Salvador Navarro (Valencia, 1963) no para de incorporar empresas a la patronal. Ya sean las multinacionales recién llegadas a la Comunitat Valenciana como PowerCo o los clubes de fútbol como el València CF. Presidente de Confederación Empresarial Valenciana (CEV) desde 2010 y vicepresidente de la CEOE, sigue a diario la agenda política valenciana, con las reivindicaciones en materia de financiación autonómica como un asunto de primer orden. Pese a que ha puesto en apuros al PP y al PSPV-PSOE, es vehemente al reclamar la condonación de la deuda histórica, que considera “ilegítima”, alineándose con los expertos en financiación y defendiendo a capa y espada la Plataforma pel Finançament Valencià en la que trabaja de la mano de los sindicatos.

Al líder de la patronal no le gustó nada que en la última reunión de la plataforma, tras años de consensos, la coyuntura nacional dinamitara los pactos, y así se lo abronca a los partidos: “No se quiso llegar a un acuerdo porque los partidos de esta comunidad siguen dependiendo de sus entornos en clave nacional”, afea.

La infrafinanciación y la falta de fondos conllevan que el Gobierno autonómico apenas tenga presupuesto para inversiones en el tejido productivo, algo que toca de lleno al sector al que representa. De la nueva legislación, las relaciones con el Gobierno autonómico y la situación económica conversa desde su palaciego despacho con elDiario.es.

La CEV acaba de presentar sus previsiones económicas para el cierre del año, con buenos resultados para la economía valenciana ¿Qué análisis hace?

Llevamos trabajando años en la senda de estabilidad social. La época de pandemia sirvió para reafirmar el compromiso de los empresarios con los sindicatos y con la administración en aras de esa paz social y política que ha tenido la Comunidad Valenciana y que en estos momentos continúa. El presidente Mazón mantiene el compromiso del diálogo social con un calendario anual. El resultado es una comunidad con cero problemas laborales, con menos problemas sociales que otras comunidades autónomas y con estabilidad política que se posiciona en un enclave para los inversores. La prueba es que en 2023 hemos sigo la segunda comunidad en inversión o con la decisión de PowerCo de incorporarse a nuestro territorio. Es una imagen de marca que vamos trasladando poco a poco.

No solo crece por la vía del turismo: vuelve a tener peso la construcción, las exportaciones...

Y está el plan de reindustrialización, en el que hemos estado trabajando. La Comunidad Valenciana tiene algo que no tienen otras comunidades, el posicionamiento geoestratégico. El puerto, somos el único corredor ferroviario verde que tenemos con Madrid, que es el 25% de nuestras exportaciones portuarias; las universidades públicas en los primeros puestos de rankings europeos, estabilidad social... y el compromiso de que, como dice la consellera o el presidente, la Comunitat Valenciana será turística o no será, pero también el compromiso de trabajar la industria. La experiencia que vivimos en la época de pandemia de que cualquier producto básico tiene que ser importado es una lección, y hay una masa de empresarios con posibilidades industriales.

El punto de intransigencia del PSPV-PSOE con el fondo de nivelación fue absoluto, esto con Ximo Puig no hubiera pasado

¿La reindustrialización es la línea que ha marcado Europa, pero ven factible materializar el plan con plazos tan cortos, que se muevan dos mil millones de euros en cuatro años?

Es un compromiso del gobierno y se tiene que materializar. Por eso el plan simplifica. En esta comunidad hemos sufrido mucho con las cuestiones de la economía verde, con los parques eólicos y solares; los proyectos estaban paralizados porque Compromís desde su conselleria paralizaba cualquier proyecto mediano o grande. El plan simplifica agiliza trámites y proyectos importantes, es otra buena decisión que llevábamos tiempo trabajando, también con la anterior administración.

Cuando Ximo Puig tomó posesión en 2015 anunció un plan de desburocratización, Mazón un plan simplifica... ¿Se acaban de creer estos planes?

Este plan trabaja con inteligencia artificial, con compromisos de aprobar proyectos y subvenciones en 24 o 48 horas, con el compromiso de la declaración responsable y de que cualquier funcionario no va a paralizarlo así como así... Esto está por ver. Lo que nos está llegando es que en el sector de las renovables están cómodos porque han participado. La administración tiene que ejercitar el papel de responsabilidad ante el ciudadano y la empresa. Hay que reconocer que un proyecto paralizado, como ha habido muchos, para la administración es economía parada, empleo parado e impuestos parados. Creemos que la administración tiene que modernizarse y dejar las viejas ataduras. Queremos reciprocidad: si la administración me pide responsabilidad, yo a la administración también se la puedo pedir.

Se están modificando leyes que recuerdan a otros tiempos. La ley de Costas, por ejemplo, que permitirá construir hoteles a 100 metros en un litoral saturado. ¿Apoyan esta medida?

Creo que esta cuestión se hará con el máximo de los respetos. En las Corts se va a negociar y los grupos van a mejorar las propuestas, estamos en contacto con ellos, les pedimos propuestas. Estamos pidiendo a los partidos que hagan sus propuestas y que permitan que el plan simplifica salga adelante.

Ford ha retrasado un par de años la llegada del coche eléctrico, PowerCo está pidiendo algo de tiempo... ¿Le preocupa el parón en el sector del vehículo eléctrico?

Me preocupa que España sea el segundo país en fabricación de vehículos de motor de combustión y podamos perder ese liderazgo. Si lo perdemos es porque la administración no ha hecho los papeles. Faltan infraestructuras, necesitamos una apuesta clara de la Administración. Y los ciudadanos nos tenemos que mentalizar.

¿Cuál es su posición respecto a la entrada de vehículos chinos?

Primero que se pongan construyan las infraestructuras, que haya ayudas y lleguen a tiempo, que la infraestructura permita al ciudadano tomar sus decisiones. En cuanto a los aranceles, son políticas de Estado y Europeas; creo que primero tenemos que tener unas fábricas para poder competir con productos chinos, igual que la competencia con los productos de Sudáfrica. No podemos poner puertas al campo; somos un país exportador, una comunidad exportadora, si todos hacemos lo mismo... Exigimos reciprocidad, igual que con los fitosanitarios. Si a las fábricas se les obliga a determinadas cuestiones medioambientales, los productos que vengan, como los coches, deben cumplir las mismas condiciones.

¿La inversión tecnológica les parece suficiente para poder competir?

La cuestión tecnológica está a la par. Es cierto que tenemos que hacer una apuesta mucho mayor, tanto la administración como las empresas.

Pasemos a abordar la financiación autonómica. ¿Qué sucedió en la última reunión de la plataforma? Todos abroncaron su actitud al PSPV-PSOE.

Me sorprendió mucho su actitud. Primero, que cuando planteamos la reunión no vimos que PP y PSPV tuvieran mucha voluntad de asistir. La postura del PSPV fue incomprensible por parte de todos. Decían que era otro momento [para abordar el conflicto], pero con el arco parlamentario como está, tal vez no sea el mejor. Como manifestó la representante de Comisiones Obreras, hay cuestiones con las que uno no está de acuerdo respecto a la acción del Gobierno autonómico, pero esas cuestiones se tienen que debatir en las Corts Valencianes. El portavoz socialista, José Muñoz, también dijo que el Consell estaba bajando impuestos a los ricos, pero consideramos que esa no era la mesa para abordar esos asuntos. El punto de intransigencia con el fondo de nivelación fue absoluto. Esto con Ximo Puig no hubiera pasado.

Según trasladaron los presentes después, los socialistas planteaban vincular estas peticiones a cuestiones políticas como la corresponsabilidad fiscal o la votación de la senda de déficit...

Nosotros utilizamos el documento del 2023, aprobado por todos en la Plataforma, que hablaba de cambio de modelo de financiación, inversión en infraestructuras y compensación de la deuda. El PSPV nos dijo: este documento no vale, hay que añadir que el Gobierno autonómico no baje impuestos a los ricos. Siguieron con que el fondo de nivelación no es conveniente porque estamos en otro momento, la compensación sí, y que no iban a dar una carta libre a Mazón para que se reuniera con el presidente del Gobierno. Nosotros manifestamos que el propósito era el contrario, que estos son los términos que obtienen el respaldo de la plataforma. No se quiso llegar a un acuerdo, y no se quiso porque los partidos de esta comunidad siguen dependiendo de sus entornos en clave nacional. En el caso del PSPV, Ferraz y en el caso de Diana Morant, claramente el Gobierno.

¿Cree que la secretaria general del PSPV-PSOE no tiene autonomía?

Si yo hubiera sido ella, hubiera pensado que pese a estar en la Ejecutiva del partido y en el Gobierno, en mi comunidad debo defender esto. Por eso digo que con Ximo Puig no hubiera pasado; se hubiera desmarcado y hubiera ganado liderazgo.

¿Cree que este cambio en los socialistas puede afectar al futuro de la Plataforma?

Esté quién esté, vamos a seguir convocando. En octubre una próxima reunión y en noviembre, en el aniversario de las manifestaciones que hemos hecho con distintos gobiernos. También en la mesa se dijo que el PP había aprovechado para meterse en la plataforma cuando ganó las primarias. Pues muy bien, fue su compromiso y lo hizo.

¿Cuán de importante es la deuda histórica en esta reivindicación?

Tanto como que el tejido productivo no está lo bastante apoyado porque el Gobierno autonómico porque tiene que centrarse en partidas sociales, cosa que entendemos. Cerca de 900 millones de euros del presupuesto se van a pagar intereses y el 85% del presupuesto de la Generalitat se va en partidas sociales.

¿Por qué cree que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se resiste a incorporar la quita de la deuda? Si podría aprobarse mañana, como el fondo de nivelación.

Mazón no se resiste a eso. El compromiso del PP en la Plataforma, compromiso que ha hablado conmigo, son los tres puntos: reforma del sistema de financiación, el fondo de nivelación que consiguió incluir en el documento del PP nacional.

Cuando estuvimos en Madrid, en una jornada con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña dijo que estaba de acuerdo con la condonación de la deuda.

Lo incluyó en el documento del PP nacional para todas las comunidades y no solo para las infrafinanciadas. Y luego en sus mociones del Senado no lo incluyen.

En los juegos políticos hay que entender mucho, y yo no entiendo, pero creo recordar que el PP lo ha metido en dos ocasiones en el Senado y ha salido. A la tercera que lo incluyes te pueden decir que no se puede votar.

Pero en la reunión con el presidente del Gobierno tampoco parecía muy por la labor. ¿No les parece que cambia de posición según el interlocutor?

Otra cosa es la estrategia que tenga con su partido. Cuando estuvimos en Madrid, en una jornada con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña dijo que estaba de acuerdo con la condonación de la deuda.

¿Y cuánta deuda nos tiene que condonar el Gobierno? Hay discrepancias en la cifra.

El 78%, que es lo que marcan los expertos del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). Ya vamos casi por 60.000 millones. Como bien dicen los expertos, la deuda es ilegítima. Esta deuda es ilegítima porque venimos de un modelo de financiación que ha sido ilegítimo. Si hay unos expertos en financiación, que de acuerdo con la Airef y otras entidades, marcan que la compensación es entre 1.300 y 1.700 millones de euros, está claro que los necesita. El 78% de nuestra deuda es ilegítima. Y de cara a Europa, es deuda del Gobierno, ya está mutualizada y computa como deuda del Estado. El Estado tiene capacidad para sacar dinero de otras partes. En el tema de la deuda, está todo claro: cambio de modelo, fondo de nivelación -con cantidad a pactar- y quita o condonación de la deuda, estas dos últimas antes de negociar la reforma.

Antes de convocar la mesa le pidieron a Compromís que presionara.

Les dijimos, con cariño, que su crédito se ha acabado. En dos ocasiones firman compromisos con el Gobierno que no se han cumplido. Si vuelven a dar su voto al Gobierno, que tengan claro qué es lo que van a conseguir. Para mí, que lo consiga Mazón, Compromís o Morant... Pues ojalá fueran capaces de unir a sus diputados por el bien de los ciudadanos. Ahora mismo, a quien veo mejor posicionado para ejercer influencia es a Mazón.

¿Cómo vio la reunión del presidente de la Generalitat con el presidente del Gobierno? Consiguió un compromiso en Ford, en el PERTE del chip o la cerámica.

El presidente nos trasladó los 56 puntos el lunes anterior. Creo que si un presidente te llama, por lealtad institucional uno tiene que acudir. Y abrir una puerta de contacto. Me alegro de que lo consiguiera. Ahora, hay que estar vigilante.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, y el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, han mostrado su “preocupación” por la posible fusión entre el BBVA y Sabadell, ya que el nuevo grupo llegaría a concentrar el 60% del mercado bancario en la Comunitat Valenciana y la sede social de la segunda entidad dejaría de estar en Alicante si prospera la oferta planteada.

“La noticia no me ha gustado nada”, ha manifestado Mazón después de que el BBVA comunicara el martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su traslado al presidente del consejo de administración del Sabadell del interés por explorar una fusión en la que se generaría el mayor banco de España. Esta operación formaría una entidad con unas 400 oficinas y 2.500 trabajadores en la Comunitat Valenciana.

El jefe del Consell ha explicado que ha contactado “directamente con el Banco Sabadell” a primera hora de este jueves y le han traslado que “están estudiando la operación con detalle, con exhaustividad y en estos momentos están analizando la respuesta que van a dar”.

“Me preocupa. En primer lugar porque estoy a favor de la competencia, de que los ciudadanos tengan las mayores alternativas posibles. De fraguarse esta operación estaríamos hablando de que en la Comunitat Valenciana dos grandes entidades financieras concentran casi el 60% del mercado, y a mí esto no me parece una buena noticia. Yo quiero más entidades financieras en las que los ciudadanos puedan elegir”, ha expuesto a los periodistas junto al presidente de la CEV antes de un acto organizado por 'La Vanguardia' en València.

Paralelamente, Mazón ha advertido que estarán “vigilantes” ante la posibilidad de que la sede social deje de estar en Alicante, ciudad a la que el Sabadell la trasladó en 2017 ante la situación política en Catalunya. “Tenemos que defender nuestro territorio”, ha subrayado, aunque ha remarcado que “al final (las sedes sociales) acaban todas en Madrid, más allá de un guiño institucional o simbólico”.

En cualquier caso, ha defendido que “hay que ser cautos” y “terminar de analizar los detalles”. “Vamos a estar encima, siempre lo hemos estado durante estos días, vamos a tener un flujo de diálogo muy constante para estar pendiente de cuáles son las decisiones y cuál es la evolución que pueda tener”, ha declarado, para insistir en que está “preocupado” y que no lo dice “con una sonrisa”.

“Presión” de los empresarios

En la misma línea, el presidente de la CEV ha mostrado “cierta preocupación” desde el empresariado valenciano por la posible fusión, ya que la falta de competencia competencia “hace que el crédito deje de fluir”.

“Vamos a intentar trasladar la presión, y lo digo así, a la entidad que resulte para que se mantenga en lo posible el compromiso con el territorio”, ha aseverado, y ha advertido que si sale adelante la fusión “perjudicará a la Comunitat Valenciana” porque “de nuevo las sociedades se irán al domicilio social de Madrid, que es lo que está ocurriendo con algunas entidades”.

“Poco más sabemos”, ha añadido Navarro, tras señalar que es una decisión empresarial y resaltar la implicación del Sabadell en la Comunitat con “un porcentaje muy alto de participación tanto a nivel de crédito o de participaciones de empresas o ciudadanos”.

El Ejecutivo ha aprobado una línea de avales pública para que las empresas no se queden sin liquidez. Bienvenida sea, pero esperamos más. El compromiso de la Administración debería ir más allá y avanzar en el aplazamiento de liquidaciones tributarias y el pago de las cuotas de la Seguridad Social para todas las empresas. Para hacer frente al coronavirus las empresas necesitan su “particular mascarilla”.

Además de fortalecer el sistema sanitario, nuestra protección frente al COVID-19, nuestra mascarilla, debe incluir un conjunto de medidas fiscales, laborales y económicas que ayuden a todas las empresas a superar esta situación. Medidas que para resultar eficaces además deben llegar de forma rápida y ágil, a la misma velocidad que se expande la pandemia, porque si no para muchas empresas, será tarde y porque si no la recuperación no podrá tener forma de U, mucho menos de V.

Apremia asegurar que las empresas dispongan de liquidez suficiente cuando más la necesitan; que es hoy, no mañana. Por eso insistimos en que se aplacen las liquidaciones y el pago de cuotas. Son este tipo de medidas las que inyectan de forma directa e indiscriminada tesorería en la economía y que son fundamentales para la mantener la cadena de liquidez entre las empresas.

En lugar de liquidez lo que nos llega —y esto sí de forma rápida, sin diálogo social —son medidas que esconden la desconfianza en el mundo empresarial. Señora Ministra, la intención de los empresarios es mantener el empleo y favorecer que la recuperación sea rápida. Las empresas están luchando para evitar el cierre, nada más. Las medidas aprobadas en el último Consejo de Ministros traerán más desempleo, esa es la realidad, y no otra.

Si a esto le añadimos el anuncio de parar toda la actividad no esencial la recuperación se augura más que complicada. Con un parón completo, el shock sobre la actividad la economía será total, y acarreará una notable destrucción de puestos de trabajo, justo lo que ahora pretendemos evitar con los ERTEs por fuerza mayor. Pero, es más, ¿cómo van a funcionar correctamente los sectores básicos para hacer frente a la crisis sanitaria si no pueden contar con la necesaria interrelación con el resto de sectores?

Obvia decir que, por supuesto, la salud pública es lo primero y que los mayores esfuerzos deben ir encaminados a limitar el alcance y la velocidad con la que se expande el COVID-19; que nuestra sanidad tiene que tener asegurada todos los recursos que necesite; que son los expertos en salud pública los que en cada momento nos van a decir lo que debemos y lo que no debemos hacer, pero también que nuestra economía no puede resentirse más de lo necesario — que será bastante—.

Como ha dicho el director general de la OMS: “No somos espectadores indefensos. Podemos cambiar la trayectoria de esta pandemia”. Ghebreyesus hablaba en términos de salud, pero la misma afirmación puede servir para la economía. No podemos asistir como meros espectadores, las empresas necesitan, de forma urgente, medidas ambiciosas.

Mientras las grandes potencias aseguran que harán todo lo necesario para vencer al virus cuando llegue el momento —falta saber cuándo— la Unión Europea, salvo en el ámbito de política monetaria, sigue sin dar una respuesta conjunta y contundente. Es una crisis que afecta al conjunto de la UE y que, por tanto, no puede encontrar solamente una respuesta nacional. La Unión debería jugar un papel más activo; beligerante. Estamos ante un suceso extraordinario y, como tal, Europa debería tomar medidas extraordinarias; flexibilizar el déficit debe ser una de ellas, impulsar un gran plan de apoyo y de inversiones públicas, otra.

Mientras tanto, las empresas seguiremos dando muestra de nuestra responsabilidad social y ayudando al sector público en aquello que necesite. En eso consiste la colaboración público privada, más importante si cabe en estos momentos. Todos los sectores han puesto su capacidad de crear, de innovar, de transformarse, de ayudar, al servicio de los ciudadanos. La sanidad, el transporte, la agricultura, la logística, el textil, el comercio, la hostelería, la automoción …. han dado estos días buen ejemplo de ello.

Salvador Navarro es presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana

El actual presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha sido reelegido este jueves para liderar la patronal autonómica los próximos cuatro años por unanimidad. Era el único candidato que aspiraba al cargo y tras confirmarse su elección, ha agradecido el “unánime respaldo” a su continuidad, al tiempo que ha reivindicado una nueva organización “sin miedo al cambio” que ha dado por superada “la fragmentación de estructuras obsoletas”.

Durante su primer discurso como renovado presidente ante la Asamblea de la CEV, -que ha contado con 303 vocales (72,2%), y en la que ha estado arropado por el presidente de la CEOE, Juan Rosell, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig-, Navarro ha defendido el “proyecto ilusionante” de la nueva patronal autonómica “integradora, participativa, solvente e independiente”. “Hemos superado un viejo modelo organizativo inviable”, ha remarcado.

La renovada CEV, ha continuado, cuenta con el “compromiso de las empresarias y empresarios de la Comunitat”, un “ejemplo” de que “se pueden hacer las cosas de forma diferente a como se han hecho hasta ahora” y de que “es más lo que nos une que lo que nos diferencia”.

Asimismo, ha destacado la relación de la CEV con otras entidades y ha asegurado que seguirán “buscando alianzas”, también en Bruselas. “Hemos demostrado que si ponemos el acento en lo común podremos contribuir a superar esas diferencias que históricamente han hecho de nuestra Comunitat un territorio desvertebrado, con todo lo que supone de debilidad y pérdida de peso de sus reclamaciones”.

En este sentido, ha hecho hincapié en la infrafinanciación de la Comunitat. “Nos encontramos con Gobiernos, este y anteriores, de unos partidos políticos y de otros, que postergan sin argumentos la reforma del actual modelo de financiación autonómica, aunque nadie cuestiona que se trata de un modelo desequilibrado y especialmente injusto con nuestra Comunitat”, ha apuntado.

La Comunitat recibe 1.250 millones de euros anuales menos que la media de las regiones del Régimen Común, 252 euros menos por habitante. “Entre 2002 y 2016, la infrafinanciación e intereses acumulados han supuesto una discriminación financiera de 19.000 millones de euros, el equivalente a todo el presupuesto consolidado de la Generalitat para un ejercicio” y “esto es una constante”, ha lamentado.

'Quita' de la deuda

Tanto es así, que “somos la comunidad con mayor endeudamiento en términos de PIB y la segunda en términos de PIB per cápita. Y en gran parte, se debe a esta crónica infrafinanciación. Por eso también reclamamos una 'quita' que compense esa discriminación y que sea equivalente a lo infrafinanciado y sus intereses”, ha reivindicado.

A esta situación se suma, la falta de inversiones por parte del Estado en la Comunitat, que pese a crecer un 25% en 2018, representan el el 4,7% del total, y ha exigido inversiones en el tren de la costa, el transporte metropolitano, el eje Alicante-Elche en la red del Corredor Mediterráneo con conexión al puerto, la alta velocidad entre Alicante y Valencia, o la conversión de la N-232 en la autovía a-68.

Navarro ha pedido que “deje de prevalecer lo político ante lo económico y racional”. Y ha añadido: “es de capital importancia para las empresas y para nuestro territorio porque la financiación y las inversiones son claves para impulsar la competitividad de los territorios y sus empresas”.

De hecho, “la reivindicación de reformar el vigente modelo ha conseguido como pocas veces ocurre en nuestra Comunitat concitar el consenso de políticos, organizaciones sindicales y empresariales, de toda la sociedad, que ha cerrado filas y exige un modelo equilibrado y justo”.

Por tanto, “bien harían los políticos en no desatender una reclamación justa de toda una sociedad y evitar su desafecto y quién sabe si su radicalización”, ha advertido.

No obstante, para consolidar el cambio de modelo económico ha exigido “el compromiso de todos y pactos políticos para que perduren a medio y largo plazo”. Y como palancas estratégicas ha apuntado a la formación, el impulso de la FP dual, a la I+D+i y mayor conexión entre innovación y empresa, a la internacionalización y al aumento del tamaño empresarial.

Según ha dicho, “es momento de alcanzar un acuerdo firme del sector público y el privado con la vista puesta más allá de horizontes electorales”. “La colaboración público-privada está llamada a jugar un importante papel en este proceso de transformación que necesita nuestra economía”, ha defendido.

“Diálogo y entendimiento” para Catalunya

Salvador Navarro ha tenido también unas palabras para “la inestabilidad provocada por todo lo que viene sucediendo en Cataluña, una grave anomalía a la que debe ponerse fin con un gobierno legítimo que retome la vía del diálogo político y acabe con esta situación que bloquea la inversión, el crecimiento económico y fractura el mercado interior y la convivencia social”, ha señalado.

“Que se resuelva con diálogo y entendimiento, y en el marco de la legalidad, este largo conflicto, nos interesa a todos”, ha remarcado.

Pensiones ante el “suicidio demográfico”

En cuanto a las pensiones, el presidente de la CEV ha apuntado que, de 1900 a 2015 España ha multiplicado por nueve sus mayores, que ya son el 18,7% de la población, y tiene menos nacimientos que en el siglo XVIII pese a que ahora la población cuatro veces mayor.

“Este suicidio demográfico -ha dicho- afecta a la viabilidad del sistema de pensiones, pero también al mercado de trabajo, a la gestión del capital humano, a la productividad de las empresas, a los hábitos de consumo, la educación, la sanidad, la recaudación fiscal”, ha avisado.

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha asegurado este miércoles que no piensa “perder ni un solo minuto” en responder a las críticas del presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, y el de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, porque “la gente es muy libre de expresarse”, aunque sí ha opinado que “si quieren hacer política, podrían dar un paso adelante y entrar en política”.

Asimismo, ha defendido que el PPCV es “absolutamente libre para fijar su estrategia” tras “un proceso largo y complicado”.

Concretamente, el presidente de AVE lamentó el pasado jueves en la tradicional comida de Navidad con periodistas que organiza esta asociación de empresarios que en el PPCV “no hay gente de entidad que motive” y tuvo palabras sobre Isabel Bonig: “¿Pero sabe Bonig lo que es la CEV?”, en referencia a la posición de los 'populares' sobre la ley de participación institucional.

Así, la también síndica de los populares en las Corts ha declinado “perder ni un solo minuto en contestar al señor Navarro y al señor Boluda” porque, ha añadido, “como buena liberal y demócrata, creo en la libertad de expresión”. Sin embargo, a esto ha agregado: “Si quieren hacer política, creo que podrían dar un paso adelante y entrar en política. No pienso valorar, cada uno se fija sus estrategias”.

“Libres” de fijar su estrategia

Bonig ha sostenido también que el PPCV, “hoy por hoy, después de un proceso largo y complicado, es absolutamente libre para fijar su estrategia” y esta es “la defensa de la mejor tierra de España, que es la Comunitat Valenciana, de un proyecto de Comunitat dentro de España y de los cinco millones de valencianos”.

La presidenta de los populares valencianos ha destacado que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y la Intervención de la Generalitat indican que “necesitamos un plan estratégico de subvenciones y determinar cuáles son nuestros objetivos”. “No se puede hablar de la pluralidad de la sociedad y luego mantener ciertos privilegios”, ha dicho en referencia a las ayudas que contempla la ley de participación institucional.

En esta línea, ha comentado que “de nada habrá servido la crisis y los errores cometidos en el pasado” si “no somos capaces de cambiar las cosas”, algo a lo que el PPCV sí “está dispuesto” porque está “en otra realidad”. Frente a ello, ha sentenciado: “Me da la sensación de que --el presidente de la Generalitat-- Ximo Puig viene de la vieja, vieja, vieja y muy vieja política y con él mucha otra gente”.

La asamblea general de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha aprobado este jueves por aclamación sus nuevos estatutos, que consolidan a la organización como patronal autonómica en sustitución de la extinta Cierval y la dotan de instrumentos y procedimientos para ejercer esa actividad.

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha agradecido el trabajo y apoyo a este nuevo proyecto en una reunión en la que ha participado el 74,4 % de los miembros de la asamblea (bien directamente o a través del voto delegado), a quienes ha dicho que se trata un proyecto “de todos” y no del “proyecto Navarro”.

Ha defendido que los estatutos aprobados dotan a la organización de estructuras, reglamento y procedimientos para ejercer su actividad, de forma efectiva y participativa, en el nuevo ámbito autonómico que le compete.

En concreto, ha destacado la creación de nuevos órganos de gobierno, como son los consejos empresariales provinciales y las comisiones de trabajo con sede también en las tres provincias, con los que, según ha dicho, se garantizará la representación y participación de las empresas, sectores y territorios en la CEV.

Al respecto, ha avanzado que en el primer trimestre de 2018 se convocará una asamblea electoral para la elección de presidentes de los consejo empresariales provinciales y de vocales de los órganos de gobierno.

Los estatutos establecen además que en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor se convocará la asamblea electoral para la elección de un nuevo presidente, y contemplan la figura del miembro asociado, que tendrá voz pero no voto.

Navarro ha asegurado la patronal pretende ser una organización vertebradora e integradora, abierta todos los que se quieran sumar, en un mensaje a la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA), según ha confirmado más tarde a los periodistas.

La nueva patronal autonómica busca también ser solvente e independiente, ya que se avanza en reducir la parte pública de su presupuesto e incrementar la privada, que según ha señalado el presidente supone ya el 60 % de los ingresos de la Confederación.

A su juicio, es “cuestión de tiempo” que las patronales provinciales de Alicante y Castellón se unan a este nuevo proyecto, pues cree que “hay que lamer heridas”, y ha recordado que “la parte importante, el peso de los sectores de una provincia y de otra, están aquí ya”.

En la asamblea se han aprobado también por aclamación la memoria y las cuentas de la CEV de 2016, con un resultado negativo de 5.883 euros.

Además, se han ratificado las últimas incorporaciones de asociaciones, entre las que se encuentran ASCER, HOSBEC o COVACO, y de empresas como CaixaBank, Adecco, Feria Valencia, Balearia, Bankia, el Hospital de Manises, Insomnia Accelerator o Levante Wagen.

“Somos la única comunidad pobre que contribuye al sistema. Eso constituye una anomalía”, señala Ismael Sáez, secretario general de la UGT del País Valenciano, en el diálogo organizado por eldiario.es para explicar los motivos de la manifestación unitaria convocada el 18 de noviembre en Valencia.

“No es nuestra naturaleza ir de manifestación”, comenta el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, en alusión al hecho de que son las dos centrales sindicales, UGT-PV y CCOO-PV y la patronal los convocantes de una marcha a la que se han adherido entidades cívicas, universidades, organizaciones sociales y todos los partidos excepto el PP.

Navarro cuenta que su organización ha acabado sumándose por unanimidad a la convocatoria porque ha tenido una prueba más de la invisibilidad del problema valenciano al no obtener respuesta a sus peticiones de entrevista con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para hablar de la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica.

Con datos avalados por los expertos, como recuerda el periodista de eldiario.es Adolf Beltran, la reclamación de un sistema de financiación que no discrimine a la Comunidad Valenciana se ha convertido en una cuestión transversal. “La sociedad civil valenciana dice que ya está bien”, resume Navarro.

Arturo León, secretario general de CC OO del País Valenciano, advierte a su vez de que “no se trata de un ejercicio de victimismo ni de insolidaridad” sino de acabar con la desigualdad que afecta a los derechos de ciudadanía. No ayuda la imagen de los años de corrupción y despilfarro, reconoce León, -“hicimos un ejercicio los ciudadanos de cambiar el gobierno”, puntualiza Navarro-, pero los datos confirman que “la Comunidad Valenciana no tiene un problema de gasto sino de ingresos”.

Uno de los efectos de la infrafinanciación, añade Sáez, es que los valencianos “tenemos salarios por debajo de la media”.

La coincidencia de voces es amplia, en lo que se considera una “cuestión estratégica” de la sociedad valenciana.

“Som l’única comunitat pobra que contribueix al sistema. Això constitueix una anomalia”, assenyala Ismael Sáez, secretari general de la UGT del País Valencià, en el diàleg organitzat per eldiario.es per a explicar els motius de la manifestació unitària convocada el 18 de novembre a València.

“No és la nostra naturalesa anar de manifestació”, comenta el president de la Confederació Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, en al·lusió al fet que són les dues centrals sindicals, UGT-PV i CCOO-PV i la patronal els convocants d’una marxa a què s’han adherit entitats cíviques, universitats, organitzacions socials i tots els partits, llevat del PP.

Navarro conta que la seua organització ha acabat sumant-se per unanimitat a la convocatòria perquè ha tingut una prova més de la invisibilitat del problema valencià pel fet de no haver obtingut resposta a les seues peticions d’entrevista amb la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, i amb el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, per a parlar de la necessitat de reformar el sistema de finançament autonòmic.

Amb dades avalades pels experts, com recorda el periodista d’eldiario.es Adolf Beltran, la reclamació d’un sistema de finançament que no discrimine la Comunitat Valenciana s’ha convertit en una qüestió transversal. “La societat civil valenciana diu que ja està bé”, resumeix Navarro.

Arturo León, secretari general de CCOO del País Valencià, adverteix al seu torn que “no es tracta d’un exercici de victimisme ni d’insolidaritat” sinó de posar fi a la desigualtat que afecta els drets de ciutadania. No hi ajuda la imatge dels anys de corrupció i balafiament, reconeix León, –“vam fer un exercici els ciutadans de canviar el Govern”, puntualitza Navarro–, però les dades confirmen que “la Comunitat Valenciana no té un problema de despesa sinó d’ingressos”.

Un dels efectes de l’infrafinançament, afig Sáez, és que els valencians “tenim salaris per davall de la mitjana”.

La coincidència de veus és àmplia, en el que es considera una “qüestió estratègica” de la societat valenciana.

Arturo León, secretari general de CCOO-PV, Ismael Sáez, secretari general d'UGT-PV, i Salvador Navarro, president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), han convocat aquest dilluns a la manifestació per un finançament i unes inversions justes que dissabte que ve, 18 de novembre, recorrerà els carrers de València des de les 18 hores. “Volem fer visible el problema valencià i deixar clar que no solament existeix Catalunya”, ha assegurat Navarro.

Els convocants han volgut fer palés que la del pròxim dissabte no és una mobilització “contra ningú”, al contrari del que han dit de forma reiterada Isabel Bonig i el PP, l'únic partit que no s'ha unit a una convocatòria que compta amb un ampli consens polític i social. “No és cert que siga partidista ni rupturista”, ha insistit León, qui ha explicat: “Volem que el Govern autonòmic, siga del color que siga, tinga els recursos necessaris per a poder oferir als valencians els serveis que requereixen, sobretot en Sanitat, Educació i Benestar Social”.

“No es tracta de victimisme ni d'insolidaritat, es tracta que som la comunitat pitjor finançada, dotze punts per sota de la mitjana, que a més aporta recursos quan hauríem de ser receptors”, ha explicat el dirigent de CCOO-PV, qui ha aclarit que no es tracta de qüestionar el sistema sinó els criteris de repartiment. Així, en paraules de Sáez, l'actual situació és fruit d'haver actuat fins ara “amb massa passivitat”.

Fins a 170 col·lectius s'han adherit a la convocatòria per a defensar els “interessos generals” de la Comunitat Valenciana. “Qui pretenga utilitzar una idea que es desvie del lema de la manifestació, no és benvingut”, han assegurat, per a aclarir que no estan disposats al fet que la marxa siga instrumentalitzada “per part de ningú”. La Càmera de València encara no ha respost a la invitació, que li va ser remesa divendres passat, a participar en la marxa: “Cadascun és lliure d'acudir o no, açò és voluntari i l'únic objectiu és la defensa dels interessos dels valencians. Qui vulga estar, estarà”.

Tant els sindicats com els empresaris coincideixen a assenyalar que la reivindicació no acaba amb la marxa del dissabte: “És només el principi, perquè el que cal fer és des del dia 20 posar-se a negociar per a donar una solució al problema de finançament”.

La CEV encara espera una resposta del Govern

La patronal valenciana va remetre una carta el passat 12 de setembre a la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, i al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, sol·licitant-los una reunió per a abordar aquesta qüestió: “No obstant açò, a dia d'avui, dos mesos després, encara no hem rebut resposta”. Navarro considera que aquest és un motiu més per a sumar-se a la convocatòria, “la qual cosa va decidir la junta directiva de la CEV per unanimitat, igual que vam fer en adherir-nos al manifest per una manifestació justa”.

Respecte a la reunió que mantindran aquest dimarts la presidenta del PPCV i el ministre Montoro, els convocants consideren que si serveix per a avançar en la reivindicació, benvinguda siga. “Aquesta entrevista demostra que el nostre moviment està fent efecte”, han considerat. “És el primer èxit i espere que Bonig torne ja amb propostes”, ha dit el responsable d'UGT-PV.

Crida a la participació “massiva”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, també ha fet una crida a la participació “massiva” en la manifestació “unitària” que ha assegurat serà “a favor del poble valencià i els nostres drets”. “Hem d'eixir units al carrer i reivindicar el nostre futur”, ha insistit per a aclarir que “no és una qüestió política o entre partits, sinó de supervivència de l'autogovern valencià”.

El cap del Consell ha instat al PP al fet que recapacite i se sume a la marxa. Pel que fa a la reunió de Bonig amb Montoro, Puig ha recordat que “únicament representa als militants i votants del seu partit”.

Arturo León, secretario general de CCOO-PV, Ismael Sáez, secretario general de UGT-PV, y Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, han convocado este lunes a la manifestación por una financiación y unas inversiones justas que el próximo sábado, 18 de noviembre, recorrerá las calles de Valencia desde las 18 horas. “Queremos hacer visible el problema valenciano y dejar claro que no sólo existe Catalunya”, ha asegurado Navarro.

Los convocantes han querido dejar claro que la del próximo sábado no es una movilización “contra nadie”, al contrario de lo que han venido diciendo de forma reiterada Isabel Bonig y el PP, el único partido que no se ha unido a una convocatoria que cuenta con un amplio consenso político y social. “No es cierto que sea partidista ni rupturista”, ha insistido León, quien ha explicado: “Queremos que el Gobierno autonómico, sea del color que sea, tenga los recursos necesarios para poder ofrecer a los valencianos los servicios que requieren, sobre todo en Sanidad, Educación y Bienestar Social”.

“No se trata de victimismo ni de insolidaridad, se trata de que somos la comunidad peor financiada, doce puntos por debajo de la media, que además aporta recursos cuando deberíamos ser receptores”, ha explicado el dirigente de CCOO-PV, quien ha aclarado que no se trata de cuestionar el sistema sino los criterios de reparto. Así, en palabras de Sáez, la actual situación es fruto de haber actuado hasta ahora “con demasiada pasividad”.

Hasta 170 colectivos se han adherido a la convocatoria para defender los “intereses generales” de la Comunitat Valenciana. “Quien pretenda utilizar una idea que se aparte del lema de la manifestación, no es bienvenido”, han asegurado, para aclarar que no están dispuestos a que la marcha sea instrumentalizada “por parte de nadie”. La Cámara de Valencia todavía no ha respondido a la invitación, que le fue remitida el pasado viernes, a participar en la marcha: “Cada uno es libre de acudir o no, esto es voluntario y el único objetivo es la defensa de los intereses de los valencianos. Quien quiera estar, estará”.

Tanto los sindicatos como los empresarios coinciden en señalar que la reivindicación no acaba con la marcha del sábado: “Es sólo el principio, porque lo que hay que hacer es desde el día 20 ponerse a negociar para dar una solución al problema de financiación”.

La CEV todavía espera una respuesta del Gobierno

La patronal valenciana remitió una carta el pasado 12 de septiembre a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, solicitándoles una reunión para abordar esta cuestión: “Sin embargo, a día de hoy, dos meses después, todavía no hemos recibido respuesta”. Navarro considera que éste es un motivo más para sumarse a la convocatoria, “algo que decidió la junta directiva de la CEV por unanimidad, igual que hicimos al adherirnos al manifiesto por una manifestación justa”.

Respecto a la reunión que mantendrán este martes la presidenta del PPCV y el ministro Montoro, los convocantes consideran que si sirve para avanzar en la reivindicación, bienvenida sea. “Esta entrevista demuestra que nuestro movimiento está surtiendo efecto”, han considerado. “Es el primer éxito y espero que Bonig venga ya con propuestas”, ha dicho el responsable de UGT-PV.

Llamamiento a la participación “masiva”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, también ha hecho un llamamiento a la participación “masiva” de la manifestación “unitaria” que ha asegurado será “a favor del pueblo valenciano y nuestros derechos”. “Tenemos que salir unidos a la calle y reivindicar nuestro futuro”, ha insistido para aclarar que “no es una cuestión política o entre partidos, sino de supervivencia del autogobierno valenciano”.

El jefe del Consell ha instado al PP a que recapacite y se sume a la marcha. Por lo que respecta a la reunión de Bonig con Montoro, Puig ha recordado que “únicamente representa a los militantes y votantes de su partido”.

Un estudio de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) cifra en 21.530 millones la inversión mínima necesaria en la Comunitat Valenciana en los próximos diez años, con financiación público-privada, en materia de agua, energía, transporte, equipamientos, medioambiente, urbanismo y mantenimiento.

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha trasladado este jueves este informe al president de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha valorado que será “un buen motor de arranque” para lo que debe ser el “gran pacto valenciano de infraestructuras” que quiere impulsar el Consell de acuerdo con todos los grupos políticos y pactado con el Estado.

Puig, que ha asistido a un almuerzo con el comité ejecutivo de la CEV, ha destacado que las infraestructuras “no pueden definirse de una legislatura a otra, hay que ir más allá”, por lo que intentará “formalizar el acuerdo para que, ligado a las posibilidades presupuestarias, se puedan ir ejecutando las obras”, al margen de las coyunturas políticas.

Navarro ha explicado que el informe contempla “un modelo de colaboración público-privada”, con un 83 % de inversión estatal (17.983 millones) y 3.547 millones de financiación autonómica y ha justificado la necesidad de estas infraestructuras porque “las empresas deben seguir siendo competitivas”.

El informe recoge las 317 infraestructuras físicas necesarias para que la Comunitat alcance el nivel de desarrollo económico y bienestar social que le corresponde por su población y su PIB, reclama un pacto global por las infraestructuras, que un grupo de expertos lo actualice y que se articulen planes para acceder a financiación europea y privada.

El pasado 24 de mayo, las Corts Valencianes aprobaban por unanimidad una declaración institucional que reivindica el corredor Mediterráneo-Cantábrico, una infraestructura que debe unir los puertos de Valencia y Sagunto con el de Bilbao y que supondrá una mejora del transporte tanto de personas como de mercancías que beneficiaría a cinco autonomías (Comunitat Valenciana, Aragón, Castilla y León, País Vasco y Navarra) de forma directa, a las que se le podría sumar Cantabria.

Este corredor resulta fundamental en la conexión de las fachadas mediterránea y atlántica y las comunidades por las que discurre suman un PIB de 239 millones de euros (aproximadamente el 25% del PIB estatal). Para hacernos una idea de la importancia estratégica de esta infraestructura, si sumamos el área de influencia del corredor Mediterráneo-Cantábrico, estaríamos hablando del 38,8% de la superficie de España, el 33,4% de la población (unos 10 millones de habitantes) y el 34,4% del PIB nacional, según se desprende de los estudios elaborados por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV).

Sin embargo, el estado de esta infraestructura ferroviaria hace que la circulación sea lenta, de trenes cortos, con poca capacidad de carga y tracción diésel -a pesar de que algunos tramos están electrificados-. Son numerosas las deficiencias, lo que se traduce en importantes limitaciones de velocidad y carga que condicionan la explotación de trenes de mercancías.

Estas limitaciones provocan que las empresas utilicen recorridos alternativos que, aunque estén penalizados con más kilómetros, permiten mayores cargas. Así, se producen desvíos de tráficos que perjudican al puerto de Valencia en detrimento del de Barcelona, con la consiguiente pérdida de actividad económica. Como ejemplo de esta circunstancia vemos que mientras el Puerto de Barcelona tiene 21 servicios a la semana con Zaragoza no hay ninguno entre el Puerto de Valencia y la capital aragonesa.

Demanda para 54 trenes semanales por sentido

La CEV ha elaborado recientemente dos estudios acerca de la necesidad de potenciar esta infraestructura: uno en 2015 y otro este mismo año. Su presidente, Salvador Navarro, lamenta el “bucle” en el que se encontraban inmersos con el Ministerio de Fomento por este tema: “Ellos justificaban la ausencia de trenes e inversiones porque no había mercancías y nosotros les decimos que no hay mercancías porque no hay ni trenes ni una infraestructura adecuada”. En este sentido, el último de los documentos presentados habla de que podría haber una demanda de hasta 54 trenes semanales por sentido y un volumen de mercancías de un millón de toneladas y 100.000 TEUs al año con unas redes de comunicación en condiciones, “y eso siendo muy conservadores”.

De este modo, explica Navarro que estamos ante una infraestructura muy importante para las empresas y la economía de las cinco comunidades autónomas afectadas, ya que unas adecuadas comunicaciones podrían repercutir en una reducción de costes próxima al 25%. Los problemas y deficiencias actuales hacen que se abogue por itinerarios alternativos más largos y costosos a través de Madrid o Tarragona.

A juicio de Navarro, el estado de las conexiones entre el primer nodo logístico interior (Zaragoza, con un polígono industrial de primer nivel como Plaza) y el primer nodo logístico del Mediterráneo (Valencia) es “irracional”.

La luz al final del túnel

El nombramiento del nuevo presidente de Adif, Juan Bravo, puede servir para desbloquear esta infraestructura. Así lo reconocen tanto el presidente de la patronal valenciana como desde el Puerto de Valencia, “hay mayor sensibilidad”. Se ha creado una comisión de seguimiento, en la que se encuentran representados diversos actores implicados -entre ellos, las diferentes administraciones afectadas-, que tiene por objeto velar por la buena marcha de las actuaciones, “vigilar que las inversiones se ejecuten en los tiempos previstos”.

Precisamente, desde la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) llaman la atención sobre lo prioritarias de unas inversiones que mejoren las conexiones de los puertos de Valencia y Sagunto -con un polígono industrial como Parc Sagunt- con Aragón -con una potente industria, de la que tira el automóvil, que tiene en la costa valenciana su salida al mar más natural- y el País Vasco.

Para ello, el Puerto ha comprometido diversas inversiones: 31 millones de euros en el acceso al puerto marítimo saguntino; 40 millones en mejoras en la línea Valencia-Zaragoza; 3 millones para una central de control ferroviario en Sagunto; y tal vez la inversión más curiosa, 13,6 millones en cinco apartadores ferroviarios en Teruel y Zaragoza, “se trata de zonas con vías paralelas en las que se apartan los convoyes cuando viene otro a mayor velocidad debido a que sólo existe una única vía”.

Sin estas actuaciones, y las que tiene previsto realizar el Ministerio de Fomento, el Puerto de Valencia -el más importante de España y del Mediterráneo en lo que a tráfico de mercancías se refiere- no es competitivo para las mercancías que puedan tener como origen o destino Aragón, Navarra, Castilla y León, La Rioja o el País Vasco: “Estamos hablando de una línea que tiene numerosos tramos con limitación de velocidad a 20 kilómetros por hora, cuando se puede circular, y eso nos hace que no seamos competitivos respecto a nuestro principal competidor, el Puerto de Barcelona, ya que estamos en inferioridad de condiciones”. “Al Puerto le interesa muchísimo estar en Zaragoza”.

En este sentido, de todas las importaciones marítimas que recibe Aragón, tan sólo el 3% de las mercancías provienen de Valencia-Sagunto -al mismo nivel que Algeciras y muy lejos de Tarragona (16%), Castellón (27%) y, sobre todo, Barcelona (43%)-, con lo que las expectativas de crecimiento son enormes. En cuanto a las exportaciones de Aragón, las cifras de Valencia son mejores -aunque con un potencial de crecimiento también muy significativo-, un 28%, siendo Barcelona el principal puerto de referencia, con un 35% de sus exportaciones.

Así, si se cumplen las previsiones y los últimos anuncios realizados, estas inversiones permitirán acondicionar la red ferroviaria, posibilitando el cumplimiento de horarios y haciendo normal el tráfico de mercancías en una línea por la que, por ejemplo, no se puede circular por la noche y, si llueve, tampoco por algunos tramos.

El Corredor ferroviario Cántabro-Mediterráneo tiene una demanda potencial por la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto equivalente a entre 48 y 54 trenes semanales por sentido de circulación, que transportarían un volumen de mercancías de un millón de toneladas y 100.000 TEUs al año.

Estas cifras son una estimación “muy conservadora” de un estudio presentado este miércoles que ha sido promovido por la patronal valenciana CEV con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Valencia y Castellón y las empresas Noatum, MSC, SLISA, Logitren y APM Terminals.

El estudio, el segundo de esta línea ferroviaria que elabora la CEV, identifica los potenciales usuarios (cargadoras, operadores logísticos y de transporte, de terminales portuarias y ferroviarias, y puertos) y cuantifica el volumen de mercancías que podrían ser transportados si se modernizara la línea.

Propone diferentes escenarios de inversión que suman 371 millones de euros, de los que una parte ya está comprometida por la Autoridad Portuaria de Valencia para suprimir las limitaciones de velocidad y carga y aumentar la longitud de los apartaderos, y otra (el control del tráfico centralizado) estará en marcha este año.

La patronal autonòmica valenciana (Cierval) estava condemnada a la desaparició. Amb unes pèrdues per valor d'1,5 milions d'euros des de l'exercici de 2015 i un deute superior als 600.000 euros amb la Generalitat Valenciana -la situació econòmica de Cierval estava llastrada per la pèssima gestió de les organitzacions empresarials de Castelló (CEC) i Alacant (Coepa)-, la direcció de la confederació patronal autonòmica sol·licitava aquest dimarts la seua liquidació ofegada pels deutes. El passat mes de desembre va presentar un preconcurs de creditors que, no obstant això, no li ha servit per a trobar una solució al greu problema en el qual es troba.

Ara, tal com va anunciar fa amb prou faenes unes setmanes el seu president, Salvador Navarro, la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) -l'única sanejada de les tres patronals provincials-, ha fet un pas endavant que serà confirmat el pròxim 3 de març, quan els òrgans directius de la CEV aproven la reforma de l'article 4 dels seus estatuts. Això li permetrà modificar el seu àmbit territorial i poder convertir-se en la nova patronal autonòmica, tot transformant-se així en la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CECV), en substitució de Cierval.

Els objectius de la nova organització, tal com ha anunciat el seu president, seran “vertebrar, integrar i aconseguir un projecte de futur”. D'aquesta manera, la nova patronal autonòmica obri la porta a associacions sectorials i comarcals perquè decidisquen si s'integren en aquesta organització, que comptarà amb una representació del 30% de les empreses i un 70% de les sectorials i comarcals. Així, la CECV tindrà tres vicepresidents provincials i altres tres sectorials, i cap dels seus membres podrà concentrar més del 30 % de l'assemblea.

José Vicente González beneeix la nova patronal

El president de Cierval, José Vicente González, ha valorat el pas endavant donat per la CEV, la proposta de la qual considera “oportuna”. En la seua opinió, malgrat haver “matat” Cierval això no vol dir que no siga necessària una confederació empresarial autonòmica. Precisament, sobre les raons per les quals Cierval s'ha vist obligada a la liquidació, el representant de la patronal ha explicat que ha caigut perquè dues de les tres potes que sustentaven el “tamboret” -CEC i Coepa- han “fet fallida”, al mateix temps que lamentava que durant un any i mig “remara sola” la confederació valenciana.

A més, ha afegit que s'han presentat una desena de solucions per a intentar que Cierval sobrevisquera, però cap ha prosperat, “i no serà perquè no ho hem treballat, però no hem rebut ni un maleït paper de les altres dues”. Ara, queda la presentació del concurs de creditors, que tindrà lloc “el més prompte possible”. Després, es nomenarà una gestora, que serà l'encarregada de dur a terme el procés de liquidació, ha explicat González, que ha avançat la seua dimissió.

Precisament, el president de la Generalitat, Ximo Puig, es referia aquest dimecres a la situació de Cierval i apuntava: “Cadascú ha d'assumir la seua responsablitat i, sobretot, els gestors que han portat aquestes organitzacions on les han portat”. No obstant això, Puig considera “necessària” l'existència d'una plataforma empresarial autonòmica.

La patronal autonómica valenciana (Cierval) estaba condenada a la desaparición. Con unas pérdidas por valor de 1,5 millones de euros desde el ejercicio de 2015 y una deuda superior a los 600.000 euros con la Generalitat Valenciana -la situación económica de Cierval estaba lastrada por la pésima gestión de las organizaciones empresariales de Castellón (CEC) y Alicante (Coepa)-, la dirección de la confederación patronal autonómica solicitaba este martes su liquidación ahogada por las deudas. El pasado mes de diciembre presentó un preconcurso de acreedores que, no obstante, no le ha servido para encontrar una solución al grave problema en el que se encuentra.

Ahora, tal y como anunció hace apenas unas semanas su presidente, Salvador Navarro, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) -la única saneada de las tres patronales provinciales-, ha dado un paso adelante que será confirmado el próximo 3 de marzo, cuando los órganos directivos de la CEV aprueben la reforma del artículo 4 de sus estatutos. Ello le permitirá modificar su ámbito territorial y poder convertirse en la nueva patronal autonómica, tranformándose así en la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CECV), en sustitución de Cierval.

Los objetivos de la nueva organización, tal y como ha anunciado su presidente, serán “vertebrar, integrar y conseguir un proyecto de futuro”. De este modo, la nueva patronal autonómica abre la puerta a asociaciones sectoriales y comarcales para que decidan si se integran en esta organización, que contará con una representación del 30% de las empresas y un 70% de las sectoriales y comarcales. Así, la CECV tendrá tres vicepresidentes provinciales y otros tres sectoriales, y ninguno de sus miembros podrá concentrar más del 30 % de la asamblea.

José Vicente González bendice la nueva patronal

El presidente de Cierval, José Vicente González, ha valorado el paso adelante dado por la CEV, cuya propuesta considera “oportuna”. En su opinión, a pesar de haber “matado” a Cierval ello no significa que no sea necesaria una confederación empresarial autonómica. Precisamente, sobre las razones por las que Cierval se ha visto obligada a la liquidación, el representante de la patronal ha explicado que ha caído porque dos de las tres patas que sustentaban el “taburete” -CEC y Coepa- están “quebradas”, al tiempo que lamentaba que durante un año y medio “remara sola” la confederación valenciana.

Además, ha añadido que se han presentado una decena de soluciones para intentar que Cierval sobreviviera, pero ninguna ha prosperado, “y no será porque no lo hemos trabajado, pero no hemos recibido ni un puñetero papel de las otras dos”. Ahora, queda la presentación del concurso de acreedores, que tendrá lugar “lo más pronto posible”. Después, se nombrará una gestora, que será la encargada de llevar a cabo el proceso de liquidación, ha explicado González, quien ha avanzado su dimisión.

Precisamente, el president de la Generalitat, Ximo Puig, se refería este miércoles a la situación de Cierval y apuntaba: “Cada uno debe asumir su responsablidad y, sobre todo, los gestores que han llevado a estas organizaciones donde las han llevado”. No obstante, Puig considera “necesaria” la existencia de una plataforma empresarial autonómica.

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha propuesto este lunes que la nueva patronal autonómica surja a partir de la CEV, que en la actualidad es la única patronal intersectorial de la Comunitat Valenciana que queda “saneada”.

Navarro, quien ha intervenido en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, ha indicado que la patronal autonómica Cierval tiene “muy difícil” por sí sola salir del preconcurso, por la dificultad para generar ingresos que la hagan viable, y por la incertidumbre de los procesos judiciales que tiene abiertos y sus consecuencias.

Ha asegurado que las bases de la CEV respaldan la evolución a una organización de ámbito autonómico, y que los órganos de gobierno apuestan por una patronal autonómica “fuerte, solvente”, sustentada técnica y económicamente por las bases y que acoja “sin cortapisas” a cualquier empresa o sector que quiera formar parte del proyecto.

“Olvidémonos de viejos modelos, que como se ha demostrado ya no funcionan, y demos paso a uno renovado que se sustente en sectores y empresas”, donde las empresas no superen el 30 % de la asamblea y el 70 % lo formen sectores, consejos provinciales y comarcales y colegios profesionales.

Una patronal autonómica “de este tiempo”

Ha reclamado que haya una patronal autonómica “de este tiempo”, que no dependa del dinero público, sino que se nutra mayoritariamente de las cuotas de sus asociados, porque la base de la fortaleza es la independencia autonómica, y que además vertebre la Comunitat con comisiones de trabajo en todo el territorio.

“Estamos demasiado centrados en intentar resolver un problema utilizando viejas fórmulas, y así resulta irresoluble”, ha manifestado el dirigente de la patronal valenciana, quien ha instado a construir un proyecto “nuevo”, “sólido” y que sea “de todos”, toda vez que el actual modelo se ha evidenciado que es “insostenible”.

Ha reivindicado que en los últimos años la CEV ha colaborado “de forma leal” con Cierval y con sus socios, la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) y la Confederación Alicantina de Empresario (Coepa), aportando propuestas de cambio e incluso “liquidez”, cuando no tenían “obligación alguna” de hacerlo.

“Nuestra última propuesta ha sido establecer el plazo del 27 de febrero para que los socios fundadores hagamos una aportación económica que haga posible un plan de viabilidad creíble, que pueda resolver con éxito el preconcurso en el que se encuentra”, ha añadido.

Patronal autonómica “lastrada”

No obstante, ha señalado que la patronal autonómica está “lastrada por una pesada mochila que se han ocupado de llenar las malas prácticas de los anteriores gestores de la CEC”, y será “muy difícil” que por sí sola pueda salir del concurso.

Navarro ha insistido en que hay que dejar atrás “viejos criterios de gestión que nada interesan a las empresas de hoy”, y ha reivindicado que en la CEV han demostrado que ese cambio “es posible”, aunque “no es fácil y exige esfuerzo, compromiso y responsabilidad, pero se puede”.

Ha anunciado que en breve va a iniciar contactos con sectores de la Comunitat “para que sean los decisivos en esta operación”, que apuesta con un nuevo modelo y una estructura “solvente, independiente y creíble”.

Navarro ha reivindicado que en el ADN de la CEV está el “tender puentes”, y ha asegurado que no va a obligar a nadie a sumarse al nuevo proyecto integrador y de futuro, aunque se ha mostrado convencido de que se unirá voluntariamente más gente de lo que se puede pensar.

“Castellón como Confederación lo tiene muy difícil” y serán “más los sectores los que se unirán”, mientras que Coepa “lo tiene más fácil”, ha concluido.