Archivado el caso de la presunta malversación de fondos públicos de la Mutua de Accidentes de Canarias

El juzgado de instrucción número cinco de Santa Cruz ha archivado el conocido como caso de la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), después de casi 15 años de investigaciones y 18 imputados, a los que les atribuían los delitos de malversación de fondos públicos y administración desleal.

Un auto mayo del pasado año ratificado a finales de 2023, declaró el libre sobreseimiento de todos los procesados, tal y como había solicitado el Ministerio Fiscal, al concluir el magistrado que no existe “indicio de la comisión de delito alguno”.

Este caso saltó a la luz pública el 15 de septiembre de 2009 cuando la policía intervino la sede de la MAC en el edificio Elder situado en la calle del Castillo de Santa Cruz de Tenerife, debido a supuestas irregularidades contables que habría detectado la Seguridad Social.

En aquel momento fueron cesados el director gerente, Norberto Cejas, y la directora, Concepción Hernández, entre acusaciones de pertenecer a una “trama familiar” integrada por al menos ocho empresas tapadera, que facturaban cantidades indebidas.

15 años después se ha procedido al archivo definitivo de la causa al constatarse la inexistencia de ninguno de los 25 cargos planteados inicialmente.

La policía intervino la sede al mantener que habían detectado irregularidades al menos en las cuentas de 2007, y se instó a los directivos a dimitir pero como no lo hicieron se procedió a destituirlos, “para poner a otros más cómodos” para el Estado, según los eximputados.

En aquel entonces la MAC contaba con 20.000 empresas afiliadas y daba cobertura a alrededor de 180.000 operarios, por lo que los investigados siempre mantuvieron que se trataba de una operación estatal para controlar la entidad, como había ocurrido en otros puntos del territorio nacional por esas fechas.

El entonces secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granados, se desplazó a Tenerife, donde ofreció una rueda de prensa en la que acusó a la aseguradora de haber derivado casi 7 millones de euros a paraísos fiscales, y justificó la intervención policial por la supuesta alarma social generada.

Una de las acusaciones que se lanzó con más fuerza fue la existencia de una facturación “muy superior” al precio real de los servicios que se devuelve al gerente en efectivo por medio de dinero negro, lo que habría ocurrido en las obras de acondicionamiento de la sede de la calle de El Castillo, pero no se probó.

El fiscal niega que la empresa encargada de los trabajos perteneciera a los imputados y familiares, descartó irregularidades en los alquileres o que la misma constructora hubiese amueblado las cocinas de la vivienda del gerente y de sus hijos.

El Ministerio Fiscal afirma con rotundidad que “todo estaba auditado anualmente y puesto sobre la mesa”.

A lo largo de los años la causa también ha pasado por el Tribunal de Cuentas, donde la cuantía bajo sospecha fue reducida de casi 7 millones a 79.000 euros, que se atribuyen a desajustes contables por alquileres, un despido y una tarjeta de crédito, que se podrían haber regulado administrativamente.

En el ámbito laboral es donde únicamente fueron condenados los directivos, al considerarse procedentes sus despidos por motivos que no están relacionados con la causa penal.

Las personas vinculadas a esta trama lamentan que tres lustros y “5.144 días con sus noches” después de la intervención se ha probado que la alarma social a la que hizo mención Granados fue montada “artificialmente”.