El acuerdo para la nueva financiación se enfrenta a una carrera de obstáculos por el rechazo del PP y las dudas de Junts

El Gobierno y ERC han cerrado el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica después de más de seis meses de arduas negociaciones. El resultado aún no se conoce en detalle, porque no será hasta el viernes por la mañana cuando la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo explique, pero en números absolutos implicaría que las comunidades autónomas se repartieran entre 18.000 y 20.000 millones más, de los cuales 4.700 serían para Catalunya.

En el Gobierno son conscientes de que les queda un duro camino por delante para que el nuevo modelo, que pretende sustituir al vigente desde 2009 y que caducó en 2014. Desde entonces ha sido imposible un entendimiento para la gran batalla de la política española dado que de ese sistema dependen servicios públicos básicos como la sanidad, la educación o la dependencia.

A pesar de la dificultad para sacarlo adelante debido a la debilidad parlamentaria y la falta de apoyos, en el Gobierno juegan con la baza de que será difícil para los partidos, especialmente el PP que es el que gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas, rechazar un modelo que aumenta los fondos para todos los territorios. Por el momento, los gobiernos del PP, y también el socialista Emiliano García-Page, han criticado el acuerdo anunciado por Junqueras tras su reunión con Pedro Sánchez porque consideran que es un “agravio” que profundiza en las “desigualdades” dado que la financiación para Catalunya aumentará sustancialmente.

“La vicepresidenta lleva meses trabajando en este proyecto. Se ha hablado con todo el mundo, también con las autonomías del PP. No está negociado ni pactado con el PP, pero se ha hablado con ellos”, explican fuentes gubernamentales, que apuntan a que el Consejo de Política Fiscal y Financiera para presentárselo a las comunidades se celebrará la semana que viene. En todo caso, el Gobierno tiene mayoría en ese órgano por lo que se trata de un mero trámite antes de que lo apruebe el Consejo de Ministros y ponga rumbo al Congreso.

“Hemos tenido la deferencia de explicárselo a Junqueras, que no tiene el modelo completo, porque en el acuerdo de Gobierno se pactó poner encima de la mesa un nuevo modelo de financiación. Estamos orgullosos de aquel pacto”, señalan en Moncloa.

La nueva financiación convence a ERC, que asegura haber garantizado el principio de ordinalidad, un concepto que implica que ninguna comunidad pierde puestos en el ránking de financiación respecto al orden en el que está a la hora de aportar, y que en Catalunya genera gran consenso. Sin embargo, Junts ya ha mostrado su queja, al entender que el acuerdo no contempla nada parecido al concierto económico que ellos reclaman.

“[Lo pactado] no se parece en nada a lo que anunció ERC para investir a Salvador Illa”, ha asegurado el portavoz de Junts, Josep Rius, que ha criticado que no se haya acordado un cambio de modelo de financiación, sino únicamente aportar más recursos. “Todas las comunidades recibirán más dinero, pero Madrid seguirá teniendo la llave de la caja”, ha insistido el de Junts, que ha concluido que el pacto no revierte el “déficit fiscal” que denuncian que sufre Catalunya.

Los reproches de la formación de Carles Puigdemont, que se suman al rechazo frontal que ya han expresado todos los partidos de la derecha, comenzando por el PP, auguran un camino más que tortuoso para la reforma de una ley de financiación caducada hace 12 años.

Pero los argumentos para tratar de que Junts se mueva están fijados y son los que esgrimen, al unísono, desde el Gobierno, Govern, ERC y hasta los Comuns: ¿Va a rechazar Puigdemont que Catalunya disponga de un 12% más de financiación anual? Por eso, por contundentes que sean ahora las palabras de Junts, todos esperan que el partido acabe moviéndose, si no para apoyar, sí, al menos, para no obstaculizar la reforma.

Actualizar la ley de financiación, aprobada en 2009 para cinco años, requiere de una mayoría simple que sería posible con la abstención de Junts, siempre y cuando el resto de formaciones de la investidura de Sánchez dieran su apoyo a la propuesta, incluido el incierto voto de Podemos.

Pero las cosas serían aún más difíciles si se quisiera reformar la ley marco de la financiación, que es orgánica. Introducir cambios en esta norma sería necesario para avanzar en la recaudación por parte de la Agencia Tributaria de Catalunya, un compromiso que también figura en el acuerdo entre ERC y los socialistas, aunque, por el momento, aplazado.

En el Gobierno se preparan para una nueva batalla parlamentaria y tienen claro el argumentario contra el PP si no facilita la aprobación del nuevo de financiación autonómica, que permitiría regar a las comunidades con miles de millones de euros más. “El Gobierno de España pone sobre la mesa una propuesta que soluciona las carencias del sistema actual y cumple con lo prometido a todos los españoles: garantizar más recursos para todas las comunidades autónomas”, han apuntado desde Moncloa: “El Gobierno progresista quiere más sanidad pública, más educación pública, más ayudas a la ciudadanía y para eso necesitamos comunidades autónomas mejor financiadas”.

“Si el PP respalda estos principios, debería apoyar la propuesta de reforma que garantiza más recursos para todas las comunidades autónomas. Es incompatible creer en el Estado del Bienestar y en el Estado de las Autonomías y no apoyar la necesaria reforma del modelo”, se han precipitado a decir desde Moncloa sin siquiera presentar la letra pequeña y antes incluso de que el PP saliera en tromba a criticar el pacto de Sánchez y Junqueras.

La ordinalidad, un compromiso de Illa que molesta a Montero

“Tenemos un acuerdo sobre la aplicación del principio de ordinalidad, para que si Catalunya es la tercera en aportar también sea la tercera en recibir”, ha proclamado Junqueras. Este anuncio, que aún nadie ha confirmado por la parte del Gobierno, llega tras una larga controversia que han mantenido las fuerzas mayoritarias en Catalunya, incluido el Govern de Illa, con el Ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta Montero. Para los catalanes, la ordinalidad es un mínimo imprescindible del acuerdo, pero Montero ha tratado de evitar llegar a la carrera electoral andaluza con esta carta de presentación. De hecho, la vicepresidenta siempre ha sostenido que presentaría un “modelo global con parámetros que beneficien a unos y otros”. 

La ordinalidad, que es un principio que históricamente han defendido también el PP y el PSOE en Balears o Comunitat Valenciana, se recogió como principio de la nueva financiación en el acuerdo entre ERC y el PSC para la investidura de Salvador Illa, en verano de 2024. Sin embargo, en el primer gran compromiso público del Ministerio con la Generalitat para reformar la financiación, la palabra ordinalidad pasó de la parte de los acuerdos al preámbulo por decisión directa de la ministra.

El Parlament de Catalunya acabó plasmando el consenso que generaba la ordinalidad en Catalunya en una resolución aprobada en octubre pasado. Pese a eso, la palabra siguió generando división en el seno de las negociaciones a tres bandas entre Hacienda, el Govern y ERC. Según Junqueras, esta situación se habría superado, aunque quedan por ver los detalles concretos.