La libertad de Ayuso consiste en beber cervezas, en no encontrarte por la calle con tu ex. Pero no cubre, al parecer, uno de los pilares más básicos en cualquier democracia: la libertad de la prensa, el derecho constitucional que tienen los ciudadanos a la información.
En este paraíso liberal, el Gobierno autonómico tiene un derecho mayor: la libertad para “triturar” a un medio de comunicación. A intentar forzar su cierre. A callar su información.
Este pasado martes 12 de marzo, Miguel Ángel Rodríguez mandó varios mensajes a una de las periodistas de elDiario.es. MAR es el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid. Es la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, su hombre de confianza, la persona que diseña su estrategia y su discurso. A todos los efectos, en la práctica, es su número dos.
Entre esos mensajes a través de Whatsapp, Miguel Ángel Rodríguez escribió:
“Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”.
“¿Es una amenaza?”, preguntó nuestra periodista. “Es un anuncio”, respondió Rodríguez.
Este mismo martes, a las seis de la mañana, elDiario.es había publicado en exclusiva el siguiente titular: “La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla”. Y a las nueve y media de la noche, ese mismo día, publicamos una segunda pieza, con más detalles sobre este fraude: “La pareja de Ayuso cobró dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas”.
Hora y media después de que sacáramos esta segunda exclusiva, entre las 22:52 y las 23:11 del mismo martes, llegaron las amenazas por parte del jefe de Gabinete de la Comunidad de Madrid. O el “anuncio”, como lo llama Miguel Ángel Rodríguez: la intención manifiesta y declarada de “triturar” a elDiario.es.
No es solo una amenaza contra esta periodista, que recibió estos mensajes en su móvil. Es contra los más de 200 profesionales que trabajamos en esta redacción. Contra 78.000 socios y socias. Contra el millón y medio de personas que se informan, cada día, en elDiario.es.
Esta conversación entre Miguel Ángel Rodríguez y nuestra periodista fue iniciada por él. No fue en respuesta a ninguna petición de información. Minutos después de que elDiario.es lanzase la segunda exclusiva sobre el asunto, el jefe de gabinete de Ayuso empezó a enviar mensajes a su teléfono, pese a que no firmaba ninguna de las informaciones.
Miguel Ángel Rodríguez empezó asegurando que esa comisión de dos millones era “culpa de Pedro Sánchez”, siguió negando que hubiera falsedad documental: “No hay facturas falsas” –mentira, claro que las hay–. Y cuando nuestra periodista le recordó que “tenía siete preguntas por responder” de elDiario.es, derivó en estos insultos y amenazas cuyo objetivo es evidente: amedrentarnos, intimidarnos, hacernos callar.
Hemos recibido estos mensajes intolerables, pero no respuestas. Ni Ayuso ni su pareja han querido contestar a las distintas preguntas que les hemos hecho llegar sobre este asunto: de forma directa y también a través del equipo de comunicación de la Comunidad de Madrid. “Vosotros veréis”, respondió Miguel Ángel Rodríguez el lunes hasta en cuatro ocasiones, cuando le preguntamos –antes de publicar– por el fraude de la pareja de la presidenta de Madrid. Y Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, nos colgó el teléfono cuando supo que quien llamaba era un periodista de elDiario.es.
Tampoco han podido desmentir nuestras noticias. Toda la respuesta de la presidenta de Madrid ha consistido en presentarse como víctima de una conspiración de “todos los poderes del Estado”. Ha hecho lo de siempre: intentar desviar el debate para hablar de nuestras supuestas fuentes. Y también enseñarnos los dientes, como también demuestran estos mensajes.
No han podido desmentir nuestras noticias porque los hechos son los que son. La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros y esto no solo lo afirma la Agencia Tributaria y la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid. También lo ha confesado el propio defraudador: “Ciertamente se han producido dos delitos contra la Hacienda Pública”, ha reconocido Alberto González Amador, a través de su abogado, que ofreció a la Fiscalía un acuerdo de conformidad. El pasado 2 de febrero cuando supo que la Fiscalía lo iba a denunciar, quiso reconocer los delitos, pagar la multa y aceptar a cambio una condena más baja, que evite una pena de prisión.
Todas estas noticias que tanto han indignado al Gobierno de la Comunidad de Madrid no solo son veraces. También cumplen con otro requisito obligatorio en nuestra profesión: son de interés general para la ciudadanía. Responden al derecho constitucional a la información. Y la prueba más evidente es que la práctica totalidad de los medios españoles –y alguno internacional– han publicado esta noticia, que destapó elDiario.es.
¿Cómo no va a ser relevante que la presidenta de Madrid, la persona que gestiona el dinero de los impuestos, viva en una lujosa casa pagada por un defraudador que debe hasta las multas de su Maserati? ¿Qué diría la propia Ayuso, o el Partido Popular, si fuera cualquier político de izquierdas –bastaría un concejal de pueblo– quien estuviera en esta misma situación?
Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez no son solo un calentón. Van muy en serio. Sabemos que vendrán a por nosotros –el viernes anunciaron una querella–. Y no es la primera vez que MAR recurre a este método de presión contra los medios que le son incómodos.
El 26 de diciembre de 1996, cuando Miguel Ángel Rodríguez era el secretario de Estado de Comunicación del Gobierno de José María Aznar, amenazó al entonces dueño de Antena 3, Antonio Asensio. “Dile a tu jefe que va a ir a la cárcel”, le gritó por teléfono al periodista José Oneto, delante de varios testigos que escucharon la conversación. “No le van a servir de nada sus guardaespaldas. No voy a parar hasta que Asensio acabe en la cárcel. Te avisaré un minuto antes”.
¿El delito de Asensio? No haberse plegado a las presiones del Gobierno y vender a Sogecable –la empresa de televisión por satélite de Prisa– los derechos de varios clubes de fútbol. Pactar con el editor de El País y la SER, en vez de entregárselos a la Telefónica del compañero de pupitre de Aznar, Juan Villalonga. El típico ejemplo de ese “libre mercado” en el que creen estos supuestos liberales.
“Tu jefe va a ir a la cárcel”, decía Rodríguez. Y no sonaba como una bravuconada. Era la misma época en la que a Jesus Polanco le habían retirado el pasaporte y tenía que ir, cada tanto, a firmar a la Audiencia Nacional; estaba procesado penalmente por una persecución política, alentada desde el Gobierno y que acabó como acabó: con la denuncia archivada y un juez condenado por prevaricación que, más tarde, fue indultado por Aznar.
Esa es la libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad de expresión, en la que creía Miguel Ángel Rodríguez. Y en la que sigue creyendo hoy, cuando amenaza con cerrarnos porque no nos plegamos ante su poder.
Espero que en la derecha esta vez también haya personas que defiendan a elDiario.es contra estas amenazas, contra estas presiones intolerables, aunque no compartan nuestra línea editorial.
Soy muy consciente de a qué nos enfrentamos cada vez que contamos una noticia así, como las que hemos dado esta semana. Nos ha pasado muchas veces antes en la historia de elDiario.es. Nos seguirá pasando muchas más, porque hay poderes en España que aún no han entendido en qué consiste la prensa libre. Por falta de costumbre, tal vez.
He puesto el asunto en manos de nuestros abogados, para estudiar acciones legales: si es viable una denuncia judicial.
Esta semana, después de recibir las amenazas, acudimos a un notario para certificar la existencia de estos mensajes: cuándo, cómo y desde qué número se enviaron. Obviamente, podemos probar todas y cada una de las afirmaciones que hago aquí. Como siempre, en elDiario.es.
Quiero dejar clara una última cuestión. La más evidente. La fundamental.
Mientras contemos con el apoyo de nuestros socios y socias, no nos vamos a callar.
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