golpes, caídas o similiares”, por lo tanto “no hay accidente de trabajo”. De la misma manera, Mutualia incluyó en el informe de urgencias que la epicondilitis que la propia mutua diagnosticó “no forma parte del listado de enfermedades profesionales para el trabajo que realiza la paciente”.

CCOO ha mostrado su estupor ante estos argumentos de la mutua que “no guardan relación alguna con la realidad”. En primer lugar, el sindicato ha señalado que las enfermedades profesionales, por ser enfermedades y derivarse de exposiciones a condiciones de trabajo que pueden durar años, “carecen de hecho traumático concreto desencadenante”. “En segundo lugar y más grave aún Mutualia ha ignorado, cabría preguntarse si deliberadamente o no, que la epicondilitis sí está reconocida en el Real Decreto 1299/2006, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales, para el tipo de condiciones ergonómicas y riesgos músculo-esqueléticos a los que están expuestas las trabajadoras del sector de ayuda a domicilio”, ha asegurado.

El sindicato ha señalado que esto último se lo recuerda la propia Seguridad Social a Mutualia en la resolución, trasladándoles que la epicondilitis está recogida en el epígrafe 2D0201 del real decreto citado“. A la vista de estos ”débiles argumentos“ de Mutualia, CCOO se ha preguntado ”en manos de quién está la salud de las personas trabajadoras“.

El responsable de salud laboral de CCOO de Euskadi, Alfonso Ríos, ha recordado igualmente que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, (TSJPV) emitió en febrero del pasado 2025 una sentencia que reconocía como accidente de trabajo un periodo de baja de esta misma trabajadora.

Esta empleada llegó a estar de baja médica por accidente de trabajo al dañarse el codo izquierdo por sujetar a una persona usuaria del servicio que se iba a caer. En aquel momento Mutua Universal emitió un alta médica sin que la trabajadora estuviese recuperada, por lo que tuvo que acudir al sistema público de salud, que prescribió una baja médica por enfermedad común, periodo que la sentencia reconoció finalmente como derivado de accidente de trabajo. El sindicato considera que este cúmulo de situaciones vivido por esta trabajadora es “muy representativo” de las condiciones de trabajo que existen en el sector de ayuda a domicilio, así como “evidenciador de la actitud que las mutuas tienen a la hora de no reconocer el origen profesional de las patologías de estas trabajadoras”.

La devolución del IRPF a los jubilados que cotizaron en las antiguas mutualidades, que Hacienda prometió que se realizaría en 2025 en un solo pago, se ha demorado a 2026, en el que aún hay pensionistas que no han recibido el abono de la Agencia Tributaria. Desde el Ministerio de Hacienda no responden sobre el número de expedientes pendientes de pago, pero indican que “las solicitudes que todavía no se han abonado se están tramitando para abonarlas lo antes posible”.

Pablo (nombre ficticio) es uno de los solicitantes –que reclama la devolución para su padre– que ha estado pendiente de la resolución de su expediente hasta el mismo 31 de diciembre, sin ninguna novedad.

“La Agencia Tributaria no ha abierto los expedientes para devolver a mi padre los importes del tema de los mutualistas. Evidentemente, tampoco le ha devuelto el dinero”, critica.

El afectado explica que siguen esperando el pago, que al menos en su comunidad (Asturias) cree que “hay muchas declaraciones pendientes”. “No es que sea urgente, salvo porque son gente mayor”, apunta el solicitante.

Esta circunstancia –la elevada edad– inquieta a muchas de las personas que han reclamado el pago, que denuncian también la “incertidumbre” y el incumplimiento del plazo de pago por parte de Hacienda.

“Incertidumbre” por los cambios del pasado

El recelo y la incertidumbre de algunos de los afectados se explica en gran parte por los cambios y rectificaciones que han sufrido en este procedimiento por parte de Hacienda. Tras una sentencia del Tribunal Supremo de 2019, de un jubilado del sector de la banca, Rafael Borrella Román, la Agencia Tributaria pactó con los sindicatos CCOO y UGT un procedimiento para devolver el IRPF a todos los antiguos mutualistas que lo solicitaran. Estos habían sufrido de una doble imposición, ya que no se pudieron deducir sus cotizaciones a las mutualidades como sí sucedió luego a través de la Seguridad Social.

Sin embargo, en diciembre de 2024 los mutualistas vieron suspendidas sus solicitudes y Hacienda iniciaba un nuevo procedimiento, que demoraba los pagos.

Tras varias quejas y movilizaciones de sindicatos y pensionistas, el Ministerio de María Jesús Montero rectificó y volvió a abrir un nuevo procedimiento en el mes de abril para poder reclamar las devoluciones de los años 2019 a 2022 (y años anteriores no prescritos) de forma conjunta y para ser recibidos en un solo pago en 2025. Los interesados tuvieron que volver a registrar sus solicitudes, ya que las anteriores a diciembre de 2024 habían quedado suspendidas.

Desde el Ministerio de Hacienda responden a este medio que las personas que hayan solicitado la devolución y aún no la hayan recibido “no tienen que hacer ningún trámite extra”. “La Agencia Tributaria sigue tramitando solicitudes de mutualistas, por lo que todavía se pueden producir pagos”, añaden.

Unos dos millones de antiguos mutualistas

El trámite afecta a un gran número de pensionistas, muchos de avanzada edad, aunque la cifra exacta se desconoce. Según Hacienda “cerca de dos millones de contribuyentes estaban pendientes de tramitación” cuando se suspendieron sus peticiones a finales de 2024.

También tienen derecho a reclamar esta cantidad los herederos “cuando el beneficiario hubiera fallecido entre 2019 y 2024”, ha explicado la Agencia Tributaria.

Hasta el momento, Hacienda ha informado del volumen total de dinero pagado en devoluciones, pero no sobre cuántos expedientes se han resuelto y cuántos quedan pendientes de pago.

Desde agosto y hasta octubre, último dato disponible en el informe de recaudación tributaria, “se han devuelto ya 2.350 millones de euros a los mutualistas”, responden desde el Ministerio de María Jesús Montero. Se trata de algo más de un tercio de los casi 6.000 millones de euros de factura total en estas devoluciones que estimó en su día la Agencia Tributaria.

“Existen indicios más que sólidos de un proceder antisindical por parte de la mutua”. Es la conclusión de la Audiencia Nacional en una reciente condena a Mutua Universal, entidad colaboradora de la Seguridad Social, por haber roto de manera unilateral un acuerdo firmado en el pasado con el sindicato UGT, que demandó esta rescisión en los tribunales. La mutua deberá pagar 1.500 euros al sindicato por vulnerar su libertad sindical.

Fuentes de la sección sindical de UGT en Mutua Universal celebran el fallo, que consideran que prueba la “persecución” de los sindicatos por parte de la nueva dirección de Recursos Humanos de la mutua y, en concreto, de UGT. elDiario.es ha contactado con Mutua Universal para este artículo, pero no ha recibido ninguna respuesta. Fuentes del sindicato apuntan que la mutua ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo.

El caso analiza la rescisión unilateral el pasado mes de mayo de la actual directora de Recursos Humanos de Mutua Universal de un acuerdo con UGT de 2008, ampliado en 2011, por parte de directores anteriores en el cargo. Este ampliaba el acceso al crédito horario y otros derechos sindicales a miembros de la ejecutiva de UGT en la mutua, más allá de los delegados electos y miembros del comité de empresa.

La actual directora de Recursos Humanos argumentó que sus antecesores no tenían competencia para alcanzar este tipo de acuerdo, así como que UGT había hecho “un uso indebido y abusivo del mismo”, recoge la sentencia. La mutua destacaba que había analizado el caso tras una denuncia interna de CCOO de un “trato desigual a su organización”, sindicato que ahora cuenta además con mayor representatividad en la mutua que UGT.

“La pervivencia del Acuerdo y su Anexo supone una distorsión de la equidad interna y de la seguridad jurídica, afectando negativamente al conjunto de las relaciones laborales”, argumentó la jefa de personal de la mutua en carta a UGT en la que rescindía el pacto.

Los magistrados ven vulneración de la libertad sindical

La Audiencia Nacional estudia esta rescisión del acuerdo para comprobar si vulnera el derecho a la libertad sindical de UGT, como denuncia el sindicato, “o si por el contrario, la misma resulta justificada por las razones” que argumenta la nueva dirección de Recursos Humanos de la mutua. Los magistrados se inclinan por la primera opción.

Los jueces advierten de que “durante más de 13 años” el acuerdo ha venido siendo respetado por la mutua “sin cuestionar la validez del mismo”. En algún conflicto anterior, “lo único” que ha hecho Mutua Universal “es cuestionar su interpretación”. Además, añaden que la mutua rescindió el pacto de forma unilateral “fundado en causas que esta Sala considera que no se han acreditado y que, en todo caso, no justificarían el desconocimiento del acuerdo por sí solas”.

Entre ellas, “la supuesta falta de representación del director de Recursos Humanos” para alcanzar este acuerdo, que consideran que “no se deduce del poder que tenía otorgado”, así como el denunciado “uso abusivo del acuerdo basado en un desmesurado número de nombramientos paralelo a una paulatina disminución de la representación unitaria”, que “es una circunstancia que no se ha acreditado”, recoge la sentencia.

Los magistrados añaden que, en todo caso, de efectivamente concurrir las causas mencionadas, una de las partes no puede “cesar en el cumplimiento de lo pactado” sin acudir a la tutela judicial, “la cual en el caso de la empresa no consta ejercitada”.

“En conclusión, consideramos que existen indicios más que sólidos de un proceder antisindical por parte de la Mutua sin que por esta se haya acreditado que su proceder obedezca a una justificación objetiva y razonable”, concluye la Audiencia Nacional, por lo que considera que Mutua Universal vulneró la libertad sindical de UGT. La condena obliga a la nulidad de la rescisión del acuerdo, así como al pago de una indemnización de 1.501 euros al sindicato por daños y perjuicios.

Denuncias de recortes y “dilapidar” dinero público

Desde la sección sindical de UGT denuncian además en estos días su “profunda preocupación e indignación ante los nuevos recortes que Mutua Universal pretende aplicar a sus trabajadores”. La mutua ha comunicado a la plantilla que, “debido a ajustes del Ministerio de Hacienda” respecto a su criterio de la masa salarial de 2024 y 2025, se aplicarán algunos descuentos salariales a parte de la plantilla.

En concreto, los descuentos salariales para el año 2024, que es el único cerrado, alcanzan a unas 1.200 personas, que se supone que han cobrado de más en ciertos complementos, como el de antigüedad, según el criterio de la Agencia Tributaria. La mutua aplicará los descuentos a partir del mes de febrero de 2026, de manera prorrateada en las 11 nóminas del año, y emplaza a enero para conocer “los ajustes de 2025”.

En UGT consideran “imprescindible analizar con detalle” estos recortes salariales. “Nos resulta especialmente extraño que la orden de su repercusión en los trabajadores provenga directamente de Hacienda”, indica la sección sindical, que como en CCOO ha alertado de que la mutua no ha negociado con la representación legal de los trabajadores estos descuentos en la masa salarial.

“Lo que ahora pretende la empresa es repercutir en toda la plantilla el resultado de una nefasta gestión de la dirección de Recursos Humanos, lo cual resulta totalmente intolerable”, consideran en UGT, que denuncian que la mutua “dilapida” dinero público “en gastos superfluos y absurdos”.

“Solo por mencionar algunos”, en el sindicato critican los honorarios gastados para tratar de “aniquilar, sin ninguna razón legal, la acción sindical de UGT en Mutua Universal” y el dinero público gastado por la mutua en coches de empresa para sus directivos. Se trata de una licitación de un millón de euros para cuatro años firmada en 2023, que prevé 14 vehículos para la dirección, y de aplicación en estos momentos. Mutua Universal aún está pendiente de juicio por el presunto fraude de 200 millones a la Seguridad Social hace 18 años.

Fuentes sindicales indican que, en algunos casos, son “coches de lujo”, como de la marca francesa de alta gama DS, y recuerdan las altas remuneraciones que ya tiene la dirección de la mutua, como el gerente, de casi 184.000 euros anuales en 2024. “No tienen suficiente sueldo que todavía necesitan comprar coches con dinero de la mutua y cambiarlos cada poco”, denuncia un sindicalista.

elDiario.es preguntó a Mutua Universal por este contrato millonario de coches para sus directivos, sin respuesta. En algunas mutuas, como Ibermutua, licitan vehículos en contratos públicos, pero indican que “no están adscritos individualmente” y que se utilizan por el personal de la mutua para “desplazamientos profesionales y a organismos oficiales” en el desarrollo de su trabajo.

En el caso de Umivale Activa, también con varias licitaciones de vehículos en el Portal de contratos públicos, responden que “el tema de los vehículos oficiales está regulado por el Ministerio de Seguridad Social y desde la mutua cumplimos la normativa”. En otras mutuas, como Asepeyo, indican a este medio que no tienen “suministro de vehículos para personal directivo”. elDiario.es ha consultado a la Seguridad Social por estos gastos en coches de las mutuas colaboradoras, pero no ha recibido respuesta.

El Tribunal Supremo ha dado la razón a Comisiones Obreras y ha establecido que los empleados de la mutua Fremap, que tiene más de 4.000 trabajadores en todo el país, no están obligados a entregar sus tickets y facturas de restaurantes para cobrar la compensación de 11 euros diarios por comer fuera de la oficina. Los jueces recuerdan que se trata de una compensación establecida en el convenio porque Fremap no cumple con la “norma general” de dar comida en un comedor en la propia empresa y que, por tanto, el trabajador no está obligado a justificar el gasto.

El sindicato llevó a Fremap ante los tribunales al entender que estaba exigiendo a sus trabajadores de forma irregular que aportaran los tickets y facturas de los restaurantes donde comían para abonarles la compensación reconocida en el convenio. Una compensación de algo más de 11 euros que, según alegaba, la empresa, no era “un plus automático” y, en caso de reconocerse en los términos que pedía CCOO, implicaría pagar ese dinero a todos los trabajadores con jornada partida tanto si come en casa como si come en la oficina como si teletrabaja.

El convenio del sector de las aseguradoras y las mutuas compensa “como mínimo” con algo más de 11 euros a cada trabajador por cada vez que come fuera si su empresa no ofrece un servicio propio de comedor. Fremap se quejaba, incluso, de las consecuencias que tendría para la mutua tener que pagar este dinero: se superaría la masa salarial autorizada por Hacienda.

Los jueces explican que Fremap asumió “como regla general” que a los trabajadores con jornada partida hay que darles “un servicio de comedor en el que puedan realizar la comida”. Si no lo hace, “la empresa ha de abonar a los trabajadores que realizan jornada partida la cantidad prevista”, algo más de 11 euros por cabeza. Y eso borra la obligación del trabajador de justificar dónde ha comido y cuánto se ha gastado.

“No es posible exigir a los trabajadores el justificante de gasto para el cobro de la citada compensación por comida pues tienen derecho a su percibo”, dice el Supremo. Si se llevara “al extremo” el argumento de la mutua, añaden los jueces, si todos los trabajadores llevaran “su tartera al trabajo” ninguno recibiría esa compensación “ante la inexistencia de justificación alguna del gasto realizado”.

Una de las principales alegaciones de Fremap, que cuenta con más de 4.000 empleados según sus propios datos, es que obligar a la empresa a pagar estos gastos implicaría incumplir la normativa presupuestaria al aumentar los gastos de acción social con respecto a años anteriores. Los jueces del Supremo, como ya hizo anteriormente la Audiencia Nacional y con el apoyo de la Fiscalía, entienden que no hay pruebas que acrediten esa alerta.

Los jueces recuerdan que llevan casi una década resolviendo reclamaciones sobre el derecho de los trabajadores de aseguradoras y mutuas, por ejemplo, a cobrar dietas si tenían que comer fuera pero podían pernoctar en su domicilio. En ese caso, ya en 2017, el Supremo estableció que tampoco teníana que justificar el importe que habían gastado comiendo para cobrar esa compensación.

Cuando Rafael Borrella Román escuchó a algunos de sus antiguos compañeros del sector de banca que Hacienda podía deberles dinero por sus primeros años de carrera, cuando cotizaron a través de las antiguas mutualidades, este cacereño no se lo pensó dos veces. Buscó a una abogada de confianza y le pidió que reclamara la cantidad. “Le dije: 'Adelante, valga lo que valga'. No era por el dinero, pero si es una cuestión de ética y tengo razón, voy a saco”, explica a elDiario.es. Era 2019, y aunque había más reclamaciones de afectados, la suya fue la que finalmente logró la sentencia del Tribunal Supremo que reconoció el derecho a las devoluciones de IRPF a los antiguos mutualistas, que muchos están recibiendo desde agosto.

Borrella Román, ahora jubilado de 73 años, trabajó “desde los 13 años”. Entró en la banca como botones e hizo una larga carrera en el sector. “Después hice Empresariales y la licenciatura de Antropología, mientras trabajaba. Me he movido mucho”, relata en una entrevista con este medio. También fue administrador de fincas y explica que había tenido varios choques con la Agencia Tributaria. “Me habían fastidiado mucho. Cuando vi la oportunidad de darle una lección, la aproveché”, ríe.

La discusión que analizaban sus compañeros y los sindicatos era si personas trabajadoras como él, que habían cotizado a través de las antiguas mutualidades hasta 1979, habían sufrido de una doble imposición, ya que no se pudieron deducir sus cotizaciones a las mutualidades como sí sucedió luego a través de la Seguridad Social.

“Vino Rafael y me contó que había un grupo de antiguos empleados de la banca que pedían una deducción fiscal del impuesto de la renta. Me puse con ello, en internet también había algo de información de sindicatos, pero no había nada que hubiera llegado a una sentencia estimatoria. Se estaba abriendo un melón en ese momento”, recuerda la abogada que le llevó el caso, María de los Ángeles Moresco Rebollo.

“Era David contra Goliat tal cual”

“Cuando entré a analizar el caso, hablé con Rafael para avisarle de la dificultad del procedimiento. Entre otras razones, la principal, es que de contrario teníamos ni más ni menos que a la Administración Tributaria. Al peor de los oponentes desde mi punto de vista, que toco diferentes palos. Era un gran desafío, David contra Goliat tal cual”, valora la abogada, especializada en derecho contencioso-administrativo y laboral en Cáceres. Era muy complicado, pero había “una ventana con posibilidades”, destaca Moresco Rebollo, que apunta que prefiere “ser clara” con sus clientes, que son los que van a invertir su dinero durante la batalla judicial.

“Había posibilidades. Yo no sabía si sería más o menos difícil, pero para estas cosas soy muy cabezorro. Si tengo un derecho, voy a por ello, no pienso en lo que venga detrás”, afirma el jubilado. La batalla por la devolución tuvo cuatro etapas y se extendió desde abril de 2019 a febrero de 2023. Cuatro años.

Primero, plantearon la reclamación ante la Agencia Tributaria, iniciando la vía administrativa, que rechazó su petición. El siguiente paso fue reclamar ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Extremadura, que también se opuso a su reclamación, en octubre de 2020, lo que les llevó “a la vía judicial” ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por lo contencioso-administrativo, detalla la abogada. “En junio de 2021, dicta sentencia y nos da absolutamente la razón. Imagínate lo contentos que estábamos”, recuerda María de los Ángeles Moresco Rebollo, que destaca que fue la primera sentencia estimatoria en esta materia.

Sin embargo, la Abogacía del Estado en defensa de la Agencia Tributaria impugnó la sentencia ante el Tribunal Supremo. “Me dijeron que teníamos que ir al Supremo, y nada, dije que para delante, aunque me costara una pasta”, afirma Rafael Borrella Román, que en ese momento solo tenía la confianza de poder recuperar el dinero invertido. En febrero de 2023, el Tribunal Supremo les dio la razón, ratificó la sentencia del TSJ de Extremadura, y concluyó que había sufrido una doble imposición como trabajador de la mutualidad de banca. “Me devolvieron bastante dinero”, dice el jubilado.

Victoria judicial para más de dos millones de pensionistas

La sentencia no solo beneficiaba a Rafael Borrella y a los trabajadores de la mutualidad de banca, sino a los trabajadores y trabajadoras que habían cotizado en el resto de antiguas mutualidades, una enorme cantidad de pensionistas, por encima de los dos millones de personas, según cifran en CCOO. “Diría que son unos cuatro millones de personas”, afirma María de los Ángeles Moresco, que sostiene que ha sido la sentencia “más importante” de su carrera hasta la fecha. Rafael Borrella “no podía imaginarse” la repercusión de su reclamación, que reconoce que presentó solo pensando en su caso. “Era una cuestión de amor propio, creía que tenía razón”, sostiene el jubilado.

“Si Rafael no fuera como es, seguramente no habríamos llegado hasta aquí. Él no titubeó en ningún momento, otros clientes se aburren o no quieren gastar tanto dinero y no continúan. Eso es mérito suyo. En lo profesional, en la abogacía es muy importan qué se pide y cómo se pide. Si nuestro recurso no hubiera estado bien formulado, el TSJ de Extremadura ni el Supremo nos habrían dado la razón. La nuestra lo estaba. Si te dan la razón, es que te están reconociendo el trabajo bien hecho”, celebra la abogada afincada en Cáceres, pero procedente de Cádiz.

Su teléfono “no paró de sonar” con casos similares, indica. “Los clientes en muchos casos eran personas muy mayores, de escaso poder adquisitivo, que han recuperado un dinero con el que no contaba. Al principio había mucha incredulidad, sobre si tenían derecho o no, y lo fueron recuperando. Ha sido muy gratificante”, añade la abogada.

En 2024, Hacienda estableció un procedimiento para optar a las devoluciones, pero a final de año lo suspendió y dilató los trámites para recuperar el dinero, generando un gran malestar en los movimientos de pensionistas y sindicatos. Tras las protestas, Hacienda rectificó y volvió a habilitar un procedimiento para cobrar las devoluciones en un solo pago, este año. Ahora, con intereses por demora. Cientos de miles de pensionistas han tramitado de nuevo su petición y están cobrando las devoluciones.

“Un antiguo compañero que estaba en Caja Extremadura, que además está fastidiado, me dijo que estaba a ver si le pagaban todavía y he ido a ayudarle a Hacienda. En principio no quería pasarme por allí, pero estoy yendo con el chaval a ver si le pagan también, como apoyo”, cuenta Rafael Borrella Román. Aunque el jubilado afirma que no necesita agradecimientos de nadie, tampoco le gustó que cierta “gente haya intentado colgarse la medalla” de su victoria judicial. “Un día mi hija me pasó una noticia, que era sobre la sentencia y hablaban como si la hubieran conseguido en el País Vasco. Ha habido mucha gente que ha aprovechado la coyuntura para sacar dinero, pero a mí eso no me ha preocupado mucho”, sostiene.

La Agencia Tributaria ya ha empezado a abonar las devoluciones del IRPF a los pensionistas que cotizaron a través de antiguas mutualidades antes de 1978 y que sufrieron de doble imposición, según concluyó la justicia. Los pagos se han iniciado “en el mes de agosto”, responden en el Ministerio de Hacienda a elDiario.es, y siguen efectuándose fruto del procedimiento abierto en abril. La previsión “es realizar las devoluciones lo antes posible y en este año”, añaden en el departamento que dirige María Jesús Montero.

Estos primeros pagos ponen fin a la incertidumbre durante meses de muchos jubilados, que vieron suspendidas sus solicitudes en diciembre de 2024. Ese año, Hacienda había habilitado un procedimiento para reclamar el dinero por esta doble imposición de IRPF reconocida en el Supremo, ya que los trabajadores no se pudieron deducir sus cotizaciones a las mutualidades como sí sucedió luego a través de la Seguridad Social. Sin embargo, solo unos meses después, en diciembre, dejó sin efecto las solicitudes pendientes no resueltas y estableció un nuevo trámite para reclamar las devoluciones, año a año. Este 2025, solo se podía reclamar el exceso de IRPF de 2019.

Tras varias quejas y movilizaciones de sindicatos y pensionistas, el Ministerio de María Jesús Montero rectificó y volvió a abrir un nuevo procedimiento en el mes de abril para poder reclamar las devoluciones de los años 2019 a 2022 (y años anteriores no prescritos) de forma conjunta y para ser recibidos en un solo pago. Los interesados han tenido que volver a registrar sus solicitudes, ya que las anteriores a diciembre de 2024 habían quedado suspendidas.

El trámite afecta a un gran número de pensionistas, muchos de avanzada edad. Según Hacienda “cerca de dos millones de contribuyentes estaban pendientes de tramitación” cuando se suspendieron sus peticiones a finales de 2024. También tienen derecho a reclamar esta cantidad los herederos “cuando el beneficiario hubiera fallecido entre 2019 y 2024”, indica la Agencia Tributaria.

“Ha habido mucha incertidumbre”

Desde colectivos de pensionistas confirman que algunos solicitantes ya han empezado a recibir el pago de Hacienda. Por ejemplo, en Condefel (confederación de asociaciones de prejubilados y jubilados de Telefónica): “Hay gente que ya ha cobrado y otras personas que están recibiendo notificaciones electrónicas de que les van a pagar tanto”, explica Ángel de la Hoz, cuyo padre está pendiente del procedimiento.

También hay otros interesados que no tienen novedades y están a la espera de la tramitación de sus expedientes, afirman otros afectados a elDiario.es. Debido a los sucesivos cambios en el procedimiento en cuestión de meses, los afectados denuncian “la incertidumbre” de los pensionistas, que en ocasiones se ha visto acrecentada por informaciones confusas –y a veces desactualizadas– en medios de comunicación.

Hacienda creó un apartado específico en su página web con la información oficial para los antiguos mutualistas, con respuestas a las preguntas frecuentes del procedimiento, un vídeo explicativo al respecto y también habilitó un teléfono para “dudas y asistencia en la presentación del formulario de solicitud” (91 889 81 46), con horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

Entre otras cuestiones, la Agencia Tributaria informa de que se tendrá en cuenta “la fecha de presentación de la primera solicitud de devolución” en el pago de los intereses de demora que Hacienda va a reconocer a los afectados.

Plazos si aún no se ha presentado la solicitud

En las últimas semanas hay varias informaciones sobre una carta de Hacienda que exige volver a presentar la solicitud de devolución, que ha generado dudas entre los pensionsitas sobre si había algún nuevo cambio en el procedimiento, han expresado en colectivos de jubilados a elDiario.es.

Se trata solo de misivas de recordatorio de la Agencia Tributaria “específicamente a aquellos contribuyentes que presentaron el formulario el año pasado y que a la fecha de emisión de la carta todavía no habían presentado el nuevo, para recordarles que tienen que presentar el nuevo, como se recuerda también en la información de la web de la AEAT desde hace varios meses”, precisan desde el departamento de María Jesús Montero.

Para los potenciales beneficiarios que no hayan presentado aún la solicitud de devolución de IRPF, la Agencia Tributaria explica los plazos para poder hacerlo, según la situación de los ciudadanos. Si hasta ahora no han presentado ninguna petición, el plazo para presentar el formulario finaliza en las siguientes fechas:

Si los afectados presentaron una solicitud con anterioridad al 22 de diciembre de 2024, esta quedó sin efecto, “si bien interrumpió el plazo de prescripción”, precisa la Agencia Tributaria. En este escenario, el plazo para presentar el nuevo formulario finaliza “sumando 4 años y 217 días a la fecha de interrupción de la prescripción (fecha de presentación de la solicitud que quedó sin efecto)”. Un ejemplo: si se presentó el 10 de septiembre, el plazo para presentar el nuevo formulario finaliza “el 15 de abril de 2029 (4 años y 217 días después)”, explica Hacienda.

Un trabajador recibe una baja médica y, poco después, un detective se planta frente a su portal con una cámara oculta. No es una escena de película, sino una realidad cada vez más habitual en el mercado laboral en España. Desbordados por la avalancha de peticiones, varios profesionales de la investigación privada reconocen que nunca antes habían recibido tantas solicitudes para seguir a empleados de baja por parte de empresas —y también de mutuas— que buscan detectar presuntos fraudes. El incremento, según sus propios datos, alcanza el 80% en apenas cinco años.

La desconfianza hacia los trabajadores ha crecido exponencialmente en los últimos años y, fruto de ello, cada vez más empresas optan por fiscalizar su salud encargando informes y pruebas a profesionales de la investigación privada que puedan acreditar supuestos fraudes. Hace dos años el Supremo advirtió a las empresas de que no pueden enviar detectives a espiar a trabajadores de baja en sus casas. Todo ello, al calor de un discurso azuzado por mutuas y organizaciones patronales que insisten en el aumento del mal llamado “absentismo laboral”.

Y es que el término, que se ha instalado con naturalidad en el lenguaje institucional, mediático e incluso cotidiano, traslada la carga de la culpa directamente al trabajador, sugiriendo una ausencia voluntaria e injustificada del puesto de trabajo. En la práctica, sin embargo, la mayoría de los casos que se computan como absentismo corresponden a bajas médicas por enfermedad, accidentes o procesos de incapacidad temporal plenamente reconocidos por el sistema sanitario y laboral. “Disfrazar los datos estadísticos conlleva directamente a cuestionar y vulnerar los derechos, tanto en enfermedades comunes, como en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, al objeto de fiscalizar los procesos de recuperación”, denuncian desde CCOO.

Pero, además, dentro de esa categoría difusa y manipulable del absentismo, se incluyen también ausencias justificadas como vacaciones, permisos por matrimonio o pareja de hecho, fallecimiento de familiares, traslado de domicilio o asistencia a exámenes médicos o actividades formativas.

Esa visión simplificada del absentismo ha alimentado un clima de sospecha generalizada, en el que la figura del detective privado ha ganado presencia como herramienta de control. Y es que para las empresas puede ser más rentable investigar que despedir sin pruebas, especialmente cuando el coste de un despido improcedente puede ser alto y pese a que los honorarios de estos profesionales oscilan entre los 70 y los 120 euros la hora.

“Estamos desbordados”, reconocen los detectives consultados por este periódico. Desde Arkos Detectives, entidad que opera en prácticamente todo el ámbito nacional -especialmente en la zona norte de España-, aseguran haber registrado un aumento del 80% en los encargos relacionados con bajas médicas en los últimos cinco años.

Solo en agosto, un mes tradicionalmente tranquilo, llegamos a tener 23 investigaciones abiertas al mismo tiempo. Lo habitual eran tres o cuatro

“Solo en agosto, un mes tradicionalmente tranquilo, llegamos a tener 23 investigaciones abiertas al mismo tiempo. Lo habitual eran tres o cuatro”, añaden. El encargo suele llegar tanto de empresas privadas como de mutuas -que son entidades privadas pero con funciones públicas delegadas por la Seguridad Social-, y se basa en la sospecha de que el trabajador está fingiendo una enfermedad o exagerando su mal estado de salud.

Pero tras ese auge de la fiscalización a los trabajadores se esconde una realidad más amplia y estructural: un contexto laboral marcado por la precariedad, los sueldos bajos en relación al coste de vida, la sobrecualificación o la falta de expectativas profesionales que generan descontento y frustración. Trabajadores que encadenan jornadas extensas, con estrés acumulado, ansiedad o desgaste físico y emocional, acaban solicitando bajas médicas como única vía de escape ante la incapacidad de sostener el ritmo sin quebrarse.

A ello se suma la presión de salarios que apenas alcanzan para cubrir los gastos más básicos de una vida digna: vivienda, alimentación, cuidados o conciliación. La salud mental, aún invisibilizada en muchas empresas, es uno de los factores que más incide en el aumento de estos procesos.

Según los datos facilitados por Arkos Detectives, aproximadamente el 65% de los casos que aceptan acaban arrojando algún tipo de prueba que beneficia a la empresa. Sin embargo, ese porcentaje, aparentemente elevado, requiere matices: corresponde únicamente a una muestra muy concreta y reducida del total de bajas médicas que se producen, y responde a un filtro previo: “Aplicamos un protocolo muy estricto antes de aceptar un encargo”, explica el detective. En este sentido, analizan el historial del trabajador -dentro de las posibilidades que tienen sin vulnerar su privacidad-, posibles reincidencias, circunstancias personales o indicios repetidos de conductas sospechosas. “No cogemos cualquier caso: solo aquellos en los que hay cierta garantía de que pueda haber fraude”, añade.

De baja y trabajando en 'B'

De ese 65% de casos con resultado favorable a la empresa, el detective de la empresa Arko estima que en torno a un 40% corresponden a situaciones en las que el trabajador, estando de baja médica, se encuentra simultáneamente desempeñando otro empleo. Y es que en un contexto como el citado anteriormente de bajos salarios y dificultades para llegar a fin de mes, algunas personas acaban recurriendo a trabajos paralelos que acaban contradiciendo el parte médico que han presentado, incurriendo en un fraude a la Seguridad Social. “Cobran lo que les corresponde por la baja y obtienen otro salario que no declaran”, explica este profesional.

En una línea similar se muestran desde DSR Detectives, despacho que opera también en diferentes puntos del país. “El fraude más común es estar de baja y a la vez estar trabajando en negro”, aseguran en conversación con elDiario.es. Este despacho ha constatado en los últimos tres o cuatro años un aumento notable en la contratación de servicios para investigar bajas laborales, superando con creces a otros servicios habituales del sector, como las investigaciones por infidelidades o custodia de menores.

“La investigación de bajas laborales se ha puesto muy por delante, por goleada”, resaltan, al tiempo que destacan que cada vez son más las empresas pequeñas y familiares que recurren a sus servicios, puesto que “les conlleva un coste tener a una persona cuya baja, por lo que sea, no es real”. “Es un desbordamiento, vienen directamente los dueños de las empresas a pedirnos que hagamos seguimiento”, explican desde DSR Detectives. Aunque no cuentan con un registro formal, el profesional entrevistado estima que en un 80% de los casos se detecta alguna irregularidad, aunque matiza que eso se debe a que los clientes ya llegan con sospechas fundadas. “Cuando el río suena, agua lleva”, añade.

En este sentido, desde Bossman Investigaciones señalan que “cuando una empresa decide contratar a un detective, normalmente ya existen indicios razonables de que puede haber fraude: bajas que se prolongan de forma inusual para el tipo de lesión, testimonios de compañeros que han observado conductas incompatibles con la dolencia o incongruencias en la documentación aportada”. “Por eso el porcentaje de casos en los que se confirman esas sospechas es elevado, te diría que en el 98% de las contrataciones hay algo”, apunta Bosco, director de este despacho cuyo ámbito de actuación se centra fundamentalmente en Euskadi, Cantabria, La Rioja y Navarra.

En su caso, la mayor parte de las investigaciones están relacionadas con bajas por patologías físicas, aunque en los últimos años han detectado “un aumento muy significativo en las asociadas a patologías psicológicas, como la ansiedad o la depresión”. “Estos casos requieren un abordaje especialmente cuidadoso, ya que son dolencias más difíciles de objetivar y los que cometen fraude lo saben”, explica Bosco en declaraciones a elDiario.es. Afirma, además, que contratan sus servicios “empresas de todo tipo y tamaño, desde grandes compañías hasta pymes, e incluso entidades del sector público”, y los sectores que más predominan son aquellos “con mayor exigencia física, como la industria, la hostelería o la construcción”.

Asimismo, desde SANTYANA detectives, despacho que ejerce su actividad en Bilbao y Santander, confirman que la tendencia que observan va en la misma línea que la del resto del sector: “Los servicios para investigar bajas médicas son los más solicitados desde hace años”, sostienen en declaraciones a este periódico. En su caso, la mayor parte de los clientes son pymes -pequeñas y medianas empresas-. “Son los más perjudicados cuando esto sucede y, quizá, al mismo tiempo, los más interesados en demostrar que existe una actividad fraudulenta aunque esto les suponga realizar un esfuerzo económico adicional”, explican.

Privacidad y siniestralidad

Desde los diferentes despachos de investigación consultados sobre esta tendencia subrayan que el proceso que siguen es “minucioso” y “se ajusta estrictamente a la legalidad”, en concreto a la Ley 5/2014 de Seguridad Privada y a la normativa de protección de datos. Así pues, sus trabajos consisten en seguimientos, guardias frente al domicilio y documentación de lo que ocurre en espacios públicos o de libre acceso. En ningún caso, aseguran, se hacen grabaciones en interiores o se captan imágenes en presencia de menores.

“Somos de la vieja escuela: vigilancia presencial, sin invadir la intimidad”, explican desde Arkos Detectives. “Hay que conocer la ley para no violar la intimidad”, sostienen desde DSR Detectives, quienes hacen hincapié en la importancia de “cuidar de que la investigación sea legítima y esté justificada”.

“Trabajamos siempre dentro de unos límites muy claros y garantistas, y aplicamos los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, recogidos también en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de modo que únicamente investigamos aquellos hechos directamente relacionados con el objeto de la investigación y que resulten relevantes para el interés legítimo del interesado”, subrayan desde Bossman Investigaciones.

En paralelo al foco mediático y empresarial centrado en el mal llamado “absentismo”, el mundo del trabajo arrastra un problema mucho más grave y en aumento: la siniestralidad laboral. En 2024, los accidentes mortales se incrementaron un 10% en España, con 796 personas fallecidas, 75 más que el año anterior. Y lo alarmante no termina ahí: en más de un tercio de esos casos, las empresas ni siquiera habían evaluado los riesgos laborales, según un estudio de CCOO. Así, mientras se multiplican los esfuerzos para fiscalizar a quienes están de baja, hay verdaderas deficiencias en prevención que cuestan vidas y que siguen quedando en un segundo plano.

La mutua Muface deberá devolver a una mujer el dinero que pagó por tres medicamentos necesarios para su tratamiento de reproducción asistida a pesar de estar siendo atendida en la sanidad pública. Así lo especifica una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que admite el recurso interpuesto por Sofía (nombre ficticio), que tuvo que desembolsar 1.426,05 euros por una única razón: no tener una pareja que fuera hombre. Si la hubiera tenido, los fármacos hubieran sido financiados por el Sistema Nacional de Salud.

El fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es y que todavía puede ser recurrido, le da la razón a la mujer admitiendo que Muface “debería haber hecho otra lectura e interpretación” de la ley “en aras de la no discriminación por razón de estado civil u orientación sexual”. Se refiere la mutua a la norma que regía en aquel momento, 2019, impulsada por el Partido Popular unos años antes para establecer que solo la esterilidad sería requisito para acceder a la reproducción asistida, lo que excluyó a las mujeres lesbianas o bisexuales y aquellas que, como Sofía, buscaban tener un hijo ellas solas.

Las comunidades autónomas fueron progresivamente incluyendo en sus carteras de servicios la reproducción asistida para todas las mujeres, pero la norma estatal no se modificó hasta finales de 2021, por lo que las mutuas –Muface, Mujeju e Isfas–, al depender del Ministerio de Función Pública, seguían aplicando la ley excluyente. Por eso Sofía, que siguió el tratamiento en un hospital de Madrid, no pagaba por él, pero sí por los medicamentos necesarios, ya que Muface le negó en repetidas ocasiones la financiación. La mujer estaba atada de pies y manos porque al ser profesora debía pertenecer obligatoriamente a la mutua y, además, aunque había elegido la sanidad pública frente a las aseguradoras privadas, Muface seguía siendo la encargada de autorizar las recetas.

Sofía decidió acudir a la Justicia con la ayuda del sindicato CCOO después de que la mutua rechazara todos los recursos que presentó contra las resoluciones desfavorables por “no cumplir los requisitos” de la norma vigente. Estos eran o bien tener un “trastorno documentado de la capacidad reproductiva” o no lograr el embarazo “tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin métodos anticonceptivos”, figuraba literalmente en el texto. Al no cumplirlos, tuvo que hacer frente al pago de 1426,05 euros por los medicamentos Menopur, Ovitrelle y Galutran, según figura en la sentencia.

La norma ampara el caso

El TSJ, sin embargo, considera que no debió de haberlos costeado, sino que Muface tendría de haberlos cubierto y no hacer una lectura “restrictiva” de la ley. Los jueces creen que bajo los requisitos que establece la ley debe incluirse también a las mujeres monoparentales o las mujeres con pareja femenina porque, de lo contrario, aseguran, se estaría vulnerando la igualdad consagrada en el artículo 14 de la Constitución. Nombran también el artículo 41, que prevé un régimen público de Seguridad Social “para todos los ciudadanos”.

A preguntas de este medio, Muface asegura que “ha aplicado siempre” la normativa vigente, que en el momento de la fecha de la solicitud de Sofía era la que impuso restricciones a las mujeres sin pareja varón. Recuerda la mutua que desde noviembre de 2021 esto ya no ocurre y las mujeres sin pareja, lesbianas o trans con capacidad de gestar “ya pueden acceder a la reproducción humana asistida en pie de igualdad” y sin que sea limitante su condición de mutualistas. Además, Muface no recurrirá la sentencia.

En el fallo el tribunal estima que aquella ley, sin embargo, tendría que haber sido aplicada de forma diferente y apunta a que “siendo soltera”, Sofía “no está en condiciones de lograr un embarazo en virtud de una relación física heterosexual en pareja” y obligarla a ello “sería contrario a la dignidad de su persona vulnerándose el artículo 10” de la Carta Magna. “Es imposible un diagnóstico de esterilidad por patología ginecológica al tiempo que es aberrante la exigencia de una concepción por vía vaginal al tratarse de una mujer sola, lo que obliga al preceptivo tratamiento de reproducción asistida”, reza el fallo.

Reconocen los jueces que pese a que no se da una situación de esterilidad “propiamente dicha” porque Sofía no lo es ginecológicamente hablando, sí es da “en la práctica” una “esterilidad natural” que debe equipararse a la clínica establecida por ley, argumentan al tiempo que aseguran que los requisitos contenidos en la ley “no constituyen cláusulas cerradas que no permitan la inclusión” de otros supuestos. Por eso, la sentencia estipula que la denegación de la financiación por parte de Muface “no se ajusta a la letra y al espíritu de la normativa aplicable”. Esta interpretación, prosigue el tribunal, “se sustenta en el absoluto respeto a la no discriminación” por razón de sexo, estado civil u orientación sexual.

Por eso, revoca las resoluciones denegatorias de la financiación de los medicamentos y mandata a la mutua a devolverle a la mujer el dinero que desembolsó por ellos, además sujeto a intereses desde la fecha de la notificación de la sentencia hasta el efectivo abono del importe, que aún no se ha producido. “Supone un descanso y un orgullo para seguir luchando por lo que creo que es justo, no solo para mí sino para las que vienen detrás”, sostiene Sofía, que recuerda “el desgaste, el esfuerzo y la energía” que se dejó por el camino por este motivo al tiempo que se sometía a los tratamientos. “Era injusto y no entendía nada”, añade.

No es la primera sentencia en el mismo sentido, sino que fueron varias las afectadas que acudieron a la Justicia desde que los populares aprobaron la modificación en 2014. Los fallos censuraron en general la discriminación y les dieron la razón a ellas por, entre otras cosas, existir una ley, la de Técnicas de Reproducción Asistida de 2006, donde se regula el derecho con independencia de la orientación sexual o el estado civil y que es de rango superior a la orden ministerial del PP. Aunque las comunidades fueron revirtiéndola con el paso del tiempo, el Gobierno central anunció que lo haría en 2018, al inicio del mandato de Pedro Sánchez, pero finalmente acabó con la exclusión tres años después.

Las farmacias de Castilla-La Mancha acogen por primera vez la dispensación de la receta electrónica concertada de Muface desde este martes, siendo una iniciativa que beneficiará a los 44.725 mutualistas de opción concertada de la región.

Con esta implantación, que ha sido posible gracias al trabajo conjunto de la Organización Farmacéutica Colegial, Muface y el respaldo del colectivo médico, los mutualistas tendrán acceso a este sistema en las farmacias de las cinco provincias de la región.

Para anunciar el despliegue de la receta electrónica de Muface, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo, Javier Jimeno, y el presidente del Colegio de Médicos de Toledo, Raúl Calvo, han estado presentes en el despliegue de esta iniciativa en la farmacia toledana 'José Luis Echevarría'.

Sobre el impacto que la receta electrónica privada ha supuesto para las farmacias, Jimeno ha asegurado que es un avance para la atención farmacéutica en cuanto a la seguridad del paciente que va a poder subsanar posibles errores que sucedan en la receta y que aportará garantías en la dispensación.

Con un procedimiento similar a la tarjeta del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), los clientes pasan del papel a la tarjeta mutualista, facilitando el trabajo de los profesionales farmacéuticos que a través de la lectura de la tarjeta podrán ver la medicación prescrita e iniciar la dispensación.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Toledo ha señalado que es una iniciativa que debía implantarse y, ahora que se ha llevado a cabo, están “muy contentos” por acogerlo por primera vez en Castilla-La Mancha como comunidad pluriprovincial.

Este proyecto garantiza mayor seguridad porque la prescripción se podrá realizar de forma adecuada, conectada a programas informáticos, evitando así que se rellene mal la receta o que “no se entienda bien la letra”, ha explicado Calvo. “Es un avance lógico en estos tiempos y creo que estábamos tardando en poner en marcha”, ha explicado.

“Magnífica noticia”

De su lado, el titular de la farmacia, José Luis Echevarría, a preguntas de los medios, ha señalado que le parece una “magnífica noticia” para los mutualistas y para los farmacéuticos porque permite mejorar la atención al cliente.

En este sentido, Echevarría ha indicado que, pasando la tarjeta, el profesional podrá visualizar la medicación que tiene el paciente permitiendo detectar duplicidades terapéuticas, interacciones entre medicamentos e incluso remitir al médico cualquier circunstancia.

En beneficio de la salud y de la actividad profesional, también ha señalado que es una buena noticia para las aseguradoras porque les ahorra costes y también para el medioambiente porque se va a reducir el papel de los talonarios.

Finalmente, ha asegurado que la dispensación ya está funcionando con absoluta seguridad, expresando que es “un día de fiesta” para los mutualistas de Muface.

La devolución del IRPF en las pensiones de los antiguos mutualistas parece inminente. El cambio legal para que Hacienda pague de una sola vez este año las cuantías de 2019 a 2022 ya ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados y va rumbo al Senado, que lo tramitará por la vía de urgencia. En el Ministerio que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, esperan que esté en vigor “en breve” y proceder enseguida con los pagos.

La modificación legislativa salió adelante este martes, en la Comisión de Economía del Congreso con competencia legislativa plena, a través de una enmienda del grupo socialista en la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor. Al igual que la deducción del IRPF al salario mínimo y su extensión hasta los 18.276 euros al año.

Es una noticia muy esperada, especialmente en estos días en los que millones de personas realizan la declaración de la renta de 2024, muchos pensionistas que cotizaron en las antiguas mutualidades antes de 1978 repetían la misma pregunta: “¿Me van a devolver ya el IRPF?”. Se trata de devoluciones de este impuesto debido a que, como reconoció el Tribunal Supremo, estas personas sufrieron de doble imposición, ya que no se pudieron deducir sus cotizaciones a las mutualidades como sí sucedió luego a través de la Seguridad Social.

Tras el fallo, Hacienda pactó con los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, el derecho de los pensionistas afectados a reducir un porcentaje de su base imponible de IRPF desde ese año en adelante y estableció un sistema para reclamar las devoluciones del IRPF por los cuatro años anteriores, no prescritos. Sin embargo, a finales de 2024, Hacienda modificó por sorpresa el procedimiento: suspendió las peticiones pendientes (cerca de dos millones) y retrasó el abono de las devoluciones.

Ante las quejas de pensionistas y sindicatos, Hacienda rectificó y anunció que volvería a pagar los años anteriores en un solo pago, este 2025. Sin embargo, muchos jubilados estaban todavía en ascuas, esperando el cambio normativo necesario para ello, especialmente en el actual panorama parlamentario en el que cuesta mucho sacar adelante cualquier iniciativa.

Devoluciones “muy ágiles” y con intereses de demora

En el Ministerio de Hacienda explican que la ley con las devoluciones del IRPF “ahora se tramitará en el Senado por vía de urgencia, así que esperamos que en breve esté en vigor”. En el Senado el procedimiento legislativo se desarrolla habitualmente en el plazo de dos meses, pero se reduce a 20 días naturales en caso de urgencia, como es este.

Hacienda está a la espera de esa luz verde definitiva del Senado para proceder a las devoluciones del IRPF, que los pensionistas han tenido que volver a solicitar. “La idea es comenzar en cuanto se apruebe el cambio normativo y ser muy ágiles, porque se ha hecho ya mucho trabajo previo”, indican en el departamento de Montero.

Aunque se ha habilitado el formulario de las devoluciones a la vez que el trámite de la declaración de la renta de 2024, son procesos paralelos. “Durante la campaña se irían abonando las devoluciones correspondientes al 2024, en la propia declaración de Renta 24. El ajuste ya le aparece calculado al contribuyente y se abona rápido como cualquier devolución convencional de renta. Una vez se apruebe el cambio normativo, se harán las devoluciones del periodo 19-22 que el contribuyente debe solicitar mediante el formulario”, explican en la Agencia Tributaria.

Además, las devoluciones se acompañarán finalmente del pago de intereses de demora para los pensionistas, una reclamación sindical que ha aceptado María Jesús Montero, aunque en Hacienda precisan que “todo este proceso es fruto de sentencias relativamente recientes del Supremo, no es ningún retraso administrativo”.

Si hay mutualistas que aún no han realizado la petición, aún están a tiempo, y pueden reclamarlo más allá del final de la campaña de la renta (30 de junio). “Pero recomendamos que vayan presentando el formulario para poder agilizar las devoluciones”, indican en la Agencia Tributaria.

El Juzgado de lo Social número 2 de Ciudad Real ha dado la razón a una trabajadora del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) que ejerce como técnica especialista en Anatomía Patológica del Hospital de Alcázar de San Juan. La empleada solicitó el pago de la prestación por el riesgo durante la lactancia, tras haberse suspendido su contrato por estar expuesta a sustancias tóxicas propias a su servicio. 

La sentencia da la razón así a la demanda presentada por el sindicato CCOO por la que la trabajadora solicitó, en febrero de 2024, la adaptación de su puesto de trabajo para poder ofrecer a su hijo la lactancia. Lo hizo después de que el informe médico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Alcázar de San Juan la declarara apta con limitaciones, evitando la exposición a las sustancias tóxicas propias de su servicio, como el formaldehído o el xilol.

Su petición fue denegada al no existir la posibilidad de adaptar su puesto de trabajo a su servicio y categoría y de esta forma la trabajadora se quedaba sin posibilidad de incorporarse a su puesto de trabajo. 

A partir de ese momento, y puesto que la suspensión del contrato exonera al empresario de la obligación de remunerar el trabajo, la demandante solicitó la prestación de la Seguridad Social que existe para este supuesto de riesgo durante lactancia natural, que en este caso debía abonarla Mutua Solimat, con la que el SESCAM tiene concertado el riesgo por contingencias profesionales.

Solimat le denegó también la prestación argumentando que adaptando las medidas de prevención de riesgos laborales correctamente en el departamento donde desempeña su trabajo, no se considera que exista riesgo para la lactancia. Una postura que, según CCOO, demuestra “un total desconocimiento del riesgo de una mujer embarazada madre lactante sufren en ese servicio”.

La sentencia del Juzgado de lo Social falla a favor de la trabajadora y condena a la mutua al pago de la suspensión de contrato por riesgo en la lactancia, aunque deja abierta la vía para un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

CCOO pide suspender el concierto sanitario con la mutua

El sindicato pide ahora que se suprima el concierto con esta mutua de accidentes laborales y que el Instituto Nacional de la Seguridad Social vuelva a ser referencia de los accidentes laborales y enfermedades profesionales del personal del SESCAM. De esta forma, añade CCOO se “defiende” la sanidad pública.

“Es muy triste que se añadan trabas a la protección de la madre y del hijo en el periodo de lactancia y que haya que ir hasta los juzgados, cuando es obligación del empresario, en este caso del SESCAM, identificar todos los peligros, así como los agentes físicos, biológicos o químicos y las condiciones de trabajo que puedan suponer un riesgo potencial para la salud de la mujer embarazada que ha dado a luz recientemente o que está en periodo de lactancia, cuando además, el mandato comunitario no contempla ni siquiera, exigencia formal alguna para la protección de la situación de lactancia ni de las demás”.

Octavio Granado (Burgos, 1959) puede ser una de las personas que más conoce los entresijos de la Seguridad Social. Fue secretario de Estado de este organismo público durante los ocho años de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y después repitió en el primer gobierno monocolor del PSOE de Pedro Sánchez. Artífice de importantes reformas, hay un caso que le persigue desde hace casi dos décadas: el presunto fraude de al menos 200 millones de euros de dinero público por parte de Mutua Universal. Lo denunció hace 18 años, hace una década se imputó a once directivos y hay 2.200 empresas involucradas, pero aún no se ha juzgado. “Es una enorme injusticia”, lamenta. 

En 2007, usted, como secretario de Estado de la Seguridad Social, presentó una denuncia por un presunto fraude millonario a la Seguridad Social por parte de una de las mayores mutuas del país: Mutua Universal. ¿Cómo fueron conscientes de la presunta estafa y en qué consistió? 

Cuando llegamos al Gobierno en abril de 2004 hicimos un análisis de la situación de las mutuas y descubrimos anomalías bastante preocupantes. Todas las mutuas salvo dos o tres tenían asociadas empresas de prevención de riesgos laborales cuyos trabajadores eran de las mutuas, sufragados con las cotizaciones que les transfería la Seguridad Social. En segundo lugar, las mutuas tenían una normativa inadecuada que les permitía definir las “contingencias en tramitación”. Es decir, si a una persona se le partía la mano calculaban el tiempo que iba a tardar en rehabilitarse. Eso es razonable, pero descubrimos que tenían reservas en estas contingencias de dos y tres millones de euros por patologías ridículas, como una uña partida. 

Al margen de eso, descubrimos que las mutuas devolvían a empresas asociadas parte de las cuotas que esas empresas pagaban a la Seguridad Social. Algo similar a lo que en el sector del seguro se llama “extorno”, pero aquí en forma de una devolución ilegal para asegurarse su fidelidad. Eso ya era un delito que entraba en el ámbito de la estafa. Además, tenían una práctica de retribuciones a los directivos bastante considerable. Cualquier directivo o gerente de una mutua ganaba en aquel momento cinco veces más de lo que ganaba yo como secretario de Estado, mucho más que el presidente del Gobierno. 

Las mutuas trabajaban con dinero público, pero tenían un comportamiento de empresas privadas. Y cuando insistías en que esto no podía seguir así, te decían que les amparaba la libertad de empresa. En la época de Felipe González, cuando la Seguridad Social intentó poner coto a algunas de las actividades de las mutuas, obtuvieron sentencias favorables a sus criterios. Es algo que tampoco es de extrañar porque los letrados de la Seguridad Social, cuando pleitean contra una mutua, lo hacen contra los principales bufetes de abogados del país. 

¿Qué medidas se tomaron tras detectar estas irregularidades? 

Fuimos paso por paso corrigiendo la situación. Primero dictamos una resolución obligando a que las empresas de prevención de riesgos laborales se externalizaran de las mutuas, otra por la cual las contingencias en tramitación se regulaban de acuerdo a los principios del Banco de España, fijamos unos criterios sobre sueldos de los directivos, lo que nos generó más de un problema… Y, sobre todo, nos pusimos muy firmes con la prohibición de los extornos y de la competencia desleal. Estos extornos tenían una forma blanda, por la que la empresa le da unas facturas a la mutua y esta las paga como si fuera cosa suya (papelería, vehículos, gastos corrientes…); y una forma dura, que eran los maletines con dinero en efectivo. 

Fue un proceso de discusión complicado, pero en el cual la mayor parte de los gerentes de las mutuas colaboraron, hasta el punto que muchos nos decían que ya era hora de que alguien pusiera orden en esto, porque no dormían por las noches. Claro, estaban cometiendo delitos. Al final, aprobamos un Código de Buenas Prácticas en 2006 que empezaron a cumplir la mayoría. Pero nos advirtieron de que dos seguían haciendo lo de antes: Mutua Canaria y Mutua Universal. La primera acabó intervenida y sus directivos cesados y procesados [el caso acabó archivado en los tribunales].

En el caso de Universal, llegamos a una situación de falta de entendimiento absoluto y de evidencias muy graves en el tema de los extornos y de financiación de muchas actividades. Compilamos pruebas y preparamos una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y ante el Tribunal de Cuentas. 

En agosto de 2007, la Policía entró en las oficinas de la Mutua.

Sí. Pedimos una orden al juez, que nos la dio, para controlar los servidores. Aquello fue lo más útil que pudimos hacer, porque desde que entró la Policía a las 8 de la mañana se pusieron a destruir muchísima información. Claro, no habían tenido en cuenta que la gerencia de Informática ya había preparado referencias a los servidores y pudimos recuperar lo borrado. Ahí estaba lo más mollar. Con esa información ampliamos la denuncia y el número de empresas involucradas. 

Después se inició el procedimiento judicial. Conforme va acumulándose la información, los jueces y fiscales empiezan a sudar al ver que aquello va creciendo y lo primero que hacen es pedir el traslado. Ningún juez ni fiscal ha durado en ese juzgado más de dos años. 

¿Qué estimación se hizo del dinero defraudado a la Seguridad Social?

En aquel momento, y estamos hablando del año 2007, eran en torno a 300 millones de euros. Ahora, con el interés legal sería más del doble.

Cuando llegué a la Seguridad Social había graduados sociales y gestores que cobraban comisiones por los trabajos de las mutuas, lo prohibimos. Vino a verme un señor que quería explicarme que era amigo del rey (Juan Carlos I). Le dije que yo no y que no iba a cobrar ni un euro. La situación era de un cachondeo descomunal

En extornos el juez cita 195 millones de euros. Fruto de ello hay unas 2.200 empresas inmersas en el proceso judicial a título de responsables civiles. Hay multinacionales, empresas de menor tamaño, entidades públicas, comunidades, universidades…. ¿Cómo es posible que esta práctica estuviera tan extendida?

Porque era una práctica que se negociaba en el nivel de gestión. Es decir, cuando a mí me dicen que el Ayuntamiento de Barcelona cobraba ese dinero, tengo mis serias dudas de quién cobraba ese dinero. Es decir, si era el Ayuntamiento de Barcelona o era el funcionario que tenía relaciones con la mutua en el Ayuntamiento de Barcelona. 

Cuando llegué a la Secretaría de Estado me enteré de que había graduados sociales y gestores administrativos que cobraban una comisión por los trabajos de las mutuas en determinados departamentos. Hablé con el director general y me dijo que le decían que se había hecho siempre. Dictamos una instrucción que prohibía a las mutuas pagar esas comisiones.

Entonces vinieron a verme dos personas: una me dijo que había dado dinero al PSOE durante la clandestinidad y se fue echando coces y blasfemias; la otra era un señor mayor, muy bien vestido, que me dijo que quería explicarme que él era amigo del rey [Juan Carlos I]. Le dije que yo no era amigo del rey y que no iba a volver a cobrar ni un euro. Se levantó, se fue, y aquí paz y después gloria. La asociación de mutuas hizo un estudio y calculó que se había ahorrado casi medio millón de euros con el fin de esas comisiones. La situación era de un cachondeo descomunal. 

Se van a cumplir 18 años desde que la Policía entró a las oficinas de Mutua Universal en Barcelona y aún no se ha realizado el juicio. ¿A qué lo atribuye? 

En la última gestión que hice en el año 2019 me dijeron que de las 2.200 empresas todavía quedaban 800 por notificar y que además ellos presumían que había 300 que ya no existían. Entiendo que esto es muy complicado, pero me da la sensación de que eso juega en contra del interés de que haya algún día alguna sentencia. En su día, directivos de Mutua Universal decían que ojalá se resolviera ya porque eso les quitaría de encima esa especie de baldón que tienen sobre su reputación. 

¿Cómo está viviendo esta demora como denunciante del caso?

Es una sensación agridulce. En lo fundamental hemos tenido éxito, ya que se han acabado esas malas prácticas. Pero en cuanto al procedimiento de la Mutua Universal, pues es tremendo. Tengo la sensación de que la Administración de Justicia trata mucho peor a los ciudadanos que a las grandes corporaciones. 

Entre mis compañeros de partido ahora es muy frecuente hablar de los jueces de derechas y de izquierdas. Yo creo que la mayor parte de los jueces son de derechas, los de izquierdas siguen siendo una pequeña minoría y eso no ha cambiado mucho en los últimos 40 años. Pero a mí lo que me asusta es que haya jueces que instruyen procedimientos en días y otros que tardan años. Esa es la principal injusticia, no que te toque un juez de derechas o de izquierdas. 

En el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya justifican la demora por problemas de “espacio” y “calendario”. ¿Le parecen argumentos suficientes para este retraso? 

Evidentemente, son problemas y los problemas se resuelven. ¿Quiere decir que si se ponen de acuerdo 3.000 personas para asesinar no va a haber un procedimiento por no poderles juntar en una sala? No sé, es un poco absurdo. No soy capaz de apreciar que eso se convierta en un imponderable. Además, si este fuera el problema, que lo digan.

Esto es una enorme injusticia. A un ciudadano de a pie se le aplica la justicia con toda la dureza del mundo y, si se tiene una buena defensa y se está muy acompañado, pues es posible que se le retrase el juicio

¿Qué imagen de la justicia española cree que da este proceso judicial?

De una enorme injusticia. Porque todo el mundo sabe que a un ciudadano de a pie se le va a aplicar la justicia con toda la dureza del mundo y si tiene una buena defensa y está muy acompañado, pues es posible que se le retrase el juicio. En este país tienen lugar interesantísimos debates sobre la preeminencia del Estado de Derecho, las amenazas contra el Poder Judicial… Todo eso me parece bien, soy una persona ajena a esos debates, pero a mí lo que me preocupa es que la Administración de Justicia funcione. Si no funciona, los ciudadanos están inermes, no pueden hacer nada.

Tengo colaboradores que tienen más de 70 años y alguno de ellos me temo que se va a ir de este mundo sin ver culminado este procedimiento, al que le han dedicado mucho tiempo de su vida y mucho entusiasmo. También alguno de los denunciados ha fallecido. Es una cosa de locos. 

El juez imputó a 11 directivos de la mutua, entre ellos al gerente, Juan Aicart, fallecido recientemente, al que señaló como máximo responsable y que se apartó del puesto en 2007. Sin embargo, otros imputados como Jordi Pons, siguieron en su puesto años más tarde, hasta el 2013 en su caso. ¿Desde la Seguridad Social no se podía hacer más para intervenir la mutua, ya que se financia con dinero público? 

En aquel momento, algunas de las personas que están imputadas juraron y perjuraron que querían hacer lo posible por aclarar todas las cosas y que se viera que no eran los responsables. Se les pidió que colaboraran, lo hicieron y, en este sentido, se mantuvieron. En todo caso, nosotros pedimos el cese de toda la Junta Directiva y creo recordar que solo dos personas continuaron, ya que por parte del Consejo de Dirección se nos explicó que era imprescindible que siguieran, porque en caso contrario habría habido un vacío y la mutua habría quedado sin posibilidad de dirección. 

La Mutua Universal pagó el quebranto reputacional de aquello. Era la tercera entidad de España y creo que ahora es la quinta, durante años estuvo muy marcada. Hubo la pena de picota, como se había conocido lo que habían hecho, lo pasaron mal. ¿Que podíamos haber hecho más? Probablemente, sí. 

La junta directiva, dirigida por Juan Echevarría, no resultó imputada y este directivo se mantuvo hasta 2022 en su cargo. ¿Cree que la Junta Directiva y la presidencia de Mutua Universal deberían haber asumido alguna responsabilidad?

Todo lo que hicimos estaba muy avalado por el acuerdo social. Es decir, cuando intervinimos la mutua y cuando presentamos el escrito lo comunicamos a CEOE, a CCOO, a UGT y los tres nos dieron su visto bueno. La CEOE nos pidió que determináramos cuál era el grado de responsabilidad de los directivos y si se habían visto beneficiados por alguna de las prácticas irregulares de la mutua. Y la verdad es que en la investigación que hizo la Seguridad Social no quedó acreditado nada de esto, así que se nos pidió que no les convirtiéramos en el centro de la diana. Como no habíamos descubierto nada, así hicimos. 

Le preguntaba más bien por Mutua Universal como empresa. 

Su posición en ese momento era que eso no lo había hecho Mutua Universal, sino miembros de la directiva y que ellos no tenían nada que ver. Todos sabemos que ese tipo de prácticas de forma continuada durante años debieron ser al menos conocidas. Pero es verdad que una vez que la mutua cambió de dirección, el código de buenas prácticas empezó a aplicarse. 

No solo los directivos de las mutuas ganaban medio millón de euros, es que ganaban medio millón y luego tenían una corte que era la del faraón. O sea, tenían 20 personas. Cuesta trabajo creer que en la administración española hubiera eso

El gerente Juan Aicart cobraba unos 573.700 euros al año. ¿Esta situación se sigue replicando a día de hoy? ¿Qué salarios tienen los directivos de las mutuas, que son organizaciones empresariales, pero que se financian muy mayoritariamente con dinero público?

Llegaron a un acuerdo con la AMAT, la Asociación de Mutuas, para aplicarles las mismas retribuciones que tienen los directores de empresas públicas. Lo que nosotros pactamos fue las dimensiones del equipo directivo, porque no era un problema solo de que los directivos ganaran medio millón, es que ganaban medio millón y luego tenían una corte que era la del faraón. O sea, tenían 20 personas. Cuesta trabajo creer que en la administración española hubiera eso. 

Aicart y Pons se marcharon de la mutua con indemnizaciones de más de medio millón de euros, cuando estaban sobre la mesa imputaciones por haber esquilmado la Seguridad Social. ¿Qué magnitud de dinero extraviado considera que ha habido por parte de las mutuas? Ya no solo por la Universal, sino antes en general. 

Las indemnizaciones las recurrimos y lo perdimos. Es verdad que si a alguien no le han sentenciado, existe la presunción de inocencia. Y te dice, oiga, yo era directivo, estaba cobrando 50.000 euros al mes, me mandan a la calle con una mano delante y otra detrás, usted me paga lo que me paga. Esta fue la segunda parte del asunto, esos juicios sí fueron rápidos. 

Ese tipo de situaciones sí se daban. Ahora no, ahora participo en actividades de las mutuas, lo hago encantado y están haciendo una labor de colaboración con la Seguridad Social muy adecuada. Esa situación que detectamos en la Universal no creo que tenga nada que ver con lo que son ahora las mutuas. 

En agosto de 2007 casi una treintena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y ocho secretarios judiciales irrumpieron en las oficinas de Mutua Universal en Barcelona. La documentación incautada en el registro, que se prolongó durante más de ocho horas, apuntaló la denuncia que había formulado la Seguridad Social un mes antes por un fraude de 200 millones de dinero público. Tras siete años de investigación, un juez de Barcelona acordó sentar en el banquillo a 11 exdirectivos y 2.289 empresas en diciembre de 2015 y señaló al gerente, Juan Aicart, como máximo responsable, para el que la Fiscalía pidió 15 años y medio de prisión. Una década después, Aicart ha fallecido y aún no hay fecha de juicio, una demora que en los órganos judiciales atribuyen a problemas de “espacio” y “calendario”.

La presunta estafa se fraguó en Mutua Universal, una de las mayores mutuas colaboradoras de la Seguridad Social del país, que da cobertura a 1,7 millones de trabajadores y a 158.500 empresas asociadas. Las mutuas son organizaciones empresariales sin ánimo de lucro que, desde su origen en 1900 para hacer frente a accidentes laborales, fueron aumentando sus competencias para gestionar prestaciones como las contingencias profesionales, la incapacidad temporal y el cese de actividad de los trabajadores autónomos. Para ello, gestionan un enorme volumen de dinero público de las cotizaciones sociales que trabajadores y empresas pagan a la Seguridad Social. En 2023, unos 18.000 millones de euros, el 98% de sus ingresos. 

En caso de excedente económico, las mutuas deben devolver estos fondos públicos a la Seguridad Social, algo que no sucedió durante años en Mutua Universal gracias a varias prácticas fraudulentas, según la investigación que llevó a cabo durante siete años un juzgado de Barcelona. El presunto fraude se cometió en varios frentes. Por un lado, a través de un entramado societario vinculado a varios directivos de la propia Mutua Universal, liderados por Aicart, en el que se presuntamente engordaban los costes de servicios realizados y se fabricaban facturas falsas, entre otros ilícitos. Por otro lado, la mutua presuntamente devolvía sumas de dinero a sus empresas clientes, de manera irregular, en lo que se denomina “extornos”. Por estas prácticas están acusadas empresas como Peugeot, Urbaser y Carrefour, entre otras.

En total, la investigación judicial cifró en 195 los millones de euros de la Seguridad Social ilícitamente desviados a través de los extornos entre 1998 y 2007. No obstante, la Fiscalía advirtió de que el presunto desvío fue más cuantioso, aunque no pudo probar todas las cantidades detraídas a las arcas públicas. Es el caso de las facturas falsas o engrosadas por parte del entramado societario del que se rodearon los directivos de la Mutua Universal, sobre los que no fue “posible determinar en su totalidad” el dinero público desviado. 

“Es un escándalo que en un país una entidad pueda robarle 200 millones de euros a la Seguridad Social y 18 años más tarde no se haya juzgado”, condena Octavio Granado, exsecretario de Estado de la Seguridad Social denunciante del desfalco de las arcas públicas, que recientemente envió una queja por carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial por la demora. El órgano de gobierno de los jueces respondió que lamentaba la duración del procedimiento y comprendía su “malestar” y se limitó a dar traslado de la queja al letrado responsable de la oficina judicial de la sección de la Audiencia Provincial de Barcelona, que lleva casi una década sin señalar el juicio. 

En este transcurso del tiempo ha llegado a fallecer el principal imputado, Juan Aicart, que murió “hace unos meses”, según apuntan fuentes jurídicas. La Fiscalía señaló a Aicart por ejercer “la máxima responsabilidad ejecutiva en la Mutua de forma personalísima y con un intenso cariz jerárquico a la vez que carismático”. Pidió para él 15 años y medio de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, de apropiación indebida o, subsidiariamente de administración desleal, por falseamientos de cuentas y falsedad en documento mercantil. 

“Se trata de un asunto que en estos momentos está en ámbito judicial y desde la Seguridad Social se muestra el máximo respeto ante este tipo de procedimientos”, se limitan a responder desde el Ministerio dirigido por Elma Saiz a las preguntas sobre la demora de la causa. elDiario.es ha consultado a Mutua Universal al respecto, pero no ha recibido ninguna respuesta. 

Octavio Granado subraya que se trata de un proceso judicial “muy incómodo”, no solo por el plantel de directivos acusados, sino por el amplio abanico de empresas que supuestamente se beneficiaron de los extornos irregulares de dinero público. “Y también hay administraciones públicas”, destaca el exsecretario de Estado, como la Universitat de Barcelona, la empresa pública Transports de Barcelona y la Comunidad Autónoma de La Rioja, entre otras. 

Años de demora por problemas de “espacio” y “calendario”

Una portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) afirma que tanto la Sección encargada de celebrar el juicio, como la gerencia, llevan mucho tiempo trabajando en este asunto, si bien explica que el principal problema es de espacio: a día de hoy ninguno de los edificios del tribunal barcelonés tiene capacidad para acoger un macroproceso como este. Asimismo, el TSJ relata que la otra dificultad es de calendario, pues es previsible que, al ser un juicio con tantas partes, se demore varias semanas o incluso meses. Y que eso supondría que la Sección encargada estaría prácticamente detenida durante ese tiempo, sin capacidad para poder atender otros asuntos. 

Fuentes jurídicas sostienen que casi diez años para señalar un juicio una vez concluida la instrucción es un plazo absolutamente inusual. Sostienen que puede ser entendible que, en este caso, la investigación se demorara siete años, dada la complejidad del caso. Pero afirman que es extraordinario que hayan pasado casi diez años desde que se cerraron las pesquisas y no haya ni fecha para celebrar el juicio. 

“Son problemas y los problemas se resuelven”, responde tajante Octavio Granado sobre los problemas argumentados de “espacio” y “calendario” por el órgano judicial. “No soy capaz de apreciar que eso se convierta en un imponderable. No vale decir: ‘Es que no podemos’. No, haga usted lo necesario para poder”, sostiene el exsecretario de Estado de la Seguridad Social, que advierte de la “injusticia” que provoca que este caso siga sin juzgarse y la mala imagen que proyecta sobre el sistema judicial de España. 

Es un escenario que abre la puerta a que los acusados puedan ver reducidas sus hipotéticas penas porque el tribunal se verá obligado a aplicar la atenuante de “dilaciones indebidas” en su modalidad de “muy cualificadas” por el tiempo transcurrido. Fuentes jurídicas apuntan que en los últimos meses la Fiscalía y algunas de las defensas han explorado la posibilidad de un pacto que implique el reconocimiento de los hechos a cambio de una reducción de las penas. 

Entramado societario, facturas falsas y pagos a empresas

El auto de procesamiento atribuye a los 11 exdirectivos acusados de delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y/o administración desleal, falseamiento de cuentas y falsedad en documento mercantil. La investigación se inició tras una querella de la Fiscalía, que confirmó la existencia de “una compleja estrategia defraudadora” en perjuicio del erario público tras recibir una denuncia de la Seguridad Social, principal perjudicada de esas actuaciones. 

Esa estrategia consistió en el traspaso ilícito a determinadas empresas asociadas de cuotas que procedían de las cotizaciones de los trabajadores –los mencionados extornos– y que, como no habían sido gastadas, deberían haber sido devueltas a la Seguridad Social. Mutua Universal conseguía con ello dar a esas compañías beneficios que otras competidoras no les podían ofrecer, lo que le permitía fidelizarlas; pero también mejorar sus resultados al tener más clientes “en detrimento del resto de mutuas” y de la propia Seguridad Social. 

Para “enmascarar” esas devoluciones ilícitas, la Fiscalía sostiene que los imputados recurrieron a dos grandes modalidades. Por un lado, el pago por parte de Mutua Universal —y, por tanto, de la Seguridad Social— de facturas de servicios inexistentes o que, en realidad, disfrutaban las empresas. Así, estas obtenían “material informático, botiquines, material de prevención, pago de estancias en hoteles y viajes, chequeos médicos…” con cargo a la Seguridad Social. Y, por otro, la cesión a las empresas de personal que pagaba la mutua, principalmente sanitarios encargados de los servicios de vigilancia de la salud. 

En paralelo, la Fiscalía afirma que los acusados usaron fondos públicos para crear y mantener un entramado de empresas que prestó servicios a terceros y a la propia mutua “por precios superiores a los de mercado”. Esas empresas también se utilizaron en el “entramado” de las citadas devoluciones ilícitas de cuotas o extornos. 

Cúpula empresarial y 2.200 compañías al banquillo

Aunque el Ministerio público destacó el liderazgo de Juan Aicart, también recalcó el “poder real” en las estrategias “delictivas” de los cuatro exsubdirectores generales imputados: José Eduardo Villa, Alfredo Isidro Maciá, Francisco Javier Tobajas y Josep García Belaire, para los que pidió seis años y diez meses de prisión. Asimismo, se sentarán en el banquillo cuatro jefes de departamento, una persona de confianza de Aicart, José Luis Pérez Digón, y un asesor jurídico. 

Del informe de la Seguridad Social trascendió que las retribuciones anuales de Aicart ascendían 573.778 euros. El gerente abandonó Mutua Universal en 2007, tras salir a la luz el presunto fraude, con una indemnización de más de medio millón de euros. También trascendió otra cuantiosa indemnización de otro de los implicados en el caso, la del despido de Jordi Pons (de unos 569.000 euros), en 2013, varios años después de su imputación y pese a la insistencia de la Seguridad Social de que la mutua le apartara.

En la patronal de mutuas AMAT indican que actualmente las retribuciones del director gerente y del personal que ejerce funciones ejecutivas en las mutuas están sujetas “a los límites máximos” fijados para “los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades”, como ordenó la exministra de Trabajo Fátima Báñez en 2015. 

La junta directiva de Mutua Universal, con Juan Echevarría Puig a la cabeza en su presidencia, no fue imputada en el proceso judicial. Echevarría Puig, de hecho, siguió presidiendo la entidad hasta 2022, sin que Mutua Universal optara por renovar a la directiva bajo cuyo mandato actuó presuntamente la trama fraudulenta. El empresario catalán, expresidente de la eléctrica Fecsa y de Nissan en España, fue también una figura destacada de la derecha política catalana. En los ochenta, fundó el partido Solidaritat Catalana junto al expresidente de la CEOE Juan Rosell y fue un estrecho colaborador de Manuel Fraga, que no reniega del franquismo. 

La segunda cara del proceso judicial alcanza a un total de 2.289 empresas o entidades a las que se señala por recibir extornos de Mutua Universal, por lo que se les exige responsabilidad civil por haberse lucrado presuntamente de forma ilícita. Hay grandes multinacionales, pero también pequeñas empresas y hasta administraciones públicas. Entre ellas, hay 29 entidades “cuyos respectivos extornos fueron superiores al millón de euros”, subrayó la Fiscalía, y que suman la mitad de todo el dinero presuntamente detraído. Las cinco empresas a las que se reclaman mayores cuantías son Peugeot (11,8 millones de euros), Urbaser (10,7 millones), Carrefour (más de 9,7 millones), Manpower y Securitas Seguridad (ambas con cerca de 6,3 millones). 

Carrefour, Manpower y Securitas Seguridad han declinado hacer declaraciones a este medio sobre este caso. Peugeot, dentro del grupo Stellantis, niegan la negociación de “ningún posible acuerdo” e insisten en que la compañía no fue imputada “por hecho ilícito alguno”: “Únicamente fue citada como responsable meramente civil, y estamos convencidos de que no incurrió en ilegalidad alguna”.

Fuentes de Urbaser explican que la empresa “constituyó ante el órgano judicial un aval en garantía de posibles responsabilidades civiles”, aunque sostienen que no consideran “probable” que la empresa tenga que pagar alguna cantidad. “En el hipotético caso que esto sucediera, cualquier potencial impacto sería repercutido contra la Mutua Universal”, indican.

Las personas jubiladas que cotizaron a antiguas mutualidades laborales ya pueden iniciar el proceso para recuperar parte del IRPF pagado en los últimos años. Se trata de una devolución que afecta a quienes hicieron aportaciones a estos sistemas de previsión antes de que se integraran en la Seguridad Social, en especial en sectores como banca, grandes empresas o el funcionariado. Aunque Hacienda reconoce ahora que parte de esas cotizaciones no debían tributar, el ajuste solo se aplica automáticamente desde la Renta de 2023. Para ejercicios anteriores, debe pedirse expresamente.

Según la interpretación actual de Hacienda, las aportaciones realizadas antes de 1967 están completamente exentas de tributación, y las efectuadas entre 1967 y 1978 disfrutan de una exención del 25 %. Esto significa que, si la pensión que se cobra hoy tiene origen en esas cotizaciones, se puede solicitar la devolución del IRPF correspondiente a esa parte entre los años 2019 y 2022. Los ejercicios anteriores ya están prescritos y no son reclamables.

Cómo presentar la solicitud desde la campaña de la Renta

El nuevo formulario para pedir esta devolución está disponible desde la campaña de la Renta 2024. Al acceder a Renta Web, si el sistema detecta que el contribuyente fue mutualista, muestra automáticamente el formulario. También se puede acceder a él desde la sede electrónica de la Agencia Tributaria. El trámite es sencillo: basta con aceptar la solicitud, introducir el número de cuenta y un teléfono de contacto, y seguir con la declaración habitual.

Aunque ya se puede presentar la solicitud, los pagos no se harán efectivos hasta que se apruebe un cambio legal que permita devolver las cuantías correspondientes a varios años en un solo ingreso. Según la Agencia Tributaria, la modificación normativa es inminente y llegará a lo largo de este año. El objetivo es que los pensionistas no tengan que presentar solicitudes separadas para cada ejercicio ni esperar un proceso complejo y fragmentado.

Qué pasa con quienes ya reclamaron en 2023

Durante la campaña del año pasado, Hacienda activó un primer formulario que solo permitía reclamar un ejercicio. Esa vía quedó invalidada tras los cambios normativos que llegaron a finales de 2023. Por eso, incluso quienes ya solicitaron la devolución tendrán que volver a presentar ahora su solicitud, esta vez para todos los ejercicios no prescritos. Para facilitarlo, la Agencia Tributaria enviará cartas informativas a más de dos millones de personas que ya iniciaron el trámite anteriormente.

En caso de que la administración tarde más de seis meses en hacer efectivo el ingreso desde que se presenta la solicitud, deberá abonar intereses de demora, fijados actualmente en un 4,06 % anual. Este recargo se aplicará automáticamente, sin necesidad de que el contribuyente lo reclame, siempre que se supere ese plazo sin haber recibido el pago.

Con esta medida, Hacienda busca cerrar un capítulo pendiente con los mutualistas, cuya situación tributaria ha sido objeto de controversia durante décadas. Aunque la devolución aún depende de un cambio legislativo, el formulario ya disponible permite avanzar en el proceso y deja constancia de la solicitud. La regularización de estos pagos supone reconocer una situación de desigualdad mantenida durante años, y puede suponer un ingreso importante para muchos pensionistas.

La Agencia Tribuitaria ha colgado en su página web el procedimiento para solicitar las devoluciones del IRPF a los pensionistas que cotizaron a través de antiguas mutualidades antes de 1978, que sufrieron de doble imposición según concluyó la justicia. La nueva solicitud que deben cursar los afectados que no recibieran las devoluciones el año pasado alcanzan a los años “2019 a 2022 y años anteriores no prescritos”, que según afirmó la semana pasada la ministra María Jesús Montero recibirán la devolución en un “pago único” este año.

Así, en este enlace de la página web de la Agencia Tributaria se puede acceder a la solicitud para recibir las devoluciones del IRPF este 2025, que se pueden presentar a partir de este 2 de abril, inicio de la campaña de la declaración de la renta correspondiente a 2024.

Hacienda recuerda en su página web que el pasado diciembre diciembre dejó sin efectos “las solicitudes (vía autoliquidación, solicitud de rectificación y/o formulario)” de devoluciones del IPRF que se había lanzado ese mismo año, tras un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT; y que no se hubieran resuelto a 22 de diciembre. Este cambio levantó a los pensionistas y a los sindicatos contra el nuevo criterio de Hacienda, que rectificó la semana pasada, permitiendo un nuevo procedimiento para recibir las devoluciones de 2019 a 2022 “en un solo pago” este 2025.

Así, la Agencia Tributaria informa de que aquellas solicitudes presentadas “cuya devolución no se hubiera acordado antes del 22 de diciembre de 2024” quedaron anuladas, por lo que estos pensionistas deben cursar de nuevo su petición, con la nueva solicitud disponible desde este miércoles. “Las devoluciones ya abonadas por la Agencia Tributaria no se ven afectadas”, precisa el organismo.

Hasta el momento Hacienda no había dado cifras sobre los posibles afectados por las devoluciones y las suspensiones de las solicitudes, pero este miércoles ha indicado que “cerca de dos millones de contribuyentes estaban pendientes de tramitación” y ahora tendrán que volver a iniciarla.

Aunque la Agencia Tributaria ya ha abierto la posibilidad de tramitar las solicitudes, reconoce en una nota informativa que “está previsto que se produzca una modificación normativa” para rectificar el último criterio aprobado en diciembre, por el que se retrasaba la petición de las devoluciones durante los próximos cuatro años. “De tal manera que el formulario de solicitud que se presente permitirá obtener en 2025 la devolución de los ejercicios 2019 a 2022 y años anteriores no prescritos”, sostiene.

El formulario y el pago de intereses

Para presentar la solicitud, “es necesario disponer de número de Referencia, Cl@ve o certificado electrónico (incluido DNI-e)”, informa la Agencia Tributaria. “También se puede presentar el formulario, en nombre de un tercero, por apoderamiento o colaboración social”, añade.

La Agencia Tributaria indica que para recibir la cuantía de la devolución “únicamente es necesario incorporar un número de cuenta bancaria de la que sea titular el solicitante y un número de teléfono”.

“Además, a los potenciales beneficiaros, cuando no se ha presentado el formulario de solicitud, se les ofrecerá un aviso informativo con acceso directo al formulario nada más entrar al servicio de presentación de la declaración en la Sede electrónica y en la ‘app’”, añade el organismo.

Asimismo, “se les incluirá un aviso informativo cuando conste presentado el formulario de solicitud y cuando ya se hubiera acordado la devolución de IRPF por aportaciones a mutualidades”.

El Ministerio de Hacienda ha informado este miércoles en rueda de prensa que a los beneficiarios “les corresponde intereses de demora”, una reclamación que había exigido los sindicatos y afectados, y que respaldó el Defensor del Pueblo.

Teléfono y consultas presenciales para dudas

El organismo ha colgado además unos contactos para “dudas y asistencia en la presentación del formulario de solicitud” de los antiguos mutualistas.

Estas pueden realizarse por vía teléfonica, a través del teléfono 91 889 81 46, con un horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, o también se puede solicitar una cita para el servicio presencial en oficinas de “Mutualistas: Formulario de solicitud de devolución”, llamando al teléfono 91 290 13 40 (de lunes a viernes, de 9 a 19 horas) o a través de la sede electrónica, en: Asistencia y Cita (agenciatributaria.gob.es).

La Agencia Tributaria también ha colgado en su página web un apartado con “preguntas frecuentes” sobre las devoluciones específicas de los mutualistas.

Este miércoles, 2 de abril de 2025, arranca oficialmente la campaña de la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2024, con algunas novedades y plazos clave que se recogen en esta información.

Buenas noticias para los antiguos mutualistas. Hacienda rectifica y abonará finalmente “en un solo pago” el total de las devoluciones de IRPF en las pensiones de los antiguos mutualistas este 2025, que habían sido retrasadas a finales de año. Así lo ha anunciado este jueves la vicepresidenta María Jesús Montero, ministra del ramo, que ha afirmado que el Gobierno “escucha” las reivindicaciones que le han hecho llegar los afectados, los sindicatos y otras formaciones políticas.

El departamento de María Jesús Montero atiende así las quejas de pensionistas, asi como CCOO y UGT, tras las suspensiones de las solicitudes de devolución de este impuesto a los afectados a finales de diciembre, que además también creaba un nuevo procedimiento que demoraba los reintegros durante los próximos cuatro años.

“Tras escuchar a los colectivos, a los sindicatos, a los grupos políticos, les puedo anunciar que vamos a impulsar un cambio normativo para acelerar al máximo estas devoluciones”, ha afirmado Montero.

Devolución “de una sola vez” en 2025

“El objetivo sería que los contribuyentes con derecho a este reintegro reciban la devolución de una sola vez, en un solo pago, a lo largo de este año 2025”, ha concretado la titular de Hacienda.

“La Agencia Tributaria está en condiciones de poder atender estas solicitudes. Una parte ya se ha pagado en el año 2024. Ahora, a aquellos ciudadanos que así lo soliciten, vamos a devolver en ese solo pago, atendiendo las reivindicaciones que nos estaban haciendo colectivos y grupos políticos con los que el Gobierno llega acuerdos”, ha afirmado Montero.

“Vamos a hacerlo efectivo en el 2025, puesto que los ciudadanos así nos lo están haciendo llegar. Este es un Gobierno que escucha, que dialoga, y que atiende las peticiones de otros grupos políticos”, ha concluido Montero este jueves.

Los sindicatos celebran la rectificación

El cambio de criterio ha llegado por sorpresa, ya que los sindicatos CCOO y UGT se reunieron con el Ministerio la semana pasada y Hacienda mantuvo su criterio, aunque se abrió a reconocer intereses de demora a los afectados. Los sindicatos mayoritarios insistieron en que mantendrían la presión para que la Agencia Tributaria revirtiera su decisión.

Este jueves, CCOO y UGT han celebrado “el anuncio de la rectificación” por parte del Gobierno. “Era una medida arbitraria y discriminatoria para millones de personas, además de afectar negativamente al principio de seguridad jurídica”, destacan las centrales sindicales.

“El procedimiento de devolución todavía no ha sido definido, más allá de que comenzará el próximo 2 de abril. Sí conocemos que será necesario realizar una nueva solicitud”, ha explicado los sindicatos. CCOO y UGT recuerdan que la modificación requiere de un cambio normativo, por lo que han explicado que presionarán “para que se acelere”. “Así mismo, creemos necesario que las devoluciones se vean incrementadas por los intereses de demora (4,0625 % anual en este momento)”, añaden en un comunicado.

En estos días, la Agencia Tributaria estaba haciendo frente a un gran número de reclamaciones de los pensionistas afectados, como estaban impulsando colectivos en defensa de las pensiones y los sindicatos CCOO y UGT.

Además, el Defensor del Pueblo también había anunciado actuaciones ante el Ministerio de María Jesús Montero, dado el gran número de quejas ciudadanas recibidas por esta demora en las devoluciones. Aunque consideraba que la decisión no era inconstitucional, la institución que lidera Ángel Gabilondo destacó a la Agencia Tributaria que alcanzaba a “un colectivo de personas mayores” y que “la dilación en el tiempo de su derecho a la devolución les va a perjudicar respecto de aquellos mutualistas que ya han recibido la devolución correspondiente”.

El Defensor del Pueblo no presentará recurso de inconstitucionalidad por la suspensión de Hacienda de las devoluciones del IRPF en las pensiones de antiguos mutualistas, como le habían pedido en “numerosas solicitudes”, reconoce la institución dirigida por Ángel Gabilondo. Considera que el cambio legal perjudica a los afectados, al retrasar las devoluciones a las que tienen derecho, pero que no contraviene la Constitución. Eso sí, concluye que tienen derecho a intereses de demora.

La resolución del Defensor del Pueblo, a la que ha tenido acceso elDiario.es, cierra una puerta a la que habían acudido muchos pensionistas afectados, así como los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) para intentar tumbar el cambio de criterio de Hacienda, que se ejecutó por sorpresa a final de año a través de una enmienda en una ley presentada por el PSOE.

El conflicto en cuestión afecta a cientos de miles de pensionistas, “probablemente algunos millones”, según calcula CCOO, que cotizaron a través de antiguas mutualidades antes de 1978. Según reconocieron los tribunales, hasta llegar al Tribunal Supremo, estas personas sufrieron de doble imposición, ya que no se pudieron deducir sus cotizaciones a las mutualidades como sí sucedió luego a través de la Seguridad Social.

Para devolver los impuestos a los afectados, Hacienda pactó en 2023 con los sindicatos CCOO y UGT un sistema para reclamar las devoluciones del IRPF por los cuatro años anteriores, no prescritos. Es decir, de los ejercicios 2019-2022, en un solo pago. Sin embargo, a finales de 2024, el Gobierno dejó sin efecto las solicitudes pendientes no resueltas a 22 de diciembre. Además, estableció un nuevo procedimiento para reclamar las devoluciones, ahora año a año, lo que ha levantado a los pensionistas y sindicatos contra Hacienda por dificultar el trámite.

Es el caso del padre de Paulino Morán, minero de casi 80 años, que ha presentado “con mucho enfado” una reclamación ante la Agencia Tributaria por la falta de resolución de su solicitud y también una queja al Defensor del Pueblo. “Reclamamos la devolución del año 2018 tras la sentencia del Supremo, antes de que Hacienda estableciera el procedimiento para 2019-2022, y se lo reconocieron”, explica su hijo.

La solicitud de esos cuatro ejercicios estaba pendiente de pago desde septiembre, indica Paulino Morán. “Sabíamos los importes y todo, pero pasó septiembre, octubre, noviembre y cuando llega diciembre no solo no pagaron sino que anulan las solicitudes”, denuncia el hijo del afectado. “¿Por qué Hacienda no pagó si en septiembre ya había calculado las cantidades que le correspondían?”, se pregunta y critica que la Administración “cambie las reglas a mitad de procedimiento”.

Perjudicial, pero no inconstitucional

Las quejas al Defensor del Pueblo han defendido que las suspensiones en las devoluciones y el cambio de procedimiento de la Agencia Tributaria son contrarios a la Constitución “y, en concreto, a los principios de prohibición de la adopción de medidas restrictivas de derechos individuales con carácter retroactivo, seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad, igualdad y no discriminación, objetividad de la Administración pública, al derecho a la tutela judicial efectiva, y a la coherencia normativa y al derecho a la participación política”.

“Tras un estudio de la disposición en cuestión, no es posible advertir un vicio de inconstitucionalidad en la modificación operada”, concluye el escrito firmado por Ángel Gabilondo.

Por ejemplo, sobre la vulneración del principio de irretroactividad en el reconocimiento de derechos, el Defensor matiza que el derecho a las devoluciones del IRPF no se genera hasta que se termina el procedimiento administrativo, algo que considera que no sucedió con las solicitudes anuladas. “Hasta ese momento, solo hay una expectativa de derechos, que pueden verse afectados por las modificaciones normativas que se aprueben por los órganos competentes”, recoge la resolución.

Otra de las críticas más recurrentes es la arbritrariedad y discriminación de ciudadanos en situaciones idénticas: los mutualistas a los que se resolvió su solicitud y a los que no aunque ambos las presentaron en el plazo establecido. El Defensor del Pueblo rechaza esta tesis, ya que destaca que “la modificación no implica la privación del derecho al abono” de las devoluciones sino “únicamente el retraso en el tiempo”. Esto “puede ser cuestionable”, reconoce Ángel Gabilondo, pero cree que “no puede apreciarse un vicio de tal gravedad que implique la vulneración” de la Carta Magna.

Aunque Hacienda no ha justificado el cambio, ni ha concretado el número de afectados ni el coste de la medida, el Defensor del Pueblo desliza una posible motivación presupuestaria. “Las implicaciones económicas para la Hacienda Pública del Estado de esta cuestión se calcularon inicialmente en torno a 1.700 millones de euros, por el propio Ministerio de Hacienda. Aunque, al parecer, son mucho mayores que esta estimación (Comisiones Obreras realiza un cálculo en torno a los 4.000 millones de euros)”, incluye en su resolución.

Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, destaca que el sindicato “ha reclamado e impulsado reclamaciones ante el Ministerio de Hacienda, Agencia Tributaria y Defensor del Pueblo, para canalizar la queja de miles de afectados y para que esta última institución presente recurso de inconstitucionalidad para corregir” lo que sigue considerando un “comportamiento arbitrario, en este caso, del legislador”. 

Fernando Luján, vicesecretario general de política sindical de UGT, considera que sí se incumple la Constitución por los motivos señalados. “Creo que es claramente contrario al artículo 14 (igualdad) y por supuesto al artículo 9”, que impide la arbitrariedad de los poderes públicos. “Hay un trato desigual entre mutualistas que presentaron la misma reclamación por cómo haya actuado de diligente la Administración en cada caso o en qué territorios se hayan tramitado las solicitudes”, considera Luján.

Derecho a intereses de demora

Aunque rechace presentar un recurso de inconstitucionalidad, el Defensor del Pueblo explica que ha iniciado una actuación ante la Secretaría de Estado de Hacienda, que se encuentra “pendiente de respuesta”. “En el marco de dicha queja”, Ángel Gabilondo destaca que, “al tratarse de un colectivo de personas mayores, la dilación en el tiempo de su derecho a la devolución les va a perjudicar respecto de aquellos mutualistas que ya han recibido la devolución correspondiente”.

El defensor también subraya “los intereses de demora que, en principio, procede abonar a los mutualistas que presentaron sus solicitudes en tiempo y forma a través del modelo habilitado por la Agencia Tributaria”.

La semana pasada, los sindicatos mayoritarios se reunieron con Hacienda, que mantuvo su criterio, aunque aceptó el pago de intereses. “Ha aceptado que deberá incrementar las cuantías a reclamar en los correspondientes intereses, en el tipo de interés de demora tributaria incrementado (4,0625% anual en este momento)”, indicaron los sindicatos. Paulino Morán llama la atención sobre las personas que mueran antes de cobrar estas cantidades.

CCOO “acaba de instar de nuevo al Gobierno para abordar y corregir la aplicación de esta norma y su impacto”, coincidiendo con el inicio del plazo de presentación de la Declaración del IRPF 2024 y la reclamación de los atrasos correspondientes a 2019, subraya Carlos Bravo.