López Madrid regresa al banquillo acusado de contratar al comisario Villarejo para acosar a la doctora Pinto

Javier López Madrid vuelve a sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional. El empresario será juzgado a partir del lunes en el caso Villarejo, concretamente en la pieza que investiga la contratación por su parte del comisario, cuando estaba en activo, para que acosara a la doctora Elisa Pinto, con quien López Madrid mantenía un conflicto personal. La Fiscalía no presenta acusación porque considera que no hay pruebas del pago al policía mientras que la representación de Pinto solicita seis años de cárcel para él, otros tantos para Villarejo y cuatro para el socio de este último, Rafael Redondo. 

El juicio en la Audiencia Nacional no entrará al fondo del asunto, que radica en las acciones de acoso y la agresión con un objeto punzante en el costado que sufrió en 2014 la doctora Pinto presuntamente a manos del comisario Villarejo, en presencia de uno de sus hijos, entonces de diez años. Esos hechos se juzgarán el próximo febrero en un Juzgado de lo Penal de Madrid y es allí donde policía y empresario se enfrentan a las penas más altas, 13 años de cárcel.

La pieza 24 del caso Villarejo se ciñe a la contratación del comisario por parte de López Madrid, cuando Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. En esa época, bajo el Gobierno del Partido Popular, Villarejo compaginaba los encargos a la brigada política contra la oposición con otros particulares de los que obtenía importantes beneficios, según acredita la investigación. Uno de esos encargos habría sido el de López Madrid, motivo por el cual la doctora Pinto acusa al empresario de cohecho activo –sobornar a un funcionario público– y al policía de cohecho pasivo –recibir dinero–. 

El anterior juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, dictó auto de apertura de juicio oral en octubre de 2023. En la resolución, el juez exponía que en el verano de 2013, López Madrid entró en contacto con Villarejo a través de Donato González, presidente de Societé Generale, “para que le ayudase a finalizar un asunto personal con María Elisa Pinto Romero”. En la causa constan documentos incautados al policía en los registros practicados durante su detención con las evidencias de que en esas fechas elaboró notas sobre Elisa Pinto en las que se refería a López Madrid como “K”, la letra que utilizaba Villarejo para aludir a los clientes de sus encargos.

García Castellón destacaba un episodio ocurrido el 10 de diciembre de 2013, cuando López Madrid se presentó en el despacho profesional de la doctora acompañado de Rafael Redondo, el socio de Villarejo. El empresario, según la grabación del encuentro, advierte a Elisa Pinto que la Policía está detrás de ella y que ha dejado “rastro” de que es la responsable de las llamadas amenazantes que asegura están recibiendo él y su entorno. En aquel momento no había ninguna investigación policial abierta, ni contra Elisa Pinto ni contra Javier López Madrid. 

Durante 2014, el comisario “se dedicó a hostigar a María Elisa Pinto, en cumplimiento de lo pactado con Javier López Madrid, con fines privados”, señala el auto de García Castellón. Villarejo habría realizado “seguimientos”, intentado impedir que la doctora denunciase al empresario por acoso, “empleó medios policiales para desacreditar a la mujer”, “accedió a su información privada sin autorización” e intentó “interferir” en la investigación policial, continúa el juez. 

Ayudado por la cúpula policial del PP, que lo protegía, Villarejo intentó escapar de la rueda de reconocimiento en la que la doctora lo reconoció como el hombre que la había pinchado mientras le tapaba la boca y le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. 

No solo Villarejo: policías al servicio de López Madrid

El auto del juez se detiene en un aspecto que transformó el caso y convirtió un conflicto entre particulares en una trama de corrupción policial: la “estrecha relación” que, según los guardias civiles que analizaron el teléfono de López Madrid, este mantenía con un grupo de destacados mandos policiales. García Castellón citaba al ex jefe de la unidad de “fontanería” de la Policía, Enrique García Castaño, y a Alberto Carba, comisario que rehizo la investigación para responsabilizar del acoso a la denunciante. Carba es hoy jefe de la Policía Judicial en Madrid, ascendido por el actual Ministerio del Interior. En ese teléfono también estaban los mensajes en los que los reyes de España arropaban a López Madrid después de que se publicaran las pruebas de sus gastos con la 'tarjeta black' de Caja Madrid y cuando estaba investigado por financiar irregularmente al PP de Madrid.

A excepción de Enrique García Castaño, aquejado de las graves consecuencias de un accidente cardiovascular, los policías que mantuvieron relación con López Madrid declararán como testigos en el juicio. A Carba hay que sumar el que entonces era jefe operativo de la Policía, Eugenio Pino, artífice de la brigada política, y para el que Anticorrupción solicita 15 años de cárcel en el caso Kitchen. 

Por el juicio por acoso a la mujer irán prestando su testimonio una parte importante de los miembros de aquella brigada política, procesados en el caso del espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Es el caso de José Luis Olivera, también procesado en Kitchen y detrás del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán. O Andrés Gómez Gordo, el policía de cabecera de María Dolores de Cospedal. 

En la causa constan numerosos contactos telefónicos entre López Madrid y Villarejo, así como un audio incautado al comisario que fue grabado el 26 de enero de 2017. En el mismo, Villarejo dice: “Cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava esta y todos los que la han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito…. Ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un embolado y ni me has llamado para decirme (…) Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios”.

El comisario basará su defensa en denunciar la contaminación de toda la macrocausa que lleva su nombre, un montaje según él para quitarle de en medio con el CNI como gran urdidor. En enero de 2018, tres antiguos directores operativos de la Policía, bajo cuyo mando trabajó Villarejo, remitieron sendas cartas a la Audiencia Nacional defendiendo la legalidad de la figura del policía “encubierto”. Esos tres ex DAO están llamados a declarar como testigos en el juicio que empieza el lunes a petición de Villarejo. La duda radica en cómo defenderán, si es que lo hacen, al comisario. Cuando han tenido que comparecer con posterioridad a presentar los escritos, ya fuera en fase de instrucción o en un juicio oral, han matizado mucho ese apoyo. 

Por su parte, la defensa de Javier López Madrid defenderá que nunca supo que Villarejo era un policía en activo cuando contactó con él a través del presidente de Societe Generale, que declarará como testigo, porque se lo presentó como un “ex policía”. Esta es la principal baza de la defensa si se atiende al desarrollo de otras causas del caso Villarejo, en las que el comisario, sorprendentemente, ha sido absuelto de cohecho bajo el argumento de que no se sirvió de la condición de policía para elaborar los dosieres que vendía a sus clientes privados. Asimismo, López Madrid defiende que no hubo “encargo”, solo una consulta insatisfecha, y que nunca pagó un euro al comisario. 

La proximidad de las fechas señaladas para los juicios a López Madrid devuelven a primer plano el ruido de la cloaca. Según desveló elDiario.es, el comisario jubilado Jaime Barrado, primer investigador del caso de acoso, acudió en octubre pasado a la Guardia Civil a denunciar el intento de soborno por parte de otro comisario jubilado, que estaría cumpliendo un encargo de López Madrid para Barrado contribuyera a que la dermatóloga retirara la acusación que se dirimirá en el Juzgado de lo Penal en febrero y el juicio no llegue a celebrarse.  

El hecho de que el juicio en la Audiencia Nacional, con mejores perspectivas para López Madrid y Villarejo que el que se celebrará en un Juzgado de lo Penal, arranque antes responde a una maniobra de la defensa del empresario que alegó razones médicas de uno de sus abogados y retrasó más de un año su inicio. 

La 'chapuza' de García Castellón

El 27 de octubre de 2023, el entonces juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón dictó auto de apertura de juicio oral, pero el caso aún viviría varios vaivenes antes del juicio que empieza el lunes. En febrero de 2025, la Sala de lo Penal rectificó la decisión del magistrado y ordenó el archivo de las actuaciones. Alegaba que la acusación particular, en este caso la doctora Pinto, no podía actuar por un delito como el cohecho, cometido contra la Administración pública. Al no acusar la fiscalía ni participar acusación popular alguna el juicio no debía celebrarse. 

Pero apenas un mes después, la propia Audiencia Nacional daba un nuevo giro al caso. La máxima instancia del tribunal especializado, la Sala de Apelación daba un rapapolvo a García Castellón por haber permitido que la doctora ejerciera la acusación particular y transformaba su condición a la de acción popular, ordenando que el juicio se llevara por fin a término. 

Como testigo también declarará Alejandro de Pedro, el gurú informático del caso Púnica, a quien López Madrid envió la dirección exacta de la doctora Pinto, según consta en los mensajes recuperados por la Guardia Civil del teléfono del empresario tras su detención en el caso Lezo. “He estado con los hackers que llevan los temas de policía”, le decía De Pedro. 

Javier López Madrid fue condenado por las tarjetas Black, absuelto –como el resto de los acusados en la causa matriz de Bankia– y aún tiene pendiente dos juicios por corrupción en el marco de los casos Púnica y Lezo. El juicio por acoso a la doctora hasta el martes, 20 de enero. El 4 de febrero arrancará en un juzgado de Madrid la otra vista por el acoso y la agresión con arma blanca contra Villarejo y el empresario.