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El PP abandona el pacto antitransfuguismo tras la operación en Murcia

El líder del PP, Pablo Casado saluda al presidente murciano, Fernando López Miras, tras fracasar la moción de censura. EFE/Juan Carlos Caval

Irene Castro

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El PP abandona el pacto antitransfuguismo en una triquiñuela para que el presidente murciano, Fernando López Miras, y los diputados de Ciudadanos que truncaron la moción de censura contra él no sean considerados tránsfugas. En una carta remitida por el partido de Pablo Casado al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, le informa de que los conservadores salieron del pacto en el mes de abril por la negativa de Miquel Iceta a convocar la comisión de seguimiento del pacto en un plazo de 48 horas. El PP argumenta que su salida invalida los acuerdos alcanzados en el seno del pacto antitransfuguismo respecto a la operación en la Región de Murcia, donde la moción de censura pactada por PSOE y Ciudadanos fracasó después de que varios diputados de la formación de Inés Arrimadas votaran en contra a cambio de formar parte del Gobierno regional.

El Partido Popular traslada al ministerio, que es de quien depende la comisión de seguimiento del pacto, su “extrañeza” por recibir “un informe evacuado en el seno de un pacto cuyos informes, acuerdos y resoluciones carecen de validez al no contar con la mayoría necesaria de representantes de las Cortes Generales”. La carta firmada por la responsable de política local del PP, Raquel González Díez-Andino, sostiene que el partido salió del pacto en el mes de abril como consecuencia de que no se convocó la reunión de la comisión del seguimiento del mismo como había solicitado en sendos escritos del 30 de marzo y el 8 de abril.

“Habiéndose incumplido por ese ministro su obligación de convocar la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Estabilidad Institucional, haber hecho caso omiso a las peticiones que se le hicieron, y utilizar torticeramente los acuerdos suscritos, la formación política que represento, y ello desde el pasado mes de abril, no forma parte del mencionado pacto”, dice la dirigente conservadora. La carta sostiene que en una misiva anterior el PP advirtió al ministerio de que “daría por denunciado el Pacto” si no se convocaba esa reunión en un plazo de dos días y que avisaba de que cualquier decisión que se tomara posteriormente no tendría “validez” al tomarse sin la mayoría parlamentaria necesaria.

El otro argumento del PP es que las resoluciones adoptadas en el seno del pacto antitransfuguismo solo aplican para los partidos que lo han suscrito y, por tanto, considera que en este caso no se dan las circunstancias porque ya lo había denunciado y, por tanto, abandonado. “Debo comunicarle [prosigue la carta de González a Iceta] que no podemos ni compartir, ni asumir, ni valorar, ni aceptar las calificaciones unilaterales que, en relación con los supuestos que, haya analizado o analice en el futuro, la Comisión de Expertos y la Comisión de Seguimiento en relación con los cargos electos del Partido Popular, y ello desde el mes de abril de este año, por cuanto el actual pacto carece del consenso de una mayoría cualificada de representantes de las Cortes generales”, remata la misiva.

La comisión de expertos del pacto antitransfuguismo concluyó que la actitud del presidente murciano, Fernando López Miras, que ofreció puestos en el Gobierno regional a los representantes de Ciudadanos para que votaran contra la moción de censura que habían firmado para que su líder fuera investida, se puede considerar transfuguismo. Los partidos que forman parte del pacto, excepto el PP, asumieron ese informe. La razón por la que el partido de Casado había solicitado la convocatoria de la comisión de seguimiento para recusar a Rafael Ibáñez Reche, exdiputado de IU, como miembro del comité de expertos en los casos que tuvieran que ver con el PP. En este caso fue el ponente de la resolución y la comisión no vio pertinente su recusación.

El Gobierno acusa al PP de buscar “excusas” para seguir con “malas artes”

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se ha producido tras la publicación de esta información, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha lamentado el abandono del pacto antitranfuguismo por parte del PP y lo ha considerado una “decisión impropia del principal partido de la oposición”. Montero ha asegurado que los conservadores estaban buscando “excusas” para salir de ese acuerdo que es un “instrumento fundamental” para evitar “la compra y venta” de escaños. 

Para el Ejecutivo, el abandono del pacto “constata la deriva que ha tomado” Pablo Casado y advierte de que su intención será seguir recurriendo “a las malas artes” en los distintos niveles administrativos. La salida del PP se produce tras la operación en la Región de Murcia y, según los conservadores, al haberse producido en el mes de abril, no aplica la declaración de tránsfuga del presidente regional, Fernando López Miras, que se mantuvo en el poder gracias a tres diputados de Ciudadanos que votaron en contra de una moción de censura tras haberla firmado. 

El pacto antitransfuguismo fue suscrito en 1998 por PSOE, PP, Izquierda Unida, Convergència, ERC, y cerca de una decena de partidos autonómicos, tuvo dos renovaciones en 2000 y 2006. Desde entonces estuvo congelado varios años y en 2020 el Gobierno de Pedro Sánchez lo reactivó e invitó a las formaciones políticas nuevas a sumarse. Hasta el abandono por parte de Génova, lo componían PSOE, Partido Popular, Podemos, Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Catalunya, PNV, BNG, Coalición Canaria, Partido Aragonés, Unión del Pueblo Navarro, Ciudadanos, PSC, Foro Asturias, Partido Regionalista de Cantabria, Compromís, Geroa Bai, Galicia en Común, Catalunya en Comú, Más País, Equo, Mes per Mallorca y Agrupación Socialista de la Gomera.

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