La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre la 'Calidad de la democracia' en España, el tercero de este tipo que hace desde que José Félix Tezanos es su presidente, revela que el 55% de los españoles están poco o nada satisfechos con el funcionamiento de la democracia. Frente a ellos, un 23,9% se muestra “algo satisfecho” y solo un 20,6% se declara bastante o muy satisfecho.

La encuesta, que abarca varios asuntos relacionados con el estado de la democracia española, revela que el 85% de los en torno a 4.000 encuestados por el CIS creen que los actuales mecanismos de los que dispone el sistema democrático para luchar contra la corrupción son insuficientes, un 52,7% considera que los ciudadanos que pertenecen al partido en el poder reciben mejor trato por parte de la administración y un 59,4% cree que los partidos políticos no eligen a sus candidatos por procedimientos democráticos.

En lo que sí parece existir un consenso entre los españoles es en la necesidad de exigir un código ético a todos los cargos orgánicos de los partidos así como a los cargos públicos: un 95,7% están a favor. También hay un apoyo mayoritario a que los partidos den más participacion a sus juventudes (84%) o a que las minorías tengan una representación en los órganos del partido o en las listas electorales (75%), y a un 69% les parece bien que sean los afiliados quienes elijan a los responsables orgánicos de los partidos.

Por otro lado, el 79,2% de los españoles sigue pensando que la democracia es preferible a cualquier otro tipo de gobierno frente a un 8,6% que ve preferible un gobierno autoritario “en algunas circunstancias”. La transición también ha sido una de las preguntas presentes en la encuesta, aunque con menor apoyo que el sistema democrático. El porcentaje de españoles que considera la transición democrática “un motivo de orgullo” es del 71,9%. El porcentaje se incrementa hasta el 76% entre quienes consideran que sin partidos políticos no puede haber democracia.

Más pesimista es la percepción que tienen los ciudadanos sobre su capacidad de influencia en la política nacional. Tres de cada cuatro encuestados piensan que no tiene ninguna influencia sobre lo que hace el Gobierno o que los políticos no se preocupan mucho de lo que piensa la gente como ellos, tres de cada cinco no ven ninguna posibilidad de manifestar su opinión a los políticos y un 75% defiende que, esté quien esté en el poder, siempre buscará sus intereses personales. El 87,6% ve necesario en este sentido que se creen o amplíen nuevas formas de participación de los ciudadanos en los asuntos y decisiones políticas.

La justicia tampoco sale bien parada de la última encuesta del CIS. Casi el 80% de los encuestados cree que la justicia no trata igual a ricos y a pobres en España, un porcentaje que sube al 89,8% entre quienes creen que tampoco trata igual a un político que a un ciudadano corriente. Además, el 78% considera que la justicia no es imparcial en los procesos judiciales que afectan a los partidos políticos. El dato positivo es que una mayoría, el 52,2%, opina que las mujeres tienen las mismas posibilidades de ascender en la carrera judicial que los hombres.

Algo similar ocurre con el periodismo y los medios de comunicación. Según desvela la encuesta, el 56% de los ciudadanos opina que los periodistas tienen menos libertad e independencia que hace 10 años, casi el 75% defiende que los medios de comunicación españoles están concentrados en pocas manos o grupos empresariales y hay consenso entre los encuestados (88,7%) en que los medios “favorecen unas opiniones políticas e/o intereses económicos más que otros”. Además, respecto de la desinformación cada vez más extendida, más del 80% considera que los medios de comunicación se hacen eco de bulos o de mentiras.

De nuevo, entre las principales instituciones democráticas, los españoles siguen situando al frente a las Fuerzas Armadas como la que más confianza les aporta, con 6,8 puntos sobre 10. Le siguen, ya suspensas todas, la Administración de Justicia (4,76), el Gobierno autonómico (4,7), el Tribunal Constitucional (4,27), las organizaciones empresariales (4,24), los medios (4,1) o el Parlamento (4,05). Ya por debajo del 4 aparecen como las instituciones peor valoradas los partidos políticos (2,96), los sindicatos (3,59) y el Gobierno central (3,67).

También existe un apartado en la encuesta en el que los españoles preguntados por el CIS lanzan sus propuestas para mejorar el funcionamiento de la democracia y destacan entre ellas las propuestas relacionadas con mayor poder ciudadano, democracia desde abajo, referéndums para consultar a los ciudadanos o medidas de democracia real; otras relacionadas con cambios en el sistema electoral, para hacerlo más proporcional, con listas abiertas, o con limitación de legislaturas; un tercer grupo de propuestas que se acercan más a la antipolítica: como “echar” a los políticos, evitar la “partitocracia”, que haya menos partidos o gobiernos tecnócratas; y otro grupo de propuestas centradas en la lucha contra la corrupción o en que los partidos políticos pongan mayor atención a “las necesidades y demandas de la gente”.

Alberto Núñez Feijóo abrió la sesión parlamentaria acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de censura y persecución de periodistas, en alusión al programa de mejora de la calidad democrática presentado el día anterior en La Moncloa. “No se veía una cosa así desde Franco”, sentenció.

Ay, señor Feijóo, debería templar muchísimo sus catilinarias. Comparar el plan de transparencia en materia informativa del Gobierno con la dictadura de Franco es una cipotá, que así es como llaman en Andalucía oriental a las majaderías notorias. Si alguna crítica merece esa propuesta es por su modestia, apenas una transposición del reglamento europeo aprobado en Estrasburgo por el mismísimo PP, y por la dilación de su puesta en práctica, tres años.

 Veamos, señor Feijóo. A mí no me parece liberticida que los lectores, los radioyentes y los telespectadores sepan quiénes son los dueños de los medios que siguen habitualmente y a los que suelen dar credibilidad. Al contrario, recelo, y mucho, del camuflaje, la opacidad, la falta de transparencia. El que va con la verdad por delante no teme que se conozca su identidad. 

Tampoco me parece liberticida que se intente dificultar que gobernantes locales y autonómicos financien a sus medios vasallos a través de la publicidad institucional, esto es, con el dinero de todos los contribuyentes. Nos cuesta mucho ganar ese dinero para que, en vez de en servicios públicos como la sanidad o la educación, se malgaste en pagar a propagandistas y predicadores. Que cada palo aguante su vela, compitamos los periodistas y los medios en auténtica libertad, sin que unos estén dopados con la pasta de nuestros impuestos por la gracia de una reina del vermú cualquiera.

 Señor Feijóo, lo que sí encuentro absolutamente liberticida es que un rapero lleve ya tres años y medio en el trullo por unas letrillas de peor o mejor gusto sobre la monarquía. O que una revista humorística reciba, un mes sí y otro también, una querella judicial por herir supuestamente los sentimientos religiosos de unos abogados que se dicen cristianos. Como ciudadano y como periodista, me siento amordazado por no poder decir tan educada como claramente lo que pienso de la monarquía y la religión. Tengo que morderme la lengua en una España en la que, en cambio, despotricar de los progresistas de modo zafio y mentiroso se considera un noble ejercicio de la libertad de expresión.

Cree el ladrón que todos son de su condición. Ayuso afirma estos días que el Gobierno de Sánchez amenaza a los periodistas con sus tímidos intentos de combatir la máquina del fango. Disculpe, señora Ayuso, ¿no fue más bien su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, quien amenazó a elDiario.es con triturarlo y cerrarlo?  Y ahí sigue el llamado MAR, cobrando de nuestros impuestos y dictándole a usted por el pinganillo la cipotá del día. 

Me duele esta España del doble rasero en relación con la verdad. Unos contrastamos las noticias, otros se las inventan tan ricamente. La economía crece, se crea empleo, llegan muchos turistas extranjeros, Cataluña está más tranquila que en tiempos de Rajoy… Todos estos son hechos ciertos y verificables. Como también lo son estos: la vivienda es el gran problema de la juventud española, se acelera la crisis climática, persiste la criminalidad machista, necesitamos inmigrantes y necesitamos ordenar su llegada… 

Pero a muchos medios y redes sociales suelen llegar otro tipo de cosas: informaciones sesgadas o directamente falsas, cuentos de intención politiquera. Si es para meterte con los rojos, los separatistas, las feministas, las minorías sexuales y los moros, aquí puedes publicar lo que te venga en gana. Por ejemplo, puedes acusar a un magrebí de ser el autor de un crimen, y no pasa nada. Aunque el asesino sea un desequilibrado español de toda la vida.

Los medios que publican los titulares que le gustan a Ayuso, como que Sánchez se va a traer un cuarto de millón de mauritanos, y que ella financia con el dinero de los contribuyentes, se han puesto como una hidra ante las medidas anunciadas por el Gobierno. Quien se pica ajos come, dice la vieja sabiduría española. Y es que a esos medio les ampara la misma libertad de expresión que lleva a Trump a afirmar que los inmigrantes van a Springfield a comerse los perros y los gatos, nuestras queridas mascotas. Ah, ya lo dijo Goebbels: cuanto más grande es el embuste, más fácil es que se lo crea gente poco ilustrada.

Bienvenidos sean los objetivos del Gobierno para intentar conseguir un poco más de transparencia en el universo mediático y un poco más de libertad de expresión para todos. A mí me parecen más bien pacatos, ya lo dije, pero no se me escapa cuál es la correlación de fuerzas. Basta con recordar que nuestra televisión privada es un duopolio: dos grandes empresas de ideología conservadora son propietarias de la mayoría de las cadenas que uno va recorriendo cuando pulsa su mando a distancia. ¿Cómo extrañarse de que pongan el grito en el cielo ante cualquier intento de reforma del sistema?

Sigamos siempre la pista del dinero: el que paga manda. Lo dijo Albert Camus cuando le preguntaron por qué había dejado el diario Combat: “He dejado Combat, señora, porque, tres años después de su fundación, ese periódico tenía necesidad de capitales. Y en la historia del periodismo en todo el mundo, los capitales no llegan nunca sin servidumbres. Así que renuncié a las servidumbres al mismo tiempo que a los capitales, y me retiré del periodismo”.

Yo no pienso retirarme, pero soy muy mayor para creerme cuentos de hadas sobre la virginidad del universo mediático por obra y gracia del Espíritu Santo.  

Tenía yo escritas desde hace años unas coplillas sobre los Borbones que no me atrevía a publicar, por miedo a que me caiga una multa o algo peor. Así que cuando he oído que el Gobierno aprueba un plan de regeneración democrática, que incluye reformar el Código Penal en materia de injurias a la corona, me he dicho ¡por fin! Venga, voy a compartir mis coplillas aquí con ustedes. Dicen así: “Los Borbones son unos…”

Espera, Isaac, no corras. Mejor léete bien lo aprobado por el Consejo de Ministros, para estar seguro del todo. A ver, a ver… Ley de secretos oficiales… Transparencia de los medios… Pluralismo… Pues no lo veo… Ah, mira, aquí: “abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal… libertad de expresión… cuando se refiera a las instituciones del Estado”. Supongo que es eso, aunque no dice nada sobre las injurias a la corona. Pero en todas las noticias dan por hecho que están incluidas aunque no se mencionen, y citan a “fuentes de la negociación”, así que voy con ello: “Los Borbones son unos…”

Un momento. Yo necesito seguridad total, que ya nos conocemos. Que te confías y luego aparece algún fiscal muy monárquico, una organización de ultraderecha o un juez con ganas de protagonismo, y te cae una denuncia por injurias a la corona. Poca broma, que las multas son altas y puedes hasta acabar en la cárcel. Así que voy a asegurarme bien antes: voy a ver qué dijeron en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que seguro que allí lo aclararon. Venga, mientras veo el vídeo voy recitando mis coplillas: “Los Borbones son unos...”

Pues no. Me he visto el vídeo entero, y en tres ocasiones los periodistas preguntan a los ministros de Presidencia y de Cultura. Les preguntan con todas las letras: ¿está incluido el delito de injurias a la corona? ¿Cuál es la posición del gobierno sobre el delito de injurias a la corona? ¿Están de acuerdo en eliminar el delito de injurias a la corona? Y en las tres ocasiones, tanto Bolaños como Urtasun responden con generalidades, repiten la redacción de lo aprobado, dicen que no es momento de entrar en detalles, que ya se verá cuando aprueben el proyecto de ley… Ni siquiera pronuncian “injurias a la corona” en sus respuestas, como si la sola mención de las injurias a la corona ya fuera una injuria a la corona.

Pues mira, yo me voy a esperar un poco más antes de publicar mi coplilla. No sea que al final la parte socialista del gobierno saque su lado más monárquico, o que en el Congreso no haya apoyos suficientes para eliminar un delito por el que Europa nos ha puesto la cara roja ya varias veces, o llegue el siguiente gobierno y en vez de suprimirlo lo refuerce.

Y me diréis: venga, Isaac, si ya cualquiera puede hacer coñas con el rey, que eso era antes... ¿Seguro? Sobran los ejemplos de artistas, políticos o tuiteros condenados por expresiones que sí, pueden ser injuriosas, pero no deberían ser delito, o al menos no tener una protección especial y reforzada como tiene la corona. Y muchos otros que no acabaron en condena, pero soportaron denuncias y procesos judiciales. Y lo más irónico: todos los condenados por injurias a la corona lo fueron por expresiones dirigidas no al actual, sino al anterior rey, al que llamaban corrupto, ladrón, parásito y cosas similares. Y mira tú dónde ha acabado el rey injuriado: fuera de España, enriquecido ilícitamente, con casos de corrupción demostrada y un patrimonio inexplicable que heredarán sus hijas.

Y paseándose cuando quiere por España, eso también, aunque no voy a decir lo que pienso, no sea que me empuren por injurias a la corona.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el denominado Plan de Acción por la Democracia, que cumple con algunas antiguas demandas de la mayoría de socios parlamentarios e introduce cambios en la ley mordaza, la de secretos oficiales o el Código Penal en lo que respecta a la protección de la libertad de expresión o el delito de injurias a instituciones del estado, una de las principales demandas de Sumar durante la negociación del texto con el PSOE en el seno de la coalición.

Estas son todas las medidas incluidas en el plan:

Medidas para ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental:

1.1. Desarrollo de estrategias y mecanismos de Gobierno Abierto:

1.1.1. Aprobación de la nueva Estrategia de Gobierno Abierto y remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Administración Abierta para ampliar las obligaciones en materia de transparencia, reforzar los controles sobre los cargos públicos, en especial en materia de conflictos de interés y ampliar la participación ciudadana la colaboración de la sociedad civil en los asuntos públicos.

1.1.2. Celebración en la ciudad de Vitoria-Gasteiz de la novena Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en otoño de 2025, en la que participarán más expertos en la materia y líderes gubernamentales de todo el mundo.

1.1.3 Terminar la ejecución del IV Plan de Gobierno abierto (2020-2024) y preparar el V plan en un proceso de creación conjunta con las organizaciones de la sociedad civil.

1.1.4 Adopción del Acuerdo por el que se aprueba el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado.

1.2. Rendición de cuentas obligatoria:

1.2.1. Establecimiento de una obligación legal de rendición de cuentas cada seis meses para todas las administraciones.

1.3. Estrategias e iniciativas para combatir la corrupción:

1.3.1. Aprobación del Real Decreto por el que se desarrolla una estrategia para combatir la corrupción contemplada en la Ley 2/2023.

1.3.2. Aprobación del Real Decreto para la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante recogida en la Ley 2/2023.

1.3.3. Aprobación del Real Decreto de ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para crear dos nuevas unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado para avanzar en la lucha contra el fenómeno de la corrupción pública y privada.

1.4. Reforma de la Ley de Secretos Oficiales:

1.4.1. Reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.

Medidas para fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad del ecosistema informativo:

2.1. Fijación de nuevos estándares de transparencia de los medios de comunicación:

2.1.1. Creación de un registro de medios de comunicación en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben.

2.1.2. Establecimiento de un deber de publicación anual de inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas. -

2.1.3. Reforma de la Ley de Publicidad institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación.

2.1.4. Reforma de la Ley de Publicidad institucional para garantizar que sistemas de medición de la audiencia y la metodología que utilicen cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad. Asimismo, se establecerán medidas de apoyo para aquellos medios de comunicación que estén íntegramente en lenguas oficiales diferentes del castellano.

2.2. Establecimiento de mayores garantías de la independencia de los medios de comunicación:

2.2.1. Impulso de la ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes.

2.2.2. Transposición Directiva anti SLAPP para la protección de los periodistas de acosos externos.

2.2.3. Reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en su artículo 36, apartado 23, sobre la calificación de la sanción por el uso de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

2.2.4. Refuerzo de la auto-regulación de los Medios y las Plataformas digitales en el marco del Código de buenas prácticas a nivel europeo.

2.2.5. Introducción de límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas.

2.3. Revisión de los mecanismos de defensa del pluralismo y la competencia para evitar la concentración de medios de comunicación en pocas manos:

2.3.1. Revisión del marco regulatorio para garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación.

2.4. Promoción de una mayor calidad del debate público: 

2.4.1. Aprobación de una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación.

2.4.2. Reforma de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, para mejorar el sistema para instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados.

2.4.3. Abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal.

2.4.4. Puesta en marcha de un programa de ayudas dotado con 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios de comunicación a través de la creación de bases de datos, el desarrollo de herramientas de mejora de la productividad y calidad informativa, así como el refuerzo de la ciberseguridad.

2.4.5. Reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación, en consonancia con la creación a nivel comunitario del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación. - Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

2.4.6. Creación de una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación.

Medidas para reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral

3.1. Promoción de instrumentos de transparencia del sistema político y de los procesos electorales:

3.1.1. Reforma del Reglamento del Congreso para establecer la obligación de celebrar anualmente el Debate sobre el Estado de la Nación.

3.1.2. Reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para establecer la obligación de celebrar debates electorales entre candidatos y candidatas.

3.1.3. Reforma de la de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para establecer una obligación de publicación de todos los microdatos de las encuestas electorales, debidamente anonimizados.

3.2. Reforzamiento de los mecanismos de prevención y detección de los conflictos de interés:

3.2.1. Reforma del Reglamento del Congreso y del Reglamento del Senado para reforzar las sanciones por la no presentación de declaración de bienes por parte de sus miembros o la presentación de información falsa o incompleta.

3.2.2. Aprobación de la Ley de Grupos de Interés que regule su código de conducta y facilite el seguimiento del proceso legislativo.

3.3. Fortalecer las sanciones a los partidos políticos que no presenten sus cuentas de manera adecuada:

3.3.1. Reforzar el régimen sancionador aplicable a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada.

Un amplio paquete de reformas comprometidas en materias como la transparencia en el Ejecutivo, el Legislativo y los medios de comunicación o la protección de la libertad de expresión. El denominado Plan de Acción por la Democracia que aprueba hoy el Consejo de Ministros cumple con algunas antiguas demandas de la mayoría de socios parlamentarios e introduce cambios en la ley mordaza, la de secretos oficiales o el Código Penal en lo que respecta a la protección de la libertad de expresión o el delito de injurias a instituciones del estado, una de las principales demandas de Sumar durante la negociación del texto con el PSOE en el seno de la coalición.

El plan cuenta con 31 medidas que el Gobierno tiene previsto implementar en los próximos 3 años para “dotar de mayor transparencia a los medios de comunicación en el marco de lo que ya establece la UE”. “Vamos a trabajar de la mano con los grupos parlamentarios. Queremos reforzar la limpieza de nuestra democracia”, asegura el ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien junto al de Cultura, Ernest Urtasun, ha coordinado los trabajos. 

En el texto que hoy aprueba el Consejo de Ministros, y al que ha tenido acceso elDiario.es, el Gobierno se compromete, por ejemplo, a “abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal. Según fuentes de la negociación, se trata de abordar, entre otros, el caso concreto de las injurias a la corona.

El plan también incluye un amplio capítulo de medidas relacionadas con los medios de comunicación. Principalmente, en cuanto a su financiación y transparencia. De esta forma, se establece “la introducción de límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas”.

También se hace alusión a la “revisión del marco regulatorio para garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación”, así como a la aprobación de una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación. Relacionada también con los medios de comunicación y en la batería de propuestas para la “Promoción de una mayor calidad del debate público”, se plantea la reforma de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, para mejorar el sistema para instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas“.

El documento, que ha sido pactado por los dos socios del Gobierno en el marco de una negociación que se prolongó hasta última hora del lunes con el principal fleco de la reforma del Código Penal respecto a los delitos relacionados con la libertad de expresión, compromete una reforma de la Ley de Publicidad institucional. En primer lugar, “para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación”. Y también “para garantizar que sistemas de medición de la audiencia y la metodología que utilicen cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad”.

“A pesar de ser un primer paso, es un paso histórico”, asegura el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que también desveló la creación de un registro de medios de comunicación y una revisión de la ley de publicidad institucional “para que los sistemas de audiencia cumplan los principios de transparencia”.

Reglamento del Congreso, ley mordaza y secretos oficiales

Al reglamento del Congreso de los Diputados se le introducirán varios cambios vinculados a la transparencia que deben cumplir tanto de los cargos electos como de los partidos políticos. Se propone así “reforzar las sanciones por la no presentación de declaración de bienes por parte de sus miembros o la presentación de información falsa o incompleta”. Así como revisar “el régimen sancionador aplicable a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada”. Igualmente, se establecerá como obligatoria la celebración anual del Debate sobre el Estado de la Nación.

La reforma de la ley mordaza es otra de las antiguas demandas del conjunto de socios parlamentarios progresistas del Gobierno y en el plan también se alude a a ella, aunque sin concreción algúna. En el capítulo de “Establecimiento de mayores garantías de la independencia de los medios de comunicación” se fija la “reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en su artículo 36, apartado 23, sobre la calificación de la sanción por el uso de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Se incluye en la batería de medidas cambios puntuales en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para establecer la obligación “de celebrar debates electorales entre candidatos y candidatas”, así como para establecer una obligación de publicación de todos los microdatos de las encuestas electorales.

Tampoco se detalla, pero se compromete, otro histórico anhelo de la izquierda parlamentaria y de algunas fuerzas nacionalistas como el PNV: la ley preconstitucional de secretos oficiales que data de 1968. En el acuerdo que hoy se impulsa se argumenta que “el contexto contemporáneo aconseja una reforma de esta norma. Es necesario un marco avanzado y garantista que sustituya una ley preconstitucional, vigente desde 1968, para actualizarla y adaptarla a los mejores estándares de las legislaciones de los países democráticos de nuestro entorno. La reforma de la Ley de Secretos Oficiales implica una mayor homologación de nuestra legislación, combinando la seguridad nacional con el derecho a la información y la transparencia. De igual modo, esta reforma también implica cumplir con una de las recomendaciones presentes en el Informe sobre el Estado de Derecho en los últimos años”.

Está el PP como para dar lecciones sobre transparencia. O sobre libertad de expresión. O sobre pluralismo en las televisiones públicas allá donde gobierna. O sobre el significado del reparto ecuánime de la publicidad institucional. Lo de comprar medios y periodistas lo lleva en el ADN. Aparecen algunas pistas al respecto en varios sumarios judiciales de los últimos lustros.

Dato: sólo en el ejercicio 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy repartió 37,7 millones de euros en campañas gubernamentales y jamás dio una explicación de cuáles fueron los criterios empleados para el reparto. 

Dato: 45 millones es la cantidad que Alberto Núñez Feijóo destinó siendo presidente de la Xunta a las empresas editoras de medios de comunicación privados. El método:  ayudas directas (lo que se conoce por contratos a dedo) y convenios opacos de propaganda institucional

Dato: El 60% de la publicidad en prensa que repartió la Comunidad de Madrid, entre 2011 y 2015, con Esperanza Aguirre e Ignacio González de presidentes, recayó en el diario La Razón. El 48% de los anuncios en radio fueron a parar en una misma emisora, Intereconomía. Ambos tienen audiencias muy por debajo de la media de sus competidores.

Dato: sólo el Canal de Isabel II, empresa pública regional, gastó 55 millones de euros en propaganda entre 2006 y 2015. 

Dato: Ayuso gastó al menos 41,5 millones de euros en las campañas publicitarias contratadas entre 2022 y 2023. Que “tiene a todos los medios comprados” es una acusación que no viene de la izquierda, sino de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio.

Ya saben aquello de que “no necesitas comprar a un medio de comunicación, basta con que seas su mejor cliente” que acuñó MAR antaño y lleva todavía hoy a rajatabla. Las astracanadas de la reina de Sol no ocuparían medio minuto en las escaletas de las televisiones o radios ni en los titulares de la prensa si no fuera por la lluvia de millones que reparte entre los amigos. 

Pues pese al historial que acumula el PP en esta materia y en el señalamiento y las amenazas contra periodistas y medios que no ven blanco lo que a todas luces es negro, prepárense esta semana para leer y escuchar todo tipo de críticas al plan de regeneración que el Gobierno aprobará hoy en Consejo de Ministros. No es más que el desarrollo del reglamento aprobado en la UE para conocer la propiedad de las empresas de comunicación, establecer criterios de transparencia en el reparto de ayudas públicas y poner coto a la difusión de bulos.

Aunque el PP lo apoyó en Europa, en España no tiene intención de votar en consecuencia. Ya dijeron que era una treta de Sánchez para volver a los tiempos de la “censura”, del “mayor ataque a la libertad de información”, “otra milonga” y un intento de “castigar por ley a los medios que informan sobre la presunta corrupción que le salpica”.

La derecha no parece estar por la labor de transitar hacia lo que la UE considera esencial, y es que los lectores, oyentes o espectadores sean conscientes de qué intereses pueden estar detrás de la información que reciben. Y también es renuente a la obligatoriedad de declarar la publicidad institucional que perciben los medios, algo que a la UE le inquieta sobremanera y que pretende evitar que se reparta dinero público de forma “discriminatoria” o que se use por parte de los gobiernos para comprar voluntades. Por algo será.

Y lo peor es que contará para su feroz oposición con la compañía de algunas de sus terminales mediáticas y, por supuesto, de los mayores difusores de bulos del país. A todos ellos se les llena la boca a la hora de exigir transparencia en la actividad y los recursos de las instituciones públicas, los gobiernos, los partidos y los diputados, pero cuando se trata de ellos mismos, no están dispuestos a salir de la negritud. No les importa que el periodismo, como la democracia, también muere en la oscuridad porque más que a la búsqueda de la información veraz se dedican a otras cosas. Por ejemplo, dar pábulo a hechos alternativos como forma de engaño, a la ocultación de la verdad, la fabricación de fake news y el señalamiento de los más débiles, por ejemplo de los inmigrantes, que es lo que les ocupa ahora.

Hecho: cuando el viernes Begoña Gómez se acogió a su derecho a no declarar ante el juez que investiga un presunto delito de corrupción y tráfico de influencias en su actividad profesional, el PP salió raudo a criticar la decisión de la esposa del presidente del Gobierno con las mismas palabras gruesas que encadena desde hace meses cada vez que se pronuncia sobre la causa abierta tras la querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias: “Bochorno, vergüenza, indignidad”.

Hecho: el derecho a guardar silencio viene establecido en el artículo 118.1.g de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como uno de los que corresponden a las personas a las que se les atribuye un hecho punible, en el ejercicio de su defensa. Dicho precepto establece el derecho de la persona a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo, así como a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen.

Hecho: en enero de 2023, el juzgado de instrucción número 5 de Salamanca citó a declarar como testigo a Alberto Núñez Feijóo, en calidad de representante legal de su partido, después de que una facción crítica del PP salmantino –en manos de  una gestora– denunciara a la directiva por el reiterado retraso en la convocatoria del congreso regional y el incumplimiento de los estatutos.

Hecho: el presidente del PP desoyó la citación judicial como demandado y no se presentó el día que había sido requerido, lo que provocó un notable enfado en la magistrada, que reprochó a los representantes del PP que decidieron “de forma unilateral” que “no es pertinente que [Feijóo] acuda a este juzgado” porque no era el presidente del partido cuando ocurrieron los hechos. 

Hecho: la instructora afirmó: “Era él el que estaba citado por el juzgado pero no le veo hoy aquí. Es decir, que si el PP, en este caso el señor don Alberto Núñez Feijóo, no se ha personado esta mañana es porque no lo ha estimado conveniente, porque estaba citado él y no estaba citado el señor que está enfrente de mí. Es el PP el que entiende que no tiene que atender a la citación de este juzgado.  Es el PP el que me dice que no tiene nada que aportar. Pues entonces la persona que estaba citada, que era el señor Feijóo, que hubiera venido y me hubiera dicho: es que yo no sé absolutamente nada de este asunto, yo no puedo informarle de nada, no puedo ayudarle de nada, pero era él el que estaba citado. ¿Entonces son el PP y el señor Feijóo los que deciden cuándo es la prueba pertinente, cuándo no lo es, si acudimos o no, porque tenemos que aportar algo o no? Son el PP y el señor Feijóo quienes de forma unilateral, deciden si es pertinente, si no es pertinente, si nos va a aportar algo, si no nos va a aportar algo… Ha eludido la decisión de esta juzgadora, que decidió cursar la citación a él de forma personal”, afirmó la magistrada visiblemente molesta.  

La hemeroteca demuestra que en política ante cualquier acción siempre la que hace el otro –al amparo de un derecho– es peor que la que hace uno mismo –porque le viene en gana–. Se llama hipocresía, falsa moral o doble rasero. No es la primera vez ni será la última. Sin ir más lejos ha vuelto a ocurrir esta semana en la que Pedro Sánchez presentó en el Congreso un plan de regeneración democrática para combatir la desinformación en los medios, limitar la publicidad institucional para que no haya estructuras digitales con más subvenciones que lectores y hacer obligatoria la publicación del accionariado en cada medio.

El proyecto, inspirado en uno aprobado por la UE y que será desde agosto de 2025 de obligado cumplimiento para los 27 estados miembros, fue apoyado por el PP en Bruselas, pero una vez que el Gobierno de Sánchez lo ha hecho suyo, para Feijóo se trata sólo de una obsesión de Sánchez “por controlar” a la prensa, de volver a los tiempos de la censura y de deteriorar la calidad democrática. Y ante semejante radiografía, cabría preguntarse qué entienden el PP y Feijóo por regeneración democrática, por independencia de los medios públicos, por respeto a la separación de poderes, por un reparto equitativo de la publicidad institucional, por luchar contra la corrupción o por la transparencia de los cargos públicos.

Nada como echar la vista atrás y repasar el pasado reciente de la derecha para obtener respuestas. Hágase memoria porque aquí van algunos hechos sobre lo que entiende Feijóo por la calidad democrática:

Una TVE condenada por manipulación. En julio de 2003, con José María Aznar en el Gobierno, la Audiencia Nacional condenó a la televisión pública por vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical, a raíz de la demanda presentada por Comisiones Obreras por presunta manipulación informativa en los telediarios durante la huelga general del 20 de junio de 2002. La sentencia consideró que no se establecieron mecanismos de control “y criterios objetivos” para la distribución de tiempos, espacios y contenidos. Fue el colofón a una ristra de denuncias por “manipulación” informativa por parte de la oposición, que reclamó insistentemente la destitución del director de informativos de la cadena estatal, Alfredo Urdaci. Las peticiones se multiplicaron a raíz de la cobertura de la catástrofe del Prestige y de las manifestaciones contra la guerra de Irak. En el primer caso, los propios trabajadores de TVE-Galicia denunciaron “censura, manipulación y ocultación informativa”. Y a estas acusaciones se unió el autodenominado Comité Antimanipulación, integrado por más de medio millar de trabajadores de TVE con motivo de las coberturas que Urdaci dirigió sobre los atentados del 11M. ¿Una televisión independiente? Como la que presidió el diputado del PP Fernando López-Amor o la que motivó los “viernes negros” contra la manipulación en TVE, la de las protestas desde hace más de 300 semanas de los profesionales de la televisión gallega contra el control de la información.

Un decretazo para acabar con la elección del presidente de RTVE por consenso. Entre las primeras decisiones adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2011, estuvo la aprobación de un decreto ley para modificar la forma de elección del consejo de administración de la radiotelevisión pública, que desde 2006 exigía el consenso de dos tercios de la Cámara de los Diputados. También se suprimieron los consejeros nombrados por los sindicatos, hasta entonces UGT y Comisiones Obreras.

Nueve años de ataques a policías, fiscales y jueces por el caso Gürtel. La instrucción pasó por cinco jueces distintos y dos fiscales de Anticorrupción. Durante los nueve años que duró la investigación, el PP cargó contra la Policía, el ministerio público e incluso contra algún magistrado. “No es una trama del PP, es una trama contra el PP”, dijo Mariano Rajoy, en una de sus intervenciones más célebres, en enero de 2013, flanqueado por la plana mayor del partido. Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, había señalado antes a la “policía de Rubalcaba”. Pese a todo, algunos de los protagonistas de la trama corrupta entraron en prisión, incluido el tesorero del PP, Luis Bárcenas. El país entero, por unos audios, escuchó cómo Correa en un palco del Máster de Tenis de Madrid explicaba que había llevado “1.000 millones de pesetas a casa de Bárcenas”. La Justicia certificó finalmente que el Partido Popular obtuvo 245.000 euros de la red de Correa para pagar sus campañas electorales en Majadahonda y Pozuelo y la sentencia sumó 351 años de cárcel y condenó a 29 de los 37 acusados.

Un CGPJ secuestrado por el PP.  Cada vez que la derecha está en la oposición, la normalidad institucional salta por los aires. El mejor ejemplo es el de la composición del órgano de gobierno de los jueces que ha estado más de  una década con la misma mayoría conservadora, después de que el PP bloqueará su renovación, en incumplimiento flagrante de un  precepto constitucional. 

La guerra sucia y la policía patriótica. El juez Santiago Pedraz investiga hoy en la Audiencia Nacional las pruebas de la guerra sucia del Partido Popular contra sus adversarios políticos. Las pruebas que obran en su poder demostrarían que el Gobierno de Mariano Rajoy tejió, con la ayuda de altos cargos policiales, una red de tentáculos que manipularon en la sombra para desacreditar a cualquier precio a Podemos, el nuevo partido de izquierdas que había irrumpido con 69 diputados en las elecciones de 2015 y acabó con el bipartidismo. La estructura se valió de un grupo de agentes —en el que figuraban hasta 12 mandos de la Policía Nacional— para fabricar pruebas falsas contra los parlamentarios, extorsionar a ex políticos venezolanos para que informasen de la presunta financiación ilegal de la reciente formación morada y hasta rastrear masivamente a todos sus diputados entre 2015 y 2016 a través de las bases de datos del Ministerio del Interior. Y con dinero público. La mal llamada policía patriótica se dedicaba sobre todo a resolver los problemas políticos del PP, ya fuese con operaciones de acoso y derribo a los adversarios, obstaculizar investigaciones por corrupción que afectaban al entonces partido en el gobierno o desacreditar al movimiento independentista catalán con montajes y pruebas falsas.

Espionaje político en la Comunidad de Madrid. En enero de 2009, el diario El País desveló que el Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre tenía un servicio secreto para espiar a políticos y que había hecho seguimientos a Alfredo Prada y Manuel Cobo, que eran los principales adversarios de la entonces presidenta regional en la batalla por liderar el PP tras la derrota electoral de Mariano Rajoy en 2008. “Vinieron a por Pío [García Escudero, expresidente del PP de Madrid], y yo no hablé porque no era de Pío; vinieron a por la tele y yo no hablé porque no era de la tele; vinieron a por la Cámara y yo no hablé porque no era de la Cámara; vinieron a por Ifema y yo no hablé porque no era de Ifema; vinieron a por la Caja y yo no hablé porque no era de la Caja; vinieron a por Rajoy y yo no hablé porque no era de Rajoy; vinieron a por el PP y yo no hablé porque no era del PP... Vinieron a por España”. El hoy diputado por Madrid en el Congreso Manuel Cobo retrataba así cómo Aguirre se había ido haciendo con las instituciones públicas y semipúblicas vinculadas tanto al PP como al Gobierno regional desde que desembarcó en la Puerta del Sol en 2003. Madrid, todo lo que pasaba en Madrid, tenía mucho que ver con el PP madrileño, cuyo secretario general era Ignacio González, quien sustituyó a Granados tras caer éste en desgracia en 2011. Ambos pasaron por prisión.

Destrucción de pruebas en el caso Gürtel. El Partido Popular decidió en mayo de 2013 destruir el disco duro del ordenador del que había sido su tesorero, Luis Bárcenas, cuatro meses después de que El País publicara los papeles de la contabilidad B que durante al menos 20 años usó la formación conservadora para distintos pagos en negro por casi ocho millones de euros. Los populares destruyeron a conciencia el disco duro cuando la investigación judicial acumulaba ya numerosas pruebas sobre la financiación ilegal a través de las donaciones no declaradas de constructores y contratistas de la administración pública. Y todo porque el extesorero había contado que allí guardaba parte de la información que demostraba la existencia de una caja B. Al juez le remitieron dos ordenadores sin memoria y, ante la sospecha de que se trataba de una grosera destrucción de pruebas, decidió remitir el caso a un juzgado de Plaza Castilla.

El control de la sala segunda del Supremo. En noviembre de 2018, el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, envió, después de que se hiciera público el acuerdo entre el PP y el PSOE para la renovación del Poder Judicial, un mensaje en el grupo de Whatsapp de los senadores conservadores en el que aseguraba que su partido controlará “la Sala Segunda desde detrás”. Esta sala del Tribunal Supremo es la única competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno. Trataba así de convencer a sus colegas de las ventajas de un acuerdo por el que el PSOE accedía a dar al PP diez vocales, mientras que los socialistas se hacían con 11: diez más la presidencia. “Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional [en referencia a Manuel Marchena], un gran jurista con una capacidad de liderazgo y autoridad para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61”, esgrimía Cosidó.

No cumplir con la declaración de bienes en el Congreso y el Senado. Un año después de que Pedro Sánchez convocara elecciones generales, un tercio de los senadores del PP aún no tiene su declaración de actividades visada por la Comisión de Incompatibilidades. El proceso es obligatorio y no lo han concluido por el momento 46 de los 143 representantes del partido de Alberto Núñez Feijóo, según los datos oficiales que recoge la web de la Cámara Alta. Entre los que han eludido por ahora las exigencias legales de transparencia están el ‘número dos’ del grupo parlamentario, Javier Arenas, o la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, este último de los más beligerantes, faltones y lenguaraces cada vez que habla de la actividad profesional de la esposa de Sánchez. Claro que el propio Feijóo tardó meses en hacer público el sobresueldo que recibe como presidente del PP y también en presentar  su declaración de bienes y rentas  una vez entregada su acta como senador.

Ruptura del pacto antitransfuguismo. En junio de 2021, el PP decidió abandonar y por tanto dar por roto el pacto antitransfuguismo, del que formó parte ininterrumpidamente como miembro fundador desde 1998. Los populares comunicaron al entonces ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, que se consideraba fuera del acuerdo por el “uso torticero de la comisión de expertos” después de declarar tránsfugas tanto al presidente de Murcia, Fernando López Miras, del PP, como a cuatro diputados de Ciudadanos (Cs) que hicieron fracasar en el último momento la moción de censura contra su Gobierno promovida por el PSOE y Cs.

Eliminación de las oficinas anticorrupción. El PP ha vuelto a imponer en el Senado el  rodillo parlamentario al tumbar, con su mayoría absoluta, una moción del Grupo Socialista que pretendía “fortalecer la transparencia y la calidad democrática y la lucha contra la corrupción” y mantener las oficinas anticorrupción, que desmantela ahora el PP en las comunidades en las que gobierna, como es el caso de Murcia y Baleares. 

Hasta aquí un breve repaso porque la lista de asuntos que acreditan la oblicua relación del PP con la calidad democrática y la libertad de prensa es inabarcable.

Hace tres meses, un 24 de abril, Pedro Sánchez canceló su agenda y anunció que se retiraba cinco días a reflexionar. Volvió con un plan debajo del brazo. Habló de regeneración democrática contra lo que llamó “el fango”. Empezó por el Poder Judicial, y ahora ha presentado la otra pata de ese plan: un asunto que suele ser espinoso, polémico, entre otras cosas porque afecta precisamente a los que arbitramos el debate público, a los periodistas…

Con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, analizamos las propuestas Pedro Sánchez para regular los medios de comunicación y cuáles son las consecuencias de la situación actual de esta cuestión en nuestro país.  

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Tened cuidad con el poder, para convencernos usa mil trucos

Bloque

No me parece que tenga mucho sentido convocar un pleno extraordinario en plena canícula para presentar el “esqueleto” de unas propuestas que no están desarrolladas ni explicitadas y que no han sido consensuadas ni con la sociedad civil ni con los socios parlamentarios que serían imprescindibles para aprobarlas. No me parece que tenga sentido, excepto que algunos de tus socios y parte de la oposición te esté pinchando con que lo de la regeneración no fue sino una ocurrencia para salir del paso de aquellos extraños cinco días de vacío.

Para regenerar la democracia hace falta, primero, no degenerarla y, segundo, implementar nuevos y más grandes controles hacia el poder y más libertades a los ciudadanos y a la sociedad civil para hacerlo. Es al poder al que hay que controlar pero ayer se oyó mucho hablar de control a los medios, control a los otros poderes y muy poquito de abandono de poder por parte de quien lo ostenta. Ayer se oyó hablar mucho de las cuestiones que molestan al poder y a las personas que están en el poder y mucho menos de las que se cuestionan muchos ciudadanos. Se habló mucho de implantar medidas para los medios convencionales y muy poco de las redes que, como sabemos, son las mayores difusoras de bulos. Tuve la sensación de que cuando el presidente del Gobierno habla de ciudadanos está pensando en una ciudadana concreta. Cosas mías.

El esbozo de medidas “en esqueleto” puede agruparse en tres bloques: el de las cuestiones que ya entran en vigor en 2025 con el reglamento de obligado cumplimiento de la UE –y sobre las que no haría falta hacer más–, las medidas referidas a los medios convencionales y las claramente relacionadas con el zapato que le aprieta, que es la situación de su mujer. De estas últimas reseñaré solamente el énfasis en la modificación de la legislación existente que sirve de control a la prensa: Los medios deben ser libres, pueden desarrollar su línea editorial y, a su vez, los ciudadanos tienen que poder defenderse si se vierten sobre ellos calumnias o acusaciones infundadas“. Sucede que todo eso ya es posible en España. ”Queremos cambiar las leyes del derecho a la rectificación y del derecho al honor“. ¿Para qué, para hacer qué, qué problemas hay con una legislación que tiene una jurisprudencia asentada y firme? ¿Quién lo ha demandando? ¿Han sido los ciudadanos? ¿Iba en algún programa electoral?

No es así. Esa idea de cambiar la legislación del honor está directamente relacionada con un problema personal. Por cierto, que se sepa Begoña Gómez no ha intentado ninguna de esas vías, excepto una rectificación a la que no había lugar. Por su parte, a Sumar lo que le preocupa es el honor de los políticos, porque cuando explica su posición afirma buscar “una reparación pública en los supuestos de las interminables instrucciones cuando no se abra juicio oral pero se publiquen innumerables titulares que afecten al honor o al nombre de la persona investigada”. Una frase tremendamente problemática porque, si el medio tituló con la realidad de la investigación judicial, ¿acaso le quieren pedir que haga su propio juicio y silencie determinadas cosas? ¿Cómo va a rectificar lo que fue cierto? Me dirán que eso es preocupación por los ciudadanos. Si es por eso, ya les digo que lo mejor que pueden hacer es dotar con medios a los juzgados saturados para que no haga tres años que tengo interpuesta una demanda de protección del honor sin que de momento haya sucedido nada. Y como yo, tantos. Pasta y juzgados y ya verán qué bien va todo. Y no me voy a privar de recordar que cualquier modificación que se haga ahora pensando en una situación concreta puede darse la vuelta cuando gobiernen otros. No lo olviden nunca.

Les diría que me preocupa ese planteamiento de palo y zanahoria –controlar la financiación pública de los medios y anunciar que tiene 100 millones de euros para repartirles– o esa mención a las medidas contra la concentración, que es un silbido a las cadenas de televisión, o la posibilidad de incrementar la potestad sancionadora administrativa de los medios audiovisuales a través de las competencias de la CNMV o de la creación de un nuevo órgano, o tantas otras cosas, pero la verdad es que no me inquieta demasiado a la vista de la dificultad que van a tener los socialistas para consensuar las medidas con sus socios parlamentarios. Con unos –PNV, Junts– porque son conservadores-liberales y tienen claro que hay líneas rojas en materia de libertad informativa que no se pueden cruzar. Con otros –Sumar, Bildu, ERC–porque quieren ir mucho más lejos. Entretanto, los horizontes judiciales se irán despejando y veremos que las posiciones son diferentes y las urgencias decaen.

Una democracia no se limpia de arriba hacia abajo. Si quieren regeneración escuchen a todos los que les piden transparencia política, supresión de los artículos de la reforma de Rajoy que recortaron derechos básicos, que se atrevan con el enaltecimiento o los delitos apologéticos, que nos devuelvan al estadio anterior a ese afán censor del Estado. Que nos dejen juntarnos a protestar sobre la marcha, que la palabra de los policías deje de ir a misa, que no se pongan multas represivas y que los procedimientos vuelvan al juez y dejen de ser administrativos. Eso es lo que piden los ciudadanos. Lo otro es la piel fina de los políticos que prefieren no ser ni rozados ni por los medios ni por la Justicia. ¡Qué osadía!

En mi adolescencia oíamos música muy instructiva. Yo adoraba al grupo Bloque, me sé de memoria la mayoría de sus temas. “Tened cuidado con el poder, va cambiando de color, poco a poco cambia según acontece, para convencernos usa mil trucos, cuando en realidad todo sigue igual”. Uno se quedaba alertado para siempre. Es al poder al que es preciso controlar, no el poder el que tiene que controlar a sus controladores. La canción se titulaba “Descubrir el terrible sentido de la vida” y lo hemos acabado descubriendo de verdad. Es lo que tiene no haber perreado.  

Pedro Sánchez acaba de anunciar las líneas maestras de su ambicioso plan de regeneración democrática para España. A esperas de conocer los detalles concretos de dicho plan, que trasladará a los grupos parlamentarios en las próximas semanas, ya podemos hacer una primera valoración de urgencia. El plan es muy necesario y puede afirmarse que en varios puntos va en la buena dirección. En muchos aspectos, sin embargo, resulta totalmente insuficiente. Necesitamos más regeneración que ésta.

En los próximos días vamos a ver desgraciadamente cómo el plan de regeneración democrática se politiza en el peor sentido de la palabra, tal y como ya ha empezado a ocurrir en su primera presentación parlamentaria. Algunos partidos van a defenderlo a capa y espada como el mejor plan imaginable y la solución a todos nuestros problemas, mientras otros van a tratar de derribarlo como si fuera la peor de las catástrofes y una nueva ocurrencia del Presidente. Pero teniendo en cuenta que lo que está en juego es la propia democracia, los ciudadanos deberíamos navegar por esas aguas, sabiendo evitar sin temor las peligrosas corrientes partidistas e interesadas de Escila y Caribdis. Y puesto que el plan inicia ahora un largo y noble camino parlamentario en el que todavía será posible modificar todos los aspectos que sea necesario, la prioridad en este momento debería ser la creación de un debate público de calidad sobre un tema tan crucial como éste, una deliberación que persiga la construcción de amplios consensos políticos entre la ciudadanía, relativamente independientes de las cuitas de los partidos.

Comencemos con un poco de contexto. ¿Era necesario un plan de regeneración democrática en España? Sin ninguna duda. Y ello con independencia de las motivaciones particulares que hayan guiado a Sánchez a la hora de proponerlo. Recordemos que el Presidente pre-anunció este plan al término de los cinco días de reflexión que se tomó en el mes de abril, tras conocerse que su mujer estaba siendo investigada judicialmente por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Begoña Gómez tiene todo el derecho a la presunción de inocencia. Pedro Sánchez tiene todo el derecho a sentirse indignado ante la persecución mediática y de las redes de lo que ha denominado “el fango político” de este país, tanto si ella es inocente como si es culpable. Y nada de esto resulta relevante a la hora de plantearnos la regeneración democrática de España. 

Lo cierto es que, más allá del lugar común, la democracia se encuentra en crisis en todo el mundo. Nuestras democracias afrontan retos gigantes como la desafección política de la ciudadanía, la pérdida de confianza en las instituciones representativas y la clase política –que es letal para la legitimidad del sistema–, la desinformación y la manipulación mediática, el empobrecimiento generalizado de la esfera pública no institucional, el auge del populismo y la extrema derecha antidemocrática, o la falta de adaptación de estas democracias ante un mundo cambiante, complejo, digitalizado y global, como evidencia el déficit de respuesta adecuada ante las oportunidades y amenazas de la inteligencia artificial. Y ello por no mencionar la falta de respuesta adecuada por parte de nuestros países a los grandes problemas planetarios como el cambio climático, la sexta extinción masiva de especies y la consiguiente pérdida de biodiversidad, la concentración sin precedentes y a escala global de poder en pocas manos privadas, la salud planetaria o las galopantes desigualdades socioeconómicas tanto internas de los países como a nivel global.  

Son tantos y tan grandes los retos a los que nos enfrentamos que sí, es muy necesario elaborar un plan de transformación profunda y general del sistema democrático en España. Todos los sistemas democráticos del mundo, de hecho, deberían transformarse en profundidad si queremos salvar los valores y principios esenciales de la democracia que nos han llevado a los niveles más altos de bienestar, legitimidad y justicia de la historia de la humanidad. Y la democracia española no es una excepción a esa necesidad. 

En mis mañanas optimistas, observo que nunca antes habíamos dispuesto de tantos recursos materiales, tecnológicos y humanos para alcanzar una verdadera democracia de calidad, constato que en buena medida la desafección ciudadana está justificada y surge de un nivel de exigencia mayor hacia nuestros políticos y nuestras instituciones, me convenzo de que ésta no es más que una crisis de crecimiento y evolución de la democracia hacia algo mejor, como tantas ha habido antes en la historia de la democracia, y de que un plan de regeneración es el instrumento que necesitamos para dar un importante salto adelante. En mis noches pesimistas, en cambio, no dejo de ver signos muy preocupantes de involución democrática en la mitad democrática del planeta, procesos muy negativos de transformación social sin demasiados precedentes o con pésimos precedentes en la historia, hasta bien urdidas estrategias internacionales de desestabilización de nuestros sistemas, y sueño entonces con un plan de regeneración que sea cuanto menos defensivo, que nos permita salvar los muebles.   

Veamos ahora las propuestas anunciadas por Sánchez, que vienen por el momento agrupadas en tres paquetes distintos. La que más titulares está acaparando es la reforma de la regulación de los medios de comunicación, con la introducción de mayores medidas de transparencia y rendición de cuentas de los grupos que controlan los medios, que permitan conocer quiénes son los accionistas que los dirigen en última instancia o cuánto dinero público reciben, que luchen contra la concentración empresarial en el sector, con una normativa más efectiva que limite la publicidad institucional, con medidas de protección a la independencia de los periodistas, etc. Todos sabemos que los medios de comunicación son fundamentales para el buen funcionamiento de nuestros sistemas democráticos, que los ciudadanos necesitan fuentes independientes e imparciales de información de calidad, y que este sistema de medios lleva décadas atravesando turbulencias financieras y presiones públicas y privadas que lo han llevado a una situación crítica. 

¿Son suficientes las medidas anunciadas por Sánchez para reflotarlo? Sin duda no lo son. Primero, porque la transparencia perseguida, aunque necesaria, no servirá para dotar al sector de un plan de viabilidad económica que lo salve de las presiones que lo están llevando al agotamiento. Segundo, porque el deterioro acelerado del sistema de medios de información ciudadana viene especialmente propiciado por el surgimiento de las plataformas digitales y redes sociales, principal fuente utilizada hoy por nuestros conciudadanos para informarse. Y aunque el plan de Sánchez anuncia medidas para proteger los derechos de los ciudadanos frente a dichas plataformas, parece impensable que puedan tener alguna efectividad ante un sector global, hiper-poderoso y ampliamente desregulado. Tercero, porque no parece abordarse el último giro de tuerca del torniquete que subyuga a los medios, que es la irrupción de la inteligencia artificial. Y cuarto, porque el problema de los medios es de manera creciente un problema global, y las limitaciones objetivas de este gobierno y cualquier otro en ese punto parecen insalvables.     

El segundo paquete de medidas tiene que ver con la creación de una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y una Ley de Administración Abierta. Es una noticia excelente. A ver si de una vez por todas el gobierno toma medidas ambiciosas y efectivas para cumplir con los compromisos adoptados en el marco del Open Government Partnership del que España es parte desde hace 13 años ya. Recordemos que el ideal de un gobierno abierto, hoy indiscutible en el mundo y sin que venga marcado por ninguna ideología concreta, tiene que ver con instituciones públicas que operan de forma transparente, rindiendo cuentas efectivas de sus actuaciones ante la ciudadanía, y beneficiándose de las aportaciones que dichos ciudadanos pueden realizar a la hora de tomar mejores decisiones públicas. Pero, aunque no conocemos aún los detalles de esta Estrategia, es importante señalar importantes limitaciones de inicio. 

En primer lugar, ninguna Estrategia Nacional para “abrir” nuestras administraciones va a ser efectiva a menos que transformemos la administración pública en su conjunto y desde la base, que cambiemos íntegramente su organización y funcionamiento, la manera de seleccionar a su personal o la forma de relacionarse con la ciudadanía, una reforma que ha ido postponiéndose durante demasiados años por parte de gobiernos de distintos colores en España y en sus comunidades autónomas. Segundo, porque como nos recuerda Beth Noveck, directora del The GovLab e investigadora de la Universidad de Northeastern, y una de las máximas especialistas en gobierno abierto del mundo, la idea de gobierno abierto no es suficiente si lo que buscamos es una verdadera regeneración democrática. Necesitamos instituciones más inteligentes y abiertas, pero para ello necesitamos de manera prioritaria contar con ciudadanos inteligentes y mecanismos realmente innovadores de organizar nuestra inteligencia colectiva. Es necesario profundizar en los mecanismos de participación y deliberación ciudadanas, no sólo porque lograremos así una mayor legitimidad democrática, sino también porque será la mejor manera de impulsar un gobierno y una administración verdaderamente más efectivos que resuelvan adecuadamente los problemas públicos.

Esto me lleva al tercer paquete de medidas anunciado por Sánchez, que tiene que ver con la derogación de la ley mordaza y la reforma de la ley electoral y de los reglamentos del Congreso y del Senado. Entre lo poco que ha dicho a estes respecto, su intención es convertir en obligatorios los debates electorales entre candidatos en los medios, o aumentar la transparencia y el control sobre los patrimonios de los diputados y senadores. Estas medidas pueden tener algún valor, pero si hay un ámbito en el que lo anunciado por Sánchez resulta más preocupante, es sin duda éste. 

En primer lugar, no sabemos los detalles relativos a la derogación de la ley mordaza, un auténtico peligro para el ejercicio del derecho más sagrado de todos nuestros derechos políticos, el derecho de protesta. Pero, aunque la derogación fuera total, es evidente que eso sólo restauraría los derechos que teníamos hasta 2015, y no suponen una mejora profunda de nuestra forma de participar políticamente. En segundo lugar, sabemos perfectamente que obligar legalmente a celebrar debates en los medios no va a servir de nada. No hay más que ver la pobrísima calidad de los debates que se organizan ahora. Este plan olvida que el objetivo realmente importante debería ser el de fortalecer el sistema de deliberación pública, un sistema a través del cual los ciudadanos deberían poder participar en pie de igualdad y libertad en un debate sobre los temas más importantes de nuestro país. Este el núcleo duro de cualquier democracia de calidad. Y la tan necesaria reforma de la ley electoral, así como del resto de legislación que regula la partición ciudadana, debería poner el énfasis ahí, en cómo fortalecer la participación y deliberación ciudadanas en los asuntos públicos, en cómo transformar nuestras cámaras legislativas en un parlamento abierto, digitalizado, participativo, en cómo democratizar profundamente todas las instituciones del estado. No es un objetivo utópico o impensable. En otros países se están haciendo las cosas bien y debemos aprender de ellos.      

Como experto en democracia, llevo toda mi vida esperando ver un plan de este tipo en España. Felicito a Pedro Sánchez por haber tenido la iniciativa de proponerlo, como nunca antes un presidente había hecho. Pero me preocupa que algunos de los puntos anunciados, de confirmarse, puedan llevarnos a una decepción, una más, con nuestra política democrática. Casi todas las preocupaciones expresadas aquí son solucionables. Sánchez ha abierto una ventana de oportunidad para que hagamos las cosas bien y ayudemos a nuestro sistema democrático a salir de la crisis en la que ha caído. Pero, como en democracia el gobierno debe ser en última instancia ejercido o controlado por la ciudadanía, comencemos por el ineludible primer paso y tengamos entre todos un buen debate ciudadano sobre cómo debe realizarse esta regeneración democrática. Y, por favor, que nuestros políticos, por una vez, estén a la altura y se dejen de estrategias, tacticismos y números circenses.   

El Gobierno pretende iniciar una ronda de contactos con los diferentes grupos políticos para llevar a cabo un “plan de acción que ayude a proteger la democracia”, según ha indicado Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso de los Diputados, en el que ha explicado cuáles serán las medidas principales de ese plan. Sánchez ha indicado que esta propuesta del Ejecutivo viene de la voluntad de trasladar el reglamento de la Unión Europea, votado por todos los partidos excepto la extrema derecha, a la legislación española. Estas medidas se centran, ha indicado el presidente, en “cuatro grandes principios: transparencia, independencia, pluralismo y protección”:

Más transparencia en los medios: financiación, audiencias y publicidad

Uno de los ejes fundamentales en los que se centran las medidas es el que corresponde a los medios de comunicación, especialmente a mejorar su transparencia. Para ello, se pretende fijar nuevos estándares “sobre la propiedad, asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias” de los medios de comunicación privados, con el fin de que los ciudadanos puedan conocer “sus fuentes de financiación, el nombre de sus accionistas y sus cifras de audiencia”.

Además, se pretende limitar la “financiación que las administraciones pueden dedicar a los medios para que no haya ninguno que tenga más financiadores públicos que lectores”. Para eso se pretende actualizar la Ley de Publicidad Institucional, “aprobada hace casi 20 años”.

Independencia y pluralismo de los medios

Se pretenden llevar a cabo actuaciones para proteger y asegurar la “independencia editorial y los derechos de los profesionales de los medios para evitar las presiones del ámbito político y empresarial” sobre los periodistas. En este punto, el presidente del Gobierno ha hecho alusión a las amenazas del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a elDiario.es. “Para que ningún periodista tenga que escuchar de nuevo 'os vamos a triturar, vais a tener que cerrar'”, ha asegurado, en referencia a las palabras que le dijo a una periodista de este periódico.

Además, se pretende establecer acciones para defender el pluralismo y la competencia “para evitar la concentración de medios en pocas manos”.

Protección de derechos

Otro de los puntos es el que corresponde a los movimientos para asegurar los derechos, tanto de los medios, como de los ciudadanos. “Queremos reforzar los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía”, ha indicado Sánchez. “Los medios tienen que ser libres, poder desarrollar su línea editorial y los ciudadanos tienen que poder defenderse si se vierten calumnias”, ha añadido.

Paquete de ayudas para la digitalización

De manera adicional, se ha anunciado un paquete de ayudas de 100 millones de euros para la digitalización de los medios, tanto para llevar a cabo estas tareas de digitalización como para reforzar su ciberseguridad. Dicha ayuda provendrá, ha explicado el presidente socialista, de los fondos europeos e irá destinada “a todos los medios que lo necesiten con independencia de su línea editorial”.

Ley Mordaza

Dentro de este paquete de regeneración entra también la reforma de parte de la Ley Mordaza, anunciada por la vicepresidenta Yolanda Díaz este martes. “Propondremos una nueva reforma de la Ley Mordaza en lo relativo a la libertad de expresión. En coherencia, de nuevo, con la Constitución Española”, ha añadido Sánchez.

Poder Ejecutivo: estrategia para la transparencia sobre la información gubernamental

Esta regeneración pretende también mejorar la transparencia en el Poder Ejecutivo. Por ello, el Gobierno pretende aprobar una “Estrategia Nacional de Gobierno Abierto”, además de presentar una “nueva Ley de Administración Abierta, que amplíe y mejore la cantidad y calidad de información gubernamental”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en el Congreso que las principales medidas de su plan de regeneración que expondrá en las próximas semanas a los grupos parlamentarios se centrarán en la profundización de la transparencia de la administración y, especialmente, de los medios de comunicación. Así, Sánchez propondrá a los partidos que se obligue por ley a que los medios concreten quiénes son sus accionistas y qué entidades o personas los financian. También impulsará una normativa para limitar la publicidad institucional.

Todo ello, ha dicho, responde al cumplimiento del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación aprobado hace unos meses por el Parlamento Europeo. Y el objetivo es “establecer salvaguardas para combatir las injerencias políticas en las decisiones editoriales, proteger a los periodistas y a sus fuentes y garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación”. Los cuatro grandes principios de la reforma serán, por ello, “transparencia, independencia, pluralismo y protección”.

Según Sánchez, la idea es “fijar nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias de los medios de comunicación privados”. “Los ciudadanos deben poder conocer las fuentes de financiación de los medios, el nombre de sus accionistas y sus cifras de audiencia”, ha remachado.

También ha pedido Sánchez “limitar la financiación que las administraciones pueden dedicar a los medios para que no haya ninguno que tenga más financiadores públicos que lectores”, para lo que plantea “actualizar la Ley de Publicidad Institucional, aprobada hace casi 20 años, cuando se leían más en papel que en pantalla y no existían las redes sociales”.

Evitar las presiones a los periodistas

El jefe del Ejecutivo propone, asimismo, “medidas para proteger la independencia editorial y los derechos de los profesionales de los medios para evitar las presiones del ámbito político y empresarial sobre los profesionales de la información”, así como “mecanismos de defensa del pluralismo y la competencia para evitar la concentración de medios en pocas manos”. También ha puesto encima de la mesa la propuesta de aprobar “medidas para asegurar los derechos de los medios de comunicación y los consumidores frente a las grandes plataformas digitales”. 

“Del mismo modo, queremos reforzar los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía”, ha añadido Sánchez, que ha confirmado que el plan de regeneración incluirá “una nueva reforma de la Ley Mordaza en lo relativo a la libertad de expresión”

“No es la intención del gobierno repartir carnets de fiabilidad de los medios”, ha recalcado Sánchez durante su comparecencia en un Pleno extraordinario del Congreso. La idea, según ha dicho, es luchar contra los bulos, “garantizar una información veraz” y hacer cumplir así la Constitución. “Sin medios libres y de calidad no hay democracia”, ha remarcado el jefe del Ejecutivo, que ha alertado de que alerta de que “el consumo reiterado de noticias falsas está ligado al auge de la ultraderecha o de la xenofobia, el antisemitismo y la homofobia”.

En esa línea, Sánchez ha asegurado que los bulos y mentiras publicadas en medios y “pseudomedios” no son “casuales ni inocentes”, sino que hay “alguien que las fabrica” porque tiene un “interés”. Como ejemplo, el jefe del Ejecutivo ha mencionado la creencia de que la economía está en crisis “cuando en realidad es una de las más prósperas de Europa”.

Falsas cifras económicas, sobre okupaciones o migrantes

Sánchez también ha indicado que los bulos “han hecho que el 34% de los ciudadanos tema que alguien ocupa su casa cuando este problema afecta a menos del 0,06% de las viviendas”, además de que la “gente crea que el número de migrantes que conviven con nosotros sea el doble”, o ha llevado a gente a creer que “vacunar a los niños es malo” o que el “cambio climático no está causado por la acción del ser humano”.

Otro de sus anuncios tiene que ver con la ayuda a los medios “a seguir digitalizándose de forma independiente y segura”. Así, el Gobierno “pondrá en marcha un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación que lo necesiten con el fin de crear bases de datos, desarrollar herramientas que mejoren su productividad y calidad informativa y reforzar su ciberseguridad”.

Sánchez ha insistido en la necesidad de “garantizar una prensa libre, independiente y plural” y ha alertado de la existencia de “viejos enemigos” de la democracia “con nuevas herramientas”. Así, ha considerado que las 'fake news' “erosionan la confianza de la ciudadanía en la democracia y sus instituciones”.

Transparencia del Gobierno y reforma de la ley electoral

El jefe del Gobierno también ha anunciado medidas referidas al poder ejecutivo. Sánchez ha dicho que su equipo aprobará una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y presentará una nueva Ley de Administración Abierta, “que amplíe y mejore la cantidad y calidad de información gubernamental”. 

Finalmente, en lo que respecta al poder legislativo y el sistema electoral Sánchez ha planteado “reformar los reglamentos del Congreso y del Senado para endurecer las sanciones a aquellos diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y actividades, o que lo hagan con información falsa o incompleta”. Y también propone una reforma de la ley electoral con un doble objetivo: establecer la “obligatoriedad de celebrar debates electorales entre los candidatos en los medios de comunicación” y que “todas las encuestas publicadas incorporen los microdatos y la metodología de estimación de resultados”.

Estas principales líneas esbozadas por el presidente del Gobierno se conocen casi tres meses después de que el propio Sánchez anunciara su pretensión de avanzar en la regeneración democrática. Lo hizo el 29 de abril a raíz de la “reflexión” que realizó durante cinco días en los que mantuvo en vilo al país al plantearse incluso dejar el cargo por los daños personales que le estaban causando las informaciones y bulos que se han difundido sobre su familia y, en concreto, sobre su pareja, Begoña Gómez.

La de este miércoles será previsiblemente su última comparecencia de Sánchez en el Congreso del curso político. Y, de nuevo, los socios han exigido al Gobierno una mayor interlocución para pactar la estrategia política de la legislatura.

En el horizonte está la aprobación de los Presupuestos de 2025, una vez que el Consejo de Ministros diera este martes el inicio oficial al trámite con la aprobación del techo de gasto para el próximo año.

Pedro Sánchez trata de recuperar el pulso de la legislatura casi al final del curso político y a solo unos días del parón estival. En un Pleno extraordinario del Congreso, el presidente del Gobierno pretende este miércoles que la presentación de su plan de regeneración democrática suponga un revulsivo parlamentario que le permita crear nuevos consensos y restablecer la confianza entre sus socios para preparar así el terreno de cara a la aprobación de los Presupuestos de 2025, a la vuelta del verano.

El esbozo de las principales medidas de ese plan en el Parlamento –que Sánchez sumará a sus explicaciones sobre los últimos consejos europeos– llega en un escenario político complejo, marcado por el ciclo electoral que comenzó el 28 de mayo de 2023, con la celebración de los comicios autonómicos y municipales, y concluyó el pasado 9 de junio con las europeas.

La sucesión de citas con las urnas –incluidas las generales de 2023 o las catalanas de mayo– han alterado el calendario legislativo y han condicionado los apoyos del Gobierno en el Congreso por las estrategias electoralistas de todos los actores políticos. Pese a la aprobación de la ley de amnistía a finales de mayo, durante estos meses el Ejecutivo ha perdido varias votaciones parlamentarias y las derechas han ganado otras, alterando el juego de mayorías que puede dar estabilidad a la coalición.

Ahora, aunque sigue pendiente la resolución del proceso electoral catalán del pasado 12 de mayo entre presiones de ERC al PSC para lograr un acuerdo que permita a investir como president a Salvador Illa antes de agosto, la idea del Ejecutivo es rearmar la mayoría que permitió a Sánchez ser investido el pasado noviembre.

Una reforma parcial de la ley mordaza

El primer paso será la presentación del plan de regeneración de este miércoles que, a la espera de la confirmación por parte del propio presidente del Ejecutivo, contemplará un número importante de reformas legislativas que deberán realizarse en los próximos meses y para las que Moncloa confía en lograr el respaldo de sus socios. La idea es recuperar el pulso político y la iniciativa de la legislatura con la ayuda de las fuerzas de izquierda, nacionalistas e independentistas. Muchas de ellas tienen que ver con compromisos adquiridos con esas fuerzas políticas a cambio de su apoyo a Sánchez.

Fue el pasado 29 de abril cuando Sánchez anunció su pretensión de avanzar en la “regeneración” a raíz de la “reflexión” que realizó durante cinco días en los que mantuvo en vilo al país al plantearse incluso dejar el cargo por los daños personales que le estaban causando las informaciones y bulos que se han difundido sobre su familia y, en concreto, sobre su pareja, Begoña Gómez. Pero desde entonces él tan solo ha desvelado su pretensión de limitar la publicidad institucional y la financiación pública de los medios de comunicación, así como la modificación del derecho al honor o a la rectificación, tal y como explicó el pasado día 1 en una entrevista en la Cadena Ser.

Este martes, cuando apenas quedaban 24 horas para el Pleno, Sumar anunció un acuerdo con el PSOE para ampliar esas medidas anunciadas previamente por Sánchez. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, habló de la “derogación de la ley mordaza”, que es precisamente uno de los principales compromisos del presidente del Gobierno con sus socios y el que más le reprochan que haya incumplido en sus seis años en la Moncloa.

En realidad, lo acordado por las dos fuerzas políticas del Ejecutivo se limita a poner fin a uno de los aspectos más polémicos de la norma aprobada por el PP cuando tenía mayoría absoluta: la toma de imágenes de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero no aborda el fin de las pelotas de goma por parte de los cuerpos policiales o la prohibición de las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes que son aspectos esenciales para socios del Gobierno como ERC y EH Bildu. Esa limitación de la reforma podría dificultar, por tanto, el apoyo de esos grupos durante la tramitación parlamentaria.

Desde la parte socialista del Ejecutivo, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, sí apuntó este martes, tras el Consejo de Ministros, que el PSOE está en negociaciones con otros grupos para derogar otros aspectos de la ley mordaza, si bien no concretó cuáles ni con quién se está hablando específicamente.

Pistoletazo de salida a los Presupuestos

El pacto con Sumar sí incorpora alguna de las principales peticiones de este grupo. El texto, que deberá desarrollarse posteriormente a través de distintas iniciativas parlamentarias, contempla la reforma del Código Penal “para proteger la libertad de expresión”. Se trata, por un lado, de suprimir el delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, reflejado en el artículo 525 del mismo. Por otro, también recoge la derogación de los delitos contra la Corona, recogidos en los artículos 490.3 y 491, y poner fin a las injurias a instituciones del Estado.

Sin más concreción, el acuerdo de los dos miembros de la coalición del Gobierno suma una medida para la “reparación pública en los supuestos de interminables instrucciones judiciales cuando no se produzca apertura del juicio oral pero se publiquen innumerables titulares afectando al honor o al buen nombre de la persona investigada”.

Sánchez tiene previsto dar detalle de todas esas iniciativas ante el Pleno del Congreso en la que será previsiblemente su última comparecencia del curso político, con socios que exigen al Gobierno una mayor interlocución para pactar la estrategia política de la legislatura y una vez que el Consejo de Ministros diera este martes el inicio oficial al trámite presupuestario con la aprobación del techo de gasto para el próximo año.

Enfrente tiene a una derecha escorada a posiciones extremas, por la pugna entre PP, Vox y el partido de Alvise Pérez, que dificulta nuevos pactos como el alcanzado en junio entre socialistas y populares para renovar el Consejo General del Poder Judicial tras cinco años de bloqueo por parte de los de Alberto Núñez Feijóo.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha anunciado este martes un acuerdo entre Sumar y el PSOE para derogar la conocida como ley mordaza. A su llegada al Consejo de Empleo y Política Social en Bruselas, la ministra de trabajo ha señalado que esta norma “va a ser derogada”. “Acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista”, ha dicho. Cuestiones que hicieron decaer el anterior intento de reforma por la falta de apoyo de los socios parlamentarios, ERC y Bildu, como el uso de pelotas de goma y las devoluciones en caliente han quedado fuera del pacto. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha indicado que se están negociando con los grupos parlamentarios aquellas “materias que consideran imprescindibles”.

La derogación de la ley mordaza es un compromiso de Pedro Sánchez con sus socios de investidura y, según ha indicado Díaz, Sumar también contempla una reforma del código penal que afectará a las injurias a la corona y a otras instituciones y a las libertades públicas que se veían condicionadas por esta norma. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha enmarcado esta modificación “única y exclusivamente” en la parte referida a los delitos por injurias, que se hará efectiva “después de escuchar y debatir con los grupos parlamentarios”.

El presidente del Gobierno anunciará la medida mañana, dentro de un paquete más amplio que, según ha anunciado la vicepresidenta, incorporará también una reforma de la ley de publicidad institucional. “Va a impedir que quienes practicando el pseudoperiodismo vulneren los códigos deontológicos sean privados de financiación pública”, ha indicado Díaz, en línea con la puerta abierta que dejó Sánchez hace unos días a este respecto.

Como revelaba este martes elDiario.es, el objetivo de Sumar era que el plan de regeneración democrática avanzado por Sánchez fuera más allá de la limitación de la publicidad institucional. La formación ha maniobrado para que los socialistas incluyan en ese paquete otra serie de medidas, entre las que se encontraba la derogación de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza.

Qué incluye el acuerdo entre PSOE y Sumar

El acuerdo entre Sumar y el PSOE anunciado por Díaz incluye, según fuentes del socio minoritario del Gobierno, la modificación de la norma en un asunto que era especialmente polémico: la toma de imágenes de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El artículo 36 de la ley tendrá una nueva redacción, donde se recogerá que “la situación de peligro o riesgo cierto generado deberá se constatable y reflejarse motivadamente en el acta o en la denuncia, y con el mayor detalle que sea posible. No constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión”.

Según estás mismas fuentes, el acuerdo incluye también la reforma del Código Penal para suprimir el delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, reflejado en el artículo 525. “Con el, los denominados ”abogados cristianos“ presentan querellas contra cualquier escritor, periodista o trabajador de la cultura que critique el catolicismo”, indican desde la formación. Además, se derogarán los delitos contra la corona y las injurias a instituciones como el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o las Fuerzas Armadas, que han servido en ocasiones para condenar la actividad sindical.

Por último, Sumar y el PSOE han acordado modificar la ley de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen para “incluir una reparación pública en los supuestos de interminables instrucciones judiciales, cuando no se produzca apertura del juicio oral pero se publiquen innumerables titulares afectando al honor o al buen nombre de la persona investigada”.

“No se puede seguir permitiendo supuestas actuaciones de instrucción judicial indeterminadas que no acaban en juicio porque no hay ningún tipo de prueba, de indicio, que acredite, que amerite una investigación que ponga de manifiesto que se han infringido normas, pero son instrucciones prolongadas que tienen un claro efecto político para desprestigiar a personas, a liderazgos políticos, sociales y sindicales”, ha indicado el diputado de Sumar Enrique Santiago a preguntar de los periodistas en el Congreso de los Diputados.

La derogación de la ley mordaza ya se incluía en el acuerdo de coalición suscrito en 2019 entre el PSOE y Unidas Podemos. En él, las formaciones se comprometían ya a sustituir esa norma por otra que garantizase “el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”, basada en “una concepción progresista de la seguridad ciudadana”, priorizando “la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía”.

Con el acuerdo anunciado este martes, el Gobierno, ahora con Sumar, intentará por segunda vez derogar esta norma, herencia del Ejecutivo de Mariano Rajoy, tras el fracaso en la anterior legislatura. En 2023, la reforma de la ley murió en el Congreso tras tres años de tramitación parlamentaria por el voto en contra de ERC y Bildu. Las desavenencias con estos socios de la coalición tenían que ver con el uso de las pelotas de goma, que no se prohibía, las devoluciones en caliente, las multas por faltas de respeto a la autoridad y la desobediencia. Temas que, por el momento, y a falta de la tramitación parlamentaria, quedarían de nuevo fuera del acuerdo.

Corría 2014 y David Gistau escribió sobre la similitud entre los paneles de corcho de las películas policiales en los que el FBI pincha con chinchetas los rostros de los criminales y marca con una X roja los que van cayendo y los que él imaginaba que había en La Moncloa con las fotografías de los periodistas críticos. De frente y de perfil. Recordaba que durante aquella legislatura, la primera de Mariano Rajoy, muchos plumillas habían pasado ya por el rotulador rojo y que a él le costaba pensar en ellos sin verlos con una X estampada en la cara e, incluso, vestidos de naranja y con los grilletes en los tobillos. 

Escribió de todo ello en un medio conservador donde se le hizo saber que aquella columna no gustaba. Pero él no sucumbía a presiones ni consignas y denunció que jamás vio un periodismo tan brutalmente “agredido por el poder político”,  “más obsesivamente vigilado, no ya en el nivel de los grandes directores y editores y de los movimientos empresariales urdidos para desactivar una voz, sino en el de la opinión expresada por el más humilde tertuliano”.

Aún duele pensar en aquella su temprana y jodida muerte, en su pasión por la escritura, en sus maravillosas crónicas, en sus vibrantes columnas, en su mirada pícara, en su rebeldía y en sus bromas de adolescente. Tanto como indigna que quienes pontifican hoy sobre una inminente “ley de censura” sean aquellos que, por acción u omisión, colaboraron con aquél gobierno en perseguir al periodismo crítico o escribían al dictado de las SS de la época y del ideólogo de la mal llamada policía patriótica.

Pedro Sánchez desgranará este miércoles en el Congreso de los Diputados las líneas generales de su plan de regeneración democrática, incluida una reforma de la ley de publicidad institucional para limitar el porcentaje de financiación pública que reciben los medios de comunicación. Su propósito es desenmascarar a aquellos gobiernos que inyectan dinero en digitales creados sobre todo para el autobombo de sus financiadores y para la difusión de bulos. Nada que no esté en el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación aprobado en marzo por el Consejo Europeo como consecuencia de la creciente preocupación en la UE por la politización de los medios y la falta de transparencia respecto a su propiedad y la asignación de fondos de publicidad estatal. 

El objetivo no es otro, reza en el Reglamento, que “establecer salvaguardas para combatir las injerencias políticas en las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación tanto públicos como privados, proteger a los periodistas y a sus fuentes y garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación”. Pero, las derechas ya han puesto el grito en el cielo y han acusado a Pedro Sánchez de “perseguir” a los periodistas, “amordazar” a la prensa“ y preparar una ”ley de censura“ para controlar la información y silenciar críticas.  

Los pseudoperiodistas que viven de la ayudas públicas, los medios que se alimentan sobre todo de los presupuestos regionales y algunos de los plumillas que se nutren cada mañana de los argumentarios que reciben de la calle Génova braman contra las medidas antes incluso de conocerlas.

Es irrefutable que no hay partido de gobierno ni que aspire a tenerlo dispuesto a pagar el precio de una prensa libre; que la defensa de la libertad de expresión en boca de según quienes la mencionan es pura retórica; que hay pocos dirigentes permeables a la crítica y que la política nunca se llevó bien con las opiniones discrepantes. Es cierto que hay ejemplos en un lado y en el otro del tablero. Pero de ahí a que sean ellos, los que en las televisiones autonómicas tienen auténticos comisarios políticos y los que pidieron las cabezas de periodistas con pensamiento crítico resulta tan insultante como hilarante. 

Pues nada, de los creadores de Sánchez rompe España llega ahora el gobernante autoritario con vicios incompatibles con la democracia. Curiosamente son los mismos a quienes no se les ha escuchado levantar la voz contra un gobierno -el último del PP- que creó la mal llamada policía patriótica financiada con fondos públicos para espiar a los adversarios, redactar informes falsos e incriminarlos en delitos nunca cometidos. Pero la dictadura, ya saben, es la que hoy tenemos. ¡Qué frágil es la memoria y qué peligroso el olvido!

Sumar quiere que el plan de regeneración democrática del Gobierno vaya mucho más allá de la limitación de la publicidad institucional o la modificación del derecho a la rectificación en los medios anunciados por Pedro Sánchez a principios de mes. El grupo tratará de incluir en dicha iniciativa medidas que afecten a los medios de comunicación, pero también otras modificaciones legislativas que permitan la “democratización de la justicia” así como un avance en la libertad de expresión. Así se lo planteará al PSOE dentro y fuera del Gobierno, incluso después de que este miércoles el propio Sánchez exponga “las líneas fundamentales del Plan de Acción por la Democracia” durante un Pleno extraordinario en el Congreso.

La derogación de la ley mordaza, un compromiso de Sánchez con sus socios de investidura –que, según aseguraba este mismo martes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya ha sido pactada con Sánchez–, la eliminación de las injurias a la corona y otras instituciones del Estado así como la creación de un consejo de medios independiente son solo algunas de esas iniciativas en las que trabaja el equipo de Sumar y a las que ha tenido acceso elDiario.es. El partido minoritario del Gobierno contempla tres grandes grupos de propuestas: el que llama de “democratización de la información”, uno que contempla la “democratización de la justicia y medidas contra el 'lawfare' y un último que recoge la ”derogación de las leyes mordaza en defensa de la libertad de expresión“.

Algunas de ellas ya han sido verbalizadas por los dirigentes de Sumar en los últimos meses, después de que el pasado 29 de abril Sánchez anunciara su pretensión de avanzar en esa “regeneración” a raíz de la “reflexión” que realizó durante cinco días en los que mantuvo en vilo al país al plantearse incluso dejar el cargo por los daños personales que le estaban causando las informaciones y bulos que se han difundido sobre su familia y, en concreto, sobre su pareja, Begoña Gómez.

“Asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades”, dijo entonces el jefe del Ejecutivo. Desde ese momento y, a la espera de la comparecencia del miércoles, Sánchez tan solo ha desvelado su pretensión de limitar la publicidad institucional y la financiación pública de los medios de comunicación, así como la modificación del derecho al honor o a la rectificación, tal y como explicó el pasado día 1 en una entrevista en la Cadena Ser.

Limitar los “oligopolios” mediáticos

Respecto a la prensa, Sumar se plantea la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales “que sea independiente del Gobierno y de los grupos mediáticos”. El objetivo de ese nuevo organismo sería “examinar los medios a imagen y semejanza de otros países europeos y de comunidades autónomas como Catalunya o Andalucía”. En los documentos con los que trabaja, el equipo del partido confederal sostiene que “España es una excepción en esta materia” y también estudia medidas para “limitar los oligopolios mediáticos” atendiendo a la recientemente aprobada legislación europea.

El plan de regeneración debe incluir también, siempre según Sumar, el impulso a una “ley de secreto profesional de los periodistas” como “garantía jurídica para la protección de fuentes”. Se trata de un aspecto que el partido considera “imprescindible para el desarrollo del periodismo de investigación”. Además, Sumar quiere que el Gobierno promueva “políticas contra la precariedad de los profesionales de la información” con el fin de proteger “la independencia de los periodistas tanto en los medios privados como en los medios públicos” e impulsando, además, “medidas de igualdad de género en los puestos directivos de nuestro sistema informativo”.

Otro de los pilares de las propuestas del grupo minoritario del Gobierno se centra en la lucha contra la desinformación y las 'fake news'. En sus documentos, el equipo de trabajo propone un “plan para fomentar la cultura mediática y digital para la ciudadanía que trabaje el desarrollo de competencias socioculturales contra la manipulación informativa y la desinformación”. También se plantea la promoción de guías de uso y campañas contra la difusión de noticias falsas en redes sociales.

Sumar incorpora en sus textos de trabajo una ley de publicidad institucional en términos similares a los propuestos por Sánchez, de forma que defina “qué es un medio de comunicación”. Esta ley, además, debe abordar, según el partido, “la transparencia en la publicidad institucional que afecta al equilibrio y a la financiación de los medios de comunicación”.

Más allá, Sumar busca una reforma de la Ley de Secretos Oficiales “para avanzar en la garantía de acceso a la información por parte del Estado”, un “plan de fomento para apoyar la gestión de los Servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro”, adoptar “medidas de protección del trabajo periodístico y regular los procesos de robotización de las redacciones con el uso inapropiado de la Inteligencia Artificial” y crear una nueva comisión legislativa sobre medios de comunicación.

Reformas en el CGPJ y el Código Penal

En cuanto a las medidas referidas al sistema de Justicia, Sumar quiere que el plan de regeneración actualice “el sistema de acceso a las carreras jurídicas del Estado eliminando cualquier factor de discriminación económico y social en el acceso”. En sus documentos incorpora también la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “para evitar que en el futuro vuelva a producirse el habitual bloqueo de la derecha cuando no tiene mayoría para controlar su renovación”. El último bloqueo se prolongó más de cinco años en los que el PP no quiso cerrar un acuerdo con los socialistas, aunque finalmente el pacto llegó el 25 de junio y, en estos momentos, la renovación se encuentra tramitándose en el Congreso.

Sumar quiere además reformar las competencias del CGPJ, “equiparándolas a las de los países democráticos y ajustándolas al mandato constitucional y a la plurinacionalidad del Estado”, según apunta en los textos que se encuentran ahora mismo en negociación con el PSOE. Y plantea “incrementar la eficiencia del servicio público de Justicia dotando los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de una sociedad moderna”, así como “medidas para acabar con la guerra jurídica y la utilización política de la justicia.

El equipo de trabajo de Sumar propone, al respecto, un nuevo modelo de investigación penal a cargo de la Fiscalía con la introducción del juez de garantías, la recuperación de la vía procesal de exigibilidad de responsabilidad civil a los jueces eliminada por el PP en 2015 y la ampliación de los supuestos de anormal funcionamiento de la administración de justicia “para incluir reparaciones públicas del prestigio y buen nombre de las personas afectadas por las ya habituales investigaciones judiciales que generan multitud de titulares pero nunca llegan a juicio ni condena”.

Como forma de poner fin a uno de los aspectos más cuestionados de la ley de Seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, Sumar contempla derogar el artículo que sanciona la toma de imágenes de agentes de las Fuerzas y Cuerpos del Estado. Y con el fin de proteger “la libertad de expresión” incorpora una profunda reforma de la ley del Código Penal para suprimir los delitos contra los sentimientos religiosos, derogar los delitos contra la Corona o acabar con todas las penas referidas a las injurias a distintas instituciones del Estado: el Gobierno, el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, las fuerzas armadas y los gobiernos autonómicos y los tribunales superiores de Justicia.

Sobre el derecho al honor

Con el fin de evitar casos en los que hay personas procesadas simplemente por denuncias, en algunos casos basadas en datos falsos, Sumar también busca que el plan de regeneración modifique la ley de defensa derecho al honor. El objetivo es que se incluya “una reparación pública en los supuestos de interminables instrucciones judiciales cuando no se produzca apertura del juicio oral pero se publiquen innumerables titulares afectando al honor o al buen nombre de la persona investigada”.

“Con cargo al Poder Judicial deberá publicarse un anuncio en prensa reparando el buen nombre y el honor de la persona, en el mismo medio que publicó la información que afectaba a su buen nombre, con la misma extensión y reiterada con la misma frecuencia en la que se emitieron diversas informaciones en su caso”, plantea Sumar.

Seguramente la faceta más conocida de Lluís Calvo (Zaragoza, 1963) es la de poeta, pues su poemario en lengua catalana es extenso y fructífero. Hace dos años publicó la que tal vez sea su obra cumbre, Cor Pirinenc, el poema de Fontalba i Gotanegra (Lleonard Muntaner, 2022), que fue incluida en una reciente lista de las 50 obras más influyentes en lengua catalana de los últimos 50 años, realizada por diferentes editores, críticos y escritores y publicada por la sección Quadern de El País.

Pero además de la poesía y la novela, Calvo también ha frecuentado con éxito el ensayo en catalán, un género no tan minoritario como pueda ser el de la lírica y las obras de ficción. Tras publicar L'infiltrat: Estratègies d'intrusió, anonimat i resistència (Arcadia, 2019), obra centrada en el valor social del individuo y su capacidad de autonomía frente a las tendencias mayoritarias, ahora regresa con El segrest de la política (Anagrama, 2024), una reflexión sobre la necesidad de quitar protagonismo a los partidos políticos en favor de la responsabilidad ciudadana, que no debe limitarse en ningún caso a votar cada cuatro años.

Se trata de un ensayo corto pero intenso, que expone el problema (los partidos políticos han secuestrado la política en nombre del orden establecido y no permiten iniciativas ciudadanas más allá de hechos simbólicos y testimoniales ), ofrece testimonios de dicho problema (desde Carl Schmitt a Simone Weil o Joseph Beuys) y da soluciones, al menos parciales pero sin duda sensatas.

Todo El segrest de la política respira frescor libertario, y anarquista en el mejor sentido de la palabra, y Calvo conviene durante la entrevista que es necesario actualizar algunas partes del ideario anarquista de los utópicos al siglo XXI para poder aplicarlo a la política. También apela a la responsabilidad de la ciudadanía frente a la dejación de los asuntos que atañen a la sociedad en manos de lo que el autor tilda de “profesionales de la política”. No obstante, matiza que su ensayo no aboga por acabar con los partidos políticos, sino por hacer que estos vuelvan a escuchar la voz de la sociedad y actúen en consecuencia.

Lo que pretende usted con este ensayo no es tarea baladí...

Ya lo creo, porque verdaderamente están los ánimos muy crispados en torno a la política. Pero precisamente por eso, porque se crispan a partir de unos elementos muy retóricos, muy externos a los ciudadanos, que nos pillan muy lejos, creo que debemos recuperar nuestra capacidad de análisis interno, y hacerlo de una manera calmada y al mismo tiempo activa, sobre lo que supone la política. Es decir que debemos replantearnos las cosas como ciudadanos más allá de ese teatro de los partidos que nos exaspera y nos impide a veces pensar con algo de ecuanimidad.

¿Cómo podríamos explicar a aquellas y aquellos que lean esta entrevista cuál es la tesis de El segrest de la política?

La tesis es muy sencilla y la expongo ya en las primeras páginas: la política está en buena parte secuestrada por los partidos políticos. Si tomamos el grueso de la ciudadanía, si no nos centramos en los núcleos activistas que están haciendo política, a veces a diario, veremos una carencia absoluta de actividad y responsabilidad política a nivel ciudadano.

La tesis también es que cada ciudadano debe ser consciente de que la democracia no consiste en ir a votar cada cuatro años y delegar luego los problemas como quien delega las cuestiones de su finca en un gestor de fincas, o quien tiene cuenta corriente y delega al banco un dinero que no sabe dónde está ni cómo se invierte ni quién lo gestiona. La política debe ser algo que va mucho más allá de esto y de estas instituciones llamadas partidos. Debe ser una responsabilidad que nos interpela a cada uno de nosotros.

Cuando usted habla en el libro de ese “secuestro” me pregunto hasta qué punto no hemos sido los ciudadanos los que hemos subcontratado la gestión política a los partidos, y me viene a la cabeza el relato de Kafka El mensaje imperial, donde al protagonista se le comunica que nunca podrá llegar a responder al Emperador, que le ha enviado un mensaje, porque el poder máximo es inaccesible para él.

Ese es el tema: ¿el poder nos pilla muy lejos o eso es lo que nos han hecho creer los partidos a medida que se han ido convirtiendo en grandes corporaciones profesionales? Yo defiendo la segunda tesis: el poder parece lejano pero esa es una falsa impresión, porque reside en nosotros y en nuestra acción responsable.

El problema es la jerarquía, el elitismo, el clasismo y la burocracia. Y todos estos filtros que nos encontramos hasta llegar a los políticos y la acción de poder no son casuales. Están hechos precisamente para que no podamos tomar la iniciativa. Después se hacen farsas de procesos de participación, como si con ello se pudiera solucionar algo... Es esa lejanía que comentas la que debe acabar.

¿Y cómo acabar con ella?

Desde el momento en que considero que todos nosotros, todos los ciudadanos, somos políticos, los que ejercen hoy la política deben ser considerados “políticos profesionales”. Entonces debemos determinar cómo queremos que se ejerza la política, si de una manera profesional o no. Si queremos que se haga profesionalmente, no debería ser tan complicado, debería haber un diálogo constante del político con sus votantes, especialmente en el nivel más local.

Todos los filtros que nos encontramos hasta llegar a los políticos y la acción de poder no son casuales

También deberíamos modificar el sistema de listas totalmente cerradas. No digo que las abiertas sean la gran solución, pero estas listas cerradas tampoco favorecen a la democracia. Cada político debería responder ante un electorado concreto que puede ser el municipio o su distrito comarcal, provincial, como queramos...

En principio el sistema representativo británico funciona de esta manera, pero no parece que los británicos estén muy felices con sus políticos...

Cierto [risas], pero yo creo que es porque siguen este modelo solo en apariencia. Fíjate la cantidad de escándalos surgidos en las últimas décadas, por no hablar desde el Brexit o la pandemia... Los políticos británicos en el fondo también tienen secuestrada la política. Pero el problema va más allá, tiene que ver con cómo está montada la democracia.

¿Y cómo está montada?

En un corto plazo de cuatro años, los que separan una elección de la otra y, claro, toda decisión que implique un plazo mayor a cuatro años es un problema. Si eres político piensas: “Si tomo esta decisión, si hago esta ley: ¿gustará para las próximas elecciones o me dejarán de votar?” Con este escenario hasta los políticos progresistas se vuelven conservadores, cortoplacistas, inmovilistas... Ahí tenemos al SPD alemán, a la socialdemocracia europea en general.

Esto es un gran hándicap para unas transformaciones como las que necesitamos con urgencia en el mundo actual, especialmente en Europa, tan complejas y tan globales. En la estructura democrática actual los políticos no tienen incentivos, al contrario, para tomar decisiones a largo plazo. Por tanto, aquí debe ser la ciudadanía que se organice.

Hoy he leído que ha surgido una Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial. Son 273 entidades muy diversas y que explican que se han organizado ante el hecho de que las instituciones no están a la altura de todos estos retos, ni de los retos sociales ni del reto ecológico. No estar a la altura significa no querer ponerse las pilas. Es una buena muestra, en mi opinión, de lo que se debe hacer.

Para mí lo que está claro es que si decimos que no buscamos follones, si rehuimos las controversias, si dejamos las cosas como están, tendremos un futuro complicado. Existe una extrema derecha y unos poderes económicos que son muy activos. La extrema derecha está subiendo mucho y los poderes económicos son los que son y ellos sí se mueven.

¿Debemos entonces prescindir del político profesional?

Humanamente puedo entender esta figura que tiene un punto de patetismo o de dramatismo en sus contradicciones; aquí podría surgir una novela o una obra teatral... Políticamente estoy totalmente en su contra; no puedo entender que alguien que ingresa de repente en la política pueda ir a clubes, hoteles, restaurantes que antes no pisaba y vea cómo se le abren toda una serie de puertas, cómo le van llevando de un sitio a otro...

Humanamente puedo entender la figura del político profesional, que tiene un punto de patetismo o de dramatismo en sus contradicciones

Creo que este tipo de gente, en general, pierde absolutamente el sentido de la realidad, la noción de que siguen siendo ciudadanos de a pie. Porque a mí también, como ciudadano además de como ensayista, me cabrea profundamente cuando veo que esta gente que está totalmente enajenada de lo que es el mundo. Esto ya lo denunciaba Simone Weil en 1943, en un ensayo en contra de los partidos que se publicó en la revista Table Ronde en 1950.

Y también exponía muy claramente la dicotomía que representa para cualquier político la libertad individual y la disciplina de partido. Si el político pierde su opinión, pierde su matiz, su punto de vista en favor del dogma del partido, de lo que conviene, de lo que hay que decir, se convierte en una figura de declaraciones enlatadas, poco creíble y poco convincente: se convierte en un personaje de un guion de teatro.

¿Cree que el político no es necesario?

A ver, el político es necesario porque tiene que hacerse política, de otro modo caemos en una política de partido único. Y evidentemente ahí no hay lugar a iniciativas, disidencias, discrepancias ni nada. La discrepancia es fundamental, como lo es la existencia de partidos donde confluyan las posturas a nivel amplio y se organicen, eso lo dejo claro en el libro y cito ejemplos como el de Carl Schmitt, que dijo que la ausencia de distinción entre el amigo y el enemigo supone la desaparición de la política.

Pero el político debe estar sujeto a las iniciativas de sus votantes y estas enfocadas a marcar la agenda de lo que debe hacer. Y no a la inversa. Los políticos no representan a un programa, representan a unos ciudadanos, son ciudadanos y como tales deben ayudarnos a gestionar estas ideas que son mayoritarias y posiblemente nos afectan a todos.

¿Y cómo podemos hacer los ciudadanos para incidir de esta forma sobre los partidos, de modo que nos tengan en cuenta o como mínimo no nos impidan nuestra acción política?

Yo creo que en algún momento debemos empequeñecernos, hiperlocalizarnos porque estamos en una sociedad cada vez más global. Cada vez hay más población en el mundo y manejar procesos democráticos con cientos o miles de millones de personas es complicadísimo. Y con el tiempo acabaremos como las elecciones en esa pseudodemocracia que es la India, que duran varios meses...

Así que por un lado estaría la segmentación de la política por territorios súperlocales, y por otro la organización de los ciudadanos según iniciativas y asuntos políticos. Todo ello sin obviar la toma de conciencia individual de todas y todos sobre nuestra responsabilidad política; creo que debemos respirar política de una vez por todas, al levantarnos y al acostarnos. Esto es ser consciente de que la política que nos afecta está en nuestras manos, no en la de los partidos políticos.

Es una constante en su ensayo esta llamada a la responsabilidad, y suena a un alegato por la actualización del anarquismo, al menos en su versión más socialista.

Es que esto entra dentro de mi pensamiento libertario: la responsabilidad máxima del individuo en pos del orden social. Se ha dejado de leer y reinterpretar a Kropotkin, Prudhomme o Bakunin, y deberíamos regresar a su lectura porque tienen muchas ideas interesantes para aplicar en la mejora democrática. Pero dicho esto, tampoco quiero que nadie piense que mi ensayo es un alegato anarquista. Hay otras formas de anarquismo que obviamente no son recuperables en tanto que reivindican la violencia como modo de acción política.

Para terminar, conviene observar que dos de los ejemplos que usted menciona en el libro de iniciativa ciudadana, como son el 15M o el 1-O, terminaron saboteadas tanto judicialmente como policialmente, además de dar lugar finalmente a partidos políticos como Podemos y Junts.

Es que nadie dice que vaya a ser fácil cambiar las cosas; evidentemente, cuando se ha intentado el sistema ha respondido con violencia policial, presos, exiliados o bien con persecución mediática y acoso de las personas hasta la puerta de sus casas, falsas causas judiciales, etc. El sistema se defiende de manera feroz para preservar su estatus, pero a la vez no se da cuenta de que le queda poco tiempo, de que los retos globales cada vez son más grandes y más acuciantes y el populismo y la extrema derecha entran en las preferencias de la ciudadanía cuando dejan de creer en la eficacia del sistema democrático.

Han pasado muchas cosas desde el bombazo de la carta de Pedro Sánchez. Ente ellas el guion dramatizado de los cinco días de abril y su curioso —por ser amable— desenlace.

A pesar de los días transcurridos y los esfuerzos hechos para entender, continuamos sin conocer las verdaderas razones del presidente, pero ya atisbamos algunos de sus efectos.

Seguro que las lecturas son dispares, como la vida misma. En mi caso están marcadas por el cúmulo de emociones y sensaciones que me han ido atrapando durante estos días.

La primera sensación, me parece que compartida por muchas personas, fue de alivio. Por la decisión del presidente de “continuar con más fuerza si cabe” y la caracterización del momento como un “punto y aparte”. A corto plazo aporta una estabilidad institucional, imprescindible para cualquier acción de gobierno y mantiene abiertas las posibilidades de avanzar en las políticas de progreso acordadas por el gobierno de coalición.

El alivio no ha podido ocultar la preocupación que se ha venido incubando en mí durante el tiempo muerto pedido por el presidente. Es posible que estos cinco días le hayan servido a Pedro Sánchez para reflexionar, pero no han servido para relajar el clima político de país. Al contrario, y la reacción de las derechas, incluidos los “moderados” Feijoo y Almeida, lo confirman.

Tampoco han servido para mejorar la conversación pública. Durante estos días se han reforzado las burbujas cognitivas, en bloques impermeables a los argumentos ajenos. Se ha abusado de las falacias. La más evidente, la del “hombre de paja” practicada especialmente por Ayuso y su entorno, que imputan ataques a la libertad de expresión y a la independencia judicial a quienes se han limitado a denunciar bulos y guerra sucia. Me ha parecido detectar un crecimiento del maniqueísmo, extendido a babor y estribor, que nos clasifica a todos entre buenos y malos.

Aunque pueda parecer contradictorio, tampoco ayuda a la conversación pública la práctica de la equidistancia de algunos “virtuosos” analistas. Las epístolas que reparten responsabilidades por igual y sin distinción, a diestro y siniestro, no contribuyen a salir de la pocilga de la crispación. Una cosa es que en algún momento todos hayan podido contribuir al lodazal y otra muy distinta es considerar responsables por igual a todos los políticos, medios de comunicación o profesionales. Objetivamente estas posiciones, portadoras de la “virtud” de la equidistancia, incentivan que se mantenga el bloqueo del CGPJ. Con independencia de su intención, también incentivan el uso concertado de la desinformación, los bulos y el lawfare (guerra jurídica) como arma política de destrucción del adversario. La razón es obvia, si unos sacan provecho y la cuenta se paga a escote por todos, se generan incentivos perversos.

La preocupación mayor me ha llegado de la mano de algunos tics populistas, en las manifestaciones de apoyo a Pedro Sánchez y sobre todo en las formas plebiscitarias utilizadas por el presidente durante los días de reflexión y lo que llevamos de epílogo.

El híper liderazgo no es un fenómeno nuevo ni afecta exclusivamente a Pedro Sánchez, pero el grado de “pedrodependencia” del PSOE es exagerado. No augura nada bueno. Lo que hoy aparece como factor de estabilidad puede acabar siendo una fuente de inestabilidad, no solo para su partido.

Los liderazgos “eucaliptus” no ayudan a las izquierdas porque desecan los espacios colectivos, tan necesarios para combatir el individualismo extremo de las derechas. Avanzar en la regeneración democrática y en una agenda social requiere de un fuerte protagonismo de la sociedad organizada que actúe como poder social, como contrapeso, frente a los poderes reales no sometidos a ningún control.

Apostarlo todo al híper liderazgo de una persona, por muy resistente que sea y mucha “baraka” que tenga, es jugarse cada momento a la ruleta rusa. Las izquierdas si quieren avanzar en la transformación, aunque sea modesta, de la sociedad, necesitan de la fuerza que dan las organizaciones colectivas. También en la era de la digitalización.

En este torbellino de emociones, después del alivio y la preocupación, me llegó la esperanza de que la continuidad de Pedro Sánchez vaya acompañada de un programa de reformas que den sentido y coherencia a ese “punto y aparte” que nos ha anunciado.

Hay en la política y en la sociedad propuestas que pueden ser útiles. Aunque pasar de “il dire al fare” no es nada fácil. Sobre todo, porque se requiere de amplios acuerdos políticos y no parece estar el patio para ello. Ni En España, ni en Europa, ni en el mundo. Los partidos que dan apoyo al Gobierno deberán trabajar amplios acuerdos sociales, no para confrontar con la oposición, sino para vencer sus resistencias.

No les oculto que, así que van pasando los días, va creciendo en mí un cierto disgusto. La regeneración democrática no puede ser solo un relato que sirva a Pedro Sánchez para recuperar la iniciativa y dominar el juego bajo los aros. Una cosa es que el reto sea del conjunto de la sociedad y otra muy distinta que el presidente reparta responsabilidades a todos y no concrete las suyas.

Esperemos que la inconcreción obedezca al prudente gobierno de los tiempos políticos y no a un tacticismo más. Para que las expectativas generadas no acaben en más cabreo y frustración es imprescindible que en las próximas semanas se presenten, como gobierno de coalición, propuestas concretas.

Cuando creía que el tsunami de sensaciones agolpadas ya se había acabado me atrapó un fuerte sentido de realismo. El programa de reformas de “regeneración democrática” es necesario, me atrevo a decir que imprescindible, pero su concreción muy compleja. Para abrirse paso quizás sea necesario no afrontarlo como un paquete sino como medidas concretas. Avanzar, aunque solo sea en una de ellas ya sería un éxito. Dar pequeños pasos es mucho mejor que quedarse bloqueado, con el único consuelo de culpar a los otros.

Algo parecido sucede con la agenda social del gobierno. Se trata de un programa tan ambicioso como necesario para no despegarse de la ciudadanía. Para responder a las necesidades de esos sectores de la sociedad que tienen otras preocupaciones mayores que la continuidad o no de Pedro Sánchez.

La realidad parlamentaria es tozuda y no es la de la anterior legislatura. En política, como en la vida, la ambición de los objetivos ha de tener cierta concordancia con la correlación de fuerzas disponibles. Aquí de nuevo juega el papel de la sociedad organizada. El gobierno haría bien en incentivar la concertación social que lubrifique las dificultades y obstáculos parlamentarios que pueden venir de algunos de sus socios catalanes y vascos.

Agotado emocionalmente por este torbellino de emociones y sensaciones, me ha venido a visitar la calma. Mejor no ponerse muy ansiosos y confiar en el dicho popular de “vísteme despacio que tengo prisa”. Hasta después de las elecciones catalanas y europeas no tendremos perfilado el perímetro del campo de juego. No es un dato cualquiera para la estabilidad de la legislatura y la viabilidad de las políticas anunciadas.

No sé que van a hacer ustedes a partir de ahora, cuando ya no estén pendientes de todas las especulaciones de días pasados. Por mi parte voy a intentar convivir con la complejidad del momento y con las contradicciones que me suponen los sentimientos agolpados de alivio, preocupación, esperanza, disgusto, realismo y calma.

El BNG considera “sensata” la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de seguir al frente del Ejecutivo pero cree que este impasse “no puede quedarse en un período de reflexión o una declaración” pública y debe ir acompañada de la adopción de medidas que supongan “cambios estructurales” para “regenerar” la democracia en el Estado y terminar con la política “del fango, el lawfare y la descalificación personal”.

Así lo han manifestado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el diputado nacionalista en el Congreso Néstor Rego en una comparecencia de prensa en el Parlamento de Galicia, recogida por Europa Press, y celebrada minutos después de conocerse la decisión de Sánchez de continuar en el cargo tras el período de reflexión abierto el jueves después de la apertura de una investigación judicial contra su pareja, Begoña Gómez.

Para Pontón, Sánchez ha tomado la decisión “sensata” porque su dimisión “sería en el fondo una victoria de los que no asumen el resultado democrático expresado en las urnas” desde estamentos “mediáticos, judiciales y políticos que están empeñados en torcer el pulso a la voluntad de la mayoría social”.

En esta línea, ha subrayado que “desde las diferencias” que mantiene con el Partido Socialista, el Bloque considera positivo que siga adelante la legislatura para poder así dar cumplimiento al acuerdo de investidura suscrito entre PSOE y nacionalistas en cuestiones “que son importantes para los intereses” de Galicia y de las “mayorías sociales”.

“En política no todo vale, hay líneas rojas que no se pueden traspasar. La política no puede ir de deshumanizar al adversario, que se ve como un enemigo al que hay que destruir incluso en lo personal”, ha sentenciado Pontón, que ve necesaria “otra forma de hacer política” distinta a la que, a su juicio, pone en práctica “la derecha y la extrema derecha”.

En este sentido, ha asegurado que en Galicia se conocen “muy bien” las “tácticas destructivas” del PP, “basadas en el insulto, las mentiras y la descualificación personal”, que parte de la forma de los populares “de entender la política como una forma de ocupar el poder” que los lleva a “fagocitar” las instituciones “y deslegitimar el resultado de las urnas” cuando no le son favorables.

Medidas de regeneración democrática

Para el BNG, como han expresado tanto Pontón como Néstor Rego, lo ocurrido en los últimos días y la decisión final de Sánchez de permanecer en el cargo entre denuncias de prácticas desde los medios, los partidos y estamentos judiciales debe ir acompañado de la adopción de medidas que contribuyan a la “regeneración democrática”, algo que “no va a ser fácil ni cosa de un día”.

Según la líder frentista, “tanto el PSOE como Sánchez llevan mucho tiempo mirando para otro lado” mientras “los bulos y el lawfare lo embarraban todo, sin hacer nada para atajar ese clima” que suponía la “persecución” de dirigentes de otras fuerzas políticas “y se criminalizaba a líderes de la izquierda, soberanistas o nacionalistas y a movimientos transformadores como el feminismo”.

“Hoy (este lunes) queda evidenciado que el lawfare existe. El PSOE miró para otro lado e incluso se benefició. Ahora que lo denuncia, es el momento de actuar”, ha sentenciado Néstor Rego, que pide a los socialistas y su líder que “actúen” porque “sino todo quedará en una retórica vacía”. “Es el momento de avanzar en democracia”, ha apostillado.

Un alcalde y una alcaldesa que ganaron a hombros del 15M. José María González, Kichi, en Cádiz, y Ada Colau, en Barcelona, prometieron que su tiempo en política tenía fecha de salida: habría un tope de dos mandatos, y en el caso de Barcelona, de tres si las bases lo autorizaban.

Se han cumplido ocho años. El Kichi se va. Ada Colau aspira a un tercer y último mandato.

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