De la batalla contra la agenda verde al “papel del padre” o los desalojos exprés: las cesiones del PP de Feijóo a Vox en su decálogo para pactar

El Partido Popular y Vox tienen que entenderse y limar diferencias para poder seguir gobernando juntos en las comunidades autónomas y facilitar un hipotético acuerdo después de unas generales. Es la sensación que se desliza de los últimos movimientos de acercamiento de la dirección de Génova 13 y que tuvieron su máximo exponente el pasado domingo 22 de febrero en una conversación telefónica de una hora entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal para reactivar las negociaciones en Extremadura y Aragón, estancadas desde las últimas elecciones.

Feijóo, en una entrevista en Onda Cero este lunes, afirmaba que “se puede abrir un escenario en el que el pacto se puede hacer posible” ante la posibilidad latente de una repetición electoral en Extremadura que, todo apunta, perjudicaría más a su partido que a su rival por el voto de la derecha.

El líder del principal partido de la oposición explicaba que han aprobado un “documento marco” que pone “negro sobre blanco” el marco de juego “en el que se va a mover” el partido “para respetar el resultado de las urnas”. Un “muy buen resultado” en Extremadura y Aragón que, ha reconocido, fue insuficiente: “No tenemos mayoría absoluta, necesitamos un acuerdo estable con Vox”. El PP quiere desplazar al tejado de Abascal la responsabilidad de la quiebra de las conversaciones entre el PP y Vox, especialmente en Extremadura. “Vox tiene que responder si su prioridad es que Sánchez pase a la oposición o imposibilitar gobiernos del PP”, ha asegurado.

Santiago Abascal ya ha avanzado en una entrevista en Antena 3 que este decálogo “le suena mal” porque “parece que cuando se habla de lo obvio en el marco de un acuerdo con Vox, probablemente se está ofendiendo a alguien”. “Que pongan esos marcos de respeto al Estado de Derecho, la Corona, la democracia o a la Constitución para pactar con Vox no lo comprendo”, ha añadido, ofendido, el líder de la extrema derecha, que ve que el PP les trata “como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox” y que ha tratado de restar optimismo al escenario de las negociaciones autonómicas.

En el documento, el PP asegura que los españoles están manifestando “de forma inequívoca su rechazo al actual Gobierno de Pedro Sánchez y su voluntad de abrir una nueva etapa política en España”. “Si la gente está haciendo su parte para ello, nuestra obligación es hacer la nuestra”, señala. Para ello piden “equilibrio” en la concreción de los acuerdos y un sistema de diálogo y consenso, especialmente en algunos de los ámbitos en los que Vox ha tratado de diferenciarse de su partido y con los que ha logrado atraer a gran parte de sus votantes. A continuación analizamos algunas de las cesiones discursivas o de políticas que los populares hacen a su principal rival político.

Políticas climáticas

El Partido Popular afirma en uno de los puntos sobre políticas concretas del documento marco que rechaza las políticas climáticas “que destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria”. Aunque solamente especifica que el partido defenderá un “mix energético completo” en el que se incluya la energía nuclear y que no aceptará cierres ni prohibiciones que comprometan la competitividad. Es decir, abre la puerta a modificar políticas climáticas, como propone Vox como parte de su lucha contra la “agenda verde” o la Agenda 2030, que ya en su programa electoral a las generales de 2023 abogaba por la derogación de la Ley de Cambio Climático o de la Ley de Costas, en base a criterios puramente económicos.

Vivienda

El PP basa su documento en dos aspectos en cuanto a las políticas de vivienda. Por un lado, cuestiona el “intervencionismo” del Gobierno y contrapone a esa idea la necesidad de construir más vivienda con ayudas fiscales para el acceso a la compraventa por parte de los más jóvenes o de reducción de “burocracia urbanística” y movilización de suelo urbanizable. La otra pata para estas políticas públicas que defiende el partido es la de la lucha contra la “ocupación ilegal”, para lo que propone desalojos exprés, que sean nulos los empadronamientos en viviendas ocupadas y “seguridad jurídica plena” para propietarios e inquilinos.

Tanto la medida para los “desalojos exprés” como que sean nulos los empadronamientos en viviendas ocupadas han sido modificaciones legislativas propuestas por Vox a nivel nacional desde 2021 y que se incluían en su programa electoral de las generales de 2023, aunque en el caso de la nulidad de los empadronamientos incluían también a los inmigrantes en situación irregular. Pese a ello, la ley ya garantiza el desalojo exprés en los “allanamientos” de la residencia habitual y segunda vivienda y los juristas han criticado en varias ocasiones el alarmismo injustificado al respecto.

Población vulnerable

En el Partido Popular consideran que los acuerdos autonómicos deben proteger la dignidad “de todos los ciudadanos” y promover lo que llaman “solidaridad activa” entre las personas hacia los más vulnerables. Sin embargo, añade en su documento una excepción: la distinción entre personas “necesitadas” y personas “aprovechadas”. “No perpetuaremos un sistema de subsidios en el que la gente trabaje para sostener a quien haya demostrado que no quiere hacerlo”, reza la parte final de este punto. En este sentido, si bien Vox no tiene una política clara respecto de subsidios a la población más vulnerable, sí que ha tratado de identificar a los inmigrantes como los beneficiados de este tipo de ayudas.

En este sentido, Vox busca vincular las ayudas sociales a “la residencia legal” en España, dejando fuera a cualquier persona en situación irregular, y no al empadronamiento, que también propone impedir a las personas en situación irregular. Pese a ello, la redacción del artículo en el documento marco del PP impide conocer realmente qué alcance podría tener sobre las políticas autonómicas o si podrían hacer que población realmente vulnerable quedase fuera de las ayudas sociales tras algún tipo de acuerdo con Vox.

Inmigración

Pese a que la política migratoria es competencia puramente estatal, el Partido Popular incluye hasta dos secciones en su documento marco al respecto. Los populares aseguran que España “ha perdido el control” de la política migratoria o que “la inmigración irregular ha alcanzado niveles intolerables”, acercando sus postulados discursivos a los de Vox. También se critica la regularización aprobada por el Ejecutivo y que Santiago Abascal ha convertido en uno de sus argumentos más recurrentes en las últimas semanas para atacar su política migratoria.

El PP de Feijóo asume este discurso y señala que la regularización es “profundamente injusta” para quienes han seguido “las vías legales y se han esforzado por integrarse”, pese a que la mayoría de estas personas ya viven y trabajan de facto en España aunque en situación irregular o a que algunas de las principales regularizaciones masivas de inmigrantes en situación irregular fueron aprobadas por el gobierno de José María Aznar. Además, defiende que “quien cometa delitos graves o haga de la delincuencia su forma de vida debe ser expulsado”, algo que ya existe en la legislación española, a pesar de que los principales partidos de la derecha insisten en esta cuestión de forma recurrente.

En el apartado autonómico solamente hacen una mención a que se “cuente” con las comunidades autónomas antes de “imponer decisiones” cuyas consecuencias “no asume” el Ejecutivo central. Esto hace referencia al reparto de los menores extranjeros no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas que aprobó el Ejecutivo tras pactarlo con Junts y que el Partido Popular se negó a apoyar en el verano de 2024 después de que provocase la ruptura con Vox en todos los gobiernos autonómicos.

Familia y educación

El PP afirma en su documento marco que sitúa la natalidad “en el centro de la agenda política” y la familia como “primera red de apoyo” tanto de cuidados como de transmisión de valores, y llega a afirmar que hay quienes quieren sustituir el papel de la familia por “la intervención del Estado”. Este punto podría interpretarse como un acercamiento a la postura política de Vox, que ha insistido en sus políticas de “los españoles primero” y de fomento de la natalidad y que ha propuesto en diferentes comunidades autónomas la creación de la figura del “pin parental”.

En la actualidad se mantienen en vigor medidas de este tipo en la Comunidad de Madrid o en la Región de Murcia, donde la justicia tumbó la propuesta inicial de Vox. En ambos casos este “pin parental” se limita a la exigencia a los centros educativos a informar con al menos siete días de antelación a los padres de los alumnos de las actividades que se impartirán a sus hijos y no constituye un veto a algunas de esas actividades, como exigía el partido de ultraderecha. Tanto en Balears como en Extremadura el Partido Popular se ha negado en la última legislatura a aprobar medidas para establecer un veto parental a las actividades escolares.

Otro de los aspectos llamativos de estas políticas en el documento del PP es el de la reivindicación “del papel fundamental del padre”, aunque no queda claro a qué se refiere más allá de eliminar “trabas” que penalizan a padres y madres en el acceso y mantenimiento del empleo.

Sobre los menores, el PP defiende protegerles de la exposición prematura a contenidos “dañinos”, que no especifica, y de “intervenciones que no respeten su proceso de maduración” o de “quienes pretenden utilizar las aulas o los servicios públicos para imponer una visión ideológica del mundo”. Se trata de uno de los principales argumentos de Vox para tratar de condicionar la educación que reciben los menores y contra la educación sexual en las aulas. El PP generalmente se ha mostrado en contra de este tipo de exigencias de Vox, como ocurrió en el caso de la Comunidad de Madrid, donde utilizó su mayoría absoluta para frenar una iniciativa del partido de Abascal y negó que se adoctrinase a los alumnos en los colegios. Sin embargo, también recientemente a nivel municipal, el PP sí ha “comprado” el mensaje de Vox y votado con la ultraderecha en este sentido, como hace apenas tres semanas en Talavera de la Reina.

El Partido Popular también incluye a este respecto otro punto en su documento en el que establece que son los padres quienes “deben decidir sobre la educación de sus hijos y su formación moral” y se compromete a impedir que las aulas “se conviertan en espacios de adoctrinamiento ideológico”, sin aclarar cómo pretenden hacerlo o qué adoctrinamiento puede existir en las aulas.

Feminismo

Aunque no es el tema en el que más abunda el texto aprobado por la ejecutiva de Génova 13, sí que hay una mención expresa a las dificultades de las mujeres en el acceso al empleo, la conciliación o el problema de la brecha salarial, que no siempre ha reconocido el partido. Establece que estos problemas se resuelven “con políticas concretas y eficaces” que no detalla y que no se hace “enfrentando a los ciudadanos por su sexo”. La única propuesta concreta en este sentido que promoverá el PP es la de la prohibición del burka y el niqab, que marcó el inicio de este último acercamiento a Vox ante el fracaso de las negociaciones autonómicas.

Otro punto que puede generar en este caso fricciones con Vox es el de la condena “de toda forma de violencia” ya que exige que cualquier acuerdo rechace todo tipo de violencias, entre las que incluye la violencia machista. Vox se ha apartado de forma reiterada en los últimos años de concentraciones en ayuntamientos o comunidades autónomas frente a la violencia contra las mujeres y tampoco ha suscrito el Pacto de Estado contra la violencia de género. Al mismo tiempo, Vox argumenta que hay que condenar “todo tipo de violencias”, por lo que también puede interpretarse como un acercamiento al discurso de los de Abascal.

En este mismo apartado, el PP se acerca sin duda a Vox cuando, tras asegurar que combatirán todas estas violencias “con todos los recursos”, añaden que hacerlo exigirá “prescindir de cualquier partida que se haya demostrado inútil o contradictoria con este objetivo”. Esta frase subordinada puede suponer la apertura del PP a reducir subvenciones o a romper acuerdos con asociaciones o instituciones en defensa de los derechos de las mujeres y que Vox ha calificado de “chiringuitos” prácticamente desde su fundación y en línea con su ataque habitual a las políticas feministas en pos de la igualdad real.

Seguridad

El PP de Núñez Feijóo defiende además que comparte con Vox (aunque no menciona a la formación en todo el documento) su preocupación por el “deterioro” de la seguridad ciudadana. Menciona el crimen organizado, las bandas juveniles y la inseguridad como concepto general y asegura que no se combaten “con discursos” sino “con medios, con presencia y con leyes que se cumplan” aunque su único compromiso claro es el de exigir al Gobierno “una respuesta penal a la altura” y que quien delinca asuma las consecuencias. Vox ha insistido en los últimos años en incrementar las penas para los casos de agresión sexual, aunque no se especifica en ningún sentido en qué podría concretarse este punto, además de que la legislación penal no es competencia de las comunidades autónomas.