El Gobierno plantea aumentar la cesión del IRPF y el IVA a las comunidades: “Este modelo es más solidario que el actual”

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado el nuevo sistema de financiación autonómica que aumentará los recursos que recibirán los territorios en unos 21.000 millones de euros, según los cálculos del Gobierno gracias al “dinamismo económico”. Una de las principales novedades es que se amplía el porcentaje de cesión de algunos impuestos, como el IRPF, que pasa del 50% al 55%, y el IVA (del 50 al 56,5%), lo que supondría una elevación de la financiación de 16.000 millones de euros. A pesar de esa mayor cesión, que supone una mayor capacidad de recaudación para las comunidades con más ingresos, Montero ha explicado que habrá un mecanismo de “solidaridad interterritorial”. “En la medida en la que la recaudación aumenta por la cesión de más tributos, la solidaridad territorial también aumenta. Este modelo es más solidario que el modelo actual vigente”, ha asegurado.

El mecanismo de solidaridad interterritorial supone una nivelación del 75% de la distancia de cada comunidad respecto a la media de recursos por habitante ajustado. “Las comunidades con una capacidad tributaria por habitante ajustado por debajo de la media recibirán recursos y las que estén por encima serán aportadoras netas”, asegura Hacienda. Los cálculos del aumento de la financiación se basan en las estimaciones de 2027, que es cuando entraría en vigor el nuevo sistema de financiación autonómica, que tiene un tortuoso camino por delante por el rechazo que PP y Junts han manifestado por ahora. En total, supondría una financiación autonómica de 224.507 millones de euros el próximo año. La ministra ha recordado que, en 2023, el último año liquidado, las comunidades recibieron 152.484 millones de euros.

Consciente de que no va a llover a gusto de todas las autonomías, la vicepresidenta ha dicho “no puede existir un modelo a medida de una comunidad autónoma” y que ahí “radica la dificultad”, pero ha asegurado que el sistema nuevo pretende reducir “las diferencias actuales”, respetar la “singularidad territorial” al tiempo que sea “más transparente y sencillo que el actual”. Hacienda convocará un Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo miércoles para presentar el nuevo modelo a los gobiernos autonómicos, aunque la última palabra la tiene el Congreso.

“Quien vota el sistema de financiación es el PP, entonces si el PP no tiene una posición única, no es posible consensuar el sistema con el PP”, ha dicho Montero sobre las propias discrepancias entre sus gobiernos autonómicos: “Feijóo no tiene liderazgo suficiente para poner una propuesta sobre la mesa”. La estrategia del Gobierno pasa por trasladar toda la presión a Feijóo, dado que el 70% de los 21.000 millones extra van a parar a comunidades en las que gobiernan sus barones.

Por comunidades, Andalucía es la percibiría más ingresos con el nuevo sistema (4.846 millones), seguida de Catalunya (4.686 millones), la Comunitat Valenciana (3.669 millones) y Madrid (2.555 millones). Por el contrario, Cantabria y Extremadura perderían recursos, pero Montero ha asegurado que se les compensará con el fondo de compensación.

Sobre la ordinalidad que Oriol Junqueras dio por hecho como parte del acuerdo del Gobierno con ERC, Montero ha dicho que “la construcción del modelo tiende al principio de ordinalidad, pero depende de cada comunidad autónoma que ese principio de ordinalidad esté presente o no”. “El fruto finalmente de lo que aporta versus lo que reciben no es homogéneo para todas las comunidades autónomas”, ha explicado la vicepresidenta, que ha asegurado que sí se cumple en el caso de Catalunya. La responsable de Hacienda ha puesto como ejemplo Cantabria, que recibe 46 millones de euros del fondo de compensación, y Madrid: “La financiación por habitante ajustado de Cantabria es superior a la de Madrid y, si tuviera principio de ordinalidad, Madrid tendría que estar por encima”.

La aportación del Estado a través de la nivelación vertical será de 19.000 millones de euros, que procederán del 5% del rendimiento del IRPF y de la transferencia adicional. Lo que sostiene Hacienda es que el Estado aporta recursos al sistema para blindar el Estado de Bienestar y acortar más la diferencias por habitante ajustado. “En esta fase se reduce en dos tercios la distancia de cada comunidad respecto al territorio que presenta la mayor financiación por habitante”, apunta el ministerio.

En cuanto a la población ajustada, la vicepresidenta ha asegurado que “se delimitan los grupos de población con una mayor precisión” a la hora de establecer el peso en el reparto. Entre las novedades, está la inclusión de “costes fijos” con los que se pretende paliar el daño a la financiación que supone la despoblación. Montero ha explicado que también los criterios de superficie y dispersión sirve para ese objetivo. “Creo que se ha logrado un sistema equilibrado y transparente”.

Igualmente, habrá una aportación adicional de 3.300 millones de euros a través del Fondo de Compensación Interterritorial, del que se benefian las comunidades que están por debajo de la media en financiación por habitante. “No forma parte del modelo, pero es un instrumento constitucional”, ha recordado Montero sobre ese fondo.

Pullas al PP y lucha contra el dumping fiscal

La ministra ha dicho que la pretensión del Gobierno es establecer “un límite para el dumping fiscal”, que supone la competencia a la baja tributaria en algunas comunidades autónomas, especialmente Madrid. “Hay un cierto consenso, no todo el mundo esta de acuerdo, en poner algún límite al dumping fiscal para imposibilitar que queden en nada algunas figuras tributarias y dotar de una mayor corresponsabilidad fiscal a las comunidades autónomas. No tiene sentido que el Gobierno de España esté haciendo esfuerzos extraordinarios para dotar de mayores recursos a los territorios y que luego los territorios bajen los impuestos en la parte que les corresponde”, ha dicho Montero, que ha asegurado que es una fórmula que se “tiene que discutir” y ha visto con buenos ojos que el Estado se “reservara un mínimo de tributación” en figuras como Sucesiones o Donaciones. El debate está abierto.

El Gobierno ha decidido que el dinero que se transfiere no tenga un carácter “finalista” para respetar el princpio de autonomía de las comunidades, pero ha planteado “casi como un ruego” que se destine a la mejora de la calidad de los servicios públicos. “De nada serviría poner encima de la mesa casi 21.000 millones de euros si el destino de esos recursos va a ir a la iniciativa privada en sanidad, en universidades privadas o en algún otro mecanismo que impida garantizar la igualdad de oportunidades”, ha deslizado para luego rematar: “Al final estamos transfiriendo cada día más recursos a las comunidades autónomas y, sin embargo, los ciudadanos no lo notan, todo lo contrario, perciben un deterioro en la calidad de esos servicios públicos. No tiene ningún sentido que esto ocurra por el interés privatizador del Partido Popular, que destina la gran parte de esos nuevos recursos a la sanidad privada o a la universidad privada”.

Montero ha asegurado que llevan “mucho tiempo” trabajando en la reforma que es “es uno de los retos más complejos a los que se enfrenta cualquier Gobierno”. Ahí ha aprovechado para meter una pulla al PP al recordar que el Ejecutivo de Mariano Rajoy “incluso con mayoría absoluta no se atrevió a presentar un modelo de financiación autonómica”. La vicepresidenta ha asegurado que el de Pedro Sánchez es un “Ejecutivo decidido que asume su responsabilidad” y “que entiende que no hay mejor manera de defender el estado de bienestar” que modificando el sistema de financiación que tiene ya 17 años y lleva caducado desde 2014.

“Hemos demostrado que creemos en el estado de las autonomías”, ha dicho Montero en su intervención inicial en la que ha cargado contra el PP por “polarizar” con el mantra del “agravio” territorial que ha asegurado que no se compadece con la realidad. La responsable de Hacienda ha recordado que en los últimos siete años se han puesto a disposición de las comunidades 300.000 millones de euros más que “en la etapa del PP”. “Una cifra de vértigo”, ha dicho la socialista, que considera que debería haber contribuido a la mejora de los servicios públicos: “No es sólo cuestión de recursos sino de orientación política”.